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Brasil: transición democrática
y crisis del Estado*
José Luis Fiori**
Introducción
Para muchos, el inicio de la transición democrática brasileña se
ubica en 1974, el año en que ARENA -el partido que representa el
apoyo parlamentario al régimen militar- sufre una inesperada
derrota en las elecciones parlamentarias y el nuevo presidente, el
general Geisel, recientemente elegido y que apenas tomaba posesión de su cargo, declara su intención de llevar a cabo una apertura
lenta y gradual del sistema político, dirigida hacia un pluralismo
limitado y tutelado por los militares. Otros consideran que el proceso fue desencadenado por la intensificación del conflicto sindical
ocurrido en 1978/79, poco antes de la amnistía política concedida
por el gobierno Figueiredo -con la aprobación del Congreso Nacional- y de la suspensión de Al-5,' el instrumento legal aprobado
para justificar el ejercicio de la arbitrariedad autoritaria.
* Traducción de Ricardo Yocelevzky.
** Instituto de Economía Industrial, Universidad Federal de Río de Janeiro.
Acta Institucional No. 5 de 1968, que marca la institucionalización de la dictadura
militar.
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En realidad, la derrota electoral del gobierno en las primeras
elecciones directas para gobernador (en 1982), sumadas a una crisis
económica que se anuncia desde 1979 y asume claras características recesivas a partir de 1981, parecen haber producido un debilitamiento de la cohesión interna del régimen y una pérdida progresiva
de su capacidad para enfrentar los conflictos y controlar una crisis
que se agravaba año tras año.
Ahí comienza la verdadera crisis del régimen autoritario, a partir
de la cual se redefinen progresivamente los pactos y las coaliciones, haciendo posible un incremento de la presencia de las fuerzas
opositoras, sobre todo en el Colegio Electoral encargado de las
elecciones indirectas de Presidente de la República, debida en gran
parte a la descomposición de la coalición dominante y al traslado de
su segmento más liberal a la coalición opositora, articulada alrededor de la candidatura presidencial de Tancredo Neves.
En marzo de 1985 con la toma de posesión del vicepresidente
Sarney -antiguo aliado del régimen militar- por la repentina enfermedad y posterior fallecimiento de Tancredo Neves, se inicia la
etapa intermedia de aprendizaje para la transición, que culmina con
la elección directa de Fernando Collor de Mello, el 17 de diciembre
de 1989. Este periodo, cuyo momento decisivo fue la promulgación de
la nueva Constitución, en octubre de 1988, pasó a ser conocido
como "Nueva República", y a constituirse, hipotéticamente, en el
punto central de una transición que ahora entraría en su fase de
consolidación o institucionalización.
Esa trayectoria jurídico-política se vio permanentemente atropellada o amenazada por la evolución discontinua y acelerada de
una crisis económica que tenía su epicentro en la ruptura del patrón
de financiamiento público. Una crisis que rebasaba el plano económico-financiero y alcanzaba el fundamento orgánico del Estado, afectando y desorganizando al mismo tiempo su pacto de sustentación
y estrategia de expansión, así como su organización burocráticoadministrativa y su capacidad de gestión de los servicios y actividades
productivas. Todo esto se condensó en un "horquillamiento financiero" cuyo impacto negativo sobre la dinámica macroeconómica
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todavía perdura, que afectó decisivamente la capacidad de crecimiento de la economía y desorganizó las realizaciones de la estrategia desarrollista de las últimas décadas.
La perplejidad intelectual, la incertidumbre económica y la inseguridad política que perduran en la sociedad brasileña -a pesar de
la nueva constitución y de la realización de elecciones directas,
universales y competitivas- se relacionan más con esta crisis que
con la trayectoria lineal de la transición jurídico-política del régimen autoritario. En los últimos años, la manifestación más visible
de la primera fue el descontrol de la política económica gubernamental, en tanto que la segunda quedó de manifiesto en el Congreso
Nacional transformado transitoriamente en poder constituyente.
Sin embargo sus trayectorias no fueron autónomas ya que ambas
interactuaron con frecuencia en forma negativa, en la medida que por
detrás de ellas se desplegaba, desde fines de la década de los setenta, la entropía final del Estado desarrollista, tal como fue concebido
y constreñido desde los años treinta, en el "Estado Novo" de los
militares de Vargas y de las varias oligarquías regionales coaligadas.
La falta de comprensión de este proceso más profundo, que
atraviesa en todo momento la transición jurídico-política, está relacionada con la destrucción de las expectativas asociadas al inicio de,
la transición desde el autoritarismo, y a la rápida descomposición
de la Alianza Democrática constituida como base político-parlamentaria de la Nueva República. También está relacionada con la
fragorosa descomposición de los dos grandes partidos que se
coaligaron ahí, particularmente el PMDB, frente democrático de
resistencia que durante el periodo de la dictadura luchó por la
redemocratización a través de la convocatoria a una constituyente y
de elecciones directas. Dos objetivos alcanzados simultáneamente
con la quiebra del frente democrático reunido en el PMDB.
En 1985, la expectativa de una transición sin ruptura, dirigida
por las élites y sin participación directa del pueblo, se apoyaba en la
certeza de que la apertura del sistema político se daría sobre la base
de una estructura industrial consolidada, con dinámica propia y,
quizás lo más importante, dentro de un sistema de relaciones
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económicas capaz de superar los problemas coyunturales sin comprometer el crecimiento industrial.
En esta perspectiva, el peso de la deuda y la aparente vulnerabilidad externa no llegaban a disolver la creencia de que las conquistas
acumuladas por la profundización del proceso de industrialización
habían creado unas bases suficientemente sólidas como para impedir que las crisis financieras se convirtieran en una crisis global del
Estado. La inestabilidad económica era considerada transitoria,
cuando no coyuntural. La estabilidad a largo plazo del modelo
desarrollista parecía asegurada por la propia complejidad de la
estructura productiva y por la extensión de las relaciones de mercado que, a pesar de la miseria, incorporaban a la población económicamente activa.
Tales convicciones contribuirán a explicar la forma articulada
como se produjo el traspaso institucional del poder y la aceptación
de la idea que el Estado de derecho contiene las condiciones necesarias para algunas reformas estructurales que serían emprendidas
a mediano plazo.
El paso de la expectativa a la perplejidad se dio con el fracaso de
los sucesivos intentos de control del proceso inflacionario y, a
continuación, de la economía en general.
Las varias políticas de estabilización dejaron cada vez más en
claro que el creciente endeudamiento del Estado no permitía ya la
compatibilización eficiente de sus múltiples papeles y que, por otra
parte, un ajuste del mismo Estado tendría altos costos políticosociales en la medida que implicase reformas administrativas y
patrimoniales, un verdadero "shock" fiscal y, sobre todo, una revisión profunda de los límites y compromisos implícitos en su pacto
de dominación. Así, en los primeros cinco años de la Nueva República, las dificultades económicas siempre fueron de la mano con
las negociaciones políticas, sobre todo dentro de la Constituyente,
donde los varios grupos de interés sectoriales, regionales y corporativos buscaban fijar en el texto de la nueva Constitución no sólo
las bases del Estado de derecho sino también garantizar sus posiciones privilegiadas y sus futuros favores. Esta es la razón por la
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cual las discontinuidades de la acción económica del ejecutivo y el
compendio de particularismos en que se transformaron las "disposiciones transitorias" del nuevo texto constitucional aparecen para
muchos como la explicación última del fracaso de las expectativas
optimistas depositadas en una "transición sin rupturas " cuando, en
realidad, eran sólo manifestaciones o consecuencias de una crisis
que tiene en el endeudamiento público , externo e interno, en la
aceleración inflacionaria y la desaceleración de la tasa de crecimiento las varias caras de un poliedro enigmático : una crisis política
y económica cuyas manifestaciones predominantemente financieras ponen en cuestión las bases sociales y políticas , además de la
organización institucional de nuestro Estado desarrollista , confirmando de alguna manera nuestra lectura de las posiciones antiestatistas defendidas por las élites empresariales en los últimos
cuatro años del régimen autoritario , cuando se decía que lo más
probable era que la batalla por la desestatización cubriera un largo
periodo de lucha e incertidumbre, en el que se definirían las reglas
de la gestión política y económica , lo cual ocurriría inevitablemente aprovechando las fronteras abiertas por los actuales horizontes
tecnológicos. En ese periodo de crisis y reformas se deberían solucionar los problemas puestos por los poderes discrecionales del
centralismo estatista . En el camino no era improbable un astillamiento del Estado.
Por eso nuestra visión de que, todavía hoy, después de cinco
años de Nueva República, la transición democrática brasileña, en
un momento poselectoral, se enfrenta a un desafio cuya gravedad
aumenta a cada momento , y cuya explicación va mucho más allá de
lafortuna y virtude de nuestra clase política. Esa clase política tiene
sus expectativas atrozmente negadas por el avance de una crisis que
no fue correctamente diagnosticada y hoy amenaza de manera nefasta el proceso de democratización. Actualmente, cualquier balance de la Nueva República conjuga simultáneamente los grandes
avances político-institucionales representados por el cierre de los
trabajos del Congreso Constituyente, la elección del nuevo Presidente de la República, con el estrepitoso fracaso de la política
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económica, representado por una inflación que se aproxima al 60%
mensual y por una deuda pública que paralizó a la autoridad económica anunciando, de manera amenazadora, la falencia de la moneda nacional y la insolvencia del Estado.
Un breve balance de la "Nueva República"
Por las razones ya señaladas, cualquier juicio sobre los rumbos
tomados actualmente por la transición democrática brasileña -y
sobre todo en relación con las perspectivas de su futura consolidación- implica un análisis de los conflictos incorporados en el nuevo
texto constitucional y de la impotencia económica del Estado.
Con relación a la primera cuestión, se puede afirmar que el poder
constituyente cumplió su tarea con una eficiencia razonable, llevando a buen término la reivindicación más antigua de las fuerzas
democráticas. La nueva constitución y las elecciones presidenciales directas, ya realizadas, agotan el contenido básico del pacto
democrático suscrito por las élites y articulado por Tancredo Neves
en 1984. Si la nueva constitución es excesivamente detallista en
algunos aspectos, y se cedió demasiado a los particularismos corporativistas en otros, resultó extremadamente feliz, cuando no moderna, en la definición de los derechos individuales y sociales,
avanzando significativamente en el campo de los derechos laborales -derechos que todavía tendrán que ser consagrados en forma
de leyes complementarias u ordinarias. Conservadora en cuanto a
la organización sindical, cedió a presiones contradictorias y generó
una "colcha de retazos" en los capítulos de "Orden económico",
avanzando decisivamente en el campo de la reorganización del
Estado. Asimismo, desde el punto de vista económico, la transición
todavía no está concluida. Carece de una legislación complementaria, campo en el que se dará la lucha de verdad por transformar las
normas aprobadas en derechos reconocidos y respetados. Las normas anacrónicas o inadecuadas serán, con toda seguridad, superadas por los hechos o reformadas por el mismo congreso. Desde ya
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se puede prever un conflicto decisivo y prolongado en torno a los
cambios del Estado y el sistema político contenidos en el texto
constitucional. En este punto, el poder constituyente puso las bases
de un conflicto inevitable en el futuro al proponer una reforma
descentralizadora --en el momento en que el Estado en quiebra
busca recomponerse financieramente- y al organizar una forma
presidencialista de gobierno, pasando al mismo tiempo un poder
inusitado al parlamento, porque no creemos que el constituyente
haya dicho la última palabra en este asunto. Por el contrario, estamos seguros que lo que se promulgó intensificará, por lo menos a
corto plazo, las confrontaciones y conflictos a todos los niveles,
especialmente en el interior de las varias instituciones e instancias
del mismo Estado, entre el gobierno central y los gobiernos locales
y entre el ejecutivo y el legislativo.
En otro aspecto de la Nueva República, el gobierno y su política
económica fueron mucho menos eficientes: no equilibraron los
problemas de corto plazo, no lograron definir una estrategia coherente y sostenida de reanudación de las inversiones y el crecimiento
necesario para desbloquear la relativa estagnación económica de
toda una década. Durante estos cinco años de "Nueva República",
sin que hubiese alternancia en el gobierno, se articularon a través de
cambios ministeriales, de duración brevísima e insustancial, varias
alianzas, hilvanadas alrededor de cuatro modelos distintos -cuando no excluyentes- de política económica, conducidos sucesivamente por los ministros Francisco Dornelles, Dilson Funaro, Luis
C. Bresser y Maílson da Nóbrega.
Con la excepción de la época de oro del "Plan Cruzado" del
ministro Funaro, en ningún otro momento el gobierno consiguió
sumar el apoyo de la opinión pública y de las élites empresariales a
la eficiencia necesaria para la implementación de cualquiera de las
cuatro estrategias. Aun al nivel de las "macrofuerzas" socioeconómicas y de sus representaciones corporativas y políticas, no se
consolidó ninguna alianza más orgánica en un segmento que combinara el combate a la inflación, ortodoxo o heterodoxo, con una
propuesta de largo plazo para retomar el crecimiento económico.
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En esa perspectiva es importante reconocer, además, que el presidente Sarney, al asumir un papel eminentemente pasivo, abrió
espacio a todas las composiciones y alternativas disponibles de
política económica. Pero, en la medida en que no consiguió sustentarlas políticamente en los momentos decisivos de su implementación, contribuyó al desgaste acelerado de la reserva de ideas
disponibles y al descrédito de la autoridad económica.
En este sentido, un balance global del periodo nos diría que las
varias políticas económicas experimentadas fracasaron, mostrándose incapaces de deshacer el nudo financiero del sector público.
Durante este tiempo, las deudas públicas interna y externa -sumadas a la suspensión del crédito externo y las altas tasas de inflación
vigentes- hicieron imposible implementar una política fiscal y monetaria autónomas, acentuándose cada vez más la impotencia del
Estado frente a la necesidad de alguna forma de consolidación de
las deudas o de arbitraje de las obligaciones, para evitar que el problema de su financiamiento corriente y del servicio de su deuda
terminase por asfixiar el financiamiento de largo plazo de la economía.
Sin embargo, la propuesta de desvalorización o de consolidación de las deuda externas y/o internas, así como la propuesta de
restricción del gasto público, suponen un poder de arbitraje y una
capacidad de jerarquización de prioridades y recursos que la Nueva
República no tuvo. A pesar de todo esto, y paradójicamente, el
Estado, quebrado e impotente, todavía mantiene la clave del enigma: posee una deuda que lo convierte en pivote inevitable del
inminente conflicto por la distribución de la riqueza, a través de la
asignación de los costos de la crisis.
En resumen, al gobierno de Sarney y a la "Nueva República" le
tocó convivir con una dificil transición jurídico-política profundamente afectada por la crisis del Estado y el agotamiento de la estrategia desarrollista, una situación sólo en parte compartida por los
demás países deudores de América Latina. Una situación única
entretanto, en la medida en que -en el caso brasileño- la crisis de
la década de los ochenta desorganizó el proyecto de industrialización más exitoso en América Latina impulsado por un Estado
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modernizador, aunque "patrimonialista"2, apoyado por una alianza
liberal-desarrollista abigarrada y conservadora, en proceso de descomposición o de reorganización. En este punto se encuentra la
especificidad de la transición brasileña: ella coincide e interactúa
de manera extremadamente compleja con una crisis orgánica del
Estado, que indica el posible agotamiento del proyecto desarrollista
en la forma en que fue concebido y sustentado a partir de 1930 en el
Brasil. Esta no fue, sin embargo, la visión que orientó a los articuladores de la "transición sin ruptura", sea la imaginada por el general Golbery o bien la concebida por Tancredo Neves. Les faltó la
percepción de la verdadera naturaleza de la crisis, encubierta por el
derrumbe del autoritarismo.
La forma financiera de la crisis
El proyecto desarrollista de industrialización, en América Latina y
también en el Brasil, estuvo siempre limitado por la condición
"periférica" de nuestros Estados, sin espacio para una expansión
imperial y dirigidos por élites de escasa vocación prusiana.3
Debido a esto, el proyecto desarrollista presentó, en todos los
momentos de su realización, graves problemas de financiamiento,
responsables en los descensos cíclicos de la economía de explosiones inflacionarias que obligaban a realizar reformas fiscales y
monetarias orientadas a la reestructuración del esquema financiero,
en particular del sector público, elemento central de su estrategia.
Esas sucesivas reformas fiscales de emergencia y del propio patrón
monetario -haciendo uso del poder arbitrario del Estado sobre el
2 Se traduce "cartorial" en el original por "patrimonialista ". Este término fue introducido
por Helio Jaguaribe en la jerga del análisis político brasileño , connotando el carácter
patrimonialista del Estado y aludiendo a que las notarías (cartorio) se asignan como prebenda. (N. del T.)
3 Componente esencial de nuestro patrón de modernización industrial, analizado en dos
de nuestros trabajos anteriores: Lutabilidade e Crise do Estado no industrializacao brasileira,
tesis para concurso de profesor titular, UFRJ, 1988; y "Leitura Política de uma Industrial izaqao
Tardia", IEI-UFRJ, 1989 (Textos para discusión núm. 220).
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"dinero y las normas"- si resolvieron las dificultades inmediatas y
las necesidades de pago, nunca lograron solucionar de forma
permanente el problema de financiamiento a largo plazo sin recurrir
a los capitales externos en la forma de inversiones o de endeudamiento.
En ausencia de un mercado de capitales y de un sistema de
bancos privado, solidario con el proceso -incompleto- de monopolización del gran capital, el Estado se vio obligado a echar mano
de la política cambiaría, crediticia (a través de obligaciones o de
deuda interna) y del endeudamiento externo para, a través de sus
capitales, programas y agencias financieras, aglutinar y aportar las
masas de recursos financieros necesarios para los proyectos de gran
escala y de largo plazo de maduración, sobre todo los involucrados
por la industrialización pesada. Esfuerzo estatal que llevó inapelablemente, en la reversiones cíclicas, a crisis fiscales de grandes
proporciones. En esos momentos, absolutamente recurrentes en
nuestra trayectoria desarrollista, la crisis puede ser superada cuando la provisión de recursos externos está asegurada y en la medida
que las reformas fiscales de emergencia, o los cambios del sistema
tributario, aguanten el financiamiento corriente del sector público.
Asimismo, durante estas "crisis de estabilización", el rigor respecto de los salarios y los recortes en el gasto afectaron fuertemente las
"lealtades" verticales y las "soldaduras" horizontales de los intereses confederados. Además de lo dicho, la autonomía financiera de
las empresas estatales fue constantemente afectada, alcanzando fuertemente a las inversiones convencionales responsables por la calidad de los servicios públicos y por los sistemas de transporte y
comunicaciones.
En esos momentos, las presiones en favor de la "socialización de
las pérdidas" y el descontento de los asalariados se sumaron en un
ataque pesado contra el Estado. Éste, arrinconado, teniendo que arbitrar un crédito escaso, y que administrar una moneda en crisis, buscó su
solución en dos direcciones: imponiendo una nueva "credibilidad"
a través de la centralización del poder -realizada generalmente de
manera autoritaria- y "huyendo hacia adelante" con apoyo de recursos externos, como forma de evitar un dificil arbitraje de pérdidas o
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la reconsideración de los compromisos situados en la base de sustentación del mismo Estado que capitaneó el proyecto desarrollista.
Sin pretender afirmar hipótesis mecanicistas, hay que reconocer
en nuestra historia una "incorregible" afinidad entre estas "crisis de
estabilización económica" y las crisis de ingobernabilidad responsables por la desestabilización política de varios gobiernos, cuando
no del propio régimen político, coincidiendo con lo que se constató
ampliamente al acentuarse dos dimensiones básicas del Estado
desarrollista:
1) su dificultad para implementar políticas anticíclicas de corte
keynesiano, resultado del hecho de que su acción desarrollista,
al multiplicar y diversificar sus espacios de protección, cristalizó una heterogeneidad de situaciones -muchas veces
"patrimonialistas"- impermeables a la acción homogénea
de los instrumentos anticíclicos de la política económica, cara
escondida y "patrimonialista" del desarrollismo, que se manifestó en todas las crisis, contraponiéndose con su fuerza política a la intervención reguladora del Estado; y
2) un alto grado de apropiación de sus aparatos reguladores y
decisorios, transformados en los momentos de crisis en instrumentos de una lucha sin cuartel -dentro del propio Estado- entre los mismos grupos de intereses protegidos en las
fases expansivas y de holganza fiscal. Lucha que condujo, en
general, mucho más allá de la ineficacia, a una progresiva
parálisis de la política macroeconómica.
Entretanto, cuando estas crisis "fiscales" internas coincidieron
con crisis financieras internacionales -como al final de los grandes ciclos de expansión capitalista- el "horquillamiento financiero" del Estado fue completo, alterando la ruta del desarrollo y
modificando su patrón de financiamiento. Esos momentos parecen
coincidir en la historia brasileña con crisis políticas que impusieron
transformaciones del Estado profundas y radicales, alcanzando sus
funciones y su misma institucionalidad, yendo más allá de los gobiernos y regímenes políticos.
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En esos períodos se alteraron radicalmente los patrones de operación del Estado. Fueron crisis orgánicas que afectaron las dimensiones
del Estado como organización y como pacto de dominación. En
cada uno de aquellos momentos se rehace, rigurosamente, el Estado, reorganizando su patrón de financiamiento y su estrategia de
desarrollo socio-económico.
En la década de 1930, una profunda crisis económica y política
abrió espacios para que la hegemonía de las ideas estatizantes y
autoritarias orientase a nuestras élites en el reajuste de sus compromisos, en la construcción de un nuevo Estado extremadamente
centralizado, responsable de la línea estratégica adoptada para
viabilizar nuestra modernización y la industrialización desarrollista.
En los años 80 se reproduce una crisis análoga en la cual las contradicciones que acompañaron a aquella estrategia parecen haber encontrado su límite.
La economía brasileña pasó la década marcando el paso, después de haber crecido durante toda la época desarrollista a un promedio de 7% anual. En la raíz de esta desaceleración estuvo la
ruptura del patrón de financiamiento público, acelerada por la inflación -y para el efecto- realimentada por la misma recesión,
sobre todo la incorporación del peso de la crisis del Estado, dada
la imposibilidad de recurrir indefinidamente al endeudamiento
externo.
En este sentido, mucho antes del choque externo, el mismo patrón de articulación Estado/mercado en la estrategia desarrollista
brasileña contribuiría, desde los años 70, a una fragilización progresiva del sector público, a través de la multiplicación de subsidios e incentivos, de la subvalorización periódica de los precios y
tarifas públicas y del constante auxilio estatal a las instituciones
privadas insolventes. Fragilización encubierta por la multiplicidad
de presupuestos, dispendiosos, o gastos a través de la caja negra del
presupuesto monetario, y, desde el punto de vista del financiamiento,
por el acceso fácil al endeudamiento externo. Con esto, ya en la
década pasada, la carga tributaria líquida experimentó una reducción de 17.1 % del PIB, en 1974, a 12% en 1980.
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Sin duda, fue la convergencia de esta crisis fiscal con el agotamiento de la capacidad de endeudamiento externo -provocado
por la crisis financiera internacional- lo que acabó por estrangular
definitivamente al sector público, poniendo en jaque al patrón de
financiamiento de nuestra economía y desorganizando la estrategia
desarrollista. Debido a la estatización progresiva de la deuda, el
sector público enfrentó en estado de extrema vulnerabilidad el choque de los intereses externos de 1979, con un elevado nivel de
deudas en moneda extranjera (US$ 48 mil millones), un bajísimo
nivel de ahorro corriente (1.82% del PIB en 1982 frente a una media
de 5.46% de los años 70) y una limitadísima capacidad de autofinanciamiento.
En los tres primeros años de la década de los ochenta, la deuda
externa rebasa los US$ 64 mil millones y, en respuesta, el gobierno
adopta un programa de ajuste ortodoxo centrado en la contención
de la demanda interna para generar excedentes exportables. Asimismo, los saldos comerciales crecientes se destinaron a cubrir los
gastos del servicio de la deuda externa. La política monetaria restrictiva y la limitación del crédito contuvieron la demanda, pero
también desestimularon las inversiones en un proceso llevado al
límite con una interrupción de las remesas monetarias a partir de
1982, y con la retracción de las inversiones públicas como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica. Por otro
lado, esta misma desaceleración alcanzó al déficit público, obligando a un mayor endeudamiento interno, que terminó por aplastar
cualquier posibilidad de inversión y alimentando las ganancias financieras del sector privado, que le permitirían su completa reorganización patrimonial. Al final de la década del 80, apenas el 30% de
sus ganancias eran operacionales.
La formación bruta de capital en este periodo descendió desde el
52% del PIB al que llegó en los años 70, oscilando en tomo al 17%. Para
empeorar el cuadro, el país se transformó en exportador de capitales,
transfiriendo al exterior recursos líquidos por valor de 3.5% del PIB.
Políticamente incapaz de deshacer sus antiguos compromisos, el
gobierno fue llevado a una progresiva parálisis, preso en su propia
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trampa financiera. Teniendo en cuenta el desvío del medio circulante,
las altas tasas de interés administrativo terminaron generando riqueza financiera privada, transformada en mayor liquidez y mayor
inflación y presionando todavía más el déficit público financiero.
En este sentido es que afirmamos que la crisis de los años 80
maximizó y fue consecuencia, al mismo tiempo, de la contradicción básica de la estrategia desarrollista de la relación del Estado
con el mercado, impuesta por el compromiso asumido ya en la
década del 30 entre las varias y heterogéneas fracciones de nuestro
empresariado. Este factor eminentemente político es el que hace de
nuestra crisis económica una crisis del Estado, y de nuestra transición democrática un lento proceso de implosión del Estado desarrollista, de tal forma que, a lo largo de los años 80, las empresas
privadas se ajustaron financieramente, generando ahorros y reduciendo su endeudamiento usufructuando, como contracara perversa,
del "desajuste" progresivo que llevó al sector público a la insolvencia
y a la autoridad político-económica a la más completa parálisis, expropiada del último y decisivo instrumento: la política monetaria.
En este sentido, la crisis financiera es la forma de la crisis del
Estado, y su solución trasciende actualmente las posibilidades de cualquier política de ajuste, ortodoxa o heterodoxa. No se trata de una
mera "crisis de estabilización". Ella implica la modificación de las
reglas mismas que hicieron viable en el pasado el éxito de nuestra
industrialización. Su solución escapa a la autoridad económica e
implica una redefinición profunda de las relaciones entre el Estado,
el empresariado y la sociedad como un todo. Implica una revolución en el pacto de dominación y una reforma del Estado, más
compleja y abarcadora que la que ocurrió en los años 30, al inicio
del ciclo desarrollista.
Hoy, una nueva centralización autoritaria del poder ya no parece
una solución eficaz. Por el contrario, una nueva crisis abre las puertas a una democratización marcada por la hegemonía de las ideas
antiestatistas. Pero, como en la otra, esta reorganización del Estado
ya no se reduce a un mero ajuste fiscal, y el tamaño de las dificultades económicas y financieras ya no admite una inmediata "fuga
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hacia adelante". Los márgenes de maniobra política y económica
son estrechos y la parálisis del Estado es creciente . Una nueva
centralización autoritaria está hoy a contramano de la historia. Al
contrario de 1930, nuestras élites empresariales son cada vez más
liberales y menos desarrollistas.
Aun los que pudieran defender, en nombre del orden o de la
credibilidad, un Estado fuerte y autoritario, lo rechazan, comprendiendo que la simple centralización del poder ya no es sustituto, en
este momento , para la falta de recursos . Y si ello ocurriese bajo
manu militar¡, inevitablemente atropellaría algunas cláusulas básicas de nuestro consenso antiestatista e internacionalizante. Para
comenzar, a falta de recursos externos, el Estado debería realizar
una reforma financiera que alcanzaría de lleno a la riqueza mobiliaria
concentrada hoy en el open market, ocasionado por la deuda pública. Por otro lado, las inversiones "desarrollistas " en este momento
tienen trade-offinevitable con los recursos que históricamente sellaron los compromisos "patrimonialistas". De ahí el recelo actual
de nuestras élites a los militares estatizantes y la defensa intransigente de una política económica cuyo vector apunta a la apertura
internacional y a la privatización de la economía.
El problema, entretanto , cae más allá de la voluntad de nuestras
élites, extremadamente heterogéneas . Hoy en día, todas las alternativas político-económicas parecen más difíciles debido a la incapacidad estatal para definir nuevos horizontes y para crear nuevos
espacios de acumulación . Al estrangulamiento financiero se agrega
el hecho que aquella función, típica del Estado desarrollista , parece
estructuralmente agotada desde el momento en que se cumplió la
agenda propia del patrón de industrialización de la segunda posguerra. Hasta ahora , los horizontes eran nítidos y, de alguna manera, los pasos y decisiones cruciales obedecían a un derrotero
trazado por las demás industrializaciones . A partir de ahora ya no
existen sectores básicos por ser constituidos , aun cuando deban ser
preservados y expandidos, toda vez que la estructura industrial
brasileña se encuentra prácticamente consolidada. Por eso, yendo
más allá de las dificultades coyunturales e independientemente de
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la ideología privatizante, la verdad es que la intervención estatal
debe cambiar de rumbo. Pero eso tampoco parece fácil debido a la
enorme heterogeneidad de una estructura económica e institucional
donde cada bloque de capital y sector de actividad está constituido
según patrones y reglas diferentes, lo que replantea, frente al Estado, el problema de una diversidad que ya no tiene relación alguna
con la vieja cuestión de la dualidad y del "atraso", pero que continuará dificultando cualquier comportamiento homogéneo y constante por parte de las agencias reguladoras estatales. Como contracara
de esto, como es obvio, el mecanismo clásico de absorción/incorporación de los intereses heterogéneos en los varios niveles del
aparato estatal perdió su capacidad abarcativa, llamando la atención lo limitado de la flexibilidad de los recursos de incorporación
del Estado desarrollista.
En este sentido se comprende por qué todas las estrategias propuestas por nuestras élites empresariales para solucionar la crisis
económico-financiera se vuelven contra el Estado, en quiebra después de realizar, en los años 80, la mayor socialización de pérdidas
ocurrida en la historia del Brasil. Entretanto, esta estrategia de cuño
neoliberal choca en la práctica contra la intensa resistencia que
presentan varios segmentos sectoriales, regionales y corporativos,
de las mismas élites empresariales, conmovidos por el ideario liberal pero viejos "aliados patrimonialistas" del pacto y de la coalición
que sustentaron el desarrollo durante sus décadas de éxito.
En este sentido, al atacar al Estado al mismo tiempo que impiden
su reforma, nuestros empresarios revelan la naturaleza esquizofrénica de lo que fue durante estas décadas su articulación mutua.
Una relación que jamás se sustentó en un proyecto conjunto, fuese
éste nacional o internacional, restringiéndose a una convivencia
instrumental y depredatoria. Ante la crisis actual del Estado, nuestra élite se comporta como Dorian Grey frente a su propio retrato:
propone liquidar el estatismo, el clientelismo, el patrimonialismo y
la corrupción, sin reconocer que estas "obsesiones" son suyas o
nacieron de su peculiar relación con el Estado, mantenida durante
las largas décadas del desarrollismo.
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En esta línea parece reforzarse la hipótesis de que estamos viviendo hoy una crisis del Estado análoga a otras que dieron lugar a
las grandes inflexiones del Estado brasileño, pero original, una vez
que están fuertemente en jaque las bases financieras y políticas que
cimentaron nuestra industrialización. De ahí la coincidencia en un
mismo plano y en un mismo tiempo de una crisis de gobierno, de
régimen y de Estado. Todo parece apuntar, a mediano plazo, a una
erosión o astillamiento del poder central que, no obstante que venía
ocurriendo en forma gradual, no consigue esconder su naturaleza
cruda y violenta, hecha de luchas y arbitrajes que obedecerán, todavía por un buen tiempo, más a la fuerza bruta de cada uno de los
actores que a la vigencia neutra de reglas coisensualmente aceptadas. A través de estas modestas luchas, sin gloria y sin héroes,
estarán ciertamente siendo redefinidos pactos y coaliciones y un
nuevo patrón de financiamiento que sustentará la forma y la estrategia futura del Estado brasileño.
En esa dirección, además, la experiencia del Plan Cruzado, principal iniciativa político-económica de la Nueva República, es extremadamente ilustrativa de lo que estamos afirmando. En aquel momento las autoridades económicas apostaron el éxito de su plan a
actores y comportamientos que jamás existieron en nuestro mundo
real. Unos, idealizando el comportamiento racional de los empresarios, y, otros, creyendo en un Estado que sólo existía en sus sueños
ideológicos. Fracasaron soñando, no importa si soñando con Alemania o con el Japón, pero desconociendo una vez más la verdadera
naturaleza de la crisis y la de sus principales actores. Desconocían
la naturaleza del pacto que estaban dirigiendo y no dieron la debida
atención al problema central de nuestro patrón de financiamiento,
cuya expansión crediticia dependió siempre de la capacidad de endeudamiento del Estado y de su poder para respaldar, en última instancia
a través del aval del Tesoro, la emisión interna de dinero o de deuda.
Sabiendo que nunca fuimos una economía con competitividad de
mercado, ni nos industrializamos de manera prusiana ni japonesa,
los formuladores del Plan Cruzado intentaron rehacer, con un máximo
de voluntarismo tecnocrático, nuestro patrón de desarrollo a través de
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un simple re-arreglo monetario, sin siquiera realinear las alianzas
fundamentales responsables de aquello que se intentaba revolucionar.
De esta manera, la experiencia "cruzada" explicitó de manera
pedagógica lo que fue siempre una tensión congénita en el comportamiento del Estado desarrollista: dados su patrón de financiamiento
y su estrategia de crecimiento con endeudamiento y estabilización
periódica, se hace cada vez más dificil mantener en operación,
simultánea y centralizadamente, una política de gasto e inversiones
que impulsara la modernidad y amparara el atraso, asegurando la
demanda efectiva y manteniendo la calidad de la infraestructura y
de los servicios básicos con una moneda estable.
Retomando nuestro argumento y resumiendo, en la crisis de los
años 80 --compañera de nuestra transición democrática- como
en la de los años 30, las dificultades estructurales y los impasses
coyunturales convergen y se condensan en torno al problema de la
reorganización del Estado. En los años 30 se alinearon las coordenadas de nuestra modernidad industrial y se definieron las alianzas
y los compromisos responsables por el Estado desarrollista, cuya
reforma es considerada imprescindible hoy por conservadores y
progresistas, y cuya impotencia actual está en el epicentro de las
dificultades que enfrenta nuestra transición democrática.
Así piensan los conservadores cuando en varios momentos de la
Nueva República afirman que "la redefinición del papel del Estado
es tal vez el mayor desafio que el gobierno y la sociedad deben
enfrentar en este fin de siglo" (Jornal do Brasil 5/5/1988), o cuando, en palabras de un liberal pragmático, como el profesor M. RH.
Simonsen, dicen que "por encima de cualquier ideología, el papel
del Estado debe ser reajustado", imponiéndose en este momento la
privatización y la desregulación "no por un movimiento ideológico
sino por un movimiento pragmático". Lo mismo afirma el ministro
Maílson da Nóbrega, al sostener que para que el Brasil supere la
crisis actual y alcance la modernidad "ha llegado la hora de echar
las bases de una nueva relación entre el Estado y la sociedad".
Pero también piensan así los progresistas, cuando el entonces
senador F.H. Cardoso afirmaba en un discurso pronunciado en el
114
Senado Federal que es necesario "modernizar las relaciones entre
Estado, empresa y sociedad" eliminando "una burocracia que en su
rama tradicional es perezosa e incompetente y en su rama modernizante es tecnocrática". O cuando el profesor J.M. Cardoso de
Mello, uno de los padres del Plan Cruzado, reconoce en una entrevista a Folha de Sao Páulo que el Brasil, para entrar en el nuevo
ciclo de desarrollo, deberá resolver sus cuestiones básicas; "la relación
del país con el capital extranjero y la redefinición de las funciones del
Estado", concluyendo que "hay que desestatizar".
Obviamente, si hay consenso en la necesidad de reorganizar el
Estado, democratizando, privatizando (donde sea posible) y desregulando (donde sea necesario), pocos son los que están de acuerdo
acerca de por dónde comenzar, a quién penalizar y hacia dónde
dirigir la acción selectiva del Estado reformado. Por el contrario, es
en este punto de la agenda, conservadora o progresista, que la
tensión entre ideas, estrategias e intereses adquiere su mayor intensidad. Si hay en ese momento esta enorme convergencia en torno a
la idea de la necesidad de reforma estatal, en su dificil encauzamiento
que unos y otros se dividen internamente, serán obligados a realineamientos pragmáticos que, en su paso, convertirán muchas veces
a nuestros demócratas progresistas al jacobinismo desarrollista,
asociado en general al estatismo en el plano ideológico, y al populismo en el plano táctico electoral. Y a nuestros liberal-conservadores
al intervencionismo económico y al autoritarismo político, asociado
en general al jacobinismo militar, que fue, en última instancia, el
gran artífice de nuestro Estado intervencionista, ni keynesiano ni
socialdemócrata, sino desarrollista además de "patrimonialista".
En este punto se esconde, en parte, la racionalidad de las incongruencias decisorias de nuestro poder constituyente, así como las
sinuosidades e impotencias del gobierno de Sarney, ocurridas a
pesar de la indiscutible hegemonía de que gozaban las ideas liberales en ese momento entre nuestras élites conservadoras y entre gran
parte de nuestros intelectuales progresistas. Pero es en este punto
también donde se encuentran las incógnitas principales sobre el
desarrollo posible de nuestra transición y de la coyuntura crítica
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inaugurada por la promulgación de la nueva Constitución brasileña
y la elección directa del Presidente de la República.
Dilemas y perspectivas
Antes de proponer algunas hipótesis acerca de las principales líneas
de conflicto que se anuncian en el futuro, es necesario hacer una
breve sistematización de los trazos con que nuestra tesis caracteriza
tipológicamente la transición brasileña.
1) Es imperativo redefinir nuestra "transición sin ruptura" o sin
colapso, en la medida en que ella se mueve al ritmo de una
ruptura profunda v endógena: en tanto se transforma el régimen, está entrando en colapso el Estado mismo.
2) Como consecuencia, debemos tener presente que la transición brasileña apunta no sólo hacia un nuevo régimen político
sino también hacia una transformación orgánica del Estado,
tanto en su base institucional como en su patrón de relaciones
con la sociedad y con los mercados nacional e internacional.
Un verdadero proceso de state building, lo cual nos plantea el
problema de estar definiendo las reglas, los espacios, los instrumentos y los mecanismos de mediación de conflictos
simultáneamente con la intensificación de los mismos conflictos, concentrados fuertemente en torno a los problemas de
la incorporación/participación política y de la distribución
del ingreso y de la riqueza. En este sentido, parte de la reforma
estatal es lo que sería una condición necesaria para su buen
encauzamiento en la construcción de un nuevo sistema de
representación de intereses, los cuales entretanto, debido a la
naturaleza de la crisis, todavía no encuentran sus verdaderas
identidades y organizaciones, creando un fuerte desajuste entre
partidos, coaliciones ideológicas y bloques de interés económico. Desajuste y fluidez que, como es obvio, no sólo resucitan esquemas del pasado sino, sobre todo, develan el núcleo
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central de todas las dificultades: el Estado y el sistema de
partidos aparecen en esta transición como sujetos y objetos
de la misma transformación, ya sea que ésta esté pasando por
el proceso constituyente, por las políticas gubernamentales,
por los procesos electorales o por los sucesivos, y hasta ahora
frustrados, pactos sociales.
A partir de ahí, nos parece posible identificar algunos puntos
neurálgicos del futuro que se avecina. Conflictos que, si bien mantienen en todo momento la posibilidad de una reversión autoritaria,
también pueden estar diseñando el perfil de una nueva modernidad
democrática.
En la Constitución de 1988, tres capítulos anuncian problemas
especialmente agudos y recortan espacios inevitables de conflicto:
los que tratan de la organización del Estado, del sistema de partidos
y del orden económico. En cierto modo la Constituyente adelantó,
como ya dijimos, una reforma estatal, fortaleciendo el federalismo
y el poder legislativo contra un Ejecutivo que perdió gran parte de
los recursos de poder que le permitían el comando de la estrategia
desarrollista. Apremiada por presiones fragmentadas y discontinuas,
la Constituyente cedió en esta materia ante el clima liberal y antiestatista dominante en nuestras élites políticas. Pero al hacerlo fue
contradictoria, sometiéndose al mismo tiempo, al conservar el régimen presidencialista de gobierno, a la presiones de los sectores más
atrasados que vieron en el parlamentarismo una amenaza al sistema
"patrimonialista" amarrando al pasar el apoyo social y electoral,
cuando sea necesario, del Estado desarrollista. Con esto el poder
constituyente dejó plantada la semilla de un conflicto en el interior
del Estado mismo, el cual debería ampliarse en la década siguiente.
Por otro lado, en la medida en que la nueva Constitución mantuvo el sistema de elección proporcional exclusivamente, conservó
las reglas que en el pasado condicionaron a nuestro sistema de
partidos: multipartidario en la forma, pero bipolar en la realidad.
Una polaridad que, por encima de las siglas, colocó casi siempre en
términos plebiscitarios, en un extremo al conformismo oficialista
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poliforme y en el otro a la gran masa de los excluidos de toda
especie, aglutinados, en ausencia de partidos de masas, por una
variedad de liderazgos carismáticos, de cuño progresista a veces,
pero casi siempre conservador. Bipolaridad radical que, desconociendo a los partidos hace de la alternancia en el poder una incógnita responsable de la desestabilización permanente de todas nuestras
experiencias democráticas. Una polaridad en fin que, habiendo
usado varios lenguajes, condujo casi siempre a la disyuntiva: o las
masas o el orden.
Finalmente en el capítulo relacionado con el orden económico,
nuestros constituyentes, más atentos a las presiones corporativas
que al aparente consenso ideológico neoliberal, aprobaron un texto que
consagra varias formas de proteccionismo y estatismo, que se transformarán de inmediato en obstáculos legales a la estrategia propuesta
y victoriosa con el nuevo presidente recién electo (Collor de Melo).
Se puede, por lo tanto, prever con razonable certeza un choque de
proporciones en torno de estos temas, capaz de transformarse en
una confrontación abierta entre los poderes ejecutivo y legislativo.
Desde ese punto de vista, la lucha central en torno a la nueva
forma, funciones y destino del Estado no termina, a nuestro entender, con la promulgación de la nueva Constitución. En nuestra
perspectiva, los conflictos se agravarán con la legislación complementaria y alcanzarán su máxima intensidad en el momento en que
su aplicación comience a afectar los macro intereses, públicos o
privados. Confrontaciones que alcanzarán una fuerza todavía mayor en caso de acelerarse la crisis económica en la forma de
hiperinflación, aumentando la incertidumbre y la ingobernabilidad.
Si esto ocurre, el mismo descalabro inflacionario obligará a un
"ajuste" que deberá pasar por la reforma de la Constitución y recaerá
sobre los grupos más resistentes hoy que lo que fueron en el pasado,
como es, notablemente, el caso de los asalariados y su organización
sindical, pero es también el caso de antiguos y consolidados intereses incrustados en la burocracia estatal.
Esto, porque, como dijimos, este ajuste hecho bajo la presión de
una crisis del patrón de desarrollo implica, además de reformas
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administrativas, un arbitraje que afectará de inmediato a la inmensa
riqueza financiera acumulada en los años 80 e implicará, en un
plazo más largo todavía, una redefinición de las reglas de valorización política del capital que tuvieron vigencia en el país durante
más de medio siglo.
Esta lucha tampoco terminó con las elecciones presidenciales. Proseguirá en el plano legal y en el plano económico, manteniendo un alto
grado de indefinición sobre sus rumbos futuros en la medida que:
1) se desconoce el grado de lealtad a la democracia que mantendrán los grupos afectados por las políticas estabilizadoras del
nuevo gobierno;
2) a pesar de la fuerte convergencia neoliberal existente entre
nuestros mayores empresarios y ciertos sectores intelectuales
coincidentes con las propuestas visibles del nuevo gobierno,
no han conseguido trascender el plano de las ideas y los modelos para generar un plan de gobierno consistente y con
amplia base de apoyo empresarial y social;
3) incluso al nivel empresarial, las identidades son poco nítidas
y las coaliciones son altamente gelatinosas y defensivas, no
consiguiendo destilar consenso estratégico en torno a un gran
proyecto nacional de largo plazo, que incluya, esta vez, por lo
menos una mayor preocupación como pueblo;
4) la redefinición del papel del Estado, que todos los victoriosos,
con raras excepciones, quieren ver disminuido, resulta dificil
cuando se quiere también un Estado suficientemente fuerte
para proveer las consolidaciones, ajustes y transformaciones
necesarios e inevitables en este mismo corto plazo.
Lo cierto es que la acción del nuevo gobierno deberá moverse,
como dicen, dentro del marco legal caracterizado por un Ejecutivo
fragilizado y un Legislativo inseguro, moviéndose ambos según
reglas nuevas y no completamente claras. En este contexto es que el
nuevo Presidente de la República deberá enfrentar el problema
central que, de inmediato, definirá los caminos futuros de la crisis
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política: el descontrol de la moneda y la indefinición de nuestra
próxima estrategia desarrollista. Tarea hercúlea en la medida que
supone fuerza y decisión para penalizar intereses, rehacer compromisos, recomponer alianzas y remontar desde las raíces un Estado
que se quiere eficiente, democrático y protector del interés general,
incluyendo a la gran mayoría del pueblo, hasta hoy marginada de
las formas más elementales de la ciudadanía.
De inmediato Collor de Melo se enfrentará con una disyuntiva
puesta por su peculiar situación de presidente electo sin una organización partidaria nacional y con una minúscula bancada parlamentaria. Si se negara, como lo viene haciendo, a todo tipo de acuerdo,
deberá enfrentarse al poder legislativo utilizando como arma la
movilización directa de la opinión pública que le ha sido favorable.
Camino tradicional de los liderazgos populistas e inorgánicos, que
ya más de una vez condujeron a retrocesos autoritarios. Si, por otro
lado, aceptara los acuerdos necesarios para reunir una base parlamentaria mayoritaria, es probable que disminuya su poder de arbitraje sobre grupos e intereses extremadamente fragmentados.
De cualquier forma, este problema aparecerá de inmediato, en la
medida que éste, como cualquier otro gobierno hoy en Brasil, o
descifra la esfinge inflacionaria o se enfrenta rápidamente con una
opinión pública desfavorable, dispuesta a castigarlo electoralmente
en octubre de 1990, cuando se renueve parte del Senado, la totalidad del Congreso y todos los gobernadores y las cámaras estaduales.
En este momento parece claro que la estrategia para enfrentar la
crisis es casi rigurosamente ortodoxa o neoliberal. Propone un shock
fiscal y tarifario inmediato, con desindexación de precios y salarios. Y postula reformas de mayor aliento, abarcando el fin de los
subsidios, la disminución de todas las formas de protección de mercados, la liberalización de importaciones y la privatización de la
mayoría de las empresas estatales, con una eventual internacionalización de acciones a cambio de deuda. Un proyecto que deberá
enfrentar grandes resistencias dentro del sector público, junto a los
asalariados y gran parte del empresariado "protegido" y, finalmente, en el propio Congreso Nacional.
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En esa perspectiva se debe esperar una intensificación de los
conflictos sociales, con un virtual aumento de la violencia, paralización de servicios y actividades públicas fundamentales y una
creciente resistencia parlamentaria.
El presidente podrá jugar todas sus fichas en la renovación del
Congreso Nacional, postergando su administración hasta las nuevas
elecciones; o podrá apartarse de las elecciones, volcando la responsabilidad por su eventual fracaso sobre el Congreso Nacional. Lo
que parece es que la ineficacia será castigada y, por lo tanto, rigurosamente evitada. Y esta eficacia será medida en términos de tasa de
inflación, mantención de los salarios y crecimiento. Cualquier cosa
diferente de esto va a requerir el uso creciente de violencia, a menos
que se crea en la permanencia del poder mágico del voto.
El problema mayor que vemos en este momento es el aislamiento de la figura presidencial, sumado a una visión extremadamente
tecnocrática que pretende ser la solución de nuestros problemas
políticos. Si nuestra tesis es correcta, no se conseguirá sustituir la
ausencia de un proyecto nacional por soluciones "tecnocráticas" y
sin sustentación política. En este caso, en la mejor de las hipótesis,
se repetirán los problemas enfrentados por los anteriores planes de
estabilización.
Sin un nuevo proyecto nacional seguiremos, a nuestro entender,
el camino de la inflación y de la desintegración del tejido social. En
este caso, habrá tres alternativas: un retorno al arbitraje militar; una
experiencia innovadora de pacto social; y por último, la anticipación de una reforma constitucional que permita interrumpir el mandato del actual presidente por la sustitución del presidencialismo
por una forma de gobierno parlamentario.
Con relación a la alternativa militar, nos parece vetada a corto
plazo. Tal vez porque todavía pesa el estigma del fracaso económico pero, sobre todo, porque también entre los militares se esparce la
conciencia de la profundidad de la crisis del Estado y de la poca
nitidez de las varias alternativas de solución que se perfilan en el
debate político-ideológico-económico. No sólo las élites civiles y
los intelectuales están perplejos. Los militares también están divididos
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entre las distintas estrategias posibles. Y todas ellas implican transformaciones en uno de los pilares de sus varias y difusas ideologías:
el Estado. Siendo que last but not least, los militares jamás fueron
llamados para arbitrar una desvalorización tan grande de riquezas.
En relación a la alternativa de pacto social corporativo, ella fracasó en sus varias tentativas durante el gobierno de Sarney. Puede,
incluso, llegar a ser una condición indispensable de gobernabilidad
cuando se agote la credibilidad bonapartista del nuevo presidente.
Sin embargo, enfrenta dificultades de consideración como encauzamiento arbitral de largo plazo. Sin detenernos en un tema que justifica una discusión aparte, y sin desmerecer el carácter germinal que
esta iniciativa puede tener para la reformulación de las relaciones
Estado-economía en el Brasil, no podemos dejar de destacar la
naturaleza todavía fragmentaria y poco representativa de muchas
de las corporaciones involucradas en la discusión del pacto, además del enorme peso del mercado informal e inorgánico de trabajo.
En especial, no sabemos como se podrá precisar la división interna
del principal interlocutor en las negociaciones: el mismo gobierno.
En cuanto a la alternativa parlamentarista, es de suponer que ella
no acontecerá antes de las próximas elecciones parlamentarias y
que encontrará una enorme resistencia de la Presidencia de la República y de varios otros sectores políticos. Eso podría transformar
esas elecciones en un plebiscito en torno a la figura presidencial,
dispensándola de participar en los detalles y acuerdos regionales
que acompañan inevitablemente ese tipo de elecciones. Pero a costa de una desestabilización prolongada de la economía y la política
nacionales.
Todas las alternativas parecen, en este sentido, extremadamente dificiles porque nuestra transición democrática, al convivir con
una crisis orgánica del Estado, replantea hoy en toda su intensidad una
tensión que acompañó permanentemente a toda la historia desarrollista, entre el voto, la moneda y el crecimiento.4
4 En los comienzos de la década del 30, Lindolfo Collor, abuelo del actual presidente
electo y ministro del trabajo de Getulio Vargas, analiza las divergencias internas de la
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Hoy, en la hora final del Estado desarrollista se anuncia una
exasperación de este conflicto. Pero hay una novedad en el ambiente. El antiestatismo de nuestras élites es más radical, a pesar de ser
mayor que su aversión al autoritarismo, pero por eso es posible
pensar ahora que nuestra naciente democracia puede sobrevivir
sustentada en lo irreconciliable de sus intereses más que en su
disposición real a aceptar el ejercicio de la libre competencia y la
alternancia en el poder. Los empresarios tal vez se hagan o permanezcan demócratas por su odio irracional al Estado que los creó.
Alianza Liberal, victoriosa en la revolución del 30, como "simples cuestiones administrativas ligadas a la cuestión del voto secreto y a la orientación de la política financiera". El
mismo Vargas complementaría ocho años después, en el momento en que suprimía el voto e
instauraba el "Estado Nuevo"-primera forma autoritaria de Estado desarrollista-, al decir
que "ninguna política financiera podrá tener éxito sin la coexistencia paralela de una política
de desarrollo económico".
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