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Versión Taquigráfica
JORNADA EN EL DIA MUNDIAL
DE NO USO DE PLAGUICIDAS
Realizada el 9 de diciembre 2014
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Organizada por
Diputada Nacional Victoria Donda Pérez, y
RAP-AL, Red de Acción en Plaguicidas
y sus Alternativas de América Latina
Contenido:
Presentación. Objetivos de la Jornada
Diputada Victoria Donda Pérez
¿Por qué “Día Internacional del no uso de plaguicidas”?
Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho, coordinador regional de RAP-AL
Impacto en la salud de los modelos productivos basados en OGM dependientes de
química
Prof. Dr. Damián Verzeñassi. Co-Responsable Académico Materia Salud Socioambiental
y Responsable Académico Ciclo Práctica Final de la Facultad de Cs Médicas de la UNR.
Sub Secretario Académico de la Universidad Nacional de Rosario
La necesidad de cambiar la Metodología de clasificación de los agroquímicos Biocidas
y la Autoridad de Aplicación de las normas que regulan estos productos
Ing. Claudio Lowy, BIOS, Red Nacional de Acción Ecologista
El uso de los agrotóxicos en la agricultura
Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho, Red de Acción en Plaguicidas y sus
Alternativas de América Latina (RAP-AL); Centro de Estudios Sobre Tecnologías
Apropiadas de la Argentina (CETAAR); Pesticide Action Network International (PAN)
La agroecología como alternativa
Ing. Agr. Raúl A. Pérez y Lic. (M.Sc.) Maximiliano Pérez, Instituto de Investigación y
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región pampeana-INTA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
nueve días del mes de diciembre de 2014, a la hora
14 y 22:
Sr. Beherán (A.).- Soy Alfredo Beherán, de AACREA.
Sr. Souza Casadinho. Damos inicio a esta jornada
convocada por el Día Mundial del No Uso de
Plaguicidas. Para comenzar, le solicitamos a cada
uno de los presentes que diga su nombre y a
quiénes representan. Luego abriremos el debate.
Sr. Pérez (M.).- Mi nombre es Maximiliano Pérez y
pertenezco al mismo instituto.
Sra. Reisner.- Mi nombre es Bárbara Reisner,
pertenezco a la Unión Latinoamericana de Técnicos
Rurales y Agrarios. Soy trabajadora social y trabajo
en la Coordinación de Agricultura Familiar del
SENASA.
Sr. Goldstein.- Soy Guillermo Goldstein. Soy
abogado y asesor del bloque socialista de la Cámara
de Diputados.
Sr. Pérez (R.).- Soy Raúl Pérez, investigador del IPAF
Región Pampeana, que es el Instituto para la
Agricultura Familiar del INTA.
Sr. Verzeñassi.- Soy Damián Verzeñassi y pertenezco
a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario.
Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Soy Victoria Donda
Pérez, diputada nacional.
Sr. Zabalza.- Mi nombre es Juan Carlos Zabalza y soy
diputado nacional.
Sra. Krasñansky.- Mi nombre es Gisela Krasñansky.
Soy periodista de la Agencia FOIA, que es una
agencia de noticias legislativas.
Sr. Souza Casadinho. Ya se han presentado todos y,
según el programa que armamos con Silvia
Ferreyra, a continuación escucharemos a la
diputada Donda Pérez por ser la anfitriona de esta
jornada y quien nos da este espacio para poder
discutir en torno a la problemática del uso de
plaguicidas. Fundamentalmente, nos interesa
mucho dar nuestra mirada en relación con el
proyecto de ley -entre comillas- fitosanitario, que es
parte de la lucha.
Sr. Lucas.- Mi nombre es Nicolás Lucas. Soy asesor
del diputado Luis Basterra.
Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Agradecemos a
todos y todas por haber venido.
Sra. Barletta.- Soy Fabiana Barletta y trabajo con el
diputado Luis Basterra.
Como saben, hay un dictamen de régimen
de registro, comercialización y control de productos
fitosanitarios, que es un dictamen que no oyó
ninguna de las recomendaciones hechas por
distintos sectores respecto al registro de los
plaguicidas ni al tipo de habilitación para su
utilización cerca de poblaciones.
Sra. Antolini.- Soy Luciana Antolini y trabajo en el
Programa Nacional de Prevención y Control de
Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
Sr. Martínez.- Soy Ariel Martínez y también trabajo
con el diputado Basterra.
Sra. Vigna.- Me llamo Patricia Vigna. Soy médica
generalista y formo parte del grupo de trabajo en
Salud Socioambiental de la Federación Argentina de
Medicina General.
Sra. Bautista.- Soy Lucía Bautista, coordinadora de
la Fundación Barbechando.
Sr. Beherán (M.).- Mi nombre es Mariano Beherán,
soy de AACREA.
Como sabemos, entre otras cosas, se
permite que las autoridades de aplicación de esta
ley autoricen el uso de productos restringidos por
recomendación de la OMS. Esto motivó a una gran
preocupación de nuestra parte.
Hemos presentado una observación
firmada por varios diputados, entre los cuales se
encuentran los diputados Zabalza, Linares, Rogel y
otros. En ella solicitamos que el dictamen se gire a
la Comisión de Salud y Acción Social antes de que
sea llevado al plenario de la Cámara. Queremos que
las comisiones puedan aconsejar en torno a las
preocupaciones que tenemos.
Y con el fin de poder agregar observaciones
y críticas sobre este dictamen es que llamamos a
esta reunión de trabajo. Esperamos seguir
enriqueciendo esta observación al dictamen que
nos propone el nuevo régimen de registro,
comercialización y control de productos
fitosanitarios.
Esta es la idea de la reunión en esta tarde.
Sr. Souza Casadinho.- Antes de comenzar a
escuchar a los invitados, quiero comentarles por
qué el 3 diciembre es el día internacional del no uso
de plaguicidas.
El 3 de diciembre nos juntamos en el
SENASA e hicimos una reunión para recordar y
sensibilizarnos sobre este tema. Tiene que ver con
algo que fue una catástrofe no fue un accidente en
la India hace 30 años, justamente el 3 diciembre
1984, y es un buen ejemplo para analizar cómo no
hacer las cosas.
Ocurrió en una empresa que fabricaba un
producto, el Sevin. Y todas las alarmas y elementos
que estaban puestos como para que funcionaran y
determinaran cualquier anomalía que pudiera surgir
en la empresa Unión Carbide que durante mucho
tiempo fabricó las pilas Eveready no funcionaron.
Hubo una gran descarga gas metil
isocianato que determinó inmediatamente la
muerte de 10 mil personas en el lugar –imagínense,
como si la sexta parte del distrito donde yo vivo en
la provincia de Buenos Aires, muriera
inmediatamente. Los servicios de salud no conocían
qué se fabricaba en la empresa y cómo actuar, y los
bomberos tampoco.
Se contaminó el suelo, el agua, el aire y los
alimentos. Mucha gente huyó de la comunidad y se
cree que después del 3 de diciembre 1984 más de
100 mil personas siguieron afectadas en su salud
por esta problemática.
A partir de ahí, desde PAL en la Argentina, adherida
a PAL Internacional, venimos haciendo actividades
en todo el mundo de investigación, de
sensibilización, capacitación y de incidencia a nivel
político.
Con
Damián
Verzeñassi
estábamos
contando recién todas las audiencias de las que
hemos participado en los últimos cuatro o cinco
años y ya debe haber habido unas siete u ocho
audiencias relacionadas con el tema de los
plaguicidas: la de las pulverizaciones aéreas, hace
muy poco la relativa a las escuelas fumigadas;
hicimos también audiencias sobre el glifosato para
lograr prohibir el endosulfán, una gran tarea en la
que nos acompañó Silvia, donde pudimos doblar el
paso de Argentina, que no quería prohibir el
endosulfán. También hubo audiencias relacionadas
con la soberanía alimentaria y con los plaguicidas.
Hace poco tuvimos aquí una audiencia para el tema
de la ley de semillas y también lo relacionamos con
el tema plaguicidas. En definitiva, hubo muchas
audiencias públicas que nos permiten decir que es
un tema que si bien no está instalado, hay mucha
información en la Cámara acerca de los plaguicidas
y su incidencia en la salud.
Cuando con Silvia empezamos a pensar esta
audiencia, la idea era tratar de sensibilizar,
compartir la información que tenemos, abrir una
discusión sobre este proyecto de ley de plaguicidas.
Argentina carece de un marco regulatorio
global y está bueno que tengamos una norma, pero
queremos que ésta sea discutida, analizada,
masticada, regurgitada, peleada. Queremos que sea
una ley que tenga en cuenta grandes aspectos y
miradas diferentes, que tenga en cuenta los
aspectos
sociales,
ambientales,
económicos, en la salud.
culturales,
Sabemos que estamos cerca de fin de año y
quizás muchos están más pensando en descansar
que en trabajar pero aún así, queríamos generar
este espacio de discusión y ojalá que haya más en
torno a este proyecto de ley que debería cumplir
todos los aspectos que tienen que ver con la
utilización de plaguicidas, desde el permiso para
importarlos. Hoy tenemos plaguicidas, que están
prohibidos en sus países de origen, que se siguen
vendiendo en la Argentina. Todos los aspectos
como la fabricación, en la categorización, la
distribución, el uso o el desecho de envases,
deberíamos discutirlos y analizarlos entre todos, no
legislando para un país ideal sino para uno real, el
país que tenemos y que habitamos, con nuestras
características culturales y ambientales.
La idea es que podamos escucharnos. El
doctor Damián Verzeñassi, de la Universidad
Nacional de Rosario, va a tomar los aspectos que
tienen que ver con la relación de los plaguicidas con
la salud. Claudio Lowy va a tomar el tema de la
categorización. Mi nombre es Javier Souza
Casadinho y voy a tocar el tema de la utilización de
plaguicidas en algunos aspectos que hacen al uso,
que deberán ser contemplados en la legislación. Por
último, los compañeros del IPAF, Maximiliano Pérez
y Raúl Pérez nos van a hablar de agroecología, que
es algo que varias veces también discutimos acá en
la Cámara y que tiene que ver con las propuestas
alternativas a la utilización de plaguicidas.
También tenemos que recalcar esto: no es
plaguicidas o hambre; plaguicidas o muerte;
plaguicidas o enfermedad, porque hay muchas
alternativas para manejar -no controlar- las
problemáticas derivadas de los insectos, las plantas
silvestres o los hongos de manera adecuada.
Pedimos que sean breves en las
intervenciones para que podamos hablar todos.
Sr. Verzeñassi.- Agradecemos a Javier y a la
diputada Donda Pérez por haber organizado esta
actividad y por invitarnos a compartir algo de lo que
pudimos construir en la Facultad de Ciencias
Médicas de Rosario como parte de nuestra tarea
docente y de investigación.
En realidad yo no soy investigador, lo era
Andrés Carrasco, que participaba del CONICET y
tenía recorrido y formación como investigador.
Nosotros somos médicos que hacemos
docencia en la Universidad de Rosario y por nuestro
cargo de profesor tenemos la tarea de llevar
adelante el trabajo de construcción de
conocimientos, que tomamos la decisión de hacerlo
junto con los estudiantes y la comunidad.
Voy a compartir con ustedes algunas ideas
respecto a cómo entendemos el impacto que el
modelo de OGM, dependiente de agrotóxicos, ha
tenido en la salud de nuestras comunidades.
Esto me parece importante compartirlo
porque hay algo que para nosotros es vital. En este
caso estamos discutiendo la ley pero no es sólo una
ley de registro y control de fitosanitarios. Se los
llama “fitosanitarios” pero nosotros los llamamos
agrotóxicos porque son sustancias químicas tóxicas
que se utilizan en la agroindustria; por eso, desde
nuestro punto de vista, “agrotóxicos” es una
construcción correcta, porque además evidencia la
magnitud de lo que estamos utilizando.
Nosotros entendemos que esto es parte de
un paquete de medidas que se acompaña, de leyes
sobre el uso o disposición de los envases y sobre la
aplicación de los agrotóxicos, y entendemos que
por primera vez en mucho tiempo estamos
intentando buscar construcciones más complejas
que la simple sanción de una ley para resolver algo
inmediatamente. Eso nos parece saludable, pero
consideramos que se sigue haciendo con una lógica
que se olvida de que todo lo que estamos
organizando y desarrollando como sociedad está
impactando en nuestras vidas.
En principio, para nosotros, lo que decía
hace bastante tiempo Hubert Humphrey, un
senador de los Estados Unidos, debería ser tenido
en cuenta a la hora de pensar en la legislación en
nuestras regiones.
Nosotros estamos discutiendo los impactos
en la salud de una lógica de producción
dependiente de veneno porque en algún momento
alguien definió que nosotros no teníamos que
producir más alimentos y que teníamos que
empezar a producir los commodities que Europa, y
fundamentalmente el poder económico en el
mundo, no querían tener más en sus territorios.
En la misma época en 1999 en que la
Unión Europea anunciaba que iban a dejar de
producir commodities para producir productos
clase “A” y los commodities los íbamos a producir
nosotros, estábamos empezando a encarar en
nuestro territorio la forma de producción que
habilitó esta transformación de nuestros territorios
en lo que son hoy: grandes sectores verdes sin
gente.
Frank Fischler, el comisario de la Unión
Europea para los Asuntos Agrarios, decía que
Europa iba a dar dinero a los productores que
produjeran con calidad y no en cantidad mientras
que nosotros estábamos diciendo que había que
producir cada vez más millones de toneladas de
granos que no es alimento; esto se presentaba
dentro del plan estratégico agroalimentario, como
si fuera la solución al problema del hambre del
mundo. En realidad es la solución a las necesidades
de Europa y del poder económico de producir sin
enfermar sus territorios en el mismo nivel de
ganancia que tenían hasta ese momento.
Comento esto porque me parece que nos
da un marco para entender desde dónde
deberíamos –al menos, desde el punto de vista de
la Facultad de Ciencias Médicas, analizar los
impactos en la salud de los OGM y los productos
agrotóxicos.
En ese sentido, si miramos la perspectiva
económica vemos que premios Nobel de economía
ya anunciaban que el principal problema del mundo
para la economía era el calentamiento global en
este momento se está realizando la Cumbre sobre
Cambio Climático en Lima, fundamentalmente en
los países cuyas economías dependen de la
producción agroindustrial o agrícola, que es lo que
están pretendiendo hacer con nosotros.
Entonces, en ese contexto nosotros
empezamos a ver claramente que la salud de
nuestros habitantes, de nuestros hombres, mujeres
y niños, se ha visto afectada en los últimos veinte
años.
Quiero compartir con ustedes el resultado
de los campamentos sanitarios, que es la
experiencia de evaluación final que tenemos en la
carrera de medicina de la Universidad Nacional de
Rosario. A través de ellos, nos instalamos durante
cinco días en comunidades de menos de diez mil
habitantes. Los campamentos sanitarios no tuvieron
como objetivo ir a buscar un problema en particular
sino simplemente saber qué pasaba en términos de
salud en nuestra región y nos encontramos con
esto.
Si ustedes se fijan en la imagen en pantalla,
los principales problemas de salud son la
hipertensión y la diabetes, al igual que ocurre a
nivel nacional ya que aparecen entre las primeras
patologías crónicas. Pero las patologías tiroideas no
son de ninguna manera la tercera enfermedad
crónica más frecuente en la Argentina. Sin embargo,
mientras que según datos de la FAC en Argentina se
registra un 15 por mil de casos, en las localidades
que nosotros hemos estado recorriendo se registra
un promedio de 41,19 por mil.
Como vamos a ver más adelante, de esta
misma forma se incrementan en estas regiones
algunos problemas de salud como las neoplasias,
los trastornos endócrinos y las pérdidas de
embarazos y disminuyen las tasas de embarazo. Al
mismo tiempo, empiezan a aparecen problemas
como malformaciones congénitas en valores que no
eran los habituales. De la mano de esto, nuestros
niños empiezan a tener cada vez más sobrepeso y
obesidad.
En nuestro trabajo, recorremos los últimos
veinte años haciendo un análisis retrospectivo para
poder saber qué pasó y qué está pasando. Los
resultados nos alertan.
Si bien los últimos datos publicados en la
página oficial del Ministerio de Salud de la Nación
son del año 2012, como nosotros tenemos los
campamentos a partir del 2010 utilizamos como
referencia los datos del 2008.
En el año 2008 la tasa bruta de incidencia
anual de cáncer era de 206 cada 100 mil habitantes
en la Argentina. Como pueden ver en pantalla, en
las localidades que nosotros visitamos el promedio
de la tasa bruta de incidencia anual de cáncer es de
368,2 cada 100 mil habitantes, con picos que van
hasta 713,7.
Cuando nosotros empezamos a ver que los
perfiles epidemiológicos son similares, vimos que
hace quince años no teníamos esta prevalencia de
cáncer.
El término “incidencia” significa la cantidad
de casos nuevos en un determinado período;
mientras que “prevalencia” es la cantidad de casos
que existen en un lugar en un período determinado.
Hicimos un análisis de prevalencia de lo que
ocurría en los períodos del 1997 al 2001, del 2002 al
2006 y del 2007 al 2011. En el cuadro comparativo
que se exhibe pueden ver cómo la prevalencia se
eleva altamente en el último quinquenio respecto al
primer quinquenio. Pero, además, en algunos casos
se eleva aún más, como es el caso de María Susana,
que es el peor de los lugares en donde estuvimos y
en donde se eleva hasta cuatro veces más respecto
del primer quinquenio.
Esto nos está diciendo que algo pasa. Algo
ha ocurrido en estas localidades en este período
que transformó la manera de transitar el ciclo vital,
de enfermar y de morir.
Estamos viendo que uno de los elementos
que tienen en común las ahora veinte localidades
que hemos recorrido con los campamentos
sanitarios la última fue la de Chabás la semana
pasada-, es que son regiones que hoy están en el
medio de las áreas de producción agroindustrial de
eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos,
fundamentalmente de soja, y que no siempre
tuvieron el mismo perfil productivo.
Entonces, lo que identificamos es que el
punto a partir del cual empieza a hacerse esta
transformación coincide con el punto en el que
empieza a cambiar el modelo de producción en este
lugar. Nosotros creemos que esto debe tenerse en
cuenta a la hora de pensar en proyectos de ley que
regulen la producción, el uso, el control y la
disponibilidad final de los envases de las sustancias
tóxicas que se están utilizando en nuestra región.
Algunos trabajos previos al nuestro ya
marcaban una asociación -epidemiológicamente
hablando- entre el incremento de la superficie de
producción de eventos transgénicos dependientes
de agrotóxicos y la aparición de malformaciones.
Por ejemplo, en las provincias del Chaco o de
Córdoba. Fíjense los saltos que se registran en el
cuadro exhibido.
En Chaco, de una tasa de incidencia de
malformaciones de 19,1 cada 10 mil en el año 1997,
se pasa a una de 85,3 cada 10 mil en el 2008,
habiéndose incrementado de 110 mil a 750 mil las
hectáreas de soja en el mismo período.
En Córdoba, sobre 110 mil nacidos vivos, la
tasa en 1991 era de 16,2 cada mil mientras que en
2003 era de 37,1 cada mil.
Estamos hablando de que hay trabajos,
como el de Simoniello, que han demostrado cómo
hay una mayor predisposición y riesgo de
desarrollar neoplasias en aquellas personas que
fueron expuestas a sustancias agrotóxicas durante
algún momento de su vida de manera constante.
Tenemos trabajos que fueron publicados en
otros países, como el que publicó la Revista de la
Sociedad Americana de Cáncer que demostraba la
alta incidencia de linfoma no Hodgkin en granjeros
expuestos a glifosato por su práctica agrícola.
La filmina que se ve en pantalla es una
enumeración de trabajos científicos y referencias
bibliográficas que queda acá para que puedan tener
acceso, y que forma parte de la bibliografía que
utilizamos para escribir el capítulo de salud en el
libro de La Patria Sojera de la licenciada Daiana
Melón, donde claramente van quedando expuestos
como falaces muchos de los argumentos que se
utilizan generalmente para justificar la utilización de
tóxicos.
Esto ocurre fundamentalmente a partir de
que se utiliza la famosa frase de Paracelsus, cuando
se nos señala que él decía que la dosis hace el
veneno. Lo que se les olvida decir es que Paracelsus
vivió entre 1493 y 1541. En esa época no había
química dependiente del petróleo ni había
volúmenes de producción con sustancias artificiales
sintéticas como las que existen actualmente. Es
probable que las frases “nada es veneno”, y que “la
dosis hace el veneno”, haya sido una verdad de ese
momento.
Lo que también decía Paracelsus, que no se
menciona muy seguido, es que nada que es bueno
puede ser llevado a cabo mediante una desviación
de los métodos naturales. Claramente la
manipulación genética es una desviación de los
métodos naturales, la transgénesis es una
desviación de los métodos naturales y la química
derivada del petróleo es una desviación de los
métodos naturales.
Digo esto como para que podamos
introducirnos en algunos elementos que nos van a
permitir, desde nuestro punto de vista, correr velos,
como por el ejemplo que se nos diga que los
agrotóxicos son seguros. ¿Quién lo dice?
Sé que hay presentes compañeros del
SENASA por lo que no quiero echar leña a la
discusión interna y así evitar una pelea o disputa
con la gente de SENASA específicamente. Pero, si el
Centro Internacional de Investigación sobre el
Cáncer, que seguramente tiene más presupuesto
que el SENASA para investigar productos químicos,
reconoce que de los más de 100 mil productos
liberados al ambiente después de la Segunda
Guerra Mundial solamente se han estudiado entre
2.000 y 3.000, ¿qué tipo de tranquilidad podemos
tener nosotros con respecto a la seguridad de los
químicos que se utilizan?
Si el Centro Internacional de Investigación
sobre el Cáncer de la OMS reconoce que entre el
año ‘95 y el 2010 ha estudiado solamente dos
productos en cuanto a su cancerogenicidad, ¿cómo
podemos seguir afirmando que la química que se
utiliza en nuestro territorio es segura?
Con el tema del tabaco ocurrió algo similar.
En algún momento el fumar era una herramienta de
igualdad de género. La lucha por la igualdad de
género estaba asociada a fumar y durante años se
nos dijo que fumar era inocuo. Cuando se tuvo que
aceptar que fumar producía cáncer ya habían
pasado más de 38 años desde que se habían
publicado los primeros trabajos científicos en los
que se demostraba que el tabaco producía cáncer.
Entonces, ¿con qué tipo de certeza o qué
tipo de tranquilidad podemos tener nosotros
cuando nos dicen que los químicos que se utilizan
en nuestro territorio son inocuos si tenemos estos
antecedentes?
Con el DDT también ocurrió algo parecido.
Era tan bueno que hay fotos y registro gráficos de
personas bañándose en DDT felices porque estaban
limpiándose de la posibilidad de enfermarse. Con el
endosulfan se nos dijo: “El DDT hace mal pero ahora
tenemos endosulfan que es buenísimo”.
Este país resolvió prohibir el endosulfan con
una fórmula particular ustedes lo deben saber
mejor que yo: se prohibía pero como en el
momento en que se prohibía todavía había mucho
dando vueltas se iba a dar un tiempo para que se
terminara de vender lo que quedaba. Esto lo
hicimos en la Argentina y a fines del siglo pasado y
principios de este siglo.
esa cantidad de alimentos por año por los 1.100
millones de hambrientos, veríamos que cada
hambriento del mundo comería mejor que cada
uno de nosotros, si esa comida que estamos tirando
la repartiéramos entre los hambrientos.
En ese contexto se nos hace muy difícil
pensar en la inocuidad y en la seguridad de las
sustancias químicas.
Me parecía importante poder compartir
esto con ustedes porque nuestra Facultad ha
tomado la decisión de salir a advertir públicamente
lo que implica el impacto de la química y de los
modelos de producción extractivistas
que
lamentablemente no conocen de genéticas
partidarias para la salud de los seres humanos que
vivimos en estos ecosistemas.
En este contexto, cuando nos dicen que los
transgénicos disminuyen el uso de agrotóxicos, en
el mismo período, de acuerdo con el estudio que
CASAFE pide a uno de sus contratados que haga
respecto de lo que oficialmente se reconoce que se
vendió de agrotóxicos en 2013, según este estudio
iban a ver el crecimiento del uso de agrotóxicos.
Fíjense que en la campaña 2013 disminuyó el uso
respecto de 2012 y el mismo estudio Pampas dijo
que esa disminución en la cantidad bruta de
agrotóxicos tiene que ver fundamentalmente con
un aumento en la concentración del 8 por ciento. O
sea, usamos menos porque está más concentrado. Y
fíjense que la línea fue siempre in crecendo desde la
aparición de los transgénicos en nuestro territorio.
Ahí vemos cómo creció el uso de químicos
clase II del año 2012 a 2013, cuando todavía el
glifosato era clase IV. Porque ahora hay una nueva
clasificación que tendremos que poner en análisis
para saber por qué es esto de que hasta 2012 el
glifosato era clase IV y en ese año se dijo que a
partir de 2014 podría ser clase III o clase II, y
seguimos transitando nuestro recorrido en esa
especie de nebulosa.
No vamos a detenernos acá a analizar el
tema del hambre. Con 870 millones de personas
que pasan hambre -en este momento son 1.100
millones, según los últimos datos de la FAO-, en el
mismo período en que aparecen los transgénicos el
hambre se incrementa, al igual que el uso de
transgénicos. Es decir, con el PEA no estamos
produciendo lo que el mundo necesita para
alimentarse, menos cuando tiramos 1.300 millones
de toneladas de alimentos por año. Si dividiéramos
Saludo la presencia del diputado Zabalza
que fue autor, cuando era diputado en la provincia
de Santa Fe, de un proyecto de ley para regular el
uso de agrotóxicos, que perdió estado
parlamentario.
Lamentablemente
quienes
sucedieron al doctor Zabalza en su misma bancada
en Santa Fe se olvidaron de estudiar este asunto y
hoy son los responsables de que un proyecto de
una nueva ley, que tomaba como referencia la que
él había escrito, haya perdido estado parlamentario.
Esto demuestra que quienes a nivel nacional están
impulsando la no regulación, no lo hacen desde una
lógica del cuidado de la salud sino desde la lógica de
la necesidad de la industria de agrotóxicos.
Entonces, vemos que lamentablemente no
hay una genética partidaria. Esto ha atravesado
todo el espectro de quienes toman decisiones y por
eso nosotros entendemos que esto debe ser puesto
en discusión.
Cuando se decidió traspasar las industrias
sucias a nuestros territorios porque acá ganábamos
menos plata y movíamos menos el sistema
económico según lo dice el Banco Mundial en su
informe de noviembre del año 91 , se estaba
haciendo absolutamente consciente un proceso de
traslado de perfiles epidemiológicos, de
morbimortalidades fundamentalmente vinculadas a
neoplasias, malformaciones y pérdida de capacidad
reproductiva, a nuestros territorios para garantizar
salud en otros. Y nosotros estamos convencidos de
que era por esto. Por eso, como dijo George Bush
en 2001, un país que no puede cultivar alimentos
para alimentar a su pueblo es un país sometido a la
presión internacional.
Nosotros perdimos capacidad de producir
alimentos. Tenemos leyes de agricultura familiar
que no tienen presupuesto. En cada provincia, con
distintos colores partidarios, tenemos defensores
de un modelo de producción que expulsó a la gente
de los territorios y los enfermó.
Entendemos que lo que hoy está
ocurriendo, además de estar sacando a la gente de
sus territorios, es algo muy parecido a instalar un
hospital en la base de un puente roto. Lo que
nosotros vemos hoy es que desde los distintos
estamentos de los estados nacional, provinciales y
regionales se trabaja con esa lógica. Vamos a
inaugurar hospitales debajo de los puentes rotos
para atender a los politraumatizados. Eso sí, antes
de que crucen el puente les vamos a cobrar un
peaje para con esa plata poder pagar el hospital.
Es la misma lógica que entendemos se
utiliza cuando con el dinero del fondo sojero se
anuncian las obras en salud en la provincia de Santa
Fe, Río Negro, Córdoba o Entre Ríos donde los
ciudadanos cada vez tienen más problemas de salud
vinculados a la exposición a estos químicos, a una
forma de alimentación que ya no es natural y a un
contexto sociocultural que ha cambiado los
patrones de funcionamiento de nuestras
sociedades.
Para finalizar, sabíamos que iba a haber
muy pocos diputados y muchos asesores, que a
veces tienen más tiempo para estudiar que los
diputados. La propuesta era compartir algunas
herramientas que tenemos para estudiar juntos.
Esto no se resuelve de un día para el otro; no es que
prohibiendo hoy la fumigación resolvemos los
problemas de salud. Creemos que algo tenemos
que hacer y debemos empezar por poner el
problema arriba de la mesa.
Nosotros esperamos poder contrastar
nuestros datos con datos oficiales de la provincia de
Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, con
datos oficiales de Epidemiología de la Nación, pero
no para ver quién tiene razón y quién no, sino para
ver cómo advertimos que tenemos un problema y
empezamos a pensar en las soluciones.
Nosotros identificamos en este proyecto
que el mayor problema está puesto en no entender
o no mostrar que es parte de un proyecto integral.
Como decía recién la diputada Donda Pérez,
si uno no tiene en cuenta la integralidad y le da en
estos contextos el poder a una autoridad de
aplicación que utilice cualquier producto en
cualquier lugar y en cualquier momento con la sola
definición de “vamos a declarar la emergencia”, no
va a ser muy diferente a cuando la OMS, por una
comisión de expertos, declaró la pandemia con la
Gripe A H1N1 que implicó la inoculación con
Tamiflú y con vacunas de la H1N1 a muchas
personas en el mundo, y siete meses después a
partir de un estudio que hizo una Comisión de la
Unión Europea se demostró que era un fraude.
En ese contexto nos parece que vale la pena
poner un freno que nos permita pensar distinto y
colectivamente en qué contexto vamos a estar al
menos generando un marco jurídico. (Aplausos.)
Sr. Souza Casadinho.- Tiene la palabra el señor
Claudio Lowy.
distribuidas en los territorios indicados en la imagen
en pantalla.
Sr. Lowy.- Gracias por darme la oportunidad de
participar en esta reunión y exponer sobre dos
aspectos: la necesidad de cambiar la metodología
en la clasificación de los agroquímicos biocidas y la
necesidad de cambiar la autoridad de aplicación de
las normas que regulan estos productos.
Me parece que el proyecto de ley del
diputado Basterra genera un contexto adecuado
para tratar estos dos puntos. El proyecto se titula
“Registro, Comercialización y Control de Productos
Fitosanitarios” y fue girado sólo a las comisiones de
Agricultura y Ganadería y de Comercio con el
argumento de que se refiere sólo al registro, a la
comercialización y al control de esos productos.
Siguiendo el criterio del SENASA, se omitió el giro y
tratamiento por las comisiones de Acción Social y
Salud Pública y de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano.
Me parece importante decir desde dónde
hablo. Pertenezco a la organización Bios, que es una
organización ambiental que trabajamos desde 1991
y hablamos desde el interés por el cuidado de la
salud y el ambiente, la soberanía alimentaria y el
buen vivir, y no desde el interés de la mayor
ganancia posible en dinero en el corto plazo, como
hablan los que representan los intereses de las
empresas. Por eso es muy importante decir desde
donde uno habla.
Bios integra la RENACE Red Nacional de
Acción Ecologista , la Coalición Ciudadana Antiincineración y la Alianza Global por Alternativas a la
Incineración.
La RENACE está integrada por veinticinco
organizaciones
ambientalistas
que
están
No se puede registrar un producto
fitosanitario, un agroquímico o un biocida -como se
quiera llamar-, sin clasificarlo previamente por su
toxicidad. Es un requisito indispensable y fue
ocultado en el texto del proyecto de ley ya que no
se habla de clasificación. Ese texto fue consultado,
por lo menos, con el veterinario Eduardo Butler,
director Nacional de Agroquímicos, Productos
Veterinarios y Alimentos del SENASA. Lo que ocurre
es que la clasificación toxicológica que utiliza el
SENASA es fraudulenta. Yo siempre quiero hablar
con alguien de la estructura directiva del SENASA y
no me es posible. Por eso, traje la foto del señor
Butler que se ve en pantalla para que, por lo menos,
lo vean.
¿Por qué es fraudulenta la clasificación del
SENASA? Me interesa rescatar el concepto original
del término fraude: es la acción contraria a la
verdad y a la rectitud que perjudica a las personas
contra quienes se comete.
Estoy diciendo que la clasificación
toxicológica del SENASA es contraria a la verdad y a
la rectitud y que, claramente, nos perjudica a todos.
Hace parecer a los productos como mucho menos
tóxicos de lo que en realidad son ya que oculta la
mayor parte de los riesgos y daños que generan a la
salud y al ambiente. Además, la clasificación es
usada para un fin para el que no fue confeccionada.
¿Cómo es la clasificación? La resolución 350
de 1999 del SENASA que clasifica a los pesticidas, se
basa en los criterios de la Organización Mundial de
la Salud de 1995. Nos hicieron padecer esta
clasificación hasta el 2012, año en el que fue
modificada por la resolución 302 y se ajustó a los
criterios de la Organización Mundial de la Salud de
2009.
Esa clasificación utiliza principalmente la
metodología denominada DL50, que quiere decir:
dosis letal 50 por ciento aguda. También incorpora
otros criterios como la toxicidad dermal y la
toxicidad ocular según las tablas de la EPA, que es la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos.
¿Cómo funciona la dosis letal 50 por ciento
aguda? El producto se envía a un laboratorio y se
somete a una muestra de mamíferos -generalmente
ratas- a dosis sucesivas de este producto buscando
que la dosis mate al 50 por ciento de la muestra en
forma rápida, en 24 o 48 horas. Si esa dosis es
pequeña, se interpreta que el producto es muy
tóxico porque con poquito se logra el objetivo de
matar al mamífero. Si la dosis es alta, se interpreta
que el producto es poco tóxico porque hace falta
mucho para conseguir la muerte del mamífero.
¿Cuánto es poquito? Poquito es de 1 a 5
miligramos por kilo de mamífero. ¿Cuánto es
mucho? Esto varió. La clasificación vieja decía que
mucho era más de 2.000 miligramos por kilo. La
clasificación nueva dice que tienen que ser más de
5.000 miligramos por kilo. Tengan en cuenta que
cuanto mayor es la DL50, el producto es menos
tóxico. Hay que acostumbrarse a eso.
Siguiendo esa metodología de clasificación,
los agroquímicos son categorizados e indicados
como Ia, Ib, II, III y IV y van de la banda roja hasta la
banda verde, encontrándose en el medio las bandas
amarilla y azul.
Fíjense que la leyenda de la clase IV dice:
“Normalmente no ofrece peligro, cuidado. Banda
verde.” Eso es lo que tienen que decir las etiquetas
de los formulados.
La palabra "normalmente" no es utilizada
con la acepción de “habitualmente”, como en el
ejemplo “Normalmente me tomo el colectivo para
venir al centro”; no es así. “Normalmente” es usado
con la acepción de utilizados según las normas
vigentes y las instrucciones que el productor pone
en el bidón.
Esto es muy importante porque ellos están
reconociendo que no hay manera de aplicar las
clases Ia, Ib, II y III sin que se genere peligro, porque
dicen que solamente la clase IV no genera peligro,
aunque para nosotros la clase IV también genera
peligro. No hay buenas prácticas agrícolas posibles
que eviten el peligro en la aplicación de las clases Ia,
Ib, II y III. Es una falacia absoluta lo de las buenas
prácticas posibles reconocidas por ellos.
¿Por qué la clasificación del SENASA es
fraudulenta? No evalúa la toxicidad subletal, la
toxicidad crónica y la sinérgica. La toxicidad subletal
contempla, por ejemplo, si enferma pero no mata
lo que estuvo contando Damián hace un rato; la
crónica, por ejemplo, si enferma o mata a mediano
y largo plazo -un mes, seis meses, un año, dos años,
el año que viene, la próxima generación.
Claramente la metodología de la dosis letal 50 por
ciento aguda no evalúa esto.
Y hay otro tipo de cronicidad, que es la
cronicidad por repetición. La gente los 12 millones
de personas que están en el ámbito de las derivas
de las pulverizaciones es siempre la misma;
entonces padecen la deriva, el barbecho químico, la
soja preemergente, la soja postemergente este año,
el año que viene y todos los años. No es que la
familia que padece una pulverización se va y viene
otra. No es así. Esta cronicidad tampoco es
evaluada por esta metodología.
Mucho menos contempla la toxicidad
sinérgica que tiene que ver con el grupo de
pesticidas a los cuales estamos sometidos todos
porque los incorporamos a través de los alimentos,
la piel y el agua. Esta metodología tampoco evalúa
la toxicidad crónica.
Por otro lado, el SENASA oculta la no
responsabilidad de la Organización Mundial de la
Salud. ¿Qué nos dice el SENASA? Nos dice: “Nuestra
clasificación toxicológica se basa en estudios de la
Organización Mundial de la Salud”. ¿Y qué dice esta
última en su trabajo del 2009? “El material
publicado se distribuye sin garantía de cualquier
tipo, ya sea explícita o implícita. La responsabilidad
de la interpretación y el uso del material recaen en
el lector. En ningún caso la Organización Mundial de
la Salud será responsable por los daños derivados
de su uso”. Es decir, la Organización Mundial de la
Salud recomienda una clasificación pero no se hace
cargo de sus consecuencias.
En el Congreso de Ciencia y Religión, en el
que también moderaba Javier, hacíamos una
comparación y decíamos que es como si nosotros
queremos hacer mil viviendas y le encargamos el
proyecto a un estudio de arquitectura. Al comienzo
el estudio de arquitectura nos presenta el proyecto
y nos dice: “No nos hacemos responsables si las
casas se caen”. ¿Qué hacemos? Buscamos otro
estudio de arquitectura y probablemente no le
paguemos el contrato.
En este caso, el SENASA oculta eso y no
busca otra clasificación sino que la aplica a pesar de
que quien la hizo dice explícitamente que no se
hace cargo. Desde 1975 la OMS dice lo siguiente:
“Los criterios de clasificación son una guía para
complementar pero nunca para sustituir un
conocimiento especial, el juicio clínico profundo y
fundamentado en la experiencia de un compuesto”.
El SENASA utiliza la clasificación como
criterio principal, a pesar de que la Organización
Mundial de la Salud hace casi 40 años que dice que
no hay que hacerlo.
Y lo dice en forma reiterada. En cada informe que
presenta la Organización Mundial de la Salud dice
que no hay que hacer lo que hace el SENASA. El
SENASA oculta que la OMS referencia su
clasificación en investigaciones desactualizadas y
sesgadas.
La OMS no hace ensayos; el SENASA
tampoco. ¿Qué hace la OMS? Convoca a grupos de
expertos para analizar estudios que realizaron otros
y, a partir de ahí, emite sus recomendaciones.
¿Qué ocurre con el glifosato, que es el
pesticida utilizado en un 60 por ciento en nuestro
país? El documento más reciente que considera la
OMS en 2009 es “Criterios de salud ambiental: 159
Glifosato”, de la Organización Mundial de la Salud,
de 1994. ¿Cuál fue el grupo de expertos? Siete
investigadores: un inglés, dos holandeses, un sueco,
un estadounidense, un chino y un egipcio.
Latinoamericano, ninguno. Africano subsahariano,
ninguno. Porque un egipcio no es lo mismo que un
etíope, así como no podemos decir que América
está representada porque hay un estadounidense.
Además, había un observador, que es
alguien que se supone garantiza transparencia,
equidad y ecuanimidad, como los observadores que
se envían para las elecciones. ¿Quién era el
observador? Un empleado jerárquico de Monsanto.
Ese grupo así constituido clasificó al
glifosato, diciendo que el glifosato se degrada
rápidamente en suelo, que el glifosato tiene una
dosis letal 50 por ciento aguda que lo hace clasificar
como clase IV banda verde.
A su vez, ese grupo de expertos considera
determinados tipos de estudio. Los trabajos más
actualizados citados son de 1992 claro, en 1994
investigaron estudios de hasta 1992-, lo que implica
que se ignoraron las investigaciones sobre el
glifosato entre 1992 y 2007 o 2009, es decir, los
últimos 15 a 17 años inmediatamente anteriores a
2009.
Estos son los trabajos que muestran la
vinculación del glifosato con múltiples daños
toxicológicos, lo que señaló Damián hace un rato.
Porque ¿cuándo empezaron a aparecer los daños?
¿Cuándo se empezaron a hacer los estudios?
Cuando se empezó a aplicar masivamente el
glifosato. En nuestro país esto fue después de 1996,
cuando se aprobó la soja transgénica. Pues bien,
todos esos estudios no están considerados en ese
estudio que considera el SENASA principalmente
para clasificar al glifosato.
Además, está el contexto para los que
hacen investigaciones independientes, que es
particularmente hostil, ya que deben enfrentarse a
las presiones, críticas y desacreditaciones
sistemáticas de organizaciones públicas y privadas,
que montan campañas de desprestigio en su contra.
Así quedó evidenciado, entre tantos otros, con los
casos de Seralini en Francia y Carrasco en Argentina.
El objetivo de estas campañas no es solamente
desacreditarlos a ellos; es también desalentar a
otros investigadores a realizar ese tipo de estudios.
¿Quiénes realizaron los trabajos que cita la
Organización Mundial de la Salud? Los informes
referenciados para el glifosato fueron elaborados
y/o suministrados por las empresas interesadas en
la producción y comercialización del producto y sus
formulados. Por ejemplo, 180 fueron realizados y/o
suministrados por Monsanto. Más de 150 de esos
informes citados no fueron publicados. Si no fueron
publicados, no fueron sometidos a la crítica de
pares.
Y si no fueron sometidos a críticas de pares no son
estudios científicos; no cumplen con los dos
criterios básicos de la ciencia. Uno de ellos es el
criterio de intersubjetividad. Los que estamos más o
menos metidos en esto sabemos que criterio de
intersubjetividad quiere decir que yo no puedo, solo
en el laboratorio, llegar a una conclusión y cuando
alguien me pregunte cómo llegué no responderle,
porque el otro tiene que poder contrastarlo¬.
El otro criterio dice que una ciencia, para
serlo, tiene que poder ser refutada. Y si uno no sabe
cómo se hizo el ensayo, ¿cómo se va a refutar? Es
decir, no son estudios científicos.
Además hay otros trabajos elaborados y
provistos por otras empresas que tampoco tienen
independencia de criterios; no se trata solamente
de Monsanto.
El SENASA oculta que la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud no sirve para fijar
distancias libres de aplicación. La OMS 2009 dice:
“El peligro al que se refiere la presente
recomendación es el riesgo agudo para la salud con
que se puede encontrar accidentalmente cualquier
persona que manipule el producto de acuerdo con
las instrucciones indicadas por el fabricante o de
acuerdo con las normas establecidas para el
almacenamiento y el transporte señaladas por los
organismos internacionales competentes”. ¿Qué
quiere decir? Que la Organización Mundial de la
Salud contempla que es para el caso de un
accidente, si por ejemplo se me cae un bidón, o si
algún transporte con bidones con esos productos
tiene un accidente y se desparrama por el piso. En
ningún lugar esta clasificación dice que sirve para
fijar distancias libres de pulverización.
El SENASA sabe eso; sabe que las provincias
lo utilizan en sus regulaciones para fijar distancias
libres de pulverización. Y dice: “Los más peligrosos,
los más tóxicos, hay que pulverizarlos más lejos y
los menos tóxicos se los puede pulverizar más
cerca”. ¿Cuánto más cerca? Del otro lado del cerco
de las escuelas, de lo otro lado de la última calle del
pueblo pero no solamente dice eso; esto es
solamente para referenciar.
La ley de fitosanitarios de Córdoba dice que
está prohibido que los fitosanitarios clasificados
como Ia, Ib, II y III sean aplicados por menores de
edad. Con esto está diciendo que los productos
clase IV sí pueden ser aplicados por menores de
edad. Entonces la metodología de clasificación no
es inocua por usar un término que usan ellos.
La clasificación vigente que fue realizada
por la OMS no se hace responsable por las
consecuencias de su aplicación, ignora las
toxicidades subletales y crónicas, se sustenta en
estudios totalmente desactualizados que no son
científicos, que fueron realizados por las empresas
directamente interesadas que no tienen
independencia de criterio y se utiliza para objetivos
para los que no fue elaborado.
Por eso es una clasificación fraudulenta; es
inaceptable que la clasificación toxicológica se base
en los criterios de la OMS del 2009 y en las
derivadas de ellas como las del SENASA.
Una
ley
nacional debe
contener
específicamente los criterios y las metodologías de
clasificación toxicológica de los agroquímicos
biocidas que tengan como principal objetivo el
cuidado de la salud, de las personas y del ambiente.
Porque eso es lo que está en riesgo; si no estuviera
en riesgo, no estaríamos hablando de una ley
porque no haría falta. El objetivo principal de la ley
tiene que ser el cuidado de la salud y del ambiente.
No tengo tiempo, salvo que ustedes me
autoricen, de hablar de por qué el SENASA no tiene
que ser la autoridad de aplicación de una ley de
biocidas. (Aplausos.)
Sra. Ferreyra.- Tiene la palabra el señor Javier Sousa
Casadinho, ingeniero agrónomo, docente de la
Universidad de Buenos Aires y coordinador regional
de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas
de América Latina.
Sr. Souza Casadinho.- Primero, para una aclaración
le doy la palabra a Bárbara Reisner.
Sra. Reisner.- Quiero aclarar que si bien trabajo en
el SENASA, hoy vine en representación de la Unión
Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios.
Somos un grupo de compañeros, mayoritariamente
trabajadores del Estado, que nos organizamos en
esta asociación civil.
Estamos luchando dentro del propio Estado,
como trabajadores del mismo, para cambiar estas
cuestiones. Cuestiones como las que expuso
Claudio Lowy, con quien hemos estado en el
ministerio cuando realizó la huelga de hambre, por
ejemplo.
También, como comentó Javier Souza
Casadinho, el miércoles 3 hicimos una jornada...
Sra. Ferreyra.- Después vamos a hacer el debate.
Sra. Reisner.- Sí, pero me tengo que retirar y como
justo se mencionó al SENASA y yo trabajo allí,
quiero aclarar que hoy vengo en representación de
la asociación civil.
Como ya dije, trabajo en el SENASA y allí
estamos dando una disputa en este sentido.
Obviamente, nosotros necesitamos de esta
información porque no solamente se puede
argumentar en contra. A nosotros nos sirve la
argumentación técnica y teórica de aquellos que
están estudiando estas cuestiones.
Como en el caso de la agricultura familiar
pedimos a las organizaciones que se movilicen y
demanden al SENASA; en este caso, nos ponemos a
su disposición para trasladar estas cuestiones.
(Aplausos.)
Les pido disculpas pero me tengo que ir.
Sra. Ferreyra.- Gracias, Bárbara, por estar aquí.
Sr. Souza Casadinho.- Agradecemos mucho a
Bárbara por su presencia.
-La señora Reisner se retira de la sala.
Sr. Souza Casadinho.- Con RAPAL venimos
trabajando esta problemática en la Argentina hace
aproximadamente veintidós años. Me acuerdo que
hace más o menos veinte años nos convocaron por
primera vez al Congreso de la Nación para discutir
un proyecto de ley del senador Vaca, legislador por
la Ciudad de Buenos Aires.
En estos veinte años hubo muchos
proyectos y anteproyectos parciales que, a lo mejor,
tomaban un agroquímico o un aspecto parcial,
como el tema de los envases. Pero, repito,
necesitamos una ley integral que nos permita
justamente tratar muchos procesos.
Ahora seguramente Maximiliano y Raúl
Pérez van a tocar el tema de la agroecología. Hay
algunas situaciones que son preocupantes. Una es
el creciente proceso de artificialización de la
naturaleza. Parece un juego de palabras pero tiene
que ver con la dependencia cada vez más grande de
los agrotóxicos en las actividades agrarias.
Reemplazar ciclos, flujos y relaciones naturales por
capital y dinero hace que, obviamente, tengamos
que utilizar cada vez más agrotóxicos.
Los monocultivos son insustentables ya que
no recrean la capacidad de producción ni la
sustentabilidad ni la resiliencia ni la estabilidad en
términos ecológicos.
El uso continuo de determinados
plaguicidas como el glifosato va generando
resistencia genética en algunas plantas silvestres.
Pasa lo mismo con los insectos. Por lo tanto, se va
reforzando el ciclo del uso de los plaguicidas.
Aquí aparece algo que tenemos que
discutir: los modelos productivos. También tenemos
que discutir cómo muchas veces una parte de la
ciencia o un sector de los científicos intenta salvar
los problemas que creó la misma ciencia a partir de
nuevos desarrollos tecnológicos.
Los transgénicos vinieron a resolver los
problemas generados por los plaguicidas clorados;
la soja resistente al 2,4 D vino a resolver los
problemas generados por la soja resistente al
glifosato. Es decir, cada vez más se restringe el
marco de acción y la utilización de insumos en vez
de -como decíamos antes- responder con el
desarrollo de ciclos, flujos y relaciones naturales.
También habló del impacto ambiental, de
los plaguicidas, y vimos la evolución.
Fíjense en la filmina cómo aumenta del ‘95
al ‘96, de 70 a casi 100 millones de litros el uso de
agrotóxicos y esto tiene que ver con la primera soja
transgénica; y observen cómo se va incrementando
en los años siguientes. Esto está relacionado con
cosas que tenemos que discutir. El aumento de la
superficie agrícola explica un 25 por ciento, pero
estamos hablando de que el uso de agrotóxicos ha
pasado de 35 millones a más de 400 millones.
Tenemos que ver cómo han disminuido los
insectos benéficos, los predatorios, los parásitos y
esto hace que se utilicen más plaguicidas, y cómo
ha aumentado la resistencia en insectos y en
plantas silvestres.
Hay un tema importante que está próximo a
estudiarse en Lima, que es el cambio climático.
Está científicamente comprobado que la
agricultura es parte del problema, genera más del
30 por ciento de los gases de efecto invernadero y
al mismo tiempo recibe gran parte de las
consecuencias, por ejemplo, que haya más
generaciones de insectos que son combatidos con
plaguicidas que a su vez generan más cantidad de
gases de efecto invernadero. Entramos en el círculo
vicioso: resistencia genética, cambio climático,
aumento de la superficie de monocultivo, y
aplicamos cada vez más agrotóxicos, que a su vez
vuelven a reforzar el ciclo.
¿Cómo los llamamos? Esto es parte de la
lucha. La ley dice “fitosanitarios” pero hay otras
formas de llamarlos como vimos en Misiones, por
ejemplo, que le dicen agentes para la protección de
cultivos, agentes para las contingencias; esto nos
permite entender de qué estamos hablando.
Algunos productores los llaman remedios,
“matayuyos”, productos, agrotóxicos; el nombre es
parte de la lucha y de la discusión que tenemos que
dar.
Damián habló sobre la multiplicidad de
productos, tenemos insecticidas, herbicidas,
fungicidas, rodenticidas, así como una gran cantidad
de clasificaciones; y dentro de cada una tenemos
determinados principios activos. A su vez, dentro de
ellos hay distintos formulados, lo cual genera una
gran cantidad de productos que cada uno debería
ser tratado en su especificidad, por su efecto en el
ambiente y obviamente en la salud.
En cuanto al riesgo, este es un tema que me
parece muy importante para discutir y tiene que ver
con la ley. Como decía al principio de la reunión,
tenemos que legislar para un país real y no para un
país ideal. Entonces, el riesgo tendrá que ver con los
tipos de plaguicidas, con el tiempo de exposición y
con las condiciones de exposición.
El tiempo de exposición dependerá mucho
del lugar donde trabajamos, donde vivimos, y qué
relación podemos tener con los plaguicidas. La
mayoría de nosotros desconocemos que quizás
estamos muy vinculados con los plaguicidas a partir
de los plaguicidas hogareños, o los que se aplican
en la ciudad en la campaña del dengue o la gran
cantidad de glifosato que se aplica en muchos
lugares como parques o en muchas casas.
Por otra parte, la cuestión de las
condiciones de exposición también es muy
importante. Estamos hablando de las condiciones
de las personas más expuestas, desde los
trabajadores hasta las personas que viven cerca; y
los que vivimos alejados también debemos tener en
cuenta que muchas veces los plaguicidas, según sus
características, pueden viajar 3.000 kilómetros,
como es el caso del endosulfan.
Fíjense en pantalla algunos productos lo
discutimos con la gente del SENASA que está
aprobando plaguicidas: el imidacloprid, que fue
retirado de la Unión Europea hace 10 años, en
Francia, en Alemania y España y se sigue usando en
la Argentina. El clorpirifos, que lo prohibió la Unión
Europea desde hace dos años, es un producto que si
bien es fosforado tiene muchas características de
un contaminante persistente como el endosulfan. El
bromuro de metilo; el 2,4D, que tiene más de 60
años, y que si se permite una soja transgénica
resistente a ese producto creemos que se va a
masificar el uso, emparentado con el 2,4,5 T y que
produce severos daños en la salud. El paraquat, es
un producto, a partir de investigaciones que
estamos haciendo en áreas de tabaco y hortalizas,
que cada vez se utiliza más porque aparecen
plantas silvestres resistentes al glifosato.
La persistencia en el ambiente de estos
productos es altísima; algunos casos llegan a más de
15 años.
Debemos pensar en cómo estos productos
se vinculan en las cadenas tróficas, cómo se van
acumulando, y cómo se aplican: si es con una
mochila, con un avión, con un
vehículo
autopropulsado.
También es importante ver la movilidad del
producto en el ambiente. De ahí que es importante
no hablar solamente de un plaguicida en particular
sino tener en cuenta las características propias de
cada uno de ellos y tratar de que, cuando se legisle,
se tome en cuenta la heterogeneidad. Cada
plaguicida tiene una característica diferente en
función de su persistencia, en función de qué
factores lo degradan, en función de la movilidad del
producto en el ambiente, de cómo se dosifica y
cómo se presenta.
Fíjense que el modo de aplicación es un
tema. Obviamente las aplicaciones aéreas son
preocupantes pero, como decíamos antes, los
agrotóxicos también pueden alcanzarnos por las
aplicaciones por otros medios.
Otro tema es el de las mezclas. Fíjense que
hay muchos lugares donde se aplica todavía el
glifosato, 2,4 D, clorpirifos. Como decía Claudio
Lowy, en una investigación de Mitchael Coleman los
plaguicidas están categorizados en función de sus
principios activos; nada se dice de los coadyuvantes
que se apliquen ni de las mezclas. Una investigación
hecha en Estados Unidos hace aproximadamente
cuatro años determina que tales fungicidas
mezclados producen más toxicidad que cada
fungicida utilizado por separado.
Para salir de la soja, vengo investigando el
área hortícola, de donde proviene la mayoría de
nuestros alimentos. Podemos ver los productos que
se usan desde el año 87, hace ya 25 años:
metamidofos,
cipermetrina,
deltametrina,
productos altamente peligrosos y con elevado
tiempo de carencia, productos para los cuales entre
la última aplicación y la cosecha deben pasar 10, 15
o 20 días, y muchas veces esto no se lleva a cabo.
Fíjense también que en zona hortícola,
haciendo encuestas con trabajadores, vemos todas
las dificultades que aparecen en la salud:
dermatitis, problemas cardíacos, abortos, aunque
no muchas veces se las vincula con la utilización de
agrotóxicos.
Para los que fuman, veamos una
investigación que estamos haciendo con la
universidad en el área tabacalera. Fíjense la gran
cantidad de productos que utilizan: clorpirifos,
imidadoprid, cartayl, fipronil -prohibido en la Unión
Europea-, con clasificaciones II, III y IV. Es decir que
todos los que fuman, además de intoxicarse con el
tabaco, están absorbiendo parte de estos
plaguicidas, que también provocan afecciones en la
salud de los trabajadores o personas que viven
cerca de donde se aplica. Así, podemos observar
dermatitis, enfermedades respiratorias, catarro,
hasta sucesos de abortos por nacimiento de niños
con malformaciones. Estas son investigaciones que
estamos haciendo desde la Universidad de Buenos
Aires.
¿Qué proponemos? Proponemos varias
cosas. En el Parlasur hubo varias reuniones y lo que
siempre peticionamos es llevar una propuesta
común, no como sucede en los convenios como el
de Estocolmo o el Código de Conducta de la FAO, en
Rotterdam o en Basilea, donde cada país presenta
sus propuestas por separado. Lo que estamos
sugiriendo justamente es tener una propuesta
conjunta.
Por ejemplo, en el convenio de Estocolmo
sobre contaminantes persistentes que se va a
reunir nuevamente el año que viene , lo que
buscamos es que la sociedad civil tenga más
participación, que podamos participar en las
evaluaciones y, fundamentalmente, que podamos
incidir más en los productos que se llevan a este
convenio.
La Estrategia Internacional sobre Manejo de
Sustancias Químicas (SAICM) se va a reunir en
Ginebra desde este jueves hasta el jueves que
viene. La ley debería contemplar esto, y no al revés.
El proyecto de ley dice que en caso de necesidad,
podría salvarse y permitir la utilización de productos
incluidos en el convenio de Estocolmo, de
Rotterdam, de Basilea, o en el Código de Conducta
de la FAO. Justamente, lo que buscamos en SAICM
es incluir cada vez más sustancias que podamos
restringir y cuyo uso podamos prohibir.
Lo que estamos trabajando desde PAN
Internacional son los plaguicidas extremadamente
tóxicos, no sólo los clase Ia, Ib y II sino que los que
causan enfermedades endócrinas, los que producen
cáncer, sean directamente prohibidos por su gran
impacto en la salud.
Esta semana vamos a llevar a SAICM la
estrategia agroecológica como una de las
propuestas.
Hay que tener en cuenta el Código de
Conducta de la FAO, fundamentalmente
prohibiendo los productos Ia y Ib, y supervisar la
publicidad, que es otra de las cosas que incita al
consumo.
Debemos trabajar justamente en el
etiquetado ya sea por la profusa como por la
ausencia de información, que es uno de los temas a
tratar en la ley. Las etiquetas no dicen nada sobre
las enfermedades de tipo crónico, no dicen nada de
los plaguicidas ni tampoco de las alternativas
agroecológicas.
Hay que trabajar juntos en el tema de una
planilla común de los cinco países del Parlasur para
registrar los casos, que sea obligatorio y que se lleve
a cabo el registro de intoxicaciones. Hoy sabemos
muy poco porque pese a que el registro es
obligatorio se registra poco. Esto es parte también
de la problemática que tenemos que abordar.
Obviamente pedimos avanzar hacia un
marco normativo común sobre todo desde el
registro, el uso, la distribución de plaguicidas y la
problemática de los envases.
En pantalla se observa una foto de un chico
de 15 años trabajando en Pilar, en la zona de donde
vienen nuestros alimentos. Fíjense, en la siguiente,
que están los zapallitos de tronco y al lado la
aplicación de paraquat y glifosato; eso después lo
comemos nosotros.
En la filmina se ve que en Santiago del
Estero la pulverización llega casi hasta el lado de las
casas; las pulverizaciones aéreas; la problemática de
los envases.
El 8 junio de este año se hizo una reunión
en la SIGEN sobre la problemática de los envases y
hubo una profusa información con la participación
de muchos organismos, incluso del Estado, que no
se ponían de acuerdo en qué hacer con los envases.
Hoy tenemos residuos extremadamente
peligrosos que se tiran, se queman o se acopian en
los campos y no existe una legislación que obligue a
las empresas que los producen a que se hagan
cargo de generar la propia recolección y
reutilización de esos envases para volver a
utilizarlos con plaguicidas exclusivamente y no para
ningún otro uso.
En la siguiente filmina se observa el envase
de bromuro de metilo, que esperemos que el año
que viene se prohíba definitivamente.
También se ve el problema de la
comercialización de los envases; se puede ver en
amarillo y verde, los envases de glifosato.
Es decir, nos parece importante ampliar el
debate porque es una problemática, queremos
generar discusión porque no debería ser algo
críptico o cerrado que quede nada más que para
algunas personas expertas o con la premura de
generar una normativa.
Me parece importante que este debate se
amplíe y que más personas puedan participar con
distintas miradas desde los trabajadores,
productores, médicos, ingenieros, abogados ya que
todos podemos dar nuestras perspectivas, nuestra
mirada acerca de qué aspecto debería contemplar
una ley que realmente contempla algo tan
importante como es la salud pública.
El problema del uso de plaguicidas no es
exclusivamente tecnológico sino político, por eso
estamos acá, en la Cámara de Diputados. El
desarrollo de los monocultivos no es un problema
exclusivamente biológico o productivo sino también
político, geopolítico, ya que hace no solamente a
nuestra alimentación sino al desarrollo del país por
cómo se generan las divisas.
Y obviamente, como decía antes, el
problema es claramente de salud pública, que
tenemos que considerarlo porque está en riesgo
obviamente la salud de todas las personas: de
nosotros que estamos acá, de nuestros hijos,
nuestros nietos y de personas que no vamos a
conocer. Sabemos que la duración de los
plaguicidas, la vida media de muchos de estos
productos, es altísima y comprometemos el
desarrollo de personas que ni siquiera conocemos.
Gracias. Aplausos.)
Sra. Ferreyra.- Tienen la palabra Maximiliano y Raúl
Pérez.
Sr. Pérez (M.).- Gracias por la invitación. Mi nombre
es Maximiliano Pérez y mi compañero es Raúl
Pérez. Trabajamos en el Instituto de Investigación
para la Agricultura Familiar –IPAF- del INTA, en la
región pampeana en particular.
El INTA tiene cinco de estos institutos, uno
por cada macrorregión. Nosotros trabajamos en el
área comprendida por las cuatro provincias que
fueron nombradas acá: Buenos Aires, Entre Ríos,
Santa Fe y Córdoba.
Es un instituto que, para lo que es la
institución del INTA, es nuevo. Se creó en el 2005
justamente porque de alguna manera el INTA
reconocía que gran parte de la tecnología que se
estaba desarrollando desde la institución no llegaba
o no era la adecuada para un sector productivo
importante del país, como lo es el de la agricultura
familiar. Es un sector amplio y diverso, dependiendo
de dónde estemos hablando.
Como dijo Lowy, hablamos desde ese lugar
y en particular, porque como instituto estamos
siendo convocados desde hace algunos años -no
muchos, serán dos o tres años- por distintas
localidades de la región pampeana –ya que es
nuestra área de trabajo pero no quiere decir que
sea exclusivo- debido a las situaciones que se viven
por las pulverizaciones con agroquímicos en los
límites periurbanos, en los bordes urbanos rurales y
en las áreas de población difusa.
Hay muchísimos nombres para denominar
esa zona de interfase que si bien es productiva, está
cerca de las zonas residenciales y tiene distintas
características. En la propia región pampeana, hay
localidades con 200 o 300 habitantes, que son los
pequeños pueblos; hay ciudades más grandes, con
10 mil o 15 mil habitantes, y también hay ciudades
mucho más grandes, como puede ser Venado
Tuerto en donde viven cerca de 100 mil personas.
Los que son de Santa Fe me pueden corregir pero
más o menos ese es el número.
En todos lados está esta problemática que
es muy sentida por la comunidad. Las autoridades
toman cartas en el asunto de alguna forma,
sancionando y discutiendo ordenanzas y límites.
Justamente, hablando en líneas generales, uno
percibe en los distintos pueblos que nadie quiere
que se deje de producir, ni aun quienes plantean la
restricción a las pulverizaciones. Quieren que se
haga de acuerdo a una demanda social de cómo
producir en esa zona. Por ello, nos convocan a
nosotros y a otras instituciones experimentales del
INTA para discutir alternativas.
Como decía el compañero hoy, hablamos
desde ese lugar por el que somos convocados y
tenemos la responsabilidad institucional de analizar
cómo podemos hacer que estas zonas sigan siendo
productivas y que los productores vivan de lo que
producen pero que también, por supuesto, se
atienda la demanda de la sociedad de no ser
contaminada.
Creo que ya las presentaciones anteriores
fueron sumamente claras y que toda esa
información que está en discusión es conocida en
gran medida por los ciudadanos del interior.
Nosotros planteamos a la agroecología
como un enfoque o un paradigma. Ese título es
nuestra sugerencia. Lo proponemos como un
enfoque o paradigma socioproductivo viable para la
producción en estos lugares, en contraposición con
un modelo de monocultivos extractivistas. Este
enfoque está planteado fundamentalmente en base
al manejo de los recursos naturales y no a la
agricultura extractiva.
¿Qué es la agroecología? Tenemos muy
poco tiempo y no nos alcanza para desarrollar este
tema justamente porque hay distintas miradas y
realmente es un enfoque muy rico y heterogéneo.
Como pueden ver en pantalla, trajimos algunas
definiciones pero no las vamos a desarrollar.
Miguel Altieri en 1987 definió a la
agroecología como: “Una disciplina que provee los
principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar
y manejar agroecosistemas que sean productivos y
conservadores del recurso natural, y que también
sean culturalmente sensibles, socialmente justos y
económicamente viables.”
Otra
definición
del
Movimiento
Agroecológico Chaqueño dice: “Es una herramienta
metodológica de transformación social que
presenta una alternativa a la actual crisis
civilizatoria; que propone modos de producción,
transformación y consumo que sean sustentables,
amigables con el ambiente, respetuosos de la
diversidad cultural, viables desde el punto de vista
económico.”
Hay una definición de Jaime Morales
Hernández, un autor mexicano mucho más
reciente, en la que se complejizan algunos
elementos que empiezan a aparecer en la
definición, que no es un planteo meramente
técnico. Este autor mexicano da un enfoque más
amplio, ya que trata de integrar distintas disciplinas,
no sólo lo ecológico sino que también contempla el
saber hacer, los saberes y conocimientos no sólo de
las distintas áreas sino también de la comunidad.
No nos vamos a detener en esto pero
indudablemente, como para hacer una salvedad,
quiero que sepan que cuando hablamos de
agroecología podemos decir muchas cosas.
Nosotros desde el INTA lo tomamos desde un
enfoque científico porque es nuestra área de
trabajo, pero indudablemente actualmente, y sobre
todo en Latinoamérica, es parte de la discusión en
ciencia, es parte del hacer de los productores en la
Argentina.
Hay muchos productores que se definen
como agroecológicos hay muchos en la región
pampeana porque trabajan de acuerdo con algunos
preceptos que vamos a mostrar.
También hay movimientos sociales y
organizaciones vinculadas al agro en América Latina
que reivindican a la agroecología como su forma
técnica para alcanzar algunos objetivos que tienen
como organización.
Para hacer un repaso, cuando planteamos la
agroecología pensamos en un enfoque que nos
permite estudiar y manejar agroecosistemas
manteniendo la base de los recursos naturales que
minimice la dependencia de insumos externos a
través de la potenciación de los servicios de
ecosistemas, de los propios procesos ecológicos.
Cuando hablamos de minimizar la
dependencia de insumos externos estamos también
hablando de los agroquímicos. Y por supuesto no
solamente hay tener en cuenta los conocimientos
de los expertos, de la academia, de las
universidades y los institutos de investigación, que
son muy importantes, sino también los saberes de
los productores, de los chacareros, de los
productores familiares, vecinos, etcétera.
Por supuesto hay que pensar en el
desarrollo de la agricultura sustentable para que de
alguna manera intente revalorizar a los sectores
que desde el paradigma de la revolución verde han
sido excluidos; de alguna manera a eso también
hace mención el INTA cuando crea los institutos de
investigación para la agricultura familiar.
Nosotros pensamos que la agroecología
tiene cuatro pilares muy importantes y que no
solamente los podemos considerar en términos
productivos. Uno es, por supuesto frente a un
modelo de homogeneidad, de monocultivo y de
uniformidad en el campo no sólo lo que uno ve en
los cultivos sino también en la forma de hacer, las
formas de vender y plantear , un modelo que
rescate y ponga en valor la diversidad.
En segundo lugar, un modelo que tiene que
poner en valor los recursos locales, no solamente
los recursos naturales sino de los conocimientos. Un
modelo que fundamentalmente trate de reducir
todas las formas de dependencia que a distinta
escala podemos analizar: las dependencias a nivel
de chacra, finca, campo, por ejemplo, que
dependen de ciertos insumos para producir pero
también las dependencias que podemos analizar a
nivel de región, de pueblo.
Esto lo podemos vincular en muchas
localidades donde se discute el tema de los
agroquímicos y vinculado con esto está también la
cuestión del alimento local. Se discute, y de alguna
manera no se puede creer, que en lugares que
tienen potencialidad y muchos productores los
alimentos tengan que viajar miles de kilómetros.
Hay zonas lecheras en nuestro país donde la leche
se compra en sachet, que viaja a General a
Rodríguez y vuelve. Eso tiene implicancias
económicas, en la mano de obra y en la generación
de trabajo local. Sobre este tema hay municipios
que tienen estudios.
Y por supuesto tiene que ser un modelo que
minimice todo tipo de riesgos. Hablamos de
minimizar los riesgos en términos económicos para
los productores, pero la agroecología es un modelo
que también plantea la disminución de los riegos en
términos ambientales y en términos sanitarios, que
es lo que estamos discutiendo en este momento
aquí.
Sr. Pérez (R).- Quiero agregar que muchas veces se
pregunta cómo se hace la entrada o una transición
hacia la agroecología. Nosotros desde IPAF
pensamos que estos cuatro criterios que aparecen
en la pantalla son la vía de entrada a la transición
agroecológica, es decir, generando prácticas y
técnicas de todo tipo que cumplan estos cuatro
criterios. Así se comienza la transición agroecológica
seguramente con éxito.
Sr. Pérez (M.).- Si bien es un enfoque que tiene
herramientas técnicas -si nos alcanza el tiempo
vamos a tratar de presentar algunas experiencias-,
indudablemente también articula un proyecto
sociopolítico que contempla gente en el campo.
Esta filmina la tomamos -con autorizaciónde Pablo Tittonell, que es un agroecólogo
repatriado recientemente, que estaba trabajando
en una universidad de Holanda. Dice que estos
procesos de transición agroecológica, desde los
sistemas actuales hasta paisajes agroecológicos en
sistemas alimentarios -llamémoslos como los
queramos llamar-, en la escala espacial que
queramos analizarlos, indudablemente no sólo
requieren innovación técnica la cual hay y mucha
sino también innovación institucional.
No sé cuántos de los presentes conocen el
enfoque de los procesos de transición agroecológica
y la necesidad de pasar por la sustitución de
insumos, vía un rediseño del sistema, que son cosas
que hoy los productores están demandando.
críticas respecto a algunos puntos del abordaje, no
deja de ser llamativo e importante ver que la FAO
reconoce la necesidad de otros enfoques vinculados
a la agroecología para alcanzar la seguridad
alimentaria y la nutrición.
En el 2008 la evaluación internacional del
conocimiento, la ciencia y la tecnología planteaba
que como se estaban haciendo las cosas no se iba a
llegar a buen puerto.
Como recién comentaba Javier Souza, en la
zona hortícola que nosotros también conocemos se
utilizan muchísimos agroquímicos. Allí no sólo hay
pequeños productores de origen boliviano, que son
muchos y realmente es lamentable la situación por
la que pasan , sino que también hay productores
medianos o grandes que tienen contacto y son
asesorados por compañeros nuestros , que hoy por
hoy están demandando técnicas que tienen que ver
con insumos biológicos porque dicen que desde el
punto de vista productivo y también desde el punto
de vista económico, la tecnología con la que
cuentan no da para más. Así es como están
incorporando muchísimos insumos biológicos que
por supuesto hoy en día son muy costosos, y son los
productores grandes o medianos los que pueden
acceder a ellos. Pero este proceso o este camino se
está planteando no sólo por esta optimización que
algunos productores demandan, porque hay una
demanda de mercado de productos orgánicos, sino
porque también cada vez hay mayores regulaciones
de la mano de movimientos sociales y demás que
hacen al desarrollo territorial de otra manera.
Sr. Pérez (R.).- El INRA de Francia similar al INTA
considera a la “ecologización” de la agricultura o la
agroecología –los llaman de las dos maneras
prioridades de investigación 2010-2020, algo que
también hizo el Ministerio de Agricultura de
Francia, que la contempló entre una de las cuatro o
cinco prioridades.
Brevemente voy a hacer mención de
algunas cuestiones para ver que no estamos
hablando de algo aislado, nuevo, algo que recién se
está discutiendo, que sólo viene de la mano de unas
ONG en la Argentina sino que es algo que está muy
presente en la discusión en otras partes del mundo.
Esto nos da una idea de que este es un
tema tratado en muchos lugares del mundo por
distintas instituciones y organizaciones.
La propia FAO realizó en septiembre de este año el
Primer Simposio Internacional sobre Agroecología
para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, que si
bien algunos grupos de agroecología plantearon
En Francia hay un gran movimiento
agroecológico. No recuerdo si es el tercer o cuarto
sindicato de productores que adhiere a La Vía
Campesina. Y vemos claramente que La Vía
Campesina es un movimiento agroecológico de
organizaciones de productores que está en
muchísimos países del mundo, es decir, se expresa
en muchos lugares del mundo.
También
podríamos
hablar
de
organizaciones importantes como MAELA en
Latinoamérica, la Asociación Brasilera de
Agroecología
o
la
Sociedad
Científica
Latinoamericana de Agroecología que el año
próximo realizará su Congreso en La Plata,
Argentina.
Y en este sentido, como lo dice la definición
que mencionamos de agroecología, es una ciencia,
una práctica y también es un movimiento social.
Sr. Pérez (M.).- Brasil también históricamente es un
ejemplo muy claro del enfoque de la agroecología
para la producción alimentaria.
La presidenta Dilma Rousseff en octubre del
año pasado lanzó el primer plan nacional de
agroecología y producción orgánica, que es un plan
de dos años, pensando en lanzar uno nuevo para los
años 2016-2019 con el objetivo de fortalecer la
producción, manipulación y procesamiento de
productos de origen agroecológico y orgánico.
Quiero aclarar que no estamos hablando de
lo mismo, esto es muy importante. No hablamos de
lo mismo cuando hablamos de producción orgánica
que cuando hablamos de agroecología o productos
de base ecológica; son dos cosas muy distintas.
La producción orgánica es un sistema
certificado, normatizado, hay empresas atrás, hay
gran negocio y un comercio importante de
empresas que certifican que un determinado
productor lo hace de una determinada manera, y
hay reglas que respetar. En general esos productos
están vinculados a un consumidor de elite porque
como el productor tiene que pagar la certificación
de una empresa privada, que es costoso, ese
producto lógicamente tiene un precio mayor; y por
lo tanto no todos pueden acceder a él.
En la región hortícola hace unos años había
productores certificados, y hoy por hoy hay muchos
productores que lo hacen de una manera que
podría estar certificada y comercializan su producto
de manera diferenciada, denominado comercio
justo, y con otro tipo de certificación, de relación
productor-consumidor, con
relaciones de
confianza.
Es un tema para otro debate, pero para nosotros es
muy importante que quede claro que no hablamos
de lo mismo cuando hablamos de agroecología y de
producción orgánica.
La agroecología no regula ni normatiza
nada, no tiene reglas de cómo se hace una cosa
bien o no. En Argentina ha crecido mucho. Hay
muchísimas organizaciones del interior que tienen
escuelas de agroecología, justamente porque
consideran que los técnicos que se reciben en las
universidades públicas se forman con un perfil que
no es el adecuado para atender las necesidades
sociales y productivas de esos productores.
Como se ve en la imagen en pantalla,
recientemente la UNQ y una organización de
productores familiares de la provincia de Buenos
Aires crearon un Diploma de Extensión Universitaria
de Agroecología y Economía Social y Solidaria.
Aunque sea una expresión minoritaria, esto
ha crecido mucho en las universidades públicas,
muchas de las cuales –por ejemplo, la Universidad
Nacional de La Plata- tienen dentro de su programa
una materia, seminarios o cursos de agroecología.
El año que viene se dictará el primer posgrado de
especialización en agroecología en la Universidad
Nacional de La Matanza justamente para atender
esta necesidad de capacitación que tienen los
técnicos.
Recientemente se creó dentro de la
Secretaría de Agricultura Familiar la Dirección de
Producción Artesanal y Agroecología, y dentro del
INTA una red de agroecología.
Sr. Pérez (R.).- Desde la creación de los IPAF, en el
INTA apareció un proyecto paraguas dentro del
ámbito de recursos naturales y de agroecología, con
tres
proyectos
específicos
de
transición
agroecológica, biodiversidad y agricultura orgánica que el INTA asimila a la agroecología aunque
nosotros comentamos que no es exactamente lo
mismo.
Luego, desaparecieron estos proyectos, se
replanificaron los programas del INTA y apareció
esta red de agroecología. Se trata de una red
transversal a todos los programas y proyectos del
INTA que busca que dentro de todas las
especialidades se pueda avanzar en la red de
agroecología y, sobre todo, en la formación de
recursos y la vinculación entre los distintos
programas.
Esta red es muy nueva y se ha empezado a
mover recién ahora. No obstante, nosotros le
ponemos fichas.
Sr. Pérez (M.).- Desde el INTA y en un trabajo
articulado con otras instituciones u organizaciones dependiendo de la zona en la cual nos
encontremos-, estamos desarrollando algunas
experiencias relacionadas con atender esta
demanda de cómo producir de otra manera, y lo
hacemos enmarcados en este enfoque.
Por ejemplo, hay experiencias que tienen
lugar en La Plata, en donde no hay una normativa al
respecto y en cualquier momento explota. En
relación con el bromuro de metilo, hay técnicas
alternativas vinculadas a la biofumigación con
restos vegetales para el manejo de nemátodes.
En Mar del Plata, donde se discutió
muchísimo la ordenanza, se creó un Programa
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable muy
interesante. Pueden entrar en la página web y leer
al respecto. Más allá de la distancia en la cual quedó
la ordenanza, hay compañeros del INTA local, del
IPAF región pampeana o de Cambio Rural
trabajando en alternativas de producción de tomate
agroecológico que han sido presentadas en las
Jornadas
Nacionales
de
Tomate
Fresco
desarrolladas por el Ministerio y en algunos
congresos.
En localidades del centro y sur de la
provincia de Santa Fe, nosotros estamos realizando
algunas experiencias a fin de desarrollar estrategias
para alcanzar la diversificación productiva y el no
uso de agroquímicos. (Aplausos.)
Sra. Ferreyra.- Estamos limitados con el tiempo.
Agradecemos muchísimo la participación, tanto de
Maximiliano como de Raúl Pérez del INTA.
Esta sala está pedida para las 16 y 30; se
supone que a esa ahora tiene que estar empezando
la próxima actividad.
Por lo tanto, queríamos tener la posibilidad
de intercambiar opiniones entre los presentes. Si
alguien quiere aportar algún elemento a lo que han
estado escuchando en las exposiciones, tenemos 15
minutos para hacerlo. Nos parece que vale la pena.
Sr. Lowy.- Si nadie se opone me gustaría hablar
sobre por qué el SENASA no tiene que ser la
autoridad de aplicación.
Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Sólo si proponés
quién tiene que ser la autoridad de aplicación.
Sr. Martínez.- A nosotros nos interesa mucho el
tema de la autoridad de aplicación.
Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Antes de continuar,
quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras
taquígrafos por estar presentes para sistematizar la
reunión, ya que es muy importante.
Sr. Souza Casadinho.- Les agradezco a todos los que
han venido y especialmente a Silvia Ferreyra y a
Victoria Donda Pérez, que nuevamente nos dan la
oportunidad de disponer de este ámbito para
discutir estos temas que son fundamentales.
Creemos que si no hay debate no se pueden
generar soluciones integrales que contemplen los
distintos puntos de vista, los distintos intereses
relativos a esta problemática.
Está de por medio la vida, por eso nos
interesa que no sea algo críptico, cerrado,
hermético que se pone sobre la mesa y no se
discute porque se impone la ley del más fuerte, de
la mayoría, sino que podamos debatir estos temas
que implican de fondo la vida de cada una de las
personas.
Así que muchas gracias por darnos esta
posibilidad.
Sra. Ferreyra.- También queremos agradecer la
presencia del diputado Zabalza, quien se tuvo que
retirar ya que tenía otra reunión, así como de los
representantes del diputado Basterra, que están
presentes.
Sr. Lowy.- Gracias por querer escuchar por qué el
SENASA no tiene que ser la autoridad aplicación.
Como decía antes, el principal objetivo de
una norma que regula los pesticidas y la principal
función de la autoridad de aplicación debe ser la
protección de la salud, de las personas y el
ambiente, que son los que están en riesgo; si no
estuvieran en riesgo no haría falta una ley de
pesticidas que proteja a la gente.
La estructura directiva de SENASA tiene
históricamente un funcionamiento que la hace
parecer más bien una asociación ilícita organizada
para garantizar los privilegios y ganancias de
quienes se benefician con la importación,
producción, formulación, comercialización y uso de
los agroquímicos biocidas en detrimento de la salud
de la población y del medio ambiente, así como de
las producciones libres de biocidas.
Voy a hacer referencia a dos casos. Uno lo
había citado Damián, el del endosulfán, pero se
olvidó de decir que mientras que el SENASA en 2011
sometía a consulta pública la resolución
prohibiendo el endosulfán, emitía otra autorizando
la importación del principio activo y los formulados
del endosulfán. ¿Con qué justificativo? En todos los
considerandos de esta resolución señalaba todos
los daños que el endosulfán producía, y el único
párrafo que justificaba la autorización decía más o
menos así: "Dados los requerimientos de los
importadores, se autoriza la importación del
endosulfán". Si eso no es una asociación ilícita, se
parece bastante. Es decir que explícitamente
reconoce todos los daños que produce el
endosulfán; sin embargo, autoriza la importación.
¿Con qué justificativo? El interés de los
productores; ninguna otra consideración. ¿Y cuánto
endosulfán autorizaban importar? El promedio de
los últimos cinco años, es decir, el promedio de los
años en que más endosulfán se había importado.
Claro, después nosotros nos hacemos
análisis de sangre para ver qué pesticidas tenemos
en sangre y aparece el endosulfán. Todos tenemos
pesticidas en sangre. Entre un 5 y un 10 por ciento
de los que nos hicimos análisis tenemos endosulfán
en sangre.
El endosulfán fue prohibido en julio
de 2013; en abril de 2014 apareció endosulfán en
sangre; no el metabolito de degradación del
endosulfán sino el principio activo. Quiere decir que
es muy probable que haya sido ingerido, que haya
entrado en el cuerpo de alguna manera mucho
después de que fue prohibido.
El otro caso que me interesa traer acá es la
resolución 302 sobre el cambio de clasificación de
los pesticidas. ¿Qué dice esa resolución? Se
acuerdan que habíamos comentado que era más
estricta. La clase IV pasó de tener una dosis letal 50
por ciento aguda, de más de 2000 a más de 5000
mg/kg. Bastante más estricta.
Además, la resolución 302 incorpora la
toxicidad ocular y la toxicidad dermal. Esto es muy
importante porque la propia Monsanto reconoce
que los formulados de Round Up son clase I y clase
II por su toxicidad ocular. En la página de Monsanto
hay informes que lo reconocen.
¿Qué hicimos nosotros en julio de 2014 y
por qué en esa fecha? Porque en 2012 el SENASA
dio dos años de plazo de adecuación. Quiere decir
que, por el cambio de clasificación, los formulados
de glifosato tenían que pasar de ser clase IV banda
verde a clase III banda azul; y el SENASA le dio dos
años de plazo para que cambiaran la etiqueta.
Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Si nosotros vamos a
una reunión de comisión, quienes no somos
expertos en esto y con intención de no ser crípticos
y poder hacer que este conocimiento sea accesible
también para el resto de los mortales, ¿por qué el
SENASA no tiene que ser y cuál debería ser, a tu
criterio, la autoridad de aplicación?
Sr. Lowy.- Justamente por eso; porque funciona
como una asociación ilícita. Y porque la autoridad
de aplicación no tiene que estar en un ministerio
que se dedica a la producción. Tiene que estar en el
ámbito de Jefatura de Gabinete.
Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Entiendo; no puede
ser juez y parte. Pero si se cambia en el
organigrama del Poder Ejecutivo…
Sr. Lowy.- No hace falta. La autoridad de aplicación
tiene que estar en la órbita de la Jefatura de
Gabinete donde se articule la política de salud, de
protección y sostenibilidad ambiental, de soberanía
alimentaria y producción de alimentos, donde se
garantice la participación y consideración explícita
de los vecinos afectados por la pulverización y de
los médicos que los atienden porque la autoridad
de aplicación se tiene que dedicar a cuidar la salud y
el ambiente , de los trabajadores del campo, los
consumidores y las organizaciones ambientalistas.
Por eso, no.
El sistema agroalimentario de monocultivo
con el uso de agroquímicos biocidas del cual el
transgénico es sólo el último eslabón tecnológico,
es un gigantesco proceso de concentración del
ingreso que daña, destruye, mata y corrompe
acuérdense de que Monsanto participó en el golpe
de Estado al Presidente Lugo en Paraguay.
Esto afecta también a los diputados y
senadores, a sus familias y amigos. Las leyes que
aprueben los diputados y senadores y que asesoren
ustedes pueden tender a consolidar ese sistema.
Por el contrario, están ante la gran oportunidad de
participar en el cambio hacia un sistema
agroalimentario solidario y sostenible, que recupere
la soberanía alimentaria, que produzca alimentos
de buena calidad para todos y genere buena vida.
Antes de que se apruebe una ley sobre
pesticidas les pedimos que ustedes, sus familias, sus
hijos, se hagan análisis de sangre para verificar los
pesticidas que tienen en sangre. Y, “Vicky”:
lamentablemente te tengo que decir que también
las mamás lactantes tienen que hacerse análisis de
pesticidas en la leche materna.
Entonces, después fíjense si quieren
aprobar una ley de pesticidas como la del diputado
Basterra.
Les pedimos que recorran alguno de los
pueblos que padecen las derivas de las aplicaciones
y los hospitales de esos pueblos, hablen con la
gente afectada y con los médicos que los atienden.
Gracias. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Damos por
finalizada la reunión. Agradecemos nuevamente la
presencia de todos.
-
Es la hora 16 y 18.