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PRIMERAS VALORACIONES DEL
PROYECTO DE MEDIDAS FISCALES
Y DEL PRESUPUESTO DE LA
COMUNIDAD PARA 2016
CCOO de Castilla y León
Gabinete Técnico
Octubre de 2015
Secretaría de Estudios y de Asesoramiento Jurídico y Sindical
Unión Sindical de CCOO de Castilla y León
Primeras valoraciones de CCOO
del Proyecto de Medidas fiscales y del Presupuesto de la Comunidad para 2016
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INTRODUCCION
El Gobierno de la Comunidad acaba de remitir a las Cortes de Castilla y León el
Proyecto de Presupuesto de la Comunidad para 2016 y de ley de Medidas
Fiscales, dando inicio así a su tramitación parlamentaria.
CCOO de Castilla y León, como viene siendo habitual en los últimos años,
analizará dicho proyecto de presupuesto de forma detallada a través de su
Gabinete Técnico, a fin de participar en el debate parlamentario mediante
nuestras valoraciones y propuestas que haremos llegar al propio Gobierno, a
los grupos parlamentarios y a la sociedad castellana y leonesa en un informe
detallado.
Nuestro interés es conseguir la movilización de los recursos fiscales necesarios
para que la Comunidad disponga de ingresos suficientes y velar por que estos
sean destinados eficazmente a garantizar los dos objetivos que a nuestro
juicio han de ser fundamentales en cualquier administración pública y
particularmente en el Gobierno autonómico, que son: por un lado, el apoyo a
las personas, especialmente a las más desfavorecidas, mediante la dotación de
servicios públicos que garanticen la igualdad de oportunidades para toda la
ciudadanía y, por otro lado, el desarrollo de políticas de estímulo económico
que contribuyan a la reducción del paro y a conseguir mayores niveles de
calidad en el empleo.
Con este documento pretendemos avanzar cuáles serán las líneas básicas de
nuestra propuesta, al tiempo que realizamos una primera valoración respecto
de las medidas fiscales y financieras contempladas en la propuesta del
Gobierno autonómico.
Primeras valoraciones de CCOO
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CUADRO MACROECONOMICO Y PERSPECTIVA GENERAL
El Gobierno de Castilla y León ha previsto para 2016 un escenario
macroeconómico bastante realista dadas las actuales previsiones de los
principales organismos internacionales, al menos en lo que respecta a la
evolución del PIB. La previsión de crecimiento del PIB se sitúa en el 2,7% para
nuestra Comunidad, lo cual sería dos décimas menos que lo previsto para el
año en curso, y tres décimas menos que la previsión existente para el conjunto
del Estado. Aunque se trata de tasas de crecimiento bastante realistas, existe
siempre un margen de error notable en estas previsiones. Por tanto, no cabe
descartar que el resultado final varíe, especialmente si se concreta el
enfriamiento de la economía mundial y ello se traslada también a la economía
española, que en los últimos trimestres se ha visto muy favorecida por
elementos coyunturales como la disminución del precio del petróleo y la
depreciación del euro. Cualquier empeoramiento de este tipo, que confiemos
no se produzca, se trasladaría también al mercado laboral y a disponibilidad de
recursos presupuestarios.
La previsión de la Junta de Castilla y León, en este escenario macroeconómico,
es incrementar los ingresos no financieros de la Comunidad en 367M€, un
4,3%. Los ingresos se recuperarían sobre todo por el aumento de las
Transferencias corrientes del Estado, pero distaría mucho de alcanzarse el
nivel de ingresos existente antes de la crisis. En concreto, en 2008 los ingresos
de la Junta suponían casi el 18% del PIB de la Comunidad, mientras que
cayeron a un mínimo del 14,8% en 2014; su recuperación está siendo muy
limitada, quedándose en el 15,3% del PIB en 2015 y el 15,4% en estas
previsiones presupuestarias para 2016.
Por añadidura, el nuevo endurecimiento del objetivo de déficit público (que, de
acuerdo al escenario previsto, pasa del 0,7% del PIB en 2015 al 0,3% en 2016)
absorbe el grueso de este, de por sí limitado, incremento de los ingresos, de
manera que el gasto no financiero apenas aumentará. En concreto, el gasto no
financiero está previsto que se incremente únicamente en 87M€. Esto supone
un pírrico 0,99% en términos nominales, que será menos de lo que aumenten
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los precios, de tal forma que el gasto en términos reales (su valor real)
disminuirá de nuevo. El gasto no financiero de la Junta representaba en 2008
el 18% del PIB de la Comunidad, pero consecuencia de los sucesivos recortes
cayó hasta el 16,1% en 2015. En 2016, el gasto como porcentaje del PIB
volverá a caer hasta el 15,7%, de tal forma que harían falta más de 1.300 M€
adicionales para poder recuperar el nivel de gasto existente hace 8 años en
relación al PIB. Un año más, vuelve a reducirse el peso del sector público
autonómico y las políticas que presta (fundamentalmente, centradas en los
servicios básicos del Estado del Bienestar) en la economía de la Comunidad. De
nuevo, y a pesar de la coyuntura económica más favorable que en los últimos
ejercicios, se pierde otra oportunidad para revertir, ni siquiera parcialmente,
los recortes acumulados en los años de crisis.
Gasto público de la Junta de Castilla y León, como % del PIB de la Comunidad
19,0%
18,0%
18,0%
17,0%
16,1%
16,0%
15,7%
15,0%
14,0%
13,0%
12,0%
11,0%
10,0%
2008
2015
2016
LA CREACION DE EMPLEO
Para una organización sindical como CCOO, la creación de empleo y la mejora
de su calidad es sin duda uno de los objetivos más importantes que debe tener
el presupuesto de la Comunidad, especialmente ante la gravísima situación de
desempleo y deterioro de las condiciones laborales que estamos sufriendo en
los últimos años.
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La Junta de Castilla y León fija el crecimiento previsto del empleo en nuestra
Comunidad en el 2% para 2016 (por un 3% previsto a nivel estatal), lo cual se
traduciría en la creación de algo más de 18.000 empleos. Se trata de
previsiones en la línea de las existentes para 2015. Sin embargo, de acuerdo
con los datos actualmente disponibles cabe esperar que la creación de empleo
pudiera quedarse un poco por debajo de estas previsiones, tanto en 2015
como en particular en 2016, especialmente en el caso de Castilla y León,
donde el empleo muestra de momento bastante menor dinamismo que en el
resto del Estado. No obstante, sí cabe esperar que se cree empleo de manera
importante en el próximo año, a una tasa que podría situarse en torno al 1,5%
para nuestra Comunidad, de acuerdo con un escenario prudente y si no se
producen imprevistos macroeconómicos.
La creación de empleo, sin embargo, continuará siendo insuficiente para
reducir sensiblemente la aún desorbitada tasa de paro, que continuará
rondando el 20%. Esta falta de dinamismo del mercado laboral continuará
también sin revertir la pérdida de población y el envejecimiento de la misma,
un problema crónico de nuestra Comunidad agravado notoriamente en los
últimos años. Además, todo ello va acompañado de la profundización en el
deterioro de las condiciones laborales, observado tanto en el incremento de la
precariedad en la contratación como en la pérdida acumulada por el poder
adquisitivo de los salarios, que en Castilla y León alcanza el 8,5% en los
últimos 5 años. Como es bien sabido, la inestabilidad laboral y la disminución
de los salarios han agravado la crisis económica y, también, han minorado la
recaudación impositiva obtenida por los dos principales impuestos de la
financiación autonómica (el IRPF, que grava la obtención de rentas, y el IVA,
que grava el consumo realizado con las mismas), un problema particularmente
notorio en nuestra Comunidad dado que los salarios son sensiblemente
inferiores a los del promedio estatal y, además, han caído más con la crisis.
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MEDIDAS FISCALES
En 2016, la Junta de Castilla y León vuelve a insistir en la política de reducción
de impuestos iniciada en el ejercicio previo, que contradice la llevada a cabo
en ejercicios precedentes para tratar de garantizar la disponibilidad de
recursos suficientes. Dentro de la reducción impositiva, destaca la nueva
reducción del IRPF, el principal impuesto directo y redistributivo sobre el que
tiene competencias la Junta, y que se suma a la implementada el año anterior a
nivel autonómico y a las dos rebajas (2015 y 2016) implementadas a nivel
estatal. El escaso margen ofrecido por la recuperación económica se traslada,
por tanto, a volver a reducir el principal impuesto progresivo de la Comunidad,
con una reforma que, como demostraremos en nuestro análisis detallado,
disminuye tanto la capacidad para obtener recursos como la capacidad
redistributiva de nuestro sistema fiscal, en lugar de aprovecharse para
recuperar una parte de cierta importancia de las políticas de gasto recortadas
en los últimos años.
En concreto, la rebaja del IRPF contempla, por un lado, una disminución del
tipo impositivo del primer tramo de renta, que tiene más bien carácter
decorativo dado que los contribuyentes en este tramo más bajo de renta de
por sí apenas pagan el impuesto; y, por otro lado, un ensanchamiento del
segundo y el tercer tramo, manteniendo los tipos impositivos, lo cual implicará
que se pague menos por ellos, al requerirse un mayor nivel de renta para pasar
de un tramo a otro más exigente en términos de tipo impositivo. La reforma
reducirá la capacidad recaudatoria del impuesto y, aunque se diga lo contrario,
también su capacidad redistributiva: las rentas bajas (hasta unos 15.000 euros
de ingresos anuales) apenas pagan por este impuesto; las rentas medias (entre
unos 15.000 y unos 45.000 euros) se beneficiarán solo parcialmente, en la
medida en que alcancen los tramos que se relajan, y lo harán por tanto en
mayor medida cuanto mayor sea su renta; y las rentas más altas (por encima
de unos 45.000 euros) se beneficiarán por completo, dado que éstas no sólo
pagan el impuesto por el último tramo, sino por todos los anteriores que se
han relajado. La nueva reforma, por tanto, beneficia proporcionalmente más a
los que más tienen, y beneficia muy poco o nada a las rentas más bajas.
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Los argumentos esgrimidos para justificar esta nueva rebaja del IRPF no son
ciertos. Uno de estos argumentos es el de asemejar el IRPF al estatal, tras su
reciente reforma; sin embargo, esto se hace solo con los tramos, mientras que
los tipos impositivos son menores que los estatales, en particular los que
afectan a los tramos de rentas más altas. También se argumenta que esta
bajada de impuestos tendrá efectos de estímulo sobre la economía, pero los
estudios económicos realizados al efecto reflejan que una bajada de impuestos
directos tiene menor capacidad de estímulo económico que determinadas
políticas de gasto como la inversión pública, dado que deja recursos en los
bolsillos fundamentalmente de los ciudadanos con mayor renta (que no
necesariamente lo gastarán en el territorio), pero se renuncia a obtener esos
recursos con los que podrían aplicarse medidas de estímulo directas y,
además,
más
redistributivas.
Por
último,
es
cierto
que
los
efectos
recaudatorios de esta rebaja del IRPF no se trasladarán al Presupuesto de
2016, dado que las entregas a cuenta ya se encuentran calculadas, pero sí a
ejercicios venideros (doblemente, por una menor recaudación en los mismos y
por un peor resultado de la liquidación que corresponda a 2016), de tal forma
que contribuye a posponer en el tiempo y a cronificar el problema existente de
insuficiencia
de
recursos.
De
nuevo,
los
impuestos
directos
y
más
redistributivos vuelven a perder peso (en 2016 caerán un 0,3%, por un 1,8% de
aumento de los impuestos indirectos), una tendencia que se prolonga durante
los últimos años, consolidando un sistema no solo cada vez más insuficiente
para recaudar recursos, sino también cada vez menos redistributivo. Nuestras
propuestas en este sentido irán, sin duda, en el sentido contrario.
Variación interanual (2015-2016) de los ingresos por impuestos directos e indirectos
1,8%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
-0,3%
Impuestos directos
Impuestos indirectos
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La otra medida fiscal de relevancia es la eliminación del tramo autonómico del
Impuesto de Hidrocarburos, introducido en 2012. Este impuesto tiene carácter
indirecto y regresivo, dado que grava por igual a todos los consumidores con
independencia de su capacidad económica. Aunque podría haber tenido un
efecto disuasorio positivo en términos medioambientales, este impuesto ha
sido un fracaso en términos de recaudación debido a su carácter injusto y a la
elevada movilidad de las bases imponibles, lo cual unido a sus efectos
negativos sobre la actividad económica y a su carácter regresivo hace que su
eliminación resulte positiva. Sin embargo, deberían reforzarse los ingresos
impositivos por otra vía, preferentemente la de los impuestos directos para,
ante la insuficiencia existente, compensar los recursos que dejan de obtenerse.
Frente a estas medidas fiscales incongruentes, marcadas por la coyuntura
económica, el calendario electoral y la perniciosa competencia fiscal a la baja,
CCOO ha planteado y sigue planteando que es imprescindible llevar a cabo una
auténtica reforma fiscal tanto en la Comunidad como en el Estado, que permita
contar con los recursos necesarios para la prestación de políticas públicas de
calidad y, a su vez, un reparto más justo de la carga tributaria. El modelo fiscal
que propugna nuestro sindicato pasa por un incremento de la fiscalidad
directa en detrimento de la indirecta, con una apuesta por una fiscalidad más
progresiva en la que aporte más quien más recursos tenga. España continúa
encontrándose muy por debajo de la media europea de recaudación fiscal en
términos de PIB. Castilla y León, por añadidura, cuenta con menos ingresos en
relación a su PIB que las CCAA limítrofes con características similares, en
particular por la vía de los impuestos directos, una situación agravada con las
últimas medidas. El problema es, por tanto, de falta de ingresos y no de
exceso de gasto; además, dentro de los primeros, el sistema fiscal está
evolucionando hacia una cada vez mayor regresividad, lo que agrava las
injusticias sociales y la desigualdad.
Nuestra propuesta, que presentaremos al completo en nuestro informe
detallado
sobre
el
Presupuesto
autonómico,
contempla
el
incremento
progresivo del IRPF, la recuperación completa de los impuestos de Patrimonio y
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de Sucesiones, una política decidida contra la elusión y el fraude fiscal, la
eliminación del grueso de las bonificaciones fiscales de carácter regresivo.
Además, todo ello ha de ir acompañado de la exigencia, a través del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, de un sistema fiscal más justo en aquellas
cuestiones sobre las que la Junta no tiene competencias, como una rebaja del
IVA de los productos básicos, la igualación de la fiscalidad de las rentas del
capital a la de las rentas del trabajo, un impuesto sobre las transacciones
financieras y un impuesto de sociedades en el que las pequeñas empresas no
estén
perjudicadas
en
beneficio
de
las
grandes.
El
ejercicio
de
la
corresponsabilidad fiscal en este sentido es fundamental para poder exigir
también la imprescindible mejora de la financiación autonómica de aquellos
territorios que, como el nuestro, cuentan con especiales necesidades de gasto
debido al envejecimiento y la dispersión poblacional.
LAS POLITICAS DE GASTO
De lo explicado hasta ahora podemos decir con rotundidad que el presupuesto
de Castilla y León para 2016 es un presupuesto que consolida los recortes que
se han venido produciendo en los últimos ejercicios de crisis económica.
Actualmente, aunque la economía está creciendo a un ritmo importante, ni
mucho menos se plantea una recuperación del gasto público, que continúa
perdiendo peso en términos del PIB de la Comunidad (18% en 2008, 16,1% en
2015 y 15,7% en 2016) y consolida el deterioro en términos reales
experimentado en los años precedentes. Ante esta situación, la crisis parece
que resultaba una excusa, más que una causa, para recortar las principales
políticas de gasto competencia de las autonomías españolas, entre ellas la
nuestra.
Por capítulos de gasto, los Gastos de personal experimentan una ligera mejora
respecto al año anterior, aumentando un 2%. Esta evolución permitirá aplicar
ligeros incrementos salariales en términos nominales, si bien insuficientes para
empezar a recuperar el poder adquisitivo de los salarios de los empleados
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públicos, muy deteriorado por la crisis; y, además, posibilitará relajar la
reducción de las plantillas de empleados públicos que conllevaban los estrictos
límites en la tasa de reposición, si bien el actual límite del 100% continuará sin
permitir la recuperación ni siquiera parcial de unas plantillas notablemente
recortadas en los últimos años. La pérdida acumulada de poder adquisitivo de
los empleados públicos ha tenido efectos muy negativos sobre el conjunto de
la economía, al afectar al consumo y a las expectativas empresariales.
Mientras, los límites a la contratación de empleados públicos existentes en los
últimos años han deteriorado notablemente la calidad de la prestación de las
políticas y los servicios públicos en nuestra Comunidad y, además, han
contribuido al deterioro de la estabilidad laboral y la calidad del empleo en el
sector público. Con este nuevo Presupuesto, aunque estos problemas no
seguirán agravándose al mismo ritmo, distarán mucho de solucionarse, una
situación ante la que manifestamos una enorme preocupación.
También dentro del Gasto corriente, resulta muy positiva la reducción de más
del 18% de los Gastos financieros, que recogen las cuantías ligadas al pago de
los intereses de la deuda, como consecuencia de la relajación de las presiones
existentes sobre la deuda pública española; esto permitirá liberar alrededor de
75M€ para otras necesidades de gasto. Los Gastos corrientes en bienes y
servicios y las Transferencias corrientes, por su parte, apenas experimentarán
variaciones importantes en su conjunto, con un aumento del 0,3% y el 2,3%,
respectivamente. Sin embargo, dentro de los Gastos corrientes en bienes y
servicios, valoramos con preocupación la consolidación de determinadas
partidas como el gasto en materiales sanitarios, los conciertos en materia de
sanidad y de servicios sociales y las externalizaciones, que crecieron de
manera excesiva en los ejercicios precedentes, detrayendo recursos de otros
elementos imprescindible para garantizar la calidad de las políticas y los
servicios públicos y, de esta forma, redundando en detrimento de todo ello.
En cuanto a los restantes capítulos de gasto, cabe destacar el aumento de las
Inversiones reales, aunque a una escasa tasa del 4,6% interanual, que será a
todas luces insuficiente para revertir los enormes recortes en la materia
sufridos en los últimos años, que han causado efectos muy negativos sobre la
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actividad económica y el empleo. Menos aún crecerán las Transferencias de
capital, el 1,8%, consolidándose también los enormes recortes experimentados
en los últimos ejercicios. El muy limitado incremento de estos dos capítulos
implica la pérdida de una nueva oportunidad para incidir en la dinamización de
la actividad económica y, en particular, del empleo, por la vía de los Gastos de
capital en proyectos de interés general, unas actuaciones que se encuentran
bajo mínimos, pero que deberían tener carácter prioritario ante la gravedad de
las problemáticas sociales, económicas y laborales que continúa atravesando
nuestra Comunidad.
Por Consejerías, Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de oportunidades
concentran el grueso de las asignaciones presupuestarias, dado que se
encargan de las políticas que concentran las principales competencias
descentralizadas a las autonomías españolas. Dentro de ellas, Educación y
Familia e igualdad de oportunidades incrementan su presupuesto un 3,4% y un
4,4%, respectivamente. Este incremento se encuentra en línea con el aumento
esperado en el PIB nominal, de tal forma que en realidad estas políticas
mantendrán estancada su asignación como porcentaje del PIB, sensiblemente
recortada en los últimos años. Peor aún ocurrirá con la Sanidad, cuyo
crecimiento nominal del 1% será insuficiente para evitar que las políticas que
preste esta consejería experimenten una nueva caída en relación al PIB de la
Comunidad. En consecuencia, aunque la economía se recupera, ello no se
aprovecha para contar con más recursos y, de esta forma, la financiación de
los servicios públicos del Estado del bienestar continúa sin recuperarse ni
siquiera parcialmente de los enormes recortes sufridos en los últimos años, lo
cual seguirá repercutiendo muy negativamente en la calidad de estos servicios,
fundamentales para la equidad y la cohesión social.
En lo que corresponde a Familia e igualdad de oportunidades, sí valoramos
positivamente el incremento hasta los 69 M€ de la asignación destinada a la
Renta Garantizada de Ciudadanía, en cumplimiento de los acuerdos que en
esta materia se han formalizado en el Diálogo Social, con el objetivo de
atender a un mayor número de personas. Sin embargo, continúan sin revertirse
otros recortes implementados en materia de dependencia, una política que ha
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perdido buena parte de su carácter prioritario en nuestra Comunidad, tras los
recortes de los últimos ejercicios.
De entre las restantes Consejerías, valoramos en principio como un elemento
positivo el aumento de la asignación destinada a la Consejería de Empleo en
un 11,2%, siempre que realmente se ejecuten las cantidades presupuestadas, y
confiamos que estos recursos se destinen a políticas que permitan dinamizar y
mejorar la situación del mercado laboral en nuestra Comunidad mediante
actuaciones que no se enfoquen a un crecimiento estadístico del empleo sino
al desarrollo de medidas destinadas a recuperar calidad del empleo y a que
este incremente su contribución a la mejora de la competitividad de nuestra
economía. No obstante, tanto en lo que respecta a esta Consejería como a las
restantes, estas cifras agregadas no permiten un análisis exhaustivo y certero,
para lo cual nos remitimos al informe detallado que presentaremos en
próximas semanas, y que nos permitirá ofrecer valoraciones más detalladas y
en profundidad.
Finalmente, aunque somos conscientes de que un presupuesto no es otra cosa
que una previsión inicial a modo de declaración de intenciones, valoramos con
preocupación la evidencia que venimos obteniendo en sucesivos análisis
detallados de la liquidación del Presupuesto de Castilla y León. De dichos
análisis se desprende la existencia de prácticas consolidadas y reiteradas,
como la de presupuestar a la baja los conciertos educativos con entidades
privadas para camuflar parte de sus cuantías, realizando posteriormente
modificaciones al alza por importes que llegan a superar los 80 M€. Por otro
lado, observamos también que muchos gastos de capital, en particular ligados
a proyectos de inversión pública, aunque figuran en el presupuesto del
ejercicio no llegan finalmente a ejecutarse, lo cual tiene efectos muy negativos
sobre la actividad económica y el empleo que dichos proyectos contribuyen a
dinamizar, tanto durante su ejecución como tras ella. Ante estas evidencias,
como venimos haciendo en los últimos años, realizaremos un análisis
detallado de la liquidación presupuestaria del último ejercicio con información
disponible (2014), a partir del cual evaluar hasta qué punto los Presupuestos
inicialmente aprobados se corresponden con el gasto finalmente realizado.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
1.
A la vista de los datos más recientes sobre la evolución del mercado
laboral en nuestra Comunidad, resulta necesario ajustar las previsiones
de crecimiento del empleo a un escenario menos optimista y, en
particular, tomar consciencia de la gravedad de los problemas que siguen
suponiendo la enorme tasa de paro y el gran deterioro de la calidad del
empleo, cuestiones que la política presupuestaria debería combatir de
manera más decidida.
2.
La reforma de la Constitución pactada entre el PSOE y el PP en agosto de
2011, cuyo objetivo era anteponer los intereses de los acreedores al
interés público de la ciudadanía, supone un corsé para el desarrollo de
políticas públicas destinadas al estímulo de la actividad económica y al
sostenimiento de un incipiente estado del bienestar que garantice la
igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. En este sentido, el
sindicato siempre se ha opuesto a la definición de un calendario estricto
de reducción del déficit como máxima prioridad, por encima de la lucha
contra los principales problemas económicos y sociales de nuestro país,
como son el deterioro del mercado laboral y la creciente desigualdad. En
cuanto al concepto de suelo de gasto social, más allá de la propia
disquisición de lo que realmente es o no gasto social, para CCOO de
Castilla y León es preocupante que con la asimilación del mismo se
asuma de forma natural la imposibilidad de retornar a situaciones
anteriores a la crisis, garantizando una mayor suficiencia de recursos
para prestar adecuadamente todas las políticas competencia de la Junta.
3.
Apoyamos las reivindicaciones de la Junta para obtener una financiación
más justa y adecuada a las especiales necesidades de gasto de nuestra
Comunidad (ligadas al envejecimiento y la dispersión poblacional,
fundamentalmente) en un nuevo modelo de financiación autonómica. No
obstante, consideramos imprescindible que ello vaya acompañado de un
verdadero ejercicio de corresponsabilidad fiscal, que evite medidas
irresponsables de competencia fiscal a la baja entre autonomías. En
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particular, resulta preocupante la nueva rebaja del IRPF, el principal
impuesto de tipo redistributivo sobre el que contamos con competencias,
que redundará en una disminución de la capacidad de nuestro sistema
fiscal tanto para obtener recursos como para favorecer la equidad.
4.
Como en anteriores ejercicios, vamos a presentar una propuesta
detallada para implementar una verdadera reforma fiscal en nuestra
Comunidad, que acompañada de una mejora de la financiación
autonómica permita que Castilla y León cuente con los recursos
suficientes para prestar unas adecuadas políticas públicas y servicios
públicos y, en paralelo, garantizar un reparto más equitativo de la carga
tributaria que lleve a reducir los insoportables niveles actuales de
desigualdad. En esta propuesta, defenderemos el incremento progresivo
del tramo autonómico del IRPF, para que aquellos que cuentan con
mayores ingresos contribuyan más (al revés de lo que han hecho las
últimas reformas a nivel estatal y autonómico), una recuperación
completa de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones
para mejorar simultáneamente la capacidad recaudatoria y redistributiva
del sistema, así como la eliminación de las bonificaciones fiscales que
hacen más complejo el sistema fiscal y resultan injustas con quienes
tienen rentas bajas y no pueden beneficiarse de ellas. Todo ello debería ir
acompañado de una mejora en la financiación autonómica, ligado a una
reforma fiscal a nivel estatal, en la que se iguale la tributación de las
rentas del trabajo y las rentas del capital, se solucionen los agujeros
fiscales existentes en la tributación de las grandes empresas en el
Impuesto de Sociedades y se articule una lucha decidida contra el fraude
fiscal en coordinación con las CCAA.
5.
Por lo que respecta al empleo público, la relajación de la dura política de
congelación tanto de los salarios como del empleo impuesta en los
últimos años no será suficiente para revertir la gran reducción de
personal, el deterioro de la estabilidad y la calidad del empleo y la
notable pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos que se
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han producido durante la crisis, y que han erosionado gravemente la
calidad de las políticas y los servicios públicos. En esta situación,
continuamos manifestando nuestra preocupación por la consolidación de
los recortes implementados en la materia y consideramos fundamental un
cambio en la política presupuestaria que sitúe a la recuperación del
empleo público, su estabilidad y calidad como uno de sus ejes
prioritarios, con objeto de recuperar también la calidad en la prestación
de las políticas y los servicios públicos perdida en los últimos años.
Además de las negociaciones que en este sentido se lleven a cabo a nivel
estatal, creemos conveniente el impulso por parte de la Junta de Castilla y
León de las negociaciones en nuestro ámbito para desarrollar otras
medidas complementarias ligadas a la recuperación de derechos
laborales de los empleados públicos y al desarrollo de una carrera
profesional en el sector.
6.
Creemos conveniente la apertura de un proceso de recuperación para el
ámbito público de gestión de algunos servicios públicos que en el pasado
fueron total o parcialmente externalizados. Para ello, solicitamos la
creación de una comisión en el ámbito del Diálogo Social que estudie y
valore las actuaciones posibles con el objetivo de mejorar la prestación
del servicio, abaratar costes y garantizar las condiciones laborales de
quienes prestan dichos servicios.
7.
En lo que respecta a los servicios sociales, esperamos una mayor agilidad
en la tramitación de solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía, así
como que el presupuesto que se destine a ella no sea un límite para
atender las necesidades de las personas que en nuestra Comunidad se
encuentren en situación de necesidad extrema. Creemos necesario
recuperar el 15% en las ayudas que la administración regional redujo en
2012 en las ayudas para las personas cuidadoras de personas en
situación de dependencia y, rechazamos frontalmente cualquier intento
de incrementar los copagos en los servicios sociales. Por último en este
apartado, consideramos imprescindible un auténtico impulso a las
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políticas que garanticen a la ciudadanía castellana y leonesa el derecho a
disponer de una vivienda digna, para lo cual es imprescindible la creación
de un parque público autonómico de vivienda en alquiler y la mejora del
actual sistema de ayudas al alquiler para que estas no se encuentren
sujetas a disponibilidad presupuestaria.
8.
Somos conscientes que el presupuesto que se aprueba en las Cortes
precisa a lo largo de su ejecución de modificaciones para adecuarlo a
situaciones imprevistas o de urgencia. No obstante, venimos observando
cómo año tras año las modificaciones presupuestarias que se realizan en
algunas partidas y especialmente en relación a los centros educativos
concertados, suponen finalmente importantes incrementos en relación
con el presupuesto inicial. No podemos aceptar que esta práctica se siga
realizando y exigimos que el presupuesto de este capítulo que se debata
en el parlamento autonómico responda a las necesidades reales y no se
apruebe nuevamente un presupuesto a la baja que deba ser modificado
posteriormente.
9.
En los 6 años más duros de la crisis económica, la inversión pública de la
Junta se redujo en alrededor de 1.200 M€ en términos reales, pasando de
representar cerca del 3% del PIB a menos del 1%, con un enorme efecto
perjudicial sobre la actividad económica y el empleo de la Comunidad. En
2016 la inversión pública sube muy ligeramente, por un importe de unos
20 M€, que resulta a todas luces insuficiente para recuperar ni siquiera
parcialmente este instrumento, fundamental para dinamizar la economía
del
territorio.
Además,
en
nuestros
análisis
de
la
liquidación
presupuestaria hemos constatado cómo estos proyectos de inversión, ya
de por sí bajo mínimos en las previsiones iniciales, frecuentemente no
son ejecutados o lo son parcialmente, agravando esta situación.
Reclamamos la recuperación decidida de la inversión pública de la Junta
hasta niveles cercanos al 3% del PIB, que permita volver a situar a esta
herramienta como un eje clave de la dinamización de la economía y el
empleo a corto, medio y largo plazo, así como un instrumento al servicio
Primeras valoraciones de CCOO
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del interés general y la cohesión social y territorial, mediante la
implementación de proyectos de utilidad social.
10.
Según los datos de la EPA, en Castilla y León se han perdido en torno a
170.000 empleos en los 6 años de crisis, que distan mucho de revertirse
con la insuficiente creación de apenas 15.000 empleos medios anuales
que muestran los últimos datos de 2015. Sin embargo, pese a esta
situación, las políticas activas de empleo perdieron más de 110 M€ de
asignación
en
términos
reales
con
la
crisis.
En
2016,
resulta
esperanzadora la recuperación de la asignación de la Consejería de
Empleo en más de 25 M€, que confiemos se destinen a programas
beneficiosos para impulsar la creación de empleo y la calidad del mismo.
Sin embargo, continuamos reclamando la recuperación del grueso de la
asignación
que
recibían
estas
políticas
y
la
implementación
de
actuaciones ambiciosas para estimular a través de ellas la actividad
económica y el empleo de calidad.
11.
En los últimos años, la asignación presupuestaria destinada a los
servicios básicos del Estado del bienestar (sanidad, servicios sociales y,
en particular, educación) se ha reducido notablemente y ha perdido peso
en términos del PIB, alejándonos de las CCAA más avanzadas y, aún en
mayor medida, del promedio europeo. Reclamamos un acuerdo para
garantizar la sostenibilidad presupuestaria de los servicios públicos, a
partir de la recuperación progresiva, pero sin dilación, del peso de su
asignación presupuestaria en relación al PIB hasta los niveles previos a
los recortes, que vaya acompañada de un control de los gastos
superfluos, pero también de un refuerzo de las partidas más necesarias
para el impulso de la calidad del empleo público y de la prestación de los
servicios. A este respecto, las menciones al “suelo de gasto” resultan
absurdas, dado que implican una distribución del gasto entre políticas
todas ellas importantes (desde los servicios públicos del Estado del
bienestar a actuaciones fundamentales para el futuro económico de la
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Comunidad, como los programas de empleo, la inversión en I+D o
proyectos de inversión pública de gran utilidad social).
12.
La apuesta, al contrario, ha de ser por una mejora estructural de la
financiación de la Comunidad, que permita recuperar un volumen de
recursos suficientes para prestar adecuadamente el conjunto de las
políticas públicas competencia de la Junta y, a partir de ello, establecer
las prioridades pertinentes en la distribución del gasto. La reforma del
Estatuto de autonomía para incorporar dicho Suelo de Gasto sin
consensuar paralelamente las bases para el incremento de los ingresos
públicos, derivado de un acuerdo en los objetivos económicos, sociales y
laborales de la Comunidad, así como en un modelo fiscal que permita
obtener más recursos de una forma más justa, es dar rango estatutario a
los recortes que se han realizado en estos largos años de crisis y
austeridad.
Valladolid, 15 de octubre de 2015
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