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LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN QUE QUEREMOS A PARTIR DE 2015
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
Nuestro punto de partida:
Abril 2015
El año 2015 está marcado por un contexto electoral que implicará la elección de
representantes políticos en los distintos niveles del Estado. Las elecciones tienen lugar en un
contexto social, económico y político lleno de desafíos en el plano doméstico e internacional,
y en el que las personas reclaman, más que nunca, procesos de definición de políticas más
legítimos e inclusivos, así como la recuperación de los logros sociales y políticos perdidos en
los últimos años.
En este contexto, las más de 400 ONG de Desarrollo que somos parte de la Coordinadora de
ONGD-España queremos tomar la palabra y aportar al debate electoral con propuestas que,
desde nuestro trabajo en el desarrollo y la cooperación internacional, contribuyan a lograr
un mundo más equitativo, sostenible y libre de pobreza. Y queremos hacerlo desde la
experiencia que nos aporta décadas de acompañamiento a procesos de transformación
social y política en más de 120 países, y desde nuestro conocimiento del impacto que han
tenido, en la vida de millones de personas fenómenos globales como el cambio climático, las
políticas de deuda y de desregulación financiera, la acumulación de riqueza o la existencia de
paraísos fiscales. Un conocimiento y experiencia que, ahora más que nunca, queremos poner
al servicio de la búsqueda de soluciones para los problemas que también afectan a la
ciudadanía española.
El contexto internacional también nos ofrece un marco perfecto para ello y para alimentar el
debate sobre las políticas públicas que necesitamos para enfrentar los problemas que
tenemos en casa. En 2015 evaluaremos si la igualdad de género y los derechos de las
mujeres han avanzado en el mundo, tras 20 años de puesta en marcha de la Plataforma de
Acción de Beijing; presionaremos a la comunidad internacional, en la COP-21 de París, para
que sean parte de un acuerdo internacional que verdaderamente permita limitar el
calentamiento global a un nivel, como mínimo, por debajo de los 2ºC 1; exigiremos a nuestros
gobiernos que se comprometan con una agenda de financiación del desarrollo que no se
olvide del 0,7% ni de la necesidad de dar pasos reales para acabar con la evasión y elusión
fiscal; y contribuiremos con propuestas a la definición de la nueva agenda de desarrollo que
sustituya a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en clave de derechos universales.
Una agenda que, conjuntamente con el marco internacional de derechos humanos también
deberá dar forma a las políticas públicas de aplicación en España 2.
Lo que supondrá dejare n el subsuelo la mayor parte de las reservas mundiales de combustibles.
En 2015, España será examinado por dos de los órganos de vigilancia en material de Derechos Humanos. En
concreto se someterá al examen de la CEDAW y volverá a someterse al Examen Periódico Universal, en el que
el Consejo de Derechos Humanos analizará si las recomendaciones realizadas en 2010 han sido
implementadas.
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Toda esa reflexión que está teniendo lugar a nivel global queremos traerla al debate político
que está teniendo lugar en este contexto electoral, aportando desde la cooperación y desde
la demanda de mayor coherencia de las políticas públicas con el desarrollo como
herramientas fundamentales para un mundo justo, sostenible y que ofrezca las mismas
oportunidades para todas las personas y todos los pueblos en la consecución de su dignidad,
que sólo en el disfrute de sus derechos humanos puede encontrar el cauce para ello; a la vez
que servimos de canal para que los problemas que afectan a las personas en España tenga su
reflejo en la forma que adopte la nueva agenda de desarrollo internacional.
El modelo de desarrollo que queremos Aquí y en el Mundo
Partimos de un concepto de desarrollo que pone en el centro a las personas. Un proceso
multidimensional que busca ampliar sus capacidades y oportunidades; y lo hace dentro de los
límites de sostenibilidad del planeta. Un proceso que tiene como fin último garantizar sus
derechos e incrementar su grado de libertad e igualdad, abordando las causas de
discriminación desde la raíz; y que genera las condiciones para que las personas puedan
desplegar su máximo potencial, y lo hagan dentro de un marco social justo, cooperativo y
solidario que entiende la necesidad de interactuar de forma sostenible con el medio
ambiente.
Ello implica, que toda medida orientada a promover el desarrollo:
 Parta de una defensa de lo público como ámbito de actuación privilegiado para
asegurar la cohesión social, y la resolución de los problemas globales que nos afectan.
Para ello, deberá articular un nuevo contrato social que se fundamente en la
redistribución de la riqueza basándose en una mirada de derechos humanos que
supere la discrecionalidad del asistencialismo.
 Responda de manera efectiva a los tres desafíos globales que la Agenda Post-2015 ha
identificado como prioritarios, que lo son también en lo doméstico: pobreza,
desigualdad, y sostenibilidad, y lo haga enfrentando sus causas estructurales.
 Coloque en el centro del conjunto de la agenda política la garantía de los Derechos
Humanos teniendo en cuenta su carácter integral, universal, indivisible e
interdependiente; así como el fortalecimiento de la democracia para que sea más
inclusiva, rinda cuentas y haga más partícipe a la ciudadanía en la toma de decisiones,
en su seguimiento y en su control.
 Preste atención específica a la desigualdad que afecta a las mujeres, y lo haga desde una
garantía estricta de sus derechos.
¿Qué necesita la política de cooperación para contribuir a lograr esa manera de
entender el desarrollo?
(1) Ser asumida como una política pública, al margen de los vaivenes políticos, y
construirse y ejecutarse de forma compartida por el conjunto de actores implicados
desde su especificidad y valor agregado. La cooperación es un elemento fundamental
de la imagen exterior de un país, además de un deber ético que la ciudadanía ha seguido
respaldando a pesar de la crisis. Debe, por tanto, articularse entorno a consensos básicos
que permanezcan a lo largo del tiempo, de forma que no se vean afectados en lo sustantivo
2
por los cambios de gobierno. Unos consensos que en estos momentos vienen
determinados por el mandato de la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional, las
obligaciones jurídicamente vinculantes derivadas de los instrumentos internacionales de
derechos humanos suscritos, o del Tratado de Lisboa en el ámbito de la coherencia de
políticas para el desarrollo. A ellos se deberá sumar también, a partir de 2016, la respuesta
a los compromisos que se deriven de la nueva agenda de desarrollo, actualmente en
debate a nivel internacional.
Además de lo anterior, su definición como política pública participada por el conjunto de
los actores implica:
 Generar los mecanismos que hagan posible el cumplimiento del principio de
apropiación democrática, al que España se comprometió en Accra y Busan, por el que
los Parlamentos, los Gobiernos Locales o las Organizaciones de la Sociedad Civil
deben participar activamente en la definición de las políticas y estrategias de
desarrollo.
 Lo anterior implica, como mínimo, que los dos espacios formales que ampara la Ley
de Cooperación, las Cortes Generales -a través de su Comisión de Cooperación- y el
Consejo de Cooperación, no se conviertan en meros espacios donde el Gobierno
informa de sus actuaciones. En ambos casos deben generarse los mecanismos que no
sólo garanticen un verdadero debate estratégico, sino un funcionamiento más
dinámico y transparente que permita el control y seguimiento por parte de la
ciudadanía, junto con las instituciones, de la aplicación de las políticas. Asimismo,
deberán adecuar su composición y mandato a la nueva agenda de desarrollo
internacional, en la que la política de cooperación será una de las políticas que
contribuirá a hacer realidad los compromisos, pero no la única.
 Reconocer e impulsar el valor añadido de los gobiernos autonómicos y locales en la
política de cooperación, desde un enfoque de coordinación y complementariedad. En
consecuencia, remover los obstáculos legales que dificultan el ejercicio de esta
competencia, entre otros, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local de 27 de diciembre de 2013. Asimismo, promover el diálogo
político de los gobiernos locales con sus homólogos en los países socios, e impulsar
ámbitos de especialización como el aprendizaje interpares, la transferencia de
conocimientos, la participación de los actores sociales en el territorio y la
construcción de una ciudadanía activa, crítica y solidaria.
(2)Impulsar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) en el conjunto de la
acción de gobierno, para abordar desde un enfoque causal la lucha contra la
pobreza y la desigualdad de forma medioambientalmente sostenible. El enfoque de
CPD constituye la principal herramienta para contribuir, desde la cooperación, al logro de
un mundo más justo y sostenible. Aporta criterios y un marco de referencia que permite
evitar los impactos negativos de políticas como la comercial, la energética o la fiscal, en
otros países, de forma que no resten o impidan generar las condiciones para el ejercicio de
derechos por parte de la ciudadanía. Por otro, ofrece criterios para una toma de decisiones
y un diseño de las políticas públicas que responda al tipo de desarrollo que queremos
también en España.
Sin embargo, el Plan Director vigente ha sido poco ambicioso al plantear la interacción
entre las políticas más desde un enfoque de “sinergias” que de “coherencia” para el
desarrollo. El resultado está siendo que, en lugar de articular las diferentes políticas en
relación con las de desarrollo, son éstas las que quedan subsumidas dentro de las otras.
3
Así, por ejemplo, son los objetivos de la diplomacia comercial y de la internacionalización
de la empresa española los que en gran medida han guiado la toma de decisiones en la
política exterior, dejando en la práctica los objetivos que persigue la política de
cooperación como algo secundario e irrelevante 3. Y todo ello en un momento
especialmente crítico en recursos económicos, que hacía aún más necesario poder avanzar
desde una política de la ayuda a una política de desarrollo.
Para revertir esta situación, se requiere:
 Ampliar la ambición y recuperar el enfoque “Whole of the Government 4”, propuesto por
el CAD, y definir una hoja de ruta que permita a la política de cooperación hacer
avanzar esta agenda en el conjunto de la acción del gobierno, con medidas e hitos
concretos y tangibles que puedan ser monitoreados por el conjunto de actores
implicados.
 Generar un aparato institucional para la promoción de la CPD, revisando y aclarando
los roles y las relaciones entre los diferentes órganos y describiendo cuáles son sus
funciones y obligaciones en materia de CPD.
 Fortalecer las capacidades para analizar las políticas de coherencia, incluyendo la
clarificación de los criterios a utilizar para medir la CPD. En ese sentido, es
especialmente importante consensuar unos indicadores y una metodología que permita
medir el nivel de coherencia y los avances realizados.
 Asegurar que la información sobre el análisis de coherencia responde a los criterios
definidos, y que fluye de manera libre y efectiva entre los organismos institucionales
que tienen mandato en este ámbito.
(3)Aumentar el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), dentro de una
agenda de financiación del desarrollo amplia, que moviliza recursos adicionales y
lucha contra la evasión y los paraísos fiscales. España ha sido el país del CAD que en
mayor medida y más rápido ha recortado su ayuda. Entre 2009 y 2012 la ayuda oficial
española se redujo casi un 70%, pasando del 0.46% de la RNB, a representar únicamente
el 0.14% de la riqueza del país en 2014 5. Ni siquiera el compromiso conservador del Plan
Director vigente, 2.300 millones de euros de AOD neta anual, se ha cumplido. Por el
contrario, la caída se ha profundizado en los años posteriores 6, y únicamente parecen
haberla frenado las contribuciones obligatorias a organismos internacionales que
computan como ayuda.
Ello ha tenido efectos negativos en forma de abandono de procesos de transformación
institucional, social e individual, detrás de los que están miles de personas en todo el
mundo, además la pérdida de capacidades y de haber cuestionado la proyección de España
como actor global responsable. Para revertir esta situación, es urgente que el gobierno que
sea elegido por la ciudadanía:
 Mantenga el objetivo de llegar al 0,7% de la RNB como aportación española a los
procesos de desarrollo, manifestando claramente esta voluntad aumentando la
inversión hasta recuperar el promedio de la Unión Europea, situado en torno al 0,4%
al final de la próxima legislatura, acompasándolo con las reformas institucionales y de
3 Un ejemplo que sirve para ilustrar esta práctica es la reforma realizada en 2014 de la Ley del FOMPRODE, tramitada a
espaldas del Consejo de Cooperación y de la Comisión de Cooperación de las Cortes, a través de la “Ley 8/2014, sobre
cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española”, una ley que como su
nombre indica está enfocada a la diplomacia comercial y la promoción de la internacionalización de la economía española.
4 Refiere como ámbito propio y significativo de la coherencia de políticas para el desarrollo el conjunto de la acción de un
gobierno.
5 Fuente CAD-OCDE.
6 La AOD planificada en 2015, 1.753 millones de euros, es menor a la planificada en 2013 y 2014.
4
capacidades necesarias que permitan asegurar una gestión con impacto positivo en
desarrollo de los recursos.
 Defienda, en el debate sobre los medios de implementación de la nueva agenda de
desarrollo que esté vigente a partir de 2016, una AOD que mantienen su peso y
criterios de calidad. Su importancia sigue siendo fundamental especialmente en
aquellos países donde la capacidad de movilizar recursos internos es menor, y porque
la AOD cubre aquellos nichos, generalmente vinculados a la generación de
capacidades, el empoderamiento de las personas, o la provisión de derechos sociales
básicos como la salud y la educación, que la inversión privada difícilmente encontrará
atractivos.
 Trabaje en el plano internacional, un compromiso real para la erradicación de los
paraísos fiscales y contra la erosión de las bases imponibles de las multinacionales, a
la vez que contribuye a desarrollar y fortalecer las capacidades de los países para
disponer de un marco fiscal integral, con sistemas tributarios nacionales regulados,
que permitan maximizar la capacidad recaudatoria, bajo criterios de progresividad,
justicia y transparencia.
(4) Contar con unos recursos económicos de más calidad y que mantengan su foco
en la lucha contra la pobreza y en la reducción de las desigualdades. Cantidad sin
calidad nos lleva a un esfuerzo sin impacto. A pesar de la dificultad que implica evaluar la
calidad, tanto gobiernos como la sociedad civil hemos avanzado algunos criterios que
permiten guiar la toma de decisiones, y, sobre todo, garantizar la orientación estricta de
los instrumentos hacia la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades,
teniendo en cuenta el valor añadido de cada uno de ellos.
Dentro de los instrumentos y modalidades de nuestra política, la cooperación financiera
reembolsable merece una atención especial, por la importancia concedida y pretendida
por los actuales gestores de la política de cooperación sólo frenada por los conocidos
problemas enfrentados para su ejecución. Ello a pesar de que se trata de una modalidad
con escaso recorrido tanto en la CE como a nivel internacional, ejecutada sin que nuestro
sistema de cooperación cuente con las capacidades técnicas suficientes, y que hasta ahora
ha evaluado poco o nada sus impactos por lo que no ha logrado mostrar con claridad qué
aporta al desarrollo.
Por otro ello, asegurar la calidad de la ayuda española en la próxima legislatura deberá
implicar:
 Limitar por ley el peso que la cooperación reembolsable tiene sobre el conjunto de la
AOD española –restableciendo el límite máximo del 5% que establecía la ley original
del Fonprode-, y establecer mecanismos claros que aseguren su adicionalidad de
desarrollo 7 y eviten situaciones como las que ha denunciado la Corte Europea de
Auditores de “convertirse en un sponsor de las instituciones financieras”, y que “de no
utilizarse con cuidado 8 puede llevar a algunos países del tercer mundo con bajos
ingresos fiscales a una burbuja de deuda”. Igualmente, revertir la reforma de su marco
normativo realizada en 2014, que limita las competencias del MAEC a favor de
COFIDES y abre la puerta a su uso en apoyo a la internacionalización de la empresa
Lo que implica demostrar si efectivamente la inversión de recursos públicos para complementar aquellos de origen
privado, hace posible una inversión con impacto positivo en desarrollo demostrado, que de otra forma no hubiera tenido
lugar.
8Refiriéndose al blending; es decir, aquellas operaciones financieras de cooperación realizadas con la contribución de fondos
públicos y privados.
7
5
española y, por tanto, puede constituir una forma indirecta de “ligar la ayuda” a los
propios intereses comerciales.
 Centrar los esfuerzos en la reducción de las desigualdades, incorporando de forma
específica en las estrategias, planes y programas de actuación mecanismos de
medición y seguimiento de la desigualdad, abordada desde su triple dimensión 9, de
forma que sus distintas variables guíen las actuaciones de la cooperación española.
 Ganar en previsibilidad y transparencia, a través del establecimiento de una hoja de
ruta vinculante que permita conocer a los países socios y a la sociedad civil local la
disponibilidad y modalidad de los recursos y apoyos que pueden demandar a la CE.
Los MAP pueden ser el marco para ello, pero sin un compromiso presupuestario más
amplio sobre el conjunto de la política su capacidad de guiar las decisiones
estratégicas en terreno se reduce al mínimo.
 Continuar dando pasos en la implantación de la gestión basada en resultados de
desarrollo, en todas las fases de la política, lo cual implica seguir reforzando en
número y capacidades técnicas al personal de la AECID, incluidas sus OTC, y de la
SGCID.
 Seguir las recomendaciones internacionales relacionadas con el volumen de recursos
que tiene que destinarse a los Países Menos Adelantados (PMA). La cooperación con
estos países debe dirigirse, sobre todo, a satisfacer la provisión de derechos sociales
básicos en ámbitos como la educación, la salud básica y reproductiva, o el derecho al
agua y al saneamiento.
(5) Establecer mecanismos para que la incorporación del sector privado tenga
impacto positivo en desarrollo. La empresa privada sólo puede ser considerada un actor
de desarrollo humano sostenible cuando, dentro de su lógica empresarial de crear riqueza
y generar beneficio, al mismo tiempo y en el mismo proceso, crea empleo decente, invierte
e innova, cumple de forma estricta con las obligaciones fiscales y demás obligaciones que
deriven del marco legal del país donde opere, respeta y promueve los derechos humanos,
y produce bienes y servicios dentro de los límites de la sostenibilidad ambiental.
Ello implica que, cualquier iniciativa que en el marco de la política de cooperación esté
destinada a incorporar a las empresas, tenga en cuenta las siguientes cuestiones:
 Priorice el fortalecimiento del tejido productivo local, a las pequeñas y medianas
empresas, a las empresas de la economía social, o a aquellas que trabajan en la
estrategia de promover cambios hacia la sostenibilidad, tanto en instrumentos como
las Alianzas Público Privadas (APP), como en el acceso a licitaciones para la provisión
de bienes y servicios con cargo a la AOD.
 Parta de unos objetivos claros y bien definidos de antemano, en los que se haga
constar el valor añadido con el que contribuirá a la generación de resultados de
desarrollo, de forma que quede clara la adicionalidad en términos de desarrollo de la
inversión de AOD que la acompañe.
 Genere, en paralelo, las condiciones en el país socio para contar con unas instituciones
públicas fuertes y transparentes, de manera que puedan ejercer control sobre la
9 Desigualdad de derechos, de acceso al poder y socio-económica.
6
actuación empresarial, en base a los marcos normativos de los que se haya dotado
(aspectos fiscales, laborales o medioambientales, entre otros).
 Acompañe de forma activa, y también en paralelo, el fortalecimiento de la sociedad
civil local, de forma que cuente con capacidades para monitorear las intervenciones.
 Establezca mecanismos de seguimiento y evaluación de las Alianzas Público –
Privadas para el Desarrollo (APPD) que sean transparentes y accesibles a la sociedad
civil, de modo que pueda ejercer su función de auditoría social.
 Contribuya a nivel internacional, en la elaboración de un instrumento vinculante
sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezca mecanismos
sancionatorios en caso de incumplimiento, así como apruebe a nivel estatal un Plan
Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
(6) Reconocer el papel y aporte al impulso del desarrollo humano sostenible que
realizamos las Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en Cooperación,
así como fortalecer e impulsar los mecanismos que permiten desplegar dicho rol,
como parte de una política más amplia e integradora de colaboración y trabajo conjunto.
Las OSC de Cooperación contribuimos no sólo a generar procesos de desarrollo desde
nuestra gran diversidad y variedad de roles y maneras de hacer; igualmente somos un
pilar fundamental para una democracia saludable aquí y en los países donde trabajamos.
Acompañamos los procesos de empoderamiento y participación inclusiva de las
organizaciones, comunidades de base y movimientos sociales para su participación en la
construcción de políticas públicas, y en el cumplimiento del rol de auditoría social sobre la
acción de los gobiernos o el impacto de otros actores como las empresas transnacionales.
En acción humanitaria, posibilitamos la existencia de un espacio humanitario autónomo
que permite la entrega de la ayuda sin discriminación, o el acceso a personas afectadas
que, en muchos contextos, no sería posible sin ese componente no gubernamental.
Contribuimos a articular una ciudadanía global en todos los países, incluida España, capaz
de comprender los procesos e interdependencias globales que justifican la solidaridad
entre los pueblos y la lucha compartida por aspiraciones comunes. Nuestro trabajo se
orienta a combatir la pobreza y las desigualdades aquí y allí, y lo hacemos desde la
cercanía con las personas que más sufren sus consecuencias.
Es, por tanto, necesario que la política de cooperación genere los mecanismos e
instrumentos necesarios para aprovechar todo ese potencial, a través de, entre otras, las
siguientes medidas:
 Institucionalizando la participación de las OSC, para una construcción y ejecución
compartida de la política a través de procesos de participación, significativos,
inclusivos y sostenidos. Las OSC debemos tener más peso en el diseño, la organización
y la gestión de las políticas públicas, para lo cual es necesario generar espacios de
diálogo y consulta regular como mecanismo para garantizar una sociedad informada e
implicada.
 Estableciendo instrumentos de financiación flexibles, diversos y predecibles, de
manera que se puedan adaptar a los distintos roles que desarrollamos, y que se
generen fomentando la innovación y, especialmente, salvaguardando la diversidad de
tamaños, funciones y formas de trabajo. Instrumentos que deberán orientarse
7
igualmente al apoyo y fortalecimiento de forma específica de las plataformas que
aglutinan al sector, como las Coordinadoras.
 Utilizando el diálogo político con los países socios para asegurar que éstos involucran
a una mayor variedad de organizaciones locales en todas las etapas del proceso de
toma de decisiones y seguimiento.
 Armonizando los requerimientos en la justificación de los apoyos financieros, y
promoviendo medidas fiscales que faciliten el apoyo a nuestro trabajo. En este
sentido, cualquier reforma que se proponga en los marcos normativos que regulan el
acceso a recursos públicos por parte de las OSC deberán tener en cuenta la naturaleza
del trabajo que desarrollamos y nuestras características como organizaciones.
 Generando las condiciones y acompañando los procesos de fortalecimiento de las
capacidades de las OSC para el cumplimiento efectivo de sus roles como actores de
desarrollo.
(7) Impulsar la defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad y equidad de
género en España y en el mundo. El impulso a la equidad de género y los derechos de las
mujeres ha sido, históricamente, una de las señas de identidad de la cooperación española,
contribuyendo a su prestigio internacional. Sin embargo, la baja priorización
presupuestaria de los últimos años 10 ha implicado la interrupción de procesos
institucionales y sociales que estaban contribuyendo a avanzar la agenda. En ese sentido,
retomar su lugar destacado en la política implica necesariamente la recuperación de los
recursos y capacidades técnicas, tomando en cuenta a la vez las siguientes medidas, desde
la lógica de trabajo más amplia que ofrece la nueva agenda internacional de desarrollo en
la que la política de cooperación se insertará en los próximos años, y desde una lógica de
coherencia que nos impulsa a prestar atención y proponer medidas que hagan avanzar
también la igualdad y la equidad en España y en Europa.
Para ello es necesario:
 Trabajar al mismo tiempo desde la transversalidad y desde las iniciativas concretas en
materia de género, permitiendo articular de forma estratégica las acciones que se
impulsen desde otros sectores, para avanzar en la igualdad formal, la igualdad real, y el
empoderamiento de las mujeres.
 Analizar las realidades donde opera desde una mirada que tenga en cuenta la
interseccionalidad de las desigualdades de género con las muy diversas
discriminaciones de distinta naturaleza y origen que existen, y que el análisis de
género también incorpora.
 Proponer medidas para el empoderamiento de las mujeres que sufren las peores
formas de discriminación (incluyendo la economía de los cuidados, trata y explotación
sexual, entre otras discriminaciones más visibles como raza o etnia), así como para las
organizaciones que impulsan el trabajo político en las organizaciones de mujeres y
feministas de todo el mundo, que ha sido una de las líneas de trabajo que menor apoyo
ha recibido en los últimos años.
10
Sirvan de ejemplo las cifras de 2014 (comunicación SGCID): en lo que respecta al apoyo a organizaciones e instituciones de
mujeres con un 0,63% de la AOD bruta distribuible, y políticas de población y salud reproductiva con 0,23%, según la
planificación prevista para el 2014. Las previsiones para 2015 no son mejores: únicamente el 0,63% de la ayuda irá
destinada a apoyar organizaciones e instituciones de mujeres, y el 0,25% a políticas de población y salud reproductiva
(Comunicación 2015).
8
 Asignar recursos suficientes para impulsar esta dimensión, a la vez que se retoman las
capacidades técnicas perdidas tanto en la AECID como en las OTC. En ese sentido,
apostar decididamente por el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y
feministas favoreciendo un entorno propicio y con presupuesto, eliminando las
barreras tanto para la gestión de sus planes y programas como para el ejercicio de su
labor de monitoreo, participación e incidencia a nivel global, nacional y local.
(8) Dotar a la Acción Humanitaria de recursos suficientes, y generar los mecanismos
que posibiliten una mayor articulación de los distintos actores intervinientes y
siente las bases para conectarse con procesos de desarrollo más amplios. En un
contexto internacional en el que la cantidad de desastres aumenta no sólo en número sino
también en virulencia, donde persisten más de 30 conflictos armados, muchos de ellos
olvidados, o donde la generación de mecanismos de resiliencia resulta una tarea cada vez
más urgente, la Acción Humanitaria también ha de ser uno de los componentes destacados
de la cooperación de un Estado con voluntad de ser un actor internacional responsable.
Más aún, si cabe, cuando la preservación de la paz y la reconstrucción post-bélica será uno
de los objetivos de la nueva agenda de desarrollo.
En ese sentido, de cara a la próxima legislatura creemos necesario:
 Recuperar de forma sustantiva el presupuesto 11, con modalidades previsibles y
flexibles, para poder atender la diversidad de situaciones a enfrentar desde esta
modalidad. El recurso a los créditos extraordinarios para aumentar el presupuesto
sólo puede ser un recurso puntual. Una buena atención a las situaciones que enfrenta
la AH también requiere contar con capacidad de prever los recursos de los que se va a
disponer.
 Avanzar en la mejora de las capacidades e instrumentos de gestión de la AH, así como
de los dispositivos de relación y coordinación de actores, que implica contar con una
Unidad de Acción Humanitaria con recursos adecuados y capacidad de liderar la
coordinación de los distintos actores involucrados en una respuesta humanitaria, así
como continuar con la mejora de los dispositivos de análisis, información y decisión.
 Establecer tanto sistemas como rutinas de monitoreo y evaluación como un modelo
de rendición de cuentas de las actividades humanitarias realizadas, a través, por
ejemplo de la elaboración de una memoria anual de acciones y estableciendo una
rutina de comparecencias de la Oficina de Acción Humanitaria ante la Comisión de
Cooperación del Parlamento, el Consejo de Cooperación y de reuniones de trabajo e
intercambio con la Coordinadora.
 Elaborar directrices sobre la participación del sector privado en el trabajo
humanitario.
(9) Generar capacidades y dotar de presupuesto suficiente a la AECID para que
pueda liderar la implementación de la política de cooperación. Más allá de los debates
11 El presupuesto de Acción Humanitaria ha sido recortado en un 90% desde 2010Así, en 2015, España sólo destinará el
2,4% de su AOD a responder a las crisis humanitarias (Comunicación 2015), a pesar de que el Plan Director vigente se
comprometía a destinar como mínimo el 10% de la AOD, lo que en 2015 hubiera significado 180 millones de euros frente a
los 16,8 millones comprometidos.
9
que han poblado la legislatura que contraponen la cantidad con la calidad, bajo el mantra
de “hacer más con menos”, parece innegable que el recorte de los recursos de la AECID
hace poco viable las posibilidades de la Agencia de responder a las 8 orientaciones del
Plan Director vigente, a las 26 líneas de trabajo, y a los resultados de desarrollo de los
MAP.
Preocupa especialmente la debilidad de las OTC en términos de recursos, así como de
pérdida de conocimiento específico y de capacidades ya instaladas, a lo que se suma los
enormes déficits en la comunicación con sede.
Por todo ello, y para que la AECID, como agencia especializada, pueda desempeñar su
mandato con solvencia, deberán establecerse las siguientes medidas:
 Aumentar de forma sustantiva su presupuesto, especialmente de las partidas de
cooperación bilateral no reembolsable, de acción humanitaria y para financiar
acciones en el ámbito de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
 Continuar con el refuerzo de capacidades de su personal, tanto en sede como en
terreno, aumentando el personal implicado en dicho proceso.
 Establecer mecanismos efectivos de comunicación entre sede y terreno, y posibilitar
mayor liderazgo en la toma de decisiones por parte de las OTC, tal y como ya realizan
otros donantes europeos.
 Aprobar el II Contrato de Gestión de la Agencia.
(10) Impulsar procesos de aprendizaje para la articulación de una ciudadanía
implicada con la justicia social y la defensa, promoción y respeto de los derechos
humanos. La Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) busca una
sociedad civil activa, competente y preocupada por los temas colectivos, que reclama su
protagonismo en la configuración y el desarrollo de los procesos sociales y políticos, y
presiona a sus gobiernos para lograr el bienestar colectivo. Se trata por tanto de una
estrategia clave en la cooperación y, sin embargo, el balance de los últimos años no puede
ser más crítico. A la casi inexistente dotación presupuestaria por parte del gobierno
central, se suma el práctico desmantelamiento que ha sufrido la cooperación
descentralizada y local, principales valedoras de la EpDCG 12. A ello hay que añadir el hecho
de que, pese a lo recogido en los instrumentos de planificación estratégica de las políticas
públicas, se ha extendido la idea de que la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global debe procurar fundamentalmente la comunicación a la ciudadanía de las
actuaciones de las administraciones en materia de cooperación internacional, sobre la
presunción de que tal información conducirá al apoyo ciudadano a las mismas.
Sin embargo, el articular una ciudadanía activamente implicada que demande a sus
gobiernos políticas de cooperación internacional requiere intervenciones que incorporen,
no solo la comunicación, sino también la formación, la investigación, la movilización y la
incidencia. Finalmente, las expectativas de resultados cuantitativos han de guardar
relación proporcional con los recursos invertidos.
Ello nos lleva a demandar:

12
Una apuesta más decidida y eficaz por la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global en la política de cooperación, desde una concepción que vaya mucho más allá
de la comunicación o la información a la ciudadanía sobre las actuaciones públicas en
Se ha experimentado un recorte de más del 26% desde 2013. En la convocatoria proyectos2015, el 4% destinado a EpD.
10




este ámbito y que ajuste las expectativas de resultados al presupuesto destinado y al
tiempo requerido por cada intervención para lograr los objetivos propuestos.
El fortalecimiento de la Unidad de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de forma que
pueda responder al reto de impulsar una cultura de la EDCG en la Agencia.
Mayor dotación presupuestaria, garantizando la coherencia de los enfoques
planteados en las convocatorias, con los incluidos en la Estrategia de Educación para
el Desarrollo de la Cooperación Española, vigente en la actualidad.
Generar instrumentos adecuados a los objetivos de los distintos tipos de intervención
que pueden darse en el marco de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global, así como fortalecer los procesos de evaluación aportando dotación
presupuestaria específica para ello y metodologías adecuadas al tipo de intervención.
Fortalecer la coordinación entre administración central y la descentralizada en
materia de EDCG, así como con otras administraciones con competencias en la
materia y en los distintos niveles territoriales, especialmente con la administración
educativa.
11
LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN
ACIÓN ESPAÑOLA A PARTIR DE 2015
CONTRA LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD
Faïnes, 41 años.. Huyó de la guerra en Burundi en 1993, una guerra que se cobró la vida
de todos sus hermanos y hermanas, y regresó en 2004. El programa de seguridad
alimentaria le ayudó a su vuelta:: “sentí que estaba empezando una nueva vida”. Cada
Cada
familia que recibe una vaca, debe entregar la primera cría a otra familia, y así
sucesivamente, de
e modo que no sólo más personas mejoran sus condiciones de vida,
garantizando la continuidad de los efectos positivos del programa, sino que se refuerza
la cohesión social en el seno de las comunidades. Fue una de las primeras en recibir una
un
vaca, que ha tenido
enido ya cuatro crías. Mientras una orgullosa Faïnes muestra su establo,
Firmin, su marido se queda en un segundo plano. Ella es la protagonista. Cuenta cómo
el abono orgánico ha mejorado la fertilidad del suelo; cómo han aprendido nuevas
técnicas de cultivo
vo que les han permitido aumentar sus cosechas; cómo la leche que
venden en el mercado les da dinero que pueden dedicar a sus hijos.
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rg
Un año de nuevas propuestas para la agenda
internacional de desarrollo
El año 2015 es un año medular en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo
sostenible, es un año clave para cambiar la vida de Faïnes y otras personas
como ella que viven en la pobreza en distintas partes del planeta. Es el año en el
que finaliza el plazo establecido para el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y en el que convergen tres importantes procesos políticos que
determinarán la futura agenda internacional de desarrollo, su financiación y el
acuerdo global contra el cambio climático. También coincide que 2015 es año
electoral en España y los partidos políticos deben reflexionar sobre sus
prioridades y determinar sus propuestas en el ámbito de la lucha contra la
pobreza y las desigualdades dentro y fuera de nuestras fronteras.
La renovación del compromiso internacional con la solidaridad es una
oportunidad para que España recupere su imagen de país solidario y cumpla con
las obligaciones emanadas del derecho internacional y los compromisos
adquiridos hasta la fecha. También coincide con la responsabilidad que le
corresponde desde su asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El informe ofrece recomendaciones para mejorar la contribución e influencia de
España en el mundo, garantizando una acción exterior responsable, que luche
contra la pobreza y la desigualdad desde la defensa de los derechos humanos.
La política de desarrollo futura deberá enmarcarse en los debates
internacionales actuales, contar con los recursos suficientes y acabar con los
años de caída drástica de nuestra contribución a la solidaridad y la justicia
globales. Los partidos políticos no pueden dejar pasar esta oportunidad y deben
incluir la lucha contra la pobreza como una prioridad en sus programas
electorales.
2
La nueva agenda internacional de desarrollo
sostenible
Hoy, la crisis económica, energética y medioambiental plantea nuevos retos y
problemas globales. La creciente brecha entre ricos y pobres –con las trabas que
supone para la lucha contra la pobreza, el cambio climático, la volatilidad de los
precios de las materias primas, las violaciones de los derechos humanos, entre
otros, caracterizan la última década.
Estamos en un año que ya es un hito en la lucha contra la pobreza y por un
desarrollo sostenible. No sólo es el año en el que finaliza el plazo establecido
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): tres procesos
políticos tan esenciales como complejos convergen en 2015. El primero deberá
desembocar en un nuevo marco de desarrollo post-2015, los Objetivos de
El mundo
necesita una
agenda de
amplio
consenso que
responda a las
crisis
económica,
social,
energética y
medioambiental
Desarrollo Sostenible (ODS), que serán formalmente adoptados en septiembre
en Nueva York. La Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo (FpD) de
Addis Abeba en julio deberá garantizar los recursos necesarios para financiarlo y
presentar una propuesta para encarar los problemas estructurales del desarrollo.
Y por último, la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deberá llevar a un
nuevo acuerdo global sobre el clima en diciembre en París.
Las negociaciones tienen lugar en un contexto internacional multipolar, con
estados emergentes que han ganado en peso económico y político y un
continente europeo debilitado por los efectos de la crisis, que tiende al repliegue
hacia los intereses propios. Las fronteras entre el Norte y el Sur, entre donantes
y receptores se esfuman y las negociaciones prometen ser más equilibradas que
hace quince años, cuando se acordaron los ODM. Al mismo tiempo, la pobreza,
la desigualdad, los desastres naturales y los conflictos y el desbordamiento de
los límites del planeta exigen una mirada amplia a problemas globales, sostener
y fortalecer la cooperación internacional, marcos multilaterales sólidos, con
soluciones políticas y solidarias.
Tres procesos
políticos
convergen en
2015 y deben
llevar a una
agenda con
objetivos
ambiciosos,
cambios
estructurales,
íntegramente
financiada
Para colmar algunas deficiencias en la formulación de los ODM, Naciones
Unidas abrió un proceso hacia el “mundo que queremos” que comenzó en 2012
y que ha contado con la participación de una gran diversidad de actores:
gobiernos, sociedad civil, academia, sector privado… En base a los informes de
las consultas resultantes de este proceso y a los acuerdos y marcos
3
internacionales, Ban Ki Moon presentó su informe de síntesis “El camino hacia la
dignidad para 2030” en diciembre de 2014. El Secretario General plantea una
visión transformadora, más amplia que los ODM, de aplicación nacional y
universal, “que requiere transformaciones económicas profundas y una nueva
alianza mundial”, basada en los 17 ODS formulados en las consultas. El informe
añade seis elementos críticos para asegurar la ambición de la agenda (dignidad,
personas, prosperidad, planeta, justicia y asociación global para el desarrollo
sostenible) y se refiere a las obligaciones emanadas del derecho internacional,
los compromisos adquiridos y las distintas capacidades institucionales de los
países.
Se dibuja una
nueva agenda
de desarrollo
sostenible
transformadora,
de aplicación
nacional y
universal
Ban Ki Moon también señala que la agenda requiere compromisos financieros y
políticos serios, a la altura de su ambición. Esto incluye la movilización de
recursos para la ejecución de la agenda y cambios profundos en las causas
estructurales de la pobreza y la desigualdad, con avances serios en las políticas
económicas, financieras, comerciales, energéticas, ambientales, etc.
La comunidad internacional debe apoyar a familias como las de Faïnes para que
puedan volver a empezar, reconstruir sus medios de vida y mejorar las
oportunidades de las futuras generaciones.
Es momento de que España renueve su compromiso
con una política de lucha contra la pobreza
En España, además, el año 2015 es año electoral y los partidos políticos deben
reflexionar sobre la nueva realidad mundial y seguir de cerca los debates de la
agenda internacional del desarrollo para ajustar sus propuestas electorales tanto
a la esencia de la agenda como a las fuentes de financiación y a los cambios
estructurales necesarios. Los actuales análisis sobre la consecución de los ODM
y el debate sobre los nuevos ODS representan una oportunidad histórica de
repensar la política de cooperación española y recuperar el Pacto de Estado de
lucha contra la pobreza conforme a los cambios en el contexto internacional, de
Los debates
sobre la futura
agenda son una
oportunidad de
cambio en la
orientación de la
política de lucha
contra la
pobreza y la
desigualdad
aprender de los errores y volver a aspirar a un mundo más justo y más
sostenible. Volver a hacer de España un país solidario, comprometido y
responsable internacionalmente.
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Entre 2009 y 2014, España recortó su AOD en un 70%, mucho más que Portugal
o Grecia que se han enfrentado a crisis económicas más severas. Su
presupuesto de cooperación está en un 0,14% de la Renta Nacional Bruta
(RNB), en el puesto 22 del ranking internacional de donantes (de 28 donantes de
la OCDE) y muy por debajo del promedio de la Unión Europea que se sitúa en
un 0,42%. Y es que mientras la ayuda española caía a niveles mínimos, la AOD
de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo se mantiene en los niveles más
altos de su historia, gracias al esfuerzo que hacen un puñado de donantes.
La ayuda oficial
al desarrollo ha
caído un 70% en
cinco años, y un
90% en el caso
de la ayuda
humanitaria
La ayuda humanitaria española es uno de los ámbitos en el que el recorte ha
sido más profundo: un 90% en esos cinco años, a pesar de ser uno de los
ámbitos de mayor compromiso ciudadano. La ayuda humanitaria salva vidas y se
enfrenta a numerosas crisis, con un presupuesto insuficiente a todas luces, más
aún para un país que cuenta con un asiento en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas los próximos dos años.
La drástica caída de los recursos públicos ha conllevado inevitablemente
recortes repentinos y considerables en sectores clave y en países, que
difícilmente pueden ya creer en la previsibilidad de los fondos españoles. Afecta
a la imagen de España, que también pierde presencia y legitimidad en países,
organismos multilaterales y en espacios de decisión globales, pues nadie puede
capitalizar indefinidamente antiguos logros en el ámbito de la cooperación
internacional.
El Gobierno español se ha involucrado en el proceso que ha llevado a las
negociaciones del marco post-2015 y ha sido particularmente activo en las
consultas sobre seguridad alimentaria y nutricional, sector privado y desarrollo y
sobre la cooperación con países de renta media. Ha trabajado en una posición
que recoge buena parte de las preocupaciones de la sociedad civil pero deja de
lado cuestiones centrales como la lucha contra la desigualdad económica
España ha
perdido
capacidad y
peso en la
esfera
internacional
extrema y por una fiscalidad internacional justa (por ejemplo mediante la lucha
contra la evasión y la elusión fiscal), y apuesta en exceso por el sector privado y
la cooperación financiera, aunque no existan evidencias sobre su impacto y
eficacia en el desarrollo sostenible.
Por último y no menos importante, merece la pena preguntarse cómo una
agenda que se prevé de ámbito universal, es decir de aplicación global y
nacional, que exige rendición de cuentas de todos los países, afectará a España.
5
El próximo Gobierno deberá rendir cuentas y explicar al mundo sus políticas
sociales, de fomento del empleo y de fiscalidad, sus compromisos con el
desarrollo sostenible, entre otros, y los impactos de sus políticas en desigualdad,
pobreza o medioambiente.
España debe apoyar a mujeres como Faïnes en su lucha por liderar el cambio
en su comunidad y por construir una sociedad más equitativa y estable.
2015: La oportunidad para que España recupere
su rol de país solidario
La agenda de desarrollo de los próximos quince años, si es combinada con
políticas adecuadas y suficientes recursos, podría determinar el futuro de la
humanidad y del planeta. Los partidos políticos deben incluir la lucha contra la
pobreza y la desigualdad como prioridad en sus programas para cambiar la
vida de Faïnes y su familia.
ESPAÑA APUESTA POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Para volver a situar a España en la cabeza de la solidaridad internacional, los
partidos políticos deben incorporar en sus programas las siguientes prioridades:
Mejorar la contribución e influencia de España en el mundo,
orientada a la defensa de los derechos humanos, la reducción de la
pobreza y de las desigualdades –incluida la de género, y adoptar un
liderazgo político en los ámbitos en los que ha demostrado tener una
experiencia acumulada, conocimientos y capacidades, como por ejemplo
el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el fortalecimiento de la
resiliencia de las comunidades más vulnerables y la reducción de riesgos
de desastres.
Recuperar el Pacto de Estado de Lucha contra la pobreza volviendo a
hacer de la política de cooperación una política de Estado e incluir este
compromiso con carácter vinculante en la Constitución Española.
Luchar contra la desigualdad económica extrema, que implica la
reducción de la desigualdad de ingresos en todos los países, para
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equiparar los ingresos netos del 10% más rico y del 40% más pobre
(después de impuestos y transferencias sociales).
Contribuir a la erradicación de la pobreza por debajo de los 2
dólares diarios, comprometiéndose con la cobertura sanitaria y la
educación universales, mediante servicios públicos bien financiados y
gratuitos en el punto de uso y al alcance de los grupos más marginados.
Contribuir a la erradicación del hambre y la realización del derecho a
la alimentación para todos y todas, asegurar el acceso universal y
sostenible al agua y el saneamiento y reducir los riesgos de desastre, que
afectan al desarrollo sostenible.
Afrontar la desigualdad de género y realizar los derechos de las
mujeres como prioridad en la política de cooperación y de forma
transversal en todos sus objetivos.
Coherencia de políticas: asegurar que los objetivos de desarrollo y
la lucha contra la pobreza y la desigualdad guían el conjunto de las
políticas públicas. Bajo el liderazgo del MAEC, los distintos niveles de la
administración estatal y descentralizada deben de coordinarse para evitar
que lo que se avanza por las intervenciones de un actor en la lucha
contra la pobreza se frene o anule por las de otro, desde la política
comercial, fiscal, de inmigración, etc. Es necesario dotar una arquitectura
institucional específica y los medios humanos y técnicos que se requieren
para promover la coherencia de políticas.
Asegurar un desarrollo sostenible, resiliente desde el punto de vista
climático, bajo en carbono y consistente con un calentamiento
global por debajo del límite de 1,5ºC. El proceso de la CMNUCC
planteará el marco global para la acción climática, pero España debe ir
más allá y considerar el cambio climático en el contexto del desarrollo
sostenible, en base a la experiencia desarrollada en regiones del mundo
que sufren los efectos del calentamiento global, como el Sahel,
Centroamérica o Filipinas.
Ejercer un papel clave desde su silla en el Consejo de Seguridad de
NNUU, trabajando para garantizar la protección de civiles en conflictos,
en especial las mujeres.
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ESPAÑA Y SU CONTRIBUCIÓN AL ESFUERZO INTERNACIONAL
En su contribución al esfuerzo internacional, España debe aportar a la agenda y
los acuerdos con políticas y fondos suficientes. Para ello es fundamental:
Establecer la senda de recuperación de la AOD de manera que
alcance el 0,4% de la Renta Nacional Bruta al final de la próxima
legislatura. La AOD constituye una fuente de ingresos esencial para los
países más pobres y la única forma de redistribución directa de renta
entre países. Además, en la redefinición de la AOD no se deben
considerar opciones que supongan un menor esfuerzo de donación o de
concesionalidad para los países donantes.
Asegurar una recuperación de los recursos para la acción
humanitaria hasta alcanzar el 10% de la AOD comprometida en el Plan
Director.
Impulsar un sistema fiscal internacional más justo que ponga fin a la
evasión y elusión fiscal. España debe defender el establecimiento de
un nuevo órgano intergubernamental dentro de Naciones Unidas sobre
cooperación internacional en materia fiscal y garantizar que el proceso
internacional iniciado en el G20-OCDE se amplíe para lograr de forma
efectiva que las empresas multinacionales tributen allí donde generan su
actividad económica real, reconociendo un espacio de participación y
decisión en igualdad de condiciones para los países en desarrollo.
Apoyar la construcción de sistemas fiscales nacionales sostenibles
y progresivos en países en desarrollo. España debe seguir
participando activamente en el marco de las negociaciones multilaterales
para promover el apoyo al fortalecimiento de los sistemas fiscales
nacionales, y la defensa de la transparencia y la rendición de cuentas
tanto de empresas como gobiernos, como mecanismos para garantizar a
un crecimiento más inclusivo.
Liderar el proceso de cooperación reforzada en la Unión Europea
para el establecimiento de una tasa a las transacciones financieras,
de base amplia y asegurar que el 50% de los fondos recaudados se
destinan a luchar contra la pobreza fuera de España.
Explorar el establecimiento de impuestos innovadores sobre el
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carbono, cuyos ingresos se dedicarían a la lucha contra el cambio
climático a nivel nacional e internacional.
Asegurar el crecimiento y liderazgo de la Agencia Española de
Cooperación (AECID) en la acción y la innovación del sistema de
Cooperación. Deben aumentarse de forma inmediata los fondos
gestionados por la AECID hasta situarse como mínimo en los 500
millones de euros y acompañar este crecimiento con el de su capacidad
institucional de gestión.
Promover la recuperación de la Cooperación Descentralizada, que ha
pasado de ser bandera de la cooperación española a mantenerse con
firmeza solo en ciertos territorios.
Asegurar que la asociación con el sector privado prioriza la
reducción de la pobreza. El sector privado es en un actor clave para
movilizar recursos, como donante y como socio comercial, pero el futuro
Gobierno deberá exigir que las empresas respeten los derechos
humanos, cumplan la legislación nacional, los estándares internacionales
más avanzados, sean transparentes, paguen impuestos y rindan cuentas.
Este enfoque exige prudencia y tan sólo se deben canalizar esos fondos
en el caso de que no existan opciones mejores.
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© Oxfam Intermón mayo 2015
Este documento ha sido escrito por Lourdes Benavides.
Benavides Oxfam agradece la colaboración de Teresa Cavero,
Lara Contreras, Leonardo Pérez-Aranda,
Aranda, Zinnia Quirós, Susana Ruiz y María Villanueva en su elaboración.
Forma parte de una serie de documentos
ntos dirigidos a contribuir al debate público sobre políticas humanitarias y
de desarrollo.
Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor póngase en contacto con
[email protected]
Esta publicación está sujeta a copyright pero el texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política
y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la
fuente de forma completa. El titular del copyright solicita
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desfavorecidas, dándoles las herramientas necesarias para que sean
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