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IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2015
LA FEDERACION RUSA
De los más de 180 pueblos que habitan el territorio de la Rusia contemporánea, 40 son reconocidos oficialmente como “pueblos indígenas numéricamente pequeños del norte, Siberia y el Lejano Oriente”. Se trata de grupos
de menos de 50.000 miembros que conservan aspectos de sus formas de
vida tradicionales y que habitan en el norte y en la región asiática del país. En
la actualidad existe otro grupo más que trabaja activamente por su reconocimiento, a pesar de que éste se le sigue negando. En conjunto, estos grupos
suman alrededor de 260.000 personas, menos del 0,2 por ciento de la población de Rusia. Los habitantes de etnia rusa representan el 78 %. Otros pueblos, como los cinco millones de tártaros, no se consideran oficialmente pueblos indígenas, aunque se autoidentifican como tales en algunos casos.
Las últimas cifras oficiales del censo nacional de población corresponden a 2010 no ofrecen datos desglosados ​​según la situación socioeconómica
de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son, en su mayoría, habitantes de zonas rurales, mientras que Rusia, en general, es un país altamente urbanizado.
La legislación rusa no reconoce a los pueblos indígenas como tales,
aunque la Constitución y la legislación nacional establecen derechos para los
“pueblos indígenas numéricamente pequeños del norte”, que incluyen los
derechos a consulta y participación en ciertos casos específicos. Sin embargo, dicha legislación no considera conceptos como el “consentimiento libre,
previo e informado”. Rusia no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT ni ha
respaldado la DDPI. El país ha heredado de la Unión Soviética su pertenencia a los grandes Pactos y Convenciones de la ONU, como el PIDCP, PIDESC, ICERD, ICEDAW y el ICRC.
Existen una multitud de organizaciones indígenas a nivel regional, local e interregional. RAIPON, la coordinadora nacional de organizaciones,
opera bajo un férreo control estatal.
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l conflicto de 2014 entre Rusia e Ucrania ha tenido consecuencias para los pueblos indígenas del norte. Por un lado, tras la anexión de Crimea, el Kremlim intensificó las políticas para reprimir la disidencia y controlar y limitar aún más a la sociedad civil, lo que incluye las organizaciones de pueblos indígenas. Pero, además,
el estatus de los pueblos indígenas como sujetos colectivos del derecho internacional
y titulares del derecho a la autodeterminación se ha convertido en un asunto aún más
controvertido dentro del ámbito de la política rusa.
Con la anexión de Crimea, varios pueblos de la península que se autoidentificaban como indígenas se encuentran actualmente bajo el control del gobierno ruso. El
mayor de estos grupos es el de los tártaros de Crimea, que son musulmanes suníes
y hablan una lengua estrechamente ligada al turco moderno. Otros grupos son los
krymchaks y los karaim, que cuentan con varios miles de miembros cada uno y que
también hablan lenguas túrquicas aunque religiosamente se adhieren a la rama caraíta del judaísmo.
Derechos a la tierra y los recursos naturales
El derecho de los pueblos indígenas a la tierra y los recursos naturales, así como el
control que ejercen sobre éstos, se han visto afectados por una serie de cambios legislativos recientes que han ido restringiendo progresivamente la participación de los
pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones respecto a sus tierras.
Entre ellos se incluye la modificación de la ley federal “Sobre territorios naturales
especialmente protegidos”, llevada a cabo en diciembre de 2013 y que excluye de la
lista de áreas de conservación especialmente protegidas a los Territorios de Uso
Natural Tradicional (TUNT)1 de los pueblos indígenas del norte, Siberia y el Lejano
Oriente (ver El Mundo Indígena 2014).
En julio de 2014, el parlamento ruso (la Duma del Estado) adoptó una serie de
cambios en el Código del Territorio de la Federación Rusa que reducían la capacidad
de los pueblos indígenas para participar en la toma de decisiones relacionadas con
la asignación de tierras para la construcción de plantas industriales en sus asentamientos tradicionales. Al mismo tiempo, los cambios realizados en las Políticas de
Planificación Urbana y Territorial han favorecido la expansión industrial en lugares
donde tradicionalmente han habitado los pueblos indígenas del norte y donde han
desempeñado su actividad económica.
Desde finales de 2013 y durante 2014, el gobierno federal ha presentado ante el
parlamento una serie de borradores de ley que limitan gravemente los derechos de
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los pueblos indígenas. Se trata de borradores de ley relativos, por un lado, a la regulación de la pesca tradicional y, por el otro, a los Territorios de Uso Natural Tradicional
(TUNT). En cuanto a la pesca tradicional, el borrador de ley estipula que a los pueblos
indígenas les corresponden cuotas de pesca que van destinadas únicamente al consumo personal. La ley propuesta excluye a las cooperativas indígenas (obschinas)
del ámbito de la pesca tradicional y les niega la posibilidad de obtener zonas de
pesca asignadas. Además, hace uso de una interpretación muy restrictiva del término
“consumo personal”, ya que considera que éste corresponde únicamente a la ingesta
de alimentos de una persona, ignorando así los datos más recientes sobre consumo
personal real. Es así que se establece un volumen máximo de captura al año que va
de 30 a 100 kg, dependiendo de la región. Esta cantidad no es ni siquiera suficiente
para cubrir los requerimientos nutricionales tradicionales. Los estudios científicos
muestran que los pueblos indígenas consumen una cantidad de pescado que va de
100 kg (en el caso de los criadores de renos) a 300 kg (en regiones donde la pesca
es el alimento básico principal y además se usa para alimentar a los perros). Sin
embargo, estos datos no se han tenido en cuenta en la formulación de este borrador
de ley.
Asimismo, se ha sugerido la realización de cambios sustanciales en una de las
tres propuestas de ley marco sobre los derechos de los pueblos indígenas. El proyecto de ley revisado sobre Territorios de Uso Natural Tradicional (TUNT) dispone que
los gobiernos federal y regional sean los encargados del establecimiento, de manera
unilateral, de los TUNT. Esto se llevaría a cabo sin la participación de los pueblos indígenas en la elección de la ubicación del TUNT, sin que se establezcan estructuras
de autogobierno en el interior del TUNT y sin contar con un informe medioambiental
sobre el proyecto elaborado por expertos.
Desarrollo de la región del Ártico
Las salvaguardias medioambientales y en materia de derechos humanos sufren actualmente un grave debilitamiento en la Federación Rusa. Esto se refleja en dos borradores de ley que están siendo discutidos actualmente en la Duma del Estado:
“Sobre la zona ártica de la Federación Rusa” y “Sobre los territorios con un desarrollo
acelerado en Siberia y el Lejano Oriente de la Federación Rusa”. El objetivo de estas
leyes es crear condiciones favorables para atraer la inversión industrial a esta zona a
costa de reducir el respeto por el cumplimiento de las normas medioambientales.
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Este debilitamiento generalizado de la legislación medioambiental es más acusado en la zonas conocidas como “áreas de desarrollo acelerado en el Ártico y el Lejano Oriente”, y ha dado lugar al desarrollo de proyectos industriales que no han realizado las obligatorias consultas con los residentes de la zona ni han tenido en cuenta
sus opiniones respecto a los proyectos. Algunos ejemplos de este tipo de proyectos
son el oleoducto de “Power of Siberia”,2 la exploración de hidrocarburos en el mar de
Chukotka, el desarrollo de instalaciones militares en la isla de Wrangel, la toma de
tierras para la producción petrolera en los distritos autónomos de Nenetsia y JantyMansi, y la construcción del centro espacial Vostochny en el óblast de Amurskaja,
entre otros (véase el IWGIA Report 18).3
En septiembre de 2014 se disolvía el Ministerio de Asuntos Regionales, que era
el encargado de supervisar los asuntos indígenas en Rusia. En consecuencia, los
asuntos indígenas y la gestión del Ártico y el Lejano Oriente se han dividido. La gestión del Ártico fue asignada de nuevo al Ministerio de Desarrollo Económico, mientras
que los pueblos indígenas dependen actualmente del Ministerio de Cultura. Esta
asignación desató reacciones adversas entre los activistas indígenas, que ven como
su identidad queda relegada a la esfera de la “danza y música” y se les aleja de sus
derechos a la tierra y los recursos.4
Condiciones socioeconómicas
Las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas de Rusia se han visto
seriamente afectadas por la apropiación de tierras para fines industriales y porque en
sus regiones, el control de muchas áreas de pasto para los renos y zonas de caza y
pesca han pasado a manos de las estructuras comerciales. A esto hay que añadir los
recortes en el presupuesto federal para servicios sociales (educación gratuita, asistencia sanitaria, vivienda, etc.), que afectan particularmente a los pueblos indígenas,
ya que éstos habitan en zonas mayoritariamente rurales y no participan, por lo tanto,
de la economía monetaria.
Se intensifica la persecución de las ONG
En julio de 2012, la Duma del Estado aprobó una ley que obliga a las ONG involucradas en “actividades políticas” y que reciben financiación del extranjero, a registrarse
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como “ONG que desempeña las funciones de agentes extranjeros” (ver El Mundo
Indígena 2013).
La ley se modificó en febrero de 2014, a fin de introducir inspecciones sin aviso
previo de las ONG que fueran sospechosas de realizar “actividades políticas” o de ser
“extremistas”. En diciembre de 2014, el gobierno federal promulgó un decreto que
estipulaba que las autoridades deberían registrar a cualquier ONG que no se hubiera
inscrito voluntariamente como agente extranjero. De esta manera, las autoridades
pueden proceder de manera unilateral al registro de cualquier organización “non grata” como “agente extranjero”.
La primera organización indígena que se vio afectada por esta nueva norma fue
la Asociación de Cazadores Tradicionales de Mamíferos Marinos de Chukotka
(ChAZTO). A principios de diciembre de 2014, el director de ChAZTO fue citado por
el Departamento de Justicia regional para que incluyese a ChAZTO, de manera voluntaria, en la lista de organizaciones que realizan funciones de agentes extranjeros.
Éste se negó, afirmando que ChAZTO no participaba en ninguna actividad política y
que los fondos recibidos desde el extranjero iban destinados a investigación científica
y a la protección de los mamíferos marinos. Ante esto, los representantes del departamento respondieron que si se negaba, ChAZTO sería sometido a controles por
parte de todas las autoridades supervisoras, que en cualquier caso acabarían declarándola como agente extranjero.5
No se le explicó a la directiva de ChAZTO cuáles eran con exactitud las acciones
de la organización que eran consideradas como “actividades políticas” por los órganos de control. Sin embargo, cabe destacar que durante el período 2013-2014, representantes de ChAZTO tomaron la palabra durante las audiencias públicas celebradas
con motivo de la propuesta de exploración y extracción petrolera en la plataforma
continental de la isla de Wrangel, en el mar de Chukotka. En estas intervenciones
expresaron su preocupación por que esta actividad extractiva pudiera ejercer efectos
negativos sobre las poblaciones de mamíferos marinos y osos polares, así como
sobre las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas de Chukotka. Esto
podría haber sido suficiente para motivar las medidas tomadas por las autoridades
mencionadas anteriormente. Que la mera participación de una organización de pueblos indígenas de Chukotka en proyectos ambientales internacionales se considere
“actividad política”, pone en evidencia el fuerte incremento de la presión que ejerce el
estado sobre la sociedad civil.
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“Asociación de Pueblos Indígenas de la Federación Rusa”
En 2014, representantes de varios grandes pueblos no rusos que viven en la Federación de Rusia fundaron la “Asociación de Pueblos Indígenas de la Federación Rusa”.
Pueblos representados por esta nueva organización como los tártaros, los udmurtos,
los baskires y los chusvasios, superan con creces los 260.000 indígenas del norte
(solo los tártaros ascienden a más de cinco millones de personas). La clasificación de
los tártaros y otros pueblos como indígenas es controvertida. Mientras que son lingüística y culturalmente distintos a la mayoría rusa y, además ,sus lenguas y culturas
son marginadas por esta mayoría, sus modos de vida no son muy diferentes de los
del resto de la población. En el momento de la escritura de este libro, la nueva asociación aún no parece tener un sitio web en activo y el número de pronunciamientos
y acciones públicas que ha llevado a cabo es limitado.
La Conferencia Mundial de la ONU sobre los Pueblos Indígenas
La Conferencia Mundial de la ONU sobre los Pueblos Indígenas (CMPI) se celebró
en Nueva York el pasado septiembre, y tuvo repercusiones inesperadas para el movimiento de los pueblos indígenas de la Federación Rusa. Los preparativos de la conferencia estuvieron marcados por la división entre el antiguo comité nacional organizador,
formado en 2012, y un nuevo comité organizador, creado desde la directiva de RAIPON
en 2013. Rodion Sulyandziga, activista indígena con una larga trayectoria y antiguo vicepresidente primero de RAIPON, había estado representando a la región de Europa
del Este en el Grupo Coordinador Global (GCG), donde jugó un papel clave en la negociación del documento final que fue aprobado en la Conferencia Mundial.
Uno de las principales polémicas surgidas durante los preparativos de la conferencia fue la demanda de participación de alto nivel de los representantes indígenas en las
actas del congreso. Rusia fue uno de los Estados que más férreamente se opuso a que
actores no estatales ejercieran cualquier tipo de partición de alto nivel en la CMPI.
El pasado 18 de septiembre, Rodion Sulyandziga se disponía a volar desde Moscú a Nueva York para asistir a la CMPI. Fue entonces cuando se le retuvo en el aeropuerto y no se le permitió salir del país, bajo acusaciones de usar un pasaporte inválido. Esto significó que Rodion no pudo asistir a la conferencia en cuya preparación
había invertido su tiempo y esfuerzo durante muchos años.6 Al mismo tiempo llegaban noticias de que otros activistas indígenas habían sido retenidos en diversas cir-
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cunstancias: en un asalto con hombres enmascarados se arrebató el pasaporte y el
teléfono celular del activista tártaro de Crimea Nadir Bekirov; hubo neumáticos de
coche pinchados e intensivos controles policiales de tráfico que impidieron a la presidenta del Parlamento Sami, Valentina Sovkina, tomar su vuelo hacia Nueva York; otro
pasaporte fue confiscado por su presunta invalidez por la policía de fronteras, el de
una exmiembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, Anna Naikanchina.7 Este acoso a los participantes rusos se denunció enérgicamente
durante la CMPI, entre otros, por dos jefes de Estado. Además, tanto funcionarios
como titulares de mandatos de la ONU expresaron su preocupación por estos hechos, incluidos el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el
presidente del Foro Permanente de la ONU.
Los activistas cuyos pasaportes habían sido confiscados por la policía de fronteras, fueron acusados de delitos administrativos, ya que se alegaba que ellos mismos
habían cortado las páginas que faltaban en sus documentos de viaje, haciendo que
estos fueran inválidos. En general hubo una amplia cobertura de estos hechos por
parte de medios como la BBC y Al Jazeera. Con el tiempo, todos los cargos interpuestos fueron retirados a raíz de las protestas y la indignación que estos sucesos
provocaron.
En septiembre de 2014, un grupo de activistas indígenas de varias regiones se
reunieron en Moscú para mostrar su rechazo a la politización y las deficiencias funcionales de RAIPON. Como resultado de este encuentro decidieron formar una nueva coalición denominada “Foro Aborigen”, ideada como una red informal y no jerárquica de activistas independientes y expertos encargados de supervisar conjuntamente la situación de los pueblos indígenas de Rusia.
Petróleo en la República de Komi
Al norte de la República de Komi (región situada al oeste de los montes Urales) existe un importante centro de la industria petrolera rusa operado por la delegación regional de la empresa nacional LUKOil y sus filiales. Los indígenas locales son los izvatas, un subgrupo del pueblo komi, que a pesar de poseer una lengua, cultura y formas
de vida diferenciadas, no son reconocidos por el gobierno ruso como indígenas. Las
principales actividades tradicionales y fuente de ingresos de los izvatas son la caza,
la pesca, la recolección y la cría de renos. Dado que no están reconocidos, no disfrutan de la escasa protección legal que sí se aplica a otros pueblos respecto a, por
ejemplo, la consulta, el consentimiento y la indemnización por el daño ocasionado a
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sus tierras y recursos. Aunque las malas prácticas corporativas de LUKOil-Komi son
conocidas, en 2014 se produjo un gran número de incidentes que desataron una ola
de protestas sin precedentes. Entre ellos, cabe destacar la construcción de un oleoducto sin previo aviso, el encubrimiento y la gestión desastrosa de derrames de petróleo, la construcción de plataformas petrolíferas en las inmediaciones de poblaciones, la ejecución de exploraciones sin licencia y el uso de técnicas de perforación que
son especialmente nocivas, debido a que los residuos que generan son depositados
en pozos de lodo abiertos que a menudo contaminan el medio ambiente. En febrero
de 2014, los habitantes de la aldea Krasnobor, del distrito de Izhma, descubrieron que
varias plataformas petrolíferas habían sido instaladas en las inmediaciones de su aldea. La construcción se había iniciado sin previo aviso y sin contar con la aprobación
de los habitantes o de la administración local. El 3 de abril, más de 150 personas que
representaban a 12 asentamientos de la zona se reunieron en la casa de la cultura
de la aldea Krasnobor. La reunión también contó con la presencia de la Fiscalía, el
grupo ecologista “Comité para Salvar Pechora”, la organización de pueblos indígenas
“Izvatas”, el jefe de la administración del distrito de Izhma y miembros de los consejos
de distrito y de aldea. Se había invitado a participar a representantes de LUKOil, pero
estos rechazaron la invitación. En un desenlace muy poco habitual en la Rusia contemporánea, los participantes aprobaron por unanimidad una resolución para poner
fin a las operaciones de la compañía petrolera LUKOil-Komi dentro de su territorio. El
11 de abril, el consejo de distrito de Izhma votó unánimemente para apoyar esta acción pero, como era de esperar, la empresa no respetó ninguna de las resoluciones
mencionadas. Las protestas continuaron a lo largo de 2014, extendiéndose hacia el
norte, hasta el distrito vecino de Usinsk, que en 1994 fue víctima del mayor derrame
de petróleo en tierra firme de la historia. Greenpeace y 350 organizaciones lanzaron
campañas de apoyo por internet, y Al Jazeera se hizo eco del caso. Sin embargo,
hasta ahora no se han observado mejoras sustanciales en la conducta de LUKOil.
Dicha compañía es miembro de la red Pacto Mundial de ONU, pero su actuación en
Komi demuestra su clara determinación de ignorar el cumplimiento de los Principios
Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Minería a cielo abierto en el óblast de Kemerovo
Otro de los conflictos más sonados de 2014 se desarrolla en la región de minas de
carbón del sur de Siberia, en el óblast de Kemerovo. La minería de carbón a cielo
abierto ejerce una fuerte presión sobre las aldeas de la zona, habitadas predominan-
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temente por shors, un grupo indígena túrquico de Siberia que ha visto como esta
actividad extractiva ha ido agotando sus territorios ancestrales durante largos años.
En 2014, el conflicto de larga duración que existía en torno al pueblo de Kazas culminó con la destrucción total de la aldea que hoy en día está completamente rodeada
de concesiones mineras. Aquellos habitantes que se negaron a vender sus casas las
vieron quemarse durante incendios nocturnos probablemente provocados. Los antiguos pobladores están hoy en día desperdigados por toda la ciudad o en otros asentamientos. No han sido indemnizados correctamente ni se les han otorgado tierras
adecuadas para su reasentamiento, por lo que algunos se han quedado sin hogar.
Por su lado, la empresa minera ha puesto en marcha un puesto de control con agentes armados que impide que los habitantes puedan acceder al pueblo y al cementerio. La montaña sagrada de Karagai-Nash, situada en las cercanías, ha sido destruida por las operaciones mineras. Habitantes del pueblo vecino de Chuvashka temen
que su comunidad sea la próxima en ser destruida.8
Intromisión en los asuntos internos de los pueblos indígenas
A lo largo de 2014, las autoridades rusas continuaron interfiriendo masivamente en
los asuntos internos de los pueblos indígenas, ejerciendo presión sobre sus órganos
de toma de decisiones, no reconociendo a los representantes por ellos electos e imponiendo sus propuestas sobre ellos. Estas injerencias fueron especialmente flagrantes en Sajalín, donde las autoridades se negaron a aceptar los resultados del congreso de pueblos indígenas celebrado en diciembre de 2013. También en la región de
Murmansk, donde intervinieron para dividir al Parlamento Sami de Kola durante el
Congreso Sami de dicha región.9
Polémica sobre parques nacionales
Los planes anunciados por el gobierno federal para crear un parque nacional a lo
largo del río Bikin en Primorsky Krai (Lejano Oriente) representan uno de los asuntos
políticos más controvertidos del año pasado. El valle de Bikin es el territorio ancestral
del pueblo udege y, al mismo tiempo, hogar del tigre siberiano, cuya protección es
una cuestión de prestigio nacional para Rusia. Los pueblos indígenas de Rusia han
vivido numerosas experiencias negativas con la creación de parques nacionales, ya
que éstos suelen estar gestionados por las autoridades estatales que tienen muy
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poca o ninguna consideración con los derechos y las costumbres indígenas. Los
udege vienen reclamando desde hace muchos años el establecimiento de un Territorio de Uso Natural Tradicional (TUNT) en su región, lo que garantizaría el respeto por
su derecho a participar en la toma de decisiones. Por lo tanto, su respuesta frente a
los planes de creación de un parque nacional fue rotundamente negativa. En este
sentido tuvieron lugar concentraciones de protesta en la aldea principal de Krasny
Yar.10 En abril se organizó una mesa redonda en Vladivostok, donde las autoridades
regionales indicaron que estarían dispuestas a hacer algunas concesiones y retrasar
el establecimiento del parque hasta que se resolvieran las cuestiones pendientes.
Examen de la Federación Rusa por parte de los mecanismos y
titulares de mandato de la ONU
En enero de 2014, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC) realizó el
examen de Rusia durante su 65º período de sesiones. El CRC había recibido información de organizaciones de la sociedad civil durante la sesión previa celebrada en
2013, donde, entre otros, se presentó un informe sobre la situación de los niños indígenas. Las observaciones finales se adoptaron el 25 de febrero de 2014.11 En dichas
observaciones, el CRC expresó su preocupación por “que las empresas de extracción de petróleo y gas sigan menoscabando el modo de vida tradicional de las personas que pertenecen a grupos indígenas minoritarios, en particular los niños de esos
grupos, mediante la deforestación, la contaminación y la amenaza que representan
para las especies de las que dependen los medios de subsistencia de dichas personas.”
El mecanismo formuló una serie de recomendaciones en relación con el marco
normativo que define los estándares de la industria del petróleo y el gas, el carbón,
para el medioambiente y la salud y para el seguimiento de los mismos. Además, se
recomendaba hacer evaluaciones de los impactos que las actividades de negocio
ejercen sobre los derechos humanos, considerando la compensación por el posible
daño que puedan causar a la salud y el desarrollo de los niños.
El comité recomendó específicamente que estas medidas se guíen por los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP, por sus
siglas en inglés), que han sido respaldados oficialmente por Rusia. Esta fue la primera decisión de un mecanismo de derechos humanos de la ONU que hacía referencia
en su jurisprudencia al UNGP en relación con los pueblos indígenas en Rusia.
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A finales de 2013, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, junto con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos
Humanos, presentaron conjuntamente una carta de denuncia al gobierno de Rusia
respecto a la discriminación económica contra los pueblos indígenas por el caso
Dylacha, una obschina indígena (cooperativa). Dylacha era una de las cooperativas
más antiguas y de mayor éxito en Rusia, hasta que fue objeto de allanamiento y de
clausura forzada por parte de las autoridades (ver El Mundo Indígena 2013). Con
esta acción de las autoridades se extirpaba prácticamente la base económica de la
comunidad indígena evenki de Buriatia.
En mayo de 2014, Rusia respondió a las acusaciones mediante una carta que
declaraba que el cierre de la cooperativa se debía a que una de sus actividades (la
minería de jade) no estaba reconocida oficialmente como actividad económica tradicional de los pueblos indígenas. Rusia, por tanto, confirmaba implícitamente el punto
clave de la alegación de discriminación económica contra los pueblos indígenas, es
decir, que los pueblos indígenas en Rusia no son libres para decidir su propias vías
de desarrollo económico. En su informe sobre las comunicaciones, el Relator Especial destacó la esencia de la respuesta de Rusia y reiteró sus recomendaciones anteriores al gobierno ruso respecto a apoyar las iniciativas indígenas para el desarrollo

tanto en las zonas tradicionales como en las no tradicionales.12
Notas y referencias
1
2
3
4
5
6
El término “Territorios de Uso Natural Tradicional” está definido en la ley federal “Territorios de
Uso Natural Tradicional de los pueblos indígenas del norte, Siberia y el Lejano Oriente” del 7 de
mayo de 2001. Se trata de un tipo de territorio protegido que fue creado con el objetivo de proteger las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas. La tenencia consuetudinaria de
las tierras no le está reconocida a los pueblos indígenas; sin embargo, estos cuentan con ciertos
derechos en la toma de decisiones relativas al uso de estos territorios por terceros, incluyendo
los proyecto de las industrias extractivas. Para más detalles sobre este tema véase, entre otros,
IWGIA Report 18: Indigenous Peoples in the Russian Federation, http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=695
Véase: Russia: Major new gas pipeline to China to be built without impact assessment, 17 de
julio de 2014, http://www.iwgia.org/news/search-news?news_id=1043
Ver la nota 1 para una referencia detallada del IWGIA Report 18.
Véase: Russia: Ministry in charge of indigenous affairs to be dissolved, 10 de septiembre de
2014, http://www.iwgia.org/news/search-news?news_id=1073
Véase: Russia: Indigenous hunters association pressured to register as ‘foreign agents’, 11 de
diciembre de 2014, http://www.iwgia.org/news/search-news?news_id=1139
Véase: Delegados rusos se quedaron sin asistir a la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, 24 de septiembre de 2014, http://www.iwgia.org/noticias/buscar-noticias?news_id=1084
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Véase: Russia: President of Kola Saami Parliament harassed while travelling to UN World Conference on Indigenous Peoples, 21 de septiembre de 2014, http://www.iwgia.org/news/searchnews?news_id=1078
8 Véase: 2012 IWGIA briefing note “Coal Mining in Kemerovo Oblast, Russia”, http://www.iwgia.
org/iwgia_files_publications_files/0595_Coal_Mining_in_Kemerovo_Oblast_Briefing_note_
Sept_2012.pdf and IWGIA Human Rights Report 18: Indigenous Peoples in the Russian Federation, p. 42-43, http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0695_HumanRights_report_18_Russia.pdf
9 Véase: Russia: Sakhalin authorities and Exxon playing Divide and Conquer, 22 de mayo de 2014
http://www.iwgia.org/news/search-news?news_id=995, Russia: Kola Saami Congress held
amidst massive state pressure, authorities push back against Saami Parliament, 28 de noviembre de 2014, http://www.iwgia.org/news/search-news?news_id=1122
10 Russia: Bikin Udege community vows to rally to defend land rights, 11 de junio de 2014, http://
www.iwgia.org/news/search-news?news_id=1013
11 Concluding observations on the report submitted by the Russian Federation under article 8, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*, UN Doc CRC/C/RUS/CO/4-5, http://undocs.org/CRC/C/RUS/
CO/4-5
12 Véase: Report on observations to communications sent and replies received by the Special
Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya, 3 de septiembre de 2014. http://
undocs.org/A/HRC/27/52/Add.4
7
Olga Murashko es antropóloga rusa y una de las cofundadoras del antiguo grupo
local de IWGIA en Moscú. Trabaja como consultora para el Centro de Apoyo a los
Pueblos Indígenas del Norte (CSIPN).
Johannes Rohr es un historiador alemán que trabaja desde 1995 con organizaciones de pueblos indígenas de Rusia, centrándose en sus derechos económicos, sociales y culturales. En la actualidad trabaja como consultor para INFOE e IWGIA.