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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
(ESTA ACTA AÚN NO HA SIDO APROBADA POR EL PLENARIO
LEGISLATIVO)
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA N.º 132
(Martes 26 de enero de 2016)
SEGUNDA LEGISLATURA
(Del 1º de mayo 2015 al 30 de abril 2016)
SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
(Del 1º de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2016)
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
ACTA ORDINARIA N.º 132 DE 26-1-2016
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Acta de la sesión plenaria ordinaria N.º 132
Martes 26 de enero de 2016
Segundo período de sesiones extraordinarias
Segunda legislatura
Directorio
Rafael Ortiz Fábrega
Presidente
Juan Rafael Marín Quirós
Primer secretario
Natalia Díaz Quintana
Segunda prosecretaria
Diputados presentes
Alvarado Bogantes, William
Alvarado Muñoz, Gerardo Fabricio
Álvarez Desanti, Antonio
Arauz Mora, Marta Arabela
Araya Sibaja, Edgardo Vinicio
Arce Sancho, Michael Jake
Arguedas Mora, Jorge Arturo
Arguedas Ramírez, Carlos Manuel
Atencio Delgado, Ruperto Marvin
Cambronero Arguedas, Javier Francisco
Campbell Barr, Epsy Alejandra
Carrillo Guevara, Suray
Clarke Clarke, Maureen Cecilia
Corella Vargas, Franklin
Díaz Quintana, Natalia
Esquivel Quesada, Abelino
Fallas Rodríguez, Ligia Elena
Garro Sánchez, Laura María
González Ulloa, Rolando
Guerrero Campos, Marcela
Guevara Guth, Otto
Hayling Carcache, Danny
Hernández Álvarez, Carlos Enrique
Jiménez Rojas, Olivier Ibo
Jiménez Succar, Juan Luis
Leiva Badilla, Johnny
López, Óscar
Marín Quirós, Juan Rafael
Molina Cruz, Emilia
Monge Salas, Rony (cc Ronny)
Mora Castellanos, Ana Patricia
Mora Jiménez, Henry
Morales Zapata, Víctor Hugo
Ortiz Fábrega, Rafael Ángel
Piszk Feinzilber, Sara Ángela (cc Sandra)
Quesada Santamaría, Carmen
Ramírez Portuguez, Paulina María
Ramírez Zamora, Gonzalo Alberto
Ramos Madrigal, Rosibel
Redondo Poveda, Mario
Redondo Quirós, Marco Vinicio
Rodríguez Araya, Jorge
Rojas Astorga, Julio Antonio
Sánchez Venegas, Silvia Vanessa
Segura Retana, Aracelli
Solís Fallas, Ottón
Trejos Salas, Lorelly
Vargas Corrales, Humberto
Vargas Rojas, Gerardo
Vargas Varela, Gerardo
Vásquez Castro, Luis Alberto
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
ACTA ORDINARIA N.º 132 DE 26-1-2016
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ÍNDICE
PRIMERA PARTE ....................................................................................................4
Discusión y aprobación del acta ordinaria N.º 131 ..........................................4
Suspensión de derechos y garantías................................................................4
Asuntos del régimen interno de la Asamblea Legislativa...............................4
SEGUNDA PARTE.................................................................................................24
Discusión de proyectos de ley.........................................................................35
Segundos debates ............................................................................................35
Expediente N.º 17.246, Ley de Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de
China para la Promoción y Protección de Inversiones .................................35
Expediente N.º 19.139, Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas
Clasificadas como Especiales .........................................................................35
Expediente 19.139, Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas
Clasificadas como Especiales. ........................................................................35
Primeros debates ..............................................................................................35
Expediente N.º 18.252, Fortalecimiento del Instituto Costarricense de
Ferrocarriles, Incofer, y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la
Gran Área Metropolitana ..................................................................................35
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ACTA ORDINARIA N.º 132 DE 26-1-2016
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Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Buenas tardes.
Al ser las dos con cincuenta y ocho minutos, iniciamos la sesión ordinaria
número 132, correspondiente a hoy 26 de enero del 2016, con cuarenta y un
diputadas y diputados presentes.
PRIMERA PARTE
Discusión y aprobación del acta ordinaria N.º 131
En discusión y aprobación el acta ordinaria número 131.
Discutida.
Aprobada.
Suspensión de derechos y garantías
No hay.
Asuntos del régimen interno de la Asamblea Legislativa
Control político
Vamos a comenzar con el control político.
Inicia el diputado don Juan Marín Quirós.
Diputado Juan Rafael Marín Quirós:
Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas y diputados.
Voy a aprovechar estos cinco minutos que tengo de control político un poco
para hacer referencia al voto de la Sala Constitucional con relación a zonas
urbanas litorales.
Y es que aquí, de pronto como no es una ley que nosotros aprobamos, sino
que es una ley que viene de la legislación de los diputados anteriores, tengo que
recordar varias cosas y puntualizarlas.
En el expediente legislativo 18.592 se tramitó la Ley Marco para la
Declaratoria de la Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento
Territorial. Esta ley fue sancionada el 27 de marzo del 2014 y se publicó en La
Gaceta 79 el 25 de abril del 2014.
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ACTA ORDINARIA N.º 132 DE 26-1-2016
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Esta ley fue objeto de una acción de inconstitucionalidad ante la Sala
Constitucional, que fue presentada precisamente el 21 de mayo del 2014, y
recibida en el Poder Judicial, en la Sala Constitucional a las catorce horas
veintinueve minutos.
Y fue presentada por algunos compañeros que en aquel entonces eran
algunos funcionarios de la Asamblea Legislativa, asesores de una de las
fracciones políticas. Y había como un interés de solicitar que efectivamente el
artículo 8 de la ley fuera declarado inconstitucional, y al ser declarado
inconstitucional a lo mejor dejaba de existir en la vida jurídica.
Lo interesante es que desde esa fecha a la última resolución la semana
anterior de la Sala Constitucional, la Sala declara sin lugar esta acción de
inconstitucionalidad contra el artículo 8 de la Ley Marco de la Declaratoria Urbana
Litoral y Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial, la ley ya publicada, la
9221.
La sentencia del 2016 811, la Sala Constitucional declara esa acción sin
lugar y los accionantes básicamente, como ya lo indiqué, alegaban que violentaba
el principio de intangibilidad la zona marítimo-terrestre.
La utilización de criterios de derecho urbanístico y de derecho ambiental no
pueden considerarse del todo incompatibles con el principio de intangibilidad del
área pública de la zona marítimo-terrestre, ha dicho contundentemente la Sala
Constitucional.
Dicha normativa exige la realización de estudios técnicos de diferentes
entidades públicas, entre ellas la declaratoria de zona urbana por parte del INVU,
por lo que para obtener una específica declaratoria como la zona urbana litoral se
requiere de estos estudios previos. Con ellos se garantiza el derecho a una
vivienda digna y a un medio de subsistencia digno, y se reconocen los
asentamientos históricamente establecidos en los litorales, sin que regule hacia el
futuro nuevos asentamientos.
Aquí es donde está lo importante, se trata de un cambio de régimen del
área pública de la zona marítimo-terrestre, donde antes solo era posible otorgar
una concesión era en la zona restringida, no así dar concesiones en la zona
pública.
Si uno analiza el concepto de zona pública que tiene la Ley 4240 a que
hace referencia la ley, que hoy ya entró en vigencia, establece como área urbana
la Ley de Planificación Urbana y dice que es el ámbito territorial de
desenvolvimiento de un centro de población.
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Y aquí es donde comenzamos a ver los temas ya a profundidad de la ley. El
artículo 2 de la ley que entró en vigencia, ya sin problemas, establece que se
pueden concesionar en el litoral hasta los doscientos metros de la zona marítimoterrestre, incluye los ciento cincuenta de la zona restringida y los cincuenta metros
de la zona pública.
Y establece con claridad que para la declaratoria de zona urbana litoral la
iniciativa es de la municipalidad donde haya un centro de población, y además
establece que es competencia del Poder Ejecutivo, mediante decreto del
presidente de la República con el ministro de Gobernación y Policía, decretar la
zona urbana litoral que la municipalidad está solicitando.
Y aquí comenzamos entonces a ver el interés de una cantidad enorme de
comunidades que existen en las zonas costeras costarricenses, que hoy pueden
tener acceso a convertirse en zonas urbanas litorales, y crea un ente que es un
ente más de revisión institucional centralizado para revisar la parte técnica antes
de hacer la declaratoria.
Y ahí está el ministro de Gobernación, el de Ambiente, el de Planificación,
los presidentes ejecutivos de turismo, Instituto Geográfico, Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo, y Asesoría Municipal el IFAM.
El artículo 5 es clave en esto. Ya nosotros vamos a comenzar a trabajar las
tres primeras zonas urbanas litorales en Guanacaste. Hay tres municipalidades
interesadas en ser conejillos de Indias en este tema.
Vamos a aplicar el artículo quinto y vamos a tener tres planes costeros…,
no, tres planes reguladores: un costero, que el que ya existe, más el plan urbano
si no existe, y vamos a crear el nuevo plan regulador de la senda urbana litoral.
Y entonces, aquí comunidades, como Tamarindo, interesada que se declare
zona urbana en Santa Cruz, comienzan a hacer el trámite en el INVU, y el INVU
se los rechazó porque no estaba resuelta la acción de inconstitucionalidad. A partir
de este momento, Santa Cruz está habilitado para continuar con el proceso.
Lo que les quiero decir es que aquí el tema se puso interesante, porque
nosotros hemos venido discutiendo durante año y medio qué hacer con Tecocos, y
qué hacer con zonas urbanas litorales. Aquí hay una respuesta para las sesenta
comunidades costeras de este país que tienen población, según el concepto de la
Ley de Planificación Urbana.
De tal manera que vamos a comenzar a probar esta ley, compañeros y
compañeras diputadas, y vamos a trabajar con las comunidades en este tema.
Muchas gracias por este espacio y yo creo que el tema es importante y aquí
hay una ley marco hoy que resuelve muchos problemas para este país.
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Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Gracias, diputado don Juan Marín.
Continúa en el uso de la palabro la diputada doña Emilia Molina Cruz.
Diputada Emilia Molina Cruz:
Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas.
Quisiera expresar en mi nombre mi más sentida condolencia a la
compañera doña Nidia Jiménez, quien ha perdido a una persona cercana en el
accidente que lamentablemente ocurrió la semana pasada en Nicaragua.
La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que
corresponden a los costarricenses mayores de dieciocho años, dice el artículo 90
de nuestra Constitución Política.
Esos ciudadanos, los cuales son cualquier hombre o mujer costarricense
mayor de dieciocho años, tendrá, según el artículo 98 de nuestra Constitución, el
derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, así como
su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, suscrita
por Costa Rica en el año 1967 por esta Asamblea Legislativa, establece
textualmente que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos
electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con
los hombres, sin discriminación alguna.
Además, el Código Electoral, en su artículo 2, señala que la participación
política de hombres y mujeres es un derecho humano reconocido en una sociedad
democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios
de igualdad y no discriminación.
Sin embargo, ese marco jurídico contrasta con nuestra realidad política. De
seiscientos cinco candidatos a alcaldes en la presente campaña electoral, solo
ciento dieciséis son mujeres. De seiscientos cinco candidatos a alcaldes en la
presente campaña electoral, solo ciento dieciséis son mujeres.
Es decir, las mujeres no representan ni siquiera la cuarta parte del total de
candidaturas a la alcaldía en este país.
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El protagonismo de las mujeres en la presente campaña municipal se
encuentra relegado a un segundo plano; a un plano meramente complementario.
Eso se infiere de los datos electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, dado
que, mientras las candidatas a alcaldesas son solo el diecinueve por ciento, en las
candidaturas a la primera vicealcaldía el ochenta y uno por ciento son mujeres, y
para la segunda vicealcaldía son solo el veinticinco por ciento.
En otros ámbitos, como el de las regidoras propietarias, existe una ligera
equidad, al ser las mujeres el cuarenta y seis por ciento. Pero, en cuanto a ser
síndicas, solo el treinta y seis por ciento de las candidatas son mujeres.
Y esa misma dinámica podríamos seguir viéndola en el resto de
candidaturas para estas elecciones municipales.
Por lo tanto, frente a esta realidad, podríamos preguntarnos: ¿qué podemos
hacer al respecto?, ¿cómo buscamos la equidad de género en la participación
política de una población en la cual el cincuenta y uno por ciento de su totalidad
somos mujeres?
Compañeras y compañeros diputados, no hay que idear más proyectos
para combatir la falta de participación política de la mujer. No hay que pedirles a
nuestros asesores y asesoras que investiguen y redacten borradores al respecto.
No hay que sentarnos largas horas en una comisión escuchando moción tras
moción para esperar que el proyecto vea la luz de este Plenario. No, no es
necesario nada de eso.
Ya existe un proyecto de ley que, precisamente, les da a las mujeres el
lugar que, por derecho, se merecen en política: el expediente 19.010.
El expediente 19.010 insta a los partidos políticos a establecer, mediante
sus estatutos, una política interna de igualdad y equidad de género que garantice
la paridad de género horizontal y vertical, así como la alternabilidad en sus
candidaturas de elección popular.
Como lo dice muy acertadamente el Departamento de Servicios Técnicos
en su informe en este expediente, se rebasa la exigencia actual de respeto a la
paridad de género, para pasar a la obligación de que cada partido político tenga
una política de igualdad y equidad de género y su correspondiente plan de acción.
Es decir, aprobar el expediente 19.010 es combatir directamente la
desigualdad y discriminación de género, no solo imperante en estas elecciones
municipales, sino para evitarla del todo en los futuros procesos electorales; sean
municipales o nacionales.
Aprobar el expediente 19.010 es permitir que las mujeres tengan la
oportunidad, por ley, de encabezar las papeletas de los partidos políticos y que,
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por ende, el cincuenta y uno por ciento de la población de este país se sienta
realmente representada en los puestos de elección popular.
Compañeras y compañeros diputados, la lucha porque las mujeres sean
consideradas, de manera real y efectiva, iguales a los hombres en sus casas, en
sus trabajos, en sus aspiraciones de vida y, en general, en nuestra sociedad, lleva
muchas décadas de trabajo. Y, hoy, estamos a las puertas de aportar un granito
más en esa lucha aprobando el expediente 19.010.
Seamos parte de la historia, pero sobre todo garanticémosles sus derechos
a las generaciones futuras. Démosle el lugar que se merece en este Plenario al
expediente 19.010 y aprobémoslo.
Aprobémoslo por nuestras hijas, por nuestras sobrinas, por nuestras nietas.
Ellas también tienen el derecho a participar en política de la misma manera que
los hombres.
Muchas gracias.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Continúa en el uso de la palabra el diputado Franklin Corella.
Cambiaron el orden desde…, sí, lo…
Diputado Franklin Corella Vargas:
Bueno, está bien, muchas gracias, señor presidente, muy buenas tardes,
compañeros y compañeras diputadas y diputados.
Hoy quiero poner un tema en el tapete que no se escapa de la discusión
nacional y que pasa por la discusión de reforma fiscal, y son datos que ha arrojado
una ONG mexicana Oxfam, precisamente dentro del contexto del Foro Económico
Mundial que se celebró la semana anterior sobre el tema de la desigualdad, e
inclusive, este mismo tema lo desarrolló el expresidente de la República don
Óscar Arias Sánchez sobre el tema de lo que han llamado analistas la crisis de la
desigualdad.
Hoy por hoy el uno por ciento de la población más rica tiene la misma
cantidad del noventa y nueve por ciento restante.
En el 2010 los más ricos del mundo cabían en un avión, trescientos sesenta
y algo, para el 2015 son sesenta y dos las personas que acumulan mayor cantidad
de riqueza. Y lo más inmoral es que esas sesenta y dos personas tienen el
equivalente a tres mil seiscientas millones de personas más pobres del planeta. Y
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esos tres mil seiscientos millones es simplemente la mitad de la cantidad de
personas más pobres del planeta.
Y desarrollan los analistas de cómo se ha construido una economía, don
Otto y compañeros, del servicio del uno por ciento de la población, cómo los
grupos dominantes y grupos de poder han llegado a permear en el control de las
organizaciones que desarrollan política para beneficiar precisamente a la
concentración en ese uno por ciento.
Y los datos son relevantes, no se está desarrollando política pública que
venga a contrarrestar la desigualdad social.
En el país es un reflejo similar. De los países latinoamericanos, solo Costa
Rica y República Dominicana presentan datos lamentables en temas de la
disminución de la desigualdad.
Y cuando en el tapete del país está la discusión de fraude fiscal,
costarricenses, generadores de opinión, diputados representantes de los
costarricenses, y la discusión es si debe o no existir una lista de accionistas para
que de forma transparente se pueda saber quiénes integran, cuánto están
persiguiendo y por qué no, inclusive, saber quién es la persona más rica de Costa
Rica.
Resulta que algunos se obsesionan por lo que ganan los funcionarios
públicos y publican en sus redes sociales cuánto ganan los funcionarios públicos,
pero yo pregunto: ¿quién es la persona más rica de Costa Rica?
Lamentable que el mismo diario Financiero diga que hay treinta y algo de
grandes empresas, don Gonzalo, don Otto, compañeros de la Unidad, de las
grandes empresas de este país que no reportan ganancias y, consecuentemente,
no pagan impuestos. Y nadie sabe quiénes son esas treinta y algo de grandes
empresas que hoy no tributan como corresponde.
Y hoy, no se puede discutir en este Plenario un proyecto de ley contra el
fraude fiscal, no se ha hablado de nuevos impuestos.
Y si pensamos, inclusive los analistas lo han dicho y el mismo estudio lo
dijo, la reforma fiscal debe contener impuestos sobre el capital. ¿Por qué no hablar
de renta global, por qué no hablar de renta mundial que son verdaderamente
aquellos impuestos que van sobre las riquezas de las personas y de las
sociedades anónimas?
Hoy el país es más desigual, la pobreza tiene datos lamentables y la
reforma fiscal debe estar pensada precisamente en mejorar recaudación, pero
sobre todo en mecanismos que aseguren una reforma fiscal que sea progresiva, lo
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dije anteriormente. Inclusive, don Otto me decía qué dinámicas o qué elementos
debe de tener.
Don Otto, hablemos de impuestos sobre el capital, que el que más tenga
más pague. Pongámonos de acuerdo, pero no se vale que hoy alrededor del siete
punto tres por ciento del PIB no se cobre. Es que si se cobraran bien los
impuestos, don Antonio, no se requirieran reformas fiscales.
Pero para cobrar bien los impuestos, doña Rosibel, se ocupa reforma fiscal
que conlleve no nuevos impuestos, sino que se cobren bien los impuestos.
Pero les dije hace unos días: pongámonos el desafío de que en quince días
saquemos fraude fiscal. Aquí hubo una comparecencia y explíquenme una razón
por la cual no se aprueba el fraude fiscal, denles una explicación a los
costarricenses, una explicación lógica, una explicación que conlleve una discusión
sana sobre el tema.
Porque no me pueden decir que en este país, una de las democracias más
antiguas de Latinoamérica, resulta que no se puede saber quiénes integran una
sociedad anónima, que no pueda haber una lista de accionistas y que no se pueda
saber quiénes son los más ricos de Costa Rica.
Este país merece saber cuánto percibe, quiénes son los más ricos y que se
apliquen impuestos sobre el capital. Esa es la forma como dice Osman y otras
ONG encargadas de luchar contra la desigualdad como se ataca precisamente el
problema de la pobreza.
Pero si aquí no pasa fraude fiscal se podrá imaginar la discusión que
tendría un proyecto de ley que conlleve impuestos al capital para que el más rico
pague más.
Muchas gracias, señor presidente.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Con mucho gusto.
Al terminar control político, como ha sido la norma, daremos la palabra por
el orden.
Termina en el uso de la palabra de control político, en el tiempo del
diputado don Johnny Leiva y de la diputada doña Nidia Jiménez Vásquez, el
diputado don Luis Vásquez Castro.
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Diputado Luis Vásquez Castro:
Muy buenas tardes, señor presidente; muy buenas tardes, señorías, muy
buenas tardes al pueblo de Costa Rica.
Es importante cuando hablamos de mejores ingresos y, sobre todo
escuchando a mi amigo el diputado Corella, volver y repetir nuevamente el tema
de reactivación económica, el tema de infraestructura.
El informe que recientemente entrega la Contraloría evidencia los
desaciertos, pérdidas y erogaciones millonarias del Conavi en la atención de la red
vial nacional. Y eso lo hemos venido informando, denunciando una y otra vez.
La calidad de infraestructura constituye un obstáculo para el crecimiento y
el desarrollo, e inciden negativamente en los estándares de competitividad
internacional del país.
El Reporte global de competitividad 2015-2016 del Foro Económico Mundial
coloca en los últimos lugares a Costa Rica en el tema de infraestructura en toda la
América Latina.
La provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los
aspectos más importantes de las políticas de desarrollo. Sin siquiera recorrer la
mitad del camino, el ministro Segnini deja el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, y con ello deja también incumplida la promesa, que también hiciera el
hoy presidente de la República Luis Guillermo Solís, de reformar un ministerio
ineficiente, de cerrar el Consejo Nacional de Viabilidad, Conavi, y sus hermanas
perversas. Así le llamó en su momento al Consejo de Transporte Público y el
Consejo Nacional de Concesiones.
Este país urge de una clara decisión del Ejecutivo de realizar una reforma
estructural del MOPT, una de las instituciones más cuestionadas y la peor
calificada en el cumplimiento de metas en los últimos cuatro años.
Señorías, pueblo de Costa Rica, en el informe que presenta la Contraloría
General de la República el jueves pasado, se demuestra y comprueba que en los
proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras de la red vial nacional, la
gestión del Conavi en términos de eficiencia y economía presenta una serie de
desaciertos que se traducen en retrasos en la puesta en servicios de las vías en
condiciones más apropiadas para los usuarios, que generan pérdidas y
erogaciones millonarias de recursos públicos requeridos para concluir las obras,
así como un riesgo en la garantía de la calidad de los trabajos ejecutados o por
ejecutar.
Veamos en detalle algunos de los hallazgos de la Contraloría. En cuanto al
proceso de ejecución de las obras, se acusa un bajo nivel de eficiencia de la
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gestión del Conavi, lo que se demuestra en un ochenta por ciento de proyectos de
construcción y mejoramiento de carreteras finiquitados.
En ese mismo porcentaje del ochenta por ciento, la orden de inicio se dio de
forma inoportuna y se firmó bajo protesta por parte del contratista, porque la
administración no cumplió con las condiciones precedentes que eran de su propia
responsabilidad.
En catorce proyectos revisados, finiquitados y no finiquitados a julio del
2015, se evidencia que se incorporaron trabajos no contemplados o no
considerados en los diseños y cantidad de obra a ejecutar.
Déjenme decir que aquí el Conavi utilizó el mecanismo de las órdenes de
modificación por reacomodo de cantidades, alegando imprevisibilidad como
justificantes, lo cual se traduce en aumentos de costos y plazos en la ejecución de
los contratos.
Esto mismo lo indiqué cuando denuncié la eventual desviación de recursos
que se operó en la licitación de conservación vial. Cinco de esos proyectos tenían
diseños de las obras desactualizados al momento de licitar el proyecto para la fase
constructiva.
Ojo, el desfase entre el diseño y la fase constructiva era de dos mil
setecientos ochenta y cinco días, nada más y nada menos equivalente a siete
punto seis años. Un treinta y seis por ciento de los diseños requirieron revisión y
solo un veintiocho por ciento de los diseños estaban actualizados.
En el mismo caso, se contrató la verificación oportunidad de la calidad y no
se realizaron las coordinaciones o convenios para reubicación de los servicios
públicos entre otras falencias. Vean qué grave, señorías.
De siete proyectos, solo en uno se efectuaron todos los ensayos requeridos
para el control de la calidad, ni se verificó esa cantidad por parte del Conavi pese
a contar con dependencias y haber adquirido equipos para ejecutar los ensayos
de control de calidad para los materiales requeridos.
Solo tres de esos catorce proyectos se finiquitaron en tiempo recomendado,
según reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
En relación al proceso contractual de proyectos, veamos, se determinó que
la revisión de cuarenta y nueve diseños de proyectos contratados en el período
2000-2014 ninguno estuvo basado en estudios de preinversión, con el agravante
que un sesenta y cinco por ciento de esos diseños aún no han sido licitados para
la fase constructiva, siendo un gasto para el Conavi de más de tres mil cuarenta
millones de colones.
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En otras palabras, Conavi contrató diseños por tres mil cuarenta millones
para obras que ni siquiera estaba previsto a atender.
Esto fue una de las irregularidades que denuncié y puse en manos del
presidente de la República y del señor ministro Segnini desde finales del 2014, sin
que a la fecha el MOPT haya tomado acción correctiva alguna sobre el particular.
Una de las conclusiones más importantes a que llega la Contraloría se
refiere a que los procesos de licitación no promueven el máximo esfuerzo del
contratista en beneficio del interés público, únicamente se premia el precio con
posibles descuentos dejando de lado incentivos relacionados con plazo y de
calidad.
Lo que es más grave de todo este informe lo constituye el hecho de que a
pesar de que la Contraloría puso el contenido de este informe en conocimiento del
ministro del MOPT y del Consejo de Administración del Conavi desde el 7 de
diciembre del 2015, al 7 de enero del 2016 ninguna de esas instancias jerárquicas
atendió la audiencia del máximo órgano de control y fiscalización de la hacienda
pública objetando o refutando los hallazgos determinados. Silencio positivo,
aceptando todo lo que dijo el ente contralor.
Me llama la atención el hecho de que frente a la gravedad de los hallazgos
denunciados por la Contraloría y ante un evidente incumplimiento de su deber de
rendición de cuentas por parte de esas instancias jerárquicas, la Contraloría no
haya recomendado aplicar, como en derecho corresponde y bajo las garantías
procesales establecidas el régimen de responsabilidad pública, a esos jerarcas y a
los funcionarios eventualmente responsables de esa institución.
Estoy solicitando a este Plenario, señorías, con el debido respeto que me
caracteriza, un debate reglado sobre el informe número DFOEIFRIF0316 de la
Contraloría, con el objeto de conocer todos los desaciertos denunciados y las
medidas correctivas propuestas que permitan garantizar una sana administración
e inversión de los recursos públicos destinados al mantenimiento y construcción
de la red vial nacional para bien de todos los y las costarricenses.
Frente a estos informes de gestión institucional como este que hoy nos
presenta la Contraloría, señorías, pueblo de Costa Rica, yo me pregunto: cómo
hablar de gravar con más impuestos al pueblo de Costa Rica si los recursos
públicos que aportamos todos los y las costarricenses los malgastan y tiran a la
calle las diferentes instituciones del Gobierno, muy en especial y claramente
determinado en el informe de la Contraloría por parte del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.
Deseo agradecer a los jefes de bancada, a muchos de los que me encontré,
a los señores diputados y diputadas que están apoyando esta moción de orden
para que el Plenario pueda discutir este informe por el fondo, porque me parece
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que es un análisis que por responsabilidad los señores diputados y diputadas
debemos de elaborar y hacer.
Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo; muchas gracias, señorías.
Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Muchas gracias.
Teníamos aquí, pero ha ingresado al Plenario el diputado Juan Luis
Jiménez Succar, diputado Antonio Álvarez, entonces, tiene la palabra.
Diputado Antonio Álvarez Desanti:
Gracias, diputado presidente, y gracias, diputado Jiménez Succar.
El día de hoy hemos recibido la información de que el Gobierno de la
República, el Poder Ejecutivo ha vetado el proyecto de ley que esta Asamblea
Legislativa tramitó en aras de modificar la ley de pensiones de los diputados.
Este proyecto, me parece que es importante aclarar, tiene como fin y como
meta, gracias a un acuerdo unánime de este Plenario legislativo, eliminar una
serie de privilegios y de beneficios que hemos considerado los cincuenta y siete
señoras y señores diputados beneficios odiosos de las personas que podían
acogerse a las viejas regulaciones que tenía la legislación especial para pensión
de diputados.
Dentro de esta legislación, hay un criterio jurídico que puede ser debatible
en cuanto a que por la forma en que se redactó un artículo estamos volviendo a
poner en vigencia los privilegios que habían sido derogados hace muchos años.
Me parece que lo primero y más importante que es necesario aclarar es que
nunca ha privado en el interés de los diputados y diputadas de esta Asamblea
Legislativa restituir derechos…, no derechos, sino restituir normas derogadas en
materia de pensiones.
Si algo ha inspirado el acuerdo de esta Asamblea Legislativa que eliminó
los trámites de, salvo publicación y espera de esta nueva legislación, ha sido
precisamente eliminar diferencias odiosas en un régimen de pensiones
privilegiado.
Por esa razón, lo más importante que debemos de aclarar es que hechas
las interpretaciones jurídicas, exista o no dudas sobre si la legislación promueve la
restitución de leyes derogadas, lo más importante que debemos decir es que no
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es esa la mentalidad ni el espíritu de esta Asamblea Legislativa, cuando
aprobamos esa legislación.
Por esa razón, talvez es desafortunado parte del comunicado de prensa
que hace Casa Presidencial, porque, de alguna manera, da a entender que los
diputados de la Asamblea Legislativa estamos abriendo un portillo para que se
puedan beneficiar personas y para que vayamos a crearle un costo económico al
Estado, en donde tengan que reconocerse beneficios de manera retroactiva.
Me parece que en Casa Presidencial saben muy transparente y claramente
que esa no fue la inspiración que tuvimos los legisladores cuando aprobamos esa
ley el mes pasado.
Es importante, también, decir que estamos ante un tema de discusión
jurídica, hay un dictamen de Servicios Técnicos en donde, según la interpretación
que se hace, podríamos concluir que esa restitución de leyes derogadas no se da
por la ley que nosotros…, o con el decreto legislativo que nosotros propusimos y
aprobamos aquí de manera unánime.
Pero sea una o sea otra, lo importante es que vamos a recibir en esta
Asamblea Legislativa la Ley de Modificación de Pensiones de los Diputados, con
un veto y es importante que nosotros, con la misma celeridad que lo hicimos
cuando la diputada Piszk Feinzilber presentó la propuesta, con esa misma
celeridad acojamos el veto, eliminemos cualquier duda que pueda haber en torno
a un error legislativo y la promulguemos como ley de la República, evitando
cualquier confusión.
Nosotros, como diputadas y diputados, estamos en la obligación de
enseñarle al país que venimos a legislar en beneficio de las grandes mayorías,
que somos enemigos de los privilegios odiosos en beneficio de unos pocos, y más
si se trata de una ley de pensiones de los diputados, que por lo demás la
derogamos hace veinte años, cuando estábamos en esta Asamblea Legislativa
don Juan Luis Jiménez, don Rolando González, doña Sandra Piszk, don Ottón
Solís y mi persona, y fue uno de los grandes logros que dimos como paso, y que
después fue declarado inconstitucional por la Sala, porque ahí le pusimos un techo
a las pensiones de los magistrados que era igual al salario de un diputado.
Y consideró la Sala Constitucional que se le podía poner un límite a las
pensiones de los magistrados, pero que no había razón lógica para que esta se
tuviera que relacionar con el salario de un diputado, porque no existía relación
entre el diputado y el magistrado, razón por la cual se declaró inconstitucional esa
parte.
De tal manera, queridas compañeras y compañeros diputados, quiero en
esta intervención reiterar lo que todos nosotros conocemos: el propósito de los
cincuenta y siete señoras y señores diputados fue eliminar privilegios.
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Y, efectivamente, eso es lo que esa ley pretende. Si hubo un error
legislativo vamos a corregir el veto para que de inmediato la podamos convertir en
ley de la República.
Muchas gracias, diputado presidente.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Gracias, diputado Antonio Álvarez.
La diputada doña Rosibel Ramos nos solicitó la palabra por el orden; tiene
la palabra.
Diputada Rosibel Ramos Madrigal:
Gracias, señor presidente.
No, talvez, para aclarar el tema del que hablaba ahora el diputado Corella
con todo el respeto. A ver, el proyecto de fraude fiscal está en la Comisión de
Hacendarios. En este momento estamos en discusión de mociones presentadas
por el Partido Libertario.
Nosotros, en mi tema de presidenta de la comisión, estamos trabajando,
agilizando la discusión de estas mociones, y dándole el trámite correspondiente.
Bien, ahora hablaba el diputado Corella sobre qué es lo que pasa. Lo que
pasa, diputado, es que como todo en este país, o como todo en este Gobierno, el
Gobierno no ha tenido la capacidad de poder sentarse con la diputada Natalia
Díaz, con el diputado Otto Guevara a conversar sobre el tema del registro de
accionistas del que usted hablaba ahorita.
Mire, este es un tema muy delicado, y para que los costarricenses y los y
las costarricenses se den cuenta, el proyecto de fraude fiscal estaba en la puerta
del horno y aparece el Ministerio de Hacienda con este artículo del registro de
accionistas, pues entonces, se inicia, nuevamente, una discusión.
Así es que, hoy por hoy, este proyecto está discutiéndose. Hoy le he hecho
la propuesta al Partido Acción Ciudadana, a don Henry Mora y a don Javier, que
está por allá sustituyendo a don Víctor, y también al Partido Frente Amplio, le he
hecho la propuesta de solicitarle al Gobierno que desconvoque fraude o que
pospongamos fraude para ver otros informes de otros proyectos, señor presidente,
importantes, importantes para nosotros: caja única, exoneraciones, pensiones.
Todos esos proyectos están a punto, están en la puerta del horno en la
Comisión de Hacendarios. Y por la falta de diálogo del Gobierno con el Libertario
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en el tema del registro de accionistas, o del Gobierno con Uccaep en el tema del
registro de accionistas, se va a paralizar la Comisión de Hacendarios porque hoy
el Frente Amplio, porque hoy el PAC dijeron: no, vamos a la guerra, el proyecto
de fraude fiscal o ninguno.
No puede ser, eso no puede ser, porque si uno quiere este país, si uno
quiere que el plan fiscal camine, salga adelante, bueno, mientras que el Gobierno
logra hablar con el Partido Libertario, vamos viendo otros proyectos, inclusive hay
disposición del compañero Otto Guevara de que se dé de esa manera.
Así es que es muy dolorosa esta posición y se lo dejo claro, diputado
Corella. Ojalá que usted logre abrir este espacio para que el Gobierno se siente a
hablar con el Partido Libertario lo antes posible.
Muchas gracias.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Diputado don Jorge Rodríguez.
Diputado Jorge Rodríguez Araya:
Gracias, señor presidente.
Resulta que la historia de fraude fiscal es un cuento diferente. El fraude
fiscal, el proyecto de fraude fiscal no se quiere aprobar porque hay filibusterismo
en la comisión, porque hay tortuguismo, porque el Partido Libertario no quiere que
ese proyecto camine.
Quiere decir, entonces, que en el momento en que ellos digan que un
proyecto no camina, entonces, hay que presentar una moción de posposición que
son ilegales, para conocer esos otros proyectos.
No, no, yo le diría al Poder Ejecutivo, retire todos los proyectos que hay en
la Comisión de Hacendarios y dejemos fraude fiscal, a ver quién es el que está
atrasando. Fraude fiscal todo el mundo lo quiere.
¿Cuál es el problema, señor presidente?, que no quieren que se conozcan
sus accionistas. ¿Pero por qué no quieren?, ¿qué es lo que esconden?, ¿qué es
lo que esconden?, ¿cuál es el interés?, ¿dónde nació su capital?, ¿de dónde
trajeron el dinero?, ¿cómo hicieron el dinero?
Don Antonio, usted tiene otro proyecto, un proyecto excelente.
Si nosotros no comprobamos de dónde vienen todas las cosas que
tenemos simple y llanamente el Estado se va a apropiar.
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Ahora, si eso se lo van a hacer a cada uno de los costarricenses pobres,
grandes, chiquitos, negros, blanco, amarillo, porque no le decimos al Uccaep que
ellos no son diputados, que ellos aquí no tienen abogados, ni nadie que abogue
por ellos, que somos nosotros los representantes del pueblo los que estamos aquí
haciendo las leyes, y que este proyecto va a caminar porque va a caminar.
Don Otto Guevara, votemos ese proyecto, votémoslo, y traigámoslo aquí a
ver quién lo gana, a ver si es su posición o es la posición del pueblo, somos
cincuenta y siete, tres no pueden en este momento obstaculizar un proyecto.
Ahora, con lo que don Antonio preguntó a la Uccaep, y que no recibió
respuesta, cuando don Antonio le dice, miren, perdonen, y si ocurriera a la inversa,
si a ustedes les dijeran que para ingresar a la OCDE tienen que dar sus acciones
¿qué harían?; o sea, los puso contra la espada y la pared, y los técnicos nunca
respondieron.
Ahora, la pregunta es, señores de la prensa, ¿por qué no han publicado eso
de que aquí hay quienes abogan por los más grandes, porque a los pequeños se
los lleva el diablo? Díganle la verdad al pueblo y verán cómo el pueblo hace que
Otto Guevara deponga la actitud que tiene de filibustero en la Comisión de
Hacendarios.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Diputada doña Patricia Mora.
Diputada Patricia Mora Castellanos:
Muchísimas gracias, señor presidente.
Yo desde ayer tenía interés y espero dentro de un rato tener una
oportunidad de un mayor número de minutos.
Ayer yo estaba enferma, pero escuché un debate en el que doña Rosibel
participó en el Canal 13, y con el cariño y el respeto que yo le tengo, yo le quiero
decir a doña Rosibel que creo que está abordando la polémica desde un sitio
distinto, hoy dice que es una vergüenza lo que el Gobierno hace de no negociar
con el Movimiento Libertario y con Uccaep.
Doña Rosibel, con muchísimo respeto, lo que es una vergüenza, yo no me
voy a…, es la posición que tanto la Uccaep como el Movimiento Libertario tienen
con relación a este proyecto que es un proyecto central para ver cómo salimos de
la situación en que estamos.
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Doña Rosibel, son unos montos de fraude, de robo al erario público
insoportables, y sin embargo, aquí toda la atención está centrada en ver cómo se
pone…, se mete el bisturí en otro sitio.
El Frente Amplio está de acuerdo también en otro tipo de medidas, pero
consideramos que es central detener el robo a las finanzas públicas, y lo que el
Movimiento Libertario hace en la Comisión de Hacendarios es realmente un
crimen contra el país, y usted tendría que darse cuenta.
Efectivamente los señores de las cámaras están defendiendo sus derechos,
están absolutamente validados para hacerlo, aquí cada quien defiende los
derechos de quien considere que está más cercano, los señores de las cámaras
obviamente defienden…, es muy raro porque deberían de defender los derechos
de todos los empresarios, y la mayoría de ellos son personas honestas que
cumplen con el fisco.
Aquí lo sospechoso es el interés en que no se toque el secreto, digamos, de
esas listas de accionistas.
Yo creo que aquí deberíamos de tener un compromiso patriótico que está
por encima, en este caso, de los intereses particulares de los señores de las
cámaras patronales.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Tengo un compromiso desde el día de ayer, don Gerardo, usted pidió por el
orden de hacer un minuto de silencio en honor a una persona que falleció y que
les dio grandes contribuciones al país.
Yo les pediría que para proceder con eso y que la sesión no se alargue, me
permitan darle lectura a esta moción y luego pueden usted hacer uso de algún otro
comentario.
Así que, la moción dice así, moción de orden del diputado don Rolando
Gonzáles Ulloa, del diputado don Antonio Álvarez Desanti.
Moción de orden
De los diputados González Ulloa y Álvarez Desanti:
Para que el plenario legislativo guarde un minuto de silencio por el fallecimiento
del señor Ricardo Echandi Zürcher, ex-ministro de Obras Públicas y Transportes
en la administración de don Francisco Orlich Bolmarcich (1962-1966).
En discusión la moción.
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Tiene la palabra el diputado don Antonio Álvarez Desanti.
Adelante, diputado.
Diputado Antonio Álvarez Desanti:
Muchas gracias, diputado presidente.
Don Rolando y yo hemos presentado esta moción para que esta Asamblea
guarde ese minuto de silencio en memoria de un gran costarricense que fue don
Ricardo Echandi Zürcher, quien dio grandes servicios a la patria.
Don Ricardo fue un hombre que se gradúa como profesional en Ingeniería,
empieza a desarrollar su trabajo en el país, y don Francisco Orlich lo llama para
que integre su gabinete como ministro de Obras Públicas y Transportes.
Don Ricardo desarrolló una gestión ejemplar, perteneció a aquella
generación donde estuvieron don Jorge Manuel Dengo, don Carlos Corrales, y
muchos otros costarricenses que hicieron grandes obras por este país y que sin
lugar a dudas la patria les tiene una deuda por los servicios que le han prestado.
Hoy este Plenario debe de conocer en la memoria de don Ricardo los
servicios que prestó al país, las largas horas que les dedicó a las obras en el
Ministerio de Obras Públicas; muchas de ellas también con los problemas que se
vivieron en Cartago con los hechos lamentables del caso del Reventazón, y la
ciudad en Taras de Cartago, que fue una verdadera tragedia nacional, en donde
fueron personas que con una gran honestidad, con una gran dedicación al trabajo,
con una gran ejecutividad lograron realizar obras importantes por Costa Rica.
Por esa razón, hoy queremos que se honre la memoria de ese gran
costarricense, exministro de Obras Públicas y Transportes, don Ricardo Echandi,
guardando un minuto de silencio en este Plenario de la Asamblea Legislativa.
Muchas gracias, diputado presidente.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Gracias, diputado Álvarez Desanti.
El otro proponente, el diputado don Rolando González Ulloa.
Diputado Rolando González Ulloa:
Hablar de Ricardo Echandi es obligatoriamente pasar por las páginas de la
gran política costarricense: un profesional extraordinario, un hombre probo que fue
capaz de incursionar en el campo de la función pública con acierto, dedicación,
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concreción y que también tuvo la actitud y la energía vital para impulsar un
proyecto empresarial de gran relevancia para nuestro país.
Hoy que pedimos a la Asamblea Legislativa honrar su memoria con un
minuto de silencio, tengo que volver la mirada hacia Guanacaste y pensar que
para un hombre de la estatura intelectual, profesional y política de Ricardo
Echandi, sería justo corresponder a su pensamiento y a su obra con la concreción
del proyecto de río Piedras en Guanacaste.
Agua para Guanacaste es un grito en la historia, es un anhelo para el norte
y el Pacífico de Costa Rica que se ha venido postergando, aunque esa mente
privilegiada y la empresa que constituyó dejaron realizados los estudios y la
planificación para un proyecto de esa envergadura.
Hoy le decimos materialmente adiós a un gran costarricense, y dejamos esa
simiente en lo que espero sea tierra fértil para que en el futuro próximo se honre
su memoria, honrando las necesidades del pueblo guanacasteco con mejores
condiciones de vida en materia de recurso hídrico y energético.
Muchas gracias.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Gracias, diputado González Ulloa.
En estos momentos no hay cuórum, corre el tiempo reglamentario.
Se ha restablecido el cuórum.
¿Suficientemente discutida?
Discutida.
Las personas, los diputados y diputadas que estén…perdón. Están en el
cafetín.
Favor llamar a los compañeros diputados que están en las salas adjuntas
para votar esta moción.
Favor cerrar puertas.
Hay treinta y ocho diputados y diputadas en la sala plenaria. Los que estén
de acuerdo con esta moción por favor manifestarlo poniéndose de pie. Treinta y
ocho diputados y diputadas presentes; treinta y ocho a favor. Aprobada.
Corre el minuto de silencio.
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Tiene la palabra el diputado Leiva Badilla.
Diputado Johnny Leiva Badilla:
Gracias, diputado presidente.
Con el apoyo del diputado Mario Redondo y don Fabricio Alvarado para
pedirles un receso por veinte minutos.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Vamos a decretar un receso de veinte minutos.
Cuando regresemos con mucho gusto hablamos por el orden.
Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:
Vamos a proceder con la ampliación del receso hasta por diez minutos a
solicitud de varias fracciones. Entonces corre tiempo a partir de este momento.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
No hay cuórum. Corre el tiempo reglamentario.
(Con autorización del presidente del Directorio legislativo se incluye el
documento enviado por el auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro
Social).
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORIA INTERNA
49791
25 de enero, 2016
Señor
Marco William Quesada Bermúdez
Director
Departamento de Secretaria del Directorio
Asamblea Legislativa Presente
ASUNTO: Atención oficio AL-DSDI-OFI-90-15-16.
En atención al oficio indicado en el epígrafe que dirige además a la Dra. María del
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Rocío Sáenz Madrigal, presidenta ejecutiva de nuestra Institución, nos permitimos
informarle, que la Auditoria Interna, incluyó en su Plan anual Operativo del 2015
un estudio integral de las actividades que desarrolla el Área de Salud Colectiva, y
que tiene adscrita la Subárea de Vigilancia Epidemiológica.
El estudio se inició en noviembre del 2015 y se encuentra en la etapa de redacción
del informe final el cual una vez concluido, con gusto atenderemos su petición de
traslado.
En otro orden de cosas, esta Auditoría en forma paralela también ha iniciado un
estudio sobre las las acciones desarrolladas institucionalmente para atender los
casos de pacientes que se diagnostican con AH1N1, tanto en la región norte, San
Carlos, Guanacaste como en el resto del país.
No omitimos manifestar que desde julio del 2010 con motivo de la pandemia de
influenza AH1N1, esta Auditoría en su labor de control fiscalización, solicitó en
forma escrita a los titulares de los centros médicos asistenciales y oras instancias
técnicas, de manera prioritaria realizar planes de contingencia a corto y mediano
plazo en sus respectivas unidades para disminuir esta transmisión del virus en la
población, todo esto ante el eventual inicio de la "Segunda Ola Pandémica".
Reiteramos nuestra disposición de remitir a esa instancia legislativa la información
solicitada una vez que concluyan los estudios en curso.
AUDITORÍA
MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda
AUDITOR INTERNO
SEGUNDA PARTE
Pasamos a la segunda parte.
Se ha reestablecido el cuórum.
Se ha presentado una moción de orden, pero antes de eso tenía el
compromiso del uso de la palabra por el orden el diputado Gerardo Vargas Varela.
Diputado Gerardo Vargas Varela.
Gracias, presidente.
Cuando se dicen verdades hay que aceptarlas; cuando se dicen mentiras
hay que aclararlas.
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Y hoy se dijo una mentira respecto al diputado Carlos Hernández y este
servidor. Se le dijo al país que nosotros estamos obstaculizando la construcción
del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, lo dijo un medio de comunicación
nacional.
Eso es totalmente falso.
La fracción del Frente Amplio apoya la
construcción del nuevo edificio. Lo que el diputado Carlos Hernández y yo hemos
dicho es que nosotros, para abandonar esas oficinas donde estamos, necesitamos
que la administración de esta Asamblea nos dé unas oficinas dignas para ir a
trabajar.
Nos dicen que van a meter un tractor para botar las oficinas donde
estamos, ¿y qué quiere, que Carlos y yo nos vayamos para la calle? No, cómo nos
vamos a ir para la calle, somos diputados electos popularmente por el pueblo para
venir a representarlos aquí, y necesitamos un lugar digno para trabajar.
Eso es lo que hemos dicho, pero jamás hemos dicho que nos oponemos al
proyecto, que estamos en contra del proyecto y menos que obstaculizamos el
proyecto.
Y a usted le consta, presidente, a usted le consta que en ningún momento
nos hemos opuesto a ese proyecto.
Lo que pedimos es que se nos trate como iguales, que si los cincuenta y
cinco diputados restantes tienen una oficina, pues que el día que van a meter un
tractor para botar la oficina donde yo estoy, diay, que me digan, diputado, por
favor salga de esa oficina y trasládese para esa otra oficina y con mucho gusto. Si
mañana o pasado mañana tengo que trasladarme de oficina, yo me traslado.
Lo que está claro es, lo dijimos Carlos Hernández y yo, si no hay una oficina
para nosotros no vamos a salir de donde estamos y tendrán que sacarnos con el
tractor. Pero yo no quiero que usted como presidente quiera llegar a eso.
Quería aclarar eso, porque hoy un medio de comunicación dijo que el
diputado Carlos Hernández y yo obstaculizamos la construcción del edificio y eso
es totalmente falso.
Muchas gracias, señor presidente.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Gracias, diputado don Gerardo Vargas Varela.
Bueno, vamos a conversar sobre eso, no estaba al tanto de esa noticia.
Indudablemente este tema va avanzando y tenemos que…, pero estoy de acuerdo
con usted, tienen que tener una oficina digna.
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Vamos a conversar y estoy seguro que lo vamos a solucionar.
Una moción de orden que le solicito al señor primer secretario darle lectura.
Primer secretario Juan Rafael Marín Quirós:
Moción de orden
De varios y varias diputadas:
Para que las y los señores diputados acuerden realizar un debate
reglado sobre el Informe DFOE-FR-F-03-2016, de la Contraloría
General de la República, en donde este órgano estatal pone en
evidencia la gestión ineficiente del CONAVI en la administración
de los recursos y de ejecución de obras públicas relacionadas con
la red vial nacional. Para tales efectos, se definirá la fecha del
debate reglado, en la sesión reglamentaria de jefes de fracción del
día jueves 28 de enero del 2016. En relación con el tiempo del uso
de la palabra, cada bancada contará con el doble de tiempo que
se utiliza los días miércoles para el control político.
Justificación, el informe que presenta la Contraloría General de la República
demuestra que en los proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras de
la red vial nacional, la gestión del Conavi -en términos de eficiencia y economía-,
es ineficiente.
Que se incorporaron "trabajos no contemplados" o no considerados en los
diseños y cantidades de obra a ejecutar.
En ningún caso se contrató la verificación de la calidad oportunamente, se
gastaron 3.000 millones en 32 obras que no se sacaron a licitación, todas las
obras tardan más del doble de tiempo de lo previsto, se tardan más de 7 años
para una obra, entre el diseño y la licitación. La mayoría de proyectos no cuentan
con análisis de pre inversión.
El debate propuesto tiene como objetivo conocer todos los desaciertos
denunciados y las medidas correctivas propuestas que permitan garantizar una
sana administración e inversión de los recursos públicos destinados al
mantenimiento y construcción de la red vial nacional para bien de todas las y los
costarricenses.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
En discusión.
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Tiene la palabra el diputado Luis Vásquez Castro.
Diputado Luis Vásquez Castro:
Gracias, señor presidente.
Bueno, la moción justifica realmente el fondo del porqué la mayor parte o
casi todos los que estuvieron, jefes de bancada y subjefes y subjefas y diputados
se unieron a ese tema tan importante.
Y es que merece la atención por un tema de responsabilidad del análisis del
informe de la Contraloría en el tema de infraestructura.
Mientras hablamos de cómo podemos llevarle más posibilidades
económicas a un Estado que tiene grandes limitaciones, vemos cómo hay un tubo
abierto nuevamente en el mismo Ministerio como lo es el MOPT y el Conavi, que
no logra por ningún lado ejecutar los proyectos de inversión, a los que muchos de
los costarricenses hoy y mañana tendremos que seguir pagando intereses que no
hoy…, no se han podido cumplir.
La Contraloría es clara y este servidor ha denunciado una y otra vez, igual
lo han hecho los diputados de la bancada de Gobierno don Mario Redondo, don
Otto Guevara, don Juan Marín. En fin, yo creo que aquí hemos sido consistentes
en este tema que hay que entrarle y me merece que este tema debe ser atendido
en el Plenario para entender el fondo de este informe que nos ha dado la
Contraloría, en donde en muchos casos, en muchos casos y, en especial, el hecho
de que la Contraloría haya enviado esto al Gobierno, al Ministerio, y a la fecha, un
año casi después, ni siquiera lo hayan objetado, ni siquiera lo hayan podido
mencionar: mire, señora Contraloría, esto no es cierto, o esto sí es cierto por esto
y esto.
No han tenido la capacidad de responderle al pueblo de Costa Rica por qué
la ineficiencia que se da en este Ministerio.
Así es que con el apoyo de todas las señorías, esperamos iniciar con este
debate reglado para hablar por el fondo en un tema tan importante para Costa
Rica.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Receso.
Diputada, por favor.
Sí.
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Diputada Silvia Sánchez Venegas:
Señor presidente, en nombre de la fracción de Alianza Demócrata Cristiana
y Renovación Costarricense, le solicito un receso de hasta diez minutos, y
Liberación por supuesto.
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Con mucho gusto, perfecto.
Se reanuda la sesión.
Suficientemente discutida la moción.
No hay cuórum. Corre el tiempo reglamentario.
Se ha reestablecido el cuórum.
¿La moción está suficientemente discutida?
Discutida.
Vamos a proceder a la votación de la misma.
Les solicito a los señores diputados que están en las salas adjuntas se
sirvan ingresar al Plenario.
No hay cuórum. Corre el tiempo reglamentario.
Se ha restablecido el cuórum. Les solicito a los señores diputados que
están en las salas adjuntas ingresar al Plenario.
Si no hay ningún diputado en las salas laterales, favor cerrar puertas y si
hay alguien en la sala…
Favor ocupar sus curules.
Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción de orden antes
leída favor manifestarlo poniéndose de pie. Cuarenta y un diputadas y diputados
presentes; cuarenta y uno han votado a favor. La moción ha sido aprobada.
Hemos recibido el veto al decreto legislativo 9346 denominado Reforma del
Artículo 5 de la Ley 7007, y el Artículo 3 bis de la Ley número 7605.
De conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de la
República y el artículo 182 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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Para esos efectos el señor primer secretario dará lectura a un oficio suscrito
por el presidente de la República, señor Luis Guillermo Solís Rivera, de fecha 26
de enero del 2016, en relación con el decreto legislativo número 9346, Reforma
del Artículo 5 de la Ley 7007, y Artículo 3 bis de la Ley 7605, expediente legislativo
19.184.
Primer secretario Juan Rafael Marín Quirós:
DESPACHO DEL PRESIDENTE
26 de enero del 2016
DP-D-005-2016
Sr. Rafael Ángel Ortiz Fábrega
Diputado Presidente a la Asamblea Legislativa
República de Costa Rica
Estimado señor:
VETO PARCIAL AL DECRETO LEGISLATIVO N° 9346, DENOMINADO
“REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY N° 7007 Y ARTÍCULO 3 BIS) DE LA
LEY N° 7605”
Con fundamento en los artículos 125, 126 y 140 inciso 3) de la Constitución
Política, me permito devolver sin la sanción correspondiente el Decreto Legislativo
N° 9346, denominado “Reforma del artículo 5 de la Ley N° 7007 y artículo 3 bis) de
la Ley N° 7605”, por los motivos que a continuación se exponen.
I.
Sobre el Veto
El veto, como potestad constitucional, le confiere al Poder Ejecutivo la
posibilidad de objetar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa,
ya sea por razones de conveniencia y oportunidad o de inconstitucionalidad.
Al ser un acto político regulado de manera directa en la Ley Fundamental,
por tratarse de una competencia enmarcada en la separación de poderes públicos,
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tiene como finalidad ejercer un control jurídico-político, o bien uno de conveniencia
y oportunidad, en relación con un decreto legislativo puesto en conocimiento del
Poder Ejecutivo.
La devolución sin sanción de un proyecto de ley implica la suspensión del
texto aprobado, lo que impide la publicación y observancia del mismo, a menos
que se presente alguno de los siguientes supuestos: el resello, por parte de la
Asamblea Legislativa, con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus
miembros; o bien, la adopción de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
Dicha facultad discrecional puede ser ejercida de manera total o parcial. En
el caso del veto parcial a uno o varios artículos de un texto legislativo, este impide
la vigencia del resto de normas no vetadas.
II.
Sobre la Reforma al Artículo 5 de la Ley N° 7007
El régimen especial de pensiones de los diputados denominado “Régimen
de Hacienda Diputado” se reguló desde 1943 con la Ley N° 148 “Ley Pensiones
de Hacienda”, que en su artículo 13 fijó las condiciones y requisitos que debían
cumplir los beneficiarios de dicho régimen, así como una metodología de reajuste
anual de un 30% establecido en favor de los exdiputados jubilados.
Dicha norma recibió tres importantes reformas comprendidas en las leyes
N° 2417 del 14 de setiembre de 1959, “Reforma Ley de Pensiones y Jubilaciones
de Hacienda y otras Leyes”, N° 6914 del 28 de noviembre de 1983, “Reforma Ley
Constitutiva Caja Costarricense de Seguro Social”, y N° 7007 del 05 de noviembre
de 1985, “Reforma Ley Pensiones Hacienda y reconoce pensionados Magisterio
antes de 1973 pago de prestaciones si no recibieron dicho beneficio”. A pesar de
los numerosos cambios en el texto del artículo, siempre se mantuvo el reajuste
anual de un 30% a la pensión de los exdiputados.
Adicionalmente, el artículo 13 citado regulaba lo relativo a otros regímenes
especiales de pensiones, tales como los requisitos de jubilación para los
funcionarios de la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República,
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ex miembros de Supremos Poderes (incluidos vicepresidentes y viceministros),
secretarios y subsecretarios de Estado, entre otros.
Posteriormente, la ley N° 7302 del 08 de julio de 1992 denominada
“Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto
Nacional”, agrupó los regímenes especiales de pensiones, con el objetivo de
unificar en un mismo cuerpo normativo las diversas regulaciones particulares
existentes. De manera específica, creó un capítulo dedicado al régimen jubilatorio
de los diputados, derogando tácitamente la normativa contenida en el artículo 13
de la ley N° 148 mencionada supra.
De ese modo, a partir de 1992, únicamente quedó vigente lo dispuesto en la
ley N° 7302. Posteriormente, en 1996, el capítulo específico sobre jubilación de
diputados de la mencionada ley fue eliminado por la ley N° 7605, titulada
“Derogación del Régimen de Pensiones de los Diputados, ley N° 7302 y
Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, estableciendo la inclusión de
los legisladores al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Siendo así, desde 1996 los regímenes especiales de pensiones para los
diputados se encuentran derogados, tal como lo ha señalado la Procuraduría
General de la República en la Opinión Jurídica N° 41-2001 del 29 de abril del
2001, que señala:
“De esa forma, se impone concluir que en este momento no existe en
materia de pensiones y jubilaciones, régimen especial vigente
alguno que proteja a los diputados o exdiputados por su condición
de tales.
Por supuesto que los diputados o exdiputados que
cumplieron los requisitos para jubilarse previstos en el régimen de
"hacienda-diputados", antes de su derogatoria por la ley n.° 7302 (lo
cual ocurrió el 15 de julio de 1992), o después de ello, pero dentro de
los plazos y las condiciones previstas en los artículos transitorios de esa
ley - cuyo alcance fue definido en nuestro dictamen C- 305- 2000- ,
conservan su derecho a jubilarse al amparo de aquel régimen. Lo
mismo sucede con los diputados o exdiputados que cumplieron los
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
ACTA ORDINARIA N.º 132 DE 26-1-2016
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requisitos estipulados en el Título IV de la ley n.° 7302 antes de su
derogatoria por la ley n.° 7605 de cita (lo cual ocurrió el 26 de junio de
1996).” (El subrayado no es del original)
Con respecto al Decreto Legislativo que las señoras diputadas y los señores
diputados someten a sanción por parte del Poder Ejecutivo, este tiene el claro
objetivo de eliminar el régimen de reajuste del 30%, que es evidentemente
contrario a los principios y prácticas que rigen el buen uso de los fondos
pertenecientes de la Hacienda Pública y crea un régimen desproporcionado en
favor de un grupo, sin que medien razones objetivas y legítimas que lo justifiquen.
Los motivos que inspiraron la presentación y aprobación del proyecto de ley
contenido en el expediente N° 19184 son plenamente compartidos y avalados por
el Poder Ejecutivo.
III.
Sobre el veto por razones de conveniencia y oportunidad
Pese a lo señalado en los párrafos anteriores, se presenta una
disconformidad en relación con el artículo 1, ya que este modifica el artículo 5 de
la ley N° 7007, que a su vez reforma el artículo 13 de la ley N° 148 de 1943 “Ley
de Pensiones de Hacienda”. Tal como fue expuesto, el artículo 13 citado
contemplaba un régimen de jubilación especial para diputados, así como las
reglas de pensión para otros funcionarios estatales, pero fue derogado tácitamente
por la Ley N° 7302. No obstante, el Poder Ejecutivo estima que la reforma actual
otorga vigencia a la normativa especial anteriormente derogada, referente a los
siguientes regímenes jubilatorios:

Diputados y Diputadas

Empleados y funcionarios de la Asamblea Legislativa.

Empleados y funcionarios de la Contraloría General de la República.

Ex miembros de los Supremos Poderes, incluidos vicepresidentes y
viceministros.

Secretarios y subsecretario de Estado.

Servidores a quienes se les otorgó el rango de Ministro y
Viceministro.
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
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
33
Los cónyuges sobrevivientes, pareja supérstite, e hijos e hijas
menores de edad o con discapacidad severa, de los mencionados
funcionarios.
Lo señalado es consecuencia de la vigencia que adquiriría el artículo 13
mencionado, al realizarse una transcripción completa de este, pues la publicación
de dicho texto, a nuestro entender, le conferiría plena eficacia. Para todos los
efectos, la normativa adquiere vida jurídica como una nueva disposición.
Ante la creación de una nueva norma jurídica, y en aplicación de los
principios de jerarquía y temporalidad de las fuentes del ordenamiento, el nuevo
texto llegaría a adquirir vigencia y derogar todas aquellas disposiciones (de rango
igual o inferior) que se le opongan. Esto implica que el artículo 13, de entrar en
vigencia, derogaría tácitamente lo contemplado en las leyes N° 7302 y N° 7605
en lo referente a la eliminación de los regímenes especiales de jubilación citados
supra.
Si bien la sanción de este Decreto Legislativo generaría el saludable efecto
de eliminar el reajuste anual desproporcionado al que se hizo referencia párrafos
atrás, al mismo tiempo podría restablecer regímenes de privilegio ya superados,
en claro detrimento de la Hacienda Pública. Esto, a su vez, implica un elevado
riesgo de generar cantidades importantes de demandas judiciales en contra del
Estado, por parte de eventuales beneficiarios, que a lo largo de las últimas
décadas, han estado imposibilitados para exigir una jubilación amparada en dichos
regímenes derogados.
Finalmente, la reactivación de los regímenes derogados, sin que medie una
razón válida para ello, crearía diferencias significativas e irrazonables con respecto
a otros sistemas de jubilación, que podrían comprometer la sostenibilidad del
régimen, cubiertos directamente con fondos del Presupuesto Nacional.
De este modo, el Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de vetar
parcialmente el Decreto Legislativo N° 9346, en cuanto a su artículo 1°, por
razones conveniencia y oportunidad. Es imperativo garantizar la seguridad jurídica
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y evitar que, de entrar en vigencia esta reforma, pese a sus innegables
consecuencias positivas en la eliminación de privilegios abusivos, pueda generar
la reactivación de regímenes ya derogados, así como poner una nueva e
injustificada carga al Erario Público.
A efectos de solventar las objeciones planteadas, se propone como texto
alternativo del artículo 1° la siguiente redacción, con el objetivo de eliminar el 30%
de reajuste anual a las pensiones de los ex diputados:
“ARTÍCULO 1°.- La pensión de los exdiputados jubilados, por
cualquiera de los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto
Nacional, se reajustará de conformidad con lo que señala el artículo 7°
de la Ley N° 7302, Creación del Régimen General de Pensiones con
Cargo al Presupuesto Nacional, de otros Regímenes Especiales y
Reforma de la Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta de 21 de
abril de 1988, y sus reformas.
Lo anterior sobre el monto de la pensión que disfruten y, en ningún
caso, el monto total de la pensión podrá ser mayor al tope máximo
fijado a los regímenes especiales contributivos de pensiones con cargo
al presupuesto nacional, de conformidad con lo que establece el artículo
3 y el artículo 3 bis de la Ley N° 7605.”
En razón de los motivos expuestos, el Poder Ejecutivo devuelve sin sanción
el Decreto Legislativo N° 9346.
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA
Sergio Alfaro Salas
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Helio Fallas Venegas
MINISTRO DE HACIENDA
Víctor Morales Mora
MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Muchas gracias, señor primer secretario.
En consecuencia, este proyecto…, este decreto pasa a la comisión
dictaminadora para que vierta el informe del caso, y se instruye a la Secretaría del
Directorio para que realice los trámites correspondientes.
Discusión de proyectos de ley
Segundos debates
Expediente N.º 17.246, Ley de Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de
la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China
para la Promoción y Protección de Inversiones
Expediente 17.246, Ley de Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China para la
Promoción y Protección de Inversiones.
Este se encuentra en consulta perceptiva en la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 19.139, Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas
Clasificadas como Especiales
Expediente 19.139, Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas
Clasificadas como Especiales.
Se encuentra también suspendida la discusión por las consultas a varias
instituciones.
Primeros debates
Expediente N.º 18.252, Fortalecimiento del Instituto Costarricense de
Ferrocarriles, Incofer, y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran
Área Metropolitana
El expediente 18.252, Fortalecimiento del Instituto Costarricense de
Ferrocarriles, Incofer, y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área
Metropolitana.
Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate, con el
conocimiento de mociones de reiteración.
Estábamos en discusión de la moción de fondo de reiteración número dos.
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Está en el uso de la palabra el diputado don Otto Guevara Guth, y le restan
ocho minutos, señor diputado.
Tiene la palabra.
Diputado Otto Guevara Guth:
Muchas gracias, presidente, señorías.
Estaba compartiendo con ustedes el día de ayer, en relación con esta
moción, que impulsa el diputado Mario Redondo, con el propósito de llevar el
tren…, el tren…, este…, diay, casi que a Cartago, a Cartago y luego a Turrialba,
es de Cartago a Turrialba. Y ayer compartía con ustedes de que ya el tren de
principios de siglo pasado llegó hasta Limón pasando por Turrialba.
Entonces, aquí el tema y lo paradójico es que estamos metiéndole al
proyecto una moción para que el tren, diay, vuelva a Turrialba, lo que hacía a
principios del siglo pasado.
Y mi argumento es que no se necesita una ley para eso, no se necesita una
autorización expresa para eso, se requiere voluntad política.
Y hablaba también ayer de que dejemos de perder tiempo en esto de jugar
de trencitos. Eso me lleva a la infancia de cuando a uno de chiquillo, una
aspiración que teníamos muchos chiquillos era que nos regalaran un trencito para
jugar de trencito, y el trencito armaba uno la pista y el trencillo daba vueltas, era
una cosita, esa era, digamos, la diversión, y de muchos de los chiquillos, en la
época en que yo me criaba.
Y, diay, sí, jugar de trencitos, y entonces había gente que hacía una
maquetita muy bonita y jugaba de tren, habían intersecciones, y hacía uno túneles,
y puentes y cosas de esas, eran, diay, personas que pasan años montando sus
maquetas.
Yo siento al Poder Ejecutivo como en esta dirección y siento que hay
algunos colegas diputados, representando algunas bancadas legislativas que
quieren que el Estado costarricense juegue de trencito y que el Estado
costarricense se ponga o se ponga a revivir un trencito, un trencito que hay a
principios del siglo pasado. Y yo la invitación que les hago es a pensar en grande,
en soñar en grande.
No perdamos tiempo, saquemos a concesión el sistema ferroviario, primero
lo que es el tren rápido de personas entre Cartago y Alajuela, y que el Estado
costarricense provea los derechos de vía, si el derecho de vía que tiene
actualmente no es el más adecuado, bueno, que señalen los expertos por dónde
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
ACTA ORDINARIA N.º 132 DE 26-1-2016
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quisiera que pase ese derecho de vía para que el Estado, entonces, expropie lo
que corresponda y le entregue los derechos de vía a quien iría a diseñar, financiar,
construir y operar un sistema de tren rápido de personas, como Dios manda y
como lo merecemos los costarricenses del siglo XXI; o sea, un tren del siglo XXI,
no revivir un tren de principios del siglo pasado.
Por otro lado, señorías, y cuando hablo de Cartago, diay, necesariamente
tengo que mencionar algunas situaciones que se dan en Cartago.
Fue traída a la atención mía un tema que se da en el cantón de Cartago con
el plan regulador de ese municipio, donde se me informa que carece de estudios
técnicos el plan regulador, un plan regulador restrictivo, un plan regulador que
asfixia las actividades económicas.
Entonces, por un lado queremos llevar el trencito, trencito chiquitico hasta
Turrialba; por otro lado, en el cantón Central de Cartago se aprueba un plan
regulador donde inclusive quien estuvo vinculado en la elaboración del plan, un
geólogo, había sido denunciado porque no estaba habilitado para poder verter los
criterios que sirvieron de base para la aprobación de ese plan regulador.
La viabilidad ambiental que fue dada en el 2010 es nula según el
Departamento Legal de Setena, bueno, hay unas denuncias presentadas.
Yo estoy llevando esto a la Comisión Plenaria de Setena, al Ministerio de
Ambiente, al INVU, a la Fiscalía, con el propósito de que se revise ese proceso de
aprobación del plan regulador de Cartago, con la intención de que se anule ese
plan regulador, y se libere, y se libere terrenos que luego de la aprobación de ese
plan regulador fueron, básicamente, cambiados los usos de suelo.
A pesar de haberse dado usos de suelo conforme, fueron cambiados por la
Municipalidad de Cartago, luego la aprobación de ese ilegal plan regulador sin
previo proceso de lesividad, como lo mandaría la ley y lo ha reiterado la Sala
Constitucional, rechazando, desconociendo incluso los anteriores usos de suelos
conformes.
Todo esto pone a la Municipalidad de Cartago en un riesgo…, terminar
pagando indemnizaciones, he decidido mencionar esto y compartir esto con
ustedes.
Estoy emitiendo un comunicado de prensa, donde básicamente estoy
advirtiendo sobre lo que está sucediendo en cantón Central de Cartago y está
vinculado, insisto, a este tema de ferrocarril, porque uno lo que busca es que haya
desarrollo y para que haya desarrollo hay que abrir espacios de libertad y para que
haya desarrollo hay que respetar la propiedad privada, para que haya desarrollo
hay que hacer infraestructura en ciertas obras importantísimas; en este caso
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infraestructura ferroviaria, infraestructura de transporte masivo de personas, para
que los costarricenses vivamos mejor.
Lamentablemente, esta Administración no parece tener las cosas muy
claras. Imagínense que esta Administración tomó la decisión hoy de repudiar
trescientos puestos de trabajo que se están creando alrededor de la instalación en
Costa Rica de centros de operaciones de la empresa Uber.
Uber decide instalarse en Costa Rica para desde aquí manejar operaciones
para diferentes países, creando trescientos puestos de trabajo bien remunerados.
¿Y qué es lo que hace el presidente Luis Guillermo Solís de inmediato? No los
queremos, no los queremos acá, porque están vinculados a una actividad ilegal.
Una actividad ilegal, según él, en Costa Rica, pero independientemente de
esa discusión sobre el tema, Costa Rica está diciendo no queremos esos puestos
de trabajo de un centro de operaciones internacional para manejar desde Costa
Rica toda la plataforma tecnológica con la que se le brinda servicios a una gran
cantidad de países donde opera libremente la plataforma Uber.
Cuatro millones aproximadamente de inversión y esta Administración se da
el tupé de decir: no los queremos, no los queremos en Costa Rica.
Vaya a decirle eso a la cantidad de jóvenes que andan buscando un brete,
que andan buscando un trabajo, un trabajo bien remunerado como podría ser el
de trabajar con esta multinacional que había escogido o ha escogido a Costa Rica
como centro de operaciones internacionales.
Vaya a decirle eso a la cantidad de jóvenes que hoy no encuentran trabajo,
que requieren urgentemente de ajustes, de ajustes en el sistema normativo
costarricense para que haya oportunidades.
Pero no, hoy el Gobierno del Partido Acción Ciudadana le dice a esta
inversión extranjera: no los queremos en Costa Rica, no queremos su operación
porque está vinculada a algo que consideramos ilegal.
Y si lo consideraran ilegal, si consideran ilegal la operación de Uber, qué
está haciendo la Administración para facilitar o legalizar la operación de Uber y
todos los vehículos que utilizan esta plataforma tecnológica para ofrecer sus
servicios y para, por otro lado, los usuarios que utilizan los servicios para
transportarse de un lugar a otro.
Está muy claro que cuando Uber empezó operaciones acá las primeras
voces que se levantaron en contra de Uber fueron las del diputado González Ulloa
del Partido Liberación Nacional y Gerardo Vargas Varela del Partido Frente
Amplio.
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
ACTA ORDINARIA N.º 132 DE 26-1-2016
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Pareciera que y pregunto yo si esa posición de don Rolando González es
avalada por toda la bancada del Partido Liberación Nacional, y si la posición de
don Gerardo Vargas Varela, jefe de fracción del Partido Frente Amplio, es avalada
por toda la bancada, en cuyo caso está claro, Frente Amplio está totalmente en
contra de que Uber funcione en Costa Rica y les brinde a los usuarios la
posibilidad de conseguir un servicio de transporte mucho mejor que el servicio de
taxis que tenemos hoy en nuestro país.
Muchas gracias, señorías.
Presid6ente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:
Muchas gracias, diputado Otto Guevara.
Nos ha ingresado una comunicación del Ministerio de la Presidencia que
procedo a darle lectura.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
26 de enero del 2016.
DMC- Nº 09/01/2016
Señores Diputados
Juan Rafael Marín Quirós
Primer Secretario
Karla Vanessa Prendas Matarrita
Segunda Secretaria
Asamblea Legislativa
Estimados Señores Diputados:
Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Decreto
Ejecutivo N° 39444-MP, de esa fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo convoca
a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.
Atentamente,
Sergio Iván Alfaro Salas
Ministro de la Presidencia
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DECRETO EJECUTIVO N° 39444 - MP
EL PRIMER VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la
Constitución Política.
DECRETAN:
ARTÍCULO ÚNICO: Retírese del conocimiento de Sesiones Extraordinarias de la
Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de Ley:
EXPEDIENTE 19.312: LEY DE SALARIO MÍNIMO VITAL REFORMA DE
LOS ARTÍCULOS 177 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N° 2, DE 27 DE
AGOSTO DE 1943, DEL ARTÍCULO 16 Y CREACIÓN DEL ARTÍCULO 16
BIS DE LA LEY DE SALARIOS MÍNIMOS Y CREACIÓN DEL CONSEJO
NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS, LEY N° 832, DE 4 DE NOVIEMBRE
DE 1949.
Rige a partir del 26 de enero de 2016
Dado en la Presidencia de la República, a los veintiséis días del mes de enero de
dos mil dieciséis.
HELIO FALLAS VENEGAS
PRESIDENTE EN EJERCICIO
SERGIO IVÁN ALFARO SALAS
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Se tiene, entonces, por retirado el proyecto que se ha leído.
Por el orden, diputado Rolando González, dos minutos.
Diputado Rolando González Ulloa:
Muchas gracias.
Ante la observación que hace el diputado Guevara Guth, yo no voy a hacer
mayor escaramuza, simplemente tenemos una operación en transporte colectivo
de personas ilegal y el Gobierno no se atreve a confrontarla en estrados judiciales,
y esa operación ilegal que atenta contra el sistema de transporte público que en
nuestro país por ley es concesionado.
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
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Ahora resulta aupado, abrigado, cubierto por el Ministerio de Comercio
Exterior para instalar una base de operaciones internacional.
Entonces, mi preocupación mayor es que el Gobierno con la institución
rectora dice que la actividad es ilegal y no actúa, y con la institución promotora de
inversión extranjera dice que la actividad es legal y sí actúa.
Me parece que más importante que esclarecer si Liberación Nacional
piensa como Rolando González en este tema, es preguntar: ¿qué piensa el
Gobierno al respecto?
El ministro Mora dice que está bien, el ministro Segnini dice que está mal, el
presidente de la República dice que está mal, y nadie hace absolutamente nada.
Por lo tanto, las y los empresarios que están en el sector de transporte
público concesionado, apegados a la Constitución y a la ley, deben tomar nota que
el Gobierno no sabe si viene o va, como sí lo sabe el diputado Otto Guevara con
quien tengo una fraternal, pero profunda diferencia en el abordaje de este tema.
Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:
Muchas gracias, diputado Rolando González, recordarles que estamos con
la lista de discusión de la moción.
Pero bueno, me ha pedido por el orden el diputado Franklin Corella, dos
minutos y retomamos con esto después la discusión en la lista que tenemos.
Diputado Franklin Corella Vargas:
Muchas gracias, señor presidente.
Es para abonar al tema.
Mire, lo que ha venido a desnudar la presencia de plataformas tecnológicas
en el transporte público es un tema de la necesidad que tiene el país de tener una
discusión sobre la modernización y la actualización de la regulación existente.
Y eso pasa por entender que estamos en el 2014, en la era tecnológica y
que no podemos seguir con normativas del siglo pasado, e inclusive, se requiere
modernizar y entender que ha cambiado el transporte público.
Y pasa por una discusión que tampoco el Poder Legislativo se escapa, aquí
el tema es que se requiere actualizar la legislación vigente, dentro de una
discusión franca y necesaria sobre el tema de cómo mejorar y modernizar el
transporte público.
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
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Así que sí considero que al Ejecutivo corresponde hacer un esfuerzo
político. Si bien es cierto la Procuraduría ha dicho algunas posiciones, eso no
quiere o no tiene que ser precisamente la posición sensata, racional que se debe
tener en un país como el nuestro, en el cual el desafío que trae Uber y otras
plataformas tecnológicas obliga a tener una discusión objetiva sobre lo que se ha
llamado la economía colaborativa y la discusión que se está dando en otros
países.
Esto que estoy diciendo yo no es una ocurrencia, ya se ha hecho en
California, se ha hecho en México y se ha hecho en otras latitudes, así que el
desafío como país es no enfrentar los retos de la modernidad en retroceso como a
veces equivocadamente se da.
Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:
Muchas gracias, diputado Franklin Corella.
Vamos a retomar entonces la lista de la discusión de la moción de Incofer.
En el uso de la palabra el diputado Luis Vásquez Castro, quince minutos,
corre el tiempo a partir de este momento.
Diputado Luis Vásquez Castro:
Gracias, señor presidente en ejercicio.
Sobre la moción presentada por nuestro compañero don Mario Redondo
Poveda, no queda más que felicitarlo por tener el cuidado y el resguardo de velar
para que Incofer, dentro de su planes de fortalecimiento, incluya una ruta tan
importante no solamente para Cartago, sino además incluso para la provincia de
Limón. Ese es otro canal importantísimo del cual Incofer lamentablemente no está
siendo observador.
Lo mismo sucedió una y otra vez, primero en la Comisión de Hacendarios
cuando presenté reiteradamente mociones para hacer traslados horizontales, no
para aumentarle deuda al Estado, para iniciar los estudios para lo que hemos
denominado el canal seco entre Limón, Moín, Vuelta Kooper, kilómetro cero.
Bueno, dichosamente y gracias algunos compañeros diputados, esto
también fue introducido en el proyecto de ley.
Pero sí he escuchado detenidamente la participación de don Mario, de don
Otto Guevara, y aquí llama la atención como ciertamente y, por supuesto, la
Unidad Social Cristiana siempre va a querer apoyar y fortalecer al Incofer, por
supuesto que sí.
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
ACTA ORDINARIA N.º 132 DE 26-1-2016
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Pero me parece honestamente y respetuosamente que esta no es la mejor
propuesta de fortalecimiento del Incofer, no es la mejor.
Me parece que se ha hecho de la forma como en otras ocasiones se ha
querido resolver temas que explotan, y es poner a unos técnicos a hacer un
proyecto de ley y que el Ejecutivo salga a dar la propuesta porque tenemos que
encaminar al Incofer.
Yo les voy a dar un ejemplo: Japdeva es la Junta de Administración
Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Japdeva no tiene la
capacidad económica para hacer las inversiones —don Otto, y eso lo sabemos—
las inversiones que hoy en su plan maestro dijo que había que hacer, y bien las
dijo.
Hay que trabajar en una terminal de contenedores Moín, en la TCM, y hay
que trabajar en un puerto de transferencia de carga. Hoy, dos empresas están a
cargo de esto; en la TCM la empresa APM, y en el puerto de transferencia de
carga el grupo Amega.
Pero no es Japdeva la que lo está haciendo. Japdeva no tiene la capacidad
económica y este Estado no tiene la capacidad de darle los fondos suficientes ni
poner las instituciones a darle fondos a Japdeva para que haga la TCM ni para
que haga un puerto de transferencia de carga. Estamos hablando cada inversión
de más de mil millones de dólares.
Pero sí seguirá siendo siempre Japdeva la autoridad portuaria, siempre
seguirá siendo la autoridad portuaria.
En los puertos de Limón y Moín, y en la costa del Caribe del Atlántico
cualquier construcción que se haga sobre el transporte de TEU, sobre el
transporte de carga mixta, cualquier puerto que se haga, solo una institución podrá
regularlo y eso es Japdeva.
Bueno, a través de la Ley de Concesiones, Japdeva tuvo no solamente la
visión de concesionar esas áreas y esas mercaderías, sino que está a la espera
de que el DEVA, el desarrollo económico de la vertiente atlántica, sea beneficiado
por un pago de un canon, al cual estarán obligadas estas empresas que ganaron,
que ganaron los proyectos de inversión.
Yo me pregunto: ¿por qué Incofer no hace lo mismo?, ¿por qué Incofer
como autoridad del sistema ferroviario no se fortalece en ese campo, no trabaja en
el mejoramiento, en la actualización de su ley constitutiva, y concesiona y
concesiona o realiza algún tipo de negociación pública o privada para que las
inversiones del Incofer lleguen a satisfacción de todos los y las costarricenses?
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Y se lo voy a poner así, señorías, hoy el Incofer está tratando de aumentar
los kilómetros de riel, cuando en realidad, lo decía ayer don Otto, no han podido
tan siquiera, no han podido hacer y tener al día la reparación de los kilómetros ya
existentes, no han tenido esa capacidad. Estamos pensando en avanzar sin antes
mejorar lo que tenemos.
Pero para seguir haciendo la comparación, es lo mismo que está haciendo
Japdeva y que lo he denunciado acá, y que yo les agradezco a las señorías, a la
mayor parte —y por cierto, sale la próxima semana el informe que va para la
Contraloría— Japdeva compra grúas pórticas a dieciocho punto cinco de ancho de
riel, cuando la expansión portuaria, el desarrollo de la logística portuaria del
mundo está avanzando con grúas Post-Panamax con el ancho de riel a treinta
punto cinco.
¿Y por qué hago esa comparación? Diay, porque el ferrocarril de carga o el
ferrocarril de pasajeros de nosotros es del siglo pasado, las locomotoras del siglo
pasado andaban en esas mismas líneas en las que hoy pretendemos modernizar
al Incofer, con el mismo ancho de riel.
Inclusive, lo único y más moderno que hemos logrado, después de la
destrucción que se dio por cierto en un Gobierno de Liberación Nacional, a cargo
del hoy presidente del partido, —es lamentable pero es la realidad, nos quedamos
sin ferrocarril, en Limón en muchas áreas—.
Bueno hoy, hoy la bancada de Liberación sí está apoyando esta posibilidad
y esta iniciativa.
Pero también talvez están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Diay,
lamentablemente vamos a invertir en un ancho de riel donde los países más
modernos del mundo no utilizan, no lo utilizan desde hace años o nunca lo han
utilizado.
Lo más moderno que hemos traído lo trajimos de España, de Santander, la
primera llegada del tren que hoy tenemos, y lamentablemente tuvimos que invertir
en equipo obsoleto —porque en realidad en España ya era equipo obsoleto—,
tuvimos que invertir para hacerle un ancho, una reducción del ancho de las ruedas
de los vagones que estábamos comprando, porque no se adaptaban al ancho de
vía que nosotros tenemos porque es del siglo pasado. La locomotora María Cecilia
era la que andaba en esos rieles.
Entonces, pretendemos modernizar al Incofer con tecnología del siglo
pasado, eso es lo que pretendemos, cuando en realidad algunos países están
avanzando en monorrieles o en un ancho de riel diferente que permite traer
equipos con una mayor capacidad de traslado, con una mayor capacidad de
personas que puedan utilizarlo de forma más ágil, más rápida y más segura.
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Esto no quiere decir que la Unidad Social Cristiana no vaya a votar este
proyecto, pero que honestamente y objetivamente hemos dicho y hemos
denunciado que no ha sido el mejor proyecto de ley. Prácticamente puedo decir
que es un proyecto bastante mediocre, que gracias a la incorporación de
mociones presentadas por varios compañeros diputados de la Unidad Social
Cristiana, don Mario Redondo, don Otto Guevara, algunos compañeros de
Liberación Nacional, hemos podido mejorar sustancialmente.
Don Juan Marín metió la moción que le interesaba a este diputado, que
estábamos luchando en la Comisión de Hacendarios. Y por supuesto que estamos
ahora al Incofer a hacer esos estudios.
Pero, Otto, recuérdese, y usted, don Mario, hablamos y denunciamos
trescientos millones que el presidente ejecutivo del Incofer le había pagado por
estudios a un amigo de él, a un amigo con el que se sentó a comer un poquito, y
se hizo un almuerzo, pasó a recogerlo al aeropuerto; al experto, al famoso experto
que se le dio un trato preferencial honestamente.
Y resulta ser que esa plata era para hacer los estudios de factibilidad y
técnicos del canal seco entre Limón, Moín, Vuelta Kooper, kilómetro cero,
entonces barájenme esas cartas, o como decimos nosotros: báilenme ese trompo
en este dedo.
Trescientos mil dólares, me aclara don Otto.
Pero, don Otto, trescientos mil dólares se le pagaron a ese experto para
hacer lo que hoy nosotros estamos incorporando en el proyecto de fortalecimiento
de Incofer, en donde el Incofer va a recibir de instituciones o de empréstitos los
dineros para ejecutar lo que el proyecto de ley dice ahí. Y yo me pregunto: ¿qué
va a pasar con esos trescientos mil dólares si tienen un fin específico?
Si yo me imagino, de lo poquito que conozco de contratación administrativa,
eso tenía un fin directo, se contrató a una persona, el asunto estaba desarrollado
en el contrato, era específico, don Abelino, canal seco comprendido entre Limón,
Moín a kilómetro cero.
Entonces uno dice: ¿qué está pasando en el Incofer? Las señales que nos
está dando el Incofer no son señales correctas.
Ciertamente por eso veo la preocupación de la bancada de Gobierno sobre
lo que estoy diciendo, están preocupados, están analizando lo que estoy diciendo.
Consideran que llevo razón. Y sí estamos convencidos todos los señores
diputados y diputadas que el fortalecimiento de Japdeva se tiene que dar, pero
algunos consideramos que este no es el mejor modelo para fortalecer el Incofer.
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Y reitero, y esto porque lo está escuchando también el pueblo de Costa
Rica, ¿por qué vamos a poner a pagar a los costarricenses más dinero sobre
préstamos, sobre posibles préstamos que vamos a tener que hacer, si podemos
darle eso a una empresa privada para que lo haga? Podemos hacerlo.
Y eso no significa que entreguemos a las instituciones del Estado, porque
como socialcristiano mi pensamiento ideológico no me permite entregar ninguna
institución del Estado, jamás, jamás.
Que eso quede muy claro, la Unidad Social Cristiana jamás se va a permitir
entregar una institución del Estado, jamás. Pero sí cree en la inversión, nosotros sí
creemos en los tratados de libre comercio, sí creemos en las alianzas públicoprivadas, sí tenemos una mentalidad de desarrollo. Por supuesto que queremos
un mejor Incofer.
Y entonces ahí se las dejo picando, ya agarré el interés de doña Marcela,
ya agarré el interés de doña Marcela. Marcela, lo más importante es que las
instituciones del Estado se garanticen que el desarrollo que van a ejecutar se haga
bien, que reciban por canon lo que les corresponde, pero que el servicio sea un
servicio eficiente y eficaz, y eso perfectamente lo puede hacer la empresa privada
como lo hizo muy bien Japdeva con la TCM y con la terminal de contenedores
Moín.
¿Si Japdeva lo pudo hacer, por qué Incofer no lo puede hacer? Por
supuesto que lo pudo hacer.
Le agradezco, señor presidente, estos segundos de más y les dejo este
pensamiento para que lo valoren con el debido respeto.
Muchas gracias, señor presidente en ejercicio. Muchas gracias, Costa Rica.
Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:
Muchas gracias, diputado Luis Vásquez.
Don Jorge Rodríguez, sigue usted en la lista. Vamos a darle el tiempo de
quince minutos y lo vamos a parar a las seis porque vamos a concluir a la seis,
pero corre tiempo a partir de este momento.
Diputado Jorge Rodríguez Araya:
Señor presidente, como estamos hablando del asunto de Incofer, y esto
(ininteligible) justamente un proyecto o moción de mi querido amigo don Mario
Redondo, yo les diría a mis compañeros diputados que dejáramos la discusión,
que hagamos algo.
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Yo pospongo el uso de la palabra y me lo reservo por si esto se alarga.
Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:
Le restan catorce minutos, don Jorge.
Diputada Natalia Díaz.
Diputada Díaz, en las mismas condiciones que se lo planteé a don Jorge,
usted tiene quince minutos, vamos a parar a las seis, entonces le vamos a restar
el tiempo de aquí a las seis de la tarde.
Diputada Natalia Díaz Quintana:
Sí, muchas gracias, señor presidente, muy buenas tardes a todos.
Quisiera primero hacer esta intervención recordándoles que el Partido
Movimiento Libertario en ningún momento se está oponiendo a que exista un tren
eléctrico interurbano en Costa Rica, que este es un asunto que quisiera aclarar
hoy, porque se ha dicho o han dicho muchísimas personas que es que nosotros
talvez no queremos que se convierta…, que el país tenga un tren eléctrico.
Todo lo contrario, estamos conscientes de la necesidad que tiene el país en
materia de transporte público. Lo que no estamos de acuerdo es la forma en la
que se está buscando el desarrollo del transporte público en Costa Rica, como es
a través de impulsar un proyecto de ley como es el fortalecimiento del Incofer.
Estamos conscientes de que el tren es una necesidad nacional, es una
urgencia para este país, y creo que en eso todos los señores y señoras diputados
estamos de acuerdo.
Sin embargo, el proyecto no viene a resolver ese tema de la infraestructura
de obra pública, porque esta no es la manera, no se necesita una ley, como lo
mencionaba el diputado Guevara Guth, no se necesita una ley para que Costa
Rica cuente con un tren eléctrico.
Esto lo puede hacer el Poder Ejecutivo, lo comentaba yo con la diputada
Marcela Guerrero en las reuniones que tuvimos con el ministro de la Presidencia y
también en la Comisión de Ambiente cuando discutíamos este proyecto.
Hay otras formas que se pueden valorar para que se desarrolle un tren
eléctrico interurbano en el país.
Existen las figuras de las alianzas público-privadas, por ejemplo, que es una
negociación entre el Estado y la empresa privada, porque existen empresas que
pueden hacer las cosas mucho mejor en este tema específicamente, porque
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tienen el expertise, porque ya han hecho trenes en otros países, porque tienen ese
conocimiento que el Estado costarricense, a través del Incofer, no lo tiene, y
vamos a durar muchísimos años tratando de que este tren salga adelante cuando
se puede hacer o lo puede hacer alguien que realmente tenga el conocimiento en
este tema tan específico y tan importante para nuestro país.
El Estado no está preparado para un proyecto de esta envergadura, y esa
es la realidad, el Estado no es capaz de hacer esto, lo vemos ahorita con el tema
del Incofer y los vagones viejos que están circulando en este momento que están
en un pésimo estado.
Si el Gobierno ni siquiera ha podido, el Incofer puntualmente resolver ese
tema de los vagones que están funcionando el día de hoy, y el servicio ineficiente
que está ofreciendo, cómo va a poder llevar a cabo un proyecto de esta
envergadura, cómo va a poder construir un tren eléctrico y un proyecto tan
importante para el país, sinceramente, no lo veo.
Y lo vemos con proyectos como por ejemplo ruta 32, la misma del
fideicomiso San José-San Ramón, que las cosas se estancan y no caminan en
Costa Rica.
A mí lo que me preocupa es que esto se quede varado y que no resolvamos
el tema del transporte público que es lo que más me preocupa. Y estoy consciente
de la necesidad de todos los costarricenses de tener una opción distinta a
simplemente viajar en nuestros vehículos y esperar horas de horas, o perder horas
de horas de nuestras vidas en un vehículo, dos horas de ida, dos horas de regreso
a algún lugar y no resolver de raíz este problema que tanto nos está aquejando a
todos.
El otro tema que también no se ha discutido aquí es el tema no solamente,
bueno, discutimos el tema de transporte público de personas, sino el tema de lo
que es el transporte público como un todo, porque en el proyecto de ley lo que se
busca es fortalecer al Incofer y listo.
Pero nada garantiza quién va a controlar ese proceso de construcción del
tren eléctrico, ¿qué es lo que van a hacer Incofer después de que decida construir
ese tren?, ¿cuál va a ser el control por parte de Incofer? Eso no está claro en el
proyecto de ley, el proyecto de ley es sumamente escueto, no profundiza en este
tipo de situaciones que les estoy comentando.
Y el transporte de carga tampoco se está tocando en el proyecto.
¿Qué vamos a hacer todos los costarricenses y cómo vamos a hacer para
traer a más empresas a este país a invertir con las carreteras en el estado en que
las tenemos y que, a su vez, con estas carreteras se encarece el costo de los
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productos que transportamos para importación, para exportación? Ese es un tema
que también tiene que tocarse con esta construcción del tren eléctrico.
Recordar que no solamente es un transporte de personas, sino también un
transporte de carga y ver cómo se puede abordar eso desde el Poder Ejecutivo no
necesariamente desde un proyecto de ley.
El otro tema que quería tocarles es que nuestro partido siempre ha estado
comprometido con esta red o este sistema ferroviario, con el tema de mejora en el
transporte público.
Inclusive, les leo aquí textualmente en la parte de los estatutos de nuestro
partido en la parte de propuestas programáticas tengo aquí textualmente, y dice:
Tenemos una extensa y valiosa red de derechos de vía en el país,
lamentablemente no le estamos sacando el provecho que pudiéramos.
La utilización eficiente de la infraestructura ferroviaria y la concepción de
nueva infraestructura para el transporte de mercadería y de personas generará
mejores condiciones para aumentar la productividad en el país. Eso redundará en
más puestos de trabajo y oportunidades.
Y continúa más adelante diciendo: Concesionar la red urbana de la Gran
Área Metropolitana para el diseño y operación de un sistema de transporte masivo
de pasajeros.
O sea, nosotros estamos comprometidos con este tren, lo que no queremos
es que se haga a través de fortalecimiento de un instituto que lo que estamos
haciendo es creando un elefante blanco, llenando al país de más burocracia,
creando plazas indiscriminadamente.
¿Y cuál es la imagen que nosotros queremos dar como país ante un déficit
fiscal tan monstruoso como tenemos el día de hoy? Realmente, yo siento que el
Poder Ejecutivo no tiene claras sus prioridades, porque en una época de déficit
fiscal estamos, por ejemplo, viendo en el artículo número 8 como lo mencionaba
don Mario en su primera moción lo de la autoridad presupuestaria, eliminando todo
el control de la autoridad presupuestaria sobre el proyecto y autorizando al Incofer
a la creación de plazas para el diseño y construcción de este tren eléctrico.
Entonces, ¿cuál es el mensaje que queremos mandar internacionalmente y
a nivel nacional? Si estamos buscando recortar los gastos definitivamente esta no
es la forma de hacerlo.
Y yo quisiera hacer un llamado a los señores y señoras diputadas para que
nos tomemos este tema con seriedad y busquemos otra forma y no a través de
este proyecto de ley de desarrollar un tren eléctrico interurbano.
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El otro tema que quería comentarles es el proceso de negociación que se
dio con este tema de Incofer. Realmente siento que no se tuvo la oportunidad de
conversar en detalle con la gran cantidad de diputados, lo que hicimos fue
conversar en la Comisión de Ambiente y con el ministro de la Presidencia,
viceministro de la Presidencia, acerca de las dudas que teníamos el diputado
Guevara Guth y yo con respecto a este proyecto.
Las planteamos, al final lo que se logró talvez conversar fue lo de la
eliminación del impuesto único al combustible el cinco por ciento que estaba en un
fondo de capitalización en uno de los artículos y aquella megamoción que es la
que estaba para el cuarto día de mociones, que era la creación de impuestos de
cierta forma con el tema del peaje por ejemplo, y otra serie de ingresos que ellos
planeaban obtener.
Al final, pues por dicha no se aprobó esa moción y eso lo conversamos y
nos alegra que no tengan que cobrarse más dinero a las personas para financiar
este tren, pero aun así nos quedan muchas dudas con respecto al proyecto de ley
que…, y que la hicimos saber en la Comisión de Ambiente y en esas reuniones.
Aquí aprovecho yo para indicar una vez más la oposición a este proyecto de
ley, no porque no creamos en que el tren es necesario para Costa Rica, sino
porque no es la forma de hacerlo, si hace rato se hubiera tomado una decisión
desde el Poder Ejecutivo para realmente hacer un tren eléctrico…
Sí, señor presidente.
Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:
Doña Natalia, le restan ocho minutos, continúa usted el próximo jueves.
Al ser las dieciocho horas veintinueve segundos, concluimos la sesión del
día de hoy.
Rafael Ortiz Fábrega
Presidente
Juan Rafael Marín Quirós
Primer secretario
Natalia Díaz Quintana
Segunda prosecretaria
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