IIRSA EN CHILE: EL VALLE DE ELQUI Y EL CONFLICTO POR EL

IIRSA EN CHILE: EL VALLE DE ELQUI Y EL CONFLICTO POR EL
TÚNEL DE AGUA NEGRA (documento de trabajo)
Elizabeth Jiménez Cortés
Colectivo El Kintral
1. Antecedentes
El Valle de Elqui es un territorio del norte semiárido de Chile, que
administrativamente pertenece a la Región de Coquimbo. Este territorio se nutre de la
aguas del río del mismo nombre, que nace en la alta cordillera, donde se alimenta de la
acumulación de nieve. La cuenca del Elqui se caracteriza por su semiáridez, que se
traduce en extensos periodos de escasez hídrica (Bugueño y Jiménez, 2014; Jiménez,
2007).
En el valle de Elqui, coexisten diferentes territorialidades. Por una parte están
los agricultores y crianceros tradicionales. Los crianceros son productores de queso de
cabra, carne y guano. Estos hacen uso extensivo del territorio bajo un sistema de
trashumancia estacional que se desarrolla en terrenos de las Comunidades Agrícolas,
sistemas tradicionales de propiedad colectiva de la tierra que operan como
organizaciones de gestión territorial (Gallardo, 2010; Cortés, 2010), y cuyas dinámicas
se remontan al periodo prehispánico (Castillo, 2003; Cortés, 2003). En estos territorios,
la ausencia de cursos superficiales y estables de agua da lugar a una economía
doméstica orientada, con pocas excepciones, a la subsistencia. En tal sentido, las labores
de criancería se complementan, estacionalmente, con la pequeña agricultura, la
pirquinería y la contratación de la población en faenas mineras o agroindustriales
(Bugueño y Jiménez, 2014).
Por otra parte, están los pequeños y medianos agricultores, que se ubican en las
zonas bajo riego. Estos se han adaptado a los periodos de escasez hídrica, desarrollando
un sistema de almacenamiento y canalización de aguas, que cuenta con dos embalses:
La Laguna y Puclaro. Los pequeños y medianos agricultores coexisten tensamente con
las agroindustrias que llegaron a la zona desde la década del ochenta. Estas imponen
una nueva territorialidad de carácter neoliberal (Jiménez, 2007; 2011).
Efectivamente, estas se desarrollan bajo un modelo de gestión neoliberal del
territorio, que fue instalado en las décadas del setenta y ochenta. Periodo que inicia el
proceso de privatizaciones y liberalización económica que, luego, es fortalecido con los
tratados de libre comercio de los años noventa en adelante, cuando el valle se consolida
como un enclave agroexportador. En este modelo, cabe destacar la privatización del
agua como fenómeno configurador de las actuales dinámicas territoriales (Gentes,
2006). Actualmente, la gestión neoliberal del territorio se sintetiza en el paradigma
“Chile, Potencia Agroalimentaria”, que estimula la inversión privada, el desarrollo
agroindustrial y el encadenamiento de los pequeños y medianos productores a las
grandes empresas exportadoras, con el fin de potenciar su competitividad.
A estas territorialidades, se suma la territorialidad de grupos alternativos,
fuertemente influenciados por cosmovisiones orientales, que en la década del ochenta se
instalan en el valle. Su llegada se asocia al anuncio del „cambio de polo magnético del
planeta‟ que se supone giró desde el Himalaya, a las alturas del Elqui. Estos grupos
constituyen comunidades que se distancian del estilo de vida occidental, buscando la
tranquilidad, el desarrollo espiritual y/o el contacto con „seres de otros mundos‟. Su
relación con los grupos locales es compleja. La instalación de estas comunidades, se
articula a un „turismo espiritual y místico‟, que posiciona el valle a nivel internacional,
y que ya en el cambio de siglo promueve la llegada de otros grupos, que desde los
centros urbanos nacionales y regionales, se asientan en el valle, comprando parcelas de
agrado, algunas orientadas al desarrollo de proyectos turísticos „amigables con el medio
ambiente‟.
Así, al inicio de la segunda década siglo XXI, coexisten en el territorio una serie
de territorialidades que dan cuenta de diferentes movimientos migratorios, por un lado
está la territorialidad que podríamos denominar tradicional, asociada a las actividades
productivas agroganaderas de pequeña escala, por otro, la territorialidad agroindusrial
que concibe el valle como un enclave productivo, y también las territorialidades
„cósmicas‟ articuladas tensamente a la del „turismo de intereses especiales‟. A lo
anterior se suma, la proyección de grandes emprendimientos mineros, que amenaza con
imponer otra territorialidad. Como se puede observar, el escenario es complejo, pues
estas territorialidades se cruzan, y tensionan, marcando también complejos juegos de
identidad, donde los ‘elquinos netos’ y ‘hippis allegados’, son permeados por un
incipiente procesos de etnificación, que actualiza, con notorios matices el pasado
diaguita (Jiménez, 2007).
Es en este territorio donde se está implementando el proyecto Túnel de Agua
Negra, en la zona cordillerana que comunica la Región de Coquimbo con la Provincia
argentina de San Juan. Cabe señalar que el territorio elquino forma parte del Eje de
Integración y Desarrollo (EID) MERCOSUR-Chile, de ahí el interés de IIRSA por usar
este paso para facilitar los flujos comerciales de este corredor, cuyo desarrollo
económico se proyecta en base a la exportación de cobre, porotos de soja, aceites crudos
de petróleo, minerales de hierro y tortas y harinas de semillas oleaginosas
(www.iirsa.org).
Es importante enfatizar, que según la orientación comercial de IIRSA, este
corredor promueve el despegue de la megaminería argentina; la expansión de la frontera
agrícola del Brasil y el fortalecimiento de las actividades portuarias en las costas
chilenas, junto a la movilidad de la industria brasilera (www.iirsa.org). En este contexto,
se propone la construcción de un túnel de dos entradas, que reduzca los tiempos de
transporte, agilizando los desplazamientos entre Chile y Argentina, y de ahí al resto del
corredor hasta las costas atlánticas del Brasil. La obra forma parte de la cartera de
Proyectos Prioritarios de Integración. La construcción del túnel implica un aumento
radical del transporte pesado con destino al puerto de Coquimbo, lo que supone un
nuevo ordenamiento territorial (red de caminos, ampliación del puerto, etc.).
A pesar que la obra es presentada como un pilar para el desarrollo de la Región
de Coquimbo, esta genera cuestionamientos y/o rechazo en los grupos que habitan el
Valle, principalmente porque el túnel estimularía un mayor flujo de trasporte pesado por
la Ruta 41 que cruza el valle hasta el puerto de Coquimbo, que se consolidaría como
puerta de salida a los mercados del Asia Pacífico.
Cabe destacar que el túnel se presenta como una obra binacional, que materializa
los acuerdos del Tratado de Maipú y viene a apoyar los emprendimientos de la minería
transfronteriza, amparados en el Tratado de Cooperación y Complementariedad Minera,
que Chile y Argentina firmaron en los noventa. En este contexto, el año 2009, se
constituyó la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN) cuyo objetivo es
gestionar el proyecto. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad. El año 2013, EBITAN convocó a las empresas interesadas en ejecutar la
obra a la manifestación de interés, y 23 empresas y/o consorcios, respondieron a los
requerimientos y están a la espera del llamado a licitación. Paralelamente la cartera de
proyectos IIRSA contempla la mejora de la Ruta 41, y también se realizan obras de
ampliación en el Puerto de Coquimbo, las que son gestionadas a nivel local.
No obstante estos avances en la concreción de la obra, la población elquina no
cuenta con información oficial, ni se la ha convocado al proceso de participación
ciudadana. De hecho, el proyecto, pese a tener ya el diseño de los túneles y en marcha la
estrategia de financiamiento, no ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.
La desinformación e imposición de la obra, ha generado malestar en algunos
sectores, pero por motivos diferentes, pues algunos rechazan el corredor bioceánico, y
otros solo la inclusión de la Ruta 41como parte del corredor. Sin embargo, el rechazo a
la obra no da lugar a un conflicto abierto, solo manifestaciones esporádicas de
descontento. Mientras, la institucionalidad pública niega cualquier indicio de conflicto,
y desconoce que esta obra sea parte de IIRSA. La versión oficial defiende el túnel como
un pilar de la integración binacional, enfatizando su rol estratégico para el turismo en
las costas chilenas.
2. Principales argumentos en rechazo a la obra
En términos generales, esta obra alterará las dinámicas territoriales y ecológicas
más allá de las fronteras chilenas, puesto que:
a) El Túnel de Agua negra, como parte del Eje MERCOSUR-Chile, facilitará el
extractivismo, es decir la extracción intensiva de recursos naturales a un ritmo que
sobrepasa sus capacidades de regeneración, en amplios territorios de Brasil, Paraguay,
Argentina y Chile.
b) Esta obra, significará la pérdida de soberanía nacional chilena y argentina en
beneficio de empresas transnacionales, facilitando el saqueo de recursos naturales
(minerales, agua, biodiversidad).
c) El túnel significará una integración de los mercados, no de los pueblos. Al potenciar
un modelo económico exportador de materias primas, en desmedro del desarrollo de las
actividades económicas tradicionales en Chile y Argentina.
A nivel local, el corredor bioceánico transformará el territorio y la vida en la
cuenca del Elqui, en función de los intereses de mercados externos, puesto que:
a) El túnel de Agua Negra y sus obras asociadas pueden alterar los equilibrios hídricos,
en una zona agrícola vulnerable a la sequía.
b) Debido al túnel, muchas familias crianceras no podrán usar sus zonas tradicionales de
pastoreo, perdiendo su fuente de trabajo.
c) El flujo de camiones por la Ruta 41, potencialmente provocará contaminación
acústica, y un riesgo permanente de contaminación del aire y el agua. Con el ruido y la
amenaza de contaminación, el valle perderá su atractivo.
d) El uso industrial de la Ruta 41 no es compatible con el desarrollo de un turismo
sustentable en el Valle de Elqui. El valle será solo una ruta de paso para las mercancías.
e) La ampliación del puerto de Coquimbo, significa la expropiación de terrenos y el
tránsito de carga pesada con riesgo de contaminación para toda la ciudad.
f) Con el corredor ganan los grandes inversionistas. Los puertos industriales ocupan
trabajadores no calificados y con bajos sueldos. Contar con un puerto industrial, no
mejora necesariamente la economía local. Es solo una puerta de salida. Un puerto
industrial, no es compatible con un turismo sustentable en las costas de La Serena y
Coquimbo.
Además:
a) La obra no ha sido discutida democráticamente. Es una decisión impuesta, basada en
indicadores macroeconómicos que invisibilizan las necesidades e intereses de las
comunidades locales.
b) Hasta ahora, no se ha difundido un Estudio de Impacto Ambiental de la obra. Las
comunidades del Elqui y Coquimbo no conocen sus posibles impactos.
c) El corredor ha sido fragmentado en diferentes obras que se presentan desconectadas
entre sí. Pero es un gran proyecto que incluye el túnel, la ruta 41, la ampliación del
puerto, un segundo puerto, un aeropuerto, y otras obras menores, que en conjunto
transforman la Región de Coquimbo.
d) La decisión sobre las obras ya está tomada, las instancias de participación solo
buscarán mitigar daños y legitimar el proceso.
f) Hasta ahora, no se ha informado a la comunidad que este corredor forma parte de
IIRSA, una iniciativa de integración sudamericana que ha generado „zonas de sacrificio‟
en otros países, vulnerando derechos colectivos y equilibrios ecológicos.
3. Comentarios finales
En Chile, IIRSA es una plataforma invisibilizada. Efectivamente, la iniciativa no
circula en los medios de comunicación, ni tampoco en los debates políticos de la Región
de Coquimbo y los municipios elquinos. Por eso la obra del túnel se plantea
públicamente como una propuesta local. Esto tiene fuertes injerencias, pues no está
claro hacia quien dirigir el descontento ya que se desconocen los canales de información
y sobre todo las instancias de decisión.
La territorialidad IIRSA coincide con la territorialidad neoliberal impuesta en el
Valle de Elqui, y en términos generales con la lógica que sostiene la sociedad neoliberal
chilena. De hecho hay concordancia en la definición de vocaciones económicas como
criterio configurador del ordenamiento territorial, entre la IIRSA y la estructura de la
regionalización chilena. En este sentido, se entiende que los grupos que se oponen, lo
hacen considerando la obra de manera aislada, o bien se oponen solo a los efectos
colaterales de su implementación. No hay una oposición consensuada a IIRSA, ni al
modelo de Regionalismo abierto que esta proyecta.
En el Valle de Elqui, no existen sujetos orgánicos, con tradición histórica
vinculada a movilizaciones sociales, al menos no son visibles en el contexto actual. De
hecho el tipo de asociatividad imperante es la asociatividad neoliberal, regulada por el
mercado y funcional al orden de una sociedad mercado-céntrica. Otra característica de
esta asociatividad es su atomización, lo que explica que en el caso del conflicto por el
proyecto Túnel de Agua Negra, los grupos que rechazan la obra se planteen como
„individualidades que suman adeptos‟ con fuerte énfasis en liderazgos personalizados
que se extienden a los círculos cercanos (familiares y sociales). Esto repercute
claramente en su legitimación. En esta línea de análisis, se puede argumentar que
estamos ante complejos procesos de „apropiación privada‟ de los conflictos, lo que
disminuye las solidaridades y por lo tanto la sustentabilidad en el tiempo de las acciones
de rechazo.
Otro aspecto a destacar, es la focalización local del conflicto. El conflicto por el
Túnel de Agua Negra, se desarrolla en el Valle de Elqui, ni siquiera ha logrado
instalarse en la agenda mediática de la Región de Coquimbo. Aún más, la mirada de la
cuenca como espacialidad del conflicto, es un fenómeno aún incipiente que quizás se
consolide el año 2015, pero por el momento el caso se restringe a lo local. En Chile no
existen canales para „nacionalizar‟ el debate, por eso no hay una posición pública de las
autoridades nacionales; es decir, ni Sebastián Piñera (antes), ni Michel Bachelet (antes y
ahora) han hecho pronunciamientos sobre el conflicto. Si no se ha visibilizado el
problema en la Región de Coquimbo, menos se ha hecho a nivel nacional. Lo
interesante, es que „nacionalizar‟ el conflicto no está en el horizonte de acción de los
grupos que rechazan la obra. Paradójicamente, este horizonte sí considera su
„globalización‟ a través de las redes sociales.
También es un elemento a resaltar de este caso, la ausencia de canales de
comunicación entre el mundo académico regional y nacional y los sectores que se
oponen a la obra. Este tema es central, probablemente la privatización de las
universidades en Chile, y el auge de lo que se está llamando „capitalismo académico‟,
no genera intelectuales y/o investigadores que nutran los movimientos sociales, por lo
menos en regiones. Se produce conocimiento académico, pero orientado a otros
circuitos. Que el conocimiento esté disponible, no significa necesariamente que sea
accesible. Situación que se traduce en la radical desigualdad que estos grupos
experimentan frente a las instituciones estatales, y otros actores con protagonismos más
claros en la sociedad de mercado.