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México, D.F., 8 de octubre de 2015.
Versión estenográfica del Panel 12. “Transparencia Electoral y
Partidos Políticos”, dentro del marco de la Semana Nacional de
Transparencia, efectuado en la Antigua Sede del Senado de la
República.
Presentador: Damas y caballeros, gracias por continuar con nosotros
en la Semana Nacional de Transparencia 2015.
El día de hoy el tema en Mesa es “Transparencia electoral y Partidos
Políticos.
Nos acompañan en el panel Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del
Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, contamos con la presencia de Ricardo Anaya Cortés,
Presidente del Partido Acción Nacional.
Damos la bienvenida a Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Secretario
Técnico del Consejo Político Nacional del PRI.
Contamos con la presencia de Carlos Navarrete Ruiz, Presidente del
Partido de la Revolución Democrática.
Damos la bienvenida a Luis Castro Obregón, Presidente del Partido
Nueva Alianza.
Gracias por acompañarnos Constancio Carrasco Daza, Presidente del
Tribunal del Poder Judicial de la Federación.
Contamos con la presencia de María Macarita Elizondo Gasperín, ex
Consejera del Instituto Federal Electoral, IFE.
Cedemos el micrófono al Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña
Llamas.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias,
de verdad.
Entre los formidables muros de este recinto histórico, en el que la
palabra y la expresión tiene por nombre la Defensa de Belisario
Domínguez y su Memoria, qué mejor cita y qué mejor lugar, la
generosidad del Senado de la República, que ha auspiciado desde un
primer momento todos los efectos parlamentarios para darle forma y
cauce a las Reformas que han dado pie a este nuevo momento de la
Transparencia en México y desde luego, en su capítulo de la
Transparencia Electoral.
Esta es una mesa en la que se encuentra representado el estamento
electoral: Se encuentran representado el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación por su Presidente, se encuentra representado
el Instituto Nacional Electoral -el INE- por su Presidente y se encuentran
también los Presidentes de los Partidos Acción Nacional, del Partido de
la Revolución Democrática, del Partido Nueva Alianza.
Asimismo, los Representantes del Presidente del Partido
Revolucionario Institucional y esperamos al representante del Partido
de Movimiento de Regeneración Nacional.
También nos acompaña Macarita Elizondo, quien nos acompaña como
experta, ex Consejera del INE, ex Consejera del Tribunal Electoral.
Yo quiero agradecer con mucho aprecio a mi Presidenta del Instituto
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a Ximena Puente
de la Mora, así como a mis demás compañeros, la Comisionada Patricia
Kurczyn, a Óscar Guerra Ford, Areli Cano, Joel Salas Suárez y Eugenio
Monterrey, quienes en el reparto de esta Semana en las mesas, me
hayan generado la oportunidad de ser yo quien lleve esta mesa, una
mesa que, desde luego, genera mucha expectación porque es muy
grande el reto y es muy grande la importancia que tiene en el país la
nueva dimensión con la que el Constituyente revisor prefiguró una
nueva etapa de la transparencia en México, en la que el estamento
electoral en su conjunto estará acompañado, asistido, servido por el
INAI para los efectos de cumplir ante la sociedad el bien jurídico de los
derechos fundamentales del derecho a saber, la transparencia como
política pública inevitable y del derecho a la protección de datos
personales.
Por esa razón he pedido a todos que nos disculpen de hacer referencias
a las currículas que todos ellos son personalidades tan reconocidas, tan
conocidas y para que esos minutos en lugar de ser invertidos en sus
nombres, que los nombres por sí mismos están ahí y en sus hazañas y
en sus grandes trabajos y trayectorias, se dediquen a la oportunidad de
la palabra que en mucho enriquecerá esta mesa.
Así es que pedimos en la consolidación de esta mesa el inicio de la
palabra de Luis Castro Obregón, como Presidente del Partido Nueva
Alianza.
Luis Castro Obregón: Agradezco la atenta invitación para participar en
esta importante Semana Nacional de Transparencia.
Mi agradecimiento y reconocimiento para las autoridades del Instituto
Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales por esta iniciativa.
Saludo respetuosamente a los compañeros panelistas, invitados y a
todas y a todos ustedes que aquí se encuentran con activo interés en la
materia que nos convoca.
Felicito pues a los organizadores por la definición exhaustiva en la
sección de los 15 paneles de la semana y por la calidad de los ponentes
que han participado en días anteriores.
En su ya clásica obra “Los Partidos Políticos”, Maurice Duverger
apuntaba: “La vida de los partidos políticos se rodea voluntariamente de
misterio, no se obtiene fácilmente de ellos datos precisos, incluso
elementales. Se está aquí en un sistema jurídico primitivo, donde las
leyes y los ritos son secretos”.
Estemos o no de acuerdo con esta afirmación parcial o totalmente, es
evidente conocido lo difícil que había resultado en México hacer efectiva
la transparencia en lo que a partidos políticos se refiere.
Pero hay que decirlo citando la famosa frase de Víctor Hugo: “No hay
nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”.
A la transparencia le ha llegado su tiempo mexicano y no hay marcha
atrás.
El tema del derecho a la información, la transparencia y el combate a la
corrupción están de tal forma vinculados y son de tal importancia que
dos instrumentos internacionales prevén obligaciones a los Estados
para garantizarlos.
La Convención Americana de Derechos Humanos desde 69 y la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de 2003.
En México el primer acercamiento a la transparencia y al acceso a la
información ocurrió en 77, cuando el legislador incluyó en el 6°
Constitucional que el derecho a la información será garantizado por el
Estado.
La paradoja y les cuento esto, es que este derecho en sus origines surge
como una demanda de los partidos políticos de oposición, y en ese
sentido fue interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como una garantía electoral, por la que se obligaba al Estado a dar
acceso a los partidos a los medios masivos de comunicación para
exponer ordinariamente sus programas e idearios, dejando en claro que
no se debía entender que el ciudadano pudiera exigir en cualquier
momento acceso a la información a los órganos del Estado.
Esto se ha transformado con los años, al grado que en 2002 se expide
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, mismo que ya nos incluye a los partidos como sujetos
obligados indirectos a rendir cuentas vía, entonces, el Instituto Federal
Electoral.
Como instancia revisora el Tribunal Electoral potencializó este derecho,
ya que ha emitido jurisprudencia al respecto desde entonces. Ha
ordenado la entrega de información de los partidos, como es la relativa
a nuestros órganos directivos, procedimientos de integración o
renovación, destacando que todo ciudadano mexicano, como parte
fundamental de su derecho de asociación política, en particular de
afiliación político-electoral tiene derecho a conocer la información
contenida en los registros públicos de los partidos, puesto que esto
constituye, sin duda, prerrequisito para ejercer de manera efectiva la
libertad de asociación política.
En particular de afiliación político-electoral, con el objeto de que pueda
decidir libremente afiliarse o no, conservar o ratificar afiliación o incluso
desafiliarse, acciones que presuponen en todos los casos, necesario
contar con información que permita tomar mejor esa decisión.
El perfeccionamiento del conjunto de derechos y obligaciones en la
materia, se ha acelerado en los tres quinquenios que van del siglo. Los
partidos políticos debemos cumplir con 20 obligaciones de
transparencia establecidas en la Ley General de Partidos Políticos y en
el Reglamento de Transparencia del ahora INE.
La Ley General de Transparencia impuso 30 obligaciones específicas
para los partidos políticos, además de las 48 obligaciones comunes para
todos los sujetos obligados, es decir 78 compromisos legalmente
contraídos que buscan no dejar nada a la discrecionalidad.
El número de obligaciones, si bien son un indicador no nos hace más
transparentes por decreto. ¿Acaso estas 78 obligaciones son realmente
suficientes para que la sociedad confíe en nosotros?
En Nueva Alianza sabemos que las democracias constitucionales
modernas no sólo deben garantizar reglas claras, equitativas,
imparciales y confiables para la competencia electoral y el acceso al
poder público. Deben asegurar además la transparencia en el ejercicio
público, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión
institucional, el desempeño de los servidores públicos y el trabajo de los
representantes populares.
Los partidos políticos somos instituciones insustituibles en toda
democracia. Cumplimos un rol clave en la promoción de la participación
ciudadana en la vida democrática; contribuimos a la integración de la
representación nacional y en nuestro carácter de organizaciones de
ciudadanos de ciudadanos, hacemos posible el acceso de estos a los
diferentes espacios del poder político.
Por ello es vital que los partidos logremos fortalecer y restaurar la
confianza y los vínculos con los ciudadanos.
La estabilidad de la democracia, y la gobernabilidad del sistema político,
se edifican sobre la solidez de la relación entre representantes y
representados.
Los partidos estamos llamados a reconstruir nuestros lazos con los
ciudadanos. Esto nos obliga a una revisión de nuestro perfil a fortalecer
nuestra plataforma política, a renovar nuestras estrategias, todo ello con
el propósito de reconstruir los consensos sobre los que se edifican las
instituciones políticas.
Aquí radica el valor y trascendencia de la transparencia, los partidos
podemos contribuir a esta reconstrucción de vínculos de confianza, y
nuestra credibilidad ante la sociedad mediante una apertura informativa
real que transparente el ejercicio de la política que realizamos y con ello
alentemos la participación política.
Tenemos que atrevernos a dar pasos serios, y no esperar a hacerlo sólo
como respuesta del reclamo de la sociedad o de la obligación del
Comisionado Acuña que nos hace a todos.
El reto radica en restaurar o reconstruir los puentes de la representación
política y los acuerdos éticos fundamentales que hacen de la cultura
política democrática plural y participativa.
En la medida que logremos reconstruir ese clima social, la transparencia
podrá constituirse en nuestro principal activo.
En el valor que nos permita diferenciarnos, incluso de otros partidos en
una ventaja competitiva de las viejas prácticas, de los viejos partidos, y
en un nuevo estilo de hacer política.
Desarrollar las acciones de los partidos en un marco de transparencia
implica trabajar en dos ejes fundamentales. La apertura de la
información y la integridad de la gestión partidista.
La apertura debe ser nuestra respuesta al derecho de la sociedad y de
nuestros militantes de acceder a información objetiva, oportuna,
relevante sobre la actividad partidista a partir de nuestro carácter como
actor central en la relación de representación del interés social.
La integridad de la gestión, debe operar como un mecanismo de
prevención de corrupción, y para el diseño de estándares éticos. No
podemos eludir estas dos responsabilidades.
Entendida así la transparencia, es la base sobre la cual se puede
reconstruir, la confianza de la ciudadanía respecto a la política, así como
la confianza misma entre los militantes de los partidos.
Los valores de la transparencia son parte constitutiva de una nueva
cultura democrática y potencian cuatro capacidades claves para la
sociedad.
La capacidad de desarrollo, sin desarrollo, merma los esfuerzos de la
lucha contra la pobreza y la desigualdad y no puede haber desarrollo
sin la existencia de una transparencia reflejada en la certidumbre del
marco jurídico y en la confianza institucional en la aplicación a las leyes.
Transparencia es combate a la cultura arraigada o inercial de la
corrupción.
La capacidad de la confianza y la fortaleza de las instituciones no puede
haberla sin la existencia de valores y prácticas asociadas a la
transparencia como la integridad, el respeto, la responsabilidad, la
información libre y la rendición de cuentas.
Asimismo, la capacidad de la participación ciudadana, donde la
transparencia es determinante para incrementar la confianza social en
los procesos públicos y en la acción gubernamental, condiciones para
incrementar la participación social que impulsa las capacidades de un
país para sus objetivos estratégicos, desarrollo económico, bienestar,
convivencia social armónica, democracia, libertades políticas plenas y
la capacidad de cambio.
La demanda de un cambio no se reduce a tener nuevas autoridades
sino nuevas formas de ejercer el mandato que los ciudadanos otorgaron
a sus representantes y a su gobierno.
La solidez de estas nuevas formas encuentra sustento en el arraigo de
valores típicos del cambio, que contrastan con los del viejo orden
político o de un pasado donde la transparencia fue un valor inexistente.
Transparencia y anticorrupción son condiciones para consolidar un
régimen de democracia, de gobernabilidad democrática, de derechos y
libertades, de honestidad y buen gobierno, de crecimiento económico y
justicia a los que aspiramos mexicanas y mexicanos.
Transparencia y anticorrupción son, como nunca antes, demandas
urgentes de la sociedad, son condición para lograr una Administración
Pública responsable y eficiente y representan una de las mejores vías
para esta reconstrucción de la relación de confianza, corresponsabilidad
y participación entre ciudadanía, sociedad y gobierno.
Transparencia y anticorrupción en el ámbito privado de la sociedad en
las relaciones de mercado e incluso en la esfera de la vida privada, son
condición para la convivencia social armónica, el funcionamiento del
mercado y el crecimiento de la economía, la vigencia del Estado de
Derecho y la primacía de las leyes.
En Nueva Alianza adecuamos nuestros estatutos a fin de que exista
armonía con la ley vigente, aun antes del plazo establecido y de esta
licencia de un año que nos han dado.
Lo seguiremos haciendo conforme avance la reglamentación, además
de trabajar en un nuevo diseño estructural para adaptar la gestión
interna.
Ahora nos comprometemos a exigir, a través de nuestros
representantes en las Legislaturas Locales, a una supervisión en la
integración de los órganos de transparencia en las entidades
federativas, favoreciendo el escrutinio público y el acompañamiento
ciudadano ya que la construcción del Sistema Nacional en la materia
exige de dichos órganos actuación imparcial y objetiva para evitar
favorecer intereses diversos a los propios del ciudadano y para evitar
que se retroceda localmente lo que se avanza nacionalmente.
Además nos sumamos al sentir internacional de establecer la gran
corrupción como un delito de derecho internacional, de modo tal que
pueda trabajarse internacionalmente en la aprehensión, procesamiento,
juzgamiento y condena a culpables.
Nos comprometemos a través de nuestro sistema, de nuestros
legisladores federales a hacer operable el recién creado Sistema
Nacional Anticorrupción, que exige de los partidos políticos todo nuestro
esfuerzo y una visión articulada para redactar, aprobar y promulgar
leyes y normas que lo materialicen antes de mayo del 16.
La corrupción tiene consecuencias para la vida moral de los pueblos,
para la democracia la política y la economía.
La corrupción es una amenaza para el desarrollo económico, la
gobernabilidad democrática y la convivencia social armónica.
No hay corrupción buena, ni mala. Toda la corrupción es mala, es una
acción que se apropia de una buena parte del Producto Interno Bruto
de cualquier país, de la riqueza que una sociedad genera sin importar
que se trate de un régimen democrático o autoritario de un país rico o
pobre, la corrupción atenta contra el arreglo democrático, la estabilidad
y las relaciones entre el gobierno y la sociedad, debilita la cooperación
social y el esfuerzo colectivo, desintegra a las organizaciones, mina la
cohesión social e incuba conflictos y confrontaciones sociales y
políticas.
Es por eso que hacemos un llamado a todos los partidos políticos a
debatir la reglamentación del acceso a la información y del combate a
la corrupción, tomando en cuenta la complejidad del problema y el
hecho de que cruza por todos los sectores sociales, las instituciones y
esferas pública y privada, tomando en cuenta como único límite
principios, derechos y garantías que las propias leyes incluyen, como la
protección de datos personales, por citar lo más obvio.
No se trata de que la transparencia ase convierta en estridencia, paso
inevitable pero temporal en el proceso de normalización que debe
tender al fortalecimiento institucional de quienes la asumamos como
práctica cotidiana.
Debemos encontrar la manera de aprovechar la fuerza que tienen los
medios de comunicación, audiovisuales, impresos y digitales para
generar cambios culturales como herramientas divulgativas y
pedagógicas que informen a la población y le imbuyan el deseo y la
conveniencia de acatar las leyes y denunciar la opacidad y la
corrupción.
Nos encontramos, como se dice, ante una ventana de oportunidad.
Los partidos políticos
comportamiento ético.
debemos
ser
estrictos
ejemplos
de
Rindamos cuentas claras, transparentemos en todo momento nuestras
acciones, nuestros gastos y nuestras decisiones, en todos los ámbitos.
Seamos ejecutores de una lucha frontal y sin tregua contra la corrupción
como sujetos obligados, pero también como sujetos voluntarios.
Muchas gracias.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias a
Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza y pedimos la palabra
sugerente, siempre provocadora como analista, como académica, como
experta en la materia, este caso de Macarita Elizondo Gasperín.
Macarita Elizondo Gasperín: Muy amable. Muchas gracias.
Para mí es un privilegio poder formular algunas reflexiones sobre la
reciente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Saludo con afecto a la Presidenta y a los Comisionados del INAI aquí
presentes; A los presidentes de las autoridades electorales, tanto del
Tribunal como del Instituto Nacional Electoral; A los presidentes de los
partidos políticos; A las representantes legislativas aquí presentes; A los
asistentes en este evento y a los medios de comunicación, seré breve
para escuchar las siguientes intervenciones, tanto de las autoridades y
sobre todo de las representantes partiditas, que como sujetos obligados
por esta nueva ley, estoy segura, que tendrán mucho que decir.
Considero que con esta ley se establece un nuevo estándar de
corresponsabilidad, sobre todo en una sociedad cada vez más
participativa, veremos un mayor grado de proactividad de las
autoridades.
Su aplicación requiere de una serie de acciones estratégicas y
articuladas que vengan a garantizar su adecuada implementación.
Nos quedó claro a las mujeres que esta ley nacional se limitó a procurar,
así lo dice, procurar la igualdad de género en la integración de los
organismos garantes aunque, por otro lado, sí la garantiza en los
consejos consultivos.
Fíjense ustedes, las acciones estratégicas se dan en tres planos a mi
entender. En un primer plano existe el consentimiento y el compromiso
de acciones legislativas, ya existen plazos ciertos de un año y de seis
meses para las cuestiones de carácter normativo en los que el
Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal también deberán armonizar sus leyes,
sus reglamentos y demás disposiciones existentes, así como el Instituto
Nacional de Acceso a la Información deberá, inclusive, armonizarlas con
sus respectivos lineamientos para el ejercicio de las atribuciones.
En un segundo plano, veremos acciones de tipo institucional y
procedimental en un corto y mediano plazo, en el que se pondrán en
práctica y se darán seguimiento a políticas de transparencia proactiva y
de Gobierno Abierto de alcance nacional, donde se pretende dejar ver
la emisión de criterios, lineamientos y códigos de buenas prácticas,
modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables de
transparencia.
Y por último, en un tercer plano estamos frente a una dimensión cultural
vinculada a una continua capacitación, sensibilización y promoción para
el eficaz ejercicio del derecho humano a la información.
Con la participación ciudadana, obviamente, de las organizaciones
sociales y en colaboración con instituciones educativas y culturales del
sector público y privado, por lo que también veremos en corto y mediano
plazo, y en todo el país, actividades, mesas de trabajo, exposiciones,
concursos relativos a la transparencia de acceso a la información, así
como a la creación de centros de investigación, difusión y docencia para
la generación de conocimiento público útil.
Recuerdo que cuando yo presidí como consejera electoral el órgano
garante de transparencia y acceso a la información en el entonces
Instituto Federal Electoral, hubo múltiples mesas de trabajo muy
enriquecedoras en las que tuvieron amplia participación las
representaciones del Poder Legislativo y de los partidos políticos para
diseñar el reglamento sobre esta materia, que aprobó el entonces
Consejo General del IFE y que fue precisamente el que sirvió de base
para que con posterioridad el actual Instituto Nacional Electoral,
aprobara el 2 de julio del 2014, el texto regulador sobre transparencia y
acceso a la información electoral, mismo al que estoy segura, habrá que
hacerle nuevos ajustes, derivados de estas últimas reformas a la Ley
Nacional que comentamos.
En la materia electoral, ya se superaron los obstáculos, ya dejó de ser
una información sujeta a la buena voluntad de los partidos políticos, y
ahora constituye y se constituye en la obligación establecida en una Ley
General de orden público, para que dichos institutos políticos den a
conocer y estamos escuchando su compromiso de los siguientes temas,
entre otros.
El padrón de sus afiliados o militantes, los informes de ingresos y
egresos de gastos de campaña y campaña electoral, obligación ésta
que inclusive corre a cargo del INE.
La currícula con fotografía reciente de todos sus precandidatos y
candidatos a cargo de elección popular, con el cargo al que se postula
el distrito electoral y la entidad federativa.
La currícula de sus dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal, los
mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos
de selección de candidatos; el estado de situación financiera y
patrimonial, el inventario de los bienes inmuebles de los que sean
propietarios, el listado de aportaciones de pre-campañas y campañas
políticas y todos los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección
de dichos partidos políticos.
Lo emblemático está, a mi juicio, que ante los incumplimientos en
materia de transparencia y acceso a la información por parte de los
partidos políticos, vamos a ver cómo un organismo constitucional
autónomo, como lo es el Instituto Nacional Electoral, le dará vista a otro
organismo del mismo nivel, como lo es el Instituto Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, el INAI, para que resuelva éste último, lo conducente.
Pero será hasta mayo del próximo año cuando el INAI tenga
competencia para conocer y resolver los medios de impugnación que
procedan contra ellos, dada la norma transitoria quinta de esta última
Ley Nacional de Transparencia.
Estamos ya en la era de las especializaciones por materia. Así veremos
a las representaciones partidistas, no sólo litigar ante el Tribunal
Electoral y sus salas, como hasta ahora lo han hecho, sino que en tanto
se emitan los debidos criterios judiciales, ya los veremos circular en su
calidad de terceros interesados ante los juzgados de distrito y demás
órganos integrantes del Poder Judicial Federal, pues aunque por
mandato constitucional y también legal, las resoluciones del INAI -como
organismo garante- son vinculatorias, definitivas e inatacables para los
sujetos obligados, ello no es más que el reconocimiento del agotamiento
del principio de definitividad para el control constitucional, lo cual se
corrobora con el Artículo 158 de esta nueva Ley Nacional.
Fíjense lo que dice el 158, textualmente: “Existe el derecho de los
particulares de impugnar las determinaciones y resoluciones de los
organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación, sin que
ello implique ya una causal notoria de improcedencia por razón de la
materia”.
Durante mi experiencia de 25 años en la Judicatura, como Magistrada
Federal, me percaté que en los últimos años se ha enfatizado estos
vasos comunicantes entre todos los órganos del Poder Judicial, los
cuales ahora deberán interpretar esta nueva ley haciendo prevalecer el
principio de máxima publicidad y disponibilidad de información.
En tanto se hagan los ajustes normativos, institucionales y de difusión,
nos encontramos en la antesala de lo que en biología se conoce como
citocinesis; es decir, el estrangulamiento de la célula para dar vida a una
nueva estructura nacional.
Hay que poner especial énfasis regulatorio en erradicar lo que he dado
por llamar la intersección de competencias. Busquemos pues una
debida articulación de estas competencias en todos los órganos
integrantes del Poder Judicial Federal para evitar indebidas
duplicidades y reenvíos entre ellos así como prolijas declaraciones de
incompetencia que sobresaturan innecesariamente sus funciones y
además dilatan o deniegan la impartición de justicia y el efectivo
ejercicio de un importante derecho constitucional como lo es este.
Existe ahí una deuda a un pendiente.
Por lo pronto ya está vigente la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y podemos concluir que se trata, pues, de una
ley de nueva generación que marca el inicio a una etapa diferente en la
historia de la transparencia en México.
El Estado mexicano cambia por completo a nivel nacional sus
parámetros de comportamiento; esto es, contamos ahora con políticas
transversales que inciden válidamente en esta materia no solo en los
tres Poderes de la Unión sino en los tres órdenes de gobierno con la
sociedad.
Se constituye el Sistema Nacional y su Plataforma Electrónica de
Transparencia para fomentar los principios de Gobierno Abierto,
Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana,
Accesibilidad e Innovación Tecnológica.
Se aumentan las obligaciones de oficio y la reutilización de la
información para que la ciudadanía ejerza un control democrático; se
trata pues de una reforma que de ninguna manera es cosmética sino de
una concepción más amplia de este derecho mediante un diseño
institucional adecuado, en el que se busca en todo momento que la
información generada tenga un lenguaje sencillo y accesible, sin
discriminación alguna y se actualice periódicamente con el uso de las
tecnologías de la información.
El Órgano Garante Nacional se constituye en la pieza clave de este
Sistema de Competencias para conocer de violaciones a este derecho
humano y así buscar conformar un verdadero contrapeso pues cuenta
con facultades, desde la suplencia de la deficiencia de lo pedido, hasta
la legitimidad activa para el ejercicio del control constitucional, aunque
como ya se dijo, por otro lado, sus resoluciones son revisables en
instancias del Poder Judicial de la Federación donde habrá que poner
especial énfasis, sobre todo criterial y regulatorio para articular las
competencia entre ellos.
Sólo me resta decir que esta ley pretende cerrar espacios a la opacidad
y discrecionalidad en la gestión pública para robustecer la confianza
social, ya que la información constituye a forjar conocimiento colectivo
y mejorar la toma de decisiones tanto de las mismas autoridades, como
de los ciudadanos en general.
Estaremos atentos a su puesta en marcha y, sobre todo, a la
intervención en su momento de todos y cada uno de los actores de este
gran escenario nacional que se antoja ambicioso y del que se desean
resultados medibles en poco tiempo, que no vengan a desbordar la
capacidad judicial instalada siempre como receptáculo final de toda
controversia.
¿Se imaginan lo que significa para este año que el Sistema de Justicia
Federal reciba en todas las materias aproximadamente un millón 400
mil asuntos y además se le agreguen otros tantos más derivados de lo
resuelto en cuestión de transparencia?
Seguiré insistiendo en la necesidad de abrir canales que sirvan de
apoyo alternativo dentro de nuestra justicia constitucional.
Se trata de conseguir una eficaz vía complementaria a los
procedimientos jurisdiccionales y procesos judiciales, al mismo tiempo
que sentar las bases para profundizar en la paz social mediante la
promoción de los métodos alternativos basados en el restablecimiento
del diálogo y el mantenimiento de las relaciones futuras, así como
transmitir confianza, instruir, facilitar la comunicación y restaurar el tejido
social.
Señoras y señores, coincido en que la transparencia y el acceso a la
información, más que una política, debe constituirse en una filosofía de
Estado a partir de la cual se garantice el efectivo ejercicio del derecho
humano a la información.
Muchas gracias.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias a
Macarita Elizondo Gasperín por estas provocaciones sobre una serie
de, efectivamente, muy probables problemas de confusión que pudiera
venir y que por esa razón esta mesa testimonia la armonía, al concordia
y el ánimo de los sujetos obligados en su conjunto de sentarse en la
mesa a dilucidar bajo la luz que, desde luego, tendrán que dar las
autoridades electorales, el Tribunal Electoral en sus competencias
máximas, el Instituto Nacional Electoral, para evitar precisamente que
pudiera haber caminos que conduzcan a puertos inciertos y/o a
situaciones de confusión en demérito del ejercicio de estos derechos,
en el que el INAI tendrá que ser, como ya lo dije desde un principio, un
acompañante sensitivo, perseverante, pero ante todo, uno más que
aprenderá en esta nueva etapa de acompañamiento con el estamento
electoral.
Las autoridades son quienes más saben de este campo y nosotros
seremos en ello receptivos y muy cuidadosos para hacer bien lo que
nos toca hacer.
Solicitamos la palabra a don Joaquín Hendricks Díaz, quien tiene la
gentiliza de acompañarnos con la representación del CEN del PRI y
especialmente del señor Presidente de este instituto Manlio Fabio
Beltrones.
Muchas gracias.
Joaquín Hendricks Díaz: Muchas gracias.
Muy buenos días. A nombre del Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, el licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera y el mío
propio agradezco, en primer lugar, la invitación que se nos realizara
para participar en este evento ya institucionalizado año con año, para
dar cauce a las mejores ideas, experiencias y prácticas relacionadas
con la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos
personales y con ello contribuir a la cultura de la rendición de cuentas
efectivas en la gestión pública.
En especial felicito al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales por esta iniciativa, que
viene a satisfacer en gran medida las expectativas ciudadanas, a
contribuir en el perfeccionamiento de las normas que entre todos hemos
venido construyendo en aras de la salud y la credibilidad de las
instituciones, producto de nuestra democracia.
Saludo afectuosamente a los muy distinguidos panelistas invitados a
este segmento, de una muy amplia temática que comprende el evento.
Con ello reconozco la amplia convocatoria realizada por los
organizadores, muy señaladamente a la Comisionada Presidente del
INAI, Ximena Puente de la Mora, por reunir a esta representación de los
Poderes de la Unión, de organizaciones de la sociedad civil, de órganos
garantes de transparencia, servidores públicos, especialistas
nacionales e internacionales y la ciudadanía en general.
Presupuesto indispensable para alcanzar los objetivos institucionales
en la materia.
De relevancia resulta, aún sin la vigencia plena de la ley de la materia,
que hoy podamos reflexionar sobre sus impactos, sus alcances e
incluso anticiparnos a ciertas circunstancias que pudieran constituirse
en obstáculos para su aplicación, sugiriendo desde hoy fórmulas para
su remoción.
Los esfuerzos en los que hoy participamos deben dar la certeza a los
mexicanos que existe el intento de configurar a la transparencia como
política pública, a partir de los cambios institucionales y legales de los
últimos años a saber.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
del año del 2002, y reformas constitucionales del 2007y en especial las
recientes reformas que entre otras cosas dieron lugar al surgimiento del
IFAI.
Sin embargo, me parece que estaremos de acuerdo en que la
participación ciudadana es factor sustancial, para la democratización
del gobierno.
Es ésta la participación ciudadana el eje normativo de todas aquellas
concepciones que intentan ir más allá de la democracia representativa
y elemento central que fuerza a nuevos arreglos institucionales
mediante los cuales los representantes dejan de ser sujetos pasivos y
pasan a asumir un papel activo de monitoreo de las acciones y
decisiones gubernamentales.
Es a no dudar factor indispensable para cerrar la pinza de una mejor
rendición de cuentas.
Es la vía para cuestionar y sancionar a quienes ostentan
responsabilidades públicas desde abajo, desde el ciudadano mismo.
Desde su fundación, el PRI ha sido una institución política surgida con
principios éticos y valores. Promovemos las libertades y oportunidades
esenciales de nuestros conciudadanos, el crecimiento con equidad
social y sustentabilidad.
Auspiciamos la distribución democrática de los beneficios del progreso
y nos hemos caracterizado por ser un partido responsable y preparado
para atender las demandas de la nueva sociedad mexicana, y
convertirlas en políticas de gobierno.
Nos hemos autodefinido como el partido de la legalidad, para acreditarlo
en los hechos hemos venido dejando constancia de ello mediante la
creación y sistematización de las normas internas que nos rigen, así
como acatando puntualmente las de observancia general para todos los
partidos políticos.
De tal suerte que el catálogo de ordenamientos que nos rigen, se integra
por Reglamento del Consejo Político Nacional, Reglamento Interior de
la Comisión Política Permanente, Reglamento de la Comisión Nacional
de Procesos Internos, Reglamento para la Elección y Postulación de
Candidatos, Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas, Reglamento
del Comité Ejecutivo Nacional, Reglamento de la Defensoría de los
Derechos del Militante y Medios Alternativos de Solución de
Controversias; Acuerdo General de Financiamiento, Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información y finalmente, nuestras joyas
normativas, código de justicia partidaria y código de ética partidaria.
Todos estos ordenamientos cumplen con una cultura y vocación por el
derecho, la transparencia y el orden, contribuyendo a la regularización
de las áreas orgánicas del Partido.
De la misma manera, formalizan prácticas, usos y costumbres que hoy
revisten la institucionalidad debida.
Se incluyen figuras novedosas de participación política como es el caso
de la postulación de candidatos simpatizantes que pueden accesar a
todos los cargos de elección popular, locales y federales, hasta el nivel
de Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cumpliendo con
las leyes electorales y también compitiendo en equidad con nuestros
mejores cuadros.
Es así como el PRI cumple su misión constitucional, dando el más
amplio cauce a la participación de la sociedad en la vida política
nacional.
El ejemplo al que me refiero se dio a partir de la Asamblea Nacional de
principios del año 2013.
De igual manera, la dirigencia nacional del PRI se ha pronunciado -y me
parece que este es el foro adecuado para decirlo- por la formalización
legal de lo que hasta hoy son solamente actos de buena fe a cargo de
algunos de nuestros dirigentes y representantes populares: La
declaración patrimonial, la declaración de impuestos y la declaración de
intereses.
Con estos antecedentes pretendo dejar patente la siempre vocación del
PRI a favor de la transparencia y con ello a la rendición efectiva de
cuentas, presupuestos indispensable para combatir la impunidad y la
corrupción. No basta una afirmación de parte interesada.
Existen constancias fehacientes en el Centro de Investigación y
Docencia Económica sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones
de transparencia.
La evaluación de que hemos sido objeto, que somos el Partido menos
sancionado en los últimos procesos electorales; que contamos con la
Información de Privacidad en la página del Partido, que hemos
implementado un Sistema General de Archivos, los esfuerzos de
capacitación que hemos realizado con todos los órganos del Partido en
la materia a lo largo y ancho de la geografía nacional.
La integración de nuestro Comité de Transparencia, la conformación de
nuestra Unidad de Transparencia y finalmente la certificación de la
calidad de nuestros procesos administrativos otorgado por órganos
nacionales e internacionales reconocidos para otorgar los certificados
ISO.
Para concluir, me parece pertinente celebrar junto a todos los
participantes de esta Semana Nacional de Transparencia 2015, la
oportunidad que nos damos de realizar nuestra mejor contribución al
rescate de la credibilidad en nuestras instituciones.
No podemos, ni debemos permitirnos que la interpretación social dé
cuenta de la existencia de agendas diferentes entre las instituciones que
son de los mexicanos y el propio pueblo de México que es a quien nos
debemos.
Muchas gracias.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias a
don Joaquín Hendricks Díaz, por este mensaje y compromisos.
Pedimos la oportunidad de hacer su mensaje a don Carlos Navarrete
Ruiz, Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Carlos Navarrete Ruiz: Gracias. Muy buenos días.
Saludo con afecto a la Comisionada Presidenta, a los Comisionados del
INAI y a todos y todas las presentes que están aquí acompañándonos
en este acto, en esta Semana Nacional de la Transparencia.
Dudé mucho si traía un texto escrito y mis asesores me hicieron 10
cuartillas que leí anoche, y dije no, mejor voy a hablar del tema y voy a
entrar en materia. Déjenme ver si lo logro.
Hace 36 años, en 1979, inició un proceso de transformación política en
México, porque hace apenas 36 años teníamos un mundo diferente y
un México diferente, que no se parece a lo que tenemos en el 2015.
Pongo un botón de muestra.
En 1979 México tenía un sistema de partido hegemónico. En un hombre
se
concentraba
facultades
constitucionales
y
facultades
metaconstitucionales.
Por Constitución el Presidente de la República era el Jefe del Estado
mexicano, el Jefe de Gobierno, el Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas, el jefe nato de su partido el PRI, el jefe de 31
gobernadores y el regente que designaba, el jefe la totalidad de los
senadores, del 95 por ciento de los diputados, era el que entregaba
contratos a las empresas mexicanas, era el que entregaba concesiones
para radio y televisión y era el que le vendía el papel vía pizza a revistas
y periódicos.
Un solo hombre, uno por mandato constitucional y otras facultades,
porque era la tradición construida desde 1929 y en el régimen político
había un sistema de cuatro partidos, en donde el partido hegemónico
controlaba absolutamente a las dos cámaras y la totalidad de los
congresos locales.
Por cierto en ese año empezaban a sesionar muchos congresos locales,
que antes de esa fecha ni sesiones tenían. Cada mes los diputados
pasaban al Congreso a firmar los dictámenes que preparaba el Oficial
Mayor y luego a la tesorería del estado, para que el tesorero del
Ejecutivo le pagara a los diputados locales su salarios. Ese era el
México de 1979.
¿Qué ha pasado en 36 años? Han pasado muchas cosas. El mundo se
transformó, el mundo confrontado entre los soviéticos y los
norteamericanos, se derrumbó en el 89, 10 años después. La economía
se globalizó, el mundo se modernizó y surgieron nuevos derechos y un
nuevo marco internacional y un nuevo marco nacional.
Entre todos, en 36 años, hemos transformado al país porque hemos
creado instituciones nuevas y hemos aprobado leyes nuevas.
Hoy en México hay división de poderes.
Me faltó decir, y no maltrato al Poder Judicial aquí representado, si digo
que en aquel tiempo todos los ministros de la Corte eran propuestas del
Presidente de la República, aunque formalmente los aprobara el
Senado, y por lo tanto el control del Poder Judicial también estaba sujeto
al poder Meta constitucional del Presidente en turno.
¿Qué ha pasado en 36 años? Hoy hay división de poderes, a partir del
2000, particularmente, hay un proceso de pleno ejercicio autónomo del
Poder Judicial, me consta que hoy el Poder Judicial actúa con plena
independencia y que no recibe ni instrucciones ni órdenes de Palacio
Nacional ni de Los Pinos.
Me consta que las cámaras del Congreso son cámaras autónomas, que
toma decisiones por sí mismas. Que juegan el juego democrático de las
cámaras y que nada garantiza que una iniciativa del Presidente al llegar
a las cámaras salga, como ocurría en el pasado, sin cambiarle una
coma.
El Congreso legisla, el Congreso vigila, el Congreso mejora las
iniciativas del Ejecutivo y aprueba las leyes que considera convenientes.
Hace 36 años en la ley había derechos, en la práctica estaban muy
acotados. Acotamiento en la libertad de asociación, en la libertad de
prensa, en la libertad de expresión, en las convicciones religiosas, el
respeto a las convicciones religiosas, en el respeto a la diversidad
sexual. Eso 36 años después es otra cosa. Por lo tanto celebro mucho
que hoy en 2015 uno de los dos temas que más ha sufrido una
transformación para bien, es el tema de la transparencia, como es el
tema de los derechos humanos.
Hace 36 años no había una Comisión Nacional de Derechos Humanos,
el poder en el nivel municipal, estatal y federal hacía lo que se le pegaba
la gana. No había ningún control de policías municipales ni de
autoridades públicas.
Había violaciones graves, sólo recuerdo la Guerra Sucia de los años 70.
¿Cuántos cientos de jóvenes terminaron en el mar con botas de
cemento por participar en manifestaciones o en expresiones contra el
gobierno? Ya no digo los grupos armados que en lugar de ser
combatidos con la ley en la mano, fueron desaparecidos y borrados
grupos completos y nadie podía levantar la voz.
Bueno sí, había una revista pequeña, se llamaba “¿Por qué?” que era
la única que señalaba matanzas, agresiones, violaciones gravísimas a
pueblos, pueblos arrasados, era una revista única en el país.
Fuera de eso no aparecía en televisión, ni en radio, ni en ninguna parte;
no había redes sociales, el control era total.
En materia de derechos humanos hemos dado un avance sustancial,
todavía estamos luchando porque haya plena garantía de respeto a los
derechos humanos, pero es una lucha muy avanzada en México y en el
mundo.
Pero entra en materia de la transparencia. Con todo respeto para el
amigo Joaquín, todos sabemos que en el sistema de régimen
hegemónico había una visión patrimonialista del gobierno.
Cada presidente, gobernador, presidente municipal o funcionario
público, tenía la impresión de que su cargo le daba acceso a los
recursos públicos de manera ilimitada y sin rendirle cuentas a nadie.
Todo mundo lo sabíamos, todo mundo lo sabemos por la historia y por
lo que ha pasado en los últimos años.
Control presupuestal, auditorías, control del Congreso, ¿qué era eso?
Eso no existía.
Por eso en México era común decir que cada sexenio había una
camada de políticos millonarios, y sí los había.
Bueno, los había y me temo que todavía los hay, porque el tema de la
aceptabilidad social sobre una visión patrimonialista del gobierno, es un
tema que viene desde la colonia. Lo mismo pasaba con los virreyes, y
lo mismo pasaba en el siglo XIX. Por eso tuvimos los excesos de
Santana y de otros más.
Y en el Siglo XX y aun arrastramos polvos de viejos lodos en el Siglo
XXI.
Hay una transformación, sin embargo, en los últimos años en México y
en el mundo, pero hablo de México en particular. Hay un hartazgo social
y hay un descenso de la permisibilidad social respecto a los excesos de
los hombres y mujeres del sector público.
Hay un cansancio, hay un hartazgo, hay una molestia, hay una
indignación, porque aun ahora en 2015, seguimos teniendo huecos y
hoyos negros en el sector público y no solamente en el sector público,
también en el sector privado.
¿Cuánto gasta cada gobernador por gacetillas para ser promocionado
nacionalmente? ¿Cuántas decenas o cientos o miles de millones de
pesos se gastan en promocionar actos nimios, actos sin importancia de
los estados, pero que aparecen en televisión, aparecen en revistas,
aparecen en prensa, como si fueran las grandes noticias?
¿Cuántas gacetillas se pagan por debajo de la mesa? No se sabe.
¿Cuánto se dilapida de Presupuesto Público?
Y ahora se va a notar más, con el recorte presupuestal, sin que se sepa
por qué se gasta en eso y qué consecuencias tiene.
Pero no puedo ser tan duro en mis comentarios sin ser autocrítico: El
tema de la corrupción, el tema de la transparencia, el tema de la
rendición de cuentas es una asignatura pendiente de tales proporciones
que me temo que va a ser un proceso de transformación que dure años,
pero que ya empezó.
El tema de la transparencia y la rendición de cuentas no puede ser una
moda de un año, de un trienio o de un sexenio porque hoy hemos
construido instituciones nuevas.
Pongo de ejemplo al INE:
¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a construir un órgano que
pusiera en orden a los Partidos Políticos?
Lorenzo y sus Consejeros -y su equipo del INE- es la pesadilla de los
administradores de los Partidos Políticos porque lo dice la Ley, Ley que
nosotros, los Partidos, aprobamos en las Cámaras del Congreso; nadie
nos lo impuso, nosotros lo aprobamos aquí en el Senado y en la Cámara
de Diputados.
Y ah, qué trabajo cuesta ajustarse a las nuevas normas que nosotros
mismos hemos aprobado. Lorenzo, un día te voy a platicar que la mujer
más odiada del PRD es la Secretaría de Finanzas porque para lograr
que un Comité Estatal nos compruebe el gasto que le mandamos mes
a mes de los recursos que el INE nos da, es una hazaña.
Lograr que miembros del Comité Ejecutivo Nacional entreguen cada
mes los 38 mil pesos que les dimos de viáticos para ir a uno o dos viajes
a los estados, parece una barbaridad pero cómo sufren los Partidos,
cómo sufrimos los Partidos para acatar las cosas más pequeñas:
-“Secretario, danos la copia del boleto que utilizaste”; -“¡Ay, se me
perdió!”;
-“Danos la factura de la comida que tuviste en Mexicali, aquí hay un
gasto de 835 pesos. ¿La factura?”; -“Se me olvidó pedirla”;
-“Oye, danos la comprobación de tu Secretaría”; -“¡Ay!, el mes que entra
me pongo a mano”, sabiendo que por cada peso que no comprobamos
de recursos públicos, el INE nos aplica una multa al doble.
Por cada peso no comprobado por un Partido, el INE dice: “Te voy a
quitar dos pesos de tu prerrogativa”.
¿Por qué razón hay tanta resistencia?
Porque en la tradición política mexicana no hay una tradición de
rendición de cuentas, ni arriba, ni en medio ni abajo; y si esa tradición
viene desde muchos años, ¿por qué en los Partidos Políticos iba a ser
diferente?
Más aún: Hasta que había régimen de partido hegemónico le tocaba
ese paquete al PRI, hoy nos toca a nosotros porque todos gobernamos.
El PAN tiene Gobernadores, el PRD tiene Gobernadores, el PRI tiene
Gobernadores, y Senadores, y Diputados, y Presidentes Municipales, y
dirigimos gobiernos, y tenemos políticas públicas y ejercemos
presupuesto público, miles y miles de millones de pesos para ejercerlos.
Ah, pero esta parte de opacidad y de falta de transparencia ya no es
privativo de un partido, es de todos los partidos.
No ha llegado un compañero nuestro de otro partido recién formado,
que tienen un líder que tiene 10 años haciendo campaña, desde el 2005
hasta el 2015. 10 años recorriendo el país con hoteles, vehículos,
aviones, gastos, propaganda y todo. Y a alguien se le ocurre decirle:
“¿A ver, rinde cuentas de quién te da el dinero, cuánto gastas al mes?
¿La precampaña de 10 años cuánto ha costados?
Y cuando alguien le dice: “La mafia del poder me quiere acabar, no
quieren que llegue. Y por lo tanto, eso es secreto de estado. Guardadito
debajo de las almohadas para que nadie sepa nada”.
Es que es una tradición histórica en nuestro país de los funcionarios
públicos y privados también y de los dirigentes partidarios y de los
dirigentes sindicales… Uy, ese es un mundo oscuro cuánto cobran de
cuotas, cuánto gastan, cuánto ganan, en qué invierten, cómo ejercen
las cuotas de los agremiados.
Por cierto, muchos de estos sindicatos ni siquiera se toman la molestia
de poner una caja para que sus agremiados paguen sus cuotas, eh. No,
no, no, por contrato o por acuerdo les descuentan a los trabajadores la
cuota sindical del cheque y le entregan cada mes un cheque a cada
dirigente sindical por tantos millones de pesos.
¿Y quién les pide cuentas? Nadie.
¿Le rinden a una asamblea? Nunca.
¿Informan cuánto tienen? No.
Todavía tenemos un dirigente minero en Canadá, exiliado por un uso
de cerca de 500 millones de dólares tranquilamente.
Es decir, la transparencia es uno de los problemas mayores que
tenemos que atender.
El tema de la transparencia en el sector público y en los partidos es una
batalla que tenemos que dar entre todos.
Yo reconozco aquí las enormes resistencias que hay en los partidos
políticos, pese al INE, pese al Tribunal, pese a las obligaciones que
tenemos de transparencia.
Y podemos hacer muchas cosas aparentemente muy bien hechas, que
si tenemos la página, que si hacemos un conjunto de cosas. Sí, pero
son insuficientes.
Si no llegamos a fondo y si los órganos que estamos creando no
aprietan la mano, en cinco años vamos a decir que creamos otras
instituciones que no funcionaron.
El problema no es crear instituciones, ni leyes, el problema es el
acatamiento a la ley y que los órganos apliquen sus facultades.
Yo les agradezco mucho a los consejeros y a la consejera del INAI que
nos traten con tanta amabilidad cuando llegamos aquí, pero debiéramos
tenerles miedo, eh.
Porque si aplican la ley y establecen sus facultades y muerden con los
dientes que les dimos en la ley, ah caray, a temblar todos, eh,
empezando por los partidos, pero también por otras instituciones
públicas.
La sociedad mexicana está llegando a un nivel de hartazgo, hay que
entenderlo.
El tema de la corrupción, el tema del enriquecimiento inexplicable, el
tema de la desviación de recursos, el tema de saqueo presupuestal, el
tema de fortunas amasadas entre esos seis años, el tema de la
utilización arbitraria de los recursos públicos, si rendir cuentas
claramente de cómo se gastan, cómo se ejercen, qué resultados
tenemos con el ejercicio, está llegando a un límite de intolerancia de la
gente, mayúscula, hay que entenderlo todos.
Y por lo tanto, si las cámaras aprobaron la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, si tienen facultades,
si hay normas legales, si hay obligaciones lo único que le pediría a las
instituciones es: Ejerzan sus facultades, apliquen la ley, aprieten la
mano, póngannos en orden a todos, a todos los que somos sujetos de
esta ley. Es la mejor aportación que las nuevas instituciones podemos
hacerle al país.
No naden de “muertito”, no sean un corcho en la lavadora de la política
mexicana, donde se revuelven y están flotando ahí, pero no pasan gran
cosa.
Puede ser una gran frustración para la sociedad mexicana que pese a
leyes de transparencia, que pese a contralorías, que pese a facultades,
pese a instituciones no pase nada y siga habiendo un ejercicio arbitrario,
patrimonialista, de los servidores públicos y de todos los sujetos a la Ley
de Transparencia, y creo que aunque nos pese, aunque nos cueste, en
el caso de los partidos políticos, que somos entidades de interés público
y tenemos recursos públicos, aprobados en el Presupuesto de Egresos
y normados por el Instituto Nacional Electoral y sancionados por el
Tribunal, tenemos que entrar al aro todos, absolutamente todos, porque
el dinero que recibimos no es patrimonio personal, ni es un asunto de
secreto de Estado. Es un asunto de ocultamiento.
Como nos cuesta trabajo contestar a los partidos las peticiones que nos
hacen: A ver, que nos digan cuánto ganan los presidentes naciones.
Bueno, más o menos regular. No, no, no. ¿Cuánto ganas por quincena?
¿Y cuánto gastas y cuál es tu presupuesto? ¿Qué personal tienes, qué
vehículo oficial usas?
¿Es un pecado que se conozca eso? Claro, todos los políticos le
tenemos miedo a que cuando nos ponemos transparentes lo primero
que sale son las primeras planas diciendo: Y el Presidente del PRD
utilizó el helicóptero de 53 mil pesos, qué poca manera.
Pues sí, sí lo utilicé y sí pague 53 mil pesos. ¿De dónde? De recursos
públicos. No lo vuelvo a hacer, ya aprendí, como dicen en mi tierra: “El
que se quema con leche hasta el jocoque le anda soplando”. Voy
agarrar mi camionetita y voy a irme, aunque llegue tarde a los eventos.
Ni modo.
Pero fíjense cómo un tema de transparencia limita el exceso de los
hombres y mujeres del poder.
¿Ustedes creen que me voy animar a ir con la tarjeta del partido a una
parranda para gastarme 10 mil pesos en una borrachera? Pues claro
que no. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque tengo que comprobar ante
el INE la factura y si un periodista dice: El presidente del PRD 10 mil
pesos en una comida. Uy, entonces tienes que cuidarte, y entonces
tienes que automoderarte, porque viene la sanción después.
Hablo de cosas totalmente domesticas, totalmente prácticas, porque me
parece que es mi mejor aportación y lo mejor de un planteamiento de
carácter teórico general.
Transformamos las instituciones para bien, este país necesita una
transformación con instituciones fuertes, no con hombres fuertes.
Los hombres fuertes como Santana o como Porfirio Díaz o como
algunos presidentes del ’30 al 2000 en México, no debemos repetirlo en
esquema.
Este país no lo salva un hombre o una mujer en lo individual, no, este
país lo salva la sociedad completa e instituciones fuertes que hagan
respetar la ley y que pongan en orden a quienes podamos tener la
tentación de irnos fuera del marco de la ley.
Por lo tanto, en mi partido, con todas las resistencias que hay, con todo
el crujidero de huesos que hay, vamos a seguir intentando aplicar las
normas que el INE nos fija, que el Tribunal los determina, que los
organismos como el INAI y otros más determinan.
Y se los digo con franqueza, aprieten la mano, porque los partidos
necesitamos entrar a un régimen de plena transparencia, de rendición
de cuentas para recuperar algo de la credibilidad perdida en los últimos
años.
Les agradezco mucho su atención.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias a
don Carlos Navarrete Ruiz por estas especiosas razones por las que es
conveniente y hasta indispensable estar todos al nivel de la vista
ciudadana.
Muchísimas gracias. Solicitamos la palabra a don Ricardo Anaya
Cortés, Presidente del Partido Acción Nacional.
Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias. Le agradezco mucho a
Francisco Javier Acuña, Comisionado y moderador de esta mesa. Le
agradezco mucho la invitación, por supuesto a la doctora Ximena
Puente, Presidenta del INAI; saludo también con mucho gusto al
Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación; al Magistrado Constancio Carrasco, por supuesto al
Presidente del Instituto Nacional Electoral, a don Lorenzo Córdova, a
mis colegas dirigentes partidistas; a María Macarita Elizondo, ex
Consejera del IFE, con una amplia carrera judicial, y por supuesto
agradezco la oportunidad de platicar con todas y con todos ustedes.
Como aquí ya se ha dicho, México tiene un problema gravísimo de
corrupción, es quizá el problema más grave que tiene nuestro país, por
todas las consecuencias que a su vez provoca, un poco para
dimensionar el tamaño del problema.
Hay quien calcula que la corrupción en nuestro país cuesta 1.5 billones
de pesos al año.
La UNAM es la Universidad más grande de toda América Latina; tiene
como 330 mil alumnos, 1.5 billones de pesos es 45 veces el
presupuesto de la UNAM. Eso es lo que se calcula que nos cuesta la
corrupción en nuestro país.
Transparencia Mexicana estima que sólo en los hogares mexicanos, la
corrupción les cuesta 35 mil millones de pesos al año, y que a quienes
más caro les cuesta, como suele suceder, es a los más pobres.
Las familias más pobres de México, gastan una cuarta parte de todo su
dinero, en sobornos para tener acceso a trámites básicos, un trámite en
una agencia del Ministerio Público, inscribir a sus hijos en la escuela, y
otro dato que también es preocupante, tenemos un problema gravísimo
de desempleo en el país, más allá de esta cifra oficial del 4 por ciento,
2 y pico millones de personas desempleadas, pero cuando agregamos
todos aquellos que dejaron de buscar empleo, para efectos del INEGI
ya no son desempleados pero que están disponibles para trabajar y que
dejaron de buscar empleo porque llegaron a la conclusión de que no lo
iban a encontrar y agregamos a los subempleados, el problema ya no
es del 4 por ciento de la población económicamente activa.
El problema es de más del 20 por ciento y estamos hablando de 12
millones de personas que quieren y están en disposición de trabajar y
no encuentran trabajo pues la corrupción en México, de acuerdo al
reporte del Foro Económico Mundial, es el obstáculo número uno para
atraer inversión productiva y por lo tanto, generar empleos; inclusive por
encima de los problemas de seguridad pública.
De tal manera que sí, es la corrupción un problema costosísimo y
gravísimo para nuestro país.
Una primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si la corrupción
es un problema cultural o un problema institucional.
Ustedes saben que hay quien piensa que es un problema cultural y a
nosotros nos parece una barbaridad de interpretación porque si es un
problema cultural, pues resignémonos. Los mexicanos somos
culturalmente corruptos y por lo tanto, seguirá habiendo corrupción;
pero si el problema es de diseño institucional, entonces sí hay una
solución: Necesitamos reformar, necesitamos que las instituciones
funcionen de mejor manera, necesitamos realinear incentivos y
podemos así acabar con ese problema, como han avanzado de manera
importante en muchas naciones del mundo.
Yo diría: ¿Hay una cultura de la corrupción?
Sí, pero eso no significa que seamos culturalmente corruptos, son dos
cosas muy distintas.
Es un poco la Tesis de Acemoglu y de Robinson, en este libro de “Por
qué Fracasan las Naciones”.
La humanidad hizo uno o dos experimentos, muy interesantes, en el
Siglo XX: El caso de Alemania y señaladamente el caso de Corea.
La Península de Corea era un mismo país hasta hace aproximadamente
66 años; después de la Segunda Guerra Mundial se divide en dos el
país. Tenían la misma cultura, la misma geografía, la misma
idiosincrasia, hablaban el mismo idioma.
Si las naciones estuvieran condenadas de manera fatal, en términos de
futuro, a su cultura, a su idioma, a su historia, a su geografía, a su
idiosincrasia, hoy Corea del Norte y Corea del Sur tendrían niveles de
desarrollo similares, solo 66 años después de tener instituciones y
gobiernos distintos y resulta que en la realidad, ha sucedido todo lo
contrario.
Hoy en Corea del Sur un coreano en promedio gana 20 veces más que
un coreano en el norte; no el doble o el triple sino 20 veces más; la
economía crece 300 por ciento más rápido, la esperanza de vida ya es
12 años mayor en Corea del Sur que en Corea del Norte. Solo a 66 años
de distintas instituciones, distintas leyes, distintos gobiernos.
Eso quiere decir entonces que sí importa el diseño institucional y por
eso es tan importante el paso que dimos en 2002, con la primera gran
Reforma en materia de Transparencia.
Hay que recordar -hacía un recuento muy interesante Carlos Navarrete
del 79 para acá- y no nos vayamos tan lejos:
¿De 2002 para atrás quien podía conocer la nómina de una
dependencia gubernamental, quién trabajaba en esa dependencia, cuál
era su perfil y cuánto ganaba?
Cuando eso no era público, ¿se quieren ustedes imaginar la cantidad
de gente?
Si ahora todavía ocurre, imagínense -antes de que hubiera estas
Reformas en materia de Transparencia- cuánta gente en la realidad no
trabajaba en esa dependencia y cobraba su cheque todas las
quincenas.
Las compras. Hasta antes de 2002 era un verdadero acto heroico de un
periodista poder investigar a quién le compraba el gobierno, a qué
precio le habría comprado y, por lo tanto, las compras a los amigos, a
los cuales en esta cultura patrimonialista a la que hacía referencia
Carlos Navarrete, era una realidad, lo mismo en el caso de las
licitaciones.
Y después vino la reforma de 2013-2014, que también es una reforma
importantísima.
Yo subrayaría sobre todo, ¿por qué se amplía el número de sujetos
obligados?
Ahora estamos incluidos los partidos políticos, que no lo estábamos
hasta antes de la reforma, por supuesto, los sindicatos, como se ha
señalado, las universidades públicas, los grupos parlamentarios, el
Poder Legislativo en general, fue también una reforma muy importante
porque le da autonomía al entonces IFAI, ahora INAI.
Las resoluciones se vuelven inatacables y quizá lo más importante, las
resoluciones en lo local pueden ser recurridas ante un órgano nacional.
Porque seamos francos, lo que sucede en muchísimos Estados del
país, es que el gobernador a través del Congreso Local controla al
órgano garante y, por lo tanto, reservan la información que no quieren
hacer pública y esto era un problema estructural hasta antes de esta
reforma de 2013-2014.
Y ahora en 2015 hemos presentado una iniciativa, por supuesto, con el
respaldo de la sociedad civil organizada, donde lo que estamos
proponiendo es dar un paso más en esta misma dirección correcta, que
por disposición legal, no de manera voluntaria, todos los servidores
públicos te vamos a hacer –valga la redundancia pública- nuestra
Declaración Patrimonial, nuestra Declaración Fiscal y nuestra
Declaración de Intereses.
Lo que hemos propuesto es que haya una plataforma digital, de tal
manera que cualquier ciudadano pueda no solamente conocer qué tiene
en su patrimonio cualquier servidor público, sino lo más importante,
cómo evoluciona ese patrimonio en el tiempo, que cualquiera lo pueda
consultar. Y por lo tanto, que en este ejercicio de transparencia el asunto
sea ampliamente ventilado.
Si la corrupción es este gran problema, sin duda, la transparencia es el
mejor antídoto en términos preventivos.
Y por eso nosotros celebramos no sólo las reformas de 2002, la de
2013, 2014, sino el esfuerzo cotidiano que hacen muchas
organizaciones de la sociedad civil y el propio INAI, para seguir
haciendo realidad este ejercicio de transparencia, que sin duda, y lo ha
ejemplificado muy bien Carlos Navarrete, funciona en términos de
prevención de la corrupción.
Cuando los servidores públicos rendimos cuentas, se sabe en qué
gastamos el dinero, a quién le pagamos, a quién le compramos, en
cuánto compramos, por supuesto que la probabilidad de corrupción se
reduce.
Pero también hay que decir que no basta solamente con la
transparencia, sino que el complemento del Sistema Nacional de
Transparencia es el Sistema Nacional Anticorrupción.
Porque si transparentara ayuda a prevenir, también es necesario
corregir cuando se cometen actos de corrupción.
La transparencia debe servir para enterarnos de que alguien se está
robando el dinero, que está haciendo mal uso de los recursos públicos,
pero debe haber también un mecanismo para denunciar para que se
investigue y, sobre todo, para que se sancione a quien haya cometido
un acto de corrupción.
Nos extraña que haya tanta impunidad en México, pero la realidad es
que hoy las instituciones están diseñadas para que haya impunidad.
En el año 2013 la Auditoría Superior de la Federación, después de una
serie de auditorías arriba a más o menos, 2,500 acciones de
responsabilidad administrativa.
Estamos hablando de 2,500 expedientes integrados, donde se
establece qué servidor público violó la ley, en qué consiste el presunto
acto de corrupción; a cuánto ascendió, en muchos de los casos, el daño
patrimonial; 2,500 acciones de responsabilidad después de realizar las
auditorías.
De 2,500, ¿saben ustedes cuántos funcionarios en el país en todo ese
año recibieron la sanción administrativa más alta, que es la
inhabilitación para volver a ocupar un cargo? De 2,500, siete. ¿Por qué?
Porque ese expediente va a dar al escritorio del empleado del
presidente municipal o del empleado del gobernador o del empleado del
Presidente de la República.
El que Virgilio Andrade haya sustanciado un procedimiento por todos
estos escándalos de conflicto de interés en el Gobierno Federal no hizo
más que visibilizar un problema que se repite todos los días en nuestro
país.
Ojalá ese fuera el único caso de un subordinado que es el responsable
de juzgar y de absolver a su jefe. Esto ocurre todos los días en nuestro
país, cuando lo que señala la Auditoría Superior de la Federación en
estas acciones de responsabilidad administrativa corresponde a un
gobernador, el expediente va a dar al escritorio del Secretario de la
Contraloría de ese gobierno estatal. Y ese subordinado, a quien el
gobernador nombra y remueve libremente es el responsable de
sustanciar el procedimiento y de emitir la resolución.
¿Cuál es la consecuencia? Que en más del 99 por ciento de los casos
la conclusión a la que se arriba es que quedó solventada la observación,
y que no hay un acto de corrupción que sancionar.
Lo que hace el Sistema Nacional Anticorrupción es modificar
institucionalmente este problema que nos ha llevado a una crisis de
impunidad. Con esta reforma constitucional, pero hay que decirlo no ha
entrado en vigor porque no hay leyes secundarias.
Lo que se establece son dos principios básicos: Control externo y
sanción. Control externo, que ya no sea el empleado del alcalde, del
gobernador o del Presidente de la República el responsable de
investigar, sino un órgano externo independiente autónomo.
Ahí es donde entra en funciones la Auditoría Superior de la Federación,
con las amplísimas facultades que se le han dado a partir de esta
reforma constitucional.
Y segundo, una nueva Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados
con Hechos de Corrupción, cuyo titular, el Fiscal, que de hecho es un
ministerio público no es ya ni siquiera propuesta por el Presidente de la
República. Es nombrado por el Senado de la República por mayoría
calificada de dos terceras partes, sin intervención alguna del Presidente
de la República.
Cuando eso sea realidad, que hoy todavía no ocurre, está apenas en la
Constitución, sí tendremos dos órganos con independencia, con
autonomía para investigar no sólo estos 2,500 casos, sino cualquier
denuncia de corrupción, cualquier señalamiento de desvío de recursos,
y entonces sí tendremos un control externo.
Y el segundo gran eje, y todavía más importante que el anterior, y por
supuesto complementario es el de la sanción. Se le quitan las facultades
de sancionar a estos empleados, al contralor municipal, estatal y al
Secretario de la Función Pública a nivel federal, en todos los casos de
gravedad, y se le otorgan las facultades de sanción en materia
administrativa, a un Tribunal Federal Autónomo, y en materia penal, por
supuesto, como ya las tiene, al Poder Judicial de la Federación.
Entonces, sí hace sentido que un servidor público, un gobernador, un
alcalde, un presidente, tenga un Órgano Interno de Control para efectos
preventivos, pero que no sea ese Órgano Interno de Control que le está
subordinado, el que investiga y supuestamente sanciona y que más bien
en el 99 por ciento de los casos, absuelve.
Es, sin duda, una gran reforma, pero también hay que decirlo, están
pendientes las leyes secundarias, y dice la Reforma Constitucional con
claridad en el Transitorio, que mientras no se aprueben las leyes
secundarias no entra en vigor la Reforma Constitucional.
El plazo vence en mayo del próximo año y me parece debe ser una
prioridad y un compromiso de todas las fuerzas políticas, sin lógicas
partidistas sacar adelante la legislación secundaria del Sistema
Nacional Anticorrupción y que tengamos este gran sistema que nos
permita avanzar en este trabajo de rendición de cuentas.
Concluyo con una reflexión: hace exactamente 100 años, en 1915,
entran a la Escuela Nacional Preparatoria a estudiar la preparatoria, un
grupo de siete jóvenes que se organizan y forman un grupo que se
llamaba la Sociedad de Conferencias y Conciertos, porque se
dedicaban a eso, organizaban conferencias, organizaban conciertos;
ahora se les conoce como, en aquel entonces, sus compañeros les
pusieron el apodo de los siete sabios, al principio un poco de manera
peyorativa, pero al final prevaleció esa denominación y hoy los
conocemos como la generación de 1915, justamente porque en 1915
ese grupo de siete jóvenes, entran a la Escuela Nacional Preparatoria.
Tuvieron carreras brillantísimas en lo individual, dos de ellos llegaron a
ser ministros de la Corte, Teófilo Olea Leyva y Alberto Vázquez del
Mercado, el literato conocidísimo Antonio Castro Leal, un líder sindical
de izquierda prominente, Vicente Lombardo Toledano, Jesús Moreno
Vaca, el arqueólogo Alfonso Caso y bueno, para orgullo de nosotros,
pero creo que también del país, Manuel Gómez Morín, era también
parte de este grupo de siete jóvenes que Manuel Gómez Morín, a la
postre sería rector de la UNAM, un promotor importante para lograr la
autonomía de la UNAM y finalmente fundador del Partido Acción
Nacional.
El genio de esa generación, de la generación de hace 100 años, de la
generación de 1915, fue entender el México de su tiempo y actuar en
consecuencia, era otro México, era un México que tenía la población
aproximada que hoy tiene el Estado de México, un México carente de
instituciones y se dan a la tarea de crear instituciones.
A esa generación de 1915 le debemos la creación del Instituto Nacional
de Antropología e Historia, del Fondo de Cultura Económica, del ITAM,
del Politécnico, de los Institutos Nacionales de Cardiología, de Nutrición,
el Banco de México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, la
autonomía de la UNAM, en fin, fueron una generación que se
caracterizó por crear las instituciones que necesitaba el Estado
mexicano.
Ese fue el diagnóstico, la ausencia de instituciones y la tarea, darle a
México las instituciones que necesitaba.
Cien años después, aquí estamos, la generación de 2015;
independientemente del año en el que hayamos nacido un poco en esta
lógica de Ortega y Gasset, somos la misma generación los que aquí
estamos porque compartimos una visión de los problemas de nuestro
tiempo y queremos coadyuvar a resolver los problemas de nuestro
tiempo.
Nos corresponde hacer lo mismo cien años después, preguntarnos cuál
es el problema de nuestro país, leer nuestra realidad y definir cuál es
nuestra vocación en términos generacionales.
Si en aquél entonces era la falta de instituciones, me parece que hoy es
el descrédito de las instituciones.
Antes no había instituciones, hoy las instituciones están profundamente
desprestigiadas, todas.
Ustedes han visto la encuesta que publicó recientemente Reforma, es
un problema que se tiene porque ha bajado el nivel de aprobación de
los organismos constitucionales autónomos, incluyendo a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, los poderes constituidos, el Presidente
de la República en niveles históricamente bajos de aprobación.
Pero lo mismo el Congreso, lo mismo ha bajado la aprobación de la
Corte; sin duda y en primerísimo lugar ha bajado la aprobación de los
Partidos Políticos.
El común denominador es el descrédito institucional y si ese es
diagnóstico de nuestro tiempo, ¿qué nos corresponde hacer?:
La renovación, la regeneración, la limpieza, la oxigenación de nuestras
instituciones y me parece que en ese ejercicio de renovar, de regenerar,
de limpiar y de oxigenar a nuestras instituciones, sin duda juegan un
papel fundamental la transparencia y el combate a la corrupción.
Yo estoy convencido de que tenemos que sacar adelante -antes de
mayo- toda la Legislación Secundaria del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Estoy convencido de que sí tiene solución, que podemos lograr cambiar
esto que nos duele, de que la regla general en México sea que el político
corrupto se sale con la suya.
Sé también que la tarea no va a ser fácil pero sé que los que estamos
aquí reunidos compartimos que el futuro pertenece a quienes creen
profundamente en la grandeza de sus sueños y todos los que estamos
aquí reunidos soñamos con un México mucho mejor, con un México
limpio, con un México en el que quien cometa un acto de corrupción
pague las consecuencias; un México en el que los recursos públicos se
apliquen con honestidad, un México con progreso, con oportunidades
para todos.
Yo quiero felicitar mucho al INAI, de manera especial a su Presidenta
Ximena Puente, por esta convocatoria y reiterar nuestro compromiso de
poner nuestro granito de arena para lograr ese ejercicio de oxigenación,
de limpieza de nuestras instituciones para coadyuvar a un México mejor
para todos.
Muchas gracias.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias a
Ricardo Anaya, Presidente del PAN.
En efecto, ya camino a cerrar nuestra mesa, faltan dos intervenciones
de quienes son las autoridades electorales, quienes -como ya se ha
dicho- han venido a orquestar y a ponerle orden, tránsito y civilidad a la
pugna histórica por el poder como en cualquier país y México no es la
excepción.
Por supuesto la potabilización del medio público es uno de los objetivos
primordiales de la transparencia porque sin ella no hay democracia en
el sentido esencial del término.
De esta suerte, solicitamos la palabra de Lorenzo Córdova Vianello,
Presidente del INE.
Lorenzo Córdova Vianello: Muchísimas gracias, Paco.
Yo quiero comenzar, de manera telegráfica e inversamente
proporcional, la profundidad del agradecimiento, dando las gracias al
INAI, a su Comisionada Presidenta, las Comisionadas y Comisionados
que integran su Pleno, por la invitación a participar en esta mesa, en el
contexto de esta Semana Nacional de Transparencia.
Quiero aprovechar también para agradecer la oportunidad por compartir
la mesa con los presidentes, Magistrado Presidente, amigas
entrañables como Macarita, en fin.
Gracias a todos por permitirme la oportunidad de
reflexiones en este contexto.
hacer algunas
Pocas veces habían confluido en un mismo momento a lo largo de
nuestra historia tantos y tan graves problemas, los que constituyen hoy
aquellos que parafraseando a don Manuel Molina Enríquez, podríamos
decir: “Son los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo, son
profundos y son estructurales”.
La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad que la alimenta
y la crisis de seguridad son problemas transversales que afectan a todos
los ámbitos de la vida social y que erosionan tanto al tejido social, como
a la institucionalidad democrática y la confianza social.
Los datos que recientemente publicó
Latinobarómetro, son creo que alarmantes.
la
última
edición
de
La noticia probablemente más preocupante del estado de cosas que
guarda la democracia en Latinoamérica, señala o enfatiza de manera
particular que la satisfacción con la democracia tiene una tendencia a
la baja.
Y el caso mexicano es un caso paradigmático, porque respecto del 34
por ciento de promedio que constituyen los ciudadanos que se dicen
satisfechos con la democracia en la región, México ocupa el último
lugar, 19 por ciento.
Ya en la edición de 2014, México se peleaba, digamos, con Haití.
El último lugar en satisfacción con la democracia, ya lo superamos, ya
estamos en el último lugar de satisfacción de su ciudadanía con la
democracia en toda Latinoamérica.
Y paradójicamente de todos los países de América Latina, estoy
convencido que somos los que más hemos invertido en la construcción,
en la transformación de nuestro régimen político en clave democrática.
Me parece que el análisis que tenemos que hacer en torno al estado de
cosas, a cómo enfrentar y resolver estos problemas, estos grandes
problemas nacionales, debe partir de una premisa.
El boleto a la democracia no es un boleto en un solo sentido, puede
tener aparejado el viaje de vuelta.
Y creo que esta advertencia es una advertencia que debe regir no sólo
las actuaciones, sino también las acciones que hagamos para enfrentar
nuestros problemas.
No soy afecto al tremendismo.
Creo que hay que estar atentos frente a lo que los datos nos indican y
creo que no hay que menospreciar este desencanto, esta insatisfacción
que la sociedad presenta no sólo para con la democracia, sino también
como se ha insistido en esta mesa, con su institucionalidad.
Y no soy un tremendista, porque me parecer que los tremendismos
suelen eliminar, ocultar lo mucho que se ha hecho, y que nos ha
permitido transitar en estas casi cuatro décadas de un régimen
monocolor, de un régimen autoritario y vertical a un régimen en el que
la diversidad política se recrea con todos los problemas que ya se han
diagnosticado en torno al estado de cosas de nuestra democracia, pero
que al final del día sí con sus problemas representa un país
radicalmente distinto, y comparativamente distinto para bien.
Creo que falta mucho, hay que reconocer que falta mucho, sin duda, por
consolidar y mucho por avanzar, pero un buen punto de partida, más
allá de la advertencia, es reconocer todo lo que se ha hecho en este
sentido. Y la transparencia es parte de estos cambios.
Las últimas reformas en materia de transparencia y la político-electoral,
para centrarme al tema de esta mesa, han traído una serie de
novedades muy importantes. Por lo menos tres que quisiera señalar que
implican un cambio profundo en las reglas del juego democrático y que
abonan, creo, en la lógica de rendición de cuentas, que si bien es
todavía uno de los, probablemente el más grande de los pendientes en
términos de construcción democrática, sin lugar a dudas cuentan con
definiciones normativas mucho más sólidas que en el pasado. Producto,
insisto, de las reformas de 2014.
En primer lugar se incorporó el principio de máxima publicidad como
principio rector de la función electoral, y por lo tanto como un principio
vinculante en la actuación no sólo de las autoridades electorales, sino
también de la actuación de los partidos políticos.
En segundo lugar se convirtieron a los partidos políticos, como se ha
señalado, en sujetos obligados directos en materia de transparencia.
Y en tercer lugar, se fortalecieron los mecanismos de fiscalización de
los ingresos y gastos de los partidos políticos, y aquellos invertidos por
los competidores en las contiendas electorales.
Respecto del primer punto reflexionaría lo siguiente, es decir, la
incorporación del principio de máxima publicidad como principio rector
de las funciones electorales.
Desde que se aprobó la Ley Federal de Transparencia en el 2002 el
otrora IFE, ahora INE, ha sido una de las instituciones más escrutadas
para bien, venturosamente, por los ciudadanos, opinión pública y
partidos políticos.
Me atrevería tal vez a decir que no hay otra institución en el Estado
mexicano que sea tan escrutada como es el Instituto Nacional Electoral
hoy.
Por ejemplo, tan sólo de 2009 a agosto de 2015, se han presentado 29
mil 917 solicitudes de información a la institución, y de ellas solamente
el 5.8 por ciento derivaron en recursos de revisión.
Estoy convencido que el principio rector no está ahí como un
reconocimiento en la Constitución, como un reconocimiento a lo hecho,
sino como un contexto de exigencia para seguir profundizando en lo que
creo se ha avanzado de manera consistente.
En el Instituto Nacional Electoral tenemos que avanzar hacia la lógica
de Gobierno Abierto, y tenemos que continuar, facilitar el escrutinio
público de nuestras decisiones.
Aunque, insisto, no en una dimensión, no en una perspectiva de
complacencia, pero creo que hay mucho que aprender para bien y para
mal del Instituto Nacional Electoral y del escrutinio público al que ha
sido, está permanentemente siendo sometido como una ruta para
reflexionar cómo debemos instrumentar el nuevo paradigma de
transparencia en el ámbito del escrutinio social a los órganos del
Estado.
Lo digo sin medias tintas, lamento en parte el discurso, el tono poco
informado y digamos, prejuicioso de por ejemplo cómo se ha venido
escrutando la propuesta de presupuesto público que ha presentado el
INE para el próximo año.
Pero lo digo con mucha satisfacción, es el presupuesto que se
construye con los parámetros de transparencia más altos del Estado
mexicano.
Ningún órgano del Estado mexicano, discute y aprueba públicamente
su presupuesto, como ocurre con el Instituto Nacional Electoral. Y qué
bueno, insisto, que en las últimas semanas a la luz de lo que será un
año particularmente complejo para las finanzas públicas, existe un
debate público, abierto, respecto de lo que el Instituto Nacional Electoral
ha pedido para el ejercicio de sus funciones el próximo año.
Pero también subrayo, que es probablemente el único órgano cuyo
presupuesto está siendo discutido de esta manera, no es para justificar
y no es para pedir volteen la vista hacia otro lado, pero creo que es
justamente uno de los ejercicios que deberíamos propiciar y queríamos
multiplicar en este sentido.
Creo además que la transparencia debe ser entendida particularmente
por los órganos electorales, e incluyo también a los partidos políticos,
no solamente como una obligación constitucional en un contexto
democrático, sino también como una obligación de explicar el sentido
de las decisiones que los mismos toman, de cara a la ciudadanía, me
parece que la transparencia, el principio de máxima publicidad
incorporaron la Constitución, nos obliga a transformarnos para adquirir
una vocación pedagógica que nos permita explicar públicamente de
manera mucho más clara, y por lo tanto, propiciar un debate mucho más
informado, en torno a las decisiones que tomamos.
Y repito, esto vale tanto para los órganos electorales, como creo, para
los propios partidos políticos.
Porque muchas ocasiones lo que tenemos son discusiones públicas en
dos planos, que no se cruzan necesariamente entre sí, el de la opinión
pública y el de la razón de la misma decisión.
Y vuelvo al punto del presupuesto, no para hacer la justificación y la
defensa del mismo aquí, me parece que el debate en torno al
presupuesto, parte de premisas que no necesariamente son premisas
objetivas, como por ejemplo, comparar lo que se solicita para un año
como el 2016, con lo que en su momento el IFE, que era otra institución,
solicitó en el 2013, que sería, digámoslo así en el ciclo electoral, el año
equivalente, solamente que el INE ya no es el IFE y ahora tenemos
procesos electorales que enfrentar en todo el año.
En segundo lugar, me parece que haya sido una decisión sumamente
virtuosa, el haber convertido a los partidos políticos en sujetos obligados
directos en materia de transparencia.
El modelo previo, el modelo previo pero todavía vigente hasta en tanto
el INAI no emita el reglamento que transferirá completamente las
competencias en los próximos meses de órgano garante a esta
institución, tenía una ventaja, un modelo en el cual los partidos políticos,
como Luis recodaba, eran sujetos obligados indirectos porque las
solicitudes de transparencia o de información a los Partidos se
tramitaban a través del otrora Instituto Federal Electoral, hoy Instituto
Nacional Electoral.
La ventaja de este modelo es que desde el momento mismo en que se
presentaba una solicitud de información, había un registro en manos de
la autoridad electoral que le permitía dar un seguimiento y en caso de
contar con la información -aunque fuera información del Partido- el
Instituto Federal Electoral, ahora INE, entregaba directamente la
información.
En caso de que la información estuviera en manos del Partido, digamos
que el conocimiento desde primera instancia por parte del órgano
electoral le permitía fungir como un supervisor de que la información
efectivamente se entregara si ésta era existente, con independencia de
que correspondía al Instituto Nacional Electoral, primero IFE, el fungir
como órgano garante respecto de la entrega o no de la información.
Sin embargo, había una desventaja fundamental: Quien entregaba la
información al ciudadano era el INE, con independencia de que la
información fuera generada por el Partido Político y creo que el que hoy
los Partidos Políticos, con todas las reticencias -porque hay una
dimensión cultural, como se ha planteado aquí- que existe en esta
materia, puede ser un elemento para revertir esa tendencia de crisis de
credibilidad que aqueja y que creo que debe preocuparnos a todos y a
los mismos Partidos.
Creo que el que los Partidos sean los órganos o los entes ante los
cuales se pide directamente la información por parte de los ciudadanos
y sean los Partidos los que entreguen esta información de manera
directa a estos, puede acabar siendo un elemento -digámoslo así- que
acabe, si bien no resolviendo el problema de confianza y de credibilidad
en los Partidos, sí por lo menos contribuyendo a revertir el mismo.
Esto con independencia de que luego de que la Reforma Electoral
última le arrogó 74 nuevas atribuciones al INE, el poder decir que
también la Reforma en materia de Transparencia nos quita una de las
múltiples atribuciones, la de ser órgano garante y la transfiere al INAI,
el problema va a estar de aquél lado y es algo que se agradece, un poco
en términos de la sobrecarga de atribuciones que inevitablemente tiene
la institución.
En tercer lugar, alguna anotación muy breve en términos de
fiscalización, que es una de las innovaciones no por qué se haya
inventado sino porque claramente, con la Reforma de 2014, la misma
se robustece de manera muy importante.
La fiscalización que se está construyendo y que se instrumentó en una
primera etapa en los Procesos Electorales del año pasado, va cambiar
radicalmente -por un lado- el contexto de exigencia y, por ende, lo
odioso que resulta para los Partidos Políticos la actuación del Instituto
Nacional Electoral.
Y es que la fiscalización, que por su propia naturaleza, es y debe ser
odiosa, se instrumentó, tuvo su primera etapa en los Procesos
Electorales que concluyeron.
El Sistema de Fiscalización se sigue construyendo y esperamos esté
operable en su totalidad para los Procesos Electorales del próximo año.
Es un proceso que tiene que robustecerse, que tiene que mejorarse; el
Sistema de Fiscalización en Línea resultó funcional aunque claro que
hay muchas áreas de oportunidad y la retroalimentación con los
Partidos Políticos es indispensable en este sentido, pero digamos, la
tarea de construir el nuevo modelo de fiscalización es algo que no podía
desarrollarse en apenas unos meses.
Hemos cumplido creo que satisfactoriamente, pero creo que queda
también mucho por hacer, porque el contexto de exigencia social y
jurídica que se deriva de la reforma, pero también de las expectativas
de los ciudadanos respecto del escrutinio de cómo se utilizan los dineros
por los partidos y de dónde provienen estos, me parece que tiene que
ser incrementar respecto a cómo estamos.
Si partimos de que alguna de las premisas básicas de un sistema
democrático se pasa en la transparencia, me parece que tenemos que
asumir que todas las etapas, no sólo la electoral, no sólo la actuación
de los partidos políticos, sino todas las etapas del proceso de decisión
democrática, y esto implica la actuación de los legislativos, esta decisión
de transparencia.
La transparencia es transversal a todo el proceso de decisión
democrática.
En consecuencia, ni los procesos de elección de representantes, ni la
integración de la representación democrática, ni la discusión de los
problemas que están urgidos de resolución en una sociedad, ni la
decisión en sede parlamentaria o ejecutiva, pueden desarrollarse en la
sombra.
Ciertamente, mayor acceso de información y mayor transparencia
favorecen el escrutinio de los ciudadanos y con ello la recreación de la
democracia misma.
Aunque me parece que el tema de transparencia a la par de ser una
demanda democratizadora, del proceso de democratización una
demanda de la sociedad, también tiene una dimensión estructural,
cultural y me atrevo a decir que incluso una actitud mental, que como
se ha dicho en la mesa, tenemos que revertir.
Al hacer transversales las obligaciones de transparencia para quien
organiza las elecciones mediante el Principio de Máxima Publicidad y
para quienes compiten por los poderes públicos, partidos y candidatos,
me parece que se impulsa la rendición de cuenta de dos actores claves
de un sistema democrático, sus instituciones y sus competidores.
Lo que tenemos que hacer ahora como gran desafío, es pasar de la
norma a los hechos, procurando no retroceder en lo avanzado sino
consolidando lo que se ha logrado.
El INAI en su nueva responsabilidad no parte de cero. En los últimos
años se ha venido construyendo un contexto de exigencia a los partidos
políticos, sólo que ahora será transferido como responsabilidad de
garantía a esta nueva institución.
El reto que tiene el INAI, me parece, como órgano garante frente a
partidos políticos y a los órganos electorales, no sólo es el revisar las
decisiones en términos de las solicitudes de información, sino también
crear contextos de exigencia para ir provocando esos cambios de
actitud que me parece que son indispensables.
La construcción de confianza es la clave para comenzar a revertir la
crisis de credibilidad en la representación política y en los canales
primordiales para que ella ocurra, los partidos políticos.
Y la ruta clave para que esa confianza cuaje, es la apertura y el
escrutinio público de la gestión de los partidos y de las autoridades
electorales.
Esa es también clave para el robustecimiento del sistema electoral y de
las instituciones del mismo.
Bienvenida en ese sentido, digo yo, la nueva ley y el nuevo contexto de
exigencia.
Queda por nosotros que no termine siendo, como ha ocurrido en otros
momentos de la historia, letra muerta.
Muchísimas gracias.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias
al mensaje de Lorenzo Córdova Vianello.
Y toca para cerrar la mesa, por la importancia que, desde luego, tiene
esta imagen que ha proyectado esta mesa del estamento electoral aquí
representado la palabra a don Constancio Carrasco Daza, quien es
Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, tribunal constitucional especializado en lo electoral y
quien dice en este campo la última palabra, la Sala Superior que
preside.
Por esta razón, desde luego, y lo digo para permitir su palabra, a raíz
de la reforma el Tribunal Electoral en una resolución estableció un
intermezzo, una especie de seteris paribus para decir que mientras que
el legislador ordinario no cumpliera las tareas que el Constituyente le
encomendó en la reforma constitucional del 2014 de febrero, todas las
cosas permanecerían como estaban, y efectivamente permanecería la
endogamia en la construcción o en la referencia de la transparencia
institucional del INE y del propio Tribunal, y que por consecuencia
también los partidos políticos seguirían, mientras tanto, acudiendo vía
INE a resolver sus cuentas de transparencia.
Pero esto terminará cuando el Tribunal estime que ya existen las
condiciones, y pensando que mayo es la barrera.
Muchas gracias, Presidente.
Constancio Carrasco Daza: Muy buenos días a todos.
Yo veo aquí a muchos preocupados porque algunos me conocen
mucho, otros poco, tienen miedo que mi exposición sea como las que
asumo algunas veces en la Sala Superior en el Pleno. Les prometo que
no será así, si ustedes también tienen un poquito de paciencia conmigo,
con sólo dos o tres reflexiones, qué puedo yo aportar a esta mesa de
notables.
Saludo con muchísimo aprecio a doña Ximena Puente de la Mora,
Comisionada Presidente del INAI; a Francisco Acuña Llamas, amigo del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de quienes lo
integramos de manera personal.
Por supuesto a todos los comisionados del propio Instituto por esta
inteligente oportunidad que le dan a la sociedad de debatir un tema tan
importante de la agenda política de México, a todos los funcionarios del
Instituto, a todos quienes nos acompañan.
También asumo con muchísimo gusto. Saludo a todos los sujetos
obligados que nos encontramos en esta mesa y que creo que tenemos
una oportunidad muy importante de hacer alguna reflexión.
No quiero salirme del esquema de lo que he escuchado, claro, pondré
una visión o un acento, si ustedes me lo permiten a la posición de la
justicia electoral de frente al debate nacional sobre la consolidación de
los mecanismos orgánicos desde la Constitución en materia de
Transparencia, esa es mi función.
Para mí es muy importante lo que he recogido, como dijo don Carlos
Navarrete y Ricardo Anaya, yo también había preparado algún esquema
de reflexiones, pero me han animado a hacerlas con ustedes de manera
informal.
Lo primero que creo que todos tenemos claro es que la información es
un derecho humano, tanto por sí mismo, porque así es reconocido en el
orden universal. Pero es el derecho humano básico para el ejercicio
pleno y efectivo de otros derechos humanos.
Es la verdadera perspectiva, es decir, el derecho humano a la
información, tiene como plusvalor que a partir de él, una sociedad puede
ejercer otros derechos humanos en una sociedad democrática.
Eso es lo que estamos discutiendo en esta posibilidad, y como
autoridades electorales, lo digo de manera muy enfática, creo que el
gran déficit de nuestro modelo democrático, es que la ciudadanía
todavía tiene muchos agujeros negros en la capacidad de información
que tiene sobre las campañas políticas, los partidos políticos, los
candidatos, el funcionamiento de las autoridades electorales, que son
precondición para poder ejercer un voto público informado.
Ese es un debate postergado, los esfuerzos que hacen las instituciones
que organizan las elecciones en México, el Instituto Nacional Electoral
para el desarrollo de los procesos, han quedado palpables en el proceso
electoral pasado.
Creo que una reflexión esencial que hoy estamos llamados a hacer es
la ciudadanía en sus más amplios márgenes que sufragó el 7 de junio,
fue ciudadanía informada, del desempeño público de los partidos
políticos, de los perfiles de los candidatos, de las políticas públicas que
se propusieron y a partir de ese conocimiento mínimo necesario, emitió
su sufragio.
Me parece a mí que este es un debate más que necesario en nuestro
Sistema Democrático.
Otro debate postergado, le comentaba en la intimidad que me permite
la mesa al Presidente del Partido Acción Nacional, a Ricardo Anaya,
que creo que hay un debate indispensable hoy en nuestra democracia
que se construye.
La ciudadanía recibe información suficiente para orientar su voto
público, es decir, para ejercer su derecho político-electoral de votar en
la propaganda política electoral de cara a las elecciones.
Es una pregunta mínima que tiene que hacerse en las discusiones de
transparencia política.
Es decir, tenemos mínimos indispensables de ciudadanía informada de
las posiciones políticas concretas, los programas de gobierno, las
acciones de los candidatos y de los partidos políticos a través de la
propaganda política, es decir, el modelo de comunicación política por el
que optó el Poder Revisor de la Constitución y que corresponde a los
partidos políticos en su autoejercicio de autonomía difundirlo, está
cumpliendo con el propósito esencial de ciudadanía informada, se
construye con la propaganda política esta clase de ciudadanía.
De ahí que creo que debemos poner en el debate que el derecho a la
información como componente esencial de la transparencia, inicia con
el deber de todos los sujetos obligados -en este caso, Partidos Políticos,
candidatos independientes, autoridades electorales- de difundir
información que permita tener una ciudadanía que ejerza el derecho
político-electoral de votar en condiciones mínimas de información.
Si no, todo lo que afirmemos en estas oportunidades, todos los buenos
propósitos en relación con el tema, creo que seguirán siendo esfuerzos
insuficientes para la consolidación de nuestro modelo democrático y
cerrar la brecha entre sociedad y gobierno. Esto lo veo así de puntual.
Quiero hacer otra reflexión que me parece muy importante, aunque se
puede ver en una perspectiva técnica y que creo que se puede platicar
muy bien en estos foros: Los órganos internos de los institutos políticos
que llevan a cuestas toda la justicia partidaria de cara, tanto a los
procesos de selección de dirigencias, como a los procesos de selección
de candidatos a cargos de elección popular.
Es decir, estos órganos materialmente jurisdiccionales que llevan a
cabo estos procesos a partir de sus resoluciones y el sistema de medios
de impugnación del que conoce el Tribunal Electoral.
Es muy importante -respetuosamente para los Partidos Políticos- un
debate sólido si necesitamos mecanismos que permitan que estos
procesos que se llevan a cabo al seno de los Partidos Políticos, puedan
transparentarse fundamentalmente en la deliberación que tienen los
miembros de los órganos de justicia intrapartidaria.
Sería fundamental, es una mínima congruencia la que me permite fijar
esta posición.
Hoy los debates del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a partir de los cuales se construyen tanto los consensos
como los disensos para la toma de decisiones en los medios de
impugnación que conocemos, por exigencia constitucional y legal son
públicos, con una precondición mínima:
Para cumplir la expectativa del derecho humano a una tutela judicial
efectiva; es decir, el componente que requiere la sociedad de observar
que el juez se conduce de manera independiente e imparcial, a partir de
los elementos que le proporciona el debate a la sociedad.
Es muy importante que reflexionemos al seno de los Partidos Políticos,
en la Ley General de Partidos Políticos, como un marco rector que
oriente a todos los institutos políticos nacionales y estatales, que los
procesos internos partidarios a través de los cuales se enjuicia a los
militantes, a las dirigencias de los partidos políticos, sus resoluciones,
sus procesos deliberativos sean públicos.
El Artículo 17 y el 20 Constitucional determinan hoy de manera expresa
como garantías del debido proceso, del derecho humano al debido
proceso, la publicidad y la transparencia de estos procesos.
En consonancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha
sentado jurisprudencia que determina que las garantías judiciales que
están contenidas en el Artículo 8° de la Convención Americana, entre
otras la publicidad en los procesos de resolución de los asuntos
jurisdiccionales, tienen que hacerse extensivas estas garantías a todos
los procesos administrativos que siga el Estado que puedan tener como
consecuencia una sanción.
Es decir, la visión de la Corte Interamericana ya pasó las fronteras del
enjuiciamiento jurisdiccional formal y materialmente dicho.
Ya exige que todos los órganos del Estado que lleven a cabo
procedimientos administrativos que puedan terminar con una sanción,
en este caso a los militantes, a la dirigencia, a los afiliados, deben
llevarse a cabo de manera pública como un elemento mínimo para
fortalecer la independencia y la imparcialidad de los órganos de justicia
intrapartidario.
Es una reflexión, por supuesto, respetuosa desde la visión que me
permite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Tenemos retos mayúsculos en el ejercicio jurisdiccional, que finalmente
a mí me gustaría compartir con ustedes, fundamentalmente con los
liderazgos de los partidos políticos que aquí nos acompañan, con los
comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información.
A menudo nos llegan asuntos en la vía jurisdiccional donde se nos
hacen exigencias tanto por esta vía, como en la administrativa, sobre la
difusión de formación atinente a nuestro desempeño fundamentalmente
público en la materia y estamos en un compás de espera que determinó
con racionalidad el poder revisor de la Constitución para consolidarse a
mediados del año próximo.
Yo dejo una reflexión en esta mesa, en este diálogo que es importante.
Hoy bajo el parámetro de nuestro bloque de constitucionalidad,
reformulado, reforzado a partir de junio del 2011, el Sistema
Interamericano, fundamentalmente la Corte Interamericana, ha
determinado que los derechos humanos consagrados en la Convención
tienen que ser cumplidos, tienen que ser privilegiados de manera
inmediata. Es decir, cuando se exige el cumplimiento de un derecho
humano que está consagrado en el sistema convencional el Estado
parte está obligado a cumplir con ese derecho humano a privilegiar el
derecho humano.
El artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos
establece de manera expresa que todas las personas que formamos
parte del orden interamericano de los estados domésticos tenemos
derecho a recibir, difundir información de nuestras propias ideas como
en manos del Estado, en este caso el Estado en su conjunto.
Este derecho humano que se consagra en el Artículo 13.1 de la
Convención es el mismo que con otra prosa se encuentra en nuestro
Artículo 6° de la Constitución Federal.
El Artículo 1° de nuestra Constitución Política determina que todas las
autoridades en el ámbito de nuestra competencia estamos obligados a
potenciar y a favorecer los derechos humanos.
Quisiera dejar en este diálogo, por último, una reflexión. El Artículo 2°
de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los
estados parte de la Convención, o sea México, no pueden responder a
un ciudadano a una persona parte del Sistema Interamericano que no
es posible el cumplimiento o la exigencia del derecho que pretende sea
tutelado que el Estado parte no puede eximirse de ese deber, so
pretexto de que no se encuentra todavía un orden legal orgánico
reglamentario establecido o que se encuentra en vías de consolidación
un modelo reglamentario para poder hacer exigible ese derecho.
No, la Corte Interamericana tiene jurisprudencia de potenciación, y por
lo tanto obligatoria para todos los estados parte de la región de que la
exigencia a ese derecho humano debe cumplirse de manera puntual.
Es decir, si un ciudadano pretende recibir información en manos de
alguno de los poderes del Estado o de alguno de los entes del Estado
mexicano, y esa información es pública, y por lo tanto la persona tiene
derecho a recibirla, la sistemática constitucional y convencional parece
que hoy nos exige a dar respuestas inmediatas con independencia del
esfuerzo orgánico reglamentario que el Estado mexicano a través del
Congreso se encuentre haciendo cuando se solicita a los sujetos
obligados.
Yo llamo respetuosísimamente su atención en eso, porque son los
problemas del día al día, que enfrentamos los órganos que
encabezamos el Estado mexicano.
Yo agradezco muchísimo su paciencia y la oportunidad que me da el
INAI de compartir con ustedes estas reflexiones.
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas: Muchísimas gracias,
cerramos la mesa, mientras que se entrega a los participantes un
modesto detalle de parte del Pleno, de los Comisionados del INAI,
agradecerles y a nombre de todos ellos, mi Presidenta Ximena Puente
de la Mora y de todos mis demás compañeras y compañeros, decirles
que en el INAI estamos muy dispuestos y disponibles para que nos
permitan caminar juntos esta aventura institucional, que nos ha
encomendado el constituyente revisor y estar desde luego atentos a que
nos inviten a conversar y a construir palmo a palmo esta nueva
experiencia política de la realidad mexicana.
Muchísimas gracias a todos.
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