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H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
LXI LEGISLATURA
COLUMNAS
FECHA: 30 Noviembre 2015
VIOLENCIA
Diario: La Jornada Gurrero (EDITORIAL)
El asesinato de tres hombres en la coronación de la Reina Gay 2015 en el poblado
de Tres Palos, donde además resultaron heridas al menos cinco personas, podría
estar enviando un mensaje de rechazo a la diversidad sexual.
Desde esta percepción, habría que marcar un desatino de los organizadores del
evento al seleccionar para el festejo una comunidad conocida ampliamente por la
mentalidad machista de su población masculina.
Si bien es cierto que en sitios como Acapulco la diversidad sexual ha venido
teniendo aceptación paulatinamente y que los desfiles que con este tinte se llevan
a cabo por la costera Miguel Alemán son hasta aplaudidos, también es innegable
que en otras regiones predomina aun un abierto rechazo, como ocurre en Costa
Grande, Tierra Caliente y Costa Chica, donde la población gay se ha quejado
constantemente de la discriminación de que es objeto incluso de parte de las
autoridades.
El rechazo en muchos casos ha llegado al homicidio; los mismos representantes
de los grupos gay han protestado contra las autoridades porque no investigan los
asesinatos, considerando el hecho como un acto de discriminación.
En consecuencia mucho cuidado requiere la organización y realización de estos
eventos por parte de estos grupos, pues llevarlos a cabo en pueblos donde los
varones se enorgullecen de ser muy varoniles, podría considerarse por los mismos
ya no un mero desatino, sino una provocación
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FLORENCIO, EL CONTRAINSURGENTE
Diario: La Jornada Gurrero (Roberto Ramírez Bravo )
Tres elementos sacaron de quicio al secretario general de Gobierno, Florencio
Salazar Adame, en lo dicho por Sergio Ocampo en Radio Uag: que se quitaron los
retenes en Tixtla antes de la emboscada de los policías comunitarios en El Fortín,
que esa operación tiene el tinte de contrainsurgencia, y que él –responsable de las
policías en Guerrero– podría haber aprendido esas tácticas cuando estuvo en
Colombia como embajador de México.
De los tres, hay un hecho ineludible: se quitó la vigilancia antes del ataque a los
comunitarios; otro, que es una conjetura, pero no descabellada, que la acción
podría formar parte de una estrategia contrainsurgente, sobre todo tomando en
cuenta la sucesión de hechos de los últimos años, donde han sido asesinados
dirigentes sociales a quienes el gobierno vinculaba con la guerrilla, como Rubén
Santana Alonso, Juventina Villa Mojica, Rocío Mesino, Raymundo Velázquez y
Luis Olivares Enríquez, así como la andanada de asesinatos y emboscadas contra
policías comunitarias, que este sábado volvió a dar dos víctimas más.
El tercer elemento es especulativo. ¿Aplica Florencio Salazar algo aprendido
durante su estancia en Colombia? Parece menos probable, sobre todo si se toma
en cuenta que si hay una estrategia contrainsurgente ésta habría comenzado
mucho antes, con el asesinato de Omar Guerrero Solís en 2009.
El fondo del asunto, sin embargo, revela una situación que se venía venir tras
bambalinas y que estalló el viernes con la irrupción de Salazar Adame en las
instalaciones de Radio Uagro para reclamarle al periodista Sergio Ocampo sus
comentarios.
Esta situación tiene algunas aristas: primero, evidencia una desesperación entre
quienes están al frente del gobierno de Guerrero –Salazar Adame es el segundo
en jerarquía, apenas después del gobernador Héctor Astudillo– por la situación de
violencia que se ha salido de control y que no ha permitido a los gobernantes dar
el orden y la paz prometidos durante la campaña.
Luego, lo que es igualmente grave, demuestra que los priístas, alejados del poder
durante 10 años en Guerrero y durante 12 en el país, no encontraron al regresar la
misma situación que dejaron, y esto no se refiere sólo a lo que ellos mismos
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arguyeron en la campaña, que los gobiernos perredistas habían traído
todo el caos, sino también a otros temas que no son precisamente de retroceso.
Uno de estos temas es el de la prensa. Cuando los priístas se fueron había mayor
control de los medios de comunicación, y cuando regresaron encontraron una
prensa mucho más crítica, con espectro más extendido de cobertura, con más
medios que están dispuestos a sobrevivir con o sin la ayuda del gobierno, y con
una nueva generación de medios por Internet que están cambiando el concepto de
hacer y contar las noticias, pero al que los priístas han sido ajenos.
Florencio Salazar no pudo contenerse porque creyó que todavía vivía en los
tiempos de René Juárez Cisneros, cuando fue secretario de Gobierno. No se dio
cuenta que en 10 años la sociedad cambió, y hay ahora una prensa cada vez
menos dócil.
Una tercera lectura del exabrupto es que Salazar Adame no se dio cuenta de que
la sociedad está harta de abusos de poder. Llegar con sus guardaespaldas
armados a una estación de radio para reclamarle al periodista que había hecho un
análisis de la situación prevaleciente en Tixtla, es a todas luces un exceso. ¿A qué
más podría llegar el funcionario si alguien lo hace enojar más?
Responsabilizó a Sergio Ocampo de lo que en realidad es responsabilidad del
propio Salazar Adame. Si le pasa algo a él o a su familia, dijo, será
responsabilidad del periodista. Pero, ¿no es, antes, responsabilidad de Florencio
Salazar, lo que le pase a los guerrerenses y sus familias? ¿O cree que nadie
puede criticar su actuación como funcionario? O tal vez se pregunte, igual que lo
hizo su ex jefe Vicente Fox: ¿y yo por qué?
Lo último es más delicado: el caso de Florencio Salazar es el primero de este
gobierno, pero no será el único. Otros priístas van a caer en la desesperación ante
una prensa y una sociedad que se han vuelto exigentes y críticas, y eso es una
antesala de la represión. Si los priístas no logran entender que van a ser criticados
no podrán gobernar en una sociedad que reclama tolerancia.
Ese es el mejor camino para que la paz y el orden se convierta en el viejo orden,
onradez y ornato que visualizó Palomo en su tira del Cuarto Reich.
Por un mínimo mensaje a los guerrerenses, el gobernador Héctor Astudillo debe
ser intolerante a la intolerancia mostrada por Salazar Adame; y éste, por una
cuestión de principios, al no ser capaz ni de administrar una mínima crisis, debe
renunciar.
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OTRO PAÍS
REFORMA DE BELTRONES CONTRA LÓPEZ OBRADOR
Diario: El Sur (Tomás Tenorio Galindo)
La popularidad de Andrés Manuel López Obrador y la ventaja que le conceden las
encuestas para las elecciones presidenciales de 2018 provocaron una reacción
intolerante y autoritaria por parte del PRI. No soporta que López Obrador aparezca
en los spots televisivos de Morena y se beneficie de esa propaganda, y aunque no
existe falta legal alguna en esa práctica, el dirigente nacional priísta, Manlio Fabio
Beltrones, lanzó la acusación de que el tabasqueño incurre en una violación al
espíritu de la reforma electoral de 2007. Según Beltrones, los spots de López
Obrador construyen un piso “disparejo” para futuras contiendas electorales.
Lo que el 12 de noviembre fue un desahogo de Beltrones por el uso “tramposo”
que López Obrador y también el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, dan
al tiempo oficial de que disponen sus partidos en radio y televisión, se convirtió
rápidamente, en el curso de unos días, en una iniciativa para reformar la ley
electoral con el fin de impedir que detrás de la propaganda de los partidos “se
escondan aquellos que pretenden ser candidatos”.
Es tal el interés del PRI en el asunto, que el 18 de noviembre el vicecoordinador
de la fracción parlamentaria de ese partido en la Cámara de Diputados, Carlos
Ramírez Marín, dijo que en diciembre será aprobada esa reforma. Pero no será
solamente para impedir que López Obrador aparezca en los spots de Morena,
pues la intención del PRI es revertir de plano la prohibición establecida en el 2007
de que los partidos y los candidatos compren anuncios en televisión y radio, el
tema medular que motivó aquellos cambios en la legislación electoral. Es decir, el
PRI pretende restaurar el poder político de las televisoras, servir a su interés
pecuniario y matar así dos pájaros de una pedrada, pues también bloquea a un
adversario político.
A pesar de que el PAN rechazó las posturas del PRI y defendió el uso que los
partidos dan a los tiempos oficiales porque no incurren en ninguna ilegalidad,
Ricardo Anaya se mostró muy pronto dispuesto a respaldar la iniciativa de
Beltrones a cambio de que sea una reforma más profunda e incluya la segunda
vuelta en la elección presidencial. El dirigente del PRD, Agustín Basave, también
se opuso a la reforma en los términos del PRI porque iría “con dedicatoria” a
López Obrador, pero anticipó su aval a una reforma más amplia en la que se
conserve para partidos y candidatos la restricción a la compra de anuncios en
radio y televisión. Y de pasada, el ex presidente Felipe Calderón se metió a la
controversia y dio su respaldo a Beltrones, pues dijo que la utilización de los spots
por parte de las figuras políticas genera “inequidad” en las contiendas electorales.
¿Calderón hablando de inequidad electoral?
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Mientras esa polémica se desarrolla y el PRI prepara en la Cámara de
Diputados la reforma para intentar frenar la preferencia preelectoral por López
Obrador, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, mantiene una
intensa presencia en los noticieros de televisión con el pretexto de la reforma
educativa y la evaluación a los maestros. Tan intensa que ya nadie duda que se
trata de un plan para posicionarlo como precandidato del PRI a la Presidencia.
Trabas desde el poder para uno, y todo el respaldo para otro.
El panista Federico Doring recordó que la reforma de Beltrones consiste en dar
marcha atrás a la prohibición de comprar tiempo en radio y televisión, prohibición
que el mismo Beltrones impulsó en el 2007 cuando se discutía aquella reforma.
Pero semejante incongruencia no parece preocuparle a Beltrones ni al presidente
Enrique Peña Nieto, y es previsible que a pesar del carácter arbitrario y
oportunista de este proyecto, la iniciativa sea aprobada por la mayoría que forman
el PRI, el PVEM y el PAN en la Cámara de Diputados. Será una imposición del
poder.
De esa forma adquirió ya un carácter instrumental, concreto, la campaña contra el
“populismo” emprendida por el presidente Peña Nieto hace varios meses. De la
desacreditación discursiva de López Obrador, el partido en el poder pasó a la
edificación de barreras legales para entorpecer su tercera candidatura a la
Presidencia. Es la misma y demencial estrategia que adoptó Vicente Fox para los
comicios de 2006, que llegó al extremo de desaforar al entonces jefe del Gobierno
del Distrito Federal. Fox no pudo impedir que López Obrador fuera candidato
presidencial, pero debe recordarse que en la campaña de aquel año el PAN lanzó
una ofensiva sucia contra el candidato del PRD en abierta alianza con Televisa y
grupos empresariales, en la que era descrito como “un peligro para México”.
Parece que todo eso será reeditado por Peña Nieto, por el PRI, por Televisa y por
el PAN si finalmente pacta con Beltrones. Que consigan su propósito es otra cosa.
Agresión de Florencio Salazar contra un periodista
Distorsionó los hechos el gobernador Héctor Astudillo: su secretario de Gobierno,
Florencio Salazar Adame, no ejerció el derecho de réplica ante opiniones del
periodista Sergio Ocampo; cometió una agresión.
El viernes pasado el conductor del noticiero matutino de Radio UAG emitió
algunos comentarios críticos sobre las funciones de Salazar Adame y el caso de
los cuatro policías comunitarios asesinados en Tixtla. El funcionario escuchó esos
comentarios mientras iba en su vehículo y, enfurecido, decidió ir en ese momento
a la estación. Se introdujo a la cabina desde la que el periodista conducía su
programa y reclamó a Ocampo sus opiniones. Fuera de sí, lo responsabilizó
incluso de que algo le pueda pasar a él o a su familia por las palabras del
periodista. En realidad, el que corre riesgo ahora es Sergio Ocampo y el
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responsable de ello es el secretario de Gobierno, pues lo colocó en la
posición de un enemigo del gobierno.
El arrebato de Florencio Salazar va contra el sentido común, la prudencia y la ley.
Es bastante improbable que entre sus facultades como secretario de Gobierno se
encuentre una que le autorice a reclamar con violencia a los periodistas cuando
emitan opiniones que no le gustan. También va contra la prudencia, el sentido
común y la ley, el respaldo que el gobernador Héctor Astudillo dio a su
subordinado en este incidente. Simple y sencillamente no puede el gobernador
respaldar ni autorizar el uso de la agresión como instrumento de comunicación de
su gobierno, ni hacer creer que eso es derecho de réplica. El incidente es más
grave de lo que parece y amerita acciones legales, pues se trata de una agresión
del gobierno contra la libertad de expresión. Los periodistas no podemos aceptar
semejantes acciones intimidatorias.
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AMLO, ZAVALA Y LA CORRECCIÓN POLÍTICA
Diario: El Sur (Jorge G. Castañeda)
Las encuestas divulgadas en los últimos días y el sentido común, así como las
ansias que todos tenemos para llegar al 2018 en plena especulación, comienzan a
dejar entrever ciertas tendencias. En esta ocasión me quisiera referir a dos
paradojas, o complicaciones para la corrección política en México.
Andrés Manuel López Obrador claramente va a ser el candidato de izquierda o, si
no es el único, el más importante. Tiendo a pensar, sin albergar ninguna certeza al
respecto, que al final –es decir, al mero final– el PRD se alineará con él. Sólo que
en México, país extraño como pocos, el candidato de la izquierda va a seguir
defendiendo posiciones difíciles de comprender para una persona de izquierda.
Menciono unas.
AMLO ha dicho hasta ahora, de una manera o de otra, con distintos grados de
fervor y de claridad explícita, que se opone al aborto, a los matrimonios gay, a la
despenalización de la mariguana y a la muerte asistida. Nada de malo. Sólo que
en el resto del mundo ser de izquierda suele implicar ser partidario de estas
causas. En México no. La pregunta para los votantes de izquierda ilustrados –no
los pejezombies– es si abrazan estas causas, o por lo menos las consideran
dignas de ser defendidas ¿Pueden votar con conciencia y tranquilidad por un
candidato dizque de izquierda y que se opone a estas demandas?
El caso de Margarita Zavala plantea una problemática semejante para las mujeres.
Cada día parece más claro que va a ser difícil, si no es que imposible, arrebatarle
a Zavala la candidatura del PAN. Seguirá sin duda chantajeando a su partido con
la amenaza de irse como independiente, pero lo más probable es que no sea
necesario. Conociendo muy poco al PAN, pero habiéndolo seguido desde hace
algunos años, se antoja difícil que un cripto-panista de magro hueso colorado
como Rafael Moreno Valle pueda disputarle seriamente esa candidatura a alguien
nacida, crecida y emparejada en el PAN. Y Ricardo Anaya es demasiado
inteligente para pensar que en esta ocasión pueda ser su candidato.
Zavala tiene muchas ventajas y como todo el mundo, algunos inconvenientes
como candidata. Plantea algunas disyuntivas: las mismas de AMLO. ¿Podrán las
feministas, o las mujeres simplemente modernas, educadas, urbanas y
sofisticadas, votar con entusiasmo por una candidata que sí es mujer, pero se
opone con el mismo fervor que AMLO al aborto, a los matrimonios gay, a la
despenalización de la mariguana y a la muerte asistida?
Afortunadamente ninguno de estos dilemas se me plantea en lo personal. Pero me
encantaría saber cómo los contemplan mis amigos de izquierda y mis amigas del
sexo femenino.
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ESTRICTAMENTE PERSONAL
MORIR EN EL GOLFO: LA SECUELA
Diario: El Sur (Raymundo Riva Palacio)
La impunidad con la que actuaba un grupo de agentes federales en Reynosa al
servicio del Cártel del Golfo en Tamaulipas, se está acabando. Ese grupo, de
acuerdo con investigaciones federales, asesinaba, secuestraba y limpiaba los
cadáveres dejados en las calles de las ciudades tamaulipecas por el Cártel, y era
intocable. Pese a las denuncias, durante meses hubo negligencia gubernamental,
que mantuvo intacta su actuación como parte estructural del Cártel del Golfo. La
semana pasada se publicó en este espacio parte de la denuncia que presentó un
grupo de tamaulipecos al más alto nivel del gobierno federal, frustrados por la falta
de respuesta. Las cosas, sin embargo, se están moviendo.
Varios de los policías señalados en la denuncia fueron trasladados a la ciudad de
México, uno fue suspendido y se preparan órdenes de presentación contra toda la
estructura institucional que protegía al Cártel. Cómo terminarán las cosas es
incierto todavía. En la investigación participan la Comisión Nacional de Seguridad,
a cuyo titular Renato Sales le entregaron en su oficina la denuncia hace un mes, y
la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia
Organizada. Funcionarios federales dijeron que la persona más importante dentro
las instituciones en esa estructura criminal es Salvador Silva, ex policía federal con
licencia, adscrito a la Comandancia de Homicidios de la Procuraduría General de
Justicia de Tamaulipas, quien fue recientemente suspendido.
Silva, su pareja y el también oficial policial Gisel García, el ex policía federal y
ahora suboficial en Homicidios, Joaquín Romero Salgado, así como el jefe de los
tres, William López Ramírez, titular de la División de Homicidios en Reynosa de la
Procuraduría tamaulipeca, son investigados por ser la cabeza de las bandas de
secuestradores en Reynosa y Ciudad Victoria, autores intelectuales del reciente
secuestro de alto impacto de los empresarios Juan Manuel Gómez Fernández y su
hijo Juan Manuel Gómez Monteverde, que fueron encontrados sin vida en Ciudad
Victoria y sus cuerpos dejados en Veracruz en septiembre.
Silva, a quien apodan El Santero, aunque segundo mando, es la figura central en
la estructura criminal del Cártel del Golfo en la policía tamaulipeca. De acuerdo
con funcionarios federales, es el enlace de Juan Manuel Loza Salinas, apodado
Comandante Toro, jefe de la plaza de Reynosa con las instituciones de seguridad
en el estado. López Ramírez, Silva, García y Romero, conforme a las
investigaciones, protegían el dinero del Cártel del Golfo, y quincenalmente
guardaban entre 2 y 5 millones de dólares en el hotel El Camino Inn, una
franquicia estadunidense, sujeto también a investigación. La persona señalada en
las investigaciones como el contacto del comandante López Ramírez que les
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entrega ese recurso es identificada solamente como Gaby, con una edad
aproximada entre 34 y 38 años, que maneja una camioneta Lincoln.
Silva y Romero eran los encargados de recibir el dinero del Cártel del Golfo para
pagar las nóminas de los policía federales, policías de caminos y de miembros de
la procuraduría tamaulipeca. Silva, quien se hospeda en el Camino Inn, según la
investigación, usaba una motocicleta para una rápida movilidad, una Suzuki negra
que llevaba una mica en amarillo y rojo con la leyenda “Moto Club Dragones
Reynosa”. Junto con Romero, como se señaló en este espacio la semana pasada,
“se encargan de recoger todos los cuerpos de los ejecutados por el CDG. Ellos
dan la protección y vigilan conductas delictivas como la venta de drogas, la trata
de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas”. Según la investigación,
cuentan con cuatro casas de seguridad, donde mantenían a sus víctimas de
secuestro en espera del pago, que oscilaba entre 3 y 5 millones de pesos.
La denuncia ante la SEIDO fue presentada el 7 de septiembre pasado, como
consta en el acta circunstanciada AC/PGR/SEIDO/UEIDCS/177/2015, y quedó
registrada como “anónima”. No tuvieron respuesta. Una copia del documento en el
que se sustentó la denuncia se entregó en las oficinas de los secretarios Miguel
Ángel Osorio Chong de Gobernación, general Salvador Cienfuegos de la Defensa,
almirante Vidal Soberón de la Marina, así como del comisionado nacional de
Seguridad, Renato Sales, el almirante Luis Gerardo Alcalá, jefe del Estado Mayor
General de la Armada, y el jefe de la Base Temporal de la Infantería de Marina en
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Hasta hace unos días les hicieron caso.
El grupo de personas que presentó la denuncia, dijo que la información “nos costó
mucho trabajo y tiempo obtenerla, gente arriesgó su vida y tuvo que huir por su
seguridad”. Hacer públicos detalles generales de su denuncia, se debió a la
impotencia y frustración sobre la no respuesta. “Todos han hecho caso omiso de
toda esta información, lo cual nos causa indignación puesto que es imposible que
tantas instituciones conozcan del asunto y no se haga nada al respecto”, se quejó
ese grupo de tamaulipecos.
Finalmente las cosas cambiaron cuando comenzaron a moverse en las aguas de
la opinión pública. Las autoridades policiales y ministeriales finalmente entraron de
fondo a investigar la denuncia y a tomar acciones. Si se comprueba que los jefes
policiales en Reynosa en efecto forman parte de la estructura criminal del Cártel
del Golfo, y son responsables de los secuestros, la banda de narcotraficantes
habrá sufrido un golpe importante en su protección institucional que, en términos
de estructuras, se habrá debilitado significativamente. Esto sería una buena noticia
para los tamaulipecos, urgidos de estas nuevas.
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INSEGURIDAD, PRISAS Y ERRORES
Diario: Pueblo (Gustavo Martínez Castellanos)
Repentinamente han surgido voces que exigen al gobierno de Astudillo solución
inmediata a la inseguridad sin tomar en cuenta que éste tiene apenas un mes de
iniciado. Que si bien Astudillo ha sido alcalde eso no significa que tenga la
experiencia necesaria para gobernar un estado y propiciar seguridad de forma casi
instantánea.
De esas voces, principalmente ubicadas en lo que se conoce como izquierda,
algunas desean exacerbar los ánimos porque esa es su forma de trabajo. Con el
caos y la consigna incendiaria, ganan el pan que llevan a su mesa con una
generosa dotación de vino.
Otras, desean presionar para no perder los privilegios ganados durante la década
perdida: los dos gobiernos de izquierda que de la consigna: “Democracia ya, patria
para todos”; pasaron a la fórmula: “Puestos y prebendas ya, dinero y poder para
nosotros”.
Otras voces se alzan desde las calles, los barrios, las oficinas, el transporte
público; son las del ciudadano común que con desesperación quiere salir de la
inercia de diez años de malos gobiernos que empeoraron la situación del estado y
de todas sus ciudades.
En sus prisas, todas esas voces tal vez quieran propiciar que Astudillo pida, como
Zeferino, al inicio de su mandato como ejecutivo estatal, dos años de gracia “para
aprender a gobernar” y que un año después declare: “Ni quiero ni puedo”, luchar
contra el crimen organizado.
O que, como Aguirre, se tome los primeros tres años de gobernador (su interinato)
para aprender cómo gobernar los siguientes tres (periodo constitucional). Y que,
además, su gobierno termine manchado por la muerte de dos estudiantes en el
Parador del Marqués y por la desaparición de otros cuarenta y tres más en la
ciudad de Iguala.
Astudillo no es ni Zeferino, ni Aguirre, pero tampoco podrá resolver con la
velocidad que se le exige el tremendo problema de inseguridad y violencia que
propició, dejó crecer y desbordar en diez años la izquierda gobernante.
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El desencuentro habido entre el licenciado Florencio Salazar Adame,
Secretario General de Gobierno y el periodista Sergio Ocampo trae a cuento esta
reflexión: Es verdad, una de las consignas de la campaña electoral de Astudillo fue
“Orden y Paz”, y no hay que olvidarlo, no porque sea una promesa, sino porque es
parte del proyecto del nuevo gobierno para propiciar desarrollo y prosperidad.
Pero, también resulta necesario recordar que la consigna de este gobierno es
“Guerrero necesita de todos”.
Si queremos resultados instantáneos, debemos trabajar todos por conseguirlos.
Esperar a que el gobierno lo haga todo es un acto no sólo de incongruencia sino
un abono al desorden que la izquierda dejó.
Quienes esperan que Florencio sea el intolerante que dicen que es, olvidan que
tiene una invitación el martes primero de diciembre a debatir con Sergio Ocampo
en su estación de radio. Y olvidan que Sergio Ocampo acusó directamente al
funcionario de poner en práctica en Guerrero estrategias de contrainsurgencia
“traídas de Colombia” sólo porque Salazar Adame fue embajador de México en
aquél país. La intolerancia, incongruencia y malicia de Sergio Ocampo nos pone a
pensar en la envergadura de lo temerario de su acusación si Salazar Adame
hubiera sido embajador en Irak, Afganistán o Israel. Flaco favor le hace el
periodista a las libertades ganadas; y a sus consumidores nos deja muy poco
margen de análisis para señalar la transparencia de su praxis profesional.
Evitemos las prisas y los errores. Caminemos con calma. Y caminemos juntos.
Nos leemos en la crónica [email protected]
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SURREALISMO POLÍTICO. ¿SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL?
Diario: Pueblo (Martín Martínez Olvera)
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Parece que en Guerrero se acabó la luna de miel de los partidos políticos con el
gobernador Héctor Astudillo Flores. En un mes la demanda de resultados está
colocándose en distintas bocas así como la exigencia de aplicación de
compromisos de campaña.
¿Qué está haciendo que en un tramo tan corto parezca que los logros de
esperanza se opaquen para dar paso a la crítica?
Un punto importante es el discurso que se ha sostenido con el tema de la violencia
sin que se dé un cambio.
Otro es que los ediles de las ciudades representativas de poder en Guerrero,
Acapulco y Chilpancingo no han sido de gran apoyo. Ni para ellos.
Cuando el discurso sobre la realidad de violencia que vive el pueblo se sostiene
sin nuevos matices, sin nueva propuesta, sin cambio en la concepción de la
entrega y sin que genere al menos una expectativa de que se hace y se sabe qué
hacer, genera desánimo.
Cuando el edil de la ventana de México hacia el extranjero, Acapulco, da voces
contradictorias de qué se debe hacer en el caso de la violencia, muestra
inexperiencia. Si el edil de la capital se conduce con frialdad hacia el pueblo y
marca distancia entre él y sus gobernados da muestra de desprecio.
¿Qué se espera del gobernador Astudillo? Que debe convertir él y sólo él, en
barco confiable al estado de Guerrero, y ser el timonel más respetado, querido y
confiable para generar certidumbre, en tanto uno aprende y el otro actúa aunque
sea simulando humildad.
Si Beatriz Mojica mantiene la descalificación hacia su persona, aun cuando ahora
sea la secretaria general de su partido a nivel nacional, se considera reacción por
perder la competencia electoral y buscar obtener para Tixtla el triunfo, como parte
de su chamba; si el diputado Sebastián de la Rosa exige resultados, obedece a la
propia elección extraordinaria, pero también aprovechar y sembrar en la militancia
de su partido la semilla de la desconfianza.
Al gobernador Astudillo, como se ve, se le ha dejado gobernar el estado y los
municipios. Acapulco por ser el centro de poder donde determinó ejercer las
decisiones más trascendentales para el estado; Chilpancingo, porque él es de esta
tierra y debe componer las cosas, aunque las haga personalmente él, para que
mantenga para su partido la esperanza de ratificar la confianza en la siguiente
elección.
Y su discurso sobre la violencia debe cambiar, así como la forma de presentarlo.
Porque la similitud con sus antecesores no le genera simpatía. ¿Surrealismo?
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H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
LXI LEGISLATURA
COLUMNAS
FECHA: 30 Noviembre 2015
MÉDULA. TRANSPARENTAR ELECCIÓN DEL FISCAL PARA RECUPERAR LA
CONFIANZA
Diario: Pueblo (Jesús Lépez Ochoa)
[email protected]
El alto nivel de desconfianza hacia las agencias del Ministerio Público y la Policía
Ministerial obliga a hacer del proceso de elección de quien será el nuevo fiscal
general del estado de Guerrero un ejemplo de transparencia.
Según el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el nivel de
confianza de los ciudadanos de Guerrero hacia la Fiscalía y sus ministerios
públicos es apenas del 32.6 por ciento y el de la Policía Ministerial es de 27.6 por
ciento.
De ahí que sólo el 5.8 por ciento de los delitos son denunciados por los afectados.
Hablamos entonces de un nivel de impunidad de por lo menos el 94.2 por ciento.
Casi total.
Tan sólo en el mes de octubre hay registro de 167 homicidios en Guerrero, que
ocupa el primer lugar nacional en este delito, el cuarto en secuestro y el décimo
tercero en extorsión y robo de auto, según la organización civil Semáforo Delictivo
que lleva un ranking a nivel nacional y de todas las entidades federativas.
Ante este panorama no basta con el ejercicio de democracia representativa en el
que el Congreso recibe las solicitudes de los aspirantes, depura la lista que en
esta ocasión es de 21 pretensos, la envía al Ejecutivo que le devuelve una terna
con unos cuantos nombres y los diputados haciendo uso de la representación
ciudadana que constitucionalmente ostentan votan por alguno de ellos.
A mi juicio, antes de depurar los 21 nombres el Congreso del estado debiera dar a
conocer los currículums de todos los aspirantes y decirnos quiénes presentaron un
plan de trabajo con objetivos específicos y compromisos de trabajo que puedan
ser fiscalizados y juzgados por la sociedad.
Hasta el momento solamente uno de los 21 aspirantes, el abogado Uriel
Fernández Peláez, acompañó su solicitud de registro con un plan de trabajo.
Además, al enviar la lista depurada al gobernador Héctor Astudillo, el Congreso
tendría que dar a conocer a quiénes dejó fuera y por qué, así como los criterios
que le valieron a los demás continuar en la competencia por el cargo y de igual
manera la terna debería regresar al Legislativo con una explicación respecto a la
selección.
El proceso es tedioso, sí, pero necesario. A los guerrerenses no debe quedarnos
duda de que se eligió a la mejor persona para ese delicado encargo. La
recuperación de la confianza hacia la institución responsable de la procuración de
justicia debe iniciar por la transparencia de este proceso.
Radiografía del delito
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Por otra parte, según las cifras que Semáforo Delictivo dio a conocer el
fin de semana, de los 167 homicidios registrados el pasado mes de octubre 65
fueron en Acapulco, 20 en Chilpancingo, 11 en Atoyac, nueve en Chilapa, siete en
Coyuca de Benítez, seis en Ometepec y cuatro en Teloloapan.
Secuestros hubo dos en Acapulco, dos en Teloloapan, uno en Ometepec y otro en
Chilpancingo; También 12 incidentes de extorsión de los cuales cuatro son de
Acapulco, dos de Chilpancingo, dos de Atoyac y el resto de Ayutla, Tecpan, Taxco
y San Miguel Totolapan.
En lesiones dolosas Acapulco concentró 83 de los 214 incidentes ocurridos en ese
mes, seguido por Chilpancingo con 32 casos, Zihuatanejo con 13, Taxco con 12,
Tlapa con nueve, Ometepec con ocho y Coyuca de Benítez con siete.
En Acapulco se robaron 198 autos, en Chilpancingo 48, en Iguala 36, en Tlapa 14,
en Zihuatanejo ocho, en Ometepec cinco y en Tixtla tres. Hablamos de 374
automóviles robados en total. La mayor parte de los robos a casa habitación
también fueron en Acapulco con 29 casos, 14 en Chilpancingo, cinco en
Zihuatanejo. En total hubo registro de 64 casos en todo el estado.
Los robos a negocio, fueron 108, 68 de los cuales, más de la mitad, ocurrieron en
el municipio de Acapulco.
A propósito de transparencia, estos datos los debería dar a conocer la Fiscalía o
las autoridades de estos municipios y no las organizaciones civiles, para darnos
más confianza ¿No lo cree?
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