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Vol. XXIV, Núm. 92 • MARZO de 2015
Tras larga batalla
VictoriA JUDICIAL DE
Comunidad Vietnam
[pág. 2]
Mensaje del
Director Ejecutivo
[pág. 4]
Ciudadanos se
encandenan a
portones de
Junta de Calidad
Ambiental
[pág. 8]
Acuerdan facilitar
servicios legales
a víctimas de
violencia de género
[pág. 9]
Lanzan portal
ayudalegalpr.org
Ver página 3
Nuevos
espacios de
democracia
Exitoso Quinto
Encuentro
de Comités
Asesores
de SLPR
Ing. Ingrid
Vila Biaggi
[pág. 8-9]
MARZO de 2015
[pág. 10-11]
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
1
“Los momentos pasan: pasan con ellos los
hombres; pero siempre llega el día de la victoria para la justicia. Que no la vea el que
por ella ha sucumbido, eso, ¿qué importa?
El fin no es gozar de ese día radiante; el fin
es contribuir a que llegue ese día”.
Eugenio María De Hostos
SERVICIOS LEGALES Y LAS
LUCHAS COMUNITARIAS
DE PUERTO RICO
Cucubano
El CUCUBANO, permiso 2110, es un periódico publicado
trimestralmente por Servicios Legales de Puerto Rico
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2015-Vol. XXIV-Núm. 92
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Lic. Charles S. Hey Maestre
Editora
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Ingrid M. Vila Biaggi
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Yarielis Rodríguez Aguayo Wilbert López
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Servicios Legales de Puerto Rico
2
Mensaje del Director Ejecutivo
el
Lic. Charles S. Hey Maestre
Este número de El Cucubano les trae importantes noticias que frecuentemente no son divulgadas en la prensa
convencional del país (escrita o electrónica). Pero en Servicios Legales de Puerto Rico, los resaltamos porque afectan
las vidas de miles de residentes de esta Isla. Son noticias
que giran en torno a las luchas de comunidades pobres
en todo el país por su dignidad y bienestar. Ejemplos de
estas son:
• La lucha de las comunidades de Guaynabo por resistirse a unas expropiaciones que son un síntoma de
políticas paternalistas de alegado “desarrollo” en las
cuales no han participado y que buscan esconder y
marginar aún más a sectores pobres de ese Municipio. En el caso particular de la barriada Vietnam de
Guaynabo, su perseverancia dio fruto con un importante fallo judicial a su favor.
• La lucha de comunidades en todo el sector norte de
Puerto Rico en contra de la ubicación de un incinerador en Arecibo, con los efectos nocivos a la salud y
el ambiente que han sido harto documentados por
médicos, científicos y grupos profesionales pero que
son ignorados por el Estado que pone un oído sordo
a sus reclamos mientras favorece intereses que, de
nuevo, argumentan con dinero para adelantar el proyecto.
• La lucha de una comunidad más, esta vez en Utuado, en contra de la colocación de antenas de transmisión en su barriada. Esta es sólo la más reciente
de decenas de luchas similares en todo Puerto Rico
(Humacao, San Sebastián, Cabo Rojo, etc.), muchas
de las cuales han sido exitosas. Pero por la frecuencia que se repiten tenemos que preguntar: ¿por qué
siempre el atropello –en este caso la construcción de
grandes antenas literalmente encima de residencias
de familias humildes– a los pobres? ¿Cuándo una
comunidad adinerada se ha visto amenazada por la
colocación de una de estas antenas encima de sus
casas?
Servicios Legales de Puerto Rico está de hombro con
hombro apoyando estas comunidades y muchas más.
Nuestro compromiso con la igualdad al acceso de la justicia se extiende a familias y comunidades que son ignoradas o permanecen invisibles para las autoridades públicas
o para entes privadas poderosas con diseños propios (y
excluyentes) para el país. A través de los centros de servicio directo de SLPR y de nuestra Unidad de Trabajo Comunitario seguiremos apoyando a las comunidades con
asesoramientos y representación legal en los foros que
sean necesarios.
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
Nos honra y nos alientan las palabras de la Ing. Ingrid
Vila, reproducidas en este número del Cucubano, y quien
se dirigió el 1 de marzo de 2015 al Quinto Encuentro de
Comités Asesores de SLPR. La ingeniera acierta cuando
expresa, “las comunidades dan todos los días pasos importantes hacia [una] transformación y son escuela para
quienes aspiremos a transformar el país. Saben lo que
es abrirse espacios contra viento y marea. Ese puede ser
nuestro punto de partida.”
En estos días tuve la oportunidad de presenciar, con
orgullo y satisfacción una de las luchas comunitarias más
importantes del momento. La Sala 508 del Centro Judicial de San Juan se llenó de residentes de comunidades
del país –de Guaynabo y San Juan, pero también de tan
lejos como Sabana Grande y Mayagüez– para ver y apoyar a los litigantes de comunidades de Guaynabo, representadas por abogadas y abogados de Servicios Legales
de Puerto Rico, ante el intento de ese municipio de lograr
que se declare inconstitucional las secciones de la Ley de
Comunidades Especiales que impiden la expropiación de
sus comunidades sin su consentimiento. Esta ley del 2001
es uno de los logros principales de años recientes que comienza a nivelar las escalas de la justicia en las relaciones
entre la mayoría pobre del país y las minorías desarrollistas y sectores gubernamentales insensibles.
En la Sala 508, los abogados de SLPR se unieron a abogados del Departamento de Justicia que representaban al
gobierno central y su Oficina de Comunidades Especiales,
y juntos demostraron la importancia de la ley para nuestra
gente. Dejaron al descubierto los intentos injustos y errados del municipio por atropellar comunidades que llevan
generaciones de existencia y que tienen todo el derecho de
participar en la mejoría de sus condiciones de vida. El Juez
de la sala reservó su fallo, pero estamos contentos y optimistas con la calidad de representación y la integridad que
demostró nuestro equipo de trabajo –en contra del poder
de uno de los municipios de mayor fortaleza económica del
país que se atrevió a alegar que había “sufrido daños” por no
poder eliminar a las comunidades pobres y que recurrió a
un exjuez del Tribunal Supremo del país para litigar su caso. A nuestro equipo de trabajo: Lcda. Janice Gutierrez y
Lcdo. José A. Rivera del Centro Metropolitano; Lcda. Verónica González y Lcda. Hadassa Santini de la Unidad de
Trabajo Comunitario y Lcdo. Rafael Rodríguez Moctezuma
del Centro de Corozal, nuestra felicitación por un trabajo
bien hecho. Al portavoz de las comunidades de Guaynabo, Jorge Oyola, y a todos sus residentes: nuestro saludo
y admiración por su perseverante lucha por la dignidad y
respeto. Nos hace recordar las palabras del abolicionista
afroamericano del siglo diecinueve, Frederick Douglass:
“La justicia es una lucha constante.”
MARZO de 2015
“
Hay que reconocer el trabajo de la jueza, que en un
caso difícil tomó la decisión valiente y correcta en
derecho, al decirle que no a un municipio poderoso.
Victoria para comunidades especiales
Tribunal anula
expropiaciones en Vietnam
Por: Damaris Suárez
El Cucubano
Tras una larga batalla de los vecinos
de la comunidad de Vietnam, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan
determinó anular el proceso de expropiación forzosa que pretendía realizar
el Municipio de Guaynabo a una familia residente en Vietnam por incumplir
con la ley que ordena a los municipios a
consultar a las comunidades especiales
sobre el proceso de expropiación.
La jueza superior Leticia D. Ortiz
Feliciano ordenó además, que en todos
los casos vigentes de expropiación los
municipios tendrán que certificar que
se ha cumplido con todos los requisitos
en ley.
“Luego de examinar las circunstancias particulares del presente caso,
concluimos que el Municipio de Guaynabo carecía del poder legal necesario
para adquirir mediante el mecanismo
de expropiación forzosa. Ciertamente
la Asamblea Legislativa tiene amplia
discreción para determinar las ocasiones y la manera en que un municipio
puede instar procedimientos de expropiación forzosa… Por ello, no podemos legitimar el curso de acción del
Municipio al incumplir con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1”, reza la
sentencia judicial.
De acuerdo a la gerente de la Unidad de Trabajo Comunitario de SLPR,
Lic. Hadassa Santini Colberg, la decisión va sobre todos los casos de expropiación que ha decidido radicar el
Municipio de Guaynabo en todas las
comunidades, porque es el mismo procedimiento en violación a la ley “que es
clara y que da un mandato a los municipios que para poder expropiar tienen
que consultar a las comunidades y posteriormente, la Asamblea Legislativa
tiene que evaluar dicho proceso para
emitir una resolución que autorice la
expropiación”.
MARZO de 2015
Alfonso Lugo, líder comunitario de Vietnam
Según la experimentada abogada, la
intención legislativa es clara; proteger la integridad de esa comunidad, ya que hasta el
momento en que se aprueba la ley, los municipios expropiaban forzosamente comunidades pobres en aras de realizar supuestos
proyectos con fin público que terminaban
siendo proyectos de construcción de viviendas de lujo o para fines comerciales.
Ejemplo de esto es la comunidad Mainé en Guaynabo, que fue expropiada para
construir establecimientos de franquicias
multinacionales de restaurantes de comida rápida.
“Muchas de estas comunidades están localizadas en áreas de mucho valor,
como el caso de Vietnam que se encuentra frente a la bahía de San Juan y ha pasado de ser un lugar de mosquitos a uno en
el que el alcalde Héctor O’Neill, pretende
construir viviendas de lujo con área para
las lanchas de sus residentes con acceso a
la bahía. Los pobres le molestan, no los
quiere allí. La decisión reitera nuestra
postura que el alcalde ha estado violando
la ley desde hace muchos años y que la
Oficina de Comunidades Especiales lo sabía y debió haber actuado mucho antes”,
puntualizó Santini Colberg.
Para la Lic. Verónica González Rodríguez, de la Unidad de Trabajo Comunita-
rio de SLPR, aunque el efecto de esa sentencia no es aplicable en otros casos, “en
la práctica lo es, ya que en sala, la jueza
emitió una orden para que en todos los
casos de expropiación pendientes, independientemente en qué municipio, se
certifique que se ha cumplido con todos
los requisitos de la ley, que incluye la consulta. No anula las expropiaciones anteriores pero entendemos va a detener las
que estén en trámite”.
“Hay que reconocer el trabajo de
la jueza, que en un caso difícil tomó la
decisión valiente y correcta en derecho,
al decirle que no a un municipio poderoso. Hizo su trabajo en una sentencia
bien fundamentada. Un trabajo valiente
y una aportación importante”, aseguró
González Rodríguez.
Celebra la Comunidad…
Los vecinos de la comunidad de Vietnam celebran y comparan la victoria judicial tal cual fuera la batalla de David &
Goliath.
“La comunidad ha reaccionado 100%
a favor de nosotros. La decisión le ha
dado más confianza. Se han unido más
a la lucha comunitaria, inclusive estamos
haciendo ahora unas reuniones por sectores pues los grupos están aumentando.
Primero no tenían mucha confianza,
pensaban que perdíamos el tiempo”,
dijo a El Cucubano Alfonso Lugo, líder
comunitario de Vietnam.
Lugo aceptó que hasta ellos tenían dudas del proceso y si podían prevalecer.
“O’Neill es el presidente de la Federación de Alcaldes, tiene mucho poder.
Le temen. Los residentes de Vietnam
que siempre se han opuesto a la expropiación están tranquilos pues existe una
ley que nos protege. Estamos más que
preparados, estamos como dicen por
ahí, guardando la cartita bajo la manga. Más preparados de lo que piensan.
Como cuando un batallón va a atacar a
su enemigo que está en silencio… Así estamos nosotros”, advirtió.
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
”
Optimistas ante otra dura batalla
Al cierre de esta edición se celebró
el juicio del caso en el que el Municipio
de Guaynabo impugna la designación
de todas las comunidades especiales
de su municipio alegando no fue consultado tal y como mandata la ley. Durante el proceso, el Lic. Rafael Alonso,
abogado del Municipio sentó a declarar
al alcalde como único testigo. Aunque
Héctor O’Neill aseguró nunca fue consultado previo a la designación, se pasó
evidencia documental de intercambio
de correspondencia, comunicaciones y
reuniones en las que el ayuntamiento sí
tuvo participación en el proceso.
De acuerdo a la Lic. Verónica González de la Unidad de Trabajo Comunitario de SLPR, el alcalde se contradijo
varias veces en su testimonio.
“Se pasó evidencia, particularmente
con el testimonio de la Dra. Linda Colón, primera coordinara general de Comunidades Especiales de que ella hizo
una consulta en mayo del 2001 y que se
reunió con el alcalde y el entonces secretario de la gobernación”, aseguró.
Según González, durante el juicio, se
comprobó que el Municipio Autónomo
de Guaynabo fue consultado y que se tomaron en cuenta sus recomendaciones,
ya que del listado inicial se sacó la barriada Honduras a solicitud del alcalde ya
que la comunidad ya no existía.
“Se mostró evidencia que el alcalde
designó a Lenía Ortíz de Bennazar como
enlace entre el Municipio y la Oficina de
Comunidades Especiales… Hay cartas,
correspondencia. Se aceptaron 26 exhibit que demuestran la comunicación
constante durante el proceso”, subrayó.
Aunque el juez superior de San Juan,
Carlos Carrasquillo se reservó el fallo,
González dijo que “estoy bien optimista.
No tengo la menor duda que el testimonio de la Dra. Linda Colón dejó ver que
las alegaciones del Municipio no eran
correctas”, aseguró.
3
“
Decidimos encadenarnos para demostrar que nosotros hemos
intentado por todos los medios hacer llegar razones válidas
por las que no se debe establecer la incineradora.
En protesta por planta de incineración de basura en Arecibo
”
Ciudadanos se encandenan
a portones de JCA
Por: Damaris Suárez
El Cucubano
Un grupo de ciudadanos se encadenó a los portones de
la oficina central de la Junta de Calidad Ambiental para
exigir que se paralice el proceso de permiso de construcción de la propuesta planta de incineración de basura en
Arecibo y que se elabore además, una nueva Declaración
de Impacto Ambiental que atienda todas las preocupaciones y reclamos de la ciudadanía.
Según el primer vicepresidente de la Junta de Directores de SLPR, Jesús García Oyola, tomaron la drástica decisión para dramatizar las irregularidades con las que esa
agencia ha manejado el proceso.
“Exigimos nos escuchen. Esta es la única forma en la
que aparentemente esta agencia puede escucharnos. No
nos han querido escuchar”, aseguró.
De acuerdo a las comunidades opuestas al incinerador,
la JCA se ha aliado a la compañía Energy Answers durante el proceso de evaluación y permisología obviando reglamentos y sin evaluar objetivamente los planteamientos
esbozados por grupos ambientales y comunitarios sobre el
peligro de contaminación que supone el proyecto.
Recordó que la pasada presidenta de la JCA, Lic. Laura
Vélez Vélez, es esposa de uno de los abogados del bufete que representa a la empresa proponente y sin embargo
Carlos Mario García Berríos, quien hace meses realizó una
huelga de hambre en contra del proyecto, se unió a la manifestación.
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nunca se inhibió del proceso. De acuerdo a los manifestantes, ésta renunció a la presidencia en medio de un escándalo de conflictos de intereses en medio de una investigación
de la Oficina de Etica Gubernamental. El esposo de la Lic.
Suzette Meléndez, también relacionada al proceso es abogado de Energy Answers.
Para el Rev. Wilfredo Vélez Hernández, la Junta de Calidad Ambiental se ha convertido en la “Junta de Corrupción Ambiental” porque se ha hecho parte de un proceso
en contra de las comunidades de los pobres. La JCA ha
asumido posiciones en contra de su deber ministerial, pues
sus actuaciones y sus actos de corrupción han favorecido
insistentemente a la empresa por encima de los legítimos
intereses de la ciudadanía”, sentenció.
“Decidimos encadenarnos para demostrar que nosotros hemos intentado por todos los medios de hacer llegar razones válidas por las que no se debe establecer la
incineradora. A cambio, hemos recibido oídos sordos,
especialmente de la “Junta de Corrupción Ambiental”,
insistió el religioso quien fue parte del Comité Asesor de
Arecibo de SLPR.
También se encadenó el ciudadano Carlos Mario Gar-
Rev. Wilfredo Vélez Hernández sujetando pancarta con el nuevo significado de las siglas JCA.
cía Berrios, quien hace unos
meses realizó una huelga de
hambre frente a los portones de
la Fortaleza en reclamo de la
atención del Gobernador.
Por su parte, la Lic. Hadassa Santini Colberg, gerente de la
Unidad de Trabajo Comunitario
y Acuerdos Colaborativos de
SLPR, aseguró que “los procesos han sido atropellados. Se dio
un proceso de permiso en 11 días
en el que no se nos dio tiempo
de examinar las miles de páginas
de documentos y los documentos
ambientales carecen de información vital y pública (como la disposición de las cenizas) pero la
misma se nos ha negado ya que
la JCA ha decidido proteger a la
Energy Answers”.
A la derecha varios de los encadenados frente a los portones de la JCA, acompañados por
la Lic. Hadassa Santini Colberg, gerente del Proyecto de Comunidades Especiales y Trabajo
Comunitario de SLPR. A la derecha el presidente del Comité Asesor de Arecibo, Jesús García Oyola.
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
“
...la jueza superior Aileen Navas Auger falló también
a favor de los ciudadanos que exigen a la JCA la
divulgación de información precisa sobre cómo se
manejarán las cenizas generadas por la incineradora.
”
Victoria para las comunidades
Jueza Superior ordena se divulgue
dónde dispondrán de las cenizas
Por: Damaris Suárez
El Cucubano
El Tribunal de Apelaciones reconoció el derecho de los vecinos y comunidades aledañas a cuestionar el permiso
de contaminación del aire otorgado
recientemente por la Junta de Calidad
Ambiental (JCA) a la empresa Energy
Answers para operar la propuesta incineradora en Arecibo.
Por su parte, la jueza superior Aileen
Navas Auger falló también a favor de los
ciudadanos que exigen a la JCA la divulgación de información precisa sobre
cómo se manejarán las cenizas generadas por la incineradora.
Reivindicados los derechos
de las comunidades
Para los vecinos y grupos ambientales que se oponen al proyecto, la decisión del Tribunal de Apelaciones es una
victoria para reivindicar su derecho a
impugnar y presentar prueba sobre el
impacto ambiental que tendría la incineradora en la calidad del aire de la
zona.
“El Tribunal de Apelaciones determinó que la Junta de Calidad Ambiental
tenía que apercibir a los vecinos y otras
personas de su derecho de impugnar el
permiso y de presentar testigos y otra
prueba sobre las consecuencias ambientales del permiso otorgado”, sostuvo la
Lic. Hadassa Santini Colberg, gerente
de la Unidad de Trabajo Comunitario
y Acuerdos Colaborativos de SLPR que
representa a los ciudadanos.
Los vecinos habían solicitado sin éxito a la JCA que se les reconociera el derecho de impugnar el permiso, lo que
interpretaron los vecinos como evidencia adicional de que la JCA favorece a
Energy Answers en vez de proteger la
MARZO de 2015
salud de las comunidades, como es su
misión.
En la sentencia el Tribunal de Apelaciones indicó: “… una vez la JCA finalice el procedimiento evaluativo y conceda o deniegue finalmente el permiso a
Energy, deberá apercibir que cualquier
parte afectada, con capacidad e interés,
puede impugnar el permiso autorizado
finalmente”.
A Peñuelas las cenizas
Tras la jueza superior Navas Auger
ordenar a la JCA que entregue información sobre dónde se dispondrá de las
cenizas que genere el propuesto incinerador, la agencia acató la orden.
Para la Coalición de Organizaciones
Anti Incineración con la decisión de la
jueza se ha logrado “una nueva victoria
de los derechos de la ciudadanía a estar
informada”.
“La JCA presentó una carta de compromiso de una compañía de Peñuelas
que está construyendo un vertedero privado y que se comprometió con Energy
Answers a aceptar las cenizas de la incineradora. Esta carta tiene fecha del 24
de marzo de 2014, o sea que estuvieron
casi un año violando el derecho de información de la ciudadanía” declaró el
Dr. Angel González, portavoz de la Coalición.
“No sabemos si esta única facilidad
podrá manejar las 200,000 toneladas
de cenizas anuales que se producirían,
así que aún queda por averiguar si hay
otros municipios donde enterrarían
estos tóxicos. Recuerden que esto es
por al menos 30 años”, sostuvo González.
“Por lo pronto, ya sabemos que al menos una cantidad importante de cenizas
van para este vertedero en el sur, donde
amenazarían algunos de los acuíferos
más importantes del País. La ruta más
corta sería por la carretera 10, así que
todas las comunidades que estuvieron
amenazadas por el gasoducto sufrirán
los peligros que implican decenas de
camiones transitando diariamente por
esa vía quemando diesel y transportando cenizas que contienen, entre otros
venenos, metales pesados y dioxinas”,
enfatizó por su parte Jessica Siegle, de
Basura Cero. Se organiza comunidad para hacer
frente a propuesta antena de
telecomunicaciones en Utuado
Vecinos del barrio Arenas de Utuado
se oponen a la propuesta instalación
de una torre de comunicación en su
comunidad. Rigoberto Barlucea, vecino
del barrio Arenas, asistió a la reunión
mensual del comité asesor de SLPR de
Arecibo para solicitar orientación sobre los pasos a seguir para impedir la
instalación de una torre de antenas de
comunicación en esta comunidad. El comité asesor de Arecibo y líderes comunitarios de Arenas lograron el apoyo del
alcalde de Utuado, Hon. Ernesto Irizarry
Salvá, para evitar la construcción de la
propuesta antena tras una extensa reunión en la que se le plantearon las preocupaciones de los residentes.
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
Ingeniero Juan Jiménez
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Nuevos espacios
“
Tenemos un sistema en el
que unos pocos, con mollero
político y económico,
monopolizan las decisiones
que nos afectan a todos,
donde el amiguismo vale más
que el mérito, que el esfuerzo
y el trabajo...
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Por Ingrid M. Vila Biaggi
Exsecretaria de la Gobernación
e Ingeniera Ambiental
Para que Puerto Rico pueda generar nuevos escenarios de acción, tenemos que comenzar a derribar los
muros que nos cierran espacios en nuestra democracia.
Nuestra Constitución establece que “el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña, y que entendemos por sistema
democrático aquel donde la voluntad del pueblo es
la fuente del poder público, donde el orden político
está subordinado a los derechos del hombre y donde
se aseguran la libre participación del ciudadano en las
decisiones colectivas”.
Es una declaración robusta que recoge de manera
efectiva y sucinta las aspiraciones e ideales de un país democrático. La definición que se le dio a la democracia
en el 1952, es pertinente hoy. Lo que perdió vigencia y
necesitamos ajustar, con urgencia, es la puesta en práctica de este sistema democrático. Nuestra Carta Magna se
quedó corta en procurar las garantías que aseguren: primero, la voluntad del pueblo como fuente de poder, y
segundo, la subordinación del orden político a ese principio, de manera que la participación del ciudadano en
las decisiones colectivas sea real. Me explico.
La voluntad del pueblo y la participación citadas en
la Constitución se han limitado al voto directo en las
elecciones cada cuatro años y en referéndums que se
convoquen. Ese voto directo se ha convertido en nuestra única oportunidad para expresar nuestra voluntad
individual y para participar de manera directa en el
proceso de toma de decisiones que afectan la sociedad a la que pertenecemos.
Aparte, el sistema que se ha creado es uno de
suma cero, donde quien gana la elección por
mayoría se lleva todo y la voluntad de la minoría
queda suprimida. Pero nuestra Constitución no
dice que la voluntad de la mayoría es
la fuente del poder público; es la voluntad de todo el pueblo, de minorías
y mayorías, de donde emana el poder
público. Como dice Giovanni Sartori,
investigador italiano en el campo de las
ciencias políticas1: “el principio de mayoría no expresa y no pretende expresar ‘valor’ ninguno. Es sólo una técnica, un método, un instrumento al que
nos sometemos porque es mejor que
otros…La tiranía de los números avala
la cantidad; es decir devalúa la calidad”.
Y es precisamente así como estamos administrando nuestra democracia, como
un simple mecanismo para escoger a
funcionarios políticos. Administramos
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
el sistema como una moneda devaluada. De la mayoría
de las decisiones que nos afectan a diario, en lo colectivo y en lo individual, quedamos excluidos de participar.
Y en las que participamos vía referéndum, como fue
el caso de la unicameralidad, se tergiversan los resultados y sus interpretaciones, para ignorar la voluntad
del pueblo.
Además de estas claras limitaciones, circunscribir la
voluntad del pueblo a expresiones electorales en cuatrienios, parte de una premisa errónea: que en el resto
de las decisiones, el gobernante y los funcionarios electos harán lo que el pueblo haría si ocupara su lugar. Es
una presunción ambiciosa, ilusoria y contraria a la propia Constitución que coloca al pueblo en el centro de
la gestión democrática y ve en el poder público electo
un instrumento de la voluntad popular. A esto, es preciso sumarle una gran plaga de la democracia moderna: el inversionismo político, que entra para financiar
campañas a cambio de tratos preferenciales y permite
el acceso, y a veces incluso el control de los procesos administrativos, a unos individuos sobre otros. Dice Francisco de Quevedo: “poderoso caballero es don dinero”.
Ese es el problema fundamental del inversionismo partidista: que mete el dinero donde deben estar las razones y las políticas bien pensadas, que institucionaliza
un sistema y una cultura gubernamental de prebendas,
alejada de las necesidades y las soluciones que el país
necesita. Conclusión: hemos permitido que nuestra democracia tome un rumbo contrario al espíritu de nuestra Constitución.
Creemos que tenemos un sistema democrático, pero
no lo es. Tenemos un sistema en el que unos pocos,
con mollero político y económico, monopolizan las decisiones que nos afectan a todos, donde el amiguismo
vale más que el mérito, que el esfuerzo y el trabajo; un
sistema que promueve la desigualdad, porque premia
el oportunismo y censura la honestidad.
Administrar el estado es una responsabilidad muy
seria que tiene que procurar, por encima de todo, una
distribución justa y productiva de los bienes y los servicios. Significa propiciar oportunidades para todos, no
para unos pocos, reconocer que el poder emana del
pueblo y que las opiniones y posturas de las comunidades, de los grupos de acción civil, y de la sociedad
en general tienen que nutrir la toma de decisiones.
Administrar la vida en democracia nos toca a todos y
no debe, no puede, estar a la merced de aquellos que
persiguen el enriquecimiento propio a costa del erario,
ni debe, ni puede, continuar siendo rehén de la élite
política.
He visto como se mendiga por fondos para poder
limpiar y revitalizar las comunidades del Caño Martín
Peña, mientras se cede a la presión ejercida por grandes empresas multinacionales cuando éstas exigen que
se les exima de su aportación justa en el pago de las
MARZO de 2015
de democracia
contribuciones. He visto como las comunidades levantan su voz en protesta cuando les quiere imponer un
incinerador que afectará su salud y transformará para
siempre la ecología del país, mientras los propulsores
de ese proyecto contratan a todo cabildero y abogado
disponible para lograr su aprobación expedita, en violación de leyes y reglamentos.
Hemos visto como el gobierno decide botar a 30,000
empleados públicos, mientras hipotecan nuestro futuro con emisiones de deuda ¿Es que hemos perdido
el norte? ¿Es que no nos quedan principios y valores
centrales que rijan la toma de decisiones? Es fácil concluir que el dinero corrompe, pero no. Es la pérdida
de concepciones básicas acerca de la ética del servicio
público, el esfuerzo, la decencia y la dignidad la que
permite la corrupción. Valores que nuestra Constitución atesora pero que han quedado relegados al papel.
¿Habremos perdido también nuestra capacidad de
indignación o es que nos rendimos al pensar que estamos solos en nuestras reflexiones y deseos de cambios
verdaderos? No creo. Demostramos nuestra capacidad
de indignarnos y actuar en la lucha que detuvo las prácticas militares en Vieques y el gasoducto, lo hacemos
para excarcelar a Oscar López y para combatir la violencia de género, entre otras muchas causas que el país
ha abrazado con entusiasmo y tesón.
Pero sobre la opresión cotidiana, esa que no nos permite disfrutar a todos de las mismas oportunidades, la
indignación la llevamos por dentro. Expresamos descontento a nivel individual. Preferimos llevar la protesta en la casa y descargar el malestar por los medios
sociales, pero cuando toca dar un paso para unirnos en
un reclamo contra el estado, mostramos reserva. No es
para menos. Hemos vivido en una suerte de sujeción
silente, donde el estado actúa como el antiguo hacendado que dispone de nuestro destino. Tememos encender su furia para evitar mayor opresión o persecución.
En vez, nos sometemos y pagamos los platos rotos, los
errores y las políticas desacertadas.
Llegó el momento de dejar a un lado las reservas y el
miedo, para asumir la responsabilidad política que nos
exige nuestra Constitución. Suprimamos, de una vez, la
indiferencia y apoyemos las iniciativas que cambian la
historia de los países.
No se trata de rojos, de azules o verdes, sino de luchar y exigir el rescate de nuestra dignidad y nuestra
libertad humana, que la democracia debe proteger. Esa
dignidad y libertad que nuestra Constitución vigila y
que nos han arrebatado como ladrones en la noche,
apaciguándonos con migajas y discursos apocalípticos
que recetan medicinas amargas que no pueden curar
nada. No debemos estar conformes. No podemos estarlo, mucho menos ahora, en momentos de grave crisis
fiscal, económica y social. Es precisamente ahora cuando toca penetrar, como sociedad civil, en las entrañas
mismas del acontecer político. Es ahora cuando urge
reclamar nuestro espacio en la esfera pública.
No es un asunto que podemos dejar a la deriva; perMARZO de 2015
mitir que el tiempo pase y que las aguas vuelvan a su
nivel. Las naciones se forjan ellas mismas, se luchan y se
trabajan. Las luchan los individuos, las comunidades,
aunque se esté en minoría. No podemos ceder nuestra
responsabilidad a fuerzas externas u ocultas. Cada persona somos la fuerza.
Y la fuerza la ejercemos con voz y participación. Por
eso hay que procurar una transformación de nuestro
sistema democrático. Ya no hay espacio para relegarnos a la indiferencia y delegar los asuntos a una élite
política y económica intocable. Toca despertar y darnos cuenta que somos parte integral y responsable de
la ecología social.
Comencemos por recuperar la capacidad de conversar, de escucharnos, de tolerar nuestras diferencias.
Es requisito básico de la vida en democracia. Reconstruyamos la conciencia colectiva, el tejido social, para
atender los problemas que enfrentamos. Mucho se ha
comentado en los pasados años de las decisiones difíciles que se han tomado, pero la realidad es que las
decisiones difíciles se barren debajo de la alfombra con
la esperanza de que desaparezcan. Por eso año tras año
repetimos: la insatisfacción con nuestro sistema educativo y con el trato a los niños y niñas de educación especial; las deficiencias en servicios básicos como el agua
y la luz; la falta de equidad; la realidad de un sistema
de cuidado de salud que depende de fármacos y no podemos pagar; el aumento continuo en la desigualdad y
las consecuencias directas que engendra, como la violencia desmedida y atroz; la irracionalidad de nuestro
sistema contributivo; la caducidad de nuestro modelo
económico; los impedimentos para podernos relacionar con plena libertad con otras naciones en pro de
nuestro desarrollo y enriquecimiento social, económico y cultural, entre otros. Estos son los verdaderos problemas que nos afectan, y que evaden desde el poder,
tratándonos de convencer de que se hace mucho y de
que vamos en la dirección correcta cuando la realidad
es que no avanzamos.
Nuestro país, sociedad y economía necesitan una
nueva organización, que garantice que los intereses
individuales están subordinados al interés público común, reconociendo que cuando mejoran las cosas para
todos, cada uno nos beneficiamos. La vida en democracia supone que la generación presente hace un pacto
con las del pasado, de las que recibe un legado, y con
las futuras, a las que le prepara el camino del porvenir.
Por esto tenemos que procurar abrir y construir espacios permanentes y protegidos donde conversar de
forma constructiva sobre nuestra realidad, presentar
diversidad de opiniones y conciliar nuestras diferencias. Lugares desde donde se informen con apertura
y transparencia las realidades que enfrentamos, donde
nos eduquemos acerca de los temas que nos afectan,
para juntos diseñar las soluciones.
Tenemos que comenzar a buscar y a imaginar protecciones constitucionales para estos espacios. Tenepublicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
mos que repensar nuestra Constitución y asegurarnos
que incluya las garantías necesarias para que el pueblo
ejerza su voluntad en aspectos medulares de nuestro
desarrollo social, garantías de participación que trasciendan el aspecto electoral de cada cuatro años. Esto
puede incluir enmendar nuestra Carta Magna para incorporar: presupuestos participativos; normas básicas
electorales que eviten que los partidos legislen las reglas como les conviene; procesos que permitan a la ciudadanía llevar a referéndum iniciativas importantes o
propuestas de impacto que se estén considerando; mecanismos que permitan a la ciudadanía iniciar procesos
de residenciamiento de funcionarios electos; consejos
vecinales que definan las prioridades y necesidades de
las comunidades; requisitos de asambleas ciudadanas
nacionales dos o tres veces al año para que el gobierno rinda cuentas del progreso de programas e incorpore las aportaciones de la ciudadanía en el diseño
del país; una verdadera representatividad de género y
pensamiento en nuestros cuerpos políticos que refleje
nuestra diversidad, entre otros. Lo importante es elevar
a rango constitucional la puesta en práctica de la participación democrática.
Así comenzaremos a construir no solo una sociedad
consciente de su responsabilidad generacional, sino
una sociedad solidaria que colabora y se vincula, que
crea redes sociales para forjar nuevas iniciativas. De
esto se trata la democracia participativa y la construcción de un modelo social y económico sustentable.
Puerto Rico puede convertirse en una nación competitiva. Puede dejar atrás la crisis fiscal y económica.
Puede rescatar los valores que se promulgan en nuestra
Constitución y puede ofrecer una vida buena para todos y todas. Nuestra capacidad de progresar depende
de la posibilidad de que todos alcancemos nuestro potencial, de la sabia utilización y protección de nuestros
recursos naturales y de la madurez y seriedad con la
que atendamos los asuntos del gobierno. Demostremos
que tenemos la capacidad de rescatar nuestra democracia, de impulsar una verdadera participación ciudadana y de atender de frente los problemas que hemos
evadido por décadas.
Las comunidades dan todos los días pasos importantes hacia esa transformación y son escuela para quienes
aspiremos a transformar el país. Saben lo que es abrirse
espacios contra viento y marea. Ese puede ser nuestro
punto de partida. Que nadie nos meta miedo. Atrevámonos a diseñar una sociedad con un nuevo espíritu
crítico, pero solidario; dispuesta a recrear su acción
política. Actuemos sobre la indignación. Exijamos más.
Merecemos más.2
1
Giovanni Sartori. ¿Qué es la democracia? (Madrid: Taurus,
2003).
2
Adaptación del mensaje ofrecido durante el 5to. Encuentro Nacional de Comités Asesores de Servicios Legales, en
Hormigueros, el domingo 1 de marzo de 2015.
7
Fundación Alas a la Mujer y SLPR
acuerdan facilitar servicios legales a
víctimas de violencia de género
Por: Damaris Suárez
El Cucubano
Servicios Legales de PR (SLPR) y la
Fundación Alas a la Mujer formalizaron un
acuerdo colaborativo para fortalecer el alcance comunitario y facilitar los referidos
de sobrevivientes de violencia de género,
agresión sexual y acecho.
SLPR recibirá los casos referidos por
Alas a la Mujer a través del Servicio de Entrevista Centralizado y proveerá servicios
integrales a las víctimas incluyendo la representación legal en los casos relacionados.
El acuerdo de colaboración fue firmado por el director ejecutivo de SLPR, Lic.
Charles Hey Maestre y la presidenta de la
Fundación Alas a la Mujer, Sonia Flores de
Cortés.
“Este acuerdo nos parece maravilloso
porque va a complementar muy bien nuestros servicios. Nos da tranquilidad porque
nos permitirá ofrecer los servicios de forma
más completa. Nuestros casos han aumentado y es bueno saber que podemos contar con
una organización como SLPR que entiende
lo que es la mujer y la pobreza”, sostuvo la
presidenta de la fundación.
La Fundación Alas a la Mujer tiene como
misión brindar ayuda sicosocial, educativa,
emocional y económica a mujeres de escasos recursos víctimas de violencia de género
y agresión sexual. Parte de esos servicios es
el asesoramiento legal. Ese proceso legal
puede ser la parte más difícil para romper el
ciclo de violencia doméstica.
“Las víctimas quieren romper el vínculo
matrimonial y nosotros no teníamos los servicios. Hablamos de mujeres pobres que incluso,
si confrontan problemas de custodia de menores o de alimentos no tienen recursos para
contratar abogados privados. Muchas veces la
situación económica de la mujer es un escollo para continuar con los procesos y en eso
es vital la labor que realizan los abogados y
abogadas y SLPR ”, subrayó Flores de Cortés.
“Nuestra clientela identifica el área de
violencia de género como una de las prioritarias y tenemos que hacer lo posible por
hacer más. La fundación Alas a la Mujer
Lic. Janice Janice Albarrán, Lic Charles Hey Maestre junto a la presidenta de Alas a la Mujer, Sonia
Flores y la Lic. Marggiemay Burgos
nos permite tener acceso a esa clientela
que de otra forma sería más cuesta arriba”,
aseguró Hey Maestre.
Durante la firma del acuerdo participaron
la Lic. Janice Albarrán Suárez, Gerente del
Proyecto Justicia Integral para Mujeres y la
Lic. Marggiemay Burgos Arocho, Gerente
de Proyectos Especiales de SLPR.
Tras dos años de litigios
inaugurarán Salón de Vida Independiente
Por: Yarielis Rodríguez Aguayo
Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad Interamericana
En los pasados meses, los principales
medios de comunicación han reseñado un
sin número de casos donde padres y madres de estudiantes de educación especial
han acudido a los tribunales a reclamar los
derechos de sus hijos. El caso radicado en
el foro federal –y que fue resuelto por el
Hon. Juez José A. Fusté– acaparó la atención de los medios al declarar que la calidad de la educación del País era vergonzosa y más aún, el trabajo del Departamento
de Educación (DE). En su conclusión, el
Juez expresó tener la esperanza de que
“tal vez” el DE se sintiera tan avergonzado
de su conducta que buscaría un remedio,
no solo para el estudiante de ese caso en
particular, sino para todos los estudiantes
del sistema que estén enfrentando una
situación similar. Como este caso, se han
radicado cientos de querellas administrativas solicitando al DE que cumpla con su
8
responsabilidad de ofrecer la educación y
los servicios adecuados a los estudiantes de
educación especial.
La Oficina de Servicios Legales de Caguas recibió un caso muy particular. Una
estudiante de 16 años, que identificaremos como L.T.C., fue ubicada en la escuela Dra. Conchita Cuevas de Gurabo, en
el grupo de Vida Independiente. Sin embargo, desde el año escolar 2011-2012,
la estudiante había sido ubicada, junto a
otros niños, en el salón de maternidad y
paternidad responsable pues el salón que
les habían asignado no había sido acondicionado ni preparado de acuerdo a sus
necesidades. Entonces, la madre radicó
una querella administrativa en agosto de
2012, ya que la estudiante no estaba recibiendo la educación especial apropiada
por no tener un salón adecuado.
Luego de casi un año se celebró la vista
administrativa en la que se indicó que una
arquitecta había visitado la escuela y había
identificado un área para convertirla en
salón de educación especial de Vida Independiente. El diseño incluiría un baño
adaptado para impedidos, la construcción
de un salón de enfermería, oficinas, almacén. Además, el espacio contaba también
con área de patio. Se emitió Resolución en
abril de 2013, en la cual se ordenó al DE
que el salón estuviera listo para comenzar
el año escolar 2013-2014.
No obstante, para mediados de septiembre de 2013 el salón aún no había
sido habilitado y la madre del estudiante acudió nuevamente a la Oficina de
Servicios Legales en Caguas. Habiendo
agotado todos los recursos administrativos, Servicios Legales procedió, en octubre de 2013, a presentar un recurso de
mandamus ante el Tribunal de Primera
Instancia. No se trataba de un caso que
podría resolverse con una mera negociación o solicitando una reasignación de
personal. Esta vez, el DE, en conjunto
con la Autoridad de Edificios Públicos,
debía realizar una subasta formal y luego
identificar y asignar los fondos para realizar las obras de construcción. El Tribunal
declaró ha lugar el recurso y, nuevamente, se ordenó al DE a cumplir con la re-
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
solución. Dicho sea de paso, este es uno
de quince mandamus presentados por el
Centro de Servicio Directo de Caguas en
el último año.
Posteriormente, en una vista de seguimiento –a un mes de haber radicado el
recurso de mandamus– se le notificó al
Lic. Benjamín García González y a Edison García Creitoff, especialista en educación especial, que se había realizado la
subasta y la asignación de fondos para el
proyecto. La construcción del nuevo salón de Educación Especial de Vida Independiente se había estimado en $168,000.
En ese momento, la Autoridad de Edificios Públicos indicó que se contemplaba
que el proyecto estaría terminado en seis
meses. Sin embargo, transcurrido dicho
término, la madre acude nuevamente a
nuestras oficinas a informar que el salón
no estaba listo; no habían comenzado
las obras. No fue sino hasta que se solicitó al Tribunal que declarara incurso en
desacato al demandado, que el DE, finalmente acondicionó y eliminó las barreras
arquitectónicas de este salón.
MARZO de 2015
Estrena portal ayudalegalpr.org
Acceso a la Justicia al alcance deL teclado
Por: Damaris Suárez
El Cucubano
Por primera vez en la historia, todos
los ciudadanos y ciudadanas de nuestro
país independientemente de sus recursos económicos pueden tener acceso a
asesoría e información legal con solo
utilizar su computadora o teléfono inteligente.
MARZO de 2015
La organización Espacios Abiertos
en un esfuerzo conjunto con Servicios
Legales de PR (SLPR) y todas las entidades que proveen servicios legales
gratuitos en la Isla, anunciaron el lanzamiento del portal web ayudalegalpr.org,
dedicado a orientar sobre los procesos
legales más comunes que la ciudadanía
enfrenta a diario.
El portal ayudalegalpr.org se estre-
nó durante el 5to Encuentro de Comités Asesores de SLPR celebrado en
Hormigueros, ya que precisamente la
intención de la creación del portal es
ofrecer una herramienta de acceso a
la justicia a los sectores pobres que no
cuentan con los recursos económicos
para pagar orientación legal privada. La
presentación estuvo a cargo de la Lic.
Ariadna M. Godreau Aubert.
“Es una herramienta con contenido que permite al usuario obtener información sobre derechos,
leyes y sobre procesos legales en
un lenguaje sencillo y accesible.
Funciona estableciendo un centro
donde se puede encontrar información educativa que explica en
arroz y habichuelas como ir a un
tribunal, cuáles son los conceptos
claves en un proceso de familia,
PR, Pro Bono, Inc., Oficina Legal de la
Comunidad, Inc., Clínica de Asistencia
Legal de la UIPR, Clínica de Asistencia
Legal- UPR y la Clínica de Asistencia Legal- PUCPR. El portal cuenta con la colaboración, además, de organizaciones
como Coordinadora Paz para la Mujer
y AARP generando contenido legal de
interés para ciertas poblaciones, como
violencia de género y personas de edad
avanzada, respectivamente”, señaló.
La meta inicial del sitio web es de
servir como instrumento educativo. Se
puede acceder con facilidad tanto desde un ordenador como desde teléfonos
móviles ya que, según recientes estudios, cerca del 80% de los usuarios de
internet en PR lo hacen a través de teléfonos inteligentes.
Para la Directora de la Clínica de
Asistencia Legal de la Escuela de De-
información sobre inmigración,
formularios que se necesitan para
acudir a los tribunales. La idea es
ayudar a promover el acceso a la
justicia dándole a la gente la primera información que necesita
para identificar si tiene un asunto
legal y los primeros pasos que tiene que dar”, explicó.
El portal web funciona sobre una plataforma que provee
lawhelp.org, que permite que entidades de servicios legales en Estados Unidos y sus jurisdicciones
puedan establecer páginas similares para educar a la comunidad
sobre asuntos legales.
“En Puerto Rico nos dimos la
tarea de hacer criolla la plataforma de lawhelp.org dándole una
identidad de contenido que vaya
a tono con nuestras necesidades.
Para esto contamos con la colaboración de todos los proveedores
de servicios legales gratuitos del
país como Servicios Legales de
recho de la UPR, Lic. Mariluz Jimenez,
ayudalegalpr.org es una especie de
puente que acerca a la población con
la información general con contenidos
sobre los temas de mayor necesidad fomentando el acceso a la justicia. Jimenez forma parte de la dirección de Espacios Abiertos encargada del área de
Acceso a la Justicia de la entidad.
“La idea es que las personas q no tienen acceso fácil a un abogado o abogada tengan una herramienta para aclarar
dudas sobre aquellos temas legales de
mayor incidencia, con las preocupaciones de la gente. Una vez que la persona
entienda que, en efecto necesita ayuda
legal, la página le provee un listado de
todos los proveedores de servicios legales gratuitos a través de la isla y un sistema de mapas que con la tecnología de
GPS le indica cómo llegar a los centros
de servicios y/o tribunales más cercanos”, explicó.
La página cuenta con una biblioteca
en la que las y los ciudadanos pueden
ver las leyes actualizadas y solicitar alguna en particular. Permite también acceder a formularios actualizados.
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
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Exitoso Quinto
Encuentro de
Comités Asesores
de SLPR
Por: Damaris Suárez
El Cucubano
Con un gran entusiasmo y una extraordinaria participación se celebró recientemente el 5to Encuentro de
Comités Asesores de SLPR. Este año, la cita fue en el Centro de Convenciones Bobby Cruz en Hormigueros, donde
más de 150 personas, incluyendo representación de casi
la totalidad de los 17 Comités Asesores, miembros de la
Junta de Directores, directores y directoras de los Centros
de Servicio Directo, además de personal administrativo,
participaron en un exitoso intercambio de ideas y conocimiento con el objetivo de fortalecer la encomiable labor que realizan los Comités.
SLPR cuenta con Comités Asesores en cada uno de los
17 Centros de Servicio Directo a través de la Isla. Estos
Comités son el vínculo de nuestro programa con las personas y las comunidades que representamos. A su vez,
representan los intereses de la clientela y colaboran incansablemente en la divulgación y promoción de nuestros servicios.
La jornada inició con la presentación de invitados y
breves saludos protocolares salpicados por luchas icónicas comunitarias de las que ha sido parte SLPR como la
oposición al establecimiento de una planta de incineración en Arecibo y el reclamo del derecho a los servicios
de educación especial. Se transmitió, además, un mensaje grabado para SLPR por el Comisionado Residente en
Washington, Pedro Puierluisi.
Por su parte, durante su mensaje, el Director Ejecutivo,
Lic. Charles Hey Maestre destacó el reconocimiento que
la Corporación Federal de Servicios Legales (LSC) hiciera
al trabajo que realiza SLPR y la participación de las comunidades y de nuestra clientela.
“Los retos y las situaciones que confrontamos son
desesperantes pero los esfuerzos son grandes e inspiradores. Es el testimonio del pueblo que lucha. En agosto
del 2016 SLPR cumplirá 50 años. En ese medio siglo este
Bufete del Pueblo ha trabajado casi 2 ½ millones de casos. En el 2014 atendimos 72 mil llamadas, se completaron servicios en 24 mil casos… un aumento de 3% al año
anterior, testimonio de la intensidad del trabajo de todo
nuestro personal en toda la Isla”, aseguró.
Como parte de la jornada de trabajo se presentó formalmente el Proyecto de Espacios Abiertos y el portal
ayudalegalpr.org. La oradora invitada Ing. Ingrid Vila Biaggi presentó su ponencia “Nuevos Espacios de Democracia” y luego la presidenta de la Junta de Directores de
SLPR, Dra. Adi Martínez Román prosiguió con el informe
de progreso sobre Planificación Estratégica de SLPR, que
se encuentra en su etapa final; así como una presentación del Proyecto de Derechos de Consumidores de
SLPR, a cargo de la Lic. Gladys Vilá.
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A la izquierda el Director Ejecutivo de SLPR, Lic Charles Hey Maestre y la Dra. Adi Martínez, quien preside la Junta de Directores de SLPR, mientras se dirigen a la audiencia del 5to Encuentro.
Desde la izquierda, Lucilla Marvel y la Lic. Ariadna Godreau de Espacios Abiertos; la exsecretaria de la gobernación, Ing.
Ingrid Vila Biaggi, quien fuera la oradora invitada y el Dr. Javier Colón Morera, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR.
Desde la izq. la Lic. Vanessa Raffols Salaberry, directora del Centro de Servicio Directo de Mayaguez junto al presidente
del Comité Asesor de Mayaguez, Orlando Serrano; Jorge Oyola, vicepresidente del Comité Asesor Metropolitano junto
a la Lic. Janice Gutiérrez, directora del Centro de Servicio Directo Metropolitano.
En la tarde, los trabajos iniciaron con el taller “Los retos
que enfrentan los Comités Asesores”, moderado por la Lic.
Hadassa Santini Colberg, gerente de la Unidad de Trabajo Comunitario de SLPR, junto a la Lic. Janice Gutierrez,
directora del Centro de Servicio Directo Metropolitano;
Jorge Oyola, vicepresidente del Comité Asesor Metropolitano; la Lic. Vanessa Raffols Salaberry, directora del Centro de Servicio Directo de Mayaguez; Orlando Serrano,
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
presidente del Comité Asesor de Mayaguez; el Lic. Rafael
Sánchez Valentín, director del Centro de Servicio Directo
de Ponce y Rebecca Alvarado, presidenta del Comité Asesor de Ponce.
La jornada de trabajo concluyó con la presentación
de la abogada del Centro de Servicio Directo de Arecibo,
Aleida Centeno, sobre el impacto de las cenizas que produciría la propuesta incineradora en ese municipio.
MARZO de 2015
Participantes del 5to Encuentro de Comités Asesores en medio de la jornada de trabajo.
Wilfredo Vélez y Carlos Mario García
muestran las cadenas con las que se amarraron a los portones de JCA para dramatizar irregularidades en manejo de permiso proyecto de incineración en Arecibo.
Lic. Aleida Centeno, del Centro de
Servicio Directo de Arecibo mientras
explica daños de cenizas de propuesta
incineradora.
“Estrategia”
Por Medardo Rosario miembro
del Comité Asesor de Aibonito
Sé que Servicios Legales
es un espacio abierto.
Ayuda legal, lo cierto.
Justicia en comunidades.
Educando, nuestros males
pronto se disiparán.
Aunque quieran, no podrán
mermar la capacidad.
Nuestra lucha la verdad
jamás la derrotarán.
S
A la izquierda Jesús García Oyola, presidente del Comité Asesor de Arecibo se dirige a los presentes; a la derecha y abajo se observa a parte de la
audiencia en medio de la jornada de trabajo del 5to Encuentro de Comités Asesores.
Redefinir la visión,
estableciendo las metas
nuestro accionar se completa
con esta organización.
Que sea la educación
el motor que nos dirija.
El objetivo se elija
pa’ eliminar la pobreza.
Incrementar la presencia,
valor que se nos exija.
S
Se hace muy necesario
que no sea en la oficina.
En el barrio, en la colina
que trabajemos a diario.
La justicia, el ideario
que dirija al abogado.
Que trabaje a nuestro lado,
su accionar un compromiso.
Ventajas y beneficios,
compromiso del letrado.
S
¿Qué es la comunidad?
El vecino, la escuelita.
El corazón me palpita
confrontando esa verdad.
A veces la realidad
nos oprime, nos masacra.
Al pobre se le maltrata
necesita mucha ayuda.
La lucha se torna aguda,
que termine esta trata.
Derecho a tener derechos,
unirse es la solución.
Todos juntos en la unión
al mal metiéndole el pecho.
El respeto es el hecho
que debemos procurar.
Levantarse pa’ luchar
para lo que corresponde.
La justicia no se esconde
la tenemos que rescatar.
MARZO de 2015
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
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Propuestas de Acción para el 2015
Legado del Segundo Congreso de
Educación Especial “Juan Santiago Nieves”
Análisis
Rosalie López
Amanda Fuentes PRACEE
En este 2015, el camino por la lucha de los derechos
de nuestros estudiantes de educación especial viene enmarcado en las propuestas de acción discutidas durante
el Segundo Congreso de Educación Especial “Juan Santiago
Nieves”.
Para el Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial (PRACEE), el mayor legado
que delinea nuestras metas en este año fue la discusión
abierta en cinco sesiones concurrentes de los temas que
aparecen a continuación. Lo planteado en cada eje temático nos muestra como toda la comunidad como participante activa y no mera espectadora puede generar
soluciones sencillas, pero poderosas. Veamos:
I. Técnicas de capacitación y apoderamiento
La portavoz de este eje temático, la Sra. Bárbara
Ortiz, es madre de un estudiante de educación especial. Hace un llamado a madres, padres y encargados a
orientarse en los procesos, apoderarse de información
y poner la misma en práctica. Continúa diciendo, que
si el padre o madre tiene cita con algún funcionario,
maestro o director es importante seguir los procesos,
persuadiendo respetuosamente. Recomienda, además,
practicar la empatía en los procesos difíciles, esto puede agilizar los mismos y evitar discusiones o querellas.
La falta de comunicación y de ética profesional según la ponente, afecta mucho los servicios relacionados
en la Educación Especial. El Departamento de Educación (DE) cambia las reglas del juego muy a menudo y
no se comunica a la población que recibe los servicios,
ni a las personas que ofrecen los mismos.
Por último, se debe exhortar al estudiantado de
educación y al personal docente y no docente que es
su responsabilidad moral, social y profesional ponerse
al día en su área. Se debe evaluar al personal y hasta un estudiante en este eje temático mencionó, que
los estudiantes deben también evaluar a los/las maestros. Para finalizar se mencionó, que si el maestro o la
maestra no cumple con las leyes debe ser sancionado
o sancionada.
II.Acomodos Razonables y Asistencia Tecnológica
La Profesora Margarita Morell Landaure fungió
como ponente en este eje temático. En este se discutió
que el DE debe crear un perfil dinámico del personal
docente que se inserta en el programa de Educación
Especial y trabajar el reglamento de certificación de
maestros a nivel universitario, exigiendo mayores re-
12
quisitos y créditos para estos futuros profesionales. Se
debe trabajar y exigir certificación en acomodos razonables y Asistencia Tecnológica (AT); además adiestrar
al personal que llena los referidos de AT; el 90% de los
mismos son denegados por falta de información.
Otra sugerencia es descentralizar los asuntos escolares para volver al concepto de las escuelas de la
comunidad. Capacitar a todos los miembros de la
comunidad escolar cuando se adopte un modelo de
inclusión. También, orientar sobre asistencia tecnológica a nivel de Head Start; pues en ocasiones se gestionan los procesos de AT luego de que el estudiante
entra al DE.
En este renglón se hace un llamado a la urgencia en mejorar y reforzar los servicios de Asistencia
Tecnológica, como también el apoyo técnico a las
escuelas.
III. Las Querellas y el Remedio Provisional como herramienta para padres y madres
La intercesora del PRACEE, Lisandra Rodríguez
Núñez, nos indica que los servicios de educación relacionados que deben recibir los estudiantes son discutidos y acordados entre los miembros del Comité
de Promoción y Ubicación (COMPU), en sus correspondientes reuniones y deben estar debidamente documentados en los PEIs y minutas. Se le aconseja al
DE viabilizar o garantizar que los peritos, terapistas o
especialistas estén presentes en la reunión siempre que
se discuta un asunto que le competa. A partir de la reunión hay 30 días para que el estudiante reciba los servicios, no desde que se someta el referido. Luego de vencido el término están en posición de solicitar Remedio
Provisional. Es conveniente anejar copia del referido,
minutas y PEIs a la solicitud como evidencia de la recomendación y para dar seguimiento. La Unidad Secretarial de Querellas y de Remedio Provisional (USQRP)
tiene 20 días para procesar la solicitud y responder por
escrito aprobación o negación del servicio. Se advierte
que luego de vencido el término la aprobación es automática. Los padres pueden ir personalmente a buscar
la carta, el listado de proveedores y el contrato al día
21. Uno de los problemas que se presenta con USQRP
son los pagos tardíos a los proveedores y esto genera
muchas renuncias e interrupción de servicios. Es responsabilidad del D.E. mejorar los procesos de pagos
de los proveedores.
Cuando se identifica una controversia, se debe discutir y dialogar con los demás miembros del COMPU.
En el caso de que los miembros del COMPU no lleguen
a un acuerdo sobre los servicios del menor, se recoge
la información bajo minuta y se radica una querella.
También se podría radicar una querella en caso de que
el estudiante no este recibiendo los servicios recomen-
Licenciado Osvaldo Burgos Pérez en el taller : ¿Cómo preparar su defensa?
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
MARZO de 2015
dados en el COMPU y han vencido los referidos.
Conforme decreta la Sentencia por Estipulación del
pleito de clase Rosa Lydia Vélez, la controversia debe
ser resuelta en o antes de los 45 días, aunque puede
ser extendido. No necesariamente los padres deben
ir representados legalmente a las vistas administrativas; aunque el DE siempre lo está, por lo cual es recomendado prepararse y buscar acompañamiento de los
servicios disponibles a la comunidad como: PRACEE,
APNI, Comité Timón, SLPR y Clínica Legal de la Comunidad, Inc.. Al recibir la resolución/orden vele por
su cumplimiento.
IV. ¿Cómo preparar su defensa?
La Lcda. Brenda Martínez Juan nos menciona que
cuando se pauta una cita para el COMPU o Vista uno
debe prepararse para tener claro lo que queremos.
Muchas veces pensamos que estamos listos, sin embargo al salir de la reunión no se logra nada. Es ahí cuando surge la pregunta ¿Cuál es la forma adecuada de
prepararse para estas reuniones?
Es importante tener un expediente recogido y organizado cronológicamente. Esto facilita el manejo
de los documentos y mantiene una correlación. Debe
contener en el mismo todos los sobres de cartas enviadas del DE y viceversa. También debe incluir lo que se
recoge en las reuniones y las minutas.
Todas las divergencias deben hacerse constar en las
minutas, al igual que los acuerdos. La minuta se debe
hacer en el transcurso de la reunión para que nada
MARZO de 2015
falte. Si los funcionarios se niegan a incluir esas divergencias, los padres o madres pueden hacer un documento aparte dirigido al Departamento de Educación
para incluir esa información. La comunicación debe
ser por escrito o no se puede utilizar como prueba.
Las alegaciones en la querella deben ser específicas. Esto evita que más adelante la querella tenga que
ser enmendada y los términos tengan que volver a
empezar. Debe asegurarse que la prueba que se va a
presentar en la Vista, se notifique en el tiempo que
establece la ley a la otra parte y que esté disponible el
día de la Vista, incluyendo los testigos.
Los padres deben ir preparados a todas las reuniones ya sea de COMPU o Vista administrativa. Por lo
tanto, deben traer sus materiales para tomar notas y
así llevar sus propias bitácoras (de lo sucedido) y lo
pueden incluir en el expediente del menor o hacer un
expediente aparte.
Las reuniones del COMPU no deben suspenderse
ni atrasarse por problemas de MIPE (Mi Portal Educativo). La ley establece unos procesos y si el sistema
no permite escribir toda la información lo que debe
hacerse es escribir esa información adicional en una
hoja aparte y anejarla. El programa MIPE no enmienda la ley.
Se le advierte a los padres, madres o encargados
que tengan mucho cuidado cuando los funcionarios
le dicen que se van a quedar con las minutas para
transcribirlas. Esto se presta para añadir o quitar información de lo discutido en la reunión. Deben tener
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
mucho cuidado con lo que suben en las redes sociales
sobre los casos de su hijo o hija, ya que estos son confidenciales y pueden ser usados en su contra.
V. ¿Y después de los 21 qué?
La Dra. Lina M. Torres Rivera indica que mientras
el estudiante está en el DE tiene derecho a muchos servicios que lo ayudan en el crecimiento. Sin embargo,
cuando el joven con impedimentos múltiples sale de la
escuela no hay servicios. Este sector es el marginado de
los marginados.
Para empezar, la universidad debe preparar a los/
las futuros/as maestros/as sobre las necesidades de
los niños y las niñas con diversidad funcional y cómo
atenderlas. Promover el desarrollo de destrezas y capacitación para programas de transición es bien importante y el personal docente debe aprender sobre
los mismos.
Es imperativo que a los COMPU asistan personas
de las agencias concernidas y responsables de los servicios de las personas con impedimentos múltiples y
otros. Esto puede agilizar el proceso de transición del
DE a la agencia de gobierno. Para estos estudiantes
que sobrepasan los 21 años, según la ley las agencias
responsables de brindar servicios a esta población son
el Departamento de la Familia, Departamento del Trabajo, Rehabilitación Vocacional y el Departamento de
Salud, entre otras. Es necesario desarrollar programas
públicos para este sector de la población con diversidad funcional.
13
Acuerdo entre Cámara de representantes
y Servicios Legales de Puerto RICO
La Cámara de Representantes y Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR)
aunaron esfuerzos para facilitar el
acceso de los ciudadanos a la orientación y la representación legal disponible a través de SLPR.
“En nuestro deber de velar por el
beneficio de la ciudadanía, deseamos
convertirnos en facilitadores de aquellos ciudadanos con necesidades apremiantes que por falta de conocimiento sobre los recursos legales gratuitos
disponibles o por falta de recursos
económicos se ven imposibilitados de
acceder a la orientación y ayuda legal
que requieren”, indicó el Presidente
de la Cámara de Representantes Jaime
Perelló Borrás.
Mediante el acuerdo de colaboración con SLPR, la Cámara de Representantes podrá referir casos de
aquellos ciudadanos de escasos recursos económicos, así como además
de organizaciones de interés social o
base comunitaria cuyos fines no sean
lucrativos.
Sobre el proceso de referido a
SLPR, Perelló Borrás abundó que los
casos serán referidos desde las oficinas
de los distintos Representantes o por
la Oficina de Servicios al Ciudadano
de la Cámara en los centros de Aguada, Hatillo y San Juan. Además, SLPR
proporcionará recursos para proveer
adiestramientos a líderes comunitarios,
charlas, conferencias y otros servicios
de orientación, asesoría y educación a
la comunidad, en coordinación con la
Cámara de Representantes.
“Esta alianza con Servicios Legales
de Puerto Rico valida nuestro compromiso de atender responsablemente
las necesidades de los ciudadanos, así
como también de colaborar en el desarrollo de las comunidades y mejorar
la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Agradezco al representante
César Hernández quien logró plantear
esta idea y al licenciado Hey Maestre
por esta obra titánica de ayudar a los
más necesitados”, concluyó el Presidente de la Cámara de Representantes.
Por su parte, el Director Ejecutivo
de SLPR, licenciado Charles S. Hey
Maestre, agradeció el apoyo. “Queremos agradecer al Presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló
Borrás, por su apoyo. Confiamos en
que esta iniciativa rendirá frutos en el
pueblo de Puerto Rico, logrando atender más personas más eficientemente.
Tenemos una meta compartida y esa es
ser útil al pueblo”, manifestó.
La firma del acuerdo de colaboración contó con la participación del
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes, Jaime Perelló Borrás, el representante César Hernández; el Director
Ejecutivo de SLPR, Lcdo. Hey Maestre;
Ivonne Sierra, ayudante especial del
Lcdo. Hey Maestre; Judith Fernández,
Directora de la Oficina de Servicios al
Ciudadano; y Alba Muñiz, Directora de
la Oficina de Participación Ciudadana.
La Comisión de Derechos Civiles (CDC) es una entidad gubernamental cuyo propósito principal es promover, mediante la educación, la vigencia de los Derechos Civiles. Los Derechos Civiles son aquellos derechos que el Estado le ha garantizado a cada ciudadano a través de la
Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado, a través de leyes y reglamentos y por jurisprudencia o interpretación judicial.
En la CDC estamos para protegerte, educarte sobre tus derechos, cómo respetarlos, protegerlos y enaltecerlos.
Nuestros servicios cubren:
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• Orientaciones sobre Derechos Civiles y Humanos
•Talleres y Conferencias Educativa
•Análisis de Iniciativas Legislativas y Ejecutivas
• Distribución de Materiales Educativos Gratuitos
•Estudios e Investigaciones sobre Derechos Civiles y Humanos
•Exhibición de Documentales sobre los Temas.
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MARZO de 2015
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“
Desde que asumí el cargo de Jueza Presidenta del Tribunal
Supremo comprometí toda mi voluntad y dedicación a lograr
una Rama Judicial cada día más accesible y responsiva a las
necesidades de nuestro pueblo.
”
Presidenta del Tribunal Supremo
DESIGNA MIEMBROS DE COMISIÓN ESPECIAL
que examinará regiones judiciales
Por: Damaris Suárez
El Cucubano
La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon.
Liana Fiol Matta, anunció la designación de los miembros de la Comisión Especial Independiente (CEI),
que tendrá como encomienda examinar a profundidad el funcionamiento de las regiones judiciales para
fortalecer los procesos y servicios de la Rama Judicial
y asegurar la confianza del pueblo en el sistema de
justicia.
En agosto pasado Fiol Matta había anunciado la
creación de esta comisión y desde entonces se trabajó
en la identificación y designación de los recursos y
en el diseño de su sistema de operación. La misma
estará compuesta por seis integrantes: dos contadores
públicos, dos profesionales del derecho y dos representantes de la comunidad.
Las regiones seleccionadas para comenzar los trabajos son Caguas y San Juan. Según se informó, al finalizar su investigación, la Comisión rendirá un informe de los hallazgos y sus recomendaciones a la Jueza
Presidenta.
“Desde que asumí el cargo de Jueza Presidenta del
Tribunal Supremo comprometí toda mi voluntad y dedicación a lograr una Rama Judicial cada día más accesible y responsiva a las necesidades de nuestro pueblo.
Eso nos requiere una verdadera introspección, un análisis de nuestro funcionamiento que permita identificar aquellas áreas que deban fortalecerse para lograr
nuestro objetivo: un sistema judicial más rápido, ágil,
eficiente y transparente”, expresó la Jueza Fiol Matta.
Los miembros de la Comisión son la Lic. Manuelita Muñoz Rivera, quien fue miembro de la Junta de
Directores de Servicios Legales de Puerto Rico, y el
Lic. Carlos Rodríguez Muñiz; el Contador Público
Autorizado (CPA) Félix Villamil Pagán y la Lic.y CPA
Zulmarie Urrutia Vélez y, como representantes de la
comunidad, el Dr. José Luis Díaz Cotto y el Dr. José
Jaime Rivera Rodríguez.
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Hon. Liana Fiol Matta
La Lic. Muñoz Rivera posee un Doctorado en Derecho y es catedrática de la Facultad de Derecho de la
Universidad Interamericana. Es conferenciante sobre
asuntos de delitos económicos y acatamiento legal a
nivel local e internacional. Por su parte, el Lic. Rodríguez Muñiz fue juez del Tribunal de Apelaciones.
Además, fue juez superior y sub administrador de la
Región Judicial de Bayamón.
La CPA Urrutia Vélez es también licenciada en derecho, mediadora de conflictos y posee una maestría
en derecho. Es miembro fundador de Cruz & Urrutia,
CPA LLC, a cargo principalmente del área de consultoría de negocios. Además, es la presidenta electa del
Colegio de CPA. Villamil Pagani presidió y fue primer
oficial ejecutivo de Evertec y vicepresidente ejecutivo
de Popular Inc. Actualmente es miembro de varias
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juntas de directores de organizaciones sin fines de
lucro.
Por su parte, el Dr. Díaz Cotto es el principal oficial ejecutivo de los Centros Sor Isolina Ferré, institución sin fines de lucro dedicada a promover el
desarrollo integral de las personas en las áreas sociales, educativas, económicas y espirituales mediante
la intercesión y la capacitación educativa y tecnológica. El Dr. Rivera Rodríguez es un académico con
más de cuarenta años de experiencia docente y administrativa así como en procesos de acreditación.
Presidió por más de veintidós años la Universidad
del Sagrado Corazón.
La comisión contará, además, con el apoyo
de la Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Hon. Isabel
Llompart Zeno, y la asesoría de la jueza del Tribunal
de Apelaciones, Hon. Monsita Rivera Marchand.
Por su parte, la Lic. Margarita Monell Vélez, en
destaque de su puesto como asesora legal de la Academia Judicial Puertorriqueña, fungirá como Directora Ejecutiva de la Comisión, que estará adscrita a la
Oficina de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo.
Por delegación de la Jueza Presidenta, y con la anuencia de todos los miembros, el Dr. Rivera Rodríguez
presidirá y actuará como portavoz de la Comisión.
Este esfuerzo complementa la creación y puesta
en vigor de una Unidad Especializada en Investigaciones adscrita a la Oficina de Asuntos Legales de
la OAT, dedicada exclusivamente a atender quejas
contra jueces y juezas, y las recientes enmiendas a
las Reglas de Disciplina Judicial que acortaron los
términos para la conclusión de las investigaciones y
flexibilizaron el sistema de presentación de quejas
contra jueces y juezas.
“Confío en que este grupo, compuesto por personas de gran prestigio en la comunidad, se desempeñará al más alto nivel de excelencia para lograr la
encomienda que les ha sido delegada”, aseveró Fiol
Matta.
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Triste noticia...
Nota: Mensaje enviado por Wilbert López al recibir la noticia
del fallecimiento de la Lcda. Vicky Acosta Ramírez, quien laboró
por más de 30 años en Servicios Legales de Puerto Rico.
Vicky fue mi amiga desde los tiempos que trabajamos en
Servicios Legales de Puerto Rico allá para los años ochenta,
para el mismo tiempo que trabajó Alejandro. Eran otros
tiempos, eran tiempos de compromiso social y la entereza
profesional como abogados comprometidos con representar
a los sectores indigentes con limitaciones económicas
para lograr una buena representación legal y acceso a los
tribunales nos convertía en paladines de la justicia.
Mi gran amiga Vicky era una de esas paladines. Como
abogada, como supervisora de abogados, como juez, siempre
se distinguió por su entereza profesional y su afán en buscar
en todos los “recovecos” de la Ley y la jurisprudencia los
argumentos para lograr los objetivos de sus representados
dentro del proceso judicial. Luchaba contra los “grandes” por
obtener el beneficio de los “pequeños” en el proceso judicial
con todas las armas de su gran conocimiento judicial.
No empece a sus contratiempos de salud, a sus
limitaciones físicas como consecuencia de sus enfermedades,
estas condiciones nunca le impidieron o limitaron continuar
la lucha por orientar y resolverle a los clientes de Servicios
Legales de P.R. sus problemas de índole judicial. En su silla
de ruedas siempre asistió a las asambleas del Colegio de
Abogados, siempre dijo presente cuando se necesitaban
abogados comprometidos con la justicia social. Siempre
estuvo disponible cuando se necesitaba decir presente en
alguna jornada por los derechos de los indigentes.
Desde Teleabogados, programa de orientación legal
de Servicios legales, continuó hasta el momento de su
fallecimiento, orientando a sus clientes y abogando por los
derechos de los más necesitados. Buscando, llamando y
recabando la ayuda a compañeros que pudieran representar
a estos clientes a cambio solo de la satisfacción de obtener
y lograr una buena representación legal en cualquier
procedimiento administrativo o judicial en los foros estatales
y federales, como el de quiebra.
Vicky murió como ella quería: con las botas puestas.
Acompaño a mi querida amiga Miriam en estos momentos. Una hija ejemplar que nunca se separó de Vicky y quien
heredó la entereza profesional y el compromiso ético como
abogada de cumplir con los mejores intereses de todas las
partes envueltas en un proceso judicial. Miriam, a ti, un fuerte
abrazo a nombre de todos aquellos que conocimos y apreciamos a tu Vicky, porque para ti, siempre fue no solamente
tu madre, sino tu gran amiga Vicky, compañera leal en todo
momento. Vicky Ia madre, Vicky Ia amiga.
Vicky era y es una de esas personas que Bertold Brecht
describió y que deben ser ejemplo a seguir para todos los
abogados de estas nuevas generaciones:
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros
que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos
años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida:
esos son los imprescindibles. “ Bertolt Brecht
Que en paz descanse mi querida amiga Vicky.
Wilbert López
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versión electrónica, por favor
envíenos su
dirección electrónica a
[email protected]
EXPRESIÓN DE GRATITUD
Juan Amílcar Vilanova (“Torito”)
1-27-23 / 1-26-2015
La Sra. Carmen Amanda Vilanova, su esposo
Rubén y sus hijos Yelitza y Sergio, desean
expresar su más profundo agradecimiento a
todo el pueblo de Lajas que de una forma u
otra los acompañaron en los momentos de la
pérdida de su querido y amado“Torito”. Muy
en especial al Alcalde de Lajas, Hon. Marcos
Turín Irizarry; a Bengie Toro; al Lcdo. Charles
S. Hey Maestre, a la Lcda. Adi G. Martínez,
Lcdo. Luis J. Marín, Sr. Jesús García Oyola,
Sra. Samaria Álvarez, así como al personal del
Programa y miembros de la Junta de Directores
de Servicios Legales de Puerto Rico.
DECLARACIONES JURADAS Gratis
Si cualifica bajo los criterios de elegibilidad
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787-851-7114
FAX. 851-2709
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PEDRO T. ANCA VÉLEZ
787-897-3465
13 Muñoz Rivera
Lares, Puerto Rico 00669
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787-7S9-7189
116 Calle Arecibo
Hato Rey, PR 00917
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787-835-0190
130 Muñoz Rivera, Esq. Calle Añasco
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Lunes a las 9:30 a.m. por RADIO ATENAS 1500, (Manatí y áreas limítrofes).
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Jueves a las 11:30 a.m. por RADIO CASA PUEBLO 1020 (Adjuntas y áreas limítrofes)
Jueves a las 11 p.m. y los domingos a las 3:00 p.m. “Comunidades desde la Calle” por WKAQ - 580 AM
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MARZO de 2015
aprende a hacer las preguntas correctas
Cuando te toca elegir un hogar de cuidado para tus padres
Para que tomes una buena decisión, a continuación
te ofrecemos una lista de cotejo con preguntas que debes
hacer y detalles para verificar antes de elegir un hogar.
Por José Acarón
Director Estatal de AARP Puerto Rico
Cuando menos te lo esperes, te puede tocar a la
puerta la difícil encomienda de buscar un hogar de cuidado para alguno de tus padres u otro ser querido. Con
frecuencia esto puede suceder cuando un ser querido
está en el hospital con una condición de salud o una lesión médica grave. Aunque no nos imaginamos en esta
situación que puede surgir de sorpresa, sí puedes planificar con anticipación el visitar varios hogares de cuidado y evaluarlos para facilitar el proceso de selección. Recuerda que un hogar de cuidado es primero que nada
un hogar que debe ofrecer una alimentación, enfermeras especializadas, cuidado de rehabilitación, servicios
médicos, cuidado personal y recreación en un ambiente
supervisado y protegido. En la misma forma, nunca podemos olvidar el respetar la dignidad e independencia
de esa persona que amamos, aunque necesite apoyo.
Solamente tú puedes ser el juez de cuántos hogares
de cuidado debes visitar antes de elegir, pero trata de
evaluar al menos tres para hacer comparaciones. Si es
posible, pídele al mismo familiar que estará viviendo en
el hogar de cuidado y a otros miembros de la familia
que te acompañen para hacer las visitas antes de tomar
una decisión.
El hacer las visitas te dará la oportunidad de ver
cómo es realmente el cuidado en la institución: podrás
hablar con el personal, los residentes y otros familiares,
probar la comida y observar las facilidades. Siempre es
mejor visitar la instalación por lo menos dos veces. Haz
una de las visitas sin avisar, durante el fin de semana o
por la noche que es cuando los problemas de personal
son más notorios. También debes hablar con el personal del hogar acerca del tipo de cuidado que tu ser
querido necesita, para asegurarte de que la instalación
pueda ofrecerlo.
Un detalle fundamental a la hora de elegir un hogar
es la ubicación. Trata de encontrar un hogar que sea
accesible para que puedan visitar la familia y las amistades, ya que esto será clave para la felicidad de tu ser
querido.
Además, por lo general las personas que viven en
hogares reciben mejor atención del personal si tienen
visitas regularmente. Aprovecha tus visitas para observar todo cuidadosamente y no ignores tus sentimientos
y corazonadas porque a menudo te pueden alertar si
algo no anda bien.
MARZO de 2015
Lo básico:
• ¿Está certificada por Medicare y Medicaid la instalación?
• ¿Le han revocado la licencia alguna vez?
• ¿Está aceptando nuevos pacientes la instalación o
existe un periodo de espera para la admisión?
• ¿Se revisan los antecedentes penales de todo personal?
• ¿Cuántas enfermeras graduadas se encuentran de
guardia en cada turno?
• ¿Cuál es la proporción de personal por pacientes?
• ¿Cuál es la política de salida de la instalación?
• ¿Existe transporte disponible para que el residente
pueda ir a su médico?
• ¿Están claras las horas de visita?
• ¿Hay reuniones de planificación de cuidado durante horas accesibles a los miembros de la familia?
Seguridad:
• ¿Hay buena iluminación en las escaleras y pasillos?
• ¿Están bien marcadas las salidas?
• ¿Tienen pasamanos los pasillos?
• ¿Tienen barras de apoyo y botones de llamada las
habitaciones y los baños?
• ¿Hay cerraduras de seguridad en las puertas y ventanas?
• ¿Hay sistemas de seguridad contra incendios?
• ¿Hay planta eléctrica y cisterna de agua en caso de
emergencia?
• ¿Es fácil de seguir el plano de la instalación si hay
que hacer una evacuación en caso de emergencia?
Asuntos de cuidado:
• ¿Huele bien la instalación?
• ¿Están limpios y bien arreglados los residentes?
• ¿Interactúa bien el personal con los residentes?
• ¿Participan los residentes en actividades y ejercicios?
• ¿Tienen a los mismos cuidadores los residentes diariamente?
• ¿Responde rápidamente el personal de ayuda?
• ¿Hay agua limpia disponible en las habitaciones?
• ¿Se ve y huele bien la comida?
• ¿Se les ofrece selección de alimentos a los residentes
a las horas de comida?
• ¿Están recibiendo ayuda los residentes que necesitan apoyo para comer o beber?
• ¿Hay entremeses nutritivos disponibles durante el
día y la noche?
• ¿Hay terapia física durante todo el tiempo que necesite el residente?
• ¿Tiene capacitación especial el personal para lidiar
con personas que sufren demencia?
• ¿Existen servicios o programas especiales para atender las necesidades especiales de personas con Alzheimer?
Calidad de vida:
• ¿Están a la vista los derechos de los residentes?
• ¿Toca a la puerta el personal antes de entrar en la
habitación de un residente?
• ¿Están cerradas las puertas cuando se viste o baña a
un residente?
• ¿Es fácil que la familia o amigos visiten en la instalación?
• ¿Cumple el hogar con las necesidades culturales, religiosas o de lenguaje de los adultos mayores?
• ¿Tiene áreas exteriores el hogar para personas que
quieran pasar tiempo al aire libre?
• ¿Se les permite a los residentes tomar decisiones
acerca de su rutina diaria (por ejemplo, cuándo
irse a dormir, cuándo levantarse, cuándo bañarse o
cuándo comer)?
• ¿Se permite tener artículos y muebles personales en
las habitaciones?
• ¿Es amable, considerado y útil el personal?
• ¿Existe un ambiente amistoso y hogareño?
Luego de hacer un ejercicio exhaustivo de evaluación y comparación entre varias instituciones, estarás
listo para tomar le mejor decisión al escoger un hogar
para tu ser querido. Recuerda que la participación de
la familia nunca debe terminar cuando tu ser querido
entra al hogar de cuidado. Simplemente, se asume un
nuevo papel asegurándose que otras personas proporcionen un cuidado adecuado a esa persona que tanto
amas, siempre respetando su dignidad e independencia aunque necesite apoyo. Busca más información de
apoyo a los cuidadores visitando aarp.org/pr.
Respalda la CDC la incorporación de perspectiva de género en la educación pública
Redacción El Cucubano
(Hato Rey) – Convencida de que la educación es el norte
para atender y superar la crisis de violencia e inequidad que
sufre diariamente la sociedad, la presidenta de la Comisión
de Derechos Civiles (CDC), Lcda. Georgina Candal Segurola,
respaldó la propuesta del Departamento de Educación de
incorporar la perspectiva de género en el sistema de enseñanza pública del país.
La funcionaria pública aseguró, a su vez, que la controversial iniciativa no es algo novel y que los puntos en contra
de la misma son solo producto de la desinformación.
“No debemos rechazar el concepto de la educación con
perspectiva de género por temores infundados o campapublicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
ñas de desinformación. La educación con perspectiva de
género no es un concepto nuevo, sino uno que ha sido
respaldado internacionalmente”, sostuvo Candal Segurola
al citar como ejemplo la aprobación del “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo” durante en la Primera
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe de la CEPAL que se
llevó a cabo en Uruguay, en el 2013.
“Una de nuestras funciones en la Comisión es educar
al pueblo sobre los derechos que nos asisten. Por esa razón hemos reclamado la educación a nuestra niñez en los
conceptos de equidad, lo que sin duda nos convertirá en
una sociedad mejor y más pluralista”, dijo Candal Segurola.
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Un solo bufete, una sola justicia
Desde 1966, somos el proveedor principal de asesoramiento, servicios notariales y representación legal civil gratuita a personas y comunidades de escasos recursos que cualifiquen. A través de nuestros 17 centros de servicio y
nuestros proyectos especiales contribuimos a garantizar la igualdad y el acceso a la justicia en todo Puerto Rico.
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Llámanos:
1-800-981-5342 isla
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www.servicioslegales.org
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