COSTOS AMBIENTALES EN EL POS ACUERDO EN

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COSTOS AMBIENTALES EN EL POS ACUERDO EN COLOMBIA, IDENTIFICACIÓN
DE UN MODELO PARA LA EVALUACIÓN
Mauricio Escobar Ortega
Docente Universidad Nacional de Colombia
Damiand Felipe Trejos Salazar
Estudiante Universidad Nacional de Colombia
Juan Manuel Castaño Molano
Docente Universidad Nacional de Colombia
Area temática: D) Contabilidad y Control de Gestión
Palabras clave: Costos ambientales, pos acuerdo, desarrollo sostenible.
COSTOS AMBIENTALES EN EL POS ACUERDO EN COLOMBIA, IDENTIFICACIÓN
DE UN MODELO PARA LA EVALUACIÓN.
Resumen
La necesidad del fortalecimiento en la gestión de las instituciones ambientales
para la construcción de la paz, es un requerimiento que el conflicto en Colombia
ha generado. El análisis de un modelo de evaluación de costos ambientales es
primordial en el pos acuerdo. Este artículo pretende identificar un modelo acertado
para la evaluación de los costos y la gestión de las instituciones ambientales.
Abstract
The need to strengthen the management of environmental institutions to build
peace, it is a requirement that the conflict in Colombia has generated. Analysis of a
model for evaluating environmental costs is essential in the post agreement. This
article aims to identify a successful model for cost evaluation and management of
environmental institutions.
Keywords : Environmental costs , post agreement sustainable development.
I.) INTRODUCCIÓN.
Colombia es un país que cuenta con una riqueza ambiental que aún no ha sido
calculada a raíz de las diversas variables que imposibilitan la evaluación e
identificación de la totalidad de esta. Una de ellas es el conflicto armado pues
como afirma (Barney, 2010) la administración del Estado es precaria pero cuenta
con funcionarios que desarrollan múltiples tareas con un escaso presupuesto. La
Policía tiene un puesto fijo en la cabecera municipal y el Ejército es móvil en el
territorio. A pesar del conflicto armado local, no se puede descartar la función del
Estado en los servicios sociales. Los grupos armados buscan incidir en la
prestación de servicios estatales.
La economía del país ha estado históricamente sustentada por la explotación
minera y la agricultura, con la entrada del narcotráfico al país ha dado una vuelta
al conflicto y se ha convertido en la excusa para justificar las operaciones ilegales
que este tipo de actividades trae consigo. Dando paso a los daños ambientales los
cuales.
El daño ambiental más reciente por el que pasa Colombia dentro del proceso de
negociación y a raíz del conflicto armado es el Tumaco (Nariño) en el cual según
(Saldarriaga, Santiago CARDONA, VANESSA CONGOTE & Un, 2015) Tan poco
probable como recuperar los ecosistemas afectados en Tumaco (Nariño) será
calcular los daños ambientales provocados por el atentado de las Farc al
oleoducto Trasandino el 21 de junio, que ocasionó el derramamiento de cerca de
unos 10.000 barriles de crudo, parte de los cuales cayeron al río Mira y llegaron
hasta el Océano Pacífico. El país no cuenta con un muestreo de una zona tan rica
en biodiversidad como el Pacífico, lo que ha llevado a ambientalistas a señalar
que este hecho pudo haber borrado de la faz de la Tierra especies que nunca
conocimos.
Es aquí donde se encuentra la necesidad de identificar un sistema para la
evaluación de los costos y la gestión de las instituciones ambientales en el post
acuerdo. El artículo en su desarrollo pasa por las diferentes variables del conflicto
el post acuerto, los costos ambientales y la evaluación de estos, para llegar a la
conceptualización de una matriz la cual debate la estandarización de un proceso
de evaluación a causa de la fragilidad y la constante actualización normativa que
tiene el país con respecto a sus políticas ambientales.
II.) ANTECEDENTES
COSTOS AMBIENTALES.
Los costos ambientales tienen como finalidad medir y evaluar la riqueza de una
nación pues como lo afirma (David et al., 2004) La riqueza ambiental es la base
principal del desarrollo social y económico de un país. Ésta brinda un enorme flujo
de bienes y servicios ambientales que dependen del estado de los recursos
naturales y del medio ambiente.
El uso de estos métodos en países en desarrollo como es nuestro caso permitirán
desarrollar el potencial económico de los recursos naturales desde una base
sustentable, es decir una gestión adecuada para generar recursos financieros que
garanticen la sostenibilidad el mismo (David et al., 2004).
La contabilidad en su principio de reflejar la realidad económica, requiere verse
afectada por los impactos medio ambientales para la toma de decisiones, pues
(Ortega, 2014) afirma que las empresas deben producir bienes sin perder de vista
el medio ambiente, esto implica pasar de un desarrollo basado en el crecimiento
económico a uno en donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos
económicos, sociales y ambientales, capaz de aprovechar las oportunidades que
supone avanzar simultáneamente en estos tres ámbitos, sin que el avance de uno
signifique ir en deterioro del otro. Al igual que Ortega, (Rozo, n.d.) afirma que eI
principal objetivo de la valoración es suministrar información económica a los
tomadores de decisiones, que junto a otras consideraciones de carácter político y
social, puede contribuir a hacer un uso sostenible de los bienes y servicios
ambientales.
La necesidad de identificar y tratar los costos ambientales son un tema que se
contempla en la constitución política de Colombia la cual en su artículo 267 habla
de que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales,
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de
cualquier entidad territorial (Colombia, 1991).
EVALUACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES.
La Evaluación de Impacto Ambiental en Colombia, se constituye en la principal
herramienta para tomar decisiones sobre, proyectos, obras y actividades con
potencial para generar impactos ambientales significativos(Loyo, 2013).
Estas evaluaciones requieren de múltiples variables para brindar una información
acertada, por lo que (Perevochtchikova, 2013) afirma que este tipo de
evaluaciones, por su parte, requieren mucha información primaria (de base) de
diversos aspectos, que se obtiene sobre todo de redes de monitoreo ambiental, y
que se traduce en forma más simple y sintética en indicadores ambientales, para
poder comunicarla a la población en general y a los políticos. (David et al., 2004)
afirman que si se conoce el cambio en el estado de conservación del sitio
afectado, es posible definir el proceso de restauración que se requiere. Este
proceso de restauración, y sus costos, está determinado por la magnitud del daño
ocasionado, las características del recurso natural, el tiempo de la restauración y
el área afectada.
En Colombia la evaluación de impactos ambientales se desarrolló, en primer lugar,
a través del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, que en sus artículos 27 y 28 que regula lo referente a la Declaración de
Efecto Ambiental –DEA– y al Estudio Ecológico Ambiental –EEA–, tomando el
modelo americano de regulaciones ambientales.(Rodríguez, 2011) aunque (Loyo,
2013) dice que Los métodos para evaluar impactos ambientales en el proceso de
Licenciamiento Ambiental en Co- lombia, se caracterizan por un alto nivel de incertidumbres y sesgo, disminuyéndose la efectividad del proceso.
EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
El Estado Colombiano libra desde la década de 1960, un conflicto armado interno
cuyos contendores son el Estado, la guerrilla de extrema izquierda, los grupos
paramilitares de extrema derecha y algunos grupos organizados que delinquen
usando como telón de fondo dicho conflicto.
La política pública de seguridad ha sido el eje sobre el cual ha rotado el debate
político y electoral en los últimos diez años. A la política de seguridad se ha
subrogado y subordinado la definición de la política económica y la política social,
lo cual es natural al considerar que aún hoy los problemas relacionados con el
conflicto armado interno y la violencia armada en Colombia siguen siendo la
principal causa de pérdida de bienestar en el país (Restrepo & Aponte, 2009).
El conflicto ha tenido varias etapas en el transcurso de estos años y con ellas,
varios motivos de controversia entre las partes. Pero quizás el de mayor arraigo
ha sido el hecho de que el narcotráfico pasó a ser la piedra angular del conflicto.
Es decir, que hoy en día el conflicto se asocia directamente al narcotráfico el cual
lo estimula y lo financia. Pues como lo afirma (Diaz & Sanchez, 2004) los grupos al
margen de la ley tienden a ocupar áreas que posteriormente sirven de plataforma
para la expansión del primer eslabón en la cadena de la economía del
narcotráfico: los cultivos ilícitos. Es decir, que estos migran en busca de los
recursos del narcotráfico.
Pero dado que la producción de sustancias ilícitas atentan contra los recursos
naturales de Colombia, el conflicto en sí, se volvió el primer factor que atenta con
los recursos naturales y por ende, el desarrollo sostenible. Pero tal como lo afirma
(Leiteritz, Nasi, & Rettberg, 2009), también el conflicto se desarrolla en pos de la
posesión y dominio de los recursos naturales lícitos como son el banano, el café,
las esmeraldas, el ferroníquel, las flores, el oro, el petróleo y el aceite de palma,
entre otros.
POS CONFLICTO EN COLOMBIA.
Si algo nos ha mostrado las experiencias de varios países en el mundo, como El
Salvador, Guatemala o Irlanda del Norte, es que un escenario de post conflicto
trae tantos desafíos políticos y sociales a un país como el mismo proceso de paz y
el conflicto armado.(Henriques, 2014).
Cuando la realidad de los procesos de paz contienen en si una limitación
permanente, y hacen de este un hecho frágil e imperfecto no permiten tener un
percepción acertada de la situación. Por esto (Restrepo & Aponte, 2009) afirma
que. Un proceso de negociación y un acuerdo de paz tienen un alcance limitado.
Permiten un primer paso fundamental e indispensable para la paz: el
silenciamiento de los fusiles de los actores armados, pero no necesariamente
eliminar los gérmenes de violencia y las raíces de la conflictividad. Inciden tan solo
sobre una de las dimensiones de un conflicto los aparatos armados de los grupos
ilegales y sus comandos políticos.
Si los esfuerzos de búsqueda de paz en Colombia se limitan a la búsqueda de
acuerdos entre el Estado y la insurgencia, y no se buscan acercamientos a las
causas del conflicto, hay un gran riesgo que el país no sea verdaderamente
pacificado y que la violencia reincida o se transfigure y asuma nuevas formas y
modalidades en los territorios periféricos y rurales del país, y se sigan generando y
alimentado grupos con la capacidad de desafiar el monopolio legítimo de la fuerza
sea en la forma de guerrillas, de grupos paramilitares, narcotraficantes o pandillas.
De hecho, el riesgo de no abordar las causas subyacentes de los conflictos es tan
grande como no tratar los síntomas de una enfermedad (Burton, 1990)
Para la construcción de paz en Colombia, es necesario una participación activa de
los todos los actores políticos, económicos y sociales del país, desde los partidos,
a las universidades, de los empresarios, a las ONG, de las gobernaciones a las
comunidades de base, de los individuos a las organizaciones de la comunidad
internacional, tendrán un rol a desempeñar en el post conflicto (Henriques, 2014).
III.) CUERPO.
En la actualidad el gobierno Colombiano se encuentra esperanzado en alcanzar la
paz acudiendo para ello a los diálogos con los grupos armados, en la ciudad de la
Habana (Cuba) con la visión de obtener un acuerdo que se desarrolle en los
próximos dos años.
Dicho acuerdo deberá abordar esferas legales, sociales, jurídicas, humanas,
antropológicas, etc y sobre todo deberá establecer una nueva política de estado
frente a los recursos naturales y el desarrollo sostenible, al ser estos, factores
protagónicos en el conflicto.
De no ser así, con certeza en el corto plazo el juego de poderes en su dinámica
permanente, generará nuevos factores de inequidad en el proceso de dominio de
la tierra y de los recursos, con lo cual sería inminente la reaparición del conflicto.
Es por ello que como un elemento catalizador que asegure un acuerdo de paz
perdurable, se debe implementar en Colombia un nuevo paradigma ambiental
para el pos acuerdo. Pues los procesos de paz están acompañados de limitantes
los tal como lo menciona (Henriques, 2014), al afirmar que el fenómeno de las
“nuevas bandas emergentes” o BACRIM, que se sucedieron al proceso formal de
desmovilización de las AUC, o de las “maras” en Centroamérica, en donde una
“guerra de frentes se convirtió en una guerra de todas las esquinas” hecho que
permite afirmar las negociaciones estar llevadas a un acuerdo de paz y no al fin
de un conflicto. Ya que el conflicto se ha convertido en la excusa para el
fortalecimiento de otras actividades ilícitas(Diaz & Sanchez, 2004)
Hay que tener presente que esta propuesta no es válida sólo para cuando se
llegue al acuerdo de paz en los diálogos de la Habana, si es que éste se logra,
sino también para cualquier acuerdo que se logre por otra vía y/o en otro
momento futuro.
Es decir que esta propuesta no se circunscribe únicamente al presente momento
Colombiano, sino que también tiene validez, para otros tipos de escenarios de
paz, logrados por cualquier otra vía.
La formación ambiental como un instrumento de transformación social es un
camino viable para generar cambios favorables frente a los conflictos ambientales,
no solo creando conciencia, sino que facilitando el espacio de formación para
personas intrínsecamente conscientes de los daños ambientales y de las
posibilidades de solucionar problemas al respecto. (Cruz, 2011).
En Colombia, la estrategia de desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y hasta
la década de los noventa, se caracterizó por una política proteccionista, para
favorecer el desarrollo industrial nacional. En general, se impulsó el modelo de
sustitución de importaciones en combinación con la promoción de exportaciones.
A partir de 1990, el país se insertó en la propuesta de globalización promovida por
los países de mayor desarrollo tecnológico y concentración de capital. Estos dos
tipos de modelos (proteccionismo y globalización) han determinado la forma como
ha evolucionado la industria, el comercio y la agricultura colombiana y su
interrelación con los recursos naturales y el medio ambiente(Sánchez, 2002).
En cada una de las transiciones que el país ha tenido con respecto a sus políticas
ambientales ha creado una ley. Hecho que hace difícil el establecimiento de una
política acertada para le evaluación de los costos ambientales por cuales puede
atravesar el país.
A continuación se presta una tabla que contiene las variaciones normativas que ha
tenido el país con respecto a políticas ambientales.
Norma
Objetivo
Decreto ley 2811 de
1974
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente. Artículos 27, 28 y 29 derogados expresamente por el
artículo 118 de la Ley 99 de 1993.
Ley 99 de 1993
En el título VIII se hace referencia a las licencias ambientales. Artículos
49 a 62.
Decreto 1753 de 1994
Por el cual se reglamentan las licencias ambientales, se establece su
contenido, modalidades y procedimiento. Este Decreto determinó las
competencias y casos para que actúen como otorgantes las
autoridades ambientales. Adicionalmente, establece tres tipos de
estudios y sus contenidos, los cuales son requisito indispensable para
otorgar la licencia ambiental: Diagnóstico de Alternativas Ambientales
DAA, Estudios de Impacto Ambiental EIA y Plan de Manejo Ambiental
PMA. Este decreto fue discutido con diferentes actores en el Consejo
Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental con el liderazgo
del Ministro y del Viceministro de Ambiente de ese momento. Esta
norma fue sustituida por el Decreto 1728 de 2002.
Decreto 1768 de 1994
Por el cual se reglamentan las competencias de las Corporaciones
Autónomas Regionales - CAR.
Decreto ley 2150 de
1995
Ley antitrámites. Modifica las licencias ambientales en cuanto a
trámites y clases suprimiendo la ordinaria y única1
Decreto 2183 de 1996
El cual modifica el numeral 18 del artículo 8 del Decreto 1753 de 1993,
sobre la competencia de las CARs para otorgar licencias ambientales
para el diseño y establecimiento de complejos y proyectos turísticos,
recreacionales y deportivos con excepción de los parques públicos para
recreación pasiva y los jardines botánicos.
Decreto 2233 de 1996
Por el cual se establece el régimen de Zonas Francas Industriales, en el
cual se señala la obligación del Usuario Operador de constituir garantía
a favor de la Nación - Ministerio de Ambiente para garantizar la
protección ambiental y el cumplimiento de las normas vigentes en la
materia. Adicionalmente, señala que previamente al desarrollo de
cualquier obra o actividad, el solicitante deberá obtener la licencia
ambiental.
Resolución 655 de 1996
Mediante la cual se establecen los requisitos y condiciones para la
solicitud y obtención de la licencia ambiental.
Decreto 883 de 1997
Este Decreto reguló algunas actividades y definió un instrumento
administrativo para la prevención o el control de los factores de
deterioro ambiental denominado Documento de Evaluación y Manejo
Ambiental DEMA.
Decreto 788 de 1999
Por el cual se modifica los parágrafos 1 y 3 del artículo 23 del Decreto
1753 de 1994 sobre actividades petroleras.
Decreto 1892 de 1999
Sobre licencias ambientales para el desarrollo de loteo, parcelación,
división, subdivisión de predios en áreas urbanas.
Decreto 2353 de 1999
Modifica el artículo 8º del Decreto 1753 de 1994 sobre competencia de
las Corporaciones Autónomas Regionales.
Ley 685 de 2001
Código de Minas. En su capítulo XX hace referencia a las Licencias
Ambientales como uno de los medios e instrumentos para establecer y
vigilar las labores mineras por aspectos ambientales
Decreto 1728 de 2002
Por el cual se reglamentan las licencias ambientales, se establece su
contenido, modalida- des, competencias y procedimiento. Este Decreto
sustituyó el Decreto 1753 de 1994 y otras disposiciones y comienza el
proceso de flexibilización de las licencias ambientales cuando
quedaron por fuera varias actividades que ya no requerían de su
autorización.
Decreto 1180 de 2003
Por el cual se reglamentan las licencias ambientales, se establece su
contenido, modalidades, competencias y procedimiento. Este Decreto
deroga el Decreto 1728 de 2002.
Decreto 1220 de 2005
Por el cual se reglamentan las licencias ambientales, se establece su
contenido, modalidades, competencias y procedimiento. Este Decreto
Deroga el Decreto 1180 de 2003 y se encuentra actualmente vigente.
Resolución 958 de 2005
Mediante el cual se adopta el Formulario Único Nacional de Solicitud
de Licencia Ambiental.
Decreto 500 de 2006
Por el cual se modifican el artículo 8º y 40 del Decreto 1220 de 2005
sobre competencias del Ministerio de Ambiente para otorgar licencias
ambientales y sobre el régimen de transición.
Decreto 2820 de 2010
Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales
FUENTE (Rodríguez, 2011)
A raíz de la debilidad que presenta el país para la consolidación de un método de
evaluación de costos se recurrió al estudio de políticas aplicadas encontrado la
siguiente afirmación. En relación con el tipo de método de evaluación de impactos
ambientales, se encontró que la totalidad de las instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, utilizan el método de matrices, específicamente la matriz
simbolizada, numérica y escalada, denominado en cada estudio (Loyo, 2013)
A pesar del proceso fundamental que lleva, la evaluación de los costos
ambientales es considerada como uno de los procesos más difíciles y menos
importantes a raíz de sus métodos de evaluación de impacto ambiental en
Colombia comprendido, principalmente debido a su carácter subjetivo y lleno de
juicios de valor (Loyo, 2013). (Ferrán & Balestri, 2001) comparten la proposición
de que se incorpore en forma explícita al análisis socio económico los costos que
demandaría la protección ambiental, que incluye el costo de mitigación y los daños
remanentes. De esta forma se empezarían a estandarizar lo métodos de
evaluación de costos ambientales.
A pesar de que el gobierno se encuentra realizando intensos y extremos intentos
por llevar el acuerdo de paz a razón de bienestar político, económico y social los
grupos incorporados en el conflicto armado está generando un detrimento
ambiental inmenso al realizar múltiples ataques a oleoductos y vehículos
transportadores de derivados de este, provocando contaminación en cuerpos de
agua que surten a diversas poblaciones que se surten de estas aguas y afectando
sus cultivos. Lo que está claro es que las especies sufren afectaciones físicas y
químicas. Germán Corzo, coordinador del Proyecto Planeación Ambiental Para la
Conservación de la Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt, dice que
las aves sufrirán daños físicos porque el crudo se adhiere a sus alas: “Para los
pelicanos y gaviotas es fundamental entrar al agua y pescar, pero también tienen
que mantenerse a flote, este aceite hará que cambié la densidad de su cuerpo, no
podrán volar de la misma manera y se deteriorará su forma de vivir”.(Saldarriaga,
Santiago CARDONA, VANESSA CONGOTE & Un, 2015)
IV.) CONCLUSIONES.
Después de las diversas afirmaciones contenidas en el desarrollo del artículo, se
identifica que el termino post conflicto es inadecuado a razón de que en las
experiencias del país y otros países determinan que terminados los procesos de
negociación, quedan remanentes que no dan fin a este situación. En razón de lo
anterior el término adecuado sería el de post acuerdo.
En Colombia desde Desde 1765 Colombia intenta consolidar un inventario de su
biodiversidad, tarea que sigue inconclusa, entre muchas razones, por el poco
esfuerzo que han hecho los gobiernos. Razón por la que en el pos acuerdo no se
alcanzaría a medir el costo ambiental perdido en función de la guerra vivida.
En Colombia a causa del excesivo sistema normativo que tiene en sus políticas
ambientales, y su variación constantes en el contenido de la información de estas
no permite la estandarización de un modelo para evaluar los costos ambientales.
A falta de existencia de un modelo estándar para la evaluación de los costos
ambientales y la variabilidad normativa con respecto a las políticas ambientales, la
evaluación matricial seguirá imperando en la sociedad y más aún cuando lleguen
los cambios respectivos de la normativa en razón del pos acuerdo.
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