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LA SALIDA DEL
LABERINTO
derechos humanos
y cooperación para el
desarrollo En colombia
Autora: Arantxa Guereña
Ilustraciones: Sonia Pulido
LA SALIDA DEL LABERINTO
derechos humanos y cooperación
para el desarrollo En colombia
LA SALIDA DEL LABERINTO
Derechos humanos y cooperación
para el desarrollo en Colombia
OXFAM Intermón. Madrid, 2014
Autora: Arantxa Guereña
Ilustraciones: Sonia Pulido
Diseño y maquetación: Enrique González
www.oxfamintermon.org
www.simeimporta.org
La Salida del Laberinto es uno de los relatos que forman parte de Sí Me importa, una
campaña de Oxfam Intermón que pretende generar y visibilizar un movimiento ciudadano que
demuestre que a la sociedad española sí le importa la política pública de Cooperación al
Desarrollo, actúa para defenderla y por ello es imprescindible seguir apoyándola. Este
relato está orientado a divulgar y defender el impacto positivo de la cooperación internacional
y a compartir la necesidad de su continuidad.
El relato ofrece una visión desde adentro de las consecuencias de la violencia que enfrenta
Colombia debido al prolongado conflicto armado que sufre su población. La cooperación
internacional juega un importante papel con su inestimable apoyo a los sectores
movilizados que enfrentan la violencia. Gracias a la ayuda al desarrollo de países como
España son posibles los programas de protección de víctimas y de lucha contra la
impunidad. El informe documenta el descenso de la ayuda internacional en los últimos
años y expone los riesgos que se derivan de esta tendencia regresiva.
Índice
Veinticinco pisos de escombros
4
Trofeos humanos en venta
8
En el punto de mira por buscar justicia
13
La información viaja con escolta
18
Defender la paz es subversivo
20
La tierra despojada
24
Otro barrio es posible
28
Por qué Colombia
30
El camino de salida 35
Notas38
Ilustraciones
Operación Orión
5
Defensores de derechos humanos
14
Apartadó - Comunidad de Paz
21
La tierra
25
Democracia secuestrada
31
1
Veinticinco pisos
de escombros
Las mujeres sentadas junto a la hermana Rosa tienen varias cosas en común. Todas llegaron
hace años a Medellín con sus familias desde distintas zonas del país tratando de dejar atrás
la violencia y persiguiendo el sueño de un futuro mejor. Todas son madres, compañeras o
hermanas de un desaparecido. Y todas pertenecen al colectivo Mujeres caminando por
la verdad, desde donde cada día se esfuerzan por transformar el dolor en fortaleza y
exigencia de justicia. A sus espaldas, una pared tapizada con fotografías muestra decenas
de rostros de los desaparecidos, cada uno con su nombre y una fecha para no olvidar. En la
otra pared un gran mapa señala el lugar llamado la Escombrera.
Toda una generación de adolescentes se convirtió en carne de cañón
para la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, en su lucha
por controlar los barrios
Ellas no son las únicas que han perdido a un ser querido. De hecho, en la Comuna 13
de Medellín resulta muy difícil encontrar una familia que no haya sido truncada por
esta guerra fratricida que asola Colombia desde hace más de medio siglo. La mayoría
llegaron a este barrio desplazadas por el conflicto. “Pero una no puede huir de la muerte”, dice
la más anciana.
En la ciudad, toda una generación de adolescentes se convirtió en carne de cañón para las
milicias guerrilleras, los grupos paramilitares y el narcotráfico, quienes libraban un combate
sin cuartel por el control de los barrios. En octubre de 2002, con el pretexto de pacificar la
zona, el entonces presidente Álvaro Uribe inauguró su mandato lanzando un castigo
sin precedentes sobre una zona urbana densamente poblada: la Operación Orión. En
las empinadas calles de la Comuna 13 se desplegaron más de 3.000 soldados y policías,
helicópteros y tanquetas que durante cinco días dispararon sin tregua contra un barrio
4
Nro. 1: Operación Orión
las autoridades hacen oídos
sordos a las peticiones para
que se exhumen los restos de
las más de 300 víctimas que
puede haber bajo los escombros.
Pero las madres y compañeras
de los desaparecidos no pierden
la esperanza de recuperar sus
restos
aterrorizado. Sólo la presión internacional y las miles de banderas blancas que las familias
colgaron de las ventanas lograron detener el horror. El saldo: 14 personas muertas,
más de 350 detenciones arbitrarias y un número indeterminado de desaparecidos. 1
La operación forzó a las milicias de la guerrilla a replegarse, provocando un cambio de
poderes. A partir de entonces los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara se hicieron
con el control de las calles y del narcotráfico, extorsionando y amenazando a todo el que
se interpusiera en sus negocios. Las desapariciones forzadas se convirtieron en práctica
habitual. “Ya no se veían asesinatos en las calles como antes, pero la gente desaparecía”,
recuerdan las mujeres.
Una de ellas rememora la desaparición de su hijo en 2002. “Ese día llegó a casa del
trabajo pero pronto se vino para donde la novia. De allí se lo llevaron tres muchachos diciendo
que tenían que hablar con él. Cuentan que él no quería ir con ellos, que trató de prender
la moto para escapar, pero como eran tres lo agarraron, lo aporrearon y lo metieron en un
taxi.” Cuando la madre recorrió todo el barrio preguntando por él, muchos le decían que ya
lo habían matado. “Al día siguiente pedí que me lo entregaran [su cadáver] pero dijeron que
como estaban en tregua navideña no podía haber muertos en la Comuna y no me lo podían
entregar. De ahí para acá no he vuelto a saber nada de mi hijo. Nada de nada.” Un día un
exparamilitar que cumple condena por un sinfín de crímenes admitió haberlo matado
y enterrado. “La Fiscalía lo llevó a la Escombrera a que dijera dónde lo enterró. Pero él dice
que es imposible recuperarlo porque ya han echado como 25 pisos de escombros encima.
Quedó en mostrarme el sitio pero no me ha llevado.”
En agosto de 2003 fueron exhumados más de veinte cuerpos. La madre buscó entre las
prendas de vestir pero no encontró nada que hubiese pertenecido a su hijo. Aún así, no se
resigna. “Todavía hay muchos cuerpos sin identificar en la Fiscalía, tienen miles de
cajitas con restos. Pero por más que vengo a decirles que están esos restos sin identificar
y que son de la fecha en que se llevaron a mi hijo, aún no les han hecho la prueba de
ADN. Sabiendo que llevo tanto tiempo pidiéndoselo. Ahí es donde yo digo, ¿dónde está la
colaboración con las víctimas? Porque yo creo que mi hijo está ahí.”
6
Han pasado diez años desde la operación Orión y la mayoría de las
familias aún no han recuperado los restos de sus seres queridos. Se
cree que muchos aún están sepultados en La Escombrera, donde cada día
se siguen vertiendo toneladas de residuos. En la ciudad “más innovadora
del mundo”, 2 las autoridades hacen oídos sordos a las peticiones para
que se clausure este cementerio clandestino y se exhumen los restos de
las más de 300 víctimas que se calcula puede haber bajo los escombros.
Pero las madres y compañeras de los desaparecidos no pierden la
esperanza de recuperar al menos sus restos.
Cada día la hermana Rosa recibe entre diez y quince personas.
“Todos los días vienen casos horribles, tantas cosas que no tienen
solución... La impotencia que una vive es muy dura porque ellas
necesitan una atención psicosocial y el Estado no hace nada.
Una cantidad de problemas que una no sabe aquí cómo la gente
sobrevive.” La respuesta está en la unión, en no sentirse solas:
“Antes el miedo nos dominaba pero ahora luchamos unidas y
sabemos reclamar. Nos decían que olvidáramos lo que había
pasado, pero no lo permitimos“.
HERMANA ROSA: “Antes el miedo nos dominaba pero ahora luchamos unidas
y sabemos reclamar. Nos decían que olvidáramos, pero no lo permitimos“
7
2
Trofeos humanos
en venta
Mientras hilvana sus recuerdos, no por más veces compartidos menos dolorosos,
María se aferra con dedos nerviosos al retrato del hijo desaparecido. Aquel día Jaime
no fue a trabajar a la obra pues el patrono esperaba inspección y no querían ver menores
de edad. Y es que era casi un niño con apenas 16 años. Esa mañana salió de casa sin
decir a dónde iba y no regresó como de costumbre a la hora de la cena. Tampoco al
día siguiente. Ni al otro. Al tercero llamó diciendo que estaría de vuelta el domingo, que no
lo regañase por haberse ido sin permiso. Entonces María recordó cómo días atrás Jaime
le había contado que “una gente bien vestida” andaba buscando jóvenes para llevarlos a
trabajar lejos, en la recogida del café.
Con la noticia de la desaparición del hijo de María se destapó el escándalo
de los llamados “falsos positivos”
Toda la familia lo buscó durante días que se hicieron semanas, semanas que se hicieron
meses. Sin ayuda de nadie. Cuando María acudió a la Fiscalía a denunciar la desaparición
los funcionarios se negaron a tramitarla hasta que se hubiese cumplido el plazo de 72 horas.
Pero tampoco lo hicieron entonces. Ningún operativo de búsqueda se puso en marcha. No se
abrió ninguna investigación.
Como María, Luz Marina también buscó sin reposo y sin ayuda a su hijo Fair Leonardo
desde el día en que sus hermanos lo vieron salir muy temprano de casa tras responder
al teléfono con un “Ya voy para allá, patroncito”. No les pareció extraño, pues él acostumbraba
a ayudar a todos. Su discapacidad mental le había impedido aprender a leer y no conocía el
valor del dinero, pero le gustaba colaborar. Por eso lo querían tanto en el barrio. “Todos los
días me regalaba una flor y una chocolatina”, rememora la madre. Mientras, en la sala, la
fotografía del hijo perdido llena todo el espacio con su ausencia.
8
“La guerra se mide en litros de
sangre” era la frase con que el
general Montoya, comandante
en jefe del ejército, solía
arengar a sus tropas
Jaime, Fair Leonardo y al menos otros 17 jóvenes vecinos de Soacha – un municipio humilde
y superpoblado en la periferia de Bogotá – fueron engañados con falsas promesas de trabajo
y trasladados hasta Ocaña, a 800 kilómetros de distancia, con el único fin de asesinarlos
y hacerlos pasar por guerrilleros. Las desapariciones comenzaron en enero de 2008, y la
búsqueda se alargó durante meses hasta que en septiembre la respuesta oficial cayó como
un misil sobre el barrio: los restos de los chicos habían sido encontrados en fosas comunes
al otro lado del país.
Con la noticia se destapó el escándalo de los llamados “falsos positivos”, definidos
de una forma mucho más explícita por el Relator Especial de las Naciones Unidas para
las ejecuciones arbitrarias como el “asesinato a sangre fría y premeditado de civiles
inocentes con fines de beneficio”. 3 Una práctica atroz que se aplicó de forma sistemática
y generalizada durante el mandato de Álvaro Uribe, cuando era ministro de Defensa el hoy
presidente Juan Manuel Santos.
El expresidente Uribe gobernó obsesionado por ganarle terreno a los grupos armados ilegales
que campaban a sus anchas por todo el país desde 1980. Con la excusa de “recuperar el
orden y la seguridad”, Uribe puso en marcha una Política de Seguridad Democrática
que no tenía grandes problemas en reprimir a la ciudadanía ni en vulnerar los derechos
humanos. 4 ¿El objetivo? Recuperar el monopolio de la fuerza a cualquier precio. “La guerra
se mide en litros de sangre” era la frase con que el general Montoya, comandante en jefe del
ejército, solía arengar a sus tropas. 5 Y para no dejar lugar a dudas se puso en marcha un
macabro sistema de recompensas en forma de pagos, permisos y ascensos a cambio
de bajas en el enemigo: desde 1.500 euros por guerrilleros rasos hasta aproximadamente
dos millones de euros por los máximos cabecillas de la guerrilla. Por las armas y material
incautado se cobraba extra: un revólver, 200 euros; una granada, 70; un teléfono móvil, 4, y
así hasta completar una detallada lista. 6
Este sistema dio origen a un espeluznante trasiego de vidas humanas desde las
zonas rurales y los barrios humildes de Bogotá o Medellín hacia los frentes de
combate. Cuando un militar necesitaba completar su cupo de bajas para lograr un ascenso
recurría a uno de los “reclutadores” habituales, quienes solían ser militares retirados.
9
Éstos secuestraban a los jóvenes que fuesen necesarios y los llevaban engañados a zonas en
conflicto, donde los entregaban al ejército a cambio de unos 80 euros. Después de quitarles
la documentación en un falso retén para impedir su identificación eran asesinados
a sangre fría. A continuación se simulaba la escena de un combate y los cuerpos se
vestían de camuflaje, tan burdamente que a veces las víctimas llevaban calzadas dos botas
del mismo pie.
Los crímenes de Soacha conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional,
mientras que el entonces presidente Uribe salía al paso afirmando que era cosa de
“unas cuantas manzanas podridas” y destituía a unos pocos mandos militares. Sin
embargo, las investigaciones del Relator Especial de Naciones Unidas para ejecuciones
extrajudiciales demostraron que los casos de Soacha apenas eran la punta del iceberg.7 Una
afirmación confirmada por los datos oficiales. En la Fiscalía General de Colombia se acumulan
denuncias relativas a 4.716 víctimas de homicidios presuntamente cometidos por miembros
de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales corresponden al tipo de ejecuciones
conocidas como falsos positivos. 8
la fiscalía acumula denuncias de 4.716 víctimas de homicidios atribuidos
a fuerzas de seguridad; sólo una de cada tres tiene procesos abiertos
A pesar de la repulsa a estas prácticas la impunidad sigue siendo flagrante, pues apenas
existen procesos abiertos en uno de cada tres casos denunciados, y menos de 300 han llegado
a la fase final. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) ha calificado como inadecuada la respuesta del gobierno,
pues “muy pocos responsables han sido retirados del servicio o procesados, y varios altos
funcionarios vinculados a estos crímenes contra los derechos humanos aún continúan en
servicio activo y siguen siendo ascendidos”. 9 Incluso varios militares condenados han sido
sorprendidos por la prensa colombiana difrutando de una especie de régimen vacacional. 10
La estrategia defensiva se basa en dilatar los procesos durante años y tratar de desviar
los casos hacia la justicia militar, mucho más condescendiente. Por ello la asistencia
10
judicial resulta clave para hacer avanzar los procesos. Las familias de los desaparecidos
nunca habrían tenido acceso a la justicia sin el apoyo de entidades como el Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(CAJAR) o la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Todas ellas son organizaciones
socias de Oxfam Intermón en Colombia, que brindan asistencia jurídica y psicológica a las
víctimas gracias a la asistencia financiera de la cooperación española y de la Unión Europea.
“Sin la ayuda internacional estaríamos como las familias de las regiones. No habría
habido ni siquiera la primera condena”, asegura una de las madres de Soacha.
Luz Marina: “el acompañamiento internacional es vital, y ha supuesto
para nosotras la coraza y el bastón”
Entre los primeros tres casos en obtener una sentencia está el de Fair Leonardo, que además
ha sido el primero reconocido como crimen de lesa humanidad. Por él, seis militares han sido
condenados a más de 50 años de prisión aunque uno de ellos, el mayor Quijano, ante la
certeza de que iba a ser condenado tuvo todas las facilidades para huir hasta el día de hoy.
Pero la lucha no sólo consiste en derribar este muro de impunidad. Las madres de
Soacha también deben hacer frente al hostigamiento y las amenazas constantes. “Un
día alguien bajó de una moto y me agarró del pelo, me empujó contra la pared y me dijo
que si no me quedaba callada iba a aparecer con la cara llena de moscas como mi hijo”,
relata María. Con John Nilson, el hijo de otra compañera, ya se cumplieron las amenazas. Lo
asesinaron en 2009 cuando investigaba la desaparición de su hermano. Por ello, como dice
Luz Marina, “el acompañamiento internacional es vital, y ha supuesto para nosotras la
coraza y el bastón”.
La gira europea de 2010 para denunciar sus casos, auspiciada por Amnistía Internacional,
supuso el punto de inflexión a partir del cual disminuyeron las amenazas. Otro espaldarazo
importante fue el reconocimiento a la valentía del grupo con el premio “Constructoras de
Paz 2012” otorgado por el Instituto Catalán Internacional de la Paz a propuesta de Oxfam
Intermón. Con motivo de la recepción de este premio, las Madres de Soacha tuvieron ocasión
11
de compartir directamente su experiencia a través de encuentros con el público español y con
responsables políticos. Esto les permitió estrechar lazos de solidaridad y comprobar que
sus historias despertaban aquí un interés mayor al que habían sentido muchas veces
en su propio país. Y es que las Madres de Soacha no se rinden ni descansan desde
aquél día que cambió sus vidas para siempre.
“Cada lágrima que sale por mi mejilla me da más fuerzas para seguir denunciando y
seguir luchando para limpiar el nombre de mi hijo y de todos los muchachos. Yo quisiera que
estos casos no queden en la impunidad. Que se haga justicia y que no se vuelva a repetir”,
comparte doña Lucero. Por eso todos los últimos viernes de cada mes acude junto a sus
compañeras al parque de Soacha exhibiendo la foto de sus hijos desaparecidos. Para
mantener viva la memoria, exigir justicia, denunciar la impunidad y hacer visible lo que
muchos quieren ocultar. Para ello tampoco dudan en recurrir a otras formas de expresión
como el teatro, la canción, la poesía, el grafiti o el rap.11 Sobre todo buscan evitar que otras
madres tengan que pasar por lo mismo.
En palabras de doña María: “Contando lo que sucedió con nuestros hijos podemos salvar
otras vidas. Perdimos a nuestros hijos pero ganamos muchos hijos más”.
Lucero: “Yo quisiera que estos casos no queden en la impunidad.
Que se haga justicia y que no se vuelva a repetir”
María: “Contando lo que sucedió podemos salvar otras vidas.
Perdimos a nuestros hijos pero ganamos muchos hijos más”
3
En el punto de mira
por buscar justicia
Los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) conocen
bien lo que significa defender los derechos humanos en Colombia. Durante sus 35
años de existencia se han ocupado de miles de casos – actualmente llevan unos 300–,
acompañado y protegido a las víctimas y formado nuevos equipos de defensores y defensoras.
Con su labor han salvado un buen número de vidas y evitado que muchas comunidades
tengan que huir de sus territorios. También han contribuido a hacer visible la violencia
política, exigiendo responsabilidades al Estado y señalando ante la Corte Penal Internacional
a algunos de los máximos responsables criminales.
durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, El aparato de inteligencia
estatal espió ilegalmente a políticos, periodistas, magistrados, defensores
de derechos humanos y miembros de la oposición
Pero exigir justicia en Colombia implica un altísimo riesgo, y a veces los propios
defensores y defensoras son incapaces de protegerse a sí mismos. “Ya nos ha tocado
enterrar a varios de nuestros compañeros”, recuerda uno de sus miembros. La idea del
“enemigo interno”, fomentada por la Política de Seguridad Democrática de Uribe, desató
la sospecha generalizada hacia organizaciones defensoras de los derechos humanos,
sindicatos, asociaciones campesinas y periodistas independientes. Acusado por el
Estado de ser el enemigo de una guerra jurídica, el Colectivo de Abogados se convirtió entre
2003 y 2005 en el principal objetivo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el
controvertido aparato de inteligencia estatal – hoy desmantelado – que durante el gobierno
del entonces presidente Álvaro Uribe espió ilegalmente a un buen número de políticos,
periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición.
13
Nro. 2: Defensores de derechos humanos
la Oficina del Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos
Humanos alerta acerca de las
amenazas, hostigamiento y
homicidios contra defensores y
defensoras de derechos humanos,
atribuidos en su mayoría a
grupos criminales surgidos tras
la desmovilización de los grupos
paramilitares
Sometido a una persecución política sin tregua, al CAJAR le habría resultado prácticamente
imposible realizar su trabajo sin el apoyo internacional. “Seguramente no habríamos podido
regresar del exilio. Probablemente a muchos nos habrían asesinado. Muchas organizaciones
ya no existirían”, afirma uno de sus integrantes más veteranos. Pero tampoco podrían seguir
adelante sin la entrega y el compromiso que derrochan. “Desde niño viví la gran injusticia
que sufre este país y tuve la convicción de trabajar por buscar la justicia y la paz, por decir
la verdad. Yo sé que eso tiene unas consecuencias. Hasta ahora no ha pasado nada grave
contra mí o contra mi familia, pero sé que puede suceder y estoy seguro de asumirlo. Si
no tuviéramos una convicción muy profunda de eso, ninguno de nosotros estaríamos
acá. Cuando hay otras personas con la misma convicción te ayuda a seguir adelante”,
reflexiona uno de los miembros más recientes.
La batalla que libran es enormemente desigual, apenas un puñado de personas
frente a todo el aparato del Estado. “No hemos vencido, pero hemos contribuido a salvar
muchas vidas en este país”, afirman. Paradójicamente, a medida que avanzan hacia sus
objetivos y el poder se siente más amenazado, el riesgo aumenta para ellos mismos. Así lo ha
señalado la OACNUDH en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, al alertar acerca de las amenazas, vigilancia, robo de información, violencia sexual
y homicidios contra este colectivo, atribuidos en su mayoría a los grupos criminales surgidos
tras la desmovilización de los paramilitares. 12
El programa no gubernamental Somos Defensores – gracias a la financiación de varias
agencias de cooperación internacional, entre ellas la Unión Europea – mantiene un conteo
detallado de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en
Colombia, incluyendo amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas
y asesinatos. Y lo peor es que se han incrementado de forma alarmante a lo largo de los
últimos cinco años. En 2013 fueron asesinados 78 defensores y defensoras, el mayor
número desde que se lleva el registro. Esto representa más de un defensor o defensora
asesinado cada cinco días, y nueve más que el año anterior. 13
Además de estos riesgos para su vida, hoy los organismos de defensores tienen que
hacer frente a una nueva amenaza: la retirada de la financiación. Siete de cada diez
15
Fuente: Programa no gubernamental Somos Defensores
euros que sostienen el CAJAR los aportan organismos de cooperación internacional, entre
los que se encuentra la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Pero el
desplome en la ayuda oficial al desarrollo – especialmente por parte de otros países donantes,
no de España – hace pender de un hilo la continuidad de muchas de sus acciones. “Vamos
a perder un tercio de nuestro personal, lo que significa tener que reducir la cobertura
a las víctimas. Muchas organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos
humanos están abocadas a desaparecer”, lamenta uno de sus integrantes. Esto limita las
posibilidades de acceso a la justicia para muchas víctimas, algo que le conviene a un gobierno
al que incomoda este tipo de cooperación al desarrollo que “sirve para fortalecer los derechos
de la gente y la democracia, algo que asusta al Estado”, afirman.
En estos últimos años todas las organizaciones involucradas en el Programa de
derechos humanos y lucha contra la impunidad de Oxfam Intermón en Colombia han
16
sufrido en carne propia el tijeretazo de la ayuda. La Comisión Colombiana de Juristas,
por ejemplo, ha pasado de 70 a 25 profesionales en dos años. Esto ha provocado una
enorme sobrecarga de trabajo en un esfuerzo por no reducir sus acciones, pues en el área
de litigio siguen llevando los mismos casos con muchos menos abogados, lo que repercute
directamente en la calidad del servicio y la posibilidad de responder a más víctimas. En el
caso de la corporación AVRE (Apoyo a Víctimas de Violencia Socio Política Pro–Recuperación
Emocional), compuesta por psiquiatras, psicólogos y profesionales de la medicina, el equipo
se ha reducido de 25 a 9 personas. Todo ello pone en riesgo la cobertura y la continuidad
en la atención a las víctimas de la violencia.
Para hacer frente a esta situación las organizaciones de víctimas y defensores están
explorando alternativas, entre ellas trabajar con las instituciones del Estado. Sin embargo
se arriesgan a perder independencia o a tener que aplicar modelos de atención que
no siempre comparten. En otros casos puede conllevar riesgos mayores. El Centro de
Investigación y Educación Popular (CINEP), por ejemplo, desde hace casi tres décadas
investiga y denuncia las más graves violaciones a los derechos humanos en Colombia y la
violencia política ejercida desde el propio Estado. Por ello ha sido objeto de persecución y
amenazas constantes, y por razones de seguridad preserva la identidad de sus investigadores.
Sin embargo, para solicitar fondos públicos se han visto obligados a dar los nombres
de todos los miembros del equipo, con el enorme peligro que supone para ellos y sus
familias.
las organizaciones que de derechos humanos han sido
objeto de persecución y amenazas constantes. los recortes
en la ayuda poneN en riesgo la atención a las víctimas
de la violencia y suponen un peligro para los activistas
y sus familias
17
4
La información
viaja con escolta
Ejercer un periodismo independiente es también una profesión de alto riesgo en un
país que no destaca precisamente por su respeto a la libertad de información. En la
última clasificación elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el puesto 129 de
179 países, justo por detrás de Afganistán y apenas por delante de Angola y Libia, y es el peor
calificado en toda América del Sur. Según esta organización, “el narco-paramilitarismo sigue
siendo el verdadero predador para aquéllos que trabajan al servicio de la información”. 14
En El Informe de 2013 de Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa
el puesto 129 a nivel mundial, justo por detrás de afganistán;
Es el País peor clasificado de América del sur
Contradecir la monolítica versión oficial supone todo un reto cuando apenas existen dos
medios de televisión privados – en manos de las dos familias de empresarios más poderosas
del país, Ardilla Lüle y Santodomingo – y un único diario de tirada nacional propiedad de
Sarmiento Angulo, el multimillonario más rico de Colombia. Por contar verdades incómodas
y mostrar la guerra desde el punto de vista de las víctimas en su programa Contravía, el
periodista Hollman Morris y su familia fueron objeto de escuchas ilegales y amenazas
de muerte que los empujaron dos veces al exilio, primero en España y después en
Estados Unidos.
“Hasta entonces mis hijos no sabían lo que era vivir sin escolta, ir en un carro que no fuese
blindado o jugar en el parque”, recuerda. Aún así, Morris no lo duda: “Cuando te ves frente a
algo que tienes que denunciar y eso te pone en peligro sientes miedo por tu vida. Pero
hay otro miedo que da más miedo. Es el miedo a quedarte callado y fallarle a la gente”.
18
Mientras en 2007 Human Rights Watch le concedía un reconocimiento por su defensa
de los derechos humanos, en 2009 el entonces presidente Uribe lo acusaba públicamente
de ser aliado del terrorismo. “Esa fue mi sentencia de muerte”, recuerda Morris. En esos
años resultó fundamental la solidaridad internacional. “Los apoyos internacionales son
un blindaje, pues el costo político de atentar contra nosotros es más alto. Los reconocimientos
terminan por salvarte la vida”. Y también aportan recursos indispensables.
Sin la cooperación internacional el programa Contravía no habría podido recorrer
el país durante los últimos diez años mostrando la otra Colombia, pues a pesar de sus
altos índices de audiencia no cuenta con ningún anunciante. Por eso cuando Holanda retiró el
apoyo financiero, cediendo a la presión del gobierno colombiano, el programa habría dejado
de emitirse si no hubiera sido por los fondos de cooperación internacional que aportó
la Unión Europea.
Hoy Morris dirige el Canal Capital, la televisión pública de Bogotá rebautizada como “la
cadena humana” por su férrea defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz.
Aún así, la persecución no cesa “aunque empieza a ser por otros métodos”, asegura Morris.
hollman morris: “Los apoyos internacionales son un blindaje,
pues el costo político de atentar contra nosotros es más
alto. Los reconocimientos terminan por salvarte la vida”
19
5
Defender la paz es
subversivo
Cuando se habla de una posibilidad de paz en Colombia todas las cámaras apuntan
hacia La Habana, donde representantes del gobierno y de la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC) buscan un acuerdo que
ponga fin a más de cincuenta años de conflicto armado. Mientras, y muy lejos del foco
mediático, una pequeña comunidad campesina lleva más de dos décadas pagando un
altísimo precio por sus aspiraciones de paz.
Cuando San José de Apartadó se declaró comunidad de paz y rechazó colaborar
con actores armados, ejército y paramilitares respondieron con un baño de sangre
San José de Apartadó es una pequeña localidad del Urabá antioqueño, al noroeste de
Colombia, situada en un corredor estratégico para el trasiego de armas y droga. En marzo de
1997 se declaró comunidad de paz, 15 rechazando toda colaboración directa o indirecta
con cualquiera de los actores armados. Cansados de sufrir un hostigamiento constante
por parte del ejército, sus vecinos se autoafirmaban así como población civil al margen del
conflicto y exigían ser tratados como tales. A los pocos días de hacer esta declaración el
ejército y los paramilitares respondieron con un baño de sangre, asesinando a decenas
de personas y bombardeando el pueblo para imponer el terror. Las familias huyeron
desde los pequeños caseríos hacia el casco urbano de San José, donde unas 2.000 personas
sobrevivieron al asedio durante meses.
Desde entonces no han cesado el acoso y los crímenes indiscriminados, con más de
200 personas asesinadas desde 1996 en una comunidad de 1.600 habitantes. En palabras
del sacerdote jesuita Javier Giraldo, acompañante histórico de la comunidad y uno de los más
emblemáticos luchadores por los derechos humanos en Colombia, “se trata de un caso de
exterminio físico de quienes un día albergaron en su espíritu la adhesión a un sueño comunitario”.
20
Nro. 4: Apartadó - Comunidad de Paz
LÍDER DE LA COMUNIDAD DE PAZ
EN APARTADÓ: “La única forma
de acabar con la guerra
es resistirse pacíficamente y
negarse a cualquier forma de
violencia. no hay otra manera
de que las cosas cambien. podemos
lograrlo con la solidaridad
internacional y el esfuerzo de
la propia comunidad”.
“Estamos hablando de unas doce masacres: dos por la guerrilla y diez por el ejército y los
paramilitares”, relata uno de los líderes. “Uno solo no tiene fuerza para resistir eso. Tiene que
ser un grupo muy decidido, y uno tiene que estar a la altura de ofrecer la vida por la gente.”
De todas las masacres perpetradas, la que conmocionó al mundo entero por su brutalidad
sucedió en 2005. En ella miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia y
del propio ejército colombiano asesinaron y descuartizaron a tres niños y cinco adultos. “Los
militares dieron orden de matar también a los niños porque dijeron que en el futuro se
convertirían en guerrilleros”, recuerda uno de los vecinos. Después la fuerza pública ocupó
el centro urbano y se militarizó toda la zona. Entonces las familias se trasladaron desde San
José a otro lugar donde fundaron la nueva comunidad de San Josecito, en la que viven ahora.
Pero nada ha logrado detener los ataques y el hostigamiento. Ni las medidas
cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni las
medidas provisionales solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ni tampoco las tres sentencias de altos tribunales colombianos a favor de la comunidad.
“El Estado no sólo nos ha dado la espalda, sino que nos acusa de colaborar con la guerrilla y
pretender ser un estadito al margen del Estado colombiano. Pero no sólo se trata de resistir,
sino de ir creando nuestro proyecto de vida”, añaden. Ante la falta de servicios públicos la
propia comunidad ha puesto en marcha un modelo educativo propio y realizado esfuerzos
por mejorar las condiciones de salud en las aldeas cercanas, además de gestionar proyectos
sociales con organizaciones humanitarias. “Construimos todo lo que el mismo Estado va
destruyendo”, dicen, “con la solidaridad internacional y el esfuerzo de la propia comunidad”.
Su alegato a favor de la paz resulta incontestable: “A la guerra no se le puede dar
un milímetro más, ya ha habido suficientes muertes. La única forma es resistirse
pacíficamente y negarse a cualquier forma de violencia. Hay razones suficientes para
continuar resistiendo, porque no hay otra manera de que las cosas cambien. Y podemos
lograrlo porque la sociedad civil somos más que la gente que está armada y piensa que la
guerra es la solución”. Saben que también pueden perder, pero entonces al menos se sabrá.
“Habrá más testigos de lo que aquí ocurra. Sabemos que tal vez no va a haber justicia,
siempre va a haber impunidad, pero para nosotros es suficiente que haya testigos para
dejar a la Historia nuestra historia de la comunidad. No hay otro camino que seguir.”
22
Este camino no habría sido posible sin organizaciones como las Brigadas
Internacionales de Paz, otro socio de Oxfam Intermón en Colombia participante en el
Programa de Derechos Civiles y Políticos, que acompaña físicamente a la comunidad de San
José de Apartadó desde 1999. La permanencia de sus voluntarios actúa como un verdadero
escudo de protección. “Con sus equipos de acompañamiento nos sentimos protegidos.
Sin ellos hace rato que nos habrían exterminado”, afirma uno de los miembros de la
comunidad, “pero con la presencia internacional tiene mucho más costo para el Estado. Es
más difícil disparar si hay un extranjero. Pero el día que se acabe el acompañamiento van a
acabar con nosotros”.
Los voluntarios y voluntarias de las Brigadas actúan como observadores
internacionales, dando a conocer al mundo entero los abusos a los derechos humanos
y las denuncias de las víctimas. Lamentablemente, su trabajo se hace cada día más difícil
ante la escasez de fondos. El desmoronamiento de la ayuda al desarrollo los ha obligado
a reducir a la mitad sus equipos de voluntarios en Colombia, mermando drásticamente
su capacidad de proteger vidas.
Una presencia internacional que además está facilitando el retorno paulatino de las familias
que huyeron desplazadas por la violencia, quienes poco a poco van recuperando las tierras
que les fueron arrebatadas por los grupos armados.
La presencia de observadores internacionales permite dar
a conocer los abusos a los derechos humanos y facilita
el retorno de las familias desplazadas por la violencia.
Lamentablemente, los recortes en la ayuda han mermado
drásticamente su capacidad de proteger vidas
23
6
La tierra despojada
Son más de cuarenta. Muchos han caminado durante horas con su historia de despojo a
las espaldas para llegar a tiempo a la reunión. A unos les robó la tierra la guerrilla, a otros
los paramilitares, el ejército, los ganaderos o los narcotraficantes. Hay quienes llevan más
de diez años desplazados. La mitad han perdido uno o varios familiares en alguna de
las muchas masacres perpetradas por cualquiera de los bandos. Algunos tuvieron que
elegir entre abandonar a toda su familia o morir asesinados. Estas personas llevan años
oyendo hablar de la restitución de tierras, pero nunca han visto que se haga realidad.
Aún así, cuando se les pregunta si esta vez piensan que lo van a lograr, todas dicen que sí
sin dudarlo un momento.
Y es que ahora confían en la fundación Forjando Futuros, que lleva adelante los procesos
judiciales acogiéndose a la reciente Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ley con
medidas sin precedentes para revertir este problema monumental. Para optar a la restitución
la persona primero se debe inscribir en el registro de víctimas y documentar su caso.
Pero medir una propiedad cuesta 500.000 pesos (unos 200 euros), un dinero que muchas
familias no tienen. Por eso Forjando Futuros cubre los costes del proceso, pone a disposición
su equipo de abogados y da seguimiento a los casos. Gracias a la ayuda de Oxfam Intermón
con recursos de la Unión Europea – cada caso representa una inversión de aproximadamente
1.500 euros – la Fundación este año podrá asumir 60 casos más.
La tarea es inmensa. La Comisión Nacional de Memoria Histórica calcula que a causa del
desplazamiento unas 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas a
la fuerza, una superficie casi equivalente a toda Andalucía, y que supera el área destinada
actualmente a la agricultura en todo el país. 16 En los próximos ocho años el gobierno espera
tramitar las solicitudes de restitución de tierras presentadas por cientos de miles de desplazados.
El avance, sin embargo, es muy lento. Desde que entró en vigor la ley en enero de 2012 hasta
24
Nro. 4: La tierra
enero de 2014, de las más de 43.000 solicitudes recibidas apenas se han emitido y publicado
347 sentencias de restitución de tierras, en su inmensa mayoría favorables a los campesinos
reclamantes, y no llegan a 20.000 las hectáreas restituidas judicialmente. “La restitución se
da sólo en el papel, pues muchos no han podido retornar a sus territorios porque tienen
temor”, explica Nora Saldarriaga, de la Fundación Forjando Futuros.
La mayoría de las familias desplazadas fueron obligadas a vender sus tierras a precios irrisorios
o se las robaron a punta de fusil. Hoy, si regresan, muchos de los reclamantes se exponen a ser
asesinados por quienes se las arrebataron. Human Rights Watch ha documentado decenas
de casos de asesinatos, amenazas de muerte y nuevos desplazamientos forzados de
personas que reclamaban la tierra que les pertenece, y alerta sobre la probabilidad
de que el problema se agrave de no adoptarse medidas adicionales. Esta organización
denuncia la situación de impunidad, pues hasta ahora los fiscales no han imputado cargos en
ninguna de las investigaciones sobre amenazas sufridas por reclamantes de tierras y líderes
y hasta agosto de 2013 sólo se habían obtenido condenas en ocho de los 49 asesinatos de
reclamantes de tierras. Tampoco se ha juzgado a los responsables del despojo, pues de las
más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la
Fiscalía, apenas se ha dictado condena en menos del uno por ciento. 17
Aunque la ley comprende medidas de prevención y protección – como teléfonos móviles
y escoltas – para las víctimas, los testigos y los funcionarios públicos que intervienen en los
procesos, éstas no han impedido los numerosos asesinatos a reclamantes de tierras. Según
la organización Forjando Futuros, desde 2008 hasta noviembre de 2013 han sido asesinados
78 líderes campesinos implicados en procesos de restitución de tierras. Y de acuerdo con
los datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 71 líderes de restitución de tierras han sido
asesinados entre 2006 y 2011 y más de 500 reclamantes y líderes de restitución de tierras
recibieron amenazas entre enero de 2012 y septiembre de 2013. Por su parte, la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA)
ha expresado su especial preocupación por el gran número de amenazas y asesinatos
de líderes y reclamantes de tierras y la impunidad de estos crímenes, así como por la
presencia de actores que entorpecen la labor de la Unidad de Restitución de Tierras en los
territorios, incluyendo el uso de minas antipersonales. 18
26
En el momento de escribir estas líneas, en diciembre de 2013, el director de la organización
Forjando Futuros y Premio Nacional de Paz 2012, Gerardo Vega, se ha visto obligado a
abandonar el país al haber recibido amenazas contra su vida y tras el asesinato de uno
de los reclamantes de tierras atendidos por la organización. 19 Esto confirma la situación
extremadamente vulnerable de todas aquellas personas implicadas en el proceso de restitución
de tierras.
Por otro lado, los campesinos que logren recuperar sus tierras tendrán que hacer
importantes inversiones para cultivarlas de nuevo, pues muchas han estado
abandonadas durante años. Con el título pero sin dinero para ello, muchos propietarios las
venderán de manera que “se avecina un despojo más elegante, más legal, el despojo del
mercado. El campesino tendrá que seguir viviendo en las ciudades en las condiciones más
precarias, y no va a poder regresar a sus tierras”, explica el padre Javier Giraldo.
Ante este desafío colosal, ¿podrá el Estado garantizar la efectiva restitución de tierras
a las víctimas del conflicto? Un asunto prioritario en el segundo país con peor reparto
de la tierra de América Latina (sólo después de Paraguay), donde el uno por ciento de los
propietarios acapara más de la mitad de la superficie productiva. 20
Muchas de las familias que regresan a reclamar sus
tierras se exponen a ser asesinadAs por quienes se
las arrebataron. La Misión de la OEA ha expresado su
preocupación por las amenazas y asesinatos de líderes y
reclamantes de tierras y la impunidad de estos crímenes
27
7
Otro barrio es posible
Una experiencia pionera en la Comuna Uno de Medellín combina el arte urbano con
la denuncia política, la formación con el acompañamiento en derechos humanos, y el
desarrollo urbano con la promoción de jóvenes líderes y lideresas comunitarios. Con
más de dos décadas trabajando por el barrio, la corporación de organizaciones Con-Vivamos
– la “Corpo”, como le dicen cariñosamente – es todo un referente. “Sobre todo es una casa
donde llegar a compartir, una familia más”, dice Lucía. “Aquí nadie trabaja solo. Porque lo
que no tiene uno lo tiene el otro. Todos estamos unidos para cubrir nuestras necesidades.
Siempre contamos con los convites comunitarios, las ayudas mutuas y las rifas para ayudar
a los vecinos”.
Jerson toma prestadas las palabras de Calle 13, una de sus bandas de referencia, cuando
dice: “No es que queramos vivir así, es que queremos vivir acá”. Y eso es precisamente lo que
hace posible Con-Vivamos. “Nos ha posibilitado a los niños, niñas y jóvenes concebir otros
imaginarios de lo que debería ser la vida aquí, muy alejados de la violencia y de habitar
la calle alrededor de los estereotipos del crimen y el sicariato que se construyeron en
la ciudad”, explica. Jerson ha crecido y se ha formado en Con-Vivamos, y hoy es toda una
muestra viva de los frutos que da un buen semillero de líderes. “Aquí han crecido sueños
y utopías de vida digna”, afirma calibrando cada palabra sabiendo que son su arma más
poderosa para cambiar el barrio.
El trabajo de la Corpo, sin embargo, no es bien visto por todos. Obviamente no resulta del
agrado de los grupos armados ilegales que tratan de mantener el control del barrio. “No
todo el mundo nos quiere. Porque siempre nos hemos negado a pagar vacunas [extorsiones]
y más bien los denunciamos. Por eso ya nos ha tocado enterrar a compañeros, entre ellos el
fundador de Con-Vivamos Silvio Salazar”, recuerda un líder veterano.
De lo que se trata es de ganarle las calles a las bandas, por todos los medios. Y una
forma de hacerlo es a través del arte. “Vemos las realidades y las denunciamos de una
28
forma burlesca”, explica Mauricio, quien promueve el cambio desde un disfraz de payaso. “Mi
hermano fue el que me crió, pero él estaba metido en el conflicto armado, era de esos que
controlaban el territorio desde el grupo armado. Yo llegué a Con-Vivamos buscando algo que
hacer, empecé con los zancos y de ahí fui pasando a la danza y las acrobacias. Desde esos
zancos la perspectiva cambió y empecé a visualizar otro proyecto de vida para mí.” Una vez
aceptada su orientación sexual, el destino parecía escrito para Mauricio: “Ser homosexual
significaba la prostitución, la fiesta y las drogas de las calles del centro. Y yo me veía ahí”.
Sin embargo, hoy desde sus zancos hace cosas como decirle a la cara al alcalde de Medellín
en un acto público televisado que en la ciudad aún hay muchas familias desconectadas, sin
acceso a electricidad, agua ni saneamiento.
El objetivo con los más jóvenes es evitar que se sumen a los grupos armados. Por
ello Con-Vivamos organiza talleres y actividades de todo tipo para niños y niñas donde
van forjando una visión colectiva de su barrio. Con las mujeres adultas se trabaja desde
una perspectiva de derechos y de cómo lograr mayor autonomía, ofreciéndoles apoyo para
que puedan completar sus estudios. Muchas de estas actividades se sostienen con el apoyo
de la cooperación española, principalmente de la Generalitat Catalana, el Ayuntamiento de
Barcelona y Oxfam Intermón. Por ello les preocupa el impacto de las medidas de austeridad
en nuestro país.
Tal y como explica Luis Mosquera, que se incorporó con 12 años a los grupos juveniles de
Con-Vivamos y hoy es miembro de la junta directiva, entienden la cooperación internacional
“no sólo como una acción asistencialista sino fundamentalmente política, estratégica y
transformadora, de solidaridad entre los pueblos. Los conflictos que afectan a nuestros
territorios aquí también pueden tener una alternativa de transformación en otros lugares del
mundo. Este enfoque de solidaridad entre pueblos debe permitir el hermanamiento y la acción
colectiva en pro de la transformación, que permita demostrar que otro mundo es posible”.
LUIS MOSQUERA, CONVIVAMOS: “La cooperación internacional
es una acción fundamentalmente política, estratégica y
transformadora, de solidaridad entre los pueblos”
29
8
Por qué Colombia
Hace años que Colombia está entre los países con alto nivel de desarrollo humano según
la clasificación de Naciones Unidas 21 y su economía parece estar a salvo de la recesión:
mientras en 2012 nuestro producto interior bruto caía un 1,4 por ciento, el colombiano crecía a
un nada despreciable cuatro por ciento. 22 A las puertas de ingresar a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico – el club de los países ricos – pronto podría pasar de
ser receptor a donante de ayuda internacional. Todos estos méritos parecerían argumentos
suficientes para justificar una retirada de la cooperación internacional con Colombia. Y
sin embargo no lo son en absoluto.
Hace años que Colombia está entre los paises con alto nivel de desarrollo
humano, pero la realidad es muy diferente en los barrios y pueblos al
margen de esta prosperidad
Porque las grandes cifras esconden una realidad muy diferente en los barrios y pueblos al
margen de esta prosperidad. De hecho, Colombia es uno de los países más desiguales
del mundo y la bonanza económica ha servido para que la riqueza se acumule en pocas
manos. No por casualidad la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
señalado la desigualdad como el problema social más urgente que debe afrontar la región.
Las grandes cifras macroeconómicas tampoco cuentan cómo el país sigue atrapado
en un laberinto de violencia que desde múltiples frentes, incluyendo al propio Estado,
golpea con más saña a los más débiles. Una guerra fratricida que dura ya más de medio
siglo y se ha convertido en el conflicto armado más prolongado de América Latina y el único
aún activo en la región.
Las víctimas del conflicto suman ya más de 220.000, en su gran mayoría civiles. 23 Ha
provocado uno de los mayores éxodos internos del mundo con 4,7 millones de personas
desplazadas, un diez por ciento de su población. 24 Cerca de 18.000 personas han sido
30
Nro 5: Democracia secuestrada
A pesar de Las cifras macroeconómicas, el país sigue atrapado
en un conflicto armado que dura
ya más de medio siglo - el más
prolongado de América Latina y
el único activo en la región
dadas por desaparecidas (seis veces más que durante los 17 años de la dictadura chilena)
bajo la responsabilidad directa o indirecta del Estado. 25 Y se ha ensañado especialmente con
las mujeres, pues se calcula que cada diez minutos sufren alguna forma de agresión sexual
en el marco del conflicto. 26
Esta violencia mantiene secuestrada a la democracia colombiana. Prueba de ello es
el caso probablemente más aberrante de persecución a un grupo político en el mundo
occidental. Desde su creación en 1985, la izquierdista Unión Patriótica ha sido sometida
a un plan de aniquilación con el asesinato de dos candidatos presidenciales y miles de sus
militantes y dirigentes. 27 Un crimen recientemente reconocido como genocidio político por
tratarse de una estrategia sistemática y generalizada de exterminio.
Por todo ello, y porque la salida de este laberinto aún se atisba lejana, Colombia sigue
estando entre los tres primeros países receptores de ayuda internacional de América
Latina. 28 La cooperación española lo ha mantenido entre sus países prioritarios, aunque
no ha escapado al tijeretazo en los presupuestos. 29 El mayor recorte se produjo entre 2009
y 2010, cuando los fondos se redujeron a menos de la mitad. El desplome acumulado en
la ayuda española a Colombia es de un 70 por ciento entre 2009 y 2012. Puede parecer
un ajuste desproporcionado, y sin duda lo es, pero no es diferente del que ha sufrido toda la
ayuda oficial al desarrollo en su conjunto en ese mismo período.
La reducción no ha sido tan drástica en la cooperación a través de organizaciones
de la sociedad civil, sino que principalmente se han reducido los fondos aportados a
organismos internacionales (lo que se conoce como la ayuda multilateral). Mientras que
otros países han retirado paulatinamente su apoyo a las organizaciones no gubernamentales
colombianas, España lo ha mantenido a pesar del recorte generalizado. De hecho, si
solamente se tiene en cuenta la ayuda a través de organizaciones de la sociedad
civil, España ocupó la primera posición como donante en 2010, incluso por delante
de Estados Unidos, y la segunda en 2011, a una distancia mucho menos significativa (33
millones de dólares desembolsados por España frente a 45 millones de Estados Unidos).
32
* Se refiere al sector público, universidades, organismos
internacionales y asociaciones público-privadas.
En 2012 prácticamente toda la cooperación española en Colombia se canalizó a través
de organizaciones de la sociedad civil, principalmente para desarrollar acciones en
defensa de los derechos humanos y contribuir a la superación del conflicto interno.
Éste es el ámbito en el que España ha centrado sus principales esfuerzos. La construcción
de la paz no es sólo el objetivo general del Marco de Asociación de País – el documento que
orienta toda la ayuda – sino que también es un sector en sí mismo y un enfoque transversal
que debe permear todo el resto de sectores. 30
Los responsables de gestionar la cooperación española en Colombia no ocultan su
preocupación ante la creciente falta de recursos. De acuerdo con Miguel González Gullón,
coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en
Colombia, “el número de convenios con organizaciones no gubernamentales se va a tener
que reducir desde los diez actualmente en marcha hasta apenas dos o tres”.
Las cifras están muy lejos de expresar el valor de esta cooperación y las graves
consecuencias de estos recortes. La ayuda al desarrollo en Colombia ha demostrado
su poder transformador, su capacidad de cambiar vidas que a su vez cambian otras
vidas. Personas amenazadas de muerte por defender la verdad y que hoy se encuentran
33
menos desprotegidas. Familiares de desaparecidos que ahora están más cerca de obtener
justicia para ellos mismos y para otras familias. Mujeres agredidas que ya no se sienten tan
solas y han perdido el miedo a denunciar. Comunidades enteras asediadas por la violencia
que siguen defendiendo un sueño de paz. Familias campesinas que hoy se atreven a volver
a las tierras que les despojaron. Hay jóvenes que quieren un barrio diferente donde vivir sin
violencia. Y personas que alzan la voz contra el muro de silencio e indiferencia que hace tanto
daño como las balas.
Este informe trata sobre algunas de estas vidas en los barrios y pueblos de la otra Colombia.
Vidas que han dado un giro gracias al acompañamiento, entre otros, del Programa de
Derechos Civiles y Políticos de Oxfam Intermón en Colombia. Un programa financiado con
recursos de la cooperación española y la Unión Europea – es decir, de todos nosotros –
que desde hace doce años se enfrenta a la impunidad institucionalizada para defender
los derechos de las víctimas de crímenes de Estado. A través de sus organizaciones
sociales hace llegar la asistencia jurídica y psicológica y la protección que necesitan
las víctimas y sus familiares, los líderes y lideresas comunitarios y los colectivos de
defensores de los derechos humanos para poder seguir el camino hacia adelante,
hacia la salida del laberinto.
La ayuda al desarRollo en Colombia ha demostrado
su poder transformador, gracias a Proyectos como el
programa de Derechos humanos de Oxfam Intermón, que
se financia con recursos de todos nosotros
34
9
El camino de salida
Desde dentro, Colombia dista mucho de la imagen de país democrático que se
esfuerzan en proyectar sus gobernantes. En palabras del congresista Iván Cepeda, uno
de los defensores de derechos humanos más reconocido dentro y fuera del país, “cuando
hay violencia, cuando hay métodos para ocultar la verdad, no puede haber derechos
democráticos; sólo puede haber apariencia de esos derechos.” Y sabe muy bien de lo
que habla, pues él mismo está en el punto de mira por su férrea defensa de estos derechos
desde la oposición política.
iván cepeda: “cuando hay violencia, cuando hay métodos para ocultar la verdad,
no puede haber derechos democráticos; sólo puede haber apariencia de esos derechos”
Paradójicamente Colombia es uno de los pocos países de América Latina que escapó a los
regímenes dictatoriales que asolaron la región en las décadas de 1960 y 1970. Y sin embargo,
sus niveles de violencia política superan con creces los de muchos países de su entorno.
Una violencia que procede de múltiples frentes, en una compleja maraña de poderes
fácticos que a menudo se entrelazan con el propio Estado. Según el sacerdote jesuita
Javier Giraldo, otro referente en derechos humanos y una de las personas más amenazadas
en el país por atreverse a denunciar, existen cuatro grandes murallas que mantienen cercada
la democracia colombiana: la muralla mediática, la muralla económica, la muralla política y la
muralla paramilitar.
Para derribar estas murallas es imprescindible una sociedad civil fortalecida. Por eso
la cooperación internacional resulta fundamental, especialmente el acompañamiento a
los colectivos de víctimas, familiares y defensores de los derechos humanos. Porque
aunque el Estado colombiano disponga de recursos financieros – de hecho, toda la cooperación
35
internacional representa menos del uno por ciento del presupuesto público nacional – es su
democracia la que necesita el apoyo internacional.
El coordinador de la cooperación española en Colombia resume así el impacto humano,
público y político de algunas iniciativas sostenidas en el país. “Los programas de derechos
humanos y construcción de la paz en Colombia han permitido salvar vidas gracias al
acompañamiento de organizaciones como las Brigadas de Paz, han logrado poner en la
agenda casos como el de las Madres de Soacha y han contribuido a incorporar en la agenda
política nacional todo el tema de derechos humanos. La labor de investigación y divulgación
realizada sobre la violencia contra la mujer ha ayudado a comprender la dimensión
del problema y a proponer una legislación que hoy la tipifica como un delito de lesa
humanidad”.
A pesar de estos logros, paradójicamente quienes trabajan en defensa de los derechos
humanos están hoy en mayor riesgo que nunca. En los últimos años, mientras el gobierno
colombiano se felicitaba por haber reducido los índices de inseguridad ciudadana, no
han dejado de aumentar el hostigamiento y los asesinatos – a menudo por parte del
propio ejército y la policía – contra defensoras y defensores, periodistas independientes,
comunicadores sociales, sindicalistas y líderes campesinos e indígenas. Por ello, como
advierte el congresista Iván Cepeda, no hay duda en que ahora “es el peor momento para
retirar la cooperación internacional de Colombia”.
La crisis de la ayuda ha afectado a todas las organizaciones sociales, a las que no queda
otra opción que reducir sus equipos. Esto repercute directamente sobre su capacidad
de atender a las víctimas y amenaza la continuidad de los procesos impulsados en los
últimos años. En palabras de Oscar Solera, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, “la protección que dan las organizaciones de la sociedad
civil es vital, y sin este tejido las víctimas van a quedar solas. Si desaparecen, aumentará
gravemente el riesgo de desprotección”.
Pase lo que pase con el proceso de paz en marcha, los retos que se avecinan son de tal
calibre que el país va a necesitar de todos los apoyos. En caso de alcanzarse un acuerdo, la
desmovilización de los combatientes, la reparación a las víctimas, la restitución de tierras y
36
el retorno de los millones de familias desplazadas son algunas de las tareas más inmediatas.
Y si las negociaciones fracasan, probablemente el conflicto se agrave en una sociedad aún
más polarizada.
El resto del mundo no puede asistir como un espectador indiferente. En un país
donde el aparato del Estado a menudo forma parte, colabora o encubre a los actores
criminales, la acción internacional puede ayudar a catalizar el cambio desde la política,
la diplomacia, el intercambio comercial y a través de los tribunales internacionales. Y España
no puede ni debe eludir su responsabilidad como país todavía influyente en América Latina.
La ciudadanía también debe alzarse a favor de la política de cooperación y Colombia
es un caso que nos urge a ello, porque en la paz de Colombia todos nos jugamos mucho.
Hay muchas formas de sumarse: compartiendo información sobre la realidad colombiana,
tejiendo redes de solidaridad frente a los abusos del poder, y con aportes financieros a las
organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
Porque mientras pasan los días hablando de paz en La Habana, en los barrios y pueblos de
la Colombia más olvidada las personas siguen viviendo bajo la amenaza de ser asesinadas,
desaparecidas, torturadas o desplazadas. La salida del laberinto de muerte y violencia
en que se ha convertido el conflicto interno se construye día a día con el esfuerzo de
los propios colombianos y colombianas. Pero el camino será mucho más incierto y
tortuoso sin el apoyo de países que nos decimos hermanos. Hacer aún más fuertes los
lazos de solidaridad es hoy más importante que nunca para garantizar una transición hacia
una paz que sea duradera y estable y que no se construya sobre cimientos de impunidad.
La salida del laberinto requiere de la solidaridad, para
garantizar una transición hacia una paz duradera y
estable con justicia y sin impunidad. La ciudadanía debe
movilizarse para asegurar que España cumple con su
responsabilidad de cooperación con el pueblo de Colombia
37
Notas
1. Para más información, consultar el Informe preliminar de la Comisión Internacional de Esclarecimiento sobre
graves violaciones a los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín, entre los años 2002 y 2003.
2. Este año Medellín fue premiada como ciudad del año por su innovación, según el reconocimiento del diario The
Wall Street Journal y Citigroup. Ver “Medellín, la ciudad más innovadora del mundo”, Semana; 1 de marzo de 2013.
3. Declaración del profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias,
Informe de Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009.
4. Colombia. Política de Defensa y Seguridad Democrática. Ver la Carta del Presidente de la República, Álvaro Uribe
Vélez. Disponible en: http://www.resdal.org/Archivo/col-03-presi.htm
5. Ver ‘Así fueron los esfuerzos de Juan Manuel Santos por acabar con los falsos positivos’, La silla vacía, 22 de
mayo de 2010.
6. La directiva secreta del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, número 29 del 17 de noviembre de 2005, establecía las recompensas por la captura o abatimiento en combate de los supuestos cabecillas de organizaciones
armadas al margen de la ley, así como por la incautación de material de guerra, intendencia y comunicaciones o el
suministro de información. Es posible consultar esta directiva en: http://lasillavacia.com/historia/2357
7. Ver Declaración completa del relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, al término de su
misión en Colombia del 8 al 18 de junio de 2009.
8. Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Adición: Informe de la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 7 de enero
de 2013.
9. Ibid.
10. Ver, por ejemplo, “Tolemaida Resort”, revista Semana, 7 de abril de 2011.
11. Como una muestra de las distintas formas de expresión, ver el vídeo con la canción Lágrimas compuesta e
interpretada por la hermana de Fair Leonardo, uno de los jóvenes desaparecidos en Soacha. Disponible en: http://
www.youtube.com/watch?v=oTKLl16-cy8
12. Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Adición: Informe de
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 7 de
enero de 2013.
13. Las cifras completas del Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos
humanos en Colombia (SIADDHH) del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos, Somos Defensores se pueden consultar en su sitio web: http://www.somosdefensores.org
14. Reporteros Sin Fronteras: “Clasificación mundial 2013: tras las primaveras, las esperanzas defraudadas”. Disponible en: http://es.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
38
15. Una comunidad de paz es “aquélla que hace parte de la población civil campesina no combatiente y que a
pesar del desarrollo de las hostilidades se protege sin distinción alguna de la confrontación”. Extraído de Javier
Giraldo: Fusil o toga. Toga y fusil. El Estado contra la comunidad de paz de San José de Apartadó. Bogotá, 2010.
Disponible en: http://www.javiergiraldo.org/IMG/libros/toga_y_fusil.pdf.
16. Informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Grupo de Memoria Histórica. Disponible en:
http://prezi.com/j0slmqs6royb/desplazamientos-y-despojo-informe-basta-ya-de-memoria-historica/.
17. Ver Human Rights Watch: “El riesgo de volver a casa: Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman
restitución de sus tierras en Colombia”. EEUU, 2013. Disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/colombia0913spwebwcover.pdf
18. “Décimo octavo informe semestral del Secretario General al Consejo permanente sobre la Misión de Apoyo de
la Organización de los Estados Americanos al proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA)”. 4 de noviembre de 2013.
19. Ver el comunicado de prensa “ONU Derechos Humanos expresa preocupación por homicidio y amenazas de
muerte en contra de líderes y lideresas de restitución de tierras y defensores de derechos humanos”. Bogotá D.C.,
13 de diciembre 2013.
20. Para 2009, el 52,2% de la tierra estaban concentradas en grandes propiedades, correspondientes al 0,9% de
los predios y el 1,1% de los propietarios. Ver Acción Social (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional) y Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada: Unidades
agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia. Colombia, 2010.
21. El Informe Mundial de Desarrollo Humano 2013, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sitúa a Colombia entre los países con nivel alto de desarrollo humano, en la posición 91 de 186
países.
22. Según datos de la base de datos de indicadores de desarrollo del Banco Mundial. Diaponible en: http://data.
worldbank.org.
23. La guerra ha dejado al menos 220.000 personas asesinadas, 177.307 entre la población civil, y unas 40.787 que
corresponden a las partes combatientes. De los 16.340 asesinatos selectivos registrados por el Centro Nacional
de Memoria Histórica entre 1981 y 2012, los paramilitares fueron responsables del 38,4%, a los grupos armados no
identificados se le atribuyó el 27,7%, a las guerrillas el 16,8%, a la fuerza pública el 10,1%, a desconocidos el 6,5%
y a la alianza entre la ultraderecha armada y a los cuerpos de seguridad del Estado el 0,4%. Son los datos recabados por el Centro Nacional de Memoria Histórica y hechos públicos en su informe ¡Basta ya! Colombia: memorias
de guerra y dignidad, presentado el 24 de julio de 2013, y resultado de seis años de investigación. Este informe
ha sido financiado, entre otros, por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, la AECID y la Unión Europea.
24. Con corte a 30 de abril de 2013, en el Registro Único de Víctimas se encuentran registradas 5.432.156 víctimas
del conflicto armado interno. De este total, 4.790.317 personas sufrieron desplazamiento forzado. Fuente: Unidad
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV).
25. En septiembre de 2012, en el Registro Nacional de Desaparecidos de Colombia se contabilizaban 75.345 personas como desaparecidas o en paradero desconocido, 18.527 de las cuales se ajustan a la definición de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que en su
Artículo 2 define la “desaparición forzada” como: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de
privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con
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la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Datos para Colombia extraídos del “Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, enero de 2013.
Y datos para Chile extraídos del “Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” (Informe Rettig) y del
“Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura” (Comisión Valech). Estos informes sobre la dictadura chilena han sido
cuestionados por no haber admitido una buena cantidad de las denuncias recibidas.
26. Entre 2001 y 2009, cerca de 500.000 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual, según la encuesta
realizada por Oxfam Intermón para la Campaña Violaciones y otras violencias Saquen Mi Cuerpo de la Guerra (2010)
“Primera encuesta de prevalencia: Violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado
colombiano. 2001-2009”. Esto equivale a un promedio de una mujer agredida cada diez minutos.
27. La Unión Patriótica surgió en 1985 tras los acuerdos de paz durante el gobierno de Belisario Betancur, e integraba a exguerrilleros desmovilizados de las FARC y activistas de izquierdas. Dos candidatos presidenciales, 9
congresistas, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus militantes fueron asesinados, desaparecidas y torturados
desde finales de la década de 1980 hasta el presente por parte de grupos paramilitares de extrema derecha en
coordinación con la policía y el ejército colombiano. En su informe de marzo de 1998, la ACNUDH señalaba la cifra
de 1.500 militantes asesinados, mientras que las organizaciones de derechos humanos los calculan en aproximadamente 3.000. Ver la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá del 31 de octubre de 2012.
28. En 2008, 2009 y 2010 Colombia fue el segundo país receptor de AOD internacional (con 1.007, 978 y 927 millones de dólares respectivamente). En 2011 ocupó el tercer lugar, después de Haití y México, con 1.014 millones de
dólares. Fuente: Base de datos sobre ayuda oficial al desarrollo de la OCDE, Creditor Reporting System.
29. Al explicar los criterios utilizados en la selección de países de asociación, el Plan Director de la Cooperación
Española 2013-2016 dice textualmente: “La existencia de una situación de conflicto en un país con el cual
la Cooperación Española ha estado comprometida durante mucho tiempo puede justificar el mantenimiento de
un programa país (i.e., Colombia)”.
30. Ver AECID en Colombia. Marco de Asociación País 2011-2014 de la Cooperación Española en Colombia. Bogotá:
AECID Colombia, octubre de 2010.
31. “Human Rights Watch, preocupada por investigación de Procuraduría contra Iván Cepeda” en El Espectador, 12
de diciembre de 2013.
32. Según las estadísticas de la OCDE, en 2011 (último año con datos disponibles) la ayuda al desarrollo total ascendió a 1.014 millones de dólares, respecto a un presupuesto estatal general de 143.000 millones de dólares. Es
decir, un 0,7%.
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SI ME IMPORTA
Las medidas de austeridad que se han aplicado en España para gestionar la crisis
han supuesto amplios recortes en políticas públicas como la sanidad, la educación, las
políticas sociales o la cooperación al desarrollo, destinadas a reducir la pobreza y desigualdad.
La política de cooperación ha sido la política pública más castigada de todas, con un
recorte acumulado del 70% desde el inicio de la crisis. Se trata de una política de escaso
peso en el presupuesto general del estado, por lo que ese brutal recorte apenas incide
en la reducción de déficit, pero sí tiene un efecto inmediato en la vida de millones de
personas que hasta ahora recibían ayuda para acompañar sus procesos de cambio.
Con la campaña “Sí Me Importa”, Oxfam Intermón desea generar y visibilizar un
movimiento ciudadano que demuestre que a la sociedad española sí le importa la política
pública de Cooperación al Desarrollo, actúa para defenderla y por ello sí puede tener un
coste político desmantelarla. Para ello es fundamental mostrar el impacto y la importancia
que tiene en la lucha contra la pobreza, destacando que la ayuda al desarrollo funciona:
cambia y salva vidas.
La campaña apuesta por llegar a nuevos públicos a través de lenguajes como el
cómic, el arte contemporáneo, el teatro o el cine, con el fin de agitar a la ciudadanía para
que se movilice en favor de la política pública de cooperación al desarrollo. Este relato sobre
las consecuencias que puede tener en Colombia el recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo
forma parte de la campaña. A través de la investigación sobre el terreno llevada a cabo por
Arantxa Guereño, y de las imágenes que lo acompañan, obra de la ilustradora Sonia Pulido,
podemos acercarnos al rostro humano de la ayuda en Colombia.
Para conocer más sobre la Campaña Sí Me Importa, visita: www.simeimporta.org
© Oxfam Intermón agosto 2014
Este documento ha sido elaborado por Arantxa Guereña, las ilustraciones han sido creadas por Sonia Pulido
y la maquetación de la publicación ha corrido a cargo de Enrique González. Forma parte de una serie de
relatos dirigidos a divulgar y defender el impacto positivo de la cooperación internacional y compartir la
necesidad de su continuidad.
Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor póngase en contacto con
[email protected]
Esta publicación está sujeta a copyright pero el texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política
y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la
fuente de forma completa. El titular del copyright solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado
con el objeto de evaluar su impacto. La reproducción del texto en otras circunstancias, o su uso en otras
publicacion es, así como en traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso
y puede requerir el pago de una tasa. Debe ponerse en contacto con [email protected]
La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta.
OXFAM
Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan juntas en más de 90 países,
como parte de un movimiento global a favor del cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que
supone la pobreza:
Oxfam Alemania (www.oxfam.de)
Oxfam América (www.oxfamamerica.org)
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)
Oxfam-en-Bélgica (www.oxfamsol.be)
Oxfam Canadá (www.oxfam.ca)
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org)
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Oxfam India (www.oxfamindia.org)
Oxfam Intermón (www.oxfamintermón.org)
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)
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Oxfam Japón (www.oxfam.jp)
Oxfam México (www.oxfammexico.org)
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Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)
Para más información, escribir a cualquiera de las agencias o ir a www.oxfam.org.
Email: [email protected]
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Sonia Pulido, autora de las ilustraciones del informe La Salida del Laberinto, viajó con Oxfam Intermón a
Colombia en septiembre de 2013 donde visitó proyectos de fortalecimiento de derechos humanos.
Fruto de ese viaje ha creado la historia gráfica La Madeja, como parte del proyecto Viñetas de Vida, uno de
los componentes de la Campaña Sí Me Importa. Su obra y la del resto de autores y autoras participantes
puede leerse descargando la App gratuita Comic On Tour, o desde la web del proyecto.
La Madeja, de Sonia Pulido
www.oxfamintermon.org
www.simeimporta.org