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IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2015
SURINAME
Los pueblos indígenas en Suriname suman aproximadamente 20.344 personas, esto es, el 3,8% de una población total de 541.63811 (Censo 2012). Los
cuatro pueblos indígenas más numerosos son los kali’ña (caribs), lokono
(arawaks), trio (tirio, tareno) y wayana. Además, existen otros asentamientos
pequeños de poblaciones indígenas en la zona amazónica del sur del país,
entre los cuales se encuentran los akurio, apalai, wai-wai, katuena/tunayana,
mawayana, pireuyana, sikiiyana, okomoyana, alamayana, maraso, sirewu y
sakëta. Los kali’ña y los lokono viven principalmente en la parte norte del
país, y son ocasionalmente conocidos como los pueblos indígenas de las “tierras bajas”, mientras que los trio, wayana y los otros pueblos indígenas que
viven en el sur son conocidos como los pueblos indígenas de las “tierras altas”.
Suriname es uno de los pocos países de América del Sur que no ha ratificado la Convención 169 de la OIT. Si bien votó a favor de la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas en 2007, su sistema legislativo,
basado en la legislación colonial, no reconoce a los pueblos indígenas y tribales, ni tampoco tiene una legislación que regule la propiedad de los pueblos
indígenas sobre la tierra u otros de sus derechos. Esto configura una gran
amenaza para la supervivencia, el bienestar y el respeto de los derechos de los
pueblos indígenas y tribales, especialmente teniendo en cuenta la atracción
que generan actualmente muchos de los recursos naturales de Suriname (entre ellos la bauxita, el oro, el agua, los bosques y la biodiversidad).
Cuestiones respecto al derecho sobre la tierra
S
uriname tampoco ha progresado mucho durante 2014 en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, siendo el único país
del hemisferio occidental que no posee una legislación específica al respecto, incluyendo los derechos sobre la tierra. Esto, predeciblemente, produjo nuevas situaciones conflictivas. En este sentido fueron notables, entre otros, los renovados enfrentamientos entre los mineros pertenecientes a la comunidad cimarrón de Nieuw Koffie-
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kamp, donde la compañía canadiense Rosebel Gold Mines/Iamgold tiene una concesión para la explotación de oro, y en Merian, donde la compañía estadounidense
Surgold/Newmont posee una concesión. En ambos casos, los mineros locales, considerados “ilegales” en el marco de estas concesiones, reclaman por sus derechos
tradicionales sobre la tierra y sus recursos, los cuáles, sin embargo, no son reconocidos ni son exigibles bajo la legislación de Suriname. La organización comunitaria de
Nieuw Koffiekamp ha amenazado con llevar su caso al sistema interamericano de
derechos humanos, especialmente teniendo el precedente del caso Saramaka de
2007,2 donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a Suriname a
reconocer legalmente los derechos sobre la tierra y sus recursos del pueblo cimarrón
de Saramaka, al cual Nieuw Koffiekamp pertenece. Sin embargo, esta sentencia aún
no ha sido implementada.
El trabajo coordinado por el comisionado presidencial sobre Derechos de la Tierra, designado en 2013 a efectos de avanzar en reformas legislativas para el reconocimiento del derecho sobre la tierra de los pueblos indígenas y tribales, tampoco ha
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obtenido muchos resultados. Se realizó un proyecto de ley por parte de un consultor
del gobierno referido a la relación entre las autoridades comunitarias (los líderes comunitarios tradicionales incluyendo a los jefes y a los jefes supremos) y el gobierno
central, pero sin ninguna participación significativa por parte de los representantes
indígenas y cimarrones, quienes han rechazado categóricamente el proyecto mismo,
así como a su proceso de elaboración.
2014 no ha sido positivo en lo que se refiere al derecho de los pueblos indígenas
y tribales a una participación completa y efectiva respecto a la toma de decisiones
que afecten sus vidas, y al derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Fue a través de los medios de comunicación que las comunidades se enteraron
de los planes de proyectos a gran escala como el ferrocarril desde la capital Paramaribo al aeropuerto internacional, y el de una autopista hacia Brasil, que sería construida a través de la región amazónica. El anuncio del comisionado presidencial sobre
Derechos de la Tierra respecto a que sería elaborado un protocolo CLPI en consulta
con los representantes indígenas cimarrones, continúa siendo sólo un anuncio.
En diciembre de 2014, las comunidades trio y wayana del sur de Suriname celebraron una conferencia para discutir cuestiones comunes en el sur y maneras de
proteger su área en el marco de un desarrollo sustentable. Esta conferencia fue financiada por organizaciones ambientalistas internacionales, las que persiguen la
realización de un corredor de áreas protegidas a través de las Guyanas. Mientras las
comunidades están indudablemente de acuerdo en cuanto a la necesidad de proteger su territorio, existen fuertes preocupaciones respecto a la falta de estándares en
la actual legislación de Suriname para la implementación del “nuevo paradigma” de
respeto al derecho de los pueblos indígenas en relación a la conservación de la naturaleza.
Casos examinados por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
En enero de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó formalmente el caso “Pueblos Kaliña y Lokono contra Suriname” 3 ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. En febrero de 2015, y después de pasar por
los procedimientos habituales de la Corte, se realizaron audiencias con las víctimas
(los ocho pueblos indígenas de la región del Bajo-Marowijne), expertos internacionales, y el Estado de Suriname. El juicio de este caso podría darse, tan pronto como a
fines de 2015.
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Otro caso concerniente a los pueblos indígenas de Suriname es el de la comunidad maho, cuya petición de 2009 ante la CIDH fue admitida en 2010.4 El país no implementó las requeridas medidas provisionales. En 2014 se realizó una sesión de
trabajo sobre esta petición con la CIDH, y una propuesta para trabajar hacia una solución amistosa fue aceptada por la comunidad bajo ciertos condicionamientos. Sobre la base de esta posibilidad se ha iniciado el diálogo, que actualmente se mantiene
en curso. Sin embargo, las amenazas hacia la comunidad maho no se han detenido.
Por el contrario, el pueblo sigue siendo hostigado por personas que dicen poseer, o
que obtendrán, concesiones mineras para explotación de tierra o arena en el territorio
de la comunidad. Incluso, en una oportunidad, los perpetradores de estos hechos
golpearon a un aldeano, cuya posterior denuncia no fue considerada por la estación
de policía local.
REDD+
En 2013, y luego de otras presentaciones fallidas, especialmente dada la insignificante participación de los pueblos indígenas y tribales en su elaboración, el Gobierno de
Suriname obtuvo finalmente la aprobación para su renovada Propuesta de Preparación para la REDD (R-PP), esto es, al Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF) del Banco Mundial,5 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) como socio ejecutor. El Comité de Participantes del FCPF,
sin embargo, también adoptó una resolución complementaria delineando algunas
condiciones específicas en relación a una mayor participación efectiva de los interesados y en consideración de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la
implementación de las R-PP. En 2014 se formuló y se aprobó el proyecto del PNUD
para la implementación de la R-PP, el cuál será llevado a cabo por el Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo de Suriname (NIMOS), la agencia ambiental gubernamental.
Uno de los componentes del R-PP, el fortalecimiento de la capacidad del gobierno sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales y su consentimiento previo,
libre e informado, fue tomado por Conservación Internacional, quien obtuvo fondos
del Departamento de Estado de los Estados Unidos para su proyecto “Ampliación de
la Interrelación con Partes Interesados Bien Informados en REDD+” (WISE-REDD+).
La implementación de este proyecto comenzó a finales de 2014 con discusiones
respecto al establecimiento de un comité directivo y a la definición de estrategias de
comunicación.
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Por su parte, la Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas de Suriname (VIDS)
ha trabajado en el desarrollo de una “caja de herramientas informativas”, conteniendo
información sobre REDD+, desde una perspectiva de derechos y culturalmente sensible, que será finalizada e implementada en 2015. El manual contendrá material
escrito y audiovisual, y se ofrecerá entrenamiento a los representantes comunitarios.
Otras actividades y avances
Durante 2014, los representantes de los pueblos indígenas de Suriname tuvieron una
participación activa en dos importantes eventos internacionales, a saber, en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (WCIP), y en la 20ª Conferencia de Partes
(COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(UNFCCC). El seguimiento de estas cuestiones es llevado a cabo por VIDS en Suriname, quien además organiza debates sobre la “planificación para el futuro”, desde
el punto de vista de las comunidades.
Asimismo, varias aldeas indígenas, incluyendo a Witsanti y Tibiti, han cambiado
sus líderes, en un proceso acompañado por VIDS en su función como autoridad tradicional indígena nacional. En el caso de la aldea de Tibiti se han enterado recientemente de que buena parte de su territorio ha sido solicitada en concesión por una
compañía privada para establecer una plantación y una industria de biocombustible.
Por su parte, VIDS ha desarrollado una serie de talleres en varias regiones y aldeas, con el objetivo de promover la discusión sobre reglamentos comunitarios escritos y para generar conciencia sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambas iniciativas están en relación con su objetivo de fortalecer los derechos a la autodeterminación de los pueblos indígenas de
Suriname. Este proceso ha recibido financiamiento por parte del Fondo de Ayuda a
los Pueblos Indígenas (IPAF), que es parte del Fondo Internacional del Desarrollo
Agrícola (IFAD).
Bajo la coordinación de VIDS y con el apoyo financiero del Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF), cuatro aldeas indígenas han iniciado el mapeo de sus tierras y
de sus recursos; actividad que VIDS ha realizado previamente en territorios indígenas de Suriname oriental, de Surinam occidental y del territorio Wayambo.
Finalmente, tanto el Banco Mundial como el Banco para el Desarrollo del Caribe
tuvieron encuentros informativos con VIDS como parte de la formulación de su planificación estratégica para el país. A respecto, VIDS expresó, entre otras cuestiones, su
deseo de que dichas entidades financieras se aseguren que su cooperación no resul-
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te en violaciones a los derechos humanos o en otro tipo de marginalización hacia los
pueblos indígenas; además que haya una participación efectiva de los pueblos indígenas en la formulación e implementación de proyectos, y que existan además oportunidades reales para que los pueblos indígenas tengan acceso (directo) a los fondos
para el desarrollo.

Notas y referencias
1 La población es altamente diversa, étnica y religiosamente, y se compone de indostaníes
(27.4%), cimarrones (“bushnegroes”, 21.7%), creoles (16%), javaneses (14%), mezclados
(13%), pueblos indígenas (“amerindios”, 3.8%) y chinos (1.5%) (censo 2012). Se hablan a diario
al menos quince lenguas diferentes en Surinam, pero el idioma oficial es el holandés, mientras
que la lengua franca utilizada informalmente es el surinamés (“sranan tongo”).
2 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf
3 http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/009.asp
4 http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2013/SUAD1621-09ES.doc
5 http://www.forestcarbonpartnership.org/Node/175
Max Ooft es oficial de políticas de la Oficina de la Asociación de Líderes de Aldeas
Indígenas de Surinam (Oficina VIDS). Tiene un doctorandus en Ciencias Médicas y
una maestría en Administración de Empresas (MBA).