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Información independiente desde América Latina y el Caribe para el mundo
ISSN 1563-2458
N° 1, ENERO - MARZO, 2015. VOLUMEN 52
La tortura sexual es práctica
institucionalizada
Gobierno de Ecuador
aplica nuevas formas para
criminalizar y controlar la
protesta social.
PÁG. 14
Acuerdo extrajudicial entre
petrolera y comunidades
indígenas, sienta precedente
en el Perú.
ORSETTA BELLANI (ARRIBA); JÉSSICA MATUTE(IZQ.); PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS(DER.)
Agentes del Estado en México someten a mujeres a tortura
sexual para que admitan delitos que no han cometido. PÁG. 3
PÁG. 24
1
CONTENIDO
AMÉRICA LATINA
Cada vez más restricciones a la migración
intrarregional
Ciudadanos con poder: Internet como
fuerza de los movimientos sociales
Tasas de pobreza se mantienen igual
34
36
AMÉRICA LATINA/ EL CARIBE
¿Cómo estamos en igualdad de género en
América Latina y el Caribe?
18
ARGENTINA
Especulación inmobiliaria estaría detrás
de incendio forestal
27
BRASIL
“Transgénicos destruyen la biodiversidad”
21
CHILE
Represión contra “el enemigo interno”
11
CUBA
Avanza restablecimiento de vínculos
diplomáticos con EEUU
13
ECUADOR
Reto histórico para la CONAIE
Silencio, temor y coerción
08
14
EL SALVADOR
Multimillonario plan para frenar violencia
28
GUATEMALA
Exjefe policial condenado por ataque a
Embajada de España
17
05
HAITÍ
Parlamento queda disuelto y presidente
gobierna por decreto
09
MÉXICO
La tortura sexual es práctica institucionalizada
Desapariciones forzadas son generalizadas
La disputa por Agua Azul
03
06
31
PERÚ
“El petróleo sólo sirve para el desarrollo de las
grandes ciudades”
OXY compensará por contaminación
2
Producido por Comunicaciones Aliadas,
organización no gubernamental con sede
en Lima, Perú, que desde 1964 produce
información y análisis independiente y
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a procesos de incidencia dirigidos a la
afirmación de derechos y la construcción de
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www.latinamericapress.org
20
24
PANAMÁ
Humedal recupera categoría de área natural
protegida
23
Nuevamente suspendido proyecto hidroeléctrico 25
URUGUAY
Terratenientes pagarán impuestos
Noticias Aliadas ofrece información y
análisis sobre el acontecer de América
Latina y el Caribe con énfasis en los temas
que afectan a las poblaciones excluidas de
la región.
Versión en inglés: Latinamerica Press.
26
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ORSETTA BELLANI
MÉXICO
Mujeres víctimas de tortura sexual exponen sus casos en campaña “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual”.
LA TORTURA SEXUAL
ES PRÁCTICA
INSTITUCIONALIZADA
Agentes del Estado someten a
mujeres a tortura sexual para
que admitan delitos que no han
cometido o castigar el activismo
social.
Orsetta Bellani desde Ciudad de México
E
n la madrugada del 7 de agosto del 2012
Claudia Medina Tamariz, vendedora de
productos naturistas, fue detenida en su
casa en el puerto de Veracruz por efectivos
de la Marina mexicana. Fue torturada con descargas
eléctricas y asfixias, le echaron baldes de agua y
le introdujeron los dedos en la vagina. Cuando la
amenazaron con dañar a sus hijos, ella confesó un delito
que no cometió: pertenecer al cártel del narcotráfico
Jalisco Nueva Generación.
Medina Tamariz permaneció detenida 23 días, salió
libre bajo caución y el 26 diciembre pasado una jueza
estableció que siguiera bajo proceso por delincuencia
organizada, portación de granada y operación con
recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos. De
acuerdo con la gubernamental Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), existen pruebas
contundentes de las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas por la Marina contra la mujer,
3
quien fue torturada psicológica, física y sexualmente.
Sin embargo, ninguno de sus torturadores ha sido
procesado.
El pasado 30 de setiembre, Amnistía Internacional
entregó a la Procuraduría General de la República
(PGR) un petitorio de casi 350,000 firmas, procedentes
de varios países del mundo, para que realizara una
“investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre
la denuncia de tortura presentada por Claudia Medina
Tamariz”, y actualmente su caso está siendo analizado
por instancias de las Naciones Unidas.
“La tortura sexual es una forma de tortura que
se puede ejercer hacia hombres o mujeres, y que en
el caso de las mujeres lleva siempre una connotación
de misoginia, a través de frases, tocamientos en partes
íntimas y atiende a los roles de género que tienen muy
introyectados los policías, militares y marinos”, explica
a Noticias Aliadas Araceli Olivos Portugal, abogada del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez (Centro Prodh). “La sexualización de la tortura
hacia las mujeres incluye llamarlas putas, perras, insistir
en que a ellas les gusta eso, que este es su papel”.
Culpables andan sueltos
Según el Centro Prodh, algunos estados de la
federación mexicana, como el estado de México, no
tienen información sobre el número de denuncias
por tortura hacia mujeres cometidas por agentes del
Estado en los últimos cinco años, mientras que los
estados de Campeche, Hidalgo, Durango, Jalisco,
Morelos y Nuevo León informan no haber recibido
alguna. Stephanie Erin Brewer, abogada del Centro
Prodh, indica que esto no hace concluir que no haya
problemas, sino al contrario hace cuestionar sobre las
condiciones que tienen las mujeres en estos estados.
Los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa,
Veracruz y Zacatecas que sí declararon haber recibido
denuncias por parte de mujeres entre 2010 y mediados
de 2014, registraron en total 112 casos y no existe
ninguna sentencia condenatoria.
Sin embargo, algunas instancias internacionales están
analizando las denuncias de tortura sexual de mujeres
mexicanas, y en algunos casos emitieron sentencias. Por
ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CorteIDH) sentenció sobre los casos de Inés Fernández
Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que fueron torturadas
por militares en el 2002, y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo
sobre el caso de las hermanas González Pérez, víctimas de
tortura sexual en Chiapas en 1994.
Además, se está litigando el caso de las mujeres
denunciantes de tortura sexual en el marco del operativo
4
policiaco en San Salvador Atenco, estado de México,
ocurrido el 3 y 4 de mayo del 2006. Bajo la justificación
de imponer orden tras actos de protesta social realizados
por grupos de vendedores de flores, agentes policiales
incursionaron en el pueblo. La incursión dejó como saldo
dos jóvenes muertos y más de 200 personas detenidas
arbitrariamente, incluidas 47 mujeres.
“Les puedo asegurar que cuando estuve en prisión
todas las mujeres eran torturadas”, declaró Medina
Tamariz frente al público participante al cierre de la
campaña “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la
tortura sexual”, que se llevó a cabo el 24 de noviembre
pasado en las instalaciones del Centro Prodh, en la
Ciudad de México.
El caso de San Salvador Atenco
Las 17 mujeres impulsadoras de la campaña
han denunciado la existencia de un patrón de
sometimiento contra las mujeres por razones
de género por parte de miembros de fuerzas de
seguridad. La violencia y la tortura pueden ser
cometidas para fabricar culpables en el contexto de
la guerra contra el narcotráfico —como en los casos
de la propia Medina Tamariz, Verónica Razo Casales,
Belinda Garza Melo y Miriam Isaura López Vargas,
forzadas a autoinculparse de delitos no cometidos—
o para castigar el activismo social, como ocurrió con
las mujeres que fueron detenidas durante el operativo
en San Salvador Atenco y torturadas sexualmente por
policías durante el traslado al penal.
La campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas
contra la tortura sexual”, fue lanzada el 5 de mayo
pasado por las 11 mujeres sobrevivientes de tortura
sexual en San Salvador Atenco, con la idea de hacer
conocer a la opinión pública otros casos de mujeres
torturadas sexualmente, y de acompañar sus casos.
“Con esta campaña quisimos devolver a otras
mujeres la solidaridad que recibimos de muchas
partes”, explica a Noticias Aliadas Italia Méndez,
una de las mujeres que han denunciado al Estado
mexicano por las torturas sexuales cometidas en el
2006 en San Salvador Atenco. “Nuestro objetivo es
denunciar que la tortura sexual es una estrategia
de Estado, no son casos aislados sino parte de
la violencia estructural que se ejerce contra la
mujer. Nosotras hubiéramos podido presentar una
denuncia anónima pero decidimos no hacerlo;
cargamos con el estigma de la violación, del hecho
que haya sido expuesta públicamente nuestra
sexualidad, y pensamos que mostrando nuestros
rostros reivindicamos nuestra lucha, nuestro
cuerpo, y esto nos ayuda a sobrepasar el miedo”. q
RODRIGO ARIAS
GUATEMALA
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, durante el juicio de Pedro García Arredondo, acusado del asesinato de su padre y de
otras 36 personas en 1980.
EXJEFE POLICIAL
CONDENADO POR ATAQUE
A EMBAJADA DE ESPAÑA
Treinta y siete personas murieron calcinadas dentro de la sede diplomática
española en 1981 por órdenes del dictador Lucas García y altos mandos policiales.
Louisa Reynolds*
E
l 31 de enero de 1980, integrantes del Comité
de Unidad Campesina (CUC) junto con un
grupo de estudiantes del Frente Estudiantil
Robin García (FERC) ocuparon la Embajada
de España. Mucho antes de la aparición de los medios
sociales y con las corporaciones de noticias fuertemente
censuradas por el régimen militar del general Romeo
Lucas García (1978-82), ocupar embajadas era una
estrategia desesperada usada con frecuencia por
organizaciones guerrilleras para atraer la atención del
mundo sobre las masacres perpetradas por el Ejército
guatemalteco en el altiplano.
Poco después que habían ingresado a la sede
diplomática, residentes de la zona 9 de Ciudad de
Guatemala, donde estaba ubicada la embajada,
vieron una espesa nube de humo saliendo del lugar y
escucharon los gritos de agonía de las personas que se
encontraban atrapadas dentro. Mientras observaban la
escena de horror, efectivos policiales acordonaron el
edificio y evitaron que los bomberos ingresaran.
5
Los agentes seguían estrictas órdenes de sus
superiores: no debían dejar salir a nadie. Esas fueron
las órdenes dadas por el dictador Lucas García quien
murió en el exilio en Venezuela en el 2006; el ministro
de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz (actualmente
buscado por la Interpol); el jefe de la Policía Nacional,
coronel Germán Chupina, que se entregó a las
autoridades policiales en el 2006 y murió en el 2008
mientras se encontraba hospitalizado; y el entonces jefe
de investigaciones especiales, Pedro García Arredondo.
Treinta y siete personas murieron calcinadas,
entre ellos líderes campesinos como Vicente Menchú,
el cónsul español Jaime Ruiz y el exvicepresidente
Eduardo Cáceres. Sólo dos personas sobrevivieron: el
campesino Gregorio Yujá Xona y el embajador español
Máximo Cajal. Yujá fue secuestrado del hospital al día
MÉXICO
Desapariciones forzadas son
generalizadas
Más de 22,000 personas fueron sometidas a desaparición forzada entre el 2006 y el
2014.
L
a práctica de la desaparición forzada es generalizada en todo
el territorio mexicano y la mayoría de casos quedan impunes,
afirmó el Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones
Forzadas un informe presentado el 13 de febrero.
“La información recibida por el Comité ilustra un contexto
de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del
Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como
desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada
en vigor de la Convención. El grave caso de los 43 estudiantes
sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en
el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el
Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción
de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas
desaparecidas”, dijo el Comité.
El gobierno de México presentó su sustentación el 2 y 3
de febrero sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento
a las obligaciones derivadas de la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición
Forzada, desde que entró en vigencia en el país en el 2010, tras su
ratificación en el 2008.
Rainer Huhle, relator para el caso de México, reclamó que no
exista una cifra oficial de personas desaparecidas.
“¿Cuántas desapariciones forzadas hay? No lo sabemos
porque el Estado no nos ha proporcionado la cifra, pero sabemos
que son muchas, demasiadas”, dijo Rainer Huhle, relator para el
caso de México.
En el informe en el que da a conocer sus conclusiones y
recomendaciones, el Comité manifestó su preocupación por
“la falta de información estadística precisa sobre el número de
personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer
la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de
políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”.
Sin embargo, Amnistía Internacional calcula en alrededor
de 22,600 personas desaparecidas entre el 2006 y el 2014, según
aseveró Erika Guevara Rosas, directora regional de Amnistía
Internacional (AI) para las Américas. Y de esa cifra, la mitad de las
desapariciones ocurrieron entre el 2012 y 2014, durante el actual
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Campea impunidad
El Comité también mostró su preocupación “por la
impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por
desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de
6
condenas por este delito. Al Comité le preocupan también los
informes que dan cuenta de una serie de obstáculos que no
permitirían que las investigaciones de las desapariciones forzadas
se realicen de manera eficaz, incluyendo: a) el hecho de que en
varios casos las autoridades competentes no habrían iniciado las
investigaciones con la debida celeridad inmediatamente luego
de haber recibido información acerca de una posible desaparición
forzada; y b) la calificación de los hechos con base a otros delitos
en numerosos casos en los que habrían existido indicios para
suponer que se podría haber cometido una desaparición forzada”,
sostiene.
Las recomendaciones incluyen contar con un registro
nacional único sobre desapariciones forzadas, redoblar sus
esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones
de migrantes que cruzan el territorio mexicano en camino hacia
EEUU, e implementar unidades científicas y forenses para buscar
a personas desaparecidas. México tendrá un año para entregar
al Comité la información sobre la implementación de estos tres
puntos.
En un comunicado, el gobierno mexicano indicó que
las conclusiones del Comité “no reflejan adecuadamente la
información presentada por México, ni aportan elementos
adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se
llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo
acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de
redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se
conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la
prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas,
a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la
Convención”.
Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro
de Análisis e Investigación, el Servicio y Asesoría para la Paz y
el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia,
señalaron en una declaración que las recomendaciones
planteadas por el Comité al Estado mexicano son cruciales “para
romper el ciclo de impunidad en el contexto mexicano, donde
actualmente las pocas investigaciones por graves violaciones
a derechos humanos suelen limitarse a autores materiales de
bajo rango, y donde la responsabilidad de diversas autoridades
empieza precisamente por no actuar para poner fin a un contexto
de abusos y colusión con el crimen organizado”.— NA
siguiente del incendio y su cuerpo fue arrojado en el
campus de la Universidad de San Carlos con una nota
amenazando a Cajal con la misma suerte. El embajador
logró escapar de la muerte al buscar refugio en la
Embajada de EEUU y salió clandestinamente del país.
Quemados vivos con lanzallamas
Treinta y cinco años después, García Arredondo
ingresó esposado a la sala del Tribunal Primero B de
Mayor Riesgo. Enfrentaba cargos por homicidio y
crímenes de lesa humanidad.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz e
hija del líder Vicente Menchú, observó la audiencia
en primera fila. En 1999, ella presentó una demanda
contra García Arredondo y todos los responsables de
los asesinato pero el sistema de justicia se movió muy
lentamente y no fue sino hasta el 1 de octubre del
2014 que ella se enfrentó con uno de los hombres que
ordenaron que su padre y otros 36 civiles inocentes
fueran quemados vivos con un lanzallamas.
Por años, el aparato militar negó cualquier
responsabilidad por la masacre e insistió que los líderes
campesinos se inmolaron usando granadas de mano.
Sin embargo, durante el curso del juicio, fotografías,
videos y testimonios de testigos presenciales probaron
que el asistente de García Arredondo había irrumpido
en la embajada con el lanzallamas. Evidencias forenses
también mostraron que los cuerpos de las víctimas
estaban carbonizados de las rodillas hacia arriba, pero
que sus pies se encontraban intactos, lo que demostró
que no podrían haber muerto como resultado de la
explosión en el suelo de granadas de mano.
Uno de los bomberos que atendió las llamadas de
emergencia hechas por transeúntes declaró al tribunal
que cuando llegó a la escena, la policía impidió por la
fuerza que ingresara a la embajada.
El tribunal también escuchó el testimonio de
Cajal, grabado en España en el 2012, en el que comparó
el ataque a la sede diplomática con una “película de
horror” y precisó que los policías ingresaron por el
techo y rompieron la puerta, armados con fusiles y
hachas.
El agua que sofoque las llamas
El pasado 19 de enero, la juez Jeannette Valdez
inició la audiencia de la sentencia con una metáfora: El
fuego ha estado ardiendo desde el 31 de enero de 1980
y el fallo será el agua que sofoque esas llamas.
Mientras los manifestantes en las afueras del
tribunal gritaban “¡Asesino, asesino!”, Valdez leyó la
sentencia: García Arredondo deberá cumplir 90 años
“Este es un
ejemplo de que debemos
acudir a la justicia y
debemos trabajar para ello.
Los años [de la sentencia] no
son los más importantes para
nosotros; la importancia
grande es la acreditación de
la verdad”.
— RIGOBERTA MENCHÚ
de cárcel aunque lo más probable es que sólo cumpla 30
años debido a que era la pena máxima en el momento
que ocurrió el ataque a la embajada.
“He cumplido con mis difuntos”, dijo Rigoberta
Menchú al periodista Rodrigo Veliz luego de conocerse
el fallo. “Estamos agotados, con audiencia tras
audiencia; es algo muy difícil. Sin embargo, estamos
muy contentos. Este es un ejemplo de que debemos
acudir a la justicia y debemos trabajar para ello. Los
años [de la sentencia] no son los más importantes para
nosotros; la importancia grande es la acreditación de
la verdad”.
En el 2012, García Arredondo ya había sido
condenado y sentenciado en otro juicio a 70 años
de cárcel por la desaparición y tortura en 1981 del
estudiante universitario Edgar Sáenz Calito.
Durante el proceso judicial, el exjefe de
investigaciones especiales se sentó solo, sin familiares
o amigos que le brindaran apoyo, a diferencia del
exdictador Efraín Ríos Montt (1982-83) que durante
el transcurso del juicio que enfrentó en el 2013,
acusado de genocidio contra el pueblo Maya Ixil,
fue acompañado por un gran séquito de familiares,
abogados y simpatizantes del Ejército.
En referencia a la forma en la que la sentencia
contra Ríos Montt fue revocada en mayo del 2013,
como resultado de la intensa presión del presidente
Otto Pérez Molina —general retirado del Ejército—
y la clase empresarial guatemalteca, el periodista
salvadoreño Rodrigo Baires twitteó: “Por Arredondo
no saltó la cúpula empresarial, ni vi campos pagados
[en los diarios], ni despotricaron funcionarios… Un
peón sigue siendo un peón…”. q
* International Women’s Media Foundation (IWMF) Elizabeth Neuffer Fellow 2014-2015.
7
ECUADOR
JESSICA MATUTE
RETO HISTÓRICO PARA
LA CONAIE
Marcha de la CONAIE el 6 de enero en defensa de su sede, de la
que fue desalojada por orden presidencial.
Gobierno decidido a desarticular
la principal organización indígena
ecuatoriana.
Luis Ángel Saavedra desde Quito
L
a Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE) enfrenta uno de los
mayores retos de sus casi 30 años de vida,
pues ahora está en riesgo no sólo su propia
existencia, sino el mantener su legitimidad como la
máxima organización representante del movimiento
indígena ecuatoriano, ante el intento gubernamental
de desarticularla y crear una nueva organización afín a
su proyecto político.
La CONAIE, creada en 1986 luego de un
largo proceso de organización impulsado desde las
comunidades de las diversas nacionalidades indígenas
8
del Ecuador, sintetiza no sólo la voz y el pensamiento
de estos pueblos, sino el conjunto de luchas en defensa
de los derechos humanos, derechos colectivos y los
derechos de la naturaleza que se han gestado en el país.
En 1990, con el primer levantamiento indígena,
la CONAIE se mostró como un fuerte actor político
que cuestionaba no sólo el modelo de desarrollo
económico, basado en esquemas neoliberales, sino la
estructura misma del Estado, al que catalogaba como
“monocultural” pues, en su intento de construirse
bajo la lógica de occidente, se mostraba incapaz de
incorporar la diversidad de formas de vida política
y organizacional que sobrevivían en el seno de las
comunidades indígenas.
“Una de las diferencias entre ellos y nosotros es
que los Estados de Occidente miran la madre tierra
como una fuente inagotable de recursos, y nosotros
pensamos en la madre tierra desde un punto de
vista espiritual y la vemos como un ser vivo”, afirmó
Luis Macas, uno de los primeros líderes indígenas
de la CONAIE, en una conferencia dada a jóvenes
indígenas, organizada por la Cooperación Alemana,
en noviembre pasado, días antes de que el gobierno
nacional ordenara a este movimiento indígena que
desaloje su sede que ocupaba desde 1991, ubicada en
un edifico de propiedad del Ministerio de Inclusión
Social y Económica (MIES).
Los diversos gobiernos han visto como la
CONAIE tenía la capacidad de movilizar decenas
de miles de indígenas para frenar los avances del
neoliberalismo, tanto en el plano económico, como fue
el rechazo a la firma del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) —iniciativa lanzada por EEUU a
mediados de los 90 y que naufragó en el 2005 tras la IV
Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata,
Argentina— o frente a la injerencia militar extranjera,
cuando se pronunciaron en contra de la instalación
de una base militar estadounidense en el puerto
ecuatoriano de Manta, en diciembre de 1999, días
después de que el gobierno de Jamil Mahuad (19982000) firmara este acuerdo con Estados Unidos. Los
expresidentes Abdalá Bucaram (1996-97), Mahuad y
Lucio Gutiérrez (2003-2005) vieron como el peso de
la movilización indígena conducía a su derrocamiento.
Correa traiciona al movimiento indígena
Rafael Correa —quien llegó a la presidencia en el
2007 con un discurso de izquierda y se encuentra en su
tercer mandato consecutivo— consciente de la fuerza
indígena, en un inicio la utilizó para consolidarse en el
poder haciendo uso de una propaganda que evocaba
la diversidad y plurinacionalidad como base de su
gobierno, pero luego dio un giro radical y el movimiento
indígena se convirtió en su principal enemigo político.
“La interculturalidad y plurinacionalidad
desaparecieron de la agenda nacional, las
organizaciones indígenas fueron entendidas como
corporaciones, sin entender su matriz histórica; la idea
de una ciudadanía pasiva demonizó a los movimientos
sociales y pulverizó los derechos diferenciados de los
indígenas y sus organizaciones, fueron declarados
SIGUE >
HAITÍ
Parlamento queda disuelto y presidente
gobierna por decreto
A cinco años del terremoto que devastó el país, persiste débil institucionalidad y miles
de personas permanecen en campamentos de refugiados.
E
l presidente Michel Martelly no logró superar la crisis política
que pendía sobre su gobierno al no alcanzar un acuerdo
con diputados y senadores para extender el mandato del
Parlamento que expiraba el 12 de enero, el mismo día que se
cumplían cinco años del terremoto que devastó esta nación
caribeña, considerada la más pobre del continente.
El mandatario había anunciado un día antes que se
había llegado a un compromiso. Sin embargo, legisladores de
oposición no refrendaron el acuerdo firmado con el gobierno
a fines de diciembre que habría evitado que el Parlamento
se disolviera automáticamente al vencerse su mandato —tal
como lo establece la Constitución—, que habría permitido
introducir cambios a la legislación electoral y confirmar al
primer ministro designado, Evans Paul.
Paul, exalcalde de Port-au-Prince, la capital, y excandidato
presidencial, tomó posesión del cargo el 15 de enero sin que el
Parlamento lo ratificara. Fue nombrado a fin de diciembre por
Martelly en reemplazo de Laurent Lamothe, quien presentó su
renuncia el 14 de diciembre en un intento de superar la crisis.
“Dejo el puesto de primer ministro con el sentimiento del
deber cumplido”, dijo Lamothe en un mensaje televisado. “Si
esto puede de verdad desbloquear la crisis política, he decidido
presentar al presidente Martelly mi dimisión a la cabeza del
gobierno, así como la dimisión de todos los ministros”.
Al cesar las funciones legislativas, Martelly quedó
habilitado constitucionalmente para gobernar por decreto,
aunque el mandatario ha asegurado que no es esa su intención
y que el único decreto que prevé promulgar es la celebración
inmediata de elecciones municipales y legislativas.
La oposición, que ha promovido masivas protestas
callejeras, reclama la renuncia de Martelly, acusándolo de
querer aferrarse al poder y postergar indefinidamente las
elecciones parlamentarias programadas para octubre pasado
y que vienen siendo aplazadas desde el 2010.
Martelly asumió la presidencia en mayo del 2011 para
un mandato de cinco años. Desde el primer día enfrentó una
fuerte oposición en el Parlamento, dominado por el opositor
Partido Unidad, del expresidente René Préval (2006-2011), que
cuenta con 65 diputados de 99 y 17 de los 30 escaños en el
Senado. El partido gobernante, Respuesta Campesina, sólo
tiene tres diputados y ningún senador.
La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó
“su apoyo a las autoridades haitianas constitucionales y a todas
las partes interesadas en lo que se refiere a su compromiso
de celebrar elecciones libre, imparciales e incluyentes cuanto
antes, de conformidad con las disposiciones constitucionales,
para la renovación de las instituciones democráticas”.
Por su parte, la representante de la Misión de Estabilización
de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), Sandra Honoré,
manifestó en un comunicado que “en estas circunstancias
excepcionales, esperamos que el Ejecutivo y todos los actores
políticos actúen con responsabilidad y moderación”.
Escaso progreso
La crisis política se produce a cinco años del terremoto
que dejó más de 300,000 muertos, 350,000 heridos y 1.5
millones sin hogar. El país sigue en ruinas. Todavía 85,000
personas viven en 123 campamentos de refugiados con tasas
de desnutrición que “superan los límites de lo que se considera
una emergencia”, según la Oficina de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil (ECHO) de la Unión Europea. A esto suman
las alarmantes condiciones sanitarias, ya que sólo existe una
letrina para cada 82 personas, precisó ECHO.
La representante del Programa Mundial de Alimentos
(PMA) en Haití, Wendy Bingham, destacó que “la pobreza
y la desigualdad, la degradación ambiental y la continua
incertidumbre política amenazan los logros que los haitianos
han conseguido en los últimos cinco años”.
Bingham agregó que actualmente un tercio de los 10
millones de habitantes que tiene el país viven sin saber con
certeza cómo obtendrán su siguiente comida.
Martelly decretó el 12 de enero como “Día de Reflexión
y Conmemoración” y ordenó izar las banderas a media asta
en señal de duelo por las víctimas. Las pérdidas materiales se
calculan en alrededor de US$8 millardos.
El mandatario denunció que su país sólo ha recibido
$4 millardos de los $12 millardos comprometidos por la
comunidad internacional para la reconstrucción.
En un mensaje para conmemorar la tragedia, el secretario
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, invocó a seguir
apoyando a Haití.
“La recuperación de Haití no ha sido fácil”, dijo. “Ha
habido, y sigue habiendo, reveses en el camino y todavía
queda mucho trabajo por hacer para garantizar estabilidad
política e institucional, gobernanza democrática y desarrollo
sustentable”.— NA
9
enemigos, infantiles, derechistas y hasta burgueses”,
sostiene Galo Ramón, intelectual indigenista y docente
universitario, en una carta de respaldo a la CONAIE,
enviada luego de la notificación de desalojo.
En efecto, el movimiento indígena y sus dirigentes
pasaron a ser el blanco de insultos semanales por parte
de Correa en su programa de radio “Enlace Ciudadano”.
A la CONAIE, caracterizada por sus luchas contra el
neoliberalismo, el mandatario empezó a ubicarla como
aliada de la derecha radical con el objetivo de alejar a sus
simpatizantes de organizaciones cercanas y confundir a las
bases indígenas.
Pero la arremetida contra la CONAIE no se limitó
al insulto semanal, sino que empezó a fraccionar las
organizaciones, a clasificar a los indígenas en buenos y
malos, según su afinidad al gobierno. Se desmantelaron las
instituciones indígenas y, finalmente, se les pidió incluso
que abandonen el edificio que hace 25 años, el gobierno
del expresidente Rodrigo Borja (1988-92), les había
entregado en comodato como un acto de reconocimiento
a su existencia política y como resarcimiento del olvido en
que el Estado ecuatoriano los mantenía.
“Ninguno de los gobiernos anteriores, catalogados
como neoliberales por el mismo presidente Correa,
habían intentado negar la trascendencia política de la
CONAIE”, dice Nina Pacari, otra de las lideresas históricas
de la CONAIE. “Irónicamente, un gobierno que se dice
ser de izquierda, es el que mayor daño está haciendo al
movimiento indígena”.
La última decisión de Correa en contra del movimiento
indígena, la de quitarles su sede, suscitó la indignación entre
seguidores del mandatario y organizaciones e intelectuales que
lo habían apoyado en el pasado.
“Señor presidente, sepa que, al expulsar a la CONAIE
de su casa, expulsa a mucha más gente que inclusive no ha
estado de acuerdo con ciertas opciones de la CONAIE en el
pasado. Y sepa sobre todo que los sin techo son hoy en día un
movimiento muy fuerte en nuestro continente. Los sin techo
de la CONAIE darán qué hablar y seguirán haciendo historia”
afirmó el intelectual brasileño Boaventura de Sousa Santos, en
una carta enviada a Correa en la que rechaza su proceder.
Organización indígena paralela
Las acciones jurídicas emprendidas por la CONAIE
y sus organizaciones aliadas para frenar el desalojo, así
como las muestras de solidaridad dadas al movimiento
indígena, inclusive por miembros prominentes del partido
de gobierno, como los asambleístas Virgilio Hernández,
Miguel Carvajal y María Augusta Calle, no han podido
cambiar la decisión de Correa de desarticular al movimiento
indígena. Por una parte, el mandatario ha ratificado su
decisión de desalojar a la CONIAE de su sede y, por otra,
ha emprendido una campaña para crear una organización
10
“Irónicamente,
un gobierno que
se dice ser de izquierda,
es el que mayor daño está
haciendo al movimiento
indígena”.
—NINA PACARI
indígena propia, que se denominaría “Alianza Indígena por
la Revolución Ciudadana”.
A Pacari no le preocupa esta nueva acción del gobierno.
“Otros también quisieron hacer lo mismo. Lucio Gutiérrez
y su ministro de Bienestar Social, Bolívar González, lo
intentaron y salieron derrocados”, dice.
Incluso, en paralelo a la creación de la CONAIE,
en 1986, el entonces presidente León Febres Cordero
(1984-88) apuntó a la creación de una organización
indígena desde el Ministerio de Bienestar Social y no lo
consiguió. Sin embargo, ahora la situación es distinta, pues
los funcionarios gubernamentales que quisieron crear
una organización paralela en el pasado lo intentaron con
líderes que no tenían mayor legitimidad. Correa, por el
contrario, ha logrado tener entre sus filas a líderes históricos
del movimiento indígena, como Carlos Viteri, ahora
asambleísta del movimiento oficialista Alianza PAIS, quien
fue artífice del primer levantamiento indígena que se inició
en la Amazonia en 1990; o Ricardo Ulcuango, exlíder de
la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI)
y ahora embajador en Bolivia. Junto a ellos están Pedro de
la Cruz, líder histórico de la Confederación Nacional de
Campesinos, Indígenas, Negras (FENOCIN), Mariano
Curicama, líder indígena de la sierra central, Lourdes Alta
Lima, concejal oficialista en el cantón indígena de Otavalo,
con incidencia en el norte del país, entre otros que sí
conservan liderazgos en grandes sectores indígenas.
Pese a que líderes de la CONAIE han tildado de
“felipillos” a los dirigentes indígenas aliados al gobierno,
haciendo alusión al indígena que sirvió de traductor a
Gonzalo Pizarro durante la conquista de América, la acción
de estos líderes sí puede traer problemas a la estructura de la
CONAIE. El mismo presidente actual de este movimiento
indígena, el líder kichwa de Cotopaxi, Jorge Herrera, en una
entrevista concedida el 23 de diciembre pasado, al diario
oficialista El Telégrafo, admitió que su organización ha
perdido un 40% de sus bases, lo que constituye un peligro
que la CONAIE deberá valorarlo detenidamente. q
CHILE
Carabineros se aprestan a reprimir movilización social.
ARNALDO PÉREZ GUERRA
REPRESIÓN CONTRA
“EL ENEMIGO INTERNO”
La estrategia de
control social
para proteger al
modelo neoliberal
es criminalizar al
pueblo mapuche y
a los movimientos
sociales.
Arnaldo Pérez Guerra desde Santiago
E
l fenómeno crece de la mano de la
invisibilización y la represión de las protestas
que se oponen al extractivismo y a quienes
reivindican sus derechos políticos, culturales
y territoriales. Gobiernos y transnacionales renuevan
así la tesis del “enemigo interno”, y judicializan a líderes
y lideresas sociales.
“Hoy son los excluidos del modelo económico y
todo aquel que levante su voz frente a las injusticias de
la economía de libre mercado. Al mapuche se lo asocia
a terrorismo. La disputa de predios con empresas
forestales es vista como un freno para el progreso, una
amenaza al Estado de derecho, que vulnera la unidad
nacional”, señala el abogado Eduardo Mella, en la
revista Reflexión Nº 36, del Centro de Salud Mental y
Derechos Humanos.
Chile es una economía dependiente, exportadora
de recursos naturales, mientras el Estado se limita a
resguardar los intereses de las grandes corporaciones
y transnacionales.
Movilizaciones medioambientales, regionales
y estudiantiles, principalmente, son acompañadas
por una constante presencia represiva. Se persigue
judicialmente a sus dirigentes.
Rodrigo Mundaca, agrónomo que ha denunciado
el robo de aguas en Cabildo, Petorca, La Ligua —
región de Valparaíso— por empresarios y políticos,
entre ellos el exministro demócrata cristiano Edmundo
Pérez Yoma, fue condenado a 541 días de cárcel en
abril del 2014 por “injurias y calumnias”, y enfrenta
acciones judiciales en su contra en La Ligua, Quillota
y Concepción.
Territorios en conflicto son militarizados, como es
el caso de comunidades mapuche en Bío Bío, Los Lagos
y la Araucanía y, recientemente, en el valle del Choapa,
en Caimanes, en la norteña región de Coquimbo.
La comunidad está sin agua y completamente
contaminada por desechos y relaves de la Minera
Los Pelambres perteneciente al grupo Luksic. Cortes
de ruta, huelgas de hambre y barricadas, han sido los
medios para visibilizar sus demandas.
Por más de tres meses, desde noviembre del 2014,
Caimanes levantó un campamento camino al tranque
El Mauro —ubicado a 12 km de Caimanes, donde
la minera ha depositado millones de toneladas de
relaves—, luego de que la empresa no acatara un fallo
de la Corte Suprema que la obligaba a reponer el cauce
natural de las aguas del río El Pupio.
11
En diciembre pasado, el vocero de la comunidad,
Cristián Flores, fue detenido y amedrentado por la
policía. Nancy Reyes, su esposa, dice: “Su detención
fue una manera de hostigamiento, de amedrentar. Un
montaje, inventaron un delito para detenerlo”.
El 4 de marzo último, ocho comuneros resultaron
heridos tras la violenta represión —helicópteros,
decenas de vehículos y bloqueos por tierra— contra
cientos de manifestantes en Caimanes. Uno de ellos
perdió un ojo por un balín policial.
Mapuche bajo fuego
Durante el último allanamiento a Ercilla, en la
Araucanía, el pasado 26 de febrero, niños mapuches
fueron maltratados en la comunidad Coñomil Epuleo,
que reivindica sus tierras ancestrales. Efectivos de
la Policía de Investigaciones detuvieron al werken
(mensajero, autoridad tradicional) Jorge Quiduleo y
amedrentaron e interrogaron a dos niños mapuches de
cuatro y ocho años.
“Fue muy traumático, los policías les ordenaron a
gritos que salieran de sus camas y se tiraran al suelo. Los
niños ante la presión y la violencia soltaron el llanto”,
relata Rosa Quiduleo, abuela de los menores.
Días antes, la Corte Suprema había ratificado un
fallo a favor de tres menores de dicha comunidad, luego
de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos
solicitara un recurso de protección. Los menores
habían sido detenidos tras un allanamiento, pasaron
varios días encarcelados e ingresaron al tribunal
esposados de pies y manos.
Ningún medio masivo publicó que a mediados
de febrero pasado seis prisioneros políticos mapuches
denunciaron torturas en la cárcel de Angol, mientras
el exsacerdote Luis García Huidobro —defensor
del pueblo mapuche y vocero del prisionero político
Emilio Berkhoff— era condenado en un intento por
silenciarlo.
Mapuches encarcelados o procesados por
la defensa de sus derechos políticos, culturales y
territoriales son reconocidos como prisioneros
políticos por organismos de derechos humanos,
incluyendo la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CorteIDH) condenó a Chile el año pasado por
violaciones a los derechos humanos de integrantes
del pueblo mapuche en el caso “Norín Catrimán y
otros contra el Estado”. El fallo sentó un precedente
pues constituye un importante reconocimiento del
fenómeno de criminalización.
Según la CorteIDH, las sentencias condenatorias
contra las víctimas, ocho comuneros —incluyendo
12
los lonkos (líderes máximos) Segundo Aniceto Norín
Catrimán y Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, y el
werken Víctor Manuel Ancalaf Llaupe— por delitos de
supuesto carácter terrorista, fueron emitidas en el 2002
y 2003 fundándose en la Ley Antiterrorista violatoria
del principio de legalidad y del derecho a la presunción
de inocencia.
“Aumentan los casos de criminalización y
encarcelados reivindicando derechos territoriales.
Actualmente hay una violenta arremetida judicial contra
machis [autoridades espirituales y de salud del pueblo
mapuche]. Machis han sido detenidos y condenados:
Millaray Huichalaf, Tito Cañulef, Francisca Linconao
y Celestino Córdoba. Chile aplica la legislación
antiterrorista promulgada por [el dictador Augusto]
Pinochet, utilizada hoy con el objetivo de reprimir
reivindicaciones mapuches”, afirma el científico social
Rodrigo Guerra en declaraciones a Noticas Aliadas.
A pesar de las recomendaciones del Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el
2014 contra la aplicación de la Ley Antiterrorista, la
administración de la presidenta Michelle Bachelet
ha continuado invocándola y ya no se habla de su
derogación sino de “perfeccionarla”.
“Entre 2008 y febrero del 2010 el gobierno de
Bachelet invocó la Ley Antiterrorista en siete causas,
con un total de 54 comuneros mapuche imputados
por delitos terroristas”, señala el prisionero político
Héctor Llaitul. En el 2014, la organización mapuche
Meli Wixan Mapu, reconocía la existencia de “20
prisioneros políticos mapuche”.
Reprimir e infiltrar
Diversos analistas coinciden en que esta estrategia
político-criminal se extiende peligrosamente “en un
Chile que despierta y que ha desbordado las calles para
manifestarse contra la injusticia social y la opresión
del mercado”, dice la periodista Paulina Acevedo.
“Estudiantes, deudores habitacionales, trabajadores,
indígenas, ambientalistas, son solo algunos de los
sectores en la mira”.
Caso emblemático es el del estudiante Víctor Montoya,
quien pasó 16 meses encarcelado en prisión preventiva,
acusado bajo la Ley Antiterrorista por la supuesta colocación
de una bomba en un retén policial en febrero del 2013. La
Fiscalía presentó testigos protegidos y centró el caso en su
perfil de “vegano”. Fue absuelto en dos juicios el año pasado.
“Es la ley Antiterrorista la que genera todo esto, pues tú eres
culpable hasta que demuestres lo contrario”, dijo Montoya.
Mireille Fanon, de la Fundación Frantz Fanon, señaló
sobre el caso Montoya, tras su visita en el 2014 como
observadora de derechos humanos, que el estudiante
“pasó 16 meses en prisión por pruebas falsas bajo el
pretexto que el Estado chileno necesita demostrar la
existencia de una amenaza terrorista. Este Estado avala, a
sabiendas, la fabricación y el uso de procedimientos fuera
de toda legitimidad, siempre y cuando se trata de reforzar su
necesidad de mantener a la población bajo control”.
Para Guerra, “hay una creciente escalada y legitimación
de atribuciones a organismos de seguridad, con el objetivo
de reprimir e infiltrar a los movimientos sociales. La Ley
Antiterrorista —ilegítima y aberrante desde el punto de
vista jurídico—, continúa aplicándose contra luchadores
sociales y principalmente contra autoridades y comuneros
mapuches, exprisioneros políticos y jóvenes acusados de
anarquistas, así como a okupas [que dan uso a viviendas
vacías] y veganos que supuestamente colocan explosivos.
La mayoría de los juicios han terminado con la absolución
de los acusados, tras meses o años de injusta prisión”. q
CUBA
Avanza restablecimiento de vínculos
diplomáticos con EEUU
Importantes efectos económicos y políticos tendrá decisión de ambos países de
normalizar relaciones.
E
EUU confirmó el 13 de enero la liberación de 53 disidentes
presos en Cuba en el marco del diálogo iniciado el 17 de
diciembre para restablecer las relaciones diplomáticas entre
ambos países, rotas desde 1961, tal como lo anunciaron en
mensajes simultáneos los presidentes Raúl Castro, de Cuba, y
Barack Obama, de EEUU.
Josh Earnest, secretario de prensa de la Casa Blanca, señaló
en rueda de prensa que las personas liberadas“habían sido citadas
por varias organizaciones de derechos humanos como prisioneros
del gobierno cubano por ejercer libertades internacionalmente
protegidas o por la promoción de reformas sociales y políticas en
Cuba”.
Aunque el gobierno cubano no ha emitido ninguna
comunicación oficial al respecto, trascendió que la medida era un
requisito de EEUU para avanzar en el diálogo.
Sin embargo, Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
(CCDHRN), en declaraciones recogidas por la prensa, precisó que
no fue “consultado” para la elaboración de la lista, sino que fue
realizada en Washington a partir de información de la Sección de
Intereses de EEUU en Cuba (USINT).
Earnest precisó que“la lista de 53 prisioneros que elaboramos
para el gobierno cubano no fue una lista que le entregamos un día
antes que hiciéramos este anuncio [de la liberación]. Es una lista
que revisamos, negociamos y discutimos extensamente”.
El secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Miguel Insulza, saludó el proceso de
normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU
y manifestó su deseo de que Cuba retorne al organismo
interamericano del cual fue expulsado en 1962.
“Una de las satisfacciones como secretario general de la OEA
es que cuando me vaya [el próximo 26 de mayo cuando finalice su
mandato], van a haberse sentado recién todas las naciones de las
Américas por primera vez en su historia en la misma mesa y eso es
un gran logro”, dijo en declaraciones a la prensa.
Flexibilización del embargo
Uno de los aspectos más relevantes del restablecimiento de
las relaciones entre Cuba y EEUU sería el fin de más de medio siglo
de embargo hacia la isla.
En su mensaje del 17 de diciembre, el presidente Castro
demandó a EEUU cesar “el bloqueo económico, comercial y
financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a
nuestro país”y exhortó al gobierno estadounidense“a remover los
obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros
pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países”.
Aunque el presidente Obama no puede levantar
completamente el embargo sin la aprobación del Congreso, el 15
de enero dio a conocer la inmediata entrada en vigencia de una
serie de medidas dirigidas a flexibilizar el envío de remesas, viajes,
comercio, telecomunicaciones y servicios financieros que tendrán
importantes efectos sobre la economía cubana.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro precisó que
las medidas “facilitarán los viajes a Cuba para fines autorizados,
facilitarán los servicios de viaje por parte de agentes de viaje y
líneas aéreas autorizadas y el envío de remesas autorizadas por
determinadas entidades, el incremento de los límites y autorizar
en general ciertas categorías de remesas a Cuba, permitir que
instituciones financieras estadounidense abran cuentas de
corresponsalía en instituciones financieras cubanas para facilitar
la tramitación de transacciones autorizadas, autorizar ciertas
transacciones con ciudadanos cubanos que viven fuera de Cuba,
y permitir una serie de otras actividades relacionadas con, entre
otras, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio y
transporte. Las personas deben cumplir con todos los requisitos
de las regulaciones revisadas; las violaciones a los términos
y condiciones podrían dar lugar a sanciones previstas en la
legislación estadounidense”.
Las disposiciones establecen el incremento del envío de
remesas a Cuba de US$500 a $2,000. Según el Departamento
de Estado de EEUU, actualmente ciudadanos estadounidenses
envían a sus familiares en Cuba remesas por un valor de $2
millardos anuales.
Asimismo, la flexibilización de los viajes entre ambos países
promoverá el turismo. Igualmente, autoriza la exportación
de ciertos bienes y servicios estadounidenses incluyendo
materiales de construcción, productos y equipos agrícolas,
permite la importación de productos cubanos a EEUU, facilita las
transacciones financieras y promueve la masificación del internet
y las telecomunicaciones.
Las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro
son la antesala para la reunión que sostendrá el 21 de enero
en Cuba Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado de EEUU
para Asuntos del Hemisferio Occidental, y autoridades cubanas,
que marcará el inicio oficial de las conversaciones dirigidas a la
normalización de las relaciones entre ambos países.— NA
13
ECUADOR
JÉSSICA MATUTE
SILENCIO, TEMOR Y
COERCIÓN
Javier Ramírez, líder campesino criminalizado por luchar contra la actividad minera, el día de su libertad después de 10 meses
en prisión.
Gobierno aplica nuevas formas
para criminalizar y controlar la
protesta social.
Luis Ángel Saavedra desde Quito
E
l gobierno ecuatoriano ha decidido enfrentar a
las organizaciones sociales que se oponen a su
proyecto político enjuiciando a sus dirigentes
para encarcelarlos o mantener juicios
abiertos de manera indefinida a fin de silenciarlos; de
igual forma, busca cerrar las organizaciones mediante
un decreto que amenaza su estabilidad y limita sus
actividades. Las organizaciones, por su parte, aún no
alcanzan a definir sus estrategias para enfrentar las
14
amenazas gubernamentales pero ya se vislumbran
opciones de unidad social que preocupan al gobierno.
En el 2008, la Asamblea Constituyente concedió
amnistía a más de 360 personas que tenían juicios
relacionados con protestas y actos de resistencia. Todos
estos juicios se habían instaurado antes del gobierno
de Rafael Correa, que inició su primer mandato en el
2007.
En el 2011, la Defensoría del Pueblo del Ecuador
(DPE), liderada en ese momento por Fernando
Gutiérrez, emitió un informe que constataba que la
práctica de criminalizar la protesta social se mantenía en
el gobierno, pues establecía la existencia de 21 nuevos
casos producidos entre el 2008 y el 2010. El nuevo
titular, Ramiro Rivadeneira, alineado con el gobierno
y que asumió el cargo a finales del 2011, prefirió echar
al olvido el informe de su antecesor, aduciendo errores
metodológicos.
Desde entonces, el gobierno ha arremetido de
diversas formas contra la organización y la protesta
social. Salvador Quishpe, líder indígena y prefecto de la
provincia de Zamora Chinchipe, en el sur amazónico,
resume estas nuevas formas citando al control de los
medios de comunicación; el control de las bases sociales
más pobres a través de la entrega mensual de US$50, a lo
que se denomina “bono de desarrollo humano” y al que
acceden cerca de dos millones de personas; la división
de las organizaciones y gremios sociales; la cooptación
de dirigentes sociales con la oferta de puestos de trabajo;
y, finalmente, para quienes no se muestran dóciles al
gobierno, la instauración de juicios.
“Como no has querido someterte, ahora si se te viene
el juicio”, afirma Quishpe al analizar la criminalización
de los dirigentes sociales.
Hostigamiento a organizaciones sociales
Las organizaciones sociales ecuatorianas poco
a poco han salido de la influencia gubernamental y
empiezan a gestar acciones de oposición, como las
movilizaciones de setiembre y noviembre del 2014 en las
notasbreves
• Las remesas enviadas a América Latina y el Caribe
crecieron en al menos 4% en el 2014 con relación al año
anterior, llegando a US$62.3 millones, lo que constituye la
mayor subida desde la crisis económica del 2009, según
un informe de Diálogo Interamericano, centro de estudios
con sede en Washington DC, publicado el 24 de febrero.
El aumento más significativo se produjo en México y
América Central, debido a la mejora de la economía de
Estados Unidos, mientras que un gran número de países
sudamericanos registraron caídas, atribuibles en la mayoría
de casos a la persistente crisis económica en España.
• Amnistía Internacional (AI) llamó la atención en
la presentación de su Informe Anual 2014/15 el 25 de
febrero sobre la profunda desigualdad, la discriminación,
la degradación ambiental, la creciente inseguridad y los
conflictos en América Latina que continúan impidiendo a
la población “el pleno ejercicio de sus derechos humanos”. AI
resaltó las masivas movilizaciones en toda la región contra
las prácticas estatales represivas y que constituyeron un
auténtico desafío público a los altos niveles de impunidad
y corrupción, y a las políticas económicas que favorecen
a unos pocos. Las manifestaciones de descontento y
demandas de respeto a los derechos humanos tuvieron
lugar en un contexto de erosión del espacio democrático y
de una persistente criminalización de la protesta.
• La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
expresó su preocupación el 25 de febrero por las amenazas
que recibió en Ecuador un ciudadano identificado a través
del usuario digital “Crudo Ecuador” —que divulgaba sátiras
y críticas al gobierno a través de las redes sociales— luego
que el presidente Rafael Correa expresara su descontento
con las publicaciones de este y de otros usuarios de redes
que, entre otras cosas, rechazaban las reformas laborales
que restringen derechos de los trabajadores, la vigencia
del Decreto 16, emitido en junio del 2013, que controla
la organización social, las restricciones a la libertad de
expresión y la criminalización de la protesta social.
Este 19 de marzo los movimientos sociales
protagonizaron una nueva jornada de protesta en nueve
ciudades en la que, a más de las reivindicaciones ya
planteadas, se sumaron grupos de mujeres para rechazar
la nueva política de educación sexual que se basa en la
moral y la abstinencia, y otros grupos de consumidores
afectados por los nuevos aranceles de las importaciones.
El Decreto 16 violenta el derecho a la libre asociación
mediante la exigencia de una serie de informes con
los cuales el gobierno puede conocer las acciones y el
pensamiento de las organizaciones.
“Todo el aparato estatal es usado por un gobierno
autoritario para acabar con las organizaciones sociales;
se nos quiere obligar a presentar informes de cada
asamblea, de cada reunión; decir con qué recursos, en
qué han invertido, quién les ha dado. Es decir, quiere una
fuente de información que vulnera el derecho a la libre
SIGUE >
sociales y exhortara a los ciudadanos a que ayuden a
develar su identidad para luego exponerlos frente al pueblo.
La CIDH reiteró la importancia de mantener un clima de
respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones e instó
a las autoridades a investigar y sancionar a quienes usan
la violencia para silenciar a comunicadores o medios de
comunicación.
• Expertos de las Naciones Unidas criticaron el 17 de
febrero la decisión del gobierno de Guatemala de reducir
el salario mínimo para promover la industria manufacturera
en algunos municipios del país. A fines de diciembre, el
presidente Otto Pérez Molina anunció el recorte de la
remuneración mínima en los municipios de Estanzuela,
Masagua, San Agustín y Guastatoya a 1,500 quetzales,
equivalentes a US$195, monto 44% inferior al salario
mínimo mensual nacional de 2,650 quetzales ($350). Philip
Alston, relator especial sobre pobreza extrema, señaló
que “la explotación de la mano de obra no es una opción
viable para propiciar el desarrollo económico y social y
económico”.
• Las noticias de tres infantes brutalmente golpeados
por sus padres a principios de febrero en el Perú, puso en
evidencia que la violencia física hacia los niños es una práctica
arraigada en el país. Según la Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar del 2013, 62.4% de mujeres entrevistadas dijo
haber sido golpeada por sus padres durante la niñez y que
23% daba algún tipo de golpe o palmada a sus hijos como
forma de educarlos. “Somos un país donde la autoridad se
impone por la fuerza y no por la razón y [esas prácticas] se
reproducen en las relaciones cotidianas, pero la forma en
que los padres usan su poder genera miedo y sumisión”,
declaró Ana María Márquez, directora de programas de la
organización Save the Children.
15
asociación”, en declaraciones a Noticias Aliadas, afirma
Nina Pacari, lideresa histórica del movimiento indígena,
en relación a los requisitos que exige el Decreto 16 para
que una organización pueda existir.
Por su parte, el actual presidente de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Jorge Herrera,
hace sentir su preocupación sobre el uso de este decreto
para cerrar organizaciones indígenas.
“El Decreto 16 es una medida que ha causado
malestar en nuestras organizaciones, es una medida de
mala fe que violenta el marco constitucional”, afirma
Herrera.
La CONAIE, en el marco de las actividades de
la Cumbre de los Pueblos realizada en Quito el 5 y 6
de marzo pasados, protagonizó una marcha hacia la
Asamblea Nacional y la Corte Constitucional para exigir
la derogatoria del decreto.
“Hemos
hecho
una
demanda
de
inconstitucionalidad pero hasta ahora los jueces están
dormidos y no han respondido sobre este pedido”, afirma
Herrera. La demanda de la CONAIE es el cuarto pedido
de inconstitucionalidad que organizaciones sociales
ecuatorianas han presentado sobre el Decreto 16 y que
no han sido procesadas por la Corte Constitucional.
Hasta ahora el Decreto 16 ha sido la base para el
cierre, en diciembre del 2013, de la no gubernamental
Fundación Pachamama, defensora del medio ambiente,
y se teme sea la base para la disolución de la CONAIE,
pues se le está exigiendo, a través de la Contraloría
General del Estado, una serie de documentos e informes
que van más allá de las competencias que tiene la
Contraloría y que pretende el control de las actividades
y decisiones privadas de una organización.
Amenazas y juicios
Las formas de control social y criminalización de
la protesta a las que se ha referido Quishpe han dado
como resultado el silencio de muchas organizaciones,
algunas de ellas vinculadas con el gobierno a través
de convenios económicos y otras temerosas de hablar
para no tornarse vulnerables frente a un posible cierre.
Por otra parte, también muchos dirigentes se han
callado. “Les plantean un juicio y muchos se privan de
estar en la palestra opinando sobre el gobierno, y lo
otro son amenazas de muerte”, afirma a Noticias Aliadas
Marlos Santi, ex presidente de la CONAIE.
En efecto, en los últimos meses se ha detenido y
condenado a líderes sociales acusados de sabotaje y
terrorismo, como el caso del dirigente campesino Javier
Ramírez, liberado el pasado 10 de febrero luego de
pasar 10 meses de prisión; o el caso de Manuel Molina,
dirigente campesino detenido por cuatro meses
acusado de los mismos delitos, por los cuales también
16
“El Decreto
16 es una medida que
ha causado malestar en
nuestras organizaciones,
es una medida de mala
fe que violenta el marco
constitucional”.
— JORGE HERRERA
se busca la detención de la profesora Mery Zamora,
exdirigente de la Unión Nacional de Educadores
(UNE), a pesar de hacer sido ya absuelta de los cargos
que se le imputaban. A pedido del Presidente, la Fiscalía
General de la Nación pidió a la Corte Constitucional
que deje sin efecto la sentencia absolutoria que dio la
Corte Nacional de Justicia a Zamora.
Ramírez fue detenido luego de participar en una
reunión con el Ministerio del Interior a la que había
acudido para ratificar la decisión de la población de
Intag, en el norte del país, de oponerse a la minería.
Luego de su detención, la Empresa Minera Nacional
entró en Intag, y ahora es una población fraccionada,
sin la fuerza que antaño les permitió impedir las
actividades mineras en sus territorios por más de 20
años.
Molina, fue detenido el 9 de julio del 2014, acusado
de sabotaje y terrorismo por haber participado en una
protesta contra la ley de aguas en el 2009. Molina no
tuvo defensa jurídica durante tres meses porque le
aconsejaron “no hacer bulla”. Finalmente fue liberado
el 4 de diciembre último. El caso de Molina da cuenta
de otra estrategia del gobierno y es la de iniciar juicios
y tenerlos abiertos para activarlos cuando el dirigente
intente participar en una nueva protesta.
Otros juicios abiertos también pueden comprar el
silencio de las organizaciones, especialmente cuando
estas han mantenido convenios con el gobierno y no se
han cumplido exitosamente. Algunas organizaciones,
especialmente indígenas, que deseaban participar en
las protestas del 19 de marzo han debido desistir de
hacerlo porque se activaron juicios pendientes desde
hace algunos años instaurados en su contra por no haber
cumplido con los convenios firmados con instituciones
estatales de este y de anteriores gobiernos.
Opciones casi inexistentes
Las opciones de resistencia de los movimientos
sociales son pocas, pues el control ejercido por el
gobierno deja pocos espacios de participación y esto
ha provocado que la izquierda y la derecha empiecen a
conversar sobre formas de devolver la independencia
a las instituciones del Estado, en especial a los
organismos de justicia y al poder electoral.
Las conversaciones del movimiento indígena
con líderes de la derecha lo pone también en el ojo
de la controversia y es aprovechado por el gobierno
para deslegitimar a la dirigencia indígena y buscar la
conformación de una nueva organización indígena
aglutinando a indígenas que en el pasado fueron
también cuestionados por sus actuaciones, como
es el caso de Antonio Vargas, Miguel Lluco o Delia
Caguano.
En este panorama, la movilización social se
presenta como la única forma de participación política
y que puede devolver a los movimientos sociales su
anterior fuerza y capacidad de incidencia. q
AMÉRICA LATINA
Cada vez más restricciones a la migración
intrarregional
Migración continúa aumentando pero con menos derechos y en peores condiciones.
I
nés Agresott es colombiana, negra de la zona del Caribe. Llegó
al Perú en el 2000, se enamoró de un ciudadano peruano con
el que contrajo matrimonio, tuvo una hija y se divorció. En el
2008 se volvió a casar con otro peruano y se estableció con su
familia en Lima. En julio del 2014, como cada año, acudió a la
oficina de Migraciones para renovar su carnet de extranjería.
Sin embargo, esa vez se dio con la noticia que le habían
retenido el documento señalando que no había acreditado “la
continuidad del vínculo matrimonial original” y le pedían que
volviera a Colombia y desde allí regularizara su situación.
“Para llegar a esa conclusión, no les importó desconocer mi
matrimonio en el 2008 y que a lo largo de cinco años la Dirección
General de Migraciones primero y la Superintendencia Nacional
de Migraciones después, me habían reconocido y validado.
En el colmo del absurdo y el machismo, sí reconocían la nueva
relación con una extranjera de mi primer marido, el mismo con
el que, según ellos, debía seguir estando casada para aspirar a
la residencia”, cuenta Agresott en un artículo publicado el 24 de
febrero por la revista Ideele.
El caso de Agresott es uno más de los innumerables abusos
que están sufriendo extranjeros en el Perú que acuden a regularizar
su estadía a las oficinas de Migraciones, que en el último año ha
endurecido sin base legal los requisitos para obtener la residencia.
Según la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), si bien los Estados reconocen y adscriben
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos,
incluyendo a la movilización, esos mismos Estados regulan
el ingreso y presencia de extranjeros en sus territorios, con
una tendencia a exacerbar la seguridad y la selectividad,
fortaleciendo sus fronteras y haciendo más difíciles los
requisitos para la entrada y permanencia.
“Aunque las barreras a la migración internacional se
han endurecido en los principales destinos migratorios
extrarregionales, y en ocasiones en algunos intrarregionales,
esto no ha sido impedimento para que la migración continúe.
Muchas personas siguen migrando, pero con menos derechos
y en peores condiciones, tornándose una población altamente
vulnerable”, sostiene la CEPAL en su reciente informe
“Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y
caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional”.
Migrantes sin derechos
Durante la pasada década el flujo migratorio en la
región se aceleró, creciendo a un ritmo promedio anual de
3.5%, según la CEPAL, pero de igual manera aumentaron las
restricciones migratorias, xenofobia, discriminación y malos
tratos hacia los migrantes.
Pablo Ceriani, miembro del Comité de las Naciones
Unidas para la Protección de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, explicó que los prejuicios
contra los migrantes persisten en todas las sociedades de
la región, en las que existe “un estereotipo según el cual hay
una inmigración buena —europea y de fines del siglo XIX—
y una mala, que es contemporánea y latinoamericana”.
La discriminación “por portación de rostro” (aspecto
físico) es una de las más generalizadas. La sufren
principalmente los migrantes con rasgos indígenas y
los afrodescendientes bajo la creencia de que llegan a
quitarle trabajo a los locales, o que por el color de piel son
delincuentes, terroristas o narcotraficantes.
“Paradójicamente, se han ido reforzando los mecanismos
de control migratorio, lo cual es funcional en contextos de crisis”,
señaló Ceriani en una entrevista a la agencia argentina Télam.
La CEPAL calcula que de los 28.5 millones de
latinoamericanos y caribeños que viven fuera de sus países de
origen, 4.8 millones provienen de países vecinos.
La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) ha señalado una serie de aspectos que las autoridades
gubernamentales deben tomar en cuenta y que se dan
como resultado de los cambios en los procesos migratorios.
Entre ellos, señala los procesos migratorios desde los países
desarrollados a América del Sur; la relación entre cambio
climático y migraciones; la atención a la salud de los migrantes;
las vulnerabilidades y requerimientos específicos de la niñez
migrante; el vínculo entre violencia doméstica y migraciones;
la migración de pueblos indígenas; la persistencia de la
trata de personas y el tráfico de migrantes; el impacto de las
migraciones en el servicio doméstico y las redes de cuidado
y en fenómenos demográficos como el envejecimiento; la
integración social de los migrantes y la reinserción social y
productiva de los retornados.— NA
17
18
19
FECONACO
PERÚ
Monitor ambiental indígena registra pasivo por explotación petrolera en cuenca del río Corrientes.
“EL PETRÓLEO SÓLO SIRVE
PARA EL DESARROLLO DE
LAS GRANDES CIUDADES”
Comunidades indígenas afectadas por explotación petrolera reclaman
al Estado que asuma su responsabilidad.
Cecilia Remón desde Lima
L
as protestas en la localidad de Pichanaki,
en la selva central, el 10 de febrero contra la
presencia de la petrolera argentina Pluspetrol
y que dejaron como saldo una persona muerta
y decenas de heridos por impactos de bala, le pasaron
la factura al gobierno del presidente Ollanta Humala
que se vio obligado, una vez más, a relevar a cuatro
ministros, tres de los cuales estaban directamente
vinculados con el conflicto.
Los ministros destituidos son del Interior, Daniel
Urresti, responsable de la violenta represión policial
20
contra los manifestantes; Energía y Minas, Eleodoro
Mayorga, quien en la mesa de diálogo con pobladores
de Pichanaki anunció el retiro de la empresa de la
zona en conflicto, generando duras críticas del sector
empresarial que tiene gran influencia en el gobierno; y
de Justicia, Daniel Figallo, que acompañó a Mayorga en
las negociaciones. La cuarta relevada fue la ministra de
la Mujer, Carmen Omonte.
Aunque la presencia de Pluspetrol en Pichanaki
es de labores de exploración, la empresa tiene una
larga historia de mala práctica en los lugares donde
ha operado, particularmente en la región amazónica
de Loreto. Tras 15 años de explotación petrolera
del lote 1AB (ahora lote 192), ubicado entre los ríos
Pastaza, Corrientes y Tigre, cerca de la frontera con
Ecuador, Pluspetrol debe dejar la zona el próximo 31
de agosto sin que hasta el momento haya realizado la
remediación de 92 sitios impactados y sin intenciones
de pagar los más de US$13 millones por 12 multas
por infracciones ambientales y daños a la salud de la
población, impuestas por el Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA).
40 años de contaminación
La petrolera, fundada en 1976 en Argentina,
llegó al Perú en 1986. Actualmente controla los lotes
BRASIL
petroleros más estratégicos del país que producen el
40% del petróleo nacional y 95% del gas. Además del
lote 1AB, tiene en concesión el lote 8 entre los ríos
Corrientes y Marañón, cuyo contrato finaliza el 2025,
y opera en otros cinco: 115 (Loreto), 88 y 56 (gas de
Camisea, Cusco), 155 (Puno) y 108 (Cerro de Pasco y
Junín) donde está ubicada Pichanaki.
En las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre
y Marañón habitan comunidades indígenas amazónicas
quechuas, achuar, urarina, kichwa y kukama kukamiria,
representadas por cuatro federaciones que forman parte
de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP), la más importante organización
de los pueblos nativos amazónicos que agrupa a 57
federaciones y 1,250 comunidades indígenas.
SIGUE >
“Transgénicos destruyen la biodiversidad”
Mujeres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) destruyeron
miles de brotes de eucaliptos genéticamente modificados por el riesgo ambiental que
representan.
C
ientos de mujeres del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), armadas con
palos y cuchillos, ingresaron el 5 de marzo a una
planta de celulosa perteneciente a la empresa Suzano/
FuturaGene en el estado de São Paulo y destruyeron
miles de brotes de eucaliptos transgénicos cultivados en
un invernadero.
Al mismo tiempo, otras 300 mujeres del MST
ocuparon las oficinas del Comité Nacional de
Bioseguridad (CTNBio), en Brasilia, la capital. La instancia,
dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, iba a discutir ese mismo día la autorización
del cultivo de árboles transgénicos.
La acción formó parte de la Jornada Nacional de
Lucha de las Mujeres Rurales. En las paredes las mujeres
escribieron “transgénicos destruyen la biodiversidad” y
“mujeres en lucha”.
Atilana Brunetto, integrante de la dirección nacional
del MST, explicó que aunque las especies transgénicas
tienen una productividad un 20% superior a la tradicional,
se requiere un mayor uso de agua y pesticidas por cada
árbol plantado, lo que significa mayores riesgos para el
medio ambiente.
“Lo más importante es que llevamos el debate a la
sociedad”, dijo Brunetto.
Suzano/FuturaGene lamentó la destrucción de las
plantas y las investigaciones que se han desarrollado
durante 14 años.
“El producto es seguro para la sociedad y el medio
ambiente”, dijo José de Melo, gerente de operaciones de
Suzano/FuturaGene, en declaraciones recogidas por la
prensa. “Las pérdidas fueron bastante considerables y se
perdieron años de desarrollo tecnológico”.
El enfoque estratégico de la empresa es aumentar
la competitividad de la biomasa procedente de bosques
plantados con transgénicos principalmente para
abastecer de pulpa a la industria de papel, bio-energía,
y la demanda de biocombustibles. Eucaliptos y álamos
son las principales especies que desarrolla Suzano/
FuturaGene.
Miel en peligro
Para el MST, el aumento de la productividad por
la plantación de eucaliptos transgénicos afectará a la
producción nacional de miel, y traerá posibles problemas
ambientales y de salud.
Brasil es el décimo productor mundial de miel,
destinando 50% de su producción a la exportación.
“El polen de eucalipto transgénico tiene el gen
insertado artificialmente, esto significa que cualquier miel
producida en las colmenas de abejas que polinizan las flores
de eucalipto transgénico también está contaminada por el
organismo genéticamente modificado (OGM). La detección
de OGM en la miel puede generar daños socioeconómicos
a los apicultores, impidiéndoles etiquetar sus productos
como orgánicos o agroecológicos, aumentando el riesgo de
las barreras comerciales para la exportación del producto,
que puede representar importantes pérdidas económicas
para la industria”, señaló el MST, dijo en un comunicado
publicado el 2 de marzo.
El MST explicó, además, que otro de los efectos
de los OGM es la gran cantidad de pesticidas, como
sulfluramida, que estas plantas requieren. Este producto
químico se clasifica como uno de los más cancerígenos y
está prohibido en 152 países. Por último, el MST dijo que el
rápido crecimiento de esta especie, en cinco años en lugar
de siete, implicaría un mayor consumo de agua lo que daría
lugar a la desertificación de los suelos.
“Una vez más los intereses comerciales se sobreponen
a los intereses de los consumidores, la protección del
medio ambiente y la salud de la población”, precisó el
MST. “Por eso, nos manifestamos a favor del archivamiento
de la solicitud de liberación de la comercialización de
este organismo transgénico considerando los grandes
riesgos relacionados con las pérdidas económicas para la
apicultura, la contaminación genética y otros riesgos”.— NA
21
En 1971 el lote 1AB, que incluía territorios
indígenas, fue entregado a la estadunidense Occidental
Petroleum (OXY) que lo explotó hasta el 2000 cuando
lo cedió a la argentina Pluspetrol. El lote 8 quedó a
cargo de la empresa estatal Petroperú que en 1996 fue
asignado a Pluspetrol.
“La explotación petrolera en esta parte de la
Amazonia peruana se inició en 1971. Un oleoducto de
más de 16 km atraviesa el bosque y territorios indígenas
transportando cada día miles de barriles de petróleo.
Como se trata de una estructura con más de 40 años de
antigüedad, ya muestra la señal de los años: las tuberías
están muy deterioradas y las conexiones precarias. Si
en un tiempo los derrames de petróleo se producían en
las inmediaciones de los pozos de perforación, ahora
son cada vez más frecuentes y consistentes a lo largo
del oleoducto. Sólo en los últimos cinco años se han
documentado más de 100, de acuerdo con la Alianza
Arkana, organización internacional defensora de
los pueblos amazónicos”, relató Paolo Moiola, en un
artículo publicado por Noticias Aliadas en octubre del
2014.
Ya en el 2006, la Federación de Comunidades
Nativas del Río Corrientes (FECONACO) decidió
tomar dos pozos petroleros denunciando que Pluspetrol
lanzaba a las aguas del río Corrientes alrededor de 1.3
millones de barriles de aguas de producción (de 159
litros cada uno) que brotan junto con el petróleo, en
vez de reinyectarlas al pozo tal como lo establecen
los estándares internacionales. Estas aguas surgen a
temperaturas superiores a los 90º, son altamente salinas
y contienen hidrocarburos, cloruros y metales pesados,
como plomo, cadmio, bario, mercurio y arsénico, entre
otros.
Nueve años después, nada ha cambiado para los
pueblos indígenas de esa parte de la Amazonia peruana
y el temor de otras comunidades donde está presente
Pluspetrol a que les ocurra lo mismo, los ha llevado a
protestar, como sucedió en Pichanaki.
La estrategia de Pluspetrol para evitar pagar ha
sido apelar las multas y estancarlas con denuncias
ante el Poder Judicial. El informe 411-2014, elaborado
por OEFA en octubre del año pasado, dio cuenta de
la contaminación en las cuencas de los ríos Pastaza,
Corrientes y Tigre. De inmediato la empresa presentó
una “medida cautelar innovativa” ante la Corte Superior
de Loreto solicitando se suspenda la “eficacia jurídica”
del informe. El juez Alexander Rioja Bermúdez
concedió el pedido.
Para la elaboración de su informe, la OEFA
supervisó 92 sitios en dichas cuencas en la que
participaron monitores ambientales de las federaciones
indígenas. La OEFA advirtió que el contrato de
22
Pluspetrol finalizará en agosto del 2015 y que hasta ese
momento la empresa no había solicitado “a la autoridad
competente la aprobación de un instrumento de
gestión ambiental que le permita, previa aprobación
del certificador, realizar un retiro ordenado del lote así
como la remediación ambiental que correspondiera,
de acuerdo con las obligaciones ambientales asumidas
con la concesión”.
Pasivos ambientales sin remediar
Según Renato Pita, encargado de prensa de
FECONACO, “no se ha hecho ninguna labor de
remediación. Sólo identificación de pasivos por el
Ministerio del Ambiente (MINAM), cuya labor es sólo
de identificación no de remediación. Pluspetrol se va
en agosto y no se sabe quién asumirá la remediación”.
El dirigente achuar Carlos Sandi, presidente de
FECONACO, denunció ante la prensa extranjera que
“durante más de 40 años de explotación petrolera se
han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas
a la salud, educación, al territorio. Estamos exigiendo
que la empresa Pluspetrol asuma su responsabilidad.
Su práctica es que los pueblos indígenas no tenemos los
mismos derechos que ellos. Las comunidades exigimos
que si la empresa no asume su responsabilidad, sea el
Estado el que cumpla al haber otorgado los permisos
de explotación”.
“La población sigue consumiendo agua y alimentos
contaminados por la explotación petrolera”, agregó
Sandi. “Se trata de vidas humanas. No se puede permitir
este crimen. El Estado no se preocupa en invertir en
desarrollo de los pueblos indígenas. La población
presume que va a morir pronto porque no hay salida,
ni medicinas para curarnos de la contaminación por
metales pesados”.
Alfonso López, dirigente kukama de la cuenca del
río Marañón, resaltó que las comunidades indígenas
“no estamos en contra de una actividad que genera
ingresos al Estado. Pero si estamos en contra de una
actividad que nos está matando. Interesa explotar el
petróleo porque sirve para el desarrollo de las grandes
ciudades”.
“Hay responsabilidades que tienen que asumir
las empresas petroleras. Tienen que respetar la
institucionalidad indígena. Tienen que compensar por
el uso de suelo”, reclamó López. “Pluspetrol se niega a
reconocer que está en nuestros territorios. La empresa y
el Estado nos deben millones en compensación, pero eso
no va a salvar nuestras vidas”.
Uno de los casos más dramáticos fue la desaparición
de la laguna Shanshococha, un área de casi 3,000 m²
ubicada dentro del lote 1AB, en la cuenca del río Pastaza.
Tras la denuncia por las comunidades indígenas de la
zona, OEFA sancionó en noviembre del 2013 a Pluspetrol
con una multa de más de $6.6 millones “por la pérdida
irreparable” de la laguna, que afectó de manera definitiva
el ecosistema del lugar. Además de no informar a las
autoridades sobre la afectación de la laguna, la empresa
realizó el drenaje y remoción de suelos sin contar con el
instrumento oficial de gestión ambiental.
La resolución de la OEFA establecía que Pluspetrol
estaba obligada a implementar medidas de compensación
ambiental que consistían en “generar una nueva laguna o,
de ser el caso, potenciar o proteger un cuerpo de agua en
la zona de influencia del lugar afectado”. La petrolera apeló
la multa y a pesar de las evidencias, nunca admitió haber
destruido la laguna y tampoco cumplió con la remediación.
En un comunicado, responsabilizó a operaciones previas
a su presencia en la zona y que las labores de remediación
fueron supervisadas por las comunidades nativas y
monitores ambientales de la zona, además de amenazar
con tomar las “acciones legales correspondientes”.
A seis meses de su retiro del lote 1AB, Pluspetrol
no tiene ninguna intención de remediar el desastre
ambiental que ha dejado su presencia en la región
Loreto. Es más, considera que los suelos se recuperarán
“naturalmente”. q
PANAMÁ
Humedal recupera categoría de área
natural protegida
Gobierno aprueba ley que prohíbe cualquier actividad que afecte el flujo hidrológico de
los manglares.
E
n el marco de la celebración el 2 de febrero del Día
Mundial de los Humedales, el gobierno de Panamá
sancionó la Ley 39 que declara área protegida el
Humedal Bahía de Panamá que se encuentra en riesgo por
la construcción de proyectos inmobiliarios.
La norma restituyó la categoría de área natural protegida
a este humedal y lo reincorporó a la lista de la Convención
sobre Humedales de Ramsar, condición que había sido
suspendida en el 2012 por la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Juan Carlos Varela, quien asumió el 1 de julio
del 2014, aseguró que es prioridad de su gobierno “garantizar el
derecho al medio ambiente sano”y que la legislación“representa
el esfuerzo, la lucha y la convicción de una sociedad civil que se
organizó e impidió con argumentos científicos y legales, que se
destruyera parte de este sitio de importancia internacional”.
La ley prohíbe la caza y cualquier actividad que
afecte el flujo hidrológico de los manglares, establece
que la pesca sólo podrá ser artesanal y también quedan
prohibidos durante dos años los proyectos inmobiliarios
hasta que se elabore un plan de manejo.
Grupos ambientalistas, que por años denunciaron la
destrucción de los manglares en la Bahía de Panamá por la
construcción de canchas de golf, un hotel, parques industriales,
comercios y viviendas de lujo, saludaron la medida.
La Asociación Nacional para la Conservación de la
Naturaleza (ANCON) manifestó su satisfacción de que Panamá
“cuente con esta ley para proteger sus humedales” debido a la
cantidad de intereses que existen sobre esta área.
En este humedal se han registrado 295 especies
de plantas pertenecientes a 96 familias, además de ser
hábitat de peces, langostas, camarones y cangrejos.
Convenio de Ramsar
El Día Mundial de los Humedales fue instaurado en
1977 en conmemoración de la firma en Ramsar, Irán, de la
Convención sobre Humedales, conocida como Convenio
de Ramsar, el 2 de febrero de 1971. Actualmente, la lista
Ramsar incluye 2,186 sitios protegidos en 168 países que
cubren una superficie total de 208.5 millardos de hectáreas.
El Convenio de Ramsar define humedal como“extensiones
de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de
aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros”.
Los tipos de humedales incluidos en la lista son
áreas naturales de pastizales húmedos, turberas,
pantanos, marismas, lagos, ríos, estuarios, deltas, bajos
de marea, zonas marinas costeras, manglares, arrecifes
de coral, ojos de agua, y sitios artificiales como estanques
piscícolas, arrozales, embalses y salinas”.
El principal objetivo del convenio es “la conservación
y el uso racional de los humedales mediante acciones
locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación
internacional, como contribución al logro de un
desarrollo sostenible en todo el mundo”.
Su importancia radica en su gran diversidad
biológica, son reguladores del ciclo de agua y del clima,
generan recursos hídricos para el abastecimiento de
agua dulce y son refugio de vida silvestre.
Este año el Día Mundial de los Humedales se celebró
este año bajo el lema “Humedales para Nuestro Futuro”,
con lo que el Convenio de Ramsar buscó que se tome
conciencia sobre la necesidad de proteger los humedales.
“El futuro de la humanidad depende de los humedales.
Ellos purifican y reponen el agua, y proporcionan el pescado
y el arroz del que alimentan miles de millones. Los humedales
actúan como una esponja natural contra las inundaciones y la
sequía, y protegen nuestras costas de forma natural. Irrumpieron
con la biodiversidad, y son un medio vital de almacenar carbono.
Lamentablemente, estos beneficios no son ampliamente
conocidos, y a menudo visto como tierra baldía, algo que debe
drenarse, secarse, o reconvertirse para otros fines. Hasta la fecha,
el 64% de los humedales han desaparecido desde 1900”, alertó
la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.
En Panamá existen 39 humedales de los cuales
cinco tienen categoría de sitios Ramsar: la Bahía de
Panamá, el golfo de Montijo en Veraguas, San SandPond Sak en Bocas del Toro, Punta Patiño en Darién y
Damani Guariviara en la comarca Ngäbe Buglé.— NA
23
PERÚ
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
OXY COMPENSARÁ POR
CONTAMINACIÓN
Apus de comunidades indígenas amazónicas firman acuerdo con el gobierno que permitirá remediación ambiental y
proyectos de desarrollo social en zonas afectadas por la explotación petrolera.
Acuerdo extrajudicial sienta
precedente para actuación de
empresas petroleras frente a
comunidades indígenas y medio
ambiente.
Cecilia Remón desde Lima
L
as protestas de las comunidades indígenas
amazónicas por la contaminación y daños a
la salud que por décadas dejó la explotación
petrolera en sus territorios están logrando
resultados que los benefician..
El 5 de marzo, comunidades achuar anunciaron
haber llegado a un acuerdo extrajudicial con la petrolera
estadounidense Occidental Petroleum (OXY) que
operó en el Perú entre 1971 y el 2000 en el oriental
departamento de Loreto.
24
En conferencia de prensa, el abogado Marco
Simons, de la organización EarthRights International,
dedicada a presentar acciones legales contra autores
de abusos al medio ambiente, confirmó el acuerdo al
que arribaron cinco comunidades achuar de la cuenca
del río Corrientes —Antioquia, José Olaya, Nueva
Jerusalén, Pampa Hermosa y Sauki— con OXY a
través del cual la petrolera entregará fondos destinados
a proyectos de desarrollo y que serán gestionados por
el Fondo de Desarrollo del Alto Corrientes.
Simons precisó que el caso culminó “en un proceso
cerrado y confidencial”. La demanda se presentó en el
2007 en una corte de Los Ángeles, EEUU, donde está
la sede de la petrolera, alegando que OXY llevó a cabo
“prácticas irresponsables” que contaminaron las aguas
del río Corrientes y sus afluentes con el vertido de
residuos de petróleo y aguas de producción que surgen
de los pozos a temperaturas superiores a los 90º, que
son altamente salinas y contienen metales pesados.
Oxy obtuvo en 1971 la concesión del lote 1AB
(ahora lote 192), un área de 400,000 Ha ubicada entre
los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, cerca de la frontera
con Ecuador, que incluye territorios indígenas. Allí
perforó 150 pozos y construyó alrededor de 500 km de
caminos y ductos. Explotó el lote hasta el 2000 cuando
lo cedió a la argentina Pluspetrol.
En mayo del 2007, las cinco comunidades achuar,
con respaldo de EarthRights International, presentaron
la demanda contra Oxy señalando nueve delitos
tipificados por la legislación estadounidense: muerte
injustificada, lesiones y daños, negligencias punibles,
agresiones, alteración de la propiedad privada y orden
público, usurpación, fraude, mala representación y
violación del código de negocios.
El caso fue desestimado en el 2008, al determinar
el juez que se debía resolver en el Perú. Sin embargo,
los demandantes apelaron ante un tribunal en San
Francisco que les dio la razón y el caso continuó
ventilándose en EEUU. En el 2013, Oxy presentó un
recurso ante la Corte Suprema para retornar el caso al
Perú, pero su demanda no prosperó.
Simons señaló que este caso sienta “un precedente”
que será de gran importancia para futuros casos y para los
que ya están siendo procesados en tribunales de EEUU.
La responsabilidad de Pluspetrol
Pero no sólo es un precedente para casos llevados
por la justicia estadounidense, sino para el heredero de
OXY: Pluspetrol, que también tiene una larga historia
de mala práctica en los lugares donde ha operado,
particularmente el lote 1AB.
SIGUE >
PANAMÁ
Noticias Aliadas
Nuevamente suspendido proyecto hidroeléctrico
Mayor desconfianza ciudadana en la política tras elecciones regionales y locales.
L
a Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) anunció el 9 de
febrero la suspensión temporal del proyecto hidroeléctrico
Barro Blanco que se construye en la Comarca Ngäbe-Buglé,
territorio nativo semiautónomo en el occidente del país.
Mirei Endara, administradora de la ANAM, dijo que las
empresas constructoras Generadoras del Istmo (GENISA) e
Hidráulica San José no cuentan con un plan de protección de
sitios arqueológicos y tampoco han tomado medidas para
evitar la erosión y sedimentación.
Esta es la segunda vez que el proyecto es paralizado.
En marzo del 2012, tras masivas protestas que dejaron
dos personas muertas en enfrentamientos con las fuerzas
de seguridad, grupos indígenas y representantes del
gobierno panameño llegaron a un acuerdo para suspender
temporalmente el proyecto hasta que concluyera una
evaluación de su impacto ambiental y que todos los proyectos
futuros sean aprobados por el Congreso General Ngäbe-Buglé.
Aldo López, gerente general de GENISA, afirmó que el
proyecto está completado en 95% y que la empresa no había
recibido ninguna notificación respecto a incumplimientos de
los estudios de impacto ambiental.
“La empresa ha cumplido con estos compromisos hasta
donde lo han permitido las autoridades comarcales”, dijo
López. “Nosotros somos los que con mucho valor y entereza
decidimos hacer un diagnóstico rural participativo y se llegó a
la conclusión que sí se podía hacer el proyecto, se hicieron 45
consultas ciudadanas y unas 40 reuniones con el cacique y sus
asesores”.
Sin embargo, al concluir una visita oficial a Panamá, el
26 de julio del 2013, James Anaya, el entonces relator especial
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, emitió una declaración en la que señalaba:“Debería
haberse consultado adecuadamente al pueblo ngäbe antes del
otorgamiento de la concesión para el proyecto hidroeléctrico”.
Fuente de conflictos
Silvia Carrera, cacica general de la Comarca Ngäbe
Buglé, manifestó su satisfacción por la suspensión de la
obra señalando que “era requisito para poder sentarnos en
una mesa tripartita. Creo que ahora hay que hacer estudios
ambientales nuevos, porque en el gobierno anterior [el
ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014)] no hubo
voluntad. El gobierno actual, si no tiene nada que ver,
tomará la mejor decisión”, expresó, en referencia a la actual
gestión del presidente Juan Carlos Varela que asumió en
julio del 2014.
El sector empresarial también se pronunció sobre la
medida.
“Estamos a favor de que se cumpla la ley y en
contra de que se haya llegado al extremo de detener
la construcción de Barro Blanco”, dijo José Luis Ford,
presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y
Agricultura de Panamá (CCIAP). “Nos preocupa que
hayamos optado por la presión de unos pocos en
detrimento de los intereses de muchos”.
Humberto González, presidente de la Comisión
de Energía de la Asociación de Ejecutivos de Empresa
(APEDE), advirtió que “se está reduciendo la brecha entre
la demanda y la capacidad de abastecimiento energético.
Si esta obra no se concluye, tendremos que enfrentar
nuevos racionamientos”.
El proyecto Barro Blanco, con una inversión de
alrededor de US$130 millones, comenzó a construirse
en el 2008 sobre el río Tabasará, distrito de Tolé, a unos
400 km al oeste de Ciudad de Panamá, y debería entrar
en operaciones en julio próximo con una producción de
28.5 megavatios.
Desde sus inicios, la obra ha sido foco de conflicto
con las comunidades indígenas debido a que la represa
inundará 5.6 Ha de su territorio donde “se encuentran
ubicados un cementerio indígena, una iglesia y varios
petroglifos donde los residentes se reúnen para
celebrar rituales propios de su cultura”, precisó Gisela
Pérez-Polo, coordinadora de la Alianza Estratégica
Nacional (AEN), que agrupa a personalidades y
organizaciones de la sociedad civil. q
25
Dirigentes indígenas de las cuencas de los ríos
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón denunciaron
el 5 de febrero ante la prensa extranjera que “durante
más de 40 años de explotación petrolera se han
vulnerado los derechos de los pueblos indígenas a la
salud, educación, al territorio. Estamos exigiendo que
la empresa Pluspetrol asuma su responsabilidad. Su
práctica es que los pueblos indígenas no tenemos los
mismos derechos que ellos. Las comunidades exigimos
que si la empresa no asume su responsabilidad, sea el
Estado el que cumpla al haber otorgado los permisos
de explotación”.
Pluspetrol siempre ha responsabilizado a OXY por
los pasivos ambientales en la zona y nunca ha asumido
su propia responsabilidad en la contaminación.
Su contrato de concesión vence el próximo 31 de
agosto sin que hasta el momento haya realizado la
remediación de casi un centenar de sitios impactados
y sin intenciones de pagar los más de US$13 millones
por 12 multas por infracciones ambientales y daños a la
salud de la población, impuestas por el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Pero al parecer esta situación estaría en proceso de cambiar.
El presidente Ollanta Humala aseguró el 2 de
marzo ante corresponsales extranjeros que Pluspetrol
tendrá que hacer “la remediación de lo que corresponde
a su gestión y que está en los contratos que firmó”.
El 10 de marzo, la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) emitió un comunicado informando
que el gobierno y las comunidades nativas de las
cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y
Marañón afectadas por la explotación petrolera en el
lote 1AB a cargo de Pluspetrol, arribaron a un acuerdo
que incluye la creación de un fondo de 50 millones de
soles ($16.1 millones) para la remediación ambiental
de sitios impactados por hidrocarburos. La PCM
también se comprometió a invertir otros 50 millones
de soles en proyectos sociales “a fin de garantizar la vida,
la salud y el desarrollo sostenible de estas poblaciones”.
La PCM anunció además que “el Estado
garantizará la remediación ambiental en el lote 1AB,
para lo cual se exigirá el cumplimiento de un Plan de
Abandono al operador responsable que considerará los
sitios contaminados en el lote 1AB identificados por la
OEFA, así como los hallazgos determinados y otros
que resulten pertinentes, entre otros”. q
URUGUAY
Terratenientes pagarán impuestos
Presidente electo Tabaré Vázquez anuncia restablecimiento de tributo a productores rurales.
P
roductores rurales que cultivan más 200 Ha
de tierras pagarán impuestos que permitirán
financiar el sistema educativo. Sin embargo, la
agroindustria está protestando contra esos planes.
Simultáneamente con la toma de posesión de
Tabaré Vázquez el 1 de marzo, el Ejecutivo presentará
una nueva ley al Parlamento con mayoría del partido
oficialista, el Frente Amplio, que restablece el pago
de impuestos a grandes terratenientes. En el 2002,
el gobierno del expresidente Jorge Luis Batlle (20002005) suspendió el llamado “impuesto de primaria”
—que grava todas las propiedades inmuebles
urbanas y suburbanas— debido a la crisis económica
en Argentina que afectó el sector agroindustrial
uruguayo. Lo recaudado servirá para financiar la
alimentación de aproximadamente 250,000 niños,
además del transporte para personas con discapacidad
y el mantenimiento a las escuelas públicas. El tema fue
parte de las promesas electorales de Vázquez.
“El futuro del país lo tenemos que hacer entre
todos con distribución justa de la riqueza y con
imposición adecuada, para que pague más el que tiene
más y pague menos el que tiene menos”, dijo Vázquez
durante su campaña.
Sistema tributario más eficiente
Para Carlos María Uriarte, presidente de
la Federación Rural del Uruguay, que agrupa a
productores agrícolas, el tributo incrementará la
26
discordia entre los uruguayos. Señala, además, que
Batlle sólo reemplazó el impuesto de primaria por otro
a la venta de los commodities agrícolas.
Pero Vázquez considera que “el impuesto para
las escuelas públicas lo paguen todos los uruguayos
y también los poderosos estancieros que hoy no lo
pagan”.
Luego de asumir la presidencia por segunda vez,
Vázquez —quien gobernó entre el 2005 y el 2010—
continuará con su trabajo de asegurar un sistema
tributario más eficiente que permita una distribución
más equitativa. De hecho, en el 2007 el sistema
experimentó un cambio importante que recibió la
aprobación internacional.
El periodista económico alemán Alexander Busch,
en un artículo publicado el 15 de febrero del 2012
por la revista Wirtschaftwoche, precisó que ese año
“se estableció una autoridad tributaria moderna, se
eliminaron 28 impuestos marginales. Se elevaron los
impuestos a la renta y a los dividendos, que aumentó
especialmente las obligaciones para el 10% más rico
que hasta ese momento no había tenido que pagar
ningún tributo”.
La tierra para la agricultura en Uruguay tiene gran
demanda y es considerada la mejor del mundo, según
una encuesta realizada en el 2001 por la Universidad de
Wisconsin sobre tierras para uso agrícola. Además, las
buenas condiciones políticas y económicas que experimenta
Uruguay atraen a un mayor número de inversionistas.— NA
No es suficiente
En conferencia de prensa, tras la firma del acuerdo,
los apus (líderes) de las comunidades indígenas
amazónicas que participaron en las negociaciones con la
PCM señalaron que “no basta con curar lo dañado, sino
prevenir el futuro”.
“El gobierno dio un primer paso para restaurar
las relaciones entre las comunidades indígenas de la
Amazonia y el Estado peruano”, dijo el apu Alfonso
López, dirigente kukama de la cuenca del Marañón.
“Ahora toca poner en realidad esta acta. Estos 50
millones de soles serán la semilla, para la remediación,
que también permitirá la recepción de más fondos
para los estudios epidemiológicos, toxicológicos y la
implementación de agua potable para un total de 115
comunidades, que se beneficiarán con educación, salud,
y proyectos de desarrollo comunitario”.
Otro tema pendiente, indicaron los apus, es la
valoración de sus territorios.
“Nosotros hemos expresado nuestra visión de lo
que significan nuestros territorios como una integralidad
(un todo), pero los técnicos de la PCM no han querido
aceptar esa visión sino más bien separarla, por eso
hemos quedado en seguir discutiendo este tema que
aún no ha llegado a consenso”, dijo López. “Es necesario
mantenernos vigilantes como pueblos indígenas porque
de no cumplirse este acuerdo, son los ancianos, jóvenes,
mujeres y niños de las comunidades que se levantarán
para hacer escuchar esa voz enmudecida por el tiempo
de abandono por parte de los gobiernos”.q
ARGENTINA
Especulación inmobiliaria estaría detrás de
incendio forestal
Más de 34,000 Ha arrasadas por el peor incendio registrado en la historia del país.
B
osques milenarios fueron destruidos por un
incendio en la Patagonia, en el sur del país, entre el
15 de febrero y el 6 de marzo. Según informaciones
periodísticas, el siniestro se habría iniciado con la caída
de un rayo en los alrededores del lago Cholila, en la
provincia de Chubut, cerca de la frontera con Chile.
La zona, que tiene importantes atractivos turísticos,
se verá afectada por el humo y el polvo que perjudicará
la calidad del aire y la salud, según expertos. Además, el
siniestro devastó extensas áreas de pastoreo.
Bosques de cipreses, ñires, lengas, coihues,
cañas colihue y alerces fueron arrasados y la fauna
autóctona, como los pudúes (venados) y huemules
(ciervos andinos) que se encuentran en peligro de
extinción, también desapareció o tuvo que migrar.
Según un informe de la bióloga Silvia Oturbay,
publicado por el informativo Cholila Online, “además de
las pérdidas económicas y los problemas sociales, el fuego
provoca daños ecológicos al suelo, a la vida silvestre y la
vegetación y hasta el clima mismo”.
“Cambian los regímenes de vientos, la disponibilidad
de oxígeno, disminuyen la humedad ambiental y la
evotranspiración, aumentan la temperatura ambiental, la
radiación solar, la luminosidad y el efecto invernadero al
aumentar el aporte de CO2 a la atmósfera”, precisó.
La llegada de las lluvias a partir de abril abre otros
escenarios igualmente dramáticos.
“Al haber desaparecido la cubierta vegetal
protectora del suelo y quemado las raíces de los árboles
que actúan como barrera natural que retienen el
agua en los bosques maduros de lenga, coihue, ñires,
con la llegada de las lluvias aumentará la erosión y la
pérdida del suelo fértil junto con los microorganismos
productores de suelo en un proceso que va a conducir
a su empobrecimiento o pérdida completa, y en algunos
sitios a la desertificación, al reducir la posibilidad de
retención de agua en las áreas quemadas, conduciendo
a una aridez climática”, señaló Oturbay.
Incendio intencional
Según el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, los
incendios fueron intencionales y responsabilizó a la
“especulación inmobiliaria”.
“No hay ninguna duda de que varios de estos incendios
son intencionales y están vinculados al negocio inmobiliario”,
declaró a la prensa. “Porque los propietarios de tierras quieren
lotear para construir, y como no lo pueden hacer porque los
árboles son patrimonio del Estado, los hacen desaparecer”.
“Este negocio tiene que ver con históricos pobladores
a los que el Estado les otorgó la tenencia precaria de la tierra
porque hace 60 años están viviendo en el lugar, y el Estado les
ha otorgado el derecho de pastoreo a precio muy bajo, a 2 pesos
[US$0.23]. Ese poblador histórico termina vendiendo la tierra
a un argentino vivo [que aprovecha las circunstancias], no a 2
pesos sino a 4 pesos. Ese argentino se la vende a otro argentino
o extranjero con plata a $60,000 o $100,000 la hectárea”, dijo.
El senador Mario Jorge Cimadevilla aseguró que en
Cholila, donde viven unas 2,500 personas, incluyendo
propietarios de grandes extensiones de bosques, “se
vendieron hectáreas a menos de 10 pesos y ahora las
transacciones superan los miles de dólares. Y como hay gente
que se niega a vender, les prenden fuego a los terrenos para
doblegarlos”.
El jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández,
también consideró que el fuego fue intencional.
“Es un terreno que tiene determinadas dimensiones
y está muy bien ubicado, y que tiene determinada
arboleda que no vale nada para el titular de ese terreno
porque no puede hacer uso de ellos más que [esperar a]
la negociación. Una vez que esos árboles no existen más,
pasan a ser terrenos pasibles de ser vendidos”.
Para Oturbay, “es prioritario delinear un plan de
restauración tras el fuego” que incluya la protección del suelo.
Para la próxima época de lluvias “se prevé una fuerte
erosión y escorrentía con el riesgo inminente de inundaciones,
erosión acelerada y sedimentación. Hay que restaurar donde sea
necesario y viable, pero hay que hacerlo urgente”, indicó. — NA
27
EL SALVADOR
Dionisio Arístides Umanzor (alias El Sirra) y Carlos Tiberio Ramírez (alias Snyder), cabecillas
de la Mara Salvatrucha, purgan penas por homicidio en la cárcel de Ciudad Barrios, en el
oriental departamento de San Miguel.
TOMÁS ANDRÉU
Multimillonario plan para frenar
violencia
Iniciativa está
dirigida a la
prevención
del delito y se
implementará en
municipios más
violentos.
Edgardo Ayala desde San Salvador
E
l gobierno de El Salvador ha comenzado a
buscar los recursos financieros para costear
un ambicioso plan de US$2 millardos con
el que pretende atajar los altos niveles de
delincuencia que vive el país, sobre todo la generada
por las pandillas, principal dolor de cabeza de las
autoridades.
Pero obtener los fondos para poner en marcha el
plan es un reto grande para este país de 6.2 millones de
habitantes, que ya en el pasado ha elaborado proyectos
similares para enfrentar el crimen, como en el 2007, y
que no se ejecutaron precisamente por falta de recursos.
“Ya hemos tenido esfuerzos parecidos, pero
el problema es que no se consiguió el dinero”, dijo
recientemente en un foro televisivo, José María
Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA) y miembro del Consejo
Nacional de Seguridad y Convivencia (CNSCC).
El 15 de enero, el CNSCC entregó al presidente
Salvador Sánchez Cerén un informe con las 124
medidas prioritarias que el gobierno debería poner en
marcha para reducir el crimen en el país. El CNSCC
fue lanzado en setiembre del 2014 por el gobierno
de Sánchez Cerén, del izquierdista Frente Farabundo
28
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), para
abordar el problema de la inseguridad, considerado
por la ciudadanía como el principal problema del país,
de acuerdo con varios sondeos de opinión.
Sánchez Cerén es un excomandante guerrillero
quien asumió la presidencia el 1 de junio del 2014,
El Consejo Nacional
de Seguridad y Convivencia
fue lanzado en setiembre
del 2014 por el gobierno de
Sánchez Cerén, del izquierdista
Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN),
para abordar el problema de
la inseguridad, considerado
por la ciudadanía como el
principal problema del país.
sumando a su partido un segundo periodo de cinco
años en el poder.
El CNSCC está integrado por funcionarios de
gobierno, representantes de organizaciones de la
sociedad civil y de la cooperación internacional. La
coordinación técnica está a cargo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El fracaso de la política de “mano dura”
Por más de dos décadas, desde que el país finalizó
una cruenta guerra civil (1980-1992) que dejó más de
70,000 muertos, los salvadoreños han sufrido el embate
de una criminalidad desbordante, al igual que sus vecinos
Guatemala y Honduras.
Esa criminalidad no fue detenida por las políticas de
“mano dura”, impulsadas en el país por los gobiernos de
derecha de la posguerra.
El Salvador es uno de los países más violentos del
mundo. Cerró el 2014 con 3,912 asesinatos, un incremento
de 57% en relación al año anterior, y con lo cual alcanza 63
homicidios por cada 100,000 habitantes. A nivel mundial,
notas breves
• La Iglesia Católica latinoamericana denunció el 20 de
marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) la “expansión acelerada” e “irracional” de las actividades
extractivas que afectan el medio ambiente y las poblaciones
en América Latina. En representación del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), Mons. Álvaro Ramazzini, obispo de
Huehuetenango, Guatemala, afirmó que en numerosos casos las
empresas extractivas multinacionales “no respetan los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades
locales. La preservación de la naturaleza se subordina al desarrollo
económico; la calidad de vida, tanto de las personas, como de los
animales y las plantas, se sacrifica por la contaminación producida
por las explotaciones mineras y de hidrocarburos”.
• Cientos de personas protestaron el 21 de marzo en
Osorno, Chile, durante la ceremonia de asunción del obispo
Juan Barros, a quien acusan de haber ocultado y permitido los
abusos sexuales a púberes y adolescentes cometidos por el
exsacerdote Fernando Karadima durante las décadas de 1980
y 1990 en ese país. Karadima fue suspendido de por vida por el
Vaticano en el 2011 por cargos de efebofilia. Víctimas de abusos
sexuales cometidos por religiosos católicos en Argentina,
Chile, México, Perú y República Dominicana, conformaron
en febrero la red de colaboración “Unidos” para luchar contra la
política de encubrimiento de la jerarquía católica latinoamericana
hacia los abusos sexuales y llevar a la justicia a los responsables y
encubridores de esos delitos.
• La Federación de Periodistas de América Latina (FEPALC)
y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) manifestaron
su repudio por el asesinato de periodistas en Guatemala y
Honduras en un comunicado publicado el 19 de marzo. Entre
enero y marzo del 2015, seis periodistas han sido víctimas de
atentados contra sus vidas, tres en cada uno de esos dos países.
En toda la región de América Central “coexisten sectores de
poder político y del crimen organizado que, por separado o en
la tasa promedio de homicidios es de 6.2 por cada 100,000
habitantes, según el Informe Global de Homicidios 2013,
de las Naciones Unidas, publicado en abril del 2014. En
América Latina el promedio es de 29 por cada 100,000.
El monto estimado para implementar el plan de
seguridad es de $2 millardos durante cinco años, a
un promedio de $400 millones anuales. La cifra total
corresponde al 1.7% del producto interno bruto del país,
y está previsto que el 74% de los recursos se destinen a la
prevención del delito.
En principio, el financiamiento del plan provendrá
del Presupuesto General de la Nación, préstamos
internacionales en proceso de aprobación por el Congreso,
aportes privados y la cooperación internacional.
Roberto Valent, representante residente del PNUD
en el país, dijo a la prensa local que el aporte de la
cooperación internacional podría rondar los $70 millones
anuales, mientras que el gobierno confirmó que está en
negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para afianzar un préstamo de $200 millones para
arrancar.
SIGUE >
comunión, atentan contra los periodistas que desnudan actos
de corrupción y denuncian responsabilidades, amparados en la
mayoría de los casos por un sistema judicial que no avanza sobre
las investigaciones (en todos los países hay una tasa de impunidad
superior al 95%) o que desliga la profesión periodística como
móvil de los crímenes”, señala el comunicado..
• Puerto Rico reconocerá las uniones entre personas del
mismo sexo contraídas en otros estados de EEUU, anunció
el 20 de marzo el secretario de Justicia César Miranda. Sin
embargo, la realización de matrimonios en la isla todavía no está
permitida. Miranda explicó que el gobierno puertorriqueño no
impugnaría ante una corte federal las demandas de cinco parejas
homosexuales que exigían que sus uniones fueran reconocidas
en Puerto Rico, estado libre asociado de EEUU. “El Estado no
puede propiciar la discriminación”, dijo Miranda, agregando que
su gobierno no defenderá la constitucionalidad de un artículo del
Código Civil puertorriqueño que limita el matrimonio a la unión
entre un hombre y una mujer. La decisión de permitir las bodas
homosexuales en todo el territorio estadounidense será tomada
por la Corte Suprema a fines de abril. Más de la mitad de los
estados de EEUU han aprobado los matrimonios homosexuales.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
celebró la decisión de Surinam, adoptada el 3 de marzo, de
abolir la pena de muerte. La eliminación de la pena de muerte
del Código Penal surinamés “representa una oportunidad para
que los países del Caribe den un paso adelante hacia la garantía
de los derechos humanos en la región”, señaló la CIDH. En varias
naciones del continente la pena de muerte está vigente en sus
legislaciones, por lo cual la CIDH invocó a “avanzar en la reforma
legislativa en esos países a fin de abolir esa pena en toda la región
o, en su defecto, a imponer una moratoria en su aplicación”.
Igualmente recomendó ratificar el Protocolo de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la
Pena de Muerte a aquellas naciones que no lo hayan hecho.
29
Entre las principales medidas están la intervención
del Estado en 50 municipios considerados más violentos,
llevando proyectos educativos, de salud y empleo. Allí
se pretenden invertir en los próximos cinco años $500
millones para crear 250,000 puestos de trabajo a jóvenes.
Otros $250 millones se destinarán a la creación de espacios
deportivos, culturales y recreativos, necesarios para sacar a
los jóvenes de los círculos de violencia.
También hay propuestas concretas para aprobar
nuevas leyes para frenar el delito, como la de prohibir que
las compañías telefónicas mantengan activos teléfonos que
hayan sido robados, pues la mayoría de extorsiones —uno
de los delitos más comunes en el país— se realizan desde
teléfonos robados.
Nueva tregua entre pandillas
“Yo sigo esperando una estrategia que dé mejores
resultados que los que obtuvimos nosotros con el proceso
de tregua entre pandillas. Si no es eso, entonces habría
rugido la montaña y parido un ratoncito [pese a las grandes
expectativas creadas se obtendría un magro resultado]”, dijo
a Noticias Aliadas Raúl Mijango, que en marzo del 2012
medió para que las dos principales pandillas del país, MS13 y Barrio 18, alcanzaran una tregua.
Ese pacto, que duró un poco más de un año, bajó
dramáticamente los homicidios en el país, de un promedio
de 70 por cada 100,000 habitantes a 40 por cada 100,000.
Pero el acuerdo entre esas estructuras delictivas de
no agredirse mutuamente fue duramente criticado por
buena parte de la sociedad, que ve diariamente cómo los
pandilleros asesinan y extorsionan al ciudadano de a pie.
Entre las principales medidas
están la intervención del
Estado en 50 municipios
considerados más violentos,
llevando proyectos
educativos, de salud y
empleo. Allí se pretenden
invertir en los próximos cinco
años $500 millones para
crear 250,000 puestos de
trabajo a jóvenes.
30
“Yo sigo esperando
una estrategia que dé
mejores resultados que los
que obtuvimos nosotros con
el proceso de tregua entre
pandillas. Si no es eso, entonces
habría rugido la montaña
y parido un ratoncito [pese
a las grandes expectativas
creadas se obtendría un magro
resultado]”.
— RAÚL MIJANGO
Se calcula que unos 60,000 jóvenes integran las
pandillas salvadoreñas, también conocidas como
maras, cuyo origen se puede rastrear en los inmigrantes
centroamericanos que se asentaron en EEUU huyendo de
los conflictos armados que golpearon la región en la década
de los 80 y que, deportados a sus países de origen, trajeron
consigo la cultura pandilleril que desarrollaron en ese país.
El pasado 17 de enero, dirigentes de las principales
pandillas del país hicieron circular un comunicado en el
que nuevamente se comprometían a no agredirse en el
marco de otra tregua, y aunque los homicidios bajaron
sustancialmente en los días posteriores, nuevamente se
incrementaron en las semanas siguientes.
“Estamos impulsando a nivel nacional un gesto
unilateral de buena voluntad, que busca contribuir en la
reducción de la violencia”, señaló el comunicado suscrito,
además de MS-13 y Barrio 18, por las maras Mao-Mao, La
Máquina y La Mirada Locos.
Por su parte, el gobierno y el CNSCC han cerrado filas
en no negociar con las pandillas, bajo el argumento de que
son estructuras criminales que deben ser perseguidas por el
Estado.
“Es positivo que no se cometan crímenes [en el
marco de una tregua], pero la persecución debe seguir
funcionando”, señaló a Noticias Aliadas el procurador para
la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales. “No
podernos estarnos confiando en los acuerdos que puedan
tener esos grupos delictivos entre sí”.
Sin embargo, a finales de enero se percibió un poco más
de apertura al respecto, ya que varios de los miembros del
CNSCC señalaron que no se podía negociar con pandillas,
pero sí dialogar. Por lo pronto, representantes de la Iglesia
Luterana se reunieron con dirigentes de pandillas presos,
dando los primeros pasos a algún tipo de acercamiento,
según confirmó la prensa local. q
ORSETTA BELLANI
MÉXICO
En diciembre del 2014, simpatizantes zapatistas de Bachajón tomaron la caseta de cobro para el acceso a las cascadas de Agua
Azul.
LA DISPUTA POR AGUA AZUL
Desarrollo de turismo de lujo e
infraestructura detrás de conflictos
con ejidos en Chiapas.
Orsetta Bellani desde Chiapas
D
esde sus vehículos los turistas observaban
con asombro a los indígenas tzeltales
encapuchados que se encontraban
sentados al borde de la carretera que
lleva a las cascadas de Agua Azul. Sus machetes y
pasamontañas chocaban con la imagen del tranquilo
paraíso terrenal promovida por el gobierno del estado
de Chiapas.
Los simpatizantes del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) en San Sebastián
Bachajón cobraban el peaje y repartían volantes entre
los turistas. En un comunicado explicaban la decisión
de haber retomado el 21 de diciembre del 2014 el
control de la porción de su ejido donde se encuentra la
caseta de cobro para el acceso al balneario.
“El
comisariado
ejidal
[funcionario
administrativo] Alejandro Moreno Gómez no brinda
información sobre el dinero que viene del pago de la
entrada, ni del banco de grava. Queremos nombrar a
otra persona que sepa administrar los recursos que son
de nosotros, los ejidatarios”, explicó a Noticias Aliadas
un integrante del ejido.
El pasado 9 de enero, los campesinos fueron
desalojados por orden del gobierno y luego, mientras
bloqueaban la carretera, fueron atacados por agentes
de la Policía Estatal que les dispararon durante unos 20
minutos. Dos personas resultaron heridas.
En un nuevo intento por amedrentarlos, el 21
de marzo unos 600 efectivos de las fuerzas públicas,
que según los ejidatarios respondían a las órdenes de
Moreno Gómez, incendiaron la sede regional que los
adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
del EZLN (2005) —pronunciamiento en contra del
capitalismo que “todo lo convierte en mercancías, hace
31
“Nuevamente se demuestra
la política de muerte y
corrupción del mal gobierno,
su desprecio por el pueblo y
los derechos humanos, porque
le gana su ambición sobre
nuestro territorio para
despojar la tierra, el agua y
todo lo que existe en nuestro
territorio para ganar dinero
como si fuera mercancía”.
— POBLADORES DE SAN SEBASTIÁN
BACHAJÓN
mercancías a las personas, a la naturaleza, a la cultura,
a la historia, a la conciencia”— de San Sebastián
Bachajón construyeron en proximidad de las cascadas.
“Nuevamente se demuestra la política de muerte y
corrupción del mal gobierno, su desprecio por el pueblo
y los derechos humanos, porque le gana su ambición
sobre nuestro territorio para despojar la tierra, el agua
y todo lo que existe en nuestro territorio para ganar
dinero como si fuera mercancía”, denunciaron los
pobladores.
Ataques contra ejidatarios
Pocos turistas saben que Agua Azul, donde
se encuentran unas hermosas cascadas de
agua turquesa hundidas en una vegetación
salvaje, es uno de los lugares más conflictivos
de Chiapas. En el 2008 las consultoras de
turismo estadounidenses EDSA y Norton
Consulting recomendaron a las autoridades
gubernamentales asegurar que los visitantes se
sientan seguros y protegidos en la región.
“El movimiento zapatista todavía está
fuertemente asociado a Chiapas”, escribieron
las consultoras en su documento sobre la
estrategia de desarrollo para la construcción
de un hotel de lujo en el lugar. “Chiapas es aún
considerada insegura por muchos que no están
familiarizados con la región”.
Tres años después, el 2 febrero del 2011,
17 turistas que se encontraban en Agua Azul
32
tuvieron que salir del balneario por vía aérea.
Aquel día un grupo de choque oficialista
atacó a los simpatizantes zapatistas que
estaban administrando la caseta de cobro.
Posteriormente se generó un enfrentamiento
que causó la muerte de un integrante del grupo
de choque, Marcos Moreno García, mientras que
117 simpatizantes zapatistas fueron detenidos
por policías estatales y federales, apoyados por
efectivos del Ejército.
“No tenemos problemas con los dueños de
los restaurantes que están en el balneario, allá es
Municipio de Tumbalá. Pero aquí donde está la
caseta de cobro es nuestro territorio, y el dinero
nos corresponde”, argumentó a Noticias Aliadas
en junio del 2012 Juan Vázquez Guzmán, líder
de los adherentes a la Sexta Declaración.
Menos de un año después Vázquez Guzmán,
que tenía 32 años y dos niños, fue asesinado
en la puerta de su hogar con seis disparos. Un
destino parecido tocó a su compañero Juan
Carlos Gómez Silvano, ejecutado con 20 balas
en una emboscada, el 21 de marzo del 2014.
A los seis meses de la muerte de Gómez
Silvano, tres ejidatarios de Bachajón fueron
detenidos y torturados por la acusación de
tentativa de homicidio de un uniformado, basada
sólo en el testimonio de policías. “Su detención
fue una venganza por haber pedido justicia por
nuestro compañero Juan Carlos”, denunció en
“No tenemos
problemas con los dueños
de los restaurantes que
están en el balneario, allá
es Municipio de Tumbalá.
Pero aquí donde está la
caseta de cobro es nuestro
territorio, y el dinero nos
corresponde”.
— JUAN VÁZQUEZ GUZMÁN
rueda de prensa en setiembre del 2014 Domingo
Pérez, portavoz de los simpatizantes zapatistas
de San Sebastián Bachajón.
Lo que se disputa en Agua Azul es más que
el control del dinero por el ingreso al balneario.
Desde el 2000, el gobierno planea construir un
parque temático en las orillas de las cascadas,
que formaría parte del Centro Integralmente
Planeado (CIP) Palenque-Cascadas de Agua
Azul, una red de infraestructura contemplada
en el Proyecto Mesoamérica —nombre que
adoptó el antiguo Plan Puebla Panamá y que
promueve la integración y el desarrollo regional,
coordinando esfuerzos y acciones de los nueve
estados que integran la región Sur Sureste de
México, los siete países de Centroamérica,
Colombia y República Dominicana— que el
gobierno espera transforme Chiapas en una
nueva Cancún.
Chiapas, ¿la nueva Cancún?
Según la ex senadora estatal del gobernante
Partido Revolucionario Institucional (PRI) María
Elena Orantes López, el CIP generaría ingresos por
US$6.8 millardos al año. Se crearían 30,000 empleos
en beneficio de las comunidades indígenas de la zona,
pero que “no participarán en puestos gerenciales, sino
con su mano de obra”, según precisó en el 2008 el
exsecretario de Turismo de Chiapas, Roberto Albores
Gleason.
Las consultoras Norton Consulting y EDSA
recomendaron al anterior gobernador de Chiapas
Juan Sabines Guerrero —que culminó su mandato en
el 2012— resolver, antes de atraer las inversiones, la
adquisición de los terrenos colindantes a las cascadas.
Ya se completó la construcción de la nueva red eléctrica
que dará soporte al proyecto, prevista en el Programa
Institucional de la Secretaría de Turismo de Chiapas
2007-2012, que además contemplaba la reubicación
de las comunidades indígenas en seis municipios de la
zona, a lo que se oponen las bases de apoyo del EZLN
y de sus simpatizantes.
El CIP contempla también otros proyectos, como
la construcción de un nuevo aeropuerto internacional
en la ciudad de Palenque, que fue inaugurado en febrero
del 2014, y de una súper carretera entre esta antigua
urbe maya y San Cristóbal de Las Casas. El gobierno
asegura que la autopista, de 169 km, beneficiaría a
todas las comunidades de los alrededores, aunque
buena parte de la población está en contra por los
daños ambientales que significaría, y por considerar
que la verdadera finalidad de la obra es acelerar el
despojo de los recursos de Chiapas.
“El gobierno no
quiere proporcionar la
información adecuada a
las comunidades para que
desconozcan la magnitud
de las afectaciones, no
brinda detalles porque sabe
que va a tener una oposición
social muy fuerte”.
— RICARDO LAGUNES
En el 2009 el gobierno se vio obligado a suspender
el plan de construcción de la carretera a raíz de la
oposición popular, en particular de la comunidad de
Mitzitón, que fue víctima de la violencia del grupo
paramilitar Ejército de Dios. Después de cinco años,
en el 2014, aparecieron técnicos haciendo mediciones
en los terrenos que se encuentran en el supuesto trazo
de la carretera, y los pobladores fueron convocados a
reuniones con funcionarios públicos sobre el tema de
la autopista. Sin embargo, los proyectos de la autopista
y del parque temático en Agua Azul son un enigma,
aparecen y desaparecen de los documentos oficiales.
“El gobierno no quiere proporcionar la
información adecuada a las comunidades para que
desconozcan la magnitud de las afectaciones, no brinda
detalles porque sabe que va a tener una oposición
social muy fuerte”, explica a Noticias Aliadas Ricardo
Lagunes, abogado de los ejidatarios de San Sebastián
Bachajón.
Luego que en enero pasado los ejidatarios
de Mitzitón, siguiendo el ejemplo del ejido Los
Llanos (Municipio de San Cristóbal de Las Casas),
interpusieron un amparo jurídico para evitar la
construcción de la autopista, las autoridades negaron
la intención de hacerlo. Sin embargo, el Programa
Nacional de Infraestructura 2014-2018 estima una
inversión de 10 millardos de pesos ($644 millones)
para la construcción de la autopista entre San Cristóbal
de Las Casas y Palenque, y 1.2 millardos de pesos ($82
millones) para “proyectos de apoyo al CIP”. q
33
AMÉRICA LATINA
ANIMAL POLÍTICO
CIUDADANOS CON PODER:
INTERNET COMO FUERZA
DE LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES
El poder de las redes sociales y el Internet ha permitido que casos como el de Ayotzinapa se viralicen
Esther Vargas*
L
os periodistas y medios de comunicación se
han enfrentado como nunca a algo que no
estaba en sus planes: el poder ciudadano para
generar información que antes era patrimonio
de las organizaciones de noticias. Si bien muchos
expertos dicen que hablar de periodismo ciudadano
es como cambiar al médico por el curandero, lo cierto
es que los ciudadanos se han convertido en voceros
de sus propios problemas, en demandantes directos
ante la sociedad de lo que les afecta o complace, y en
no pocos casos están trabajando en grupos creados por
periodistas, es decir, se convierten en colaboradores o
aliados de los periodistas.
Al margen de si deberíamos llamarlos ‘periodistas
ciudadanos’ o no, estos ciudadanos que pueden ser
activistas en la mayoría de casos, han cambiado las reglas
del periodismo en un mundo cada día más globalizado,
donde el poder de informar ya no radica en el medio
más importante del Perú, Brasil, México o cualquier
país de América Latina y el mundo en general.
Los nuevos medios
El periodismo se ha convertido en un escenario
rico de experiencias. Los llamados nuevos medios
*Periodista peruana con 20 años de experiencia. Actualmente es editora de Social Media del diario El Peruano y Agencia Andina, directora de la web Clases
de Periodismo y del medio alternativo online Sin Etiquetas. Es docente de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), de la maestría de Periodismo Digital en la Universidad de Guadalajara, México, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú, y de la Universidad Mayor de Chile.
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surgen desde el descontento con el poder de los
directivos, de los que siempre han mandado a la hora
de fijar portadas y determinar coberturas. Los nuevos
medios se caracterizan por su independencia, como
sería el caso de La Silla Vacía en Colombia o Animal
Político en México.
Sin embargo, en términos económicos, la batalla
es dura. Pero la creatividad no tiene límites, y tenemos
desde el financiamiento colectivo hasta la diversificación
de sitios en busca de áreas rentables que no traicionen el
periodismo que es su motivo y su fin.
El activismo siempre ha buscado la atención de
los medios, pero la democratización de Internet les ha
dado una voz individual y coral que parece hoy muy
bien aprovechada. Frédéric Martel, el sociólogo francés
autor de Global Gay y Cultura Mainstream, estuvo en
Lima en octubre pasado y en una conversación con
la autora de este artículo, refirió que nunca como hoy
los movimientos sociales habían tenido una puerta
tan grande como la que constituye Internet. Se refería
específicamente a la causa gay, la cual había encontrado
en la red poderosas herramientas para comunicar su
mensaje. América Latina, y en especial el Perú, destacan
en esta llamada ‘revolución gay’, donde Facebook o
Twitter albergan colectivos que han logrado hacerse
escuchar sin la necesidad de los medios que pocas veces
han mostrado el propósito de dar seguimiento a una
demanda social.
Y justamente para aprovechar lo que Internet da,
los activistas hoy crean sus propios espacios mediáticos,
desde una página de Facebook hasta una web, que son
plataformas de comunicación poderosas en la medida
de una buena gestión.
Los activistas están cada vez más interesados en
entender lo que pasa en la red y cómo sacarle la vuelta
a los medios totalitarios. La verdad es que lo están
logrando. Y eso es una buena noticia para los periodistas
porque tenemos más retos y más posibilidades de
trabajar en alianzas. ¿Por qué no? Yo no tengo temor a
los ciudadanos. Bienvenidos. Llegó la hora de aceptar
que en muchos casos, ellos saben más que nosotros.
La historia da cuenta de una gran creatividad y
una sobrevivencia conectada que busca romper los
esquemas mediáticos.
Mídia Ninja, la cobertura no oficial del
mundial de fútbol
Mídia Ninja (Narrativas Independientes,
Periodismo y Acción) nació en Brasil en el 2011 como
una propuesta de periodismo alternativo. Los ninja
del periodismo, armados con celulares y dispositivos
4G, han empleado su web y las redes sociales para dar
información que los grandes medios no ofrecen. Entre
el 2011 y la fecha, Midia Ninja es ya un referente de
cómo el sentir ciudadano puede traspasar fronteras.
Periodistas experimentados y ciudadanos
entusiastas dieron visibilidad a la otra cara del
campeonato mundial de fútbol 2014. Ese Brasil donde
no se gritaba gol y que ardía, y que era escenario de
enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades, fue
reporteado por los ninja. Los medios tuvieron que girar
sus cámaras y grabadoras al movimiento de la calle. El
reporte de violencia que dejó el mundial es conocido,
pero quizá se supo poco de cómo los ciudadanos
apoyaron a mostrar una realidad que pretendía taparse
con la fastuosidad del evento deportivo.
Más de 18,000 periodistas se acreditaron para la
fiesta del fútbol. Inicialmente, la mirada no estaba en las
calles, pero colectivos como Midia Ninja cambiaron el
enfoque, al menos parcialmente. Quienes participan en
estos grupos se sienten representados, y hartos de los
medios tradicionales. Para un periodista que trabaja en
un medio tradicional le cuesta aceptar que ya no estamos
solos. Lo que dejamos de informar, la ciudadanía lo
difundirá en sus propios espacios. A veces ni necesitan
unirse a colectivos. Les basta Twitter y Facebook, sus
blogs o webs, para hacerse escuchar.
#AyotzinapaSomosTodos
México está desangrado por 43 estudiantes. El
mundo entero se suma en un hashtag como un grito
#AyotzinapaSomosTodos. El diálogo cotidiano va más
allá de Twitter y Facebook, más allá de México. Traspasa
fronteras. Hoy, la ciudadanía no se rige por la imposición
gubernamental y por los medios que pueden tener una
voz coral y cerrada a la verdad. Las redes arden.
Cuando el procurador mexicano José Murillo Karam
salió en una rueda de prensa a decir que los estudiantes
probablemente estaban muertos y que ya había dicho
suficiente. Los ciudadanos mexicanos de diversos
estados tomaron la frase de Murillo #YAMECANSÉ y
la tuitearon, retuitearon, transformaron en meme. Se
hizo un viral que llegó al monumento de El Ángel en el
centro de Ciudad de México, y a diversas plazas, donde
Murillo y su desafortunada expresión sirvieron para que
buena parte del mundo confirmara el hartazgo de un
país con el Estado, el crimen organizado y la violencia
en general.
Los periodistas mexicanos agrupados en
asociaciones como Periodistas de a Pie emplean
un grupo en Facebook para difundir a colegas de
otras partes del planeta lo que pasa en su país y
que los medios muchas veces no informan. Desde
la ganadora a la excelencia en periodismo por la
Fundación Gabriel García Márquez por el Nuevo
Periodismo Iberoamericano (FNPI), Marcela
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Turati, hasta reporteros que recién empiezan en el
oficio dan cuenta de hechos que podrían quedar
restringidos a pequeñas notas escondidas en los
rotativos o simplemente en el vacío de no existir.
Conocemos así el nacimiento de Trinchera, un
medio independiente desarrollado por periodistas
del estado de Guerrero que ofrece análisis, contexto
e investigaciones a profundidad.
El periodismo está más vivo que nunca en
tiempos que algunos lo van matando. Y las redes
sociales son notables aliadas para dar voz a los que
no tiene la oportunidad de hacer escuchar su voz, o
hacer visibles a los invisibles.
Bajo esa lógica nació el 11 de noviembre
el medio digital LGTBIQ para visibilizar la
problemática y también las conquistas de la
comunidad lesbiana, gay, transexual, bisexual,
intersexual y queer, que los invisibles sean cada
vez menos invisibles. Como parte del proyecto Sin
Etiquetas (espacio de información y diálogo sobre
la población LGBTIQ en América Latina), hemos
reunido casi a 50 colaboradores de la región,
periodistas abrumados con la indiferencia de sus
medios a una realidad que nos salpica a todos.
Buenos tiempos para el periodismo. Buenos
tiempos para los ciudadanos y las ciudadanas que
gracias a Internet puede saltar de los memes a
información de calidad y urgente. q
AMÉRICA LATINA
Tasas de pobreza se mantienen igual
Pobreza se estanca estadísticamente pero
número de personas en situación de pobreza
aumenta.
“
La pobreza afectó en el 2014 a 28% de la población
de América Latina, lo que revela que su proceso de
reducción se ha estancado en torno a ese nivel desde
el 2012, mientras que en ese mismo periodo la indigencia
aumentó de 11.3% a 12%, todo ello en un contexto
de desaceleración económica”, afirmó la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en
su informe “Panorama Social de América Latina 2014”,
presentado el 26 de enero.
En números absolutos y tomando en cuenta el
crecimiento demográfico, precisa la CEPAL, la pobreza
alcanzó en el 2014 a 167 millones de personas, 2
millones más que en el 2013; de ese total, 71 millones
se encontraban en condición de pobreza extrema o
indigencia, lo que representa un incremento también de
2 millones respecto al año anterior.
“La recuperación de la crisis financiera internacional
no parece haber sido aprovechada suficientemente
para el fortalecimiento de políticas de protección social
que disminuyan la vulnerabilidad frente a los ciclos
económicos. Ahora, en un escenario de posible reducción
de los recursos fiscales disponibles, se requieren mayores
esfuerzos para apuntalar dichas políticas, generando
bases sólidas con el fin de cumplir los compromisos de la
agenda de desarrollo post-2015”, manifestó la secretaria
ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Además de analizar la pobreza por ingresos, el
informe presentó una medición complementaria
de la pobreza multidimensional que abarca cinco
dimensiones: vivienda, servicios básicos, educación,
empleo y protección social, y estándar de vida (referido
a los ingresos monetarios y bienes duraderos). Según la
CEPAL, una persona es pobre si tiene carencias en más de
uno de estos aspectos.
“Pese a las mínimas variaciones observadas en términos
de tasas, las nuevas estimaciones permiten establecer
que la pobreza extrema ha alcanzado valores similares a
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AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Personas en situación de pobreza e
indigencia 2013 (En porcentajes)*
País
Pobreza
Indigencia
40.9
12.5
República Dominicana 40.7
20.2
Paraguay
40.7
19.2
Ecuador
33.6
12.0
Venezuela
32.1
9.8
Colombia
30.7
9.1
Perú
23.9
4.7
Panamá
23.2
12.2
Brasil
18.0
5.9
Costa Rica
17.7
7.2
Chile
7.8
2.5
Uruguay
5.7
0.9
El Salvador
*Información disponible sólo en 12 países en
base a encuestas de hogares.
Fuente: CEPAL
los del 2011, lo que representa un retroceso respecto
de los logros alcanzados en años precedentes”, afirma
el informe. “Esta situación no es nueva, pues los datos
presentados en ediciones anteriores del ‘Panorama Social’
revelaban tendencias similares. En efecto, las estimaciones
regionales muestran que la tendencia a la baja de las
tasas de pobreza y pobreza extrema se ha desacelerado
e incluso revertido en los primeros años de la presente
década, hecho que, asociado al crecimiento demográfico,
deja como saldo un mayor número de personas en
situación de pobreza extrema en el 2013”. — NA