1. No category

4 · Bitácora
Marzo de 2014
“No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño
de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria. No, no
podrán. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades –del tamaño que fueren– la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria
hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria”
Hugo Chávez, 8 de diciembre de 2012
El 56% de los estadounidenses desea la normalización de las relaciones de
su país con Cuba y sólo un
35% prefiere mantener el
bloqueo económico sobre
la isla, según un sondeo
publicado por el centro de
estudios Consejo Atlántico,
con sede en Washington.
En el Estado Florida, sede
de la contrarrevolución cubana, el 63% de los habitantes rechaza el bloqueo.
“No es una jornada de guarimbas, es un golpe de Estado
continuado que decidió el círculo de poder de Estados Unidos, conjugado con la cúpula empresarial de Venezuela y
conducido por la extrema derecha venezolana”
Nicolás Maduro, presidente venezolano
“El salario no satisface todas las necesidades del trabajador y su familia (…)
Tengamos presente el principio esencial
de que, para distribuir riqueza, primero hay que crearla y que, para hacerlo,
tenemos que elevar sostenidamente la
eficiencia y la productividad”
Raúl Castro, presidente de Cuba, ante el XX Congreso de
la Central de Trabajadores (CTC)
Otro héroe en libertad
El 27 de febrero salió de prisión en Arizona el
luchador antiterrorista cubano Fernando González.
Cumplió de manera completa una injusta y larga
condena de 15 años, cinco meses y cinco días.
Se trata del segundo en abandonar la cárcel de
los conocidos internacionalmente como Los 5, en
referencia a los ciudadanos detenidos en Estados
Unidos acusados de espionaje por el gobierno y la
justicia imperialista. El anterior liberado fue René
González, en 2011. Al cierre de esta edición el gobierno de Cuba anunció actos en apoyo a la causa
de los cinco considerados Héroes de la República.
“Su familia y su pueblo lo quieren en La Habana”,
afirmó Martha González, su hermana, apenas conoció la noticia de la liberación.
Fernando y René (ambos liberados); Gerardo
Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino fueron arrestados en septiembre de 1998 en
Miami cuando seguían movimientos de grupos de
extrema derecha que desde el sur del Estado de
Florida planeaban y ejecutaban acciones terroristas contra Cuba.
Bitácora · 5
Nocturno
“San Cristóbal (capital del
estado Táchira) es el centro
de la subversión de grupos
organizados que fueron entrenados por grupos paramilitares colombianos”
Miguel Rodríguez Torres, ministro
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela
“Usen y abusen de Paraguay porque este es un
momento, para mí, increíble de oportunidades”
Horacio Cartes, presidente paraguayo, ante una delegación de
empresarios industriales de Brasil
Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre
se escucha que transita solamente la rabia,
que en los tuétanos tiembla despabilado el odio
y en las médulas arde continua la venganza,
las palabras entonces no sirven: son palabras.
Balas. Balas.
Manifiestos, artículos, comentarios, discursos,
humaredas perdidas, neblinas estampadas.
¡qué dolor de papeles que ha de barrer el viento,
qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua!
Balas. Balas.
Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste,
lo desgraciado y muerto que tiene una garganta
cuando desde el abismo de su idioma quisiera
gritar lo que no puede por imposible, y calla.
Balas. Balas.
Siento esta noche heridas de muerte las palabras.
Rafael Alberti
“Las perspectivas ahora mismo son que Al Assad está en realidad en
una posición más fuerte que cuando discutimos el año pasado, en
virtud de su acuerdo para eliminar las armas químicas, pese a lo
lento que ha sido ese proceso”
James Clapper, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos
Hernández, encarcelado en una prisión de
máxima seguridad en California, envió un mensaje al mundo para celebrar la liberación de
su compañero: “quienes lo queremos y admiramos, hoy celebramos. Convencidos de que
nuestra lucha se refuerza con otro abanderado”, escribió. Este antiterrorista cumple doble
cadena perpetua más 15 años, como parte de
un juicio denunciado y probado como irregular,
ilegal e ilegítimo.
La historia de Los 5 tomó estado público en
2001. Desde entonces grupos de solidaridad
despliegan una campaña mundial por su liberación. Un panel especial de las Naciones Unidas
determinó en mayo de 2005 que el arresto de
los cinco cubanos fue arbitrario y pidió remediar esa situación.
Como parte de esas actividades una decena
de premios Nobel junto a parlamentarios y personalidades políticas, sociales y artísticas del
mundo pidieron al presidente Barack Obama
que ponga fin a la injusticia y devuelva a estos
hombres a su patria. Pese a la liberación de dos
de los cinco, la amplia campaña mundial que
exige la liberación de todos los antiterroristas
sigue adelante y no se detendrá hasta que Gerardo, Antonio y Ramón puedan regresar a su
país antes de cumplir las condenas impuetas.
“No podemos conformarnos con la libertad
por cumplimiento de la condena porque de lo
contrario Gerardo no tendrá jamás una fecha de
salida”, dijo Martha, hermana de recientemente
liberado Fernando González.
6·
Marzo de 2014
Ucrania: Occidente celebró el Golpe pero perdió el rumbo
Tras el golpe de Estado que destituyó al presidente
ucraniano Víktor Yanukóvich, el 22 de febrero, Vladimir Putin declaró que “sólo un caso extremo podrá
servir de motivo para usar la Fuerza Armada de Rusia:
si los habitantes de las regiones de Ucrania del Este
piden oficialmente nuestra protección”. El mandatario ruso explicó el 4 de marzo pasado: “no podremos
quedarnos parados si empiezan a perseguir, eliminar,
someter a maltratos a la población rusófona”.
Putin explicó el contexto en el que se produciría una
eventual acción militar en Ucrania luego de que los
gobiernos occidentales que apoyaron el Golpe dieran
a conocer que Rusia intervendría en el país vecino y
amenzaron a Moscú con aplicar represalias militares
y económicas. Pero el principal impacto inesperado
para Occidente lo generó el mismo día del golpe contra
Yanukóvich el nuevo comandante de la Marina ucraniana, designado por el propio régimen. A poco de ser
puesto en funciones, el vicealmirante Denis Berezovski, juró lealtad a las autoridades de la Región Autónoma de Crimea, gobernada por el primer ministro Sergiy
Aksionov, aliado de Rusia. El marino entregó a fuerzas
rusas el cuartel general de Sebastopol mientras que
el primer ministro anunció la creación de la Marina
de Guerra. Diez días después del Golpe, Crimea tomó
el control sobre la seguridad de la península y dio un
ultimatum a los últimos oficiales del Ejército leales a
los golpistas para que se subordinen a las autoridades
de la república. Para ese momento, más de cinco mil
soldados ucranianos se habían enrolado en milicias
populares prorusas.
La lealtad de los militares, la reacción de Crimea y
la acción rusa evidenciaron la lectura apresurada de
las potencias occidentales sobre la crisis en Ucrania.
La Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos apoyaron la caída de
Yanukóvich y prometieron al nuevo gobierno ayuda
económica a cambio de reformas del Estado, ajuste
de valores de servicios públicos y acuerdos comerciales. Pero todo fue insuficiente para acallar la crisis. Se
multiplicaron las reuniones en los principales países
de la UE y las comunicaciones telefónicas con Estados Unidos. Al cierre de esta edición las potencias no
parecían tener en claro una posición común sobre lo
que sucedía en Ucrania.
El nuevo régimen ucraniano decidió revocar el estatus regional del idioma ruso y levantar la prohibición sobre los símbolos nazis en momentos en que se
hacían visibles grupos nacionalistas que inicialmente
Occidente mostró como parte de los “movimientos populares” contra el régimen pro-ruso.
Tras la caída de Yanukóvich el “Gobierno de unidad
nacional” prometió un tratado comercial con la UE;
reforzar las instituciones y reformar la economía.
Aseguran que necesitan en los próximos dos años
unos 35 mil millones de dólares de ayuda para
sacar al país del borde de la bancarrota y celebrar
las elecciones presidenciales del 25 de mayo.
Del Tlcan al Acuerdo Transpacífico
El presidente de Estados Unidos pidió a Canadá
y México que lo acompañen en “un frente común”
para sumarse al Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP, por sus siglas en inglés). Barack Obama promovió la incorporación a este flamante acuerdo de libre
comercio durante la cumbre de países de Norteamérica el 19 de febrero en la ciudad mexicana de Toluca, junto al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro canadiense, Stephen Harper.
Estas naciones son tres de las ocho que negocian
una eventual incorporación al TPP, creado en 2005
por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. El resto
son Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Japón. Obama sostiene que este acuerdo otorgará nuevas ventajas al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (Tlcan), que cumplió 20 años el pasado 1 de
enero. “Somos paladines del libre comercio (frente)
a otros participantes en las negociaciones del TPP
que no tienen una tradición tan sólida de libre co-
mercio”, dijo.
El gobierno mexicano acompañó la propuesta de
Washington, aunque el de Canadá se mostró más
cauteloso. El presidente Peña Nieto dijo que “México hará todo su esfuerzo y contribución para superar
cualquier problema que eventualmente presenten
las mesas de negociación”. Harper, por el contrario,
aclaró que “la postura del Gobierno de Canadá siempre ha sido clara: “nosotros solamente firmaremos
el acuerdo cuando estemos convencidos de que sea
bueno para los intereses de Canadá”.
Los tres mandatarios firmaron un documento de formalidad pero no tomaron decisiones transcendentes.
Elogiaron el Tlcan y acordaron genéricamente simplificar los requisitos aduaneros, facilitar el tránsito de
personas y cooperar en la lucha contra el lavado de
dinero; aumentar la cooperación trilateral para evitar
la importación de artículos falsificados y combatir el
tráfico de personas.
Imponente manifestación de fuerza revolucionaria
“Decían las fuerzas agoreras de la derecha apátrida que Hugo Chávez había arado en el mar, que
una vez que él no estuviera, la Revolución no duraría. Y así han estado apostando. Pero a un año de la
partida de nuestro comandante aquí está la Revolución Bolivariana de pie, en lucha, desplegada en
batalla, rumbo al socialismo bolivariano, cristiano
y chavista”.
Las palabras del presidente Nicolás Maduro encendieron el fervor de la multitud, que tal como lo
había hecho exactamente un año atrás para despedir a Chávez, inundó Caracas para rendirle homenaje en el primer aniversario de su muerte. Ríos rojos
interminables de trabajadores, indígenas, mujeres,
jóvenes y niños desembocaron nuevamente desde
los distintos rincones del país en la capital el 5 de
marzo, pero esta vez para asistir al desfile cívicomilitar organizado en honor al líder de la Revolución Bolivariana en el Paseo de los Próceres.
“Asisten 10.260 combatientes socialistas, revolucionarios, antimperialistas y, por sobre todo, profundamente chavistas, con 560 sistemas de armas
y 35 aeronaves, todas adquiridas y repotenciadas
en Revolución, por la visión de nuestro máximo
líder, movidos todos por el amor, la lealtad y el
compromiso a ese gigante Hugo Chávez”. Así se
pronunció frente a Maduro el comandante del
desfile, de la 42° brigada de Infantería Paracaidista del Ejército y compañero del ex presidente
venezolano desde la primera hora, Jesús Rafael
Suárez Chourio, para dar comienzo al desfile.
El acto, transmitido desde Venezuela al mundo,
mostró un mensaje inequívoco: la unidad cívico-militar de una revolución pacífica, pero no desarmada, que se mantiene vigorosa frente a los intentos
golpistas a pesar de la ausencia física de Chávez.
Maduro lo puso en palabras: “El pueblo nunca le
falló a Chávez; y hoy nos ha dado una demostración
profunda de su amor”. Y agregó: “Aquel día (5 de
marzo de 2013) en que nuestro comandante se nos
fue de esta vida juramos frente a él lealtad absoluta a su legado (la Revolución) y hoy podemos decir
–en este primer año de su partida– que el pueblo
de Venezuela ha cumplido”.
También mostraron su lealtad y apoyo al gobierno de
Venezuela el presidente boliviano Evo Morales y el de
Cuba, Raúl Castro, ubicados junto a la máxima autoridad de Surinam, Desiré Bourtese, país que preside
temporalmente la Unasur. Junto a ellos estuvieron presentes varios primeros ministros del Caribe, vicepresidentes y cancilleres de países suramericanos –como
de Argentina y Ecuador– y del mundo –como de Irán
y Palestina. Es que Chávez fue el artífice central del
Alba, Petrocaribe, la Unasur y la Celac, el motor de la
unión regional: “Hoy podemos hablar de la existencia
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América, Petrocaribe y la Unión de Naciones Suramericanas gracias a Chávez”, destacó Maduro.
A lo largo del mes de febrero también hubo presidentes que aprovecharon para opinar contra el gobierno venezolano en medio de las protestas violentas,
ataques fascistas y la campaña mediática internacional contra la Revolución Bolivariana. Es el caso del
chileno Sebastián Piñera –que concluye su mandato
este mes, del colombiano Juan Manuel Santos y del
panameño Ricardo Martinelli. En el caso de Panamá
la conspiración del gobierno alineado a Washington
llegó a un punto inaceptable y Maduro anunció la
ruptura de las relaciones políticas y comerciales en
pleno homenaje a Chávez. Fue por la tarde, cuando el
Presidente volvió a hablar en el Cuartel de la Montaña, donde yace el cuerpo del líder bolivariano, tras el
tradicional disparo de salva que diariamente se produce a las 4:25. Allí acusó al país centroamericano
de promover una intervención de Estados Unidos en
Venezuela a través de la OEA.
Las actividades en conmemoración del primer
aniversario de la muerte de Chávez se reprodujeron
en otras ciudades del país y del mundo, y se prolongarán hasta el 15 de marzo en Venezuela.
5 de marzo de 2014
8 · Nota de tapa / Análisis de la noticia
Marzo de 2014
Venezuela y Ucrania
Ofensiva fascista
de Estados Unidos y Europa
Por Luis Bilbao
Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante del desfile cívico-militar del 5 de marzo y de la 42° brigada de Infantería Paracaidista del Ejército, enarbola el estandarte de Chávez en su homenaje. Foto: Presidencia
Escalada: una misma política tuvo resultados diferentes en Caracas
y en Kiev. En ambos casos, las potencias imperialistas apelaron a
un arma ya utilizada antes en momentos de extrema crisis: el fascismo. En Ucrania éste adoptó sin tapujos el rostro del antisemitismo,
extendido ahora contra la minoría rusa. La Revolución Bolivariana
resistió exitosamente el embate. No ocurrió lo mismo con el gobierno ucraniano. En aquellas latitudes crece el riesgo de una guerra de
la Otan contra Rusia. Aquí, la repetida derrota de Washington se
prolongará con nuevas y cada vez más violentas agresiones, dificultada por el respaldo de 120 países del Noal, buena parte de América Latina, más China y Rusia, al gobierno de Nicolás Maduro.
Las tensiones entre la Casa Blanca y las capitales del Sur se agravan al extremo. Por detrás, asoma su feo rostro la crisis capitalista.
O
tro laurel de gloria para la Revolución Bolivariana.
Bien mirado, no cabría mayor homenaje en el primer
aniversario de la muerte de Hugo Chávez: pueblo y gobierno de Venezuela en lucha franca y victoriosa contra la ofensiva fascista de los estrategas imperiales.
Otro ‘Cantar de gesta’, esta vez latinoamericano y en honor de Chávez, quien
como el Cid campeador sigue ganando
batallas después de muerto.
A su modo, en involuntaria ofrenda,
también Washington rinde tributo a la
memoria del Libertador socialista: tras
masticar el polvo de la derrota en dos
elecciones posteriores a su muerte, los
agentes locales apelan a la violencia de
escasos adherentes, movilizados con argucias en base a dificultades reales, pero
actuantes sólo por obra de mercenarios
locales y extranjeros.
Empujada por la Casa Blanca y un ala de la oposición
interna Venezuela se asomó a la tragedia de una guerra civil. Sectores medios y altos de la oposición pudieron ver de
cerca el espectro que amenazó al país y los dejaba a ellos al
borde de un abismo mortal. Retrocedieron. De acuerdo con
Nota de tapa / Análisis de la noticia · 9
un precepto tan antiguo como la guerra (“a enemigo que
huye, puente de plata”), el presidente Nicolás Maduro les
ofreció una vía de salida para la emergencia: la Conferencia
Nacional de Paz. Excepto uno, todos acudieron a la cita. Y
farfullaron excusas, ante el rostro severo, elocuente, de las
máximas autoridades nacionales. Con 19 muertos a cuesta,
la embestida destinada a iniciar una confrontación militar
interna quedó aislada.
Resta un foco en retirada en San Cristóbal. La capital del
Estado Táchira, territorio fronterizo con Colombia, fue escogida por los hombres de gris del Departamento de Estado para desencadenar acciones armadas. Encabezada por
agentes fascistas, Leopoldo López y María Machado, con
el respaldo de escuadras paramilitares del país vecino, se
logró ocupar la ciudad. El objetivo era declarar a Táchira
“territorio liberado”. Allí López pretendía escenificar una
parodia de “gobierno provisional”. Washington estaría allí
para “defender la democracia”. La llave de la operación fue
el alcalde opositor, Daniel Ceballos, cobijado bajo la sigla
partidaria de López, Voluntad Popular. El gobierno ordenó la
detención de López por haber proclamado el derrocamiento
de Maduro. Hay más nombres directamente involucrados
y una cantidad a la expectativa, ansiosa tras bambalinas,
presta a saltar en una u otra dirección según el curso de los
acontecimientos. También hubo, como ya ha comenzado a
develarse, miembros infiltrados en organismos de seguridad, que actuaron siguiendo órdenes de fuera y provocaron
muertes necesarias para el intento de sublevación y la campaña mundial: seis de ellos están presos.
La base de sustentación del plan tenía dos puntos de apoyo: uno, paramilitares colombianos (los temibles “paracos”)
como fuerza vertebradora de la oposición fascista apoyada en grupos estudiantiles, acompañados por infiltrados en
órganos de gobierno y seguridad; otro, la más desaforada
campaña de prensa mundial que se haya visto en la historia
de la guerra, destinada a mostrar lo indemostrable: un pueblo alzado contra un dictador.
Una cosa es ocultar, tergiversar y mentir, tareas en las que
está altamente entrenada la gran prensa comercial del planeta y en las que obtiene permanentes victorias. Otra, bien
diferente, es fabricar una realidad inexistente y convencer al
mundo con ella. No lo lograron. Al menos por ahora.
Amplias franjas de la opinión pública en Europa y Estados Unidos, incluso en buena parte de América Latina,
pueden estar convencidas de que Maduro es un tenebroso
dictador, quien con respaldo de ávidos militares brutales
oprime a las masas, saquea al país en su beneficio, cercena la libertad de prensa y hunde la economía en un desastre con efectos devastadores para las mayorías. Pero por
el simple y fácilmente comprobable hecho de que nada
esto ocurre en la vida cotidiana del país, el conjunto abrumador de la población –incluido grandes sectores de la
oposición– no tienen esa convicción y, por el contrario,
asumen una certeza inversa. Así, el periodismo sin apego
a los hechos queda expuesto en toda su venal irresponsabilidad, pierde credibilidad y fracasa como herramienta
para defender el capitalismo y vehiculizar sus grandes
operaciones contrarrevolucionarias.
Eso ocurrió desde el 12 de febrero y hasta las vísperas
del aniversario de la muerte de Chávez. Y se combinó con
el espanto de una burguesía local que vio de frente y a nada
de distancia una sólida conjunción de gobierno, fuerza armada, milicias, partidos revolucionarios y masas organizadas, dispuesta a defender la continuidad de la Revolución
en combate franco. Arrastrado el país a una guerra lo más
saliente no hubiese sido la arremetida devastadora contra
los mercenarios en Táchira, sino la aceleración del paso de
la Revolución y la transición al socialismo, a expensas no
sólo de los bienes y prebendas de las clases altas.
Guerra o paz
Ese espectro ominoso lo palparon también intelectuales,
periodistas, profesionales y funcionarios, quienes cambiaron drásticamente de tono y se aferraron a la propuesta de
paz como a un clavo ardiente. Estaban convencidos de que
la ofensiva derrumbaría sin combate a Maduro y acabaría
con la Revolución. Como tantos, dentro y fuera de Venezuela, vivían en la ilusión de que el país podía volver a la
supuesta normalidad de la IV República. No comprenden el
significado histórico de la Revolución Bolivariana, no tienen conciencia de la gravedad de la crisis capitalista mundial y, en consecuencia, no saben dónde apoyan sus pies.
Pero a la conciencia la reemplaza el instinto cuando la situación es extrema: en cuestión de horas vociferantes opositores comprobaron que para hacer retrogradar una revolución
es preciso una guerra. Y que esta revolución, pacífica, está
armada y resuelta al combate. La primera orden del instinto
es la autoprotección. De modo que se lanzaron con fruición
al puente tendido por Maduro.
Así, López y su consorte en el fascio caricaturesco, quedaron solos. Con el exclusivo apoyo del gobierno estadounidense, que exigió la liberación de su fantoche y, como respuesta,
perdió tres diplomáticos pillados in fraganti en la conspiración. Amenazado de muerte por sus socios más cercanos, el
ultramontano ex miembro de Tradición Familia y Propiedad,
ahora travestido como socialdemócrata, optó por entregarse
mansamente. También él vio de cerca lo que le esperaba. Y
prefirió la garantía de sus enemigos a la traición y la muerte
en manos de sus amigos: una grabación captada por organismos de inteligencia expuso públicamente a dos jefes opositores programando el asesinato de López. Medios recalcitrantes del hemisferio pasaron por alto este hecho, en sí mismo
definitivo, y redoblaron su campaña de calumnias.
A la Conferencia de Paz le siguió una rápida y efectiva
ofensiva diplomática del canciller Elías Jaua. Simultáneamente, en los últimos días de febrero, el ministro de Petróleo
y Minería, presidente de Pdvsa y vicepresidente para la Economía, Rafael Ramírez, viajó para entrevistarse con los gobiernos de China y Rusia. Con esta panoplia Maduro recuperó la iniciativa en toda la línea y arrinconó a los guerreristas.
Mientras se redactan estas líneas, en el día del primer aniversario de muerte del comandante Chávez, la imponente manifestación popular, coronada con un desfile militar de inequívoca
continúa en pág. 50
10 · Nota de tapa
Marzo de 2014
Intervención del canciller ante CDH de la ONU
“Esta agresión no tiene
su origen en un malestar social”
Contundencia: ante la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, reunida en Ginebra el 3 de marzo, el canciller Elías Jaua
pronunció un discurso con datos incontrastables sobre la realidad venezolana. Extractos de su intervención.
(…)Venezuela rechaza contundentemente
el uso de los derechos humanos con fines
ajenos a su verdadera naturaleza y como
vehículo para hacer avanzar intereses políticos, especialmente por parte de países
poderosos, socavando el entendimiento
entre las naciones, quebrantando los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas, que van en detrimento de la
paz internacional.
Venezuela no acostumbra exponer sus
logros y desafíos en estos foros internacionales, ya que creemos en la importancia de priorizar en estos escenarios una
agenda multilateral a favor de los derechos humanos, la democracia y la paz en
el mundo. Sin embargo, dada la campaña
internacional de mentiras y falsedades
que presentan hoy a nuestra Patria en situación de caos y guerra civil, estoy obligado a hablar en nombre del derecho a la
paz y a la dignidad que tiene un pueblo
libre como el venezolano.
Nuestro pueblo, es un pueblo libre de
analfabetismo, tal como lo ha certificado
la Unesco; es un pueblo donde el hambre
dejó de ser una fatalidad, como ha sido
reconocido por la FAO en 2013; es un
pueblo donde toda la población perteneciente al sistema de educación pública y
gratuita ha recibido computadoras con
acceso a Internet, lo cual le ha valido un
premio de la Unesco el pasado año. Es un
pueblo con una hermosa tradición cultural que ha logrado el reconocimiento en
2012 y 2013, como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, de dos de
sus más importantes manifestaciones
culturales venezolanas.
Sr. Presidente, nuestro pueblo en 15
años de Revolución democrática, ha asistido a 19 procesos electorales (elecciones
presidenciales, locales, parlamentarias,
referendos consultivos, revocatorios,
aprobatorios). De esos 19 procesos electorales, el proyecto democrático de la Re-
volución Bolivariana ha logrado ganar en
18 de éstos.
En una década hemos disminuido la pobreza general en un 25% y reducido los
índices de miseria a sólo 5% de la población. Venezuela es el país que en el siglo
XXI más ha reducido la desigualdad, según datos de las Naciones Unidas, lo cual
la convierte en la nación menos desigual
de América Latina y el Caribe tomando
como base el Coeficiente de Gini.
Sr. Presidente, sres. representantes, la
reciente Encuesta Nacional de Juventud,
una gigantesca radiografía de los jóvenes
venezolanos de hoy en día, con más de 10
mil entrevistas personales en todo el país
a muchachos y muchachas de entre 15 y
29 años, arroja el siguiente resultado:
• El 60% cree que el socialismo es el mejor sistema, frente a un 21% que opta por
el capitalismo.
• El 77% quiere quedarse en el país, frente
a sólo un 13% que dice querer irse.
• El 90% cree que sus estudios le brindarán “muchas o bastantes oportunidades”.
• 93% piensa que puede aspirar a un empleo mejor.
Nota de tapa · 11
Como vemos, no es cierto que la mayoría de los jóvenes esté en contra del modelo democrático socialista en nuestro país.
En el informe 2013 de Latinobarómetro, donde se recoge el mayoritario apoyo
de la población venezolana a su democracia, también se expresa que “Venezuela
permanece en el ojo de la controversia
como el país donde hay mayor distancia
entre lo que dicen sus ciudadanos y lo
que dice la comunidad internacional de
su democracia”.
La explicación radica, sin duda, en que
poderosos laboratorios mediáticos nacionales e internacionales son empleados
para llevar adelante una guerra psicológica sistemática contra mi país. Se amplifican las noticias negativas que salen de
Venezuela. Las acciones de propaganda y
agitación comunicacional de algunas muy
poderosas corporaciones comunicacionales nacionales y transnacionales privadas,
apuntaladas por los voceros de los gobiernos que han convertido los derechos
humanos en un arma de castigo para los
gobiernos independientes, han pretendido
hacer ver que en nuestro país hay un caos
generalizado, represión indiscriminada y
desproporcionada de las autoridades hacia
el pueblo para así justificar la intervención
extranjera en los asuntos internos y promover condenas y sanciones injustas.
Se dice y repite que hay una brutal represión a manifestantes pacíficos. Necesario
es precisar que la manifestación pacífica es
una “reunión pública, generalmente al aire
libre, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo”.
Para la Revolución Bolivariana, la
protesta pacífica constituye una de las
formas de participación directa del pueblo, en tanto que promueve la necesaria
pluralidad y disenso que debe existir en
un sistema político democrático, por ello
la promueve y garantiza. Pero el derecho
a la manifestación no es absoluto: está
condicionado a que sea pacíficamente y
sin armas.
El pueblo de Venezuela ha sido sometido el último mes a un asedio continuo,
procuran sitiarnos como un Estado violador de los derechos humanos y tratan de
arrancarnos nuestra tradición y vocación
de paz. Grupos entrenados en nombre
del legítimo derecho a la manifestación,
han cerrado violentamente vías públicas
impidiendo el libre tránsito para ejercer
el derecho al trabajo, a la educación, a la
compra de alimentos, al traslado de enfermos a los centros asistenciales de salud.
Estas personas han quemado vehículos
que transportan alimentos, han destruido
Oficinas Públicas, han atacado ambulancias, han atacado el transporte masivo de
pasajeros y a sus usuarios y han destruido vehículos e instalaciones que prestan
servicios públicos vitales de electricidad,
telefonía y seguridad pública. Estos grupos han promovido ataques xenófobos y
de intolerancia social y racial.
Ante esto, la autoridad legal preparada
para contener bajo los estándares del uso
proporcional y diferenciado de la fuerza
pública ha actuado; la cual ha sido atacada,
en muchos casos con armas de fuego para
agredir y desconocer la responsabilidad y
el legítimo derecho del Estado a restituir
el orden en beneficio de la inmensa mayoría que desea vivir en paz. Cincuenta y un
funcionarios del orden público y de nuestra
Fuerza Armada Nacional Bolivariana han
sido heridos, la mayoría con armas de distinto tipo y calibre; uno de ellos el Sargento
Giovanni Pantoja de la Guardia Nacional
Bolivariana, murió el pasado viernes al ser
emboscado por un grupo armado, mientras
ejercía acciones para restituir el libre tránsito en una urbanización.
Sr. Presidente, necesario es precisar
la magnitud de estos hechos violentos y
sus consecuencias hasta el día de hoy, los
mismos se han registrados en sectores urbanos de clase media alta, en 18 municipios de 335 municipios que conforman el
territorio nacional, las personas fallecidas
son 18, de las cuales en sólo tres casos se
presume la actuación ilegal de funcionarios policiales, los cuales han sido puestos a la orden de los tribunales de justicia.
Permanecen detenidas sólo 73 personas,
imputadas por delitos de agresión a personas, destrucción de bienes públicos y
homicidios. Todos a las órdenes de tribunales y con garantías al debido proceso.
La comunidad internacional debe saber
que esta agresión contra la democracia es
de naturaleza político-ideológica y que su
objetivo es el derrocamiento de un gobierno legítimamente establecido, tal como
ha sido expresado con una alta carga de
odio social contra los sectores populares
afectos a la Revolución Bolivariana por
sus principales dirigentes. Esta agresión
no tiene su origen en un malestar social,
los dirigentes son los mismos que han
protagonizado estos atentados contra la
institucionalidad democrática en los años
2002, 2004, 2013, y especialmente posteriormente a cada triunfo electoral de la
Revolución; como el ocurrido el pasado
mes de diciembre, donde obtuvimos el
75% de los cargos locales y el 56% de los
votos nacionales.
Venezuela –como toda sociedad– tiene
problemas y desafíos, tales como la seguridad ciudadana y el desarrollo económico productivo, para ello el gobierno del
presidente Nicolás Maduro ha impulsado
incansablemente el diálogo sin exclusiones, está impulsando la paz como centro
principal del diálogo inclusivo, amplio,
en el marco de la Constitución Nacional
y las leyes.
A esos efectos ha invitado a todos los
sectores de la vida nacional para que
participen en una Conferencia Nacional
por la Paz (…)
Venezuela durante más de 100 años
no ha sufrido una guerra civil, la única
guerra librada contra otra nación fue la
protagonizada hace más de 200 años para
lograr nuestra Independencia.
Pedimos a la Comunidad Internacional que respalde el esfuerzo del Estado
democrático venezolano para defender
la paz y la igualdad lograda por nuestro
pueblo. Agradecemos a los gobiernos
independientes, a los pueblos del mundo la activa solidaridad expresada en
estas circunstancias.
El 8 de diciembre de 2012, el Comandante Hugo Chávez, casi tres mese antes de fallecer, el 5 de marzo de 2013,
en su último mensaje al pueblo, expresó: “En cualquier circunstancia nosotros debemos garantizar la marcha de
la Revolución Bolivariana, la marcha
victoriosa de esta Revolución, construyendo la democracia nueva que aquí
está ordenada por el pueblo en Constituyente; construyendo la vía venezolana al socialismo, con amplia participación, en amplias libertades, en plenas
libertades”. Ése es el compromiso del
gobierno del presidente Maduro y defender el derecho de nuestro pueblo a
vivir en paz es nuestro deber.
Muchas gracias.
12 · Nota de tapa
Marzo de 2014
Erradicar la violencia delincuencial y política
El Gobierno presentó un plan
para la seguridad y la paz
A
Diálogo: el 26 de febrero el jefe de Estado venezolano, Nicolás
Maduro, reunió a gran parte de los sectores de la sociedad para
instalar la Conferencia Nacional por la Paz. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el Presidente llamó a establecer una Comisión de enlace que permita aplicar estrategias entre
sectores empresariales, industriales, políticos y religiosos para
analizar todas las propuestas que se presenten. La Conferencia,
centrada en el respeto a la Constitución y a la defensa de la nación frente a la injerencia imperialista, fue antecedida por el Plan
de Pacificación y Convivencia Nacional.
dos días de haberse desatado la violencia instigada por la derecha venezolana, el presidente Nicolás Maduro
realizó anuncios acerca de las estrategias
del Plan de Pacificación y Convivencia
Nacional. Los lineamientos planteados
son resultado de 500 mil propuestas recogidas durante un mes de consultas con
gobernadores y alcaldes, universidades y
con la población. El plan resultante fue
expuesto durante la Jornada Nacional por
la Paz, realizada en Caracas y diferentes
puntos del territorio a fines de enero. La
redistribución de la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles será acom-
pañada por la profundización de políticas
integrales que desde 2011 se vienen desarrollando en el marco de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Las mismas
incluyen presencia de las misiones para
la erradicación de la pobreza, establecimiento de zonas de paz, reformas judiciales, educación y trabajo en las penitenciarías, promoción de la cultura y el deporte,
desmovilización de bandas y desarme y
la conformación de una brigada policialmilitar especial para detectar y neutralizar
grupos criminales, destinada a disuadir el
ingreso de paramilitares y narcotraficantes que ejercen el sicariato, principalmen-
te en las ciudades de frontera.
Un breve recorrido por algunos de estos
ejes da cuenta, por encima de las críticas
opositoras y la histeria provocada por el
brutal asesinato de la actriz Mónica Spears,
del trabajo que la Revolución sostiene en
distintas dimensiones y con diversos actores para atacar las causas más profundas
de un problema que estructural y sistémico y que necesita de amplias reformas sociales, políticas e institucionales.
La primera medida anunciada por el
Presidente es el mejoramiento del Plan
Patria segura, lanzado en mayo del año
pasado con la incorporación de tres mil
efectivos militares que serán paulatinamente sustituidos por Policías Nacionales y efectivos de la Guardia del Pueblo.
El plan incluye un sistema de patrullaje
inteligente que consiste en distribuir las
fuerzas de seguridad en los 79 municipios
que registran mayores índices delictivos,
divididos en cuadrantes.
Según los datos aportados por el ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres,
en una entrevista televisada, El Plan Pa-
Nota de tapa · 13
tria Segura logró que 2013 cerrara con
una disminución del 17% en los homicidios y del 51% en los secuestros. De
acuerdo con cifras oficiales los índices de
homicidios durante 2013 alcanzaron una
tasa de 39 por cada 100 mil habitantes. La
ONG Observatorio Nacional De Violencia (OVV), en la que se basan medios y
políticos opositores dijo, por su parte, que
la tasa es de 79 por 100 mil habitantes. Sin
embargo, la propia organización advierte
en su portal que tales cifras son el resultado de proyecciones que se realizan con
“datos parciales” a los que se tiene acceso
a partir de “diversas fuentes regionales y
nacionales, y tomando en consideración
las series estadísticas del país desde el
año 1990”.
Al desestimar la tasa publicada por
el OVV, Rodríguez Torres aseguró que
quien dirige la ONG “es un militante y
actor político, e indudablemente la información que da la brinda con una intención política”.
La seguridad y la violencia son una de
las principales causas del malestar de las
clases pudientes venezolanas que por estos días es utilizada como uno de los argumentos para pedir la salida del gobierno, aunque los propios estudios del OVV
arrojen que quienes más sufren el problema son los sectores populares.
Cuestiones de fondo
Una importante línea de acción anunciada por el Presidente define dar continuidad a los planes de desarme y desmovilización de bandas violentas y criminales.
“Yo quiero insistir en esa línea. Tenemos
un mapa de 600 bandas con las cuales se
ha conversado. Y con la ley en la mano,
con justicia, se puede desmovilizar a todos, incorporarlos al trabajo, al deporte,
a la cultura y que en vez de un arma 9
milímetros tengan un cuatro, un violín,
un balón, una herramienta de trabajo, un
libro para estudiar…”, afirmó Maduro y
encargó dicha misión al secretario Ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida
y al colectivo juvenil Otro Beta.
A mediados de 2011 fue creada por
decreto la Comisión Presidencial para el
control de armas, municiones y desarme
con el objetivo de fomentar el diseño e
implementación de una política pública integral sobre la materia. Y a mitad
de 2013 fue aprobada la Ley Orgánica
para el Desarme y el Control de Armas
y Municiones.
“El arma es un elemento de identidad,
masculinidad. Se cree que al tenerla se
está protegido, se es más fuerte”, explicó Pablo Fernández, ex secretario técnico de la comisión que dio origen a la ley,
en una entrevista con el diario Correo del
Orinoco a fines de 2013. El especialista
considera imprescindible el desarme para
terminar con la violencia. Más del 75%
de las y los jóvenes “son las víctimas y
los victimarios de tal problema”, expresó.
“La generación de condiciones de vida
dignas es fundamental para erradicar la
violencia en los jóvenes de entre 15 y 25
años, en manos de quienes se concentra la
mayor cantidad de armas”, afirmó.
En articulación con el desarme, la expansión del Movimiento por la Vida y
la Paz lanzado en marzo del año pasado
es otra directiva propuesta en el Plan de
Pacificación. El movimiento, del que participan organizaciones populares y colectivos artísticos juveniles como Otro Beta,
Trinchera Creativa, Redada y Hip Hop
Revolución, fue creado con el fin de trabajar en propuestas y acciones a favor de
una convivencia pacífica, segura, solidaria y libertaria.
Una gira nacional, cultural , artística
y deportiva para la que deberán combinar esfuerzos los ministerios de Cultura,
Deporte y Comunicación, más la promoción del establecimiento de zonas de paz,
a cargo del vicepresidente Jorge Arreaza
(plazas, canchas, bulevares, rutas, autopistas, centros de salud, teatros, espacios
públicos para la paz) complementan las
actividades destinadas a la generación de
espacios para la reflexión, el entretenimiento y la promoción de valores relacionados con la paz.
En materia comunicacional Maduro ordenó la supervisión de los contenidos televisivos para la promoción de la cultura de
paz. En enero de este año se adelantaron
reuniones entre el Gobierno y los responsables de canales televisivos para tal fin.
Progreso en la situación carcelaria
La preocupación por los efectos que el
caótico sistema carcelario heredado produce en las personas privadas de su libertad, también está presente en el plan. “Se
trata de reconstruir los valores morales de
quienes están allí, por medio de la creación de talleres de trabajo, de producción
y educación obligatoria de los internos.
Todos tienen que estudiar, el que no sabe
leer que aprenda”, enfatizó el Presidente.
Desde 2011, existe en Venezuela un
Ministerio de Servicios Penitenciarios,
“único en el mundo”, según afirma Iris
Varela, la ministra que ha emprendido
desde 2012 la tarea de visitar cada cárcel
del país para dialogar con los privados de
la libertad, comprobar el complejo estado
de situación del sistema y en ocasiones,
desactivar motines. El logro a fines de
2013 del desarme de 85% de las cárceles del país es un importante avance para
la recuperación del control de 35 centros
penitenciarios (antes bajo el control de
los privados de libertad). Además se ha
prestado atención judicial a más de 50
mil personas recluidas para combatir el
retardo procesal penal, se han incorporado más de 16 mil privados de libertad al
trabajo y para revertir el hacinamiento se
han remodelado los espacios existentes
mientras se espera la inauguración, este
año, de ocho centros para procesados.
Según la ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario, la población carcelaria alcanza una cifra de 50 mil
hombres y 2.340 mujeres distribuidos en
33 y 16 centros respectivamente. Los ejes
de acción del ministerio incluyen la transformación social del privado de libertad
hacia la conciencia de clase, el respeto de
los derechos humanos, la generación de
adecuadas condiciones de reclusión y de
alternativas para el cumplimiento de las
penas y la atención postpenitenciaria.
El descongestionamiento de la justicia
es otro punto necesario para la atención
integral del problema de la seguridad. La
Fiscalía General, el Tribunal Supremo de
Justicia, la Procuraduría General, y los
ministerios de Comunas y Comunicación
estarán involucrados en la ejecución de
un proyecto destinado a elevar facultades
en las comunidades para el ejercicio de
justicia de paz. La Ley Orgánica de Justicia y Paz, promulgada en 2011, sienta las
bases para que las comunidades organizadas puedan solucionar conflictos con el
apoyo de los jueces de paz.
Jimena Montoya
14 · Nota de tapa
Marzo de 2014
Mentira, desinformación
y manipulación
“E
stados Unidos ha instalado laboratorios con expertos en guerra psicológica y en guerra mediática para asestar un golpe a la Revolución Bolivariana”,
denunció la ministra de Comunicación,
Delcy Rodríguez. La cobertura que los
grandes medios han hecho de la escalada golpista lo confirman. Y lo ratifican la
proliferación sistemática de mensajes a
través de las redes digitales.
En la tapa del diario argentino Clarín
del jueves 13 de febrero se veía la imagen
de una persona cargando un fusil y en el
epígrafe decía: “Chavistas armados ayer,
en Caracas, durante la ola de disturbios.
Una protesta opositora fue duramente reprimida. Actuaron grupos parapoliciales
que, según testigos, dispararon a la multitud. Hubo incidentes en otras ciudades”. Ocurre que la imagen mostrada era
de un efectivo del Cicpc (Policía Científica Venezolana), que se protegía de la
quema de cinco vehículos de ese cuerpo
policial por opositores violentos, a pocos
metros de la entrada de su sede en Parque Carabobo, Caracas. Otros diarios y
páginas web, como Infobae (Argentina)
y El Mundo de España utilizaron de igual
manera la imagen, pero omitiendo la leyenda original de esa foto de la agencia
EFE: “Miembros de la Cicpc caminan
frente a un vehículo incendiado durante
una marcha convocada por la oposición,
en Caracas (Venezuela)”.
El 20 de febrero, la periodista Sebastiana Barráez, del semanario Quinto Día,
tuiteó una imagen de supuestos aviones
Sukhoi que sobrevolaban la ciudad de
San Cristóbal, perteneciente al Estado de
Táchira. En la foto se veían nueve aviones
en formación y otro en ruta ascendente.
Pero la imagen fue tomada en 2007 en un
show aéreo en Volkel, Holanda, y correspondía a nueve aviones Pilatus PC-7 de
fabricación suiza, y un avión F/A-18 de
fabricación estadounidense; Venezuela no
posee ninguno de esos aviones.
Tuiteros opositores presentaron también
una imagen de una supuesta estudiante
venezolana tomada por el cuello y arrastrada por aparentes guardias nacionales:
“Que esta foto dé la vuelta al mundo”,
decían. Y así ocurrió, pero la imagen pertenecía a estudiantes reprimidos en Chile
en octubre de 2011.
La imagen de una cadena humana realizada en Cataluña, España, en septiembre
de 2013 cuando se manifestaban por la
independencia de esa región, fue utilizada
por otro cibernauta que aseguraba que se
trataba de “una inmensa cadena que hicieron en Táchira contra Maduro”. Jonatan
Mora, otro tuitero, aseguró que un niño
había sido herido en la localidad de Táchira por “huestes bolivarianas” mostrando
una imagen de un menor herido llorando
en una camilla: la imagen corresponde a
Siria, no a Venezuela. “Esto es Venezuela, es el Hospital Central de Maracay, ¿de
qué Revolución hablamos?”, decía otro
tuit que mostraba bebés recién nacidos
en cajas de cartón. Pero la foto original
ilustraba la portada del diario La Prensa
de Honduras.
“SOS represión en Venezuela, urgente, que esta foto de la vuelta al mundo”,
posteó otro tuitero. Lo que no dice es que
la foto era la de un joven revolucionario herido en Mérida durante un acto de
campaña de Henrique Capriles Radonski
en abril de 2013. La misma imagen fue
utilizada por la cadena internacional CNN
para denunciar la supuesta represión contra la marcha de los estudiantes opositores. Pero la realidad es que esa fotografía
fue tomada el 10 de abril de 2013 cuando
Nota de tapa · 15
libre tránsito y a expresarse sin dañar nada
ni a nadie”, remarcó.
Ramón Soto, estudiante de Ciencias Políticas y Jurídicas en la Universidad de
Los Andes fue agredido salvajemente por
Voluntad Popular (VP) y Juventud Activa Venezuela Unida (Javu), algunos de
los grupos financiados por el gobierno de
Estados Unidos. “Ahora están utilizando
esas imágenes para decir que en Venezuela hay represión, y engañar al mundo,
pero no sólo son esas fotos, también están
difundiendo imágenes de otros países, así
como de sucesos viejos”, dijo Soto. La
falsa información difundida por CNN lo
nombra como miembro del Movimiento
13 de la Universidad de Los Andes, grupo
vinculado a VP y Javu, y coordinado por la
integrante de Voluntad Popular, Gabriela
Arellano. “Lo que más me molesta es que
están utilizando estas imágenes diciendo
que yo pertenezco al Movimiento 13 que
actúa desde la Universidad de Los Andes,
lo que es totalmente mentira, porque yo
soy un estudiante miembro de la Juventud
del Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv)”, subrayó Soto. El líder estudiantil
recordó que precisamente los grupos que
desde el 12 de febrero participan en acciones violentas que han provocado la muerte
de tres personas y más de 70 heridos son
los mismos que le ocasionaron varias fracturas en su rostro y que están estrechamente vinculados a los políticos de la derecha
venezolana. “El llamado que nosotros
hacemos desde el movimiento estudiantil
de la Revolución, es el llamado a la paz,
que si alguien va a salir a manifestar que lo
haga de forma pacífica, sin violentar el derecho a las demás personas, el derecho al
La verdad llegará al mundo
El director del Centro de Paz y Justicia de Estados Unidos, Thomas Hayden,
también manifestó su preocupación por
la campaña de desinformación y criticó
a la prensa internacional por no mostrar una versión clara de los hechos.
“Pienso que los medios de comunicación han actuado para confundir las
noticias y no favorecer a Venezuela
porque no muestran información sobre lo que ocurre”. En una entrevista
exclusiva para Telesur, Hayden se refirió al tratamiento de las noticias que
suponen un claro apoyo a las protestas
violentas, promovidas desde el exterior
para derrocar el gobierno legítimo del
presidente Nicolás Maduro. “Estados
Unidos no debería apoyar a los grupos
que intentan derrocar a Maduro. Se
sabe que esos grupos son manejados
por el FBI”, denunció Hayden.
En ese mismo orden, el periodista Mark
Weisbrot escribió en el periódico británico El Guardián que durante este año, “5
millones de dólares del presupuesto federal (de Estados Unidos) fueron destinados
a solventar las actividades de la oposición
(venezolana)”. De acuerdo al artículo,
la política estadounidense está dirigida
hacia “América Latina en su conjunto”,
mientras que la acción en Venezuela fue
considerada por Weisbrot como “la punta
del iceberg”.
El presidente Nicolás Maduro también
se refirió a la arremetida de la prensa comercial contra la Revolución. “Los mismos medios que han justificado invasiones como las de Irak, quieren hacer creer
que en Venezuela se está desarrollando
una guerra civil”, dijo Maduro. Sin embargo, el mandatario señaló: “Vamos a
vencer a CNN” y adelantó que la señal
regional de Telesur comenzará en el segundo semestre de este año sus transmisiones en inglés, “para llevar la realidad, sin manipulaciones, a más países
del mundo”. El presidente venezolano
pronosticó que con este nuevo canal en
inglés y en un futuro, hasta en mandarín,
“la verdad va a llegar al mundo”.
Inés Hayes
16 · Nota de tapa
Marzo de 2014
El intento desestabilizador y la respuesta gubernamental día por día
Cronología de
la escalada golpista
E
Hechos: los pasos de una ofensiva destinada a provocar
muertes, respuesta oficial, confrontación armada y fractura
social irreparable, establecer un “territorio liberado” en Táchira, como base para un quimérico “gobierno Provisional”
y, finalmente, la intervención militar extranjera. El saldo
provisional es de 19 muertos, 270 heridos y casi 700 detenidos, de los cuales alrededor de 50 quedaron en prisión.
l 12 de febrero, en el Día de la Juventud dos movilizaciones irrumpieron en Caracas: una convocada por los
opositores Leopoldo López y María Corina Machado, y la otra por el Gobierno
Nacional, al celebrarse el bicentenario de
la Batalla de la Victoria. Se registraron
dos muertos a la tarde en el marco de protestas violentas y un tercero a la noche, en
el municipio Chacao (Este de Caracas).
Hubo destrucción de edificios públicos,
quema de vehículos y amenazas que lle-
garon hasta el embajador de Venezuela
ante la Organización de Estados Americanos. 70 personas fueron detenidas.
En Táchira, la Guardia Nacional de Venezuela evitó que presuntos estudiantes
ingresaran armados a las instalaciones
de la subestación eléctrica San Cristóbal
I de Corpoelec. En Aragua, grupos fascistas intentaron quemar la gobernación,
atacaron la alcaldía del Municipio Girardot e hirieron a diez oficiales.
La Fiscalía General –que fue atacada
a tiros– pidió la detención de Leopoldo López por incitación a delinquir,
actos de terrorismo, daños a la propiedad y homicidio. Dirigentes opositores
acusaron al presidente Nicolás Maduro
de “suspender garantías” y llamaron a
mantener las protestas.
Por la noche, en cadena nacional, Maduro ordenó custodiar las principales ciudades del país, aseguró que las protestas
eran parte de un golpe de Estado en marcha y juró hacer justicia por los crímenes ocurridos. En ese momento, la sede
principal del canal estatal Venezolana de
Televisón (VTV) fue atacada por grupos
opositores y una trabajadora fue herida de
bala. También hubo destrozos en el Hotel
Alba Caracas y en la sede del Ministerio
de Transporte.
Al día siguiente, Maduro declaró que
el dirigente social chavista Juan Montoya y el manifestante opositor Bassil Da
Costa, las dos primeras víctimas del 12
de febrero, habían sido “asesinados por la
misma arma”.
El 15 de febrero, durante una marcha
por la “paz y contra el fascismo” convocada por el Gobierno, Maduro llamó a la
“unión cívico-militar para enfrentar la batalla contra el golpe de Estado” e informó
que Leopoldo López había mandado a sus
“grupos violentos a destruir la Fiscalía
General y a desestabilizar Caracas”. El
Presidente denunció un plan de magnicidio en su contra e informó que el ex presidente colombiano Álvaro Uribe financiaba a los grupos violentos. El ministro para
el Transporte denunció que desde el 12 de
febrero fueron agredidos 36 trabajadores
del Metro de Caracas y 40 unidades de
Metrobús fueron apedreadas, quedando
inoperativas: se dañaron escaleras mecánicas, vidrios de trenes, cámaras, sistemas
contra incendios y señalizaciones.
Al día siguiente Maduro anunció la expulsión de tres funcionarios consulares de
Estados Unidos por conspiración, denun-
Nota de tapa · 17
ció presiones del Departamento de Estado
y respondió que no aceptaba amenazas de
nadie, luego que el Secretario de Estado
John Kerry pidiera la liberación de los detenidos. En cadena nacional el Presidente
advirtió que sectores de la ultraderecha
buscaban asesinar a Leopoldo López “con
la finalidad de provocar una tragedia y
culpar al Gobierno Bolivariano para propiciar un estallido violento en el país”. Poco
después López convocó a sus seguidores a
acompañarlo en una protesta el martes 18
para entregarse luego a la Justicia.
Ese mismo día, la periodista venezolana
Patricia Poleo, residente en Miami, pidió
por twitter la intervención estadounidense
a Venezuela para “liberarse de la dictadura en la que viven” y solicitó a los venezolanos que firmaran virtualmente para
apoyar la intervención.
El ministro de Interior, Justicia y Paz,
Miguel Rodríguez Torres reportó que 120
personas habían sido detenidas desde el
12 de febrero y sólo quedaban 14 ciudadanos retenidos.
El 17 de febrero, Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería, convocó a
los trabajadores de Pdvsa a “mantener y
profundizar la Revolución Bolivariana”.
Ese mismo día, cuatro estudiantes y dos
profesores de la Universidad Pedagógica
Experimental de Táchira fueron detenidos
por incendiar un camión de Pdvsa.
Al día siguiente trabajadores de Pdvsa
marcharon al Palacio de Miraflores acompañados de estudiantes, profesionales, adultos
mayores y amas de casa, en una movilización que mostró la fuerza de la clase obrera
en franco y decidido apoyo al presidente
Maduro y a la Revolución. Leopoldo López
se entregó ante funcionarios de la Guardia
Nacional Bolivariana y el presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo
acompañó hasta su lugar de detención para
garantizarle su seguridad.
El 19 de febrero Génesis Carmona,
estudiante universitaria y Miss Turismo
Carabobo 2013, murió tras ser herida de
un balazo durante una manifestación opositora en Valencia. Ese mismo día, el ministro Miguel Rodríguez Torres confirmó
que una persona había fallecido y otras
cuatro habían resultado heridas de balas
durante una manifestación oficialista en
Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Denunció
además que San Cristóbal, capital del Es-
tado Táchira (fronterizo con Colombia)
“es el centro de la subversión de grupos
organizados que fueron entrenados por
grupos paramilitares colombianos”.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cipc)
identificó a Jonathan Rodríguez como el
presunto asesino de Juan Montoya y Bassil Alejandro Da Costa, las dos primeras
víctimas del 12 de febrero. En nombre de
la Mesa de Unidad Democrática, María
Corina Machado y Antonio Ledezma llamaron a que siguieran las protestas y se
exigiera la liberación de López.
El 20 de febrero Maduro denunció la
existencia de un plan fascista que busca
“llenar de violencia al país para generar
una espiral creciente de odio y confrontación de pueblo contra pueblo y luego justificar lo injustificable: el llamado a una
intervención extranjera militar en Venezuela”. Instaló en respuesta el Comando
Nacional Antigolpe y llamó a la conformación de Comandos Populares Antigolpe en cada fábrica, lugar de trabajo, barrio
y universidad.
Por la noche se confirmó la muerte de
Arturo Alexis Martínez, hermano del diputado oficialista Francisco Martínez,
asesinado en Barquisimeto. También falleció la ciudadana de Mérida Delia Elena
Lobo, de 37 años, cuando cruzó una barricada con alambres de púa colocada por
manifestantes opositores, mientras iba en
moto con sus hijos.
Al día siguiente murió otro motorizado
al chocar contra un alambre de púa en una
barricada. Por el asesinato fueron acusados estudiantes opositores.
El 22 de febrero Diosdado Cabello informó que se incautaron, en el estado Carabobo, un total de 360 bombas molotov;
16 kilogramos de pólvora, 420 miguelitos;
200 litros de gasolina en envases plásticos
y 32 cauchos para continuar promoviendo
acciones fascistas en el país.
El 23 de febrero murió el ingeniero
Alejandro Márquez, herido durante una
protesta el miércoles 21. Ese mismo día el
Psuv denunció ataques en su sede de Maracay, Estado de Aragua.
El general retirado del Ejército Ángel
Vivas se atrincheró armado en su casa de
Caracas, acusado de “entrenar” a un grupo
que cruzó cables cortantes en algunas calles
contra los que impactaron motociclistas.
El 24 de febrero autoridades venezolanas detuvieron a un mercenario en Aragua. Maduro denunció que se trataba de
Jayssam Mokded: “estaba preparando un
carro bomba para generar más violencia
en el país con ataques terroristas y extremistas como en Siria”. Ese día se registró
la muerte de un hombre que cayó de un
segundo piso al tratar de huir de la persecución policial durante protestas opositoras en San Cristóbal; y otra muerte
durante manifestaciones de la oposición
en Cagua, Estado Aragua.
En Caracas, movimientos de motorizados y motorizadas marcharon hacia el
Palacio de Miraflores en repudio a la violencia fascista y realizaron una asamblea
por la paz.
Al día siguiente, trabajadores de la
Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) y jóvenes venezolanos
marcharon en repudio a los ataques perpetrados contra distintas sedes institucionales del Gobierno.
El 26 de febrero, convocadas por la
oposición se realizaron marchas silenciosas de “mujeres de blanco” en varios
municipios. Miles de campesinos e indígenas llegaron ese mismo día a Caracas
para expresar su apoyo al Presidente y a
la Revolución.
Por la tarde Maduro realizó la Conferencia Nacional por la Paz y la Vida a la que
convocó a todos los sectores de la sociedad.
El 28 Maduro informó que en el estado Carabobo un grupo de efectivos de
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
fue emboscado y uno de ellos murió tras
recibir un disparo en el ojo. El Gobierno solicitó formalmente una reunión con
los miembros de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), para exponer y
buscar soluciones a los hechos violentos
registrados en Venezuela desde mediados
de febrero.
El 1 de marzo, en la urbanización
Altamira, al Este de Caracas, el Gobierno detuvo a 41 personas que estaban causando destrozos a bienes públicos y privados e impedían el tránsito
de los vehículos. Ocho de ellos eran
extranjeros, con pedido de captura internacional por terrorismo.
El 4 de marzo muere en el estado Táchira Luis Gutiérrez Caramargo por impactar contra una barricada.
Marzo de 2014
18
Ofensiva de Washington con recetas difíciles de sostener
Las grietas
de la Alianza imperialista
Niña pastora de Chanca, una de las comunidades más pobres de Cuzco. Foto: Asociación Amantaní
Fachada: la cumbre en Cartagena de la Alianza del Pacífico mostró
en apariencia un fuerte impulso en los acuerdos de librecomercio
entre Colombia, Chile, México y Perú. Presidentes de estos cuatro
países, más Costa Rica en proceso de adhesión, firmaron un acuerdo para eliminar los aranceles del 92% de los bienes y servicios
que se comercializan entre los países miembros. Pero el alineamiento con Washington no resulta sencillo fronteras hacia dentro
de estas naciones: el librecomercio no exhibe mejoras sustantivas
en la población; hay fuerte resistencia social y los relevos en los
gobiernos amenazan con enfriar el proceso.
“L
a liberalización de bienes y servicios es un esfuerzo grande, un
proyecto ambicioso, pero falta lo más
difícil, que es aplicarlo y que se institucionalice”. El realismo del presidente
de Perú, Ollanta Humala, rompió el entusiasmo de sus colegas presentes en la
Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP)
que se realizó en Cartagena, Colombia.
Antes de él, el mexicano Enrique Peña
Nieto calificó el encuentro de “histórico”
y su par colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que esta unión es “la niña bonita
y codiciada de la región”, que suma el
50% de la población de América Latina.
Santos, Humala, Peña Nieto y Sebastián Piñera firmaron en Cartagena el 10
de febrero el llamado Protocolo Adicional mediante el cual se eliminan los
aranceles del 92% de los bienes y servicios que se comercializan entre los
cuatro países miembros. Los mandatarios se comprometieron a incluir el 8%
restante, que ocupa productos agrícolas
“sensibles” como maíz, trigo, banano,
café, frijol y papa, al cabo de una negociación que se prevé finalizar en un plazo
máximo de 17 años. La liberalización del
comercio entrará en vigor sólo una vez
que sean aprobados por los parlamentos
de cada país y hayan sorteado todos los
trámites jurídicos.
La declaración final de Cartagena señala que “este protocolo también proveerá
estabilidad y seguridad jurídica en materia comercial, a través de la facilitación
del comercio, la simplificación de las
operaciones aduaneras, la eliminación
de obstáculos técnicos injustificados y la
protección de la salud humana, animal y
vegetal (…) lográndose una mayor integración en cadenas regionales de valor
que harán más competitiva a la región”.
Urgencias
Costa Rica suscribió un proceso de
adhesión. “Para nosotros esta alianza
significa una nueva plataforma en la
evolución de nuestro comercio”, dijo
Laura Chinchilla que entregará la presidencia el próximo 8 de mayo al ganador
de la segunda vuelta electoral del 6 de
abril. Prometió que el cambio de gobierno no modificará la política del país,
aunque uno de los candidatos construyó
19
su campaña electoral sobre las críticas al
denominado “neoliberalismo”. Se trata
de Luis Guillermo Solís (Partido Acción
Ciudadana, sociademócrata), que enfrentará a Johnny Araya (del oficialista
Partido de Liberación Nacional).
Algo similar sucede con el gobierno chileno. “Esta es mi última cumbre
como presidente de Chile, pero eso no
significa que vamos a dejar de tener
compromiso y dedicación por la Alianza del Pacífico”, dijo Sebastián Piñera.
Su sucesora a partir del 11 de marzo,
Michelle Bachelet, no mostró demasiado entusiasmo con esta alianza aunque
aclaró que nunca rompería con ella. La
dirigente socialdemócrata acompañó a
su antecesor a la reciente cumbre de la
Celac en Cuba, donde asistió además a
un encuentro de la AP, pero estuvo ausente en Cartagena.
Los acuerdos contrarreloj parecen ser
un estigma de la AP, que tuvo en el presidente peruano Alan García uno de sus
impulsores. García firmó el nacimiento
del bloque en abril de 2011, dos meses
antes de dejar el cargo a manos de Ollanta Humala, quien no sólo no denunció el
acuerdo sino que lo ratificó e involucró
más aún a Perú.
También el presidente de Colombia
está a unos meses de concluir su mandato, aunque es candidato con chances
a la reelección. Sostuvo que el mundo
muestra un gran interés por la Alianza.
Puso como ejemplo que el bloque tiene
29 países observadores incluyendo los
recientemente incorporados Finlandia,
Singapur, Israel y Marruecos. “Esta
Alianza tiene lo que el mundo necesita,
creemos en el libre comercio, creemos
en la inversión, creemos en el emprendimiento, siempre promoviendo en
nuestros países la igualdad, la erradicación de la pobreza”, dijo Santos y fue
más allá aún: “podemos afirmar que la
Alianza del Pacífico encendió el motor
del desarrollo y la prosperidad en América Latina”.
Espejos I
Chile lleva 40 años de políticas ultraliberales; Colombia al menos 15; México,
una treintena; Perú 23 y Costa Rica más
de 20. Los tres primeros países ostentan
records de TLC firmados con bloques re-
gionales o con terceros países. Pero en
materia social tienen poco que exhibir.
El crecimiento sostenido de la economía
de estos países no coincide con el desarrollo de sus pueblos. Colombia y Perú
muestran cifras de pobreza cercanas al
32% y 26% respectivamente. México no
logra bajar su índice, que actualmente
es de 51% (fue el único país de América
Latina que lejos de disminuir la tasa, la
aumentó estos años). Nada indica que la
unión de estas políticas pueda ser efectiva para “la prosperidad en América”.
La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, condenó “el pésimo acuerdo
que para Colombia significa la Alianza
del Pacífico y responsabiliza al gobierno nacional de los graves efectos para el
sector y para el país se derivaran de una
negociación poco transparente”. Explica
que “Colombia no puede vender su banano a México, Chile o Perú por ser estos mercados de bajo precio comparativo
con respecto a la Unión Europea o Estados Unidos”. La Asociación Colombiana
de Porcicultores (criadores de porcinos)
recordó que “después de las negociaciones en los Tratados de Libre Comercio
con Canadá y Estados Unidos, la Alianza del Pacífico incrementaría la amenaza
oscureciendo el horizonte especialmente
para pequeños y medianos productores
que eventualmente tendrían que dejar
la actividad”. Colombia tuvo al final de
2012 un 32,2% de pobreza. Cerca de 14
millones 600 mil personas, además de
4,6 millones en la pobreza extrema. En
la zona rural la pobreza llega a 46%.
En México, un informe de varias organizaciones agropecuarias determinó
que “a 20 años del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (Tlcan,
con Estados Unidos y Canadá), México
no pudo aumentar su productividad en
granos y elevó sus importaciones más de
100%. El documento utiliza datos de la
Secretaría de Economía (SE) para recordar que “de 1994 (cuando arrancó el Tlcan), a 2012, las importaciones de maíz,
trigo, soya, sorgo y arroz, entre otros, pasaron de 10 a 23 millones de toneladas.
Esto representa un incremento de 130%.
En contraste, la producción nacional de
granos y oleaginosas pasó en igual período de 29 a 35,8 millones de toneladas, un
incremento de sólo 23,2%”.
El trabajo determinó que “dichos incrementos han derivado en una mayor
dependencia alimentaria general, la cual
pasó de 24% en 1994 a más de 40% en
la actualidad, según datos de la FAO
(agencia de la ONU para la alimentación y la Agricultura)”.
Espejos II
Las cosas no son distintas para Ollanta
Humala en Perú. Sus dos años y medio
de gobierno lo tienen claramente alineado con el eje Pacífico-Washington. En el
ámbito interno, la extrema dependencia
del Producto Interno Bruto (PIB) a los
factores externos (55% según el Ministerio de Economía) lo vuelve vulnerable
frente a los vaivenes internacionales. La
violenta explotación de los recursos naturales en detrimento de las poblaciones
más pobres generó sangrientos conflictos. La Confederación General de Trabajadores (Cgtp) estimó a fines del año
pasado que “más de tres mil trabajadores fueron despedidos por razones sindicales”. Según la Defensoría del Pueblo,
durante 2013 se registraron cerca de 200
focos de conflicto mensuales, en un país
donde sólo el 4% de los trabajadores
está sindicalizado.
El Instituto Nacional de Estadística e
Informática de Perú (Inei) estima que el
25,8% de la población es pobre, casi ocho
millones de personas. En regiones rurales
como Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, la norteña Cajamarca y la central Huánuco, el índice supera el 50%.
El futuro nuevo socio de la AP, Costa
Rica, es abanderado del librecomercio
desde comienzos de 1990 aunque se profundizó en 2006 con el segundo período
de gobierno de Oscar Arias. Su principal
bandera fue el TLC con Estados Unidos.
Seis años después de la entrada en vigor
del acuerdo casi el 20% de los costarricenses vive en la pobreza (más de un
millón 200 mil personas). El desempleo
es el segundo mayor de América Latina:
10,4% según cifras oficiales aunque 18%
según la Universidad Nacional (400 mil
personas). Entre los jóvenes de 15 a 24
años la tasa es de 21,8%. Se trata, aquí
también, de uno de los países más desiguales de América Latina.
Adrián Fernández
20
Marzo de 2014
La nueva presidente de Chile asegura celeridad en las reformas
Promesas de campaña,
dilemas para gobernar
Esperanzados pero críticos, los estudiantes recibirán a Bachelet con la primera marcha el 22 de marzo.
Incógnita: la reforma tributaria encabeza las metas de Michelle
Bachelet para los primeros meses de gobierno, que incluyen
cumplir con 50 promesas de campaña. El equipo que la acompaña representa el amplio arco ideológico de la coalición que
le permitió llegar al Ejecutivo. Varios ministros son cuestionados por su formación economicista o sus vínculos con empresas y fundaciones privadas. Un mes antes de asumir renunció
la designada viceministra de Educación por tener antecedentes contrarios a la gratuidad del sistema. La primera marcha
estudiantil del año, prevista para fines de marzo, marcará el
pulso de los tiempos que vienen. En el ámbito exterior deberá
aplicar la resolución del Tribunal de La Haya que favoreció a
Perú; escuchar los reclamos de Bolivia de una salida al mar;
pronunciarse sobre su rol en la Alianza del Pacífico y redefinir
su relación con los países suramericanos.
M
ichelle Bachelet inicia su segundo
período como presidente de Chile
con nueve ministras y 14 ministros. Gobernará hasta el 11 de marzo de 2018,
aunque prometió que no habrá que esperar tanto para que pueda convertir en
leyes el medio centenar de propuestas
hechas públicas durante la campaña electoral, la mayoría de las cuales son las más
progresistas en los últimos 40 años.
La acompaña un gabinete de ministros
y subsecretarios con una marcada tendencia economicista en los cargos más
importantes. Algunos son ex funcionarios de su primera administración y otros
lo fueron en los años de Ricardo Lagos.
La cuidadosa adjudicación de cargos a
representantes de los partidos políticos
que conformaron la coalición Nueva
Mayoría chocó con algunos cuestiona-
mientos antes de asumir.
Bachelet cuenta con una mayoría amplia en la Cámara de diputados y una
más ajustada en el Senado. El Ejecutivo
tiene asegurados los votos para su reforma tributaria y algunos aspectos educacionales; aunque deberá trabajar más
para cumplir con la mayor promesa de
campaña: reformar la Constitución legada por el dictador Augusto Pinochet.
Los nombramientos de los principales
colaboradores fueron adelantados por
Bachelet cuando se supo que viajaría a
la cumbre de la Celac para acompañar
al presidente saliente Sebastián Piñera.
Esto coincidió además con la noticia de
que iba a dar a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya
sobre el diferendo marítimo entre Chile
y Perú por casi 40 mil kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico.
La instrumentación del veredicto de La
Haya, que favoreció en buena medida a
Perú, estará a cargo del nuevo canciller,
Heraldo Muñoz, hasta ahora subsecretario general de la ONU, administrador
21
auxiliar y director regional para América Latina y el Caribe del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Pnud). El otro asunto importante en la
agenda del nuevo ministro de Relaciones Exteriores es la discusión con Bolivia por una salida al mar y posicionar a
su país en el convulsionado contexto de
América Latina.
Prueba de fuerzas
Pero la primera gran responsabilidad
de gestión recaerá sobre el ministro de
Hacienda, Alberto Arenas, encargado de
impulsar la reforma tributaria. El propio
funcionario –economista y ex director
del Presupuesto durante el primer mandato de Bachelet– pidió que el proyecto
esté listo dentro de los primeros 100 días
del gobierno para planificar el Presupuesto 2015 con la nueva herramienta legal.
A comienzos de febrero, Arenas informó
que la implementación del programa
de gobierno de Bachelet costará 15 mil
millones de dólares, de los cuales 8.200
millones deberán salir tras la reforma del
actual esquema tributario. El nuevo sistema deberá financiar, entre otras cosas,
el rediseño del sistema educativo con el
que Bachelet busca garantizar al final del
mandato al menos el 70% en la educación secundaria y universitaria gratuita
y dejar el terreno listo para alcanzar al
ciento por ciento de los jóvenes en los
años siguientes.
El ministerio de Educación está a cargo del ex director del Departamento para
el hemisferio occidental del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) Nicolás Eyzaguirre. El flamante funcionario fue,
además, supervisor de Argentina para
el FMI y uno de los que cuestionó las
cifras que arrojaba el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (Indec).
Al frente del ministerio del Interior y
Seguridad Pública está Rodrigo Peñailillo, de 39 años, ex jefe de gabinete del
primer gobierno de Bachelet. Trabajará
junto al vocero de la Presidente, Álvaro Elizalde, y la secretaria general de la
presidencia, la senadora democristiana
Ximena Rincón. Los tres tendrán a su
cargo bajar las tensiones con los sectores estudiantiles que prometieron seguir
marchando si no aparecen soluciones
a sus reclamos. Muchos de los nuevos
dirigentes secundarios y universitarios
provienen de partidos de izquierda que
no están alineados a la coalición gubernamental. Y otros, que sí lo están, piden
participar de las discusiones.
El diputado Giorgio Jackson, del
partido independiente Revolución Democrática, una de las cabezas de las
protestas estudiantiles de 2011, afirmó que “la futura reforma educacional
tiene que contar con la participación y
deliberación del movimiento social”.
La también diputada y ex dirigente
estudiantil Camila Vallejo, del Partido
Comunista, en la alianza de Bachelet,
recordó que “como futuro gobierno nos
comprometimos a impulsar una profunda reforma educacional, quienes la implementen deben estar comprometidos
en el decir y hacer”.
Fusibles
Varias organizaciones estudiantiles
convocaron a movilizarse para el 22 de
marzo, como inicio del año de marchas
en una jornada en la que esperan convocar a unas 150 mil personas. La idea original, en demanda de educación pública,
gratuita y de calidad, se potenció después del disgusto que causó la elección
por parte de Bachelet de la economista
Claudia Peirano como viceministra de
Educación. La paradoja es que esta dirigente demócrata cristiana ha rechazado
en el pasado reciente la idea de que en
Chile exista educación pública gratuita.
Peirano debió renunciar a su cargo antes
de asumir. La reemplazó Valentina Quiroga, magister de economía, quien fue
encargada del área de educación del programa de gobierno de Bachelet durante
la campaña electoral. También fue fundadora del área de Política Educativa de
una fundación privada sin fines de lucro
a favor de la enseñanza igualitaria.
Bachelet llegó al Ejecutivo al frente de Nueva Mayoría, una alianza del
Partido Demócrata Cristiano, Partido
Socialista, Partido Por la Democracia,
Partido Comunista y Partido Radical
Socialdemácrata. El gabinete está cuidadosamente conformado por dirigentes de cada uno de estos sectores de
acuerdo al peso político que tienen en la
coalición. La antropóloga Claudia Pascual, a cargo del Servicio Nacional de
la Mujer, será la primera representante
que tiene el PC en un gobierno de Chile
en los últimos 40 años.
Se va como vino
El saliente presidente de Chile, Sebastián Piñera, cerró su incursión
en la política internacional de su gobierno de la misma forma en que la
abrió. El 15 de febrero pasado dijo a CNN: “si me pregunta mi opinión,
si yo creo que en Cuba existe democracia, respecto a los derechos
humanos y libertades como las entendemos nosotros, por supuesto
que tendría que responderle que no”. Exactamente cuatro años antes,
siendo mandatario electo de su país, repitió la misma fórmula: pidió a
las autoridades cubanas que “inicien, en el menor tiempo posible, un
proceso que permita a Cuba transitar pacíficamente a la democracia (y)
poner fin a toda forma de opresión política”.
En medio de una y otra expresión, el primer gobierno de entrañas
fascistas desde el fin de Augusto Pinochet participó del nacimiento de
la Alianza del Pacífico y cuestionó el sentido original de la Comunidad de
Estados de América Latina y el Caribe (Celac) ideada por Hugo Chávez,
al calificarla de “foro de discusión política”.
Pese a que en febrero de 2010 Piñera declaró la necesidad de poner fin
“a toda forma de opresión política” durante su gobierno la policía chilena
intensificó la represión a las marchas de trabajadores y estudiantes
(un joven murió en agosto de 2011 por disparos de Carabineros); y se
incrementó la persecución política contra las comunidades mapuches.
También hubo cuestionamientos tanto en 2010 como recientemente
a la Revolución Bolivariana. A comienzos de febrero en pleno intento
golpista en Venezuela, Piñera pidió “a todas las partes” respetar los
derechos humanos y el estado de derecho y efectuar manifestaciones
pacíficas. Omitió pronunciarse sobre la violencia motorizada por la
extrema derecha y Estados Unidos.
La participación reciente en CNN marcó una de las últimas apariciones
públicas del presidente chileno antes de dejar el gobierno. Allí elogió a
la Alianza del Pacífico y su espíritu mercantilista. “Chile abrazó el libre
comercio con mucha fuerza y ha sido una política de Estado”, señaló.
Marzo de 2014
22
Drásticas medidas económicas en Argentina
“Unidad nacional
y concertación política”
Cambios: en la apertura de las sesiones legislativas el 1 de marzo
Cristina Fernández llamó a la unidad nacional y la concertación política, tras el nombramiento de un gobernador radical como vicepresidente del Senado. Las dificultades económicas ocupan el centro
de la preocupación de todos los sectores. En marzo comienzan las
negociaciones paritarias para definir salarios tras la devaluación de
la moneda y con alta inflación. La Presidente también denunció el
intento golpista en Venezuela: “No vengo a defender al gobierno de
Venezuela, al presidente Nicolás Maduro; vengo a defender el sistema democrático de un país, como lo hemos hecho cuando sucedió
en Bolivia, en Ecuador y como lo haremos en cada país de la región,
aun sea de izquierda, de derecha, del medio o del fondo”, subrayó.
E
l año escolar comienza con huelga
docente en casi todo el país. La frustrada negociación paritaria de los maestros amenaza repetirse en los distintos
gremios, que demandan aumentos de
alrededor del 35%.
Dirigentes sindicales auguran discusiones prolongadas, conflictos laborales
y no descartan medidas de fuerza para
evitar el ajuste salarial. Varios sectores
preparan huelgas y movilizaciones para
este mes.
El nuevo índice de precios inaugurado por el Gobierno, con asistencia del
Fondo Monetario Internacional (FMI),
midió en 3,7% la inflación de enero. Se
calcula que en febrero superará el 4%.
Las autoridades trazaron una política de
control de precios sobre determinados
productos, denominada Precios Cuidados. Como parte de una serie de medidas que replantean la política económica, el Estado arregló el pago a Repsol
por la expropiación del 51% de YPF en
2012. Serán 5 mil millones de dólares, a
pagarse mediante emisión de deuda en
un plazo de 20 años, con intereses de
entre el 7 y el 8,75% anual, lo que al
cabo resulta en una suma total de más
de 10 mil millones de dólares. Antonio
Brufau, el presidente de Repsol, celebró el “muy razonable y satisfactorio”
acuerdo alcanzado, tras un arreglo que
“acaba con un tiempo de desencuentros”, según sus palabras.
El acuerdo se alcanzó luego que el Estado retomara las negociaciones con el
Club de París (acreedor internacional de
deuda contraída en gran parte por la última dictadura militar) y mientras se mantienen conversaciones con el FMI.
Se busca así acceder en el corto plazo
a crédito externo para hacer frente a pagos en divisas extranjeras y financiar la
importación de energía, que sumó 13 mil
millones de dólares en 2013.
Estas decisiones fueron acompañadas
por una política monetaria del Banco Cen-
tral (Bcra) que tras la devaluación decidió
el aumento de las tasas de interés del 15 al
29% entre diciembre y febrero, lo cual ya
se traduce en retracción económica.
Mediante compromisos con compañías transnacionales comercializadoras
de granos para que adelantaran pagos
de la próxima cosecha de soya y decisiones de orden administrativo respecto
de los activos en dólares atesorados por
los Bancos, el ministerio de Economía
logró el ingreso de unos 4 mil millones
de dólares. Este conjunto de medidas
provoca disputas entre diferentes actores
económicos y políticos, pero el hecho es
que se frenó la corrida y las reservas del
Bcra dejaron de caer, situándose en torno
a los 27 mil millones de dólares, tras una
fuga de 12.700 millones en 2013 y otros
2.500 millones en enero.
La oposición liberal –que incluye amplios sectores peronistas– aprovecha la
coyuntura y reclama un fuerte recorte del
déficit fiscal para evitar, dice, otra devaluación. Pretende un ajuste económico
antes de la asunción de un nuevo gobierno en diciembre de 2015. Disminuir el
gasto público implicaría, en primer lugar, la quita de los subsidios al consumo
de electricidad, gas y transporte, lo cual
tendría un duro efecto sobre las familias
de menores ingresos.
En este contexto es que la Presidente
convocó a la unidad y la concertación,
un replanteo de la “transversalidad” propuesta por Néstor Kirchner al comienzo
de su gestión.
¿Fuego encubridor?
Diez muertos entre bomberos y personal de Defensa Civil provocó
el derrumbe de una pared durante un grave incendio registrado el 5
de febrero en un depósito de la compañía estadounidense Iron Mountain en la Ciudad de Buenos Aires. La empresa tiene antecedentes de
al menos otros cuatro incendios en los últimos años, registrados en
Canadá, Inglaterra, Estados Unidos e Italia. “No se descarta ninguna
línea de investigación. Mucho menos en este caso en el que la misma
empresa tuvo incendios en otros países, y en el caso que se produjo
en los Estados Unidos el propio jefe de bomberos de Nueva Jersey dio
a entender que fue intencional”, declaró el secretario de Seguridad
de la Nación Sergio Berni tras el incidente en el depósito, donde se
guardaban documentos bancarios. Allí se almacena documentación
de varios Bancos, compañías transnacionales e incluso de ministerios nacionales. Una investigación del departamento de bomberos de
Londres sobre un incendio similar en 2006 llegó a la conclusión de
que había sido provocado.
23
Actos y movilizaciones por Venezuela en Uruguay
Solidaridad obrera
Jornada del Pit-Cnt en apoyo a Venezuela. Foto: Camilo Whul
Señales: cientos de estudiantes, trabajadores y representantes
políticos y sociales uruguayos se hicieron eco del apoyo que
en las últimas semanas ha recibido el gobierno del presidente
Nicolás Maduro en todo el mundo. Las declaraciones emitidas
por el Frente Amplio y la central obrera Pit-Cnt, entre otras
organizaciones, fueron acompañadas por actos y concentraciones que demostraron un contundente rechazo a la violencia
promovida por la derecha venezolana.
“E
stamos agradecidos por tanta solidaridad”, dijo el embajador de
Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, en
la concentración encabezada por el movimiento sindical uruguayo a través de la
central única Pit-Cnt, en la Plaza Libertad de Montevideo.
El evento fue acompañado por la Federación de Estudiantes Universitarios
de Uruguay (Feuu), la Mesa Permanente
por los Derechos Humanos del Frente
Amplio y la Federación Uruguaya de
Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam),
quienes a través de una declaración conjunta expresaron su “solidaridad irrenun-
ciable con la constitucionalidad existente
hoy en la tierra de Bolívar”.
“No hay ninguna duda que abogamos
por la paz y el cese de la violencia en
este país hermano. Pero también no nos
confundimos ni vacilamos a la hora de
reafirmar que la paz y la democracia
van de la mano con la defensa de la soberanía”, afirma el documento leído por
el secretario de Relaciones Internacionales del Pit-Cnt, Jorge Bermúdez. El
pronunciamiento advierte que “los proyectos integracionistas del Mercosur,
la Unasur, el Alba y la Celac se verían
seriamente afectados si los golpistas
triunfaran en Venezuela”.
Días atrás, el Pit-Cnt había convocado a una jornada de solidaridad en el
salón de actos “Mario Benedetti - Idea
Vilariño” de la central sindical. Allí, el
responsable de la Secretaría Internacional del Secretariado Ejecutivo, Fernando
Gambera, manifestó que el movimiento
popular uruguayo “sigue reivindicando
la autodeterminación de los pueblos” y
destacó la ayuda brindada a Uruguay por
el gobierno bolivariano: “Hay aquí compañeros vinculados a empresas recuperadas que han tenido la posibilidad de salir
adelante con la ayuda del Estado venezolano. Un Hospital de Clínicas que ha
salido adelante con la ayuda del Estado
venezolano”, recordó el dirigente.
En esta ocasión, Chirino señaló que la
búsqueda de la derecha venezolana “va
más allá de un golpe de Estado; va en
el sentido de las nuevas formas de intervenciones que conocemos”. El diplomático calificó la actividad convocada
por la central de trabajadores como un
espacio vital para “la defensa de los valores democráticos y de la transformación social de Venezuela”, y al finalizar
el evento recibió de manos del coordinador Marcelo Abdala un busto del Comandante Hugo Chávez, realizado por
el escultor Carlos Medina.
“En este momento que Venezuela está
siendo atacada por dentro y por fuera,
es de un simbolismo fuerte que la clase obrera uruguaya pueda obsequiar el
busto del Comandante Hugo Chávez al
embajador Julio Chirino”, dijo Medina a
América XXI, que es además maestro de
música y compositor
Para el artista, la entrega de su obra
a la sede diplomática de Venezuela en
Uruguay representa una prueba más de
los profundos lazos que existen entre los
dos pueblos. “Chávez nos devolvió la esperanza. Él fue el primer revolucionario
que después de la caída del socialismo,
volvió a hablarnos de socialismo. Eso
tiene un valor histórico inconmensurable”, señaló.
Desde Montevideo, Georgina Rodríguez
Marzo de 2014
24
El clima irrumpió en Uruguay como factor político
Daños económicos
por fuertes lluvias
E
Sorpresivo: inundaciones, cortes en el suministro de servicio
eléctrico y cosechas dañadas fueron las consecuencias provocadas por las fuertes lluvias que entre mediados de enero y febrero
alcanzaron los 700 milímetros, en un país donde anualmente caen
en promedio 1.400. Las poblaciones más pobres fueron las más
afectadas, aunque el gobierno de Mujica actuó con rapidez.
l clima fue protagonista del verano
uruguayo. Las inundaciones dispararon los tradicionales mecanismos de
solidaridad en la población. Distintas
organizaciones sociales ofrecieron ayuda y hasta la Cámara de la Construcción
se comprometió a brindar apoyo para
reparar daños, mientras las fotografías
y videos de ríos o arroyos corriendo con
furia y anegando campos se multiplicaban en la prensa.
En enero, y con más fuerza durante la primera quincena de febrero, un
“bloqueo atmosférico” regó el país con
intensas lluvias. Algunas estuvieron
acompañadas de fuertes vientos, activi-
dad eléctrica y caída de granizo. Sólo en
tres semanas (entre la última de enero
y las dos primeras de febrero) cayeron
casi 700 milímetros de agua, cuando el
promedio para enero y febrero es de 236
milímetros, según informó el ministro
de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Las tormentas, que se concentraron
sobre el centro y el sur del país, dejaron expuestas las debilidades y fortalezas que tiene Uruguay para afrontar las
emergencias climáticas. El impacto fue
significativo: destrozos de caminería,
inundaciones en ciudades y consecuencias económicas negativas para muchos
sectores productivos y el turismo, ya de
por sí afectado por la merma de vacacionistas argentinos tras la devaluación
del peso en ese país.
Los inundados, mayoritariamente pobres que habitan a la vera de los cauces
de agua, debieron abandonar sus casas
y ser atendidos por los gobiernos locales. Los departamentos más afectados
fueron Durazno, Canelones, Soriano y
Treinta y Tres. Unas tres mil personas
salieron de sus viviendas voluntariamente o con el apoyo del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) de cada
territorio. En Canelones, por ejemplo,
colapsaron los sistemas de drenaje en la
Costa de Oro, caracterizada por la existencia de balnearios-dormitorios. Esa
zona se fue urbanizando desde la década
de 1940, sin otro criterio que el de la especulación, acompañando la tendencia
al alejamiento de algunas personas de
la capital del país. Con esta situación, y
con miles de familias viviendo ahí, mu-
25
cha de ellas económicamente solventes,
las soluciones reales son muy onerosas.
Hoy parte de esos territorios están siendo saneados.
También hubo daños en 2.400 kilómetros de caminería de esta circunscripción
y de otros 2.800 kilómetros en el departamento de Soriano, en un país que ya de
por sí muestra problemas en su infraestructura vial. El modelo de desarrollo en
ejecución, con las plantas de celulosa pujando, tiene un severo obstáculo en esta
materia: carece de transporte ferroviario
acorde a la contingencia, los ríos presentan escasa profundidad (lo que limita su
transitabilidad) y hay cientos de camiones que circulan por las rutas nacionales
y contribuyen a su deterioro.
Respuestas
Desde hace unos años, a la luz de los
cambios climáticos, el país ha comenzado a prepararse para mitigar o reducir el impacto de posibles fenómenos
meteorológicos. Primero creó el Sinae,
que desde la presidencia de la República articula distintos organismos (Bomberos, Policía, Ministerio de Defensa,
Ministerio de Desarrollo, de Vivienda,
Intendencias, entre otros) y diseña las
repuestas ante eventos climáticos. El
Sinae tiene expresión en cada departamento del país para poder dar respuestas rápidas y trabas burocráticas.
En su habitual programa radial, el
presidente José Mujica habló sobre los
daños causados por las lluvias y tormentas: “son obvias las pérdidas en el mundo
chacarero, en el campo de la horticultura
a cielo abierto, porque esto repercute en
todas partes”. Al cierre de esta edición el
Gobierno todavía no había cuantificado
los daños económicos pero esbozó soluciones para los afectados. Declaró la
“emergencia agropecuaria” y liberó fondos públicos para dar a los productores
capital de giro, por un total estimado en
14 millones de dólares.
Las lluvias afectaron a la agricultura
con distinta intensidad según la región.
Frutas y verduras recibieron el mayor
impacto, y sus precios se dispararon
en el mercado interno. El ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré
Aguerre, señaló que la asistencia financiera a los productores es para asegurar
su permanencia en la tierra y garantizar
la producción de alimentos.
Presidencia destinará también 50 millones de dólares para que los gobiernos
departamentales adquieran maquinaria
vial y otros 15 millones para los sitios
más dañados. Varios intendentes estimaron insuficiente la asistencia que decidió el Poder Ejecutivo y así lo hicieron saber en el Congreso de Intendentes
celebrado en febrero en Durazno, uno
de los lugares más afectados. A pesar de
las críticas, los intendentes destacaron
la labor del Sinae.
La oposición, en algunos departamentos como Canelones –gobernado por el
Frente Amplio (FA)– quiso aprovechar
la situación en el marco del año electoral.
Un sector de la derecha incluso planteó
la necesidad de salir a limpiar espacios
públicos, pintar casas y escuelas.
Esta emergencia climática, advertida
con anticipación, encontró al país mejor
preparado que de costumbre. Gracias al
nuevo sistema diseñado por la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar), que permite monitorear
el avance del Río Yí, el principal afluente del margen izquierdo del Río Negro,
en la ciudad de Durazno pudo evacuarse
a las familias en mejores condiciones.
Desde Montevideo,
Darío Rodríguez Techera
Mujica y Lula: librecambio y futura presidencia de Unasur
“Lula es un amigo de nuestro país y es un amigo de América, que sufre
los problemas de América del Sur y de los latinoamericanos en general”,
expresó a la prensa el presidente José Mujica al término de la reunión mantenida con el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.
El encuentro se llevó a cabo a mediados de febrero en Montevideo y estuvo
centrado en la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración regional –Mercosur y Unasur– y en consolidar una economía complementaria
entre ambas naciones.
Uno de los puntos fundamentales fue la posible creación de una zona de
libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), considerada de
importancia estratégica para Brasil y Uruguay.
Mujica reconoció la “lucha” y disposición del líder brasileño para “siempre activar sus oficios” a favor del comercio bilateral. “Brasil es un país
continental pero solo es muy poco para lo que se está insinuando en este
mundo. ¿Cuál será el poder nuestro en el futuro de las negociaciones, donde
se juegue la suerte de nuestros pueblos? (...) Lula representa a toda esa
gente que piensa en esta honda preocupación. Pero no es fácil contagiar
eso en nuestras sociedades”, señaló el jefe de Estado uruguayo.
Trascendió también que el ex mandatario brasileño aspira a que Mujica
ocupe la titularidad de la Unasur, luego de concluir su mandato en 2015.
G.R.
28
Marzo de 2014
Levantamiento en armas contra el crimen organizado
Jaque al Estado en México
Bien armado y equipado, un conjunto heterogéneo de fuerzas sociales se expande por los distintos municipios del Estado de Michoacán para desplazar al principal cártel de la región
Autodefensas: más de una década de control absoluto del narco
sobre las poblaciones de uno de los Estados más pobres del país
provocó el surgimiento de grupos armados en decenas de pequeñas
ciudades y pueblos rurales en la región. Un Estado nacional ausente
y corrompido irrumpió para frenar su avance, cuando acorralaban
a la organización criminal local. Formados tanto por terratenientes
como campesinos, grandes y pequeños comerciantes, todos unidos
por el hartazgo ante la extorsión económica y la violencia, el derrotero de estos grupos es todavía incierto. Son masivos, diversos
y tienen amplio apoyo social, pero carecen de orientación política
ante la pluralidad de fuerzas que los componen.
S
on hombres de campo. Avanzan
en caravana de vehículos, con los
“cuernos de chivo” en alto (rifles Ak47), a liberar al siguiente poblado de Los
Caballeros Templarios, la poderosa organización criminal que opera en el Estado
Michoacán, al suroeste del país. Cargan
a sus espaldas muchos años de sometimiento a fuerza de extorsión, amenazas,
homicidios y violaciones. Todos tienen
familiares o amigos en las extensas listas
de asesinados y desaparecidos. Ninguno
ha recibido respuestas de un Estado corrompido a nivel federal, estadual y en
los municipios. Ahora, hartos, han perdido el miedo.
La escena bien podría formar parte de
un guion cinematográfico, pero no hay
nada de ficción en este relato. Está sucediendo ahora. De los 113 municipios de
Michoacán, en febrero más de 20 estaban
bajo control de las autoproclamadas autodefensas y policías comunitarias, aunque desde mediados de enero policías y
militares federales se hicieron presentes
en estas pequeñas ciudades y poblados
rurales tras una intervención ordenada
desde la presidencia.
Los grupos civiles armados fueron
desplazando al crimen organizado, pri-
29
mero lentamente desde febrero de 2013
y ya entre diciembre y enero últimos de
una forma tan acelerada que acapararon
la atención de la prensa nacional e internacional. “En menos de dos semanas
las autodefensas han logrado lo que en
siete años el Estado no hizo con armamento y servicios de inteligencia altamente sofisticados: acorralar al crimen
organizado”, escribió Javier Sicilia,
fundador del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad.
Ocurre que la guerra contra el narcotráfico anunciada por el ex presidente
Felipe Calderón (PAN) en 2006-2012
–siguiendo la política diseñada por
Washington para la región desde los
años 1970– y las medidas tomadas por
el gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI)
en los 14 meses que lleva en el poder, no
sólo no han combatido el negocio de la
droga sino que han multiplicado los crímenes en todo el país. Más de 121 mil
muertes violentas durante el gobierno
de Calderón, con un nivel de impunidad
del 96% según cifras oficiales, sumadas
a unas 30 mil desapariciones y 300 mil
desplazamientos forzados estimados por
organizaciones sociales, resumen el dramático resultado de esta guerra ordenada
desde el Estado que no afectó en nada los
negocios del crimen organizado.
Ante semejante tragedia social, el
fracaso del Estado –en todos los niveles– ha quedado ahora ridículamente
expuesto frente a la población nacional,
que ve cómo un conjunto de grupos de
autodefensa recientemente formado en
Michoacán expulsa municipio por municipio a la principal mafia local.
La situación y los hechos
“Somos pueblo, somos miles. Somos
un Consejo de Autodefensas Unidas de
Michoacán, formado por empresarios,
campesinos, presidentes municipales,
huerteros, limoneros, estudiantes, padres de familia”, describe el médico
cirujano José Manuel Mireles, líder del
mayor conjunto de autodefensas hasta
el 4 de febrero, que todavía se recupera en la capital mexicana de un grave
accidente en avioneta sufrido en enero.
Tanto él como el resto de los dirigentes
de estos conjuntos armados que han hecho declaraciones a la prensa justifican
la formación de sus grupos en la violencia y la extorsión impuestas por el cártel criminal Los Caballeros Templarios,
que opera en el Estado Michoacán, con
centro en la región agro-ganadera denominada Tierra Caliente.
El crecimiento de este cártel (cuyo
nombre proviene de una orden militar
cristiana del siglo XII) se registra desde hace unos cinco años atrás, pero tiene su origen en otro que operaba hace
12 años en la región. Sus negocios no
se reducen al narcotráfico. Controlan
y participan de todas las actividades
económicas importantes de esa región,
principalmente la minería, ganadería,
agricultura y el comercio ilegal, a fuerza de extorsión, secuestros y homicidios, que en 2013 alcanzaron el nivel
más alto de los últimos años: 990 asesinatos en un Estado de cuatro millones
300 mil habitantes (una tasa de 23 homicidios por cada 100 mil habitantes).
El cártel cobraba a los distintos sectores de la población los más diversos
impuestos, que pagaban tanto las compañías mineras transnacionales y distintos
empresarios como todos los ganaderos
y agricultores medianos y pequeños e
incluso comerciantes y trabajadores en
general. También ocuparon tierras expulsando o asesinando a sus propietarios
o ejidatarios y dominaban el transporte
de minerales al puerto Lázaro Cárdenas
para su exportación, principalmente a
China. En paralelo financiaron campañas
políticas de distintos Partidos, corrompieron las policías municipales, la justicia y fundaron empresas para blanquear
dinero, muchas de las cuales recibieron
fondos públicos para la realización de
obras. Todo esto en uno de los Estados
más pobres del país, donde al menos el
55% de sus habitantes está bajo la línea
de la pobreza.
Contra esta dominación, cada vez
más abusiva e insoportable, surgieron
las primeras autodefensas (al margen
de las policías comunitarias indígenas
ya existentes en el municipio de Cherán
y en el vecino estado de Guerrero, que
representan un fenómeno distinto. Ver
recuadro). En febrero de 2013 en Tepalcatepec y La Ruana grupos dirigidos por
pequeños y medianos ganaderos y productores, con fuerte presencia de cam-
pesinos, tomaron el control de los municipios y expulsaron a los miembros del
cártel, verdaderos gobernantes en esos
y otros poblados, que se apropiaban de
las ganancias de productores y hasta de
salarios de jornaleros.
Tras ese primer ejemplo se formaron
otras autodefensas. Con el tiempo tomaron el control de más zonas, crecieron en
coordinación y armamento y ganaron el
apoyo mayoritario de los distintos sectores sociales. Su objetivo es simple y
evidente: correr de Michoacán al cártel y
sus aliados para liberarse de la extorsión
económica, el robo de tierras y los crímenes. Un deseo que comparten desde
grandes empresas hasta pequeños jornaleros empobrecidos
Con ese fin avanzaron tácticamente
en enero sobre todos los municipios que
rodean Apatzingán, centro económico de
la región de Tierra Caliente y sede central de Los Caballeros Templarios. Pero
cuando era inminente la entrada de las
autodefensas a esta ciudad el gobierno
nacional decidió intervenir. El secretario de la gobernación aseguró que se
impondría la ley y el desarme: 10 mil
policías y militares federales llegaron el
13 de enero a la región y en su primera
intervención asesinaron a dos jornaleros
y una niña de 11 años en Antúnez. La
indignación generada fortaleció la posición de las autodefensas, que aunque
detuvieron su avance se negaron a entregar las armas y condicionaron cualquier
negociación posible a la detención de los
principales líderes del cártel.
El Gobierno debió dialogar y finalmente llegó a un acuerdo con algunos
de los grupos el 27 de enero: aceptaron
inscribirse en los llamados cuerpos de
defensa rurales (compuestos por militares voluntarios según lo contempla la
ley que rige al Ejército) como medida
temporal. Luego podrán postularse para
formar parte de las policías municipales,
que hasta ahora estaban corrompidas y
dominadas por Los Caballeros Templarios. No hubo ningún desarme.
A la semana siguiente –el 4 de febrero–
el Presidente visitó Michoacán, anunció
el control total por parte de las fuerzas
federales de los municipios en conflicto
–aunque sólo dos de los cabecillas del
cártel fueron detenidos– y lanzó un plan
30
Marzo de 2014
de 45 mil millones de pesos (3.400 millones de dólares) en materia de salud,
educación, seguridad social, vivienda,
cultura y créditos a la producción. Prometió visitar el Estado una vez por mes,
puso fin al asunto y tomó un avión de
regreso a la capital. Ese mismo día el
gobernador de Guerrero denunció que
ni un sólo peso de los 30 mil millones
prometidos por Peña Nieto tras el paso
de dos huracanes en septiembre llegó a
este Estado. Luego la prensa mostró que
buena parte de los fondos anunciados
como “extraordinarios” para Michoacán
en realidad están contemplados en el
presupuesto de este año.
Tras la visita presidencial finalmente
las autodefensas ingresaron en conjunto con policías federales a Apatzingán,
varias semanas después de que los principales criminales se fugaran. Señalaron
domicilios, hubo detenciones y no se registró ningún disparo. La historia parecía alcanzar un final, pero sin los presos
correspondientes, ni el desarme de los
civiles, que anunciaron no se detendrán
hasta “limpiar” los 113 municipios del
Estado. Pese a lo anunciado por Peña
Nieto, todo sigue en pleno movimiento.
Autodefensas bajo la lupa
Hay consenso entre políticos y analistas de distinto tipo sobre los motivos
que llevaron a muchos habitantes de
Michoacán a formar parte de las autodefensas: el hartazgo frente a la extorsión
y la violencia. Difieren, sin embargo, las
interpretaciones sobre su origen y desarrollo. Algunos los consideran grupos
paramilitares similares a los colombianos, formaciones dirigidas por cárteles
narcotraficantes o por el propio gobierno
nacional. También están los que ven en
los portadores de las armas el inicio de
una insurrección popular o la fuerza de
un proceso revolucionario en marcha.
Pero ninguna de esas lecturas parece hacer justicia, al menos hasta el momento,
a los distintos agrupamientos que siguen
avanzando en una de las regiones más
pobres del país.
Si bien su desarrollo podría con el
tiempo asemejarse a alguna de las variantes recién mencionadas, o incluso a
varias simultáneamente, sobresale ante
todo su carácter y composición diversa.
Dentro del llamado Consejo de Autodefensas de Michoacán hay al menos 32
coordinadores de distintos grupos y apenas tres se comunican permanentemente
con la prensa. Sólo dos de ellos y otros
seis líderes de comunidades levantadas
en armas estuvieron presentes y firmaron
con el gobierno nacional el documento
del 27 de enero, que fue calificado por
Mireles como “puro teatro” seis días después: “yo supe que cabildearon con cada
uno de los coordinadores que llevaron a
la reunión, pero de la gente de combate
no estuvo nadie”. “La prueba está en que
al día siguiente mis compañeros toman
los municipios de Los Reyes y Peribán
y van a seguir avanzando”, anunció. Ese
mismo día otro dirigente, Estanislao
Beltrán, fue nombrado vocero oficial del
Consejo en su reemplazo.
La mayoría de las autodefensas surgieron desde las mismas localidades, tie-
Misma palabra, distintos procesos
Fenómenos disímiles y hasta opuestos, como el que protagonizan indígenas autonomistas de Chiapas en México (izq) y paramilitares fascistas en Colombia (der) reciben a veces el mismo nombre
Hablar de “autodefensas” en México y América Latina puede remitir a organizaciones de origen, desarrollo y objetivos no sólo diversos
sino hasta opuestos entre sí. Se trata de grupos armados que operan
formalmente por fuera de las instituciones oficiales de seguridad y
defensa, pero sus razones e intereses muchas veces no tienen nada
en común.
Veinte años atrás irrumpía en México un masivo levantamiento armado indígena en el Estado sureño de Chiapas, con tomas de varias
cabeceras municipales y tras una declaración de guerra al Estado y
las Fuerzas Armadas nacionales. Se hacía visible ante el país y el
mundo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Ezln), en cuya
Primera Declaración denunciaba la aplicación de “una guerra genocida no declarada” contra el pueblo mexicano y anunciaba una lucha
“por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.
Podría sorprender ante los hechos de hoy en Michoacán ubicar el
origen de esta organización guerrillera, que tal como lo explicó su
principal dirigente –el subcomandante Marcos– en febrero de 1994
al periódico La Jornada, “nació como un grupo de autodefensa”, que
se reprodujo y expandió por distintas comunidades para frenar el robo
31
nen autonomía entre sí y líderes propios.
Aunque muchas de ellas se coordinan a
nivel regional, otras tienen poca articulación con el resto y no todos se conocen
entre sí. Pese a que hay intentos de unificación, no se trata de un fenómeno bajo
dirección única: “Cada quien conduce
su grupo como cree que está bien. No
siempre estamos coordinados”, admitió
Hipólito Mora, líder de las autodefensas
de La Ruana, uno de los dos primeros
distritos en levantarse en armas.
Hasta ahora los reclamos no van más
allá de poner fin al control del crimen
organizado sobra las poblaciones. Incluso Mireles aseguró que su guerra “no es
contra el Estado mexicano, ni siquiera
contra el Estado de Michoacán. Lo único
que buscamos es que se reestablezca el
estado de derecho para poder tener una
vida en paz”. En una entrevista publicada por el diario español El País fue más
allá: “Nosotros creemos mucho en nuestras instituciones. Vamos a darle lugar a
los que sí son políticos, a los que sí les
preocupa el pueblo para mejorarlo”.
Mireles ha sido años atrás candidato a
senador por el PRI, formó parte del PRD
durante el tiempo que emigró a Estados
Unidos (donde viven 3,5 millones de michoacanos) y aunque mantiene críticas
a los Partidos por su vinculación con el
crimen organizado, afirma que sólo combate la extorsión de los grupos delictivos.
Otros dirigentes entrevistados por periodistas mexicanos tampoco cuestionan al
unísono al conjunto de los Partidos dominantes y varios mantienen una identificación histórica con ellos (principalmente con el PRI), aunque combaten a
algunos alcaldes y al gobernador priísta.
Tampoco ha surgido ningún programa
desde las autodefensas que vaya más allá
de la lucha contra el cártel y sus cómplices. Menos aún hubo pronunciamientos
desde la mayoría de las organizaciones
de izquierda, a quienes los hechos parecen haberlas tomado por sorpresa y analizan la situación desde fuera.
Pero incluso frente a esta situación
que parecería favorable para el gobierno
nacional, éste no puede dar la respues-
de tierras y el maltrato de grupos armados financiados por terratenientes (conocidos como “guardias blancas”). Todavía hoy se mantienen en estado de defensa las comunidades indígenas que gobiernan
de manera autónoma en decenas de los municipios de Chiapas.
Poco tiempo después, en 1995, pero fuera de la órbita del Ezln,
comenzaron a aparecer en el Estado de Guerrero autodefensas de raíz
indígena, que conformaron la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC). Hoy esta organización y
otro nuevo conjunto de policías ciudadanas tienen presencia, según
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 46 de los 81 municipios del Estado, donde se concentra el 65,47% de la población de
Guerrero y la pobreza alcanza al 66,50% de los habitantes.
Si bien la Crac está reconocida legalmente, en 2013 el gobierno estatal inició una persecución de varios de sus dirigentes
mientras combatían al crimen organizado. Hoy sus principales
líderes están presos y otros son acusados de haber sido cooptados por el Gobierno.
Este último caso puede servir de antecedente para los nuevos grupos de autodefensas en Michoacán, a quienes ahora el gobierno federal dice apoyar. Es cierto que las policías comunitarias en Guerrero
surgen subordinadas a un proyecto político más amplio, orientado
a garantizar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios (al igual que en el municipio de Cherán en Michoacán, donde
la población se levantó en armas en 2011), y se diferencian de los
nuevos grupos armados que se expandieron con el único fin de correr
al cártel dominante en la región. El aparente apoyo federal con el que
cuentan ahora estas autodefensas, que incluye su registro ante el Es-
ta que buscan las autodefensas: detener
a los líderes de Los Caballeros Templarios, cuyos rostros y domicilios no son
ningún misterio para los habitantes de
Michoacán. El año pasado, en una burda
operación, el Ejército aseguró haber asesinado al tercer jefe de la organización
criminal, que seis meses después reapareció a través de un video y amenazó de
muerte a Hipólito Mora. Otros dos jerarcas narcotraficantes fueron también presuntamente abatidos, pero nadie mostró
sus cuerpos y en Michoacán aseguran
que están vivos.
Semejantes maniobras absurdas evidencian en qué medida el Estado está corrompido y atravesado por las mafias, a
tal punto que no puede siquiera arrestar a
la mayoría de los principales criminales,
aunque se los señale con el dedo. Sobre
su descomposición se montan las nuevas
autodefensas, cuyo camino lejos de acercarse a un fin recién está comenzando. El
resultado es incierto.
Ignacio Díaz
tado, podría revertirse en el futuro, tal como ocurrió en Guerrero, donde tras un primer reconocimiento legal que incluyó financiamiento, el
gobierno estatal terminó criminalizando a las policías comunitarias.
Paramilitarismo
Los Estados de Chiapas, Michoacán y Guerrero –con sus diferencias– concentran al 77% de las autodefensas existentes en el país
según el criterio y las cifras oficiales (el resto de los grupos está
disperso en al menos otros ocho Estados). Casi todas operan en zonas
rurales empobrecidas y muchas se encuentran en conflicto con el
crimen organizado o directamente nacieron como respuesta a éste,
principalmente desde las comunidades indígenas.
En todos los casos se trata de fenómenos hasta ahora sin punto
de comparación con las llamadas autodefensas de Colombia, conformadas como estructuras paramilitares financiadas por grandes
ganaderos y empresas, y apoyadas directamente desde el Estado,
siendo las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia –formadas en
1996– las más conocidas.
Estos grupos fueron creados para combatir tanto a las organizaciones guerrilleras como a todos los agrupamientos políticos o sociales de izquierda, con métodos mafiosos. Lejos de enfrentar a los cárteles del narcotráfico, controlaban –y controlan– parte del negocio de
la producción y venta de droga. Verdaderos conjuntos fascistas, las
autodefensas colombianas han devenido en lo que el actual gobierno
de Juan Manuel Santos denomina ahora como “bandas criminales”,
cuyos métodos de extorsión y modos de operar se asemejan mucho a
los de los cárteles narcotraficantes.
32
Marzo de 2014
Asesinatos, amenazas y espionaje: momento clave para la paz colombiana
La derecha marca el ritmo
Candidatos de izquierda, líderes políticos y sociales en la mira del fascismo y los paramilitares
L
Ajustes: cerca de 30 líderes sociales y políticos fueron asesinados
en Colombia en el último año; varias decenas recibieron amenazas
de muerte en apenas unos meses; muchos más aún fueron espiados
por el Ejército y una candidata presidencial fue atacada a balazos.
La ofensiva de la extrema derecha marcó las semanas previas a las
elecciones legislativas de marzo y a las presidenciales de mayo. En
este clima de persecución y ausencia de garantías, cada día implica
un nuevo desafío para el proceso de paz que se discute en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos, candidato a la reelección,
retoma el camino del militarismo y la dependencia imperialista que
caracterizó su carrera política. A su derecha sólo hay espacio para el
fascismo de Álvaro Uribe y los grupos paramilitares.
as amenazas de muerte se multiplicaron por decenas en los últimos
meses a lo largo del territorio colombiano. Dirigentes políticos y sociales, nacionales y regionales, integran las listas
de los paramilitares. A través de correos
electrónicos, panfletos y llamadas telefónicas hombres y mujeres de Unión
Patriótica; Marcha Patriótica; Polo Democrático; colectivos sindicales, indígenas y campesinos. Ninguna organización subestima los comunicados de este
tenor luego de enterrar en apenas un año
a cerca de 30 asesinados.
Desde enero, el partido Unión Patriótica (UP) y de su candidata presidencial,
Aída Avella, denunciaron amenazas de
la banda criminal Los Rastrojos. El 22
de febrero el vehículo en el que viajaba
fue atacado a balazos por dos sujetos
que se desplazaban en una motocicleta. Estaba acompañada del candidato al
Senado Carlos Lozano, otro de los amenazados y espiados. Avella regresó en
2013 tras un exilio de 17 años en Suiza,
obligada por un atentado en épocas en
que paramilitares y fuerzas del Estado
asesinaron a unos cuatro mil miembros
de UP, partido nacido en 1985 de la desmovilización de guerrilleros.
Lo mismo sucedió con un grupo de
dirigentes de izquierda, entre ellos el
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y los
candidatos al Congreso por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Alirio
Uribe Muñoz e Iván Cepeda, además
de activistas de derechos humanos.
Todos acusaron, esta vez, al grupo
Águilas Negras. “Acabo de recibir una
amenaza de muerte”, escribió Petro a
comienzos de febrero. Y transcribió
el mensaje: “Les llegó la hora cerdos
‘hijueputas’ comunistas, esta es la única advertencia para que se retiren de
la política y salven sus puercas vidas”.
Petro, ex guerrillero del M-19, ex candidato presidencial del PDA, libra una
feroz batalla contra una iniciativa de la
derecha de revocar su mandato en la
alcaldía capitalina.
Las Águilas Negras y Los Rastrojos
nacieron tras la desmovilización par-
33
cial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006. Rechazan las negociaciones con las Farc,
reivindican a Álvaro Uribe y prometen
“la paz sin terroristas, ni comunistas”.
Marchas y temores
La Comisión Nacional de Derechos
Humanos de la Marcha Patriótica denunció amenazas de Los Rastrojos
mediante un comunicado enviado por
correo electrónico recibido el 3 de febrero: “ya nos dieron la orden explícita
y perentoria para neutralizar a los candidatos de la Unión Patriótica UP, al Senado y Cámara de todo el país, que hoy
están en campaña y especialmente por
la cabeza de Aída Avella y Omar Calderón, Carlos Lozano y Jaime Caicedo”.
La amenaza, que incluye a la Mesa
Agropecuaria Popular de Interlocución
(MIA), agrega un ultimatum a “los de
Marcha Patriótica que andan agitando
a los campesinos a paros agrarios impidiendo el buen funcionamiento de los
programas de Gobierno” y menciona
a Piedad Córdoba, David Flores, Andrés Gil, Carlos García, Nidia Quintero, Luis Betancur, Everto Díaz, Javier
Cuadro “y todos los coordinadores departamentales, regionales” por los que
establecen recompensas.
Marcha Patriótica denunció el asesinato de 30 de sus miembros desde su fundación, en abril de 2012, y la persecución
judicial contra más de 200 militantes. El
4 de enero fue detenido por “rebelión
agravada” uno de sus principales líderes,
Francisco Toloza, reconocido docente
universitario y dirigente social desde
hace 20 años. Un día antes fue asesinado
junto a su compañera Giovanny Leiton,
dirigente social agrario y también integrante de esta organización que, además,
aún reclama la libertad de Húber Ballesteros, otro de sus dirigentes.
El presidente Santos pidió “protección
especial” por parte de las fuerzas de seguridad para todos los amenazados. Pero
Aída Avella, candidata por UP, y otros
compañeros del partido, aceptaron la
protección de una brigada de voluntarios
llegados desde Suiza, Bélgica y Francia.
“Nos blindamos con gente del exterior
porque si algo nos pasa, va a caer con
nosotros un ciudadano de otro país y este
Gobierno va a tener que explicar por qué
nos matan de esta manera”, señaló.
Dudosa legalidad
El enrarecimiento del clima previo a
las elecciones legislativas de marzo y
presidenciales de mayo incluyó la publicación a comienzos de febrero de detalles sobre el funcionamiento de una central de inteligencia militar clandestina
que operaba en plena ciudad de Bogotá
bajo la fachada de un restaurante. Según
la revista Semana, desde allí se espiaba
a dirigentes de izquierda pero también
a delegados del Gobierno. El Ejecutivo
tardó 10 días en explicar que la fachada
se creó de manera “legal” y que allí “no
realizaron actividades ilícitas”; pero nunca confirmó ni desmintió los nombres de
los dirigentes cuyos movimientos eran
seguidos desde ese sitio.
“Para el funcionamiento de la fachada se utilizaron rubros autorizados por
la ley y respaldados en la normativa
legal vigente”, señaló un comunicado
del Ejército del 14 de febrero. Pese a la
“legalidad”, el hecho le valió el relevo
a los dos máximos jefes de inteligencia
del Ejército y a otras seis personas que se
desempeñaban en el lugar. En un primer
momento Santos denunció que “fuerzas
oscuras que tratan de sabotear el proceso de paz” estaban detrás del espionaje,
aunque 24 horas después afirmó que “las
fachadas de inteligencia, como la que se
allanó, son totalmente lícitas”.
Según la revista Semana, el operativo llamado “Andrómeda” incluyó la
intercepción de correos electrónicos y
comunicaciones por teléfono celular
de activistas de izquierda pero también a representantes del Gobierno en
las conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(Farc), incluyendo al jefe negociador
y ex vicepresidente del país Humberto de la Calle; el alto comisionado de
Paz, Sergio Jaramillo, y el director de
la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Alejandro Eder. Otro
medio de prensa, el diario El Tiempo,
indicó que la Fiscalía y la Policía también fueron espiados.
“No es aceptable bajo ningún punto
de vista que esa inteligencia se haga
contra ciudadanos legítimos comunes
y corrientes, y mucho menos contra
funcionarios del propio Estado. Específicamente contra los negociadores, es
algo totalmente inaceptable”, se quejó
el Presidente, candidato a la reelección.
Uribe presente
La delegación de las Farc en La Habana responsabilizó al ex presidente Álvaro
Uribe como parte de las “fuerzas oscuras”
de las que habló Santos. “Es el enemigo
público número uno de la paz en Colombia”, dijo Iván Márquez. El propio Uribe
lamentó el relevamiento de los jefes militares de inteligencia a raíz de este hecho,
por tratarse de “otro golpe de desmotivación a las Fuerzas Armadas de la patria
por complacer al terrorismo de las Farc”.
El legislador Iván Cepeda, integrante de
Marcha Patriótica y también víctima del
espionaje y las amenazas, pidió la renuncia del ministro de Defensa, Juan Carlos
Pinzón “por esta omisión tan grave”. Y
recordó que Uribe y sus voceros filtraron
en 2012 las primeras reuniones mantenidas entre enviados del Gobierno y de las
Farc antes de que Santos informara públicamente sobre este asunto. Cepeda agregó que “también divulgaron la agenda del
proceso de paz con anterioridad (a que se
hiciera pública) y después han venido haciendo revelaciones a través de distintos
medios, redes sociales y portales”.
El más reciente antecedente de espionaje institucional en gran escala en el país
estalló en 2009 con las llamadas “chuzadas”, escuchas ilegales dirigidas desde
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este organismo, desarticulado tras este hecho, dependía directamente
del entonces presidente Uribe. Hasta hoy
no se produjeron condenas judiciales.
Asesinatos, amenazas y espionaje se
intensificaron en Colombia a las puertas de las elecciones legislativas, tres
meses antes de las presidenciales y
cuando se hacían más intensas las negociaciones de paz entre delegados del
Ejecutivo y de la guerrilla, que en esta
etapa discuten las políticas antidrogas,
los efectos del narcotráfico sobre la
población rural y la violencia generada
por este negocio ilegal. Los ojos están
puestos en las negociaciones con la
guerrilla, pero el tiempo de la paz lo
marca la extrema derecha.
34
Marzo de 2014
Gobierno ecuatoriano pierde elecciones en las tres ciudades principales
Oportunidad para rectificar
Una inesperada derrota en Cuenca dejó a Alianza País sin la Alcaldía de la tercera urbe más poblada de Ecuador. Pero, a diferencia de Quito, Correa calificó al alcalde electo como “un amigo”.
Alerta: por primera vez en siete años de Revolución Ciudadana
Alianza País sufrió un traspié electoral. Dejará de gobernar en
Quito, donde el actual alcalde perdió por 20 puntos porcentuales
frente a la derecha, y en Cuenca, tercera ciudad más poblada. Correa encabezó la campaña en la capital y reconoció la derrota en
distritos importantes. Aunque resaltó el crecimiento general de
la fuerza oficialista, que sumó alcaldías y prefecturas, criticó su
“sectarismo”. Tras los comicios pidió la renuncia de todos los ministros para hacer cambios de gabinete y anunció que revisará la
estructura orgánica del movimiento político que encabeza.
D
espués de nueve victorias electorales ininterrumpidas desde 2006,
Alianza País (AP) sufrió el primer revés
en los comicios del pasado 23 de febrero, cuando se eligieron alcaldes, prefectos, concejales y vocales para el período
2014-2019, con una alta participación
del electorado (84%), muy superior a la
de 2009 (73%).
Un año después de ser reelecto con
el 57% de los votos (35 puntos de diferencia sobre el segundo candidato) y
obtener 100 de 137 asambleístas legis-
lativos, el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana recibe un inesperado
“sacudón”, tal como lo definió el presidente Rafael Correa. Mauricio Rodas,
ex candidato presidencial (salió cuarto,
con 3,9% de los votos en 2013) por el
nuevo partido Suma y ex miembro del
socialcristianismo, desplazó al alcalde
oficialista de Quito con un contundente
58% (20 puntos más que su rival) en lo
que se suponía iban a ser comicios muy
parejos. AP perdió además la alcaldía de
Cuenca, que había ganado en 2009, y
Jaime Nebot, del derechista Partido Socialcristiano (PSC), alcanzó una victoria
similar a la de Rodas para su reelección
a un cuarto mandato en Guayaquil. El
movimiento político oficialista no gobernará en ninguna de estas tres principales ciudades del país desde mayo hasta
el fin del mandato de Correa. Y sólo lo
hará en una de las 10 más pobladas si se
confirman los resultados parciales que
publicaba el Consejo Nacional Electoral
al cierre de esta edición, cuando el escrutinio definitivo avanzaba de manera
lenta en algunos distritos.
Si bien no hubo un retroceso de AP en
la cantidad de alcaldías que gobierna y
gobernará en todo el país, sí lo hubo en
las capitales provinciales, donde su presencia se redujo a tres tras las derrotas
en Quito, Cuenca, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Portoviejo y Santa Elena. La
misma cantidad de capitales comandará
ahora el PSC y tras una muy buena elección Suma estará a la cabeza de cinco,
35
incluyendo a Quito. Con estos resultados
la fuerza que encabeza Rodas desplazó
a la del banquero Guillermo Lasso, que
tras salir segundo en las pasadas presidenciales se proclamó abanderado de la
“nueva derecha”.
A pesar de la caída en grandes distritos, Alianza País logró buenos resultados
a nivel de las prefecturas (gobernaciones
provinciales): ganó en seis con candidatos propios y cuatro más en alianzas, incluyendo a las tres más grandes: Guayas
(perdió en Guayaquil pero gobernará más
alcaldías), Pichincha (donde Quito representa el 88% de los votos) y Manabí (cuyas principales ciudades son Portoviejo y
Manta, alcaldías donde también fue derrotado). Pero perdió en Imbabura y Azuay,
donde hace un año arrasó en cantidad de
votos. Estos resultados prueban que no
hay una relación lineal entre el voto local
y el provincial, y tampoco con el nacional: muestra de ello es que AP perdió en
Quito, donde el Presidente tiene un 70%
de aceptación según sondeos.
Reacciones
Correa, que encabezó la campaña electoral en todo el país, actuó rápido ante la
expresión en las urnas. Apenas 48 horas
después pidió, por un lado, la renuncia
de todos sus ministros de gobierno, para
poder “oxigenar” el gabinete con algunos cambios, que probablemente se conozcan este mes de marzo. Por otro lado
dio a entender que habrá una reestructuración de Alianza País en las directivas
provinciales y quizás algunos cambios de
nombres a nivel nacional. El Presidente
considera que el movimiento político se
está “anquilosando” y tiene muchas vulnerabilidades en la dimensión local, que
no se habían hecho visibles en las últimas elecciones presidenciales y legislativas nacionales, pero ahora sí.
En la misma línea condenó el “sectarismo” de AP por no haber alcanzado
acuerdos en todo el país con el Partido
Avanza y el Partido Socialista – Frente
Amplio (Psfa), que apoyan su gobierno.
Este último se proclamó vencedor en 22
alcaldías (gobernaba sólo cuatro hasta
ahora) y llamó a la conformación de un
frente amplio entre las tres fuerzas, que
sumadas obtuvieron la mayoría de las alcaldías (más de 120 sobre 221) y prefecturas (12 de 23). Correa fue muy crítico
con su movimiento: “Cómo boicotearon
en ciertas provincias esas alianzas, por
ese criterio de que Alianza País es el fin
en sí mismo. No, eso está totalmente
equivocado. La Revolución Ciudadana,
la patria, es el fin y mientras más amplia
la coalición, mejor”, afirmó.
Avanza fue uno de los grandes ganadores de estos comicios, junto a Suma.
Según estimaciones propias podrían
alcanzar unas 40 alcaldías cuando finalice el conteo de votos, incluyendo tres
capitales provinciales (Ambato, Ibarra
y Latacunga), y ubicándose así como la
segunda fuerza en la sumatoria municipal, detrás de AP (que ganó como mínimo 60). También consiguieron acceder
a dos prefecturas. Dirigido por el actual
ministro de Industrias y Productividad
nacional, Ramiro González, Avanza se
autoproclama como “Partido socialdemócrata”. “Correa puede contar con
los 42 alcaldes y los dos prefectos para
seguir esta lucha incesante de un cambio transformador en el país”, declaró
González en rueda de prensa el 25 de febrero. “Nos hubiera gustado mucho que
antes de las elecciones se hubiera dado
un acuerdo con AP”, agregó y acusó a la
dirigencia de boicotearlo. “Nosotros tenemos un compromiso con el Presidente, con el movimiento País no tenemos
ningún acuerdo”; y concluyó: “la centroizquierda y la izquierda triunfaron en
los comicios”. Sin embargo su Partido
llegó a un acuerdo con el opositor Suma
en Santo Domingo, cuarta ciudad más
poblada del país, en una maniobra que
siembra dudas sobre sus verdaderos posicionamientos programáticos.
Lecturas
La interpretación de la falta de una política de alianzas de parte de AP como
el principal motivo de las derrotas locales es al menos incompleta. Distintos
analistas locales se han preguntado si la
omnipresencia de Correa en la campaña
política y publicitaria tiene realmente un
impacto positivo y directo sobre los candidatos oficialistas en el plano local. En
ciertos casos los números mostraron que
no, siendo Quito el más evidente.
A pesar de haber alertado antes de las
elecciones que perder la capital ponía en
peligro la estabilidad del gobierno nacional, la derrota por 20 puntos del actual
alcalde Augusto Barrera demostró que
las palabras de Correa y su presencia
no tuvieron el efecto deseado, aunque
pudieran ser justificadas. “(Rodas) es la
punta de lanza para parar la Revolución
Ciudadana”, sentenció el Presidente.
Tampoco se puede descartar el impacto negativo que algunas decisiones políticas nacionales o conflictos puntuales
del último año y estos meses de 2014
pudieron haber tenido en estos comicios:
el abandono repentino de la propuesta
Yasuní ITT tras cuatro años de enarbolarla como bandera ecologista; las negociaciones para la firma de un tratado
comercial con la Unión Europea; algunos puntos del nuevo Código Orgánico
Integral Penal, que recibieron críticas de
organizaciones que entienden que hay
cierta “criminalización” de la protesta,
incluyendo la manifestación activa de los
trabajadores de la salud contra el artículo
que condena la mala práctica profesional; el freno de Correa a una propuesta
de despenalización del aborto en casos
de violación, que tenía el apoyo de AP;
los cruces del Presidente con el cantautor
Jaime Guevara y el caricaturista Xavier
Bonilla, explotados al máximo por la
prensa comercial; la defensa de la minería a gran escala (la elección de AP fue
muy mala en todo el oriente del país y
en provincias como Cotopaxi, donde es
fuerte el movimiento indígena, mayormente representado por Pachakutik).
Por el otro lado, el apoyo de la banca, los medios privados, las fundaciones y empresas estadounidenses (como
Chevron) jugaron fuerte en esta campaña. Hubo quienes mostraron la hilacha: “Hagan las maletas que ya mismo
les toca esconderse en las alcantarillas
como Gaddafi”, escribió por Twitter el
presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solah, a menos de 48 horas
de la votación, en tono belicista. Tras
el resultado el Presidente sostuvo su
posición de alerta: “Conozco a quienes
están detrás de Rodas y hay gente que
participó en el 30-S (intento de golpe
de Estado en 2010). Esa gente –no exagero– no dudaría en pegarle un tiro al
Presidente; esa gente está en contacto
directo con la derecha fascista de Venezuela”. Las alarmas ya están encendidas en Ecuador.
Marzo de 2014
36
Sexto Congreso Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil
Lejos de la reforma agraria
Propuesta: en su 30º aniversario el Movimiento Sin Tierra presentó un nuevo programa de “reforma agraria popular”. Quince mil
delegados nacionales y 264 extranjeros participaron del encuentro, que incluyó una marcha por Brasilia y la primera reunión con
la presidente Dilma Rousseff en sus tres años de gobierno. Con
150 mil campesinos sin tierra acampando en distintos puntos del
país y sin apoyo oficial, el MST busca acercarse a obreros y estudiantes de las ciudades. Aunque nunca dejó de plantear críticas, la
organización siguió hasta ahora el rumbo marcado por el Partido
de los Trabajadores, que en más de 11 años ha avanzado poco en
la resolución de los grandes problemas del campesinado.
“E
s evidente nuestro descontento,
de todos los campesinos en general, con la política del Gobierno (para
la reforma agraria), principalmente en
los últimos tres años”. El balance es de
Gilmar Mauro, miembro de la dirección
nacional del Movimiento Sin Tierra
(MST), en entrevista al periódico digital Correio da Cidadania. Esa opinión
fue repetida por varios referentes de la
organización durante el sexto Congreso
Nacional, celebrado entre el 10 y el 14
de febrero en Brasilia.
En los más de tres años de gobierno
de Dilma Rousseff apenas 76 mil familias fueron asentadas (en 2013, sólo
7.274 familias) en uno de los países con
mayores extensiones de tierras cultivables del mundo, según información del
Instituto Nacional de Colonización y
Reforma Agraria (Incra), organismo encargado de resolver la situación de unas
150 mil familias sin tierras y otras ya
asentadas. El Incra redujo más del 50%
de su capacidad operativa desde 2006,
tras la salida de un 40% del personal y
el retiro de más de dos mil empleados.
Como resultado se ha paralizado el proceso de reforma agraria, tal como lo reconoce toda la dirigencia del MST, con
el agravante de que había alrededor de
un 35% de tierras públicas desocupadas
o sin control del Estado en 2006, según
el censo agropecuario de ese año.
En este contexto los reclamos fueron
ineludibles. Bajo la actual presidencia hubo 176 expropiaciones, menos
incluso que las realizadas en promedio, por año, durante la presidencia de
Fernando Henrique Cardoso. También
fueron cerradas miles de escuelas (37
mil desde 2002), faltan profesores rurales y no hay una política contra el
analfabetismo, que afecta a 18 millones de trabajadores adultos, denunciaron desde la organización.
Nueva estrategia
“A veces avanzamos y conseguimos
asentamientos y en otros períodos el
capital avanza e impide que haya expropiaciones. Y esta es la situación
actual”, explicó João Pedro Stedile, referente del MST. “El proceso en curso
es de concentración y extranjerización
de la propiedad de la tierra”, completó. En la misma línea se pronunció el
dirigente nacional Diego Moreira en
la apertura del Congreso, tras asegurar
que la Presidente tiene “paralizada” la
reforma agraria porque es “rehén” de
los grandes capitales, que sostienen un
37
“bloqueo político y económico” contra
la distribución de tierras. Hoy el Congreso y la Justicia –que tiene trabados
unos 1.200 procesos de confiscación
de tierras para los campesinos– actúan
contra el campesinado.
Ante esta situación, y tras dos años de
debate con las bases en todo el país, el
MST lanzó una nueva propuesta programática en este Congreso: la “Reforma
Agraria Popular”, para dar respuestas a
los nuevos desafíos que plantea el avance del llamado agronegocio, a través de
una asociación entre el capital financiero, terratenientes y grandes empresas,
con el apoyo de los grandes medios de
comunicación.
La postura de la organización es que
frente a este proyecto del capital para
el campo ya no alcanza con oponerle la
demanda clásica por la reforma agraria. Ahora el problema no se resuelve
sólo con democratizar el acceso a la
tierra, sino que es necesario oponerse al modelo económico de exportación de soya y otros bienes primarios
(commodities, cuyo precio es fijado en
el mercado internacional), producidos
en grandes extensiones, con usos de
químicos contaminantes.
Priorizar la producción de alimentos
saludables para la población, de manera
ecológicamente sustentable, sin uso de
agrotóxicos; desarrollar la agroecología,
apoyada en el trabajo campesino; crear
agroindustrias en el campo, para agregar
valor a los productos y generar empleos
e ingresos a los agricultores, desplazando a las corporaciones transnacionales;
expropiar grandes haciendas ociosas,
empezando por las que están en manos
de compañías extranjeras. Tales son los
puntos principales de la reforma agraria
popular, nueva bandera del MST, que en
términos políticos expone la necesidad
una alianza entre trabajadores del campo y la ciudad para discutir conjuntamente el uso que corresponde dar a la
tierra y demás recursos naturales. Una
articulación de intereses que hoy el PT
ya no puede representar.
Un peligro que casi nadie está viendo
Por Plínio Arruda Sampaio*
Tengo dicho y repetido dos cosas respecto de la reforma agraria: la
primera es que sin reforma agraria no hay posibilidad de instaurar una
verdadera democracia en Brasil, por la simple razón de que no hay posibilidad de conseguir una verdadera representación del pueblo en el
Parlamento y en el Poder Ejecutivo.
Cuando una persona necesita desesperadamente de otra para comer, ese mismo día no tiene la independencia necesaria para votar. No
por otra razón la mayoría de las legislaturas, en los municipios, en los
Estados y en la Nación, están conformadas por grandes hacendados, o
por sus hijos o yernos.
La segunda afirmación es sobre el hambre: en tanto no sea hecha
una verdadera reforma agraria, no habrá posibilidad de resolver este
problema. Una gran parte de la población –paradojalmente, la parte que
vive en el campo– simplemente no consigue obtener un rendimiento financiero que le permita adquirir alimentos de elevada calidad nutritiva,
suficientes para recomponer las energías perdidas en el trabajo o tan
sólo en el simple acto de vivir.
Pero ese problema no afecta apenas a la población rural: la población
pobre de las grandes ciudades tampoco come lo suficiente para mantenerse en un buen estado de salubridad física. Una vez, cuando escribía
un formulario sobre alimentación, incluí en el cuestionario una pregunta
acerca de cuántas veces por semana la familia comía queso. Las personas que estaban conmigo se pusieron a reír, diciendo: “el señor no tiene
noción del tipo de alimentación de las familias pobres. Ninguna de ellas
come queso”. Se limitan a atenuar la sensación de hambre, ingiriendo
cantidades de alimentos bajos en nutrientes, incapaces de reponer las
energías perdidas.
Hoy quiero agregar una tercera observación: la imposibilidad de realizar la reforma agraria va a llevar a los sin tierras, algún día, a una situación de tal desesperación que pasarán de las marchas, ocupaciones
y otros modos de protesta actuales –hechos con el único fin de llamar la
atención de la sociedad hacia el problema– a la obtención de tierra mediante la violencia física. En esa hora tendremos instalada la guerrilla
rural. Quien ya pasó por Colombia sabe lo que esto significa en términos
de inmovilización de la vida política del país.
Todo esto es para hacer dos críticas: la primera, dirigida a la presidente Dilma Rousseff, que solamente recibió a una delegación de sin
tierras –que fue a Brasilia a hablar con ella en el marco de los 30 años
del movimiento– después que la policía los reprimió violentamente, en
un hecho con amplia repercusión que afectó negativamente su gobierno.
No está haciendo nada para realizar la reforma agraria. Basta ver que
dio tierras a menos personas que el gobierno de Fernando Henrique, una
persona que ni siquiera puede oler a un sin tierra.
La segunda crítica se dirige a los grandes periódicos, que simplemente ignoraron el hecho o publicaron una información falaz o negativa.
Especialmente, Folha de São Paulo, que en su editorial del 15 de febrero
tejió una serie de consideraciones irracionales y mentirosas respecto del
movimiento. Al actuar de ese modo, Folha (y medios de comunicación
que siguen la misma línea) presta un pésimo servicio a sus lectores y al
país, pues impide que la población conozca un problema crucial para su
desarrollo pacífico y democrático.
Termino con un llamado a los lectores: apoyen al MST. Será una contribución que estarán haciendo al país.
*El autor fue presidente de la Asociación Brasilera de Reforma Agraria
(Abra) y es director del portal Correio da Cidadania
38
Marzo de 2014
Temores y descontento llevan en Paraguay al primer paro nacional en 20 años
El pueblo va a la huelga general
Realineamiento: actores sociales, políticos y sindicales manifestarán en una misma jornada su repudio a las políticas del presidente
Horacio Cartes. Se trata de la primera huelga general en dos décadas, convocada por organizaciones diezmadas durante los años de
reacción conservadora. En las últimas semanas, el jefe del Estado
se enemistó con diferentes sectores que, por una u otra razón, temen a su política de apertura a capitales extranjeros. Su frase “usen
y abusen del Paraguay porque es un momento de oportunidades”,
pronunciada ante empresarios brasileños en la casa de gobierno
en Asunción, irritó a todo el arco opositor, incluido los liberales, y
alertó a los industriales y a otras cámaras empresariales.
P
or primera vez en 20 años el movimiento popular paraguayo consiguió una articulación inédita y se
encamina en conjunto a expresarse en
la huelga general prevista para el 26
de marzo. Diferentes actores sociales,
políticos y sindicales manifestarán en
una misma jornada su repudio a las políticas del presidente Horacio Cartes.
Se discute la eventual coordinación de
acciones conjuntas para dar más fuerza
a la protesta.
Estas dos décadas sin una expresión
de repudio tan genuina de los obreros
del campo y la ciudad se explica en la
atomización de la organización sindical experimentada durante el gobierno
de Juan Carlos Wasmosy, entre 1993 y
1998. Este resquebrajamiento del frente
trabajador derivó en el paisaje actual en
el que conviven siete centrales sindicales y dos grandes organizaciones campesinas, además de otras agremiaciones
más pequeñas.
La huelga cobra relevancia como
punto de partida para una lucha que se
presenta difícil y desigual contra un gobierno que cree en la doctrina de la represión. “Paraguay Para” será una de las
consignas para dejar en claro el amplio
acuerdo en el que se buscará reunir a
trabajadores, campesinos, indígenas
sectores populares, ciudadanos, estudiantes, pobladores y desempleados.
Las principales consignas de la huelga
son Reforma Agraria, reajuste salarial
del 25% y control de precio de la canasta básica; contra la suba del pasaje del
transporte, de productos y de servicios
públicos; libertad sindical; derogación
de la ley de Alianza Público-Privada
(APP) y contra el modelo neoliberal del
gobierno de Cartes.
Tomás Castillo, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC)
en Canindeyú, explicó a una radio comunitaria del asentamiento Maracaná
la posición de los trabajadores de la
tierra: “no estamos de acuerdo con la
entrega de migajas (víveres), en tanto
se siga atropellando al pueblo en los
asentamientos con la agricultura empresarial”. El dirigente campesino pidió distribución de la tierra y políticas
que apunten a la industrialización de la
materia prima. “Cómo hablar de salud
si se sigue fumigando a la gente. Se uti-
39
lizan más de 26 millones de litros de
venenos y aumentan a diario las personas con cáncer de estómago”, recordó
en referencia al uso de agrotóxicos.
Frase reveladora
“Usen y abusen de Paraguay porque es
un momento importante de oportunidades”. La frase textual del presidente Horacio Cartes fue escuchada con atención
por los empresarios de la Confederación
Nacional de la Industria (CNI) de Brasil
en un acto protocolar en el Palacio de
López, sede del gobierno.
El exabrupto presidencial confirmó
sus intenciones de construir alianzas con
el capital extranjero en torno a su amplio plan de privatizaciones que comenzó a tomar forma con el alquiler de la
empresa Aceros del Paraguay (Acepar)
al grupo brasileño Vetorial. La firma se
comprometió a invertir 20 millones de
dólares para la recuperación de instalaciones y pagará un alquiler de 400 mil
dólares por mes por el arrendamiento,
más un plus de 50 dólares por tonelada producida por encima de las cinco
mil, que en teoría representarán 250 mil
dólares más. La cooperativa de trabajadores Cootrapar, propietaria del 33% de
las acciones de la empresa, alertó que
la “solución” no termine siendo un des-
pojo para ellos y para la propia Acepar,
que puede reponer la inversión inicial en
menos de un año.
Al recibir a 180 empresarios de 92
firmas brasileñas Cartes confesó que
“Paraguay ya no quiere pedir limosnas
al Brasil. Paraguay cree que hoy tiene
atractivos para sentarse junto a Brasil
y colaborar donde Brasil crea que Paraguay le pueda ser útil”. Resumió que
su estrategia de alianza será “todo con
Brasil, nada contra Brasil”.
El ministro paraguayo de Industria y
Comercio, Gustavo Leite, explicó que
su gobierno “quisiera generar las condiciones para que se creen entre 250 mil
a 300 mil empleos los próximos cinco
años” con el capital brasileño. Afirmó
que al cabo del primer trimestre de 2014
se habrán inaugurado 17 empresas que
generarán más de cuatro mil empleos.
Plata fresca
El discurso de Cartes, por momentos
en portugués, fue duramente reprobado
por todo el arco político opositor, incluyendo al derechista Partido Liberal
(Plra), el centro-izquierdista Frente
Guasu (FG) y otros partidos minoritarios de ambas tendencias.
El episodio provocó la reacción incluso
de los industriales paraguayos que advier-
ten que la voluntad del plan de gobierno
es priorizar la gestión de los bienes públicos y hasta las compras del Estado al
capital extranjero. El titular de la Unión
Industrial (UIP), Eduardo Felippo, expuso las falencias que tiene la ley de Alianza
Público-Privada (APP), la norma madre
para las privatizaciones. “Preparamos un
caldo de cultivo para que los abogados se
diviertan en los próximos 10 años peleándose con las multinacionales”, dijo.
El empresario se quejó de la forma en
que se licitan las compras públicas, en
general en un solo paquete, pese a que las
empresas nacionales que pueden competir se dedican solamente a un rubro.
Alertó que esto fortalece el contrabando
y la compra de equipos importados.
También protestó la Cámara Vial
(Cavialpa) ante la posibilidad de que
consorcios extranjeros se lleven la cuota grande de las obras públicas. Cartes
respondió que “si Paraguay tiene proyectadas obras por 500 millones de dólares para el 2014, por qué no consorciarse; por qué tener miedo, si nosotros
vamos a necesitar (…) Este país va a
crecer con nosotros y abriendo el país
al mundo. A todos nos hace bien cuando entra plata fresca”.
Desde Asunción, Jorge Zárate
El Comando Sur en casa
En Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, al
norte del país, se inauguró el 22 de febrero un Centro de Operaciones para Emergencias, que dependerá de la Secretaría de
Emergencia Nacional (SEN). El anuncio lo hizo apenas unas horas antes el director de planificación del Comando Sur de Estados Unidos, George Ballance, tras una reunión mantenida con el
ministro de Defensa de Paraguay, Bernardino Soto Estigarribia.
Al acto de inauguración asistieron el embajador estadounidense
James Thessin, dos diputados del Partido Colorado y autoridades
de los departamentos de San Pedro y Concepción.
El departamento de San Pedro es una de las zonas más ricas de
Paraguay en materia de recursos pero es la más pobre desde el
punto de vista social. Desde hace décadas es centro de disputa de
territorio entre organizaciones campesinas, pequeños productores y
trabajadores rurales sin tierra y las empresas transnacionales dedicadas a la explotación intensiva de soya y otros productos.
La presencia de militares y policías se intensificó notablemente
tras la asunción de Horacio Cartes y la inmediata reforma de
la Ley de Defensa y Seguridad Interna que facultó al Estado a
disponer de uniformados sin necesidad de la aprobación del Congreso. Organizaciones de derechos humanos denuncian varias
situaciones irregulares contra la población civil frente al silencio
de las autoridades nacionales.
El cura párroco de Santa Rosa del Aguaray, Cristian Paiva, comentó
a varios medios locales que hay “poca información oficial sobre su
funcionamiento”. Citó palabras del gobernador de San Padro, Vicente Rodríguez, y del ministro de Emergencia Nacional, Rafael Valdez,
cuando señalaron que el centro servirá “para cuestiones climatológicas y otras necesidades como cursos de formación, instrucciones
en emergencias climáticas y de alimentación. Tiene un gran depósito
para guardar alimentos para luego repartir a la gente de los cuatro
departamentos de la región norte”, en referencia a San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyu.
El embajador de Estados Unidos en Paraguay destacó que “Paraguay y Estados Unidos tienen muchos valores en comunes, incluyendo la reducción de pobreza. La donación de estos equipos y las capacitaciones aumentará la capacidad de respuesta ante desastres
naturales y con eso se logrará mejorar la vida de la gente”.
El ministro de la SEN, Joaquín Roa, señaló que este centro es “una
herramienta recibida por parte del gobierno americano, y se constituye en la única de esta envergadura en Paraguay”. El organismo
destacó también que se trata “de un moderno edificio equipado con
tecnología de punta que además sirve como centro de operación
ante cualquier situación de emergencia que afecta a al región”.
Marzo de 2014
40
El gobierno de Bolivia movilizado contra un fenómeno de graves proporciones
Acción conjunta frente
a inundaciones inéditas
El municipio de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni fue el más castigado del país. Foto: ABI
Preocupación: el presidente Evo Morales encabezó las múltiples tareas de asistencia a víctimas de las recientes inundaciones
que dejaron, según balances parciales, cerca de 60 fallecidos y
60 mil familias damnificadas, además de 200 mil reses muertas
en una zona afectada de 16 millones de hectáreas. En medio
de la movilización de casi todos los países suramericanos se
destacó una vez más la Fuerza Binacional de Ingeniería Social
Bolivia-Venezuela, esta vez por los trabajos de construcción de
anillos para proteger ciudades afectadas. El Ejecutivo evaluó
como “muy grave” este fenómeno, cuyas dimensiones y consecuencias no tienen antecedentes cercanos en el país.
U
nas 60 personas murieron tras las
lluvias e inundaciones que azotaron
a Bolivia durante febrero. Cerca de 60
mil familias resultaron damnificadas y
se perdieron más de 200 mil reses. Solamente en el sector ganadero las pérdidas
alcanzan a 150 millones de dólares. La
magnitud del fenómeno climático hizo
que diferentes áreas del Gobierno conformaran un operativo liderado por el
presidente Evo Morales que alcanzó a
los departamentos más afectados, sobre
todo a la región amazónica de Beni, en
la frontera con Brasil.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, ofreció un balance parcial el 22 de
febrero, sobre el cierre de esta edición:
“las familias afectadas ascendieron a
59.800; perdieron la vida por diferentes
circunstancias causadas por las lluvias
59 personas”. Aseguró que el Estado
boliviano dispone de 450 toneladas de
ayuda humanitaria, de las cuales 230
fueron destinadas exclusivamente al departamento de Beni. Sumados alimentos
y equipos, Defensa Civil distribuyó más
de 400 toneladas en 11 municipios utilizando helicópteros y deslizadores. En
las poblaciones más afectadas, como
Santa Ana, Puerto Siles, Exaltación, San
Javier, San Joaquín, San Ramón y Guayanamerin, se instalaron 107 albergues y
se distribuyeron 1.300 carpas para albergar a las familias evacuadas incluyendo
alimentos, colchones, frazadas, cocina
e instalaciones sanitarias. Para los días
siguientes estaba prevista la distribución
de más de tres mil carpas.
Saavedra señaló en el mismo informe
parcial que en un mes se realizaron casi
600 vuelos de aviones y helicópteros
para trasladar ayuda, personas aisladas
o enfermas. La Armada Boliviana llevó
en embarcaciones la asistencia necesaria
a la zona del Alto y Bajo Sécure en la
región del Territorio Indígena del Parque
Isiboro-Secure (Tipnis) donde viven numerosas comunidades indígenas.
Además, cerca de 150 operarios y
70 máquinas del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) lograron en
poco tiempo poner en funciones los
caminos más importantes de la zona
41
afectada por lluvias, inundaciones,
deslizamientos y derrumbes.
ubicada en la parte más baja del departamento de Beni y rodeada de ríos.
Asistencia en Beni
La Federación de Ganaderos de Beni y
Pando (Amazonía de Bolivia) informó que
se han perdido al menos 150 millones de
dólares por la muerte de 200 mil reses en
una zona afectada de 16 millones de hectáreas. Otro medio millón de animales quedó en riesgo por falta de alimentos. Hacia
fines de febrero llegaron al departamento
35 tráiler con 700 toneladas de forraje para
el ganado que sufre la falta de pasto. Morales entregó una veintena de embarcaciones para el rescate de ganado en el pueblo
de Santa Ana de Yacuma. Allí dijo que las
lluvias e inundaciones registradas este año
–relativamente comunes para este período–
son más fuertes que las ocurridas en los tres
primeros años de su gobierno (en medio de
los fenómenos conocidos como La Niña y
El Niño). “Lo que está pasando en especial
en el departamento de Beni es algo no visto
en la historia de Bolivia”, dijo.
Morales ordenó a sus ministros trabajar en forma inmediata con la Federación
de Ganaderos por entender que se trata
de un sector de alta incidencia en la economía regional, que “provee una parte
sustantiva cantidad de carne para la población boliviana”.
La ciudad de Santa Ana de Yacuma
recibió bombas para extraer agua de las
áreas inundadas. Esta localidad fue una
de las más castigadas del país, por estar
Fuerza Binacional
El gobierno plurinacional envió gran
cantidad de bolsas de yute para reforzar
con tierra y arena el anillo en el que trabajaron los militares de la Fuerza Binacional
de Ingeniería Social Bolivia-Venezuela.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, explicó que esta institución “se
incorporó a los trabajos que realiza el
municipio de Santa Ana de Yacuma para
elevar el nivel de la circunvalación para
contener las aguas”. Se utilizaron volquetes de alto tonelaje, retroexcavadoras y
camiones cisternas con combustible.
Otro equipo de la Fuerza Binacional
realizó un trabajo similar de alteo del anillo de circunvalación en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, donde viven unas
130 mil personas. El comandante de la
fuerza, coronel Benjamín Chacón, explicó que cuenta con 24 personas que trabajan en tres turnos durante las 24 horas y
casi una veintena de equipos de maquinaria pesada para las obras ingeniería. “Vamos realizar trabajos de mantenimiento
de diques y de vías, y todo lo que vaya en
beneficio de la población afectada”, dijo.
Entre 2008 y 2009 esta institución construyó un dique de tres metros de alto y
más de ocho kilómetros de longitud para
aislar a Trinidad de los desbordes, aunque
la magnitud de este fenómeno climático
puso al anillo al límite de ser rebasado.
La Fuerza Binacional de Ingeniería
Social nació en agosto de 2007, en plenos desastres naturales por El Niño y La
Niña, para realizar tareas de rescate, evacuación, abastecimiento y diagnóstico de
los daños provocados. Está conformada
por militares de ambos países que trabajan en las regiones más amenazadas por
los efectos del cambio climático. En sus
primeros cinco años, el equipo ejecutó
350 proyectos en los departamentos de
Beni, Santa Cruz, La Paz y Pando.
Ayuda urgente
Varios países, instituciones y organismos internacionales enviaron ayuda
a Bolivia durante febrero, fundamentalmente los países suramericanos.
Venezuela fue uno de los que envió
ayuda, además de los militares bolivarianos que trabajan en los anillos de
protección de ciuadades. El Ejército de
Brasil envió uno de sus helicópteros
para cooperar en el rescate de familias,
mientras que Perú también envió un
helicóptero militar para el traslado de
ayuda humanitaria. Un grupo de Cascos Blancos de Argentina, expertos en
comunicación, logística y manejo de
campamentos de evacuados, llegó al
país con 150 mil pastillas potabilizadoras de agua,, tiendas para 500 personas y maletines de medicamentos.
La Organización de Naciones Unidas
(ONU) envió desde Panamá casi tres
mil tiendas de campaña.
Industrialización de litio y gas
El presidente Evo Morales ratificó que Bolivia debe trabajar para tener
“la industria de litio más grande del mundo, ya que tenemos la reserva
más grande”. El jefe de Estado inauguró una planta piloto montada por la
empresa china LinYi Dake para la formación de técnicos que se capacitarán
en la producción de baterías de litio.
El complejo tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados, está ubicada
en la región andina de Potosí, fronteriza con Chile y Argentina, donde se
encuentra el salar de Uyuni. Cuenta con 150 equipos de fábrica y laboratorio
y una inversión de casi 4 millones de dólares. El gobierno de Bolivia explicó
que tiene una capacidad diaria de producción de mil baterías de teléfonos
móviles y 40 baterías para bicicletas.
En esa misma zona ya funciona una planta piloto para producir
40 toneladas mensuales de carbonato de litio, materia prima para la
elaboración de las baterías. También opera en el lugar una productora de
cloruro de potasio.
Esta política sobre el proceso de industrialización de litio coincide con el
anuncio realizado por Evo Morales el 24 de febrero sobre una inversión de
casi 700 millones de dólares por parte de la petrolera estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb) en proyectos de industrialización
del gas natural durante este año. Una de las iniciativas del plan de
inversiones es la planta de separación de líquidos Gran Chaco, en el
sur del país, que demandó este año 200 millones de dólares sobre una
inversión total de 610 millones.
Otros 380 millones de dólares corresponden a un complejo petroquímico
en Cochabamba que tendrá una producción aproximada de 1.200 toneladas
diarias de amoníaco y 2.100 toneladas métricas de urea. También se
avanzará este año en un establecimiento para procesar 13 millones de pies
cúbicos diarios de gas natural y en la construcción de dos plantas, una de
propileno, y otra de etileno y polietileno.
Bolivia logró en 2013 cubrir su demanda interna de gas licuado de petróleo
(GLP) y exportar ese combustible a Paraguay y Perú luego de que en agosto se
iniciara la actividad la planta de gas de Río Grande (departamento Santa Cruz).
Marzo de 2014
A las izquierdas de
Europa y del mundo
Por Álvaro García Linera
Lección: en Madrid, entre el 13
y el 15 de diciembre de 2013, se
reunieron delegados de 30 organizaciones para celebrar el IV
Congreso del Partido de la Izquierda Europea. América XXI
reproduce aquí la versión íntegra
de la exposición del vicepresidente del Estado Plurinacional
de Bolivia ante esa audiencia.
P
ermítanme celebrar este encuentro de la Izquierda europea y en
nombre de nuestro Presidente Evo. En
nombre de mi país, de nuestro pueblo...
agradecer la invitación que nos han
hecho, para compartir un conjunto de
ideas, de reflexiones en este tan importante congreso de la Izquierda Europea.
Permítanme ser directo, franco... pero
también propositivo. ¿Qué vemos desde
afuera de Europa? Vemos una Europa
que languidece, abatida, ensimismada
y satisfecha de sí misma. Hasta cierto
punto apática y cansada. Sé que son palabras muy feas y muy duras, pero así lo
vemos. Atrás ha quedado la Europa de
las luces, de las revueltas, de las revoluciones. Atrás, muy atrás, ha quedado
la Europa de los grandes universalismos que movieron al mundo, que enriquecieron al mundo, y que empujaron a
los pueblos de muchas partes, a adquirir
una esperanza y movilizarse en torno a
esa esperanza.
Atrás han quedado los grandes retos
intelectuales. Esa interpretación que hacían y que hacen los post modernistas
de que se acabaron los grandes relatos,
a la luz de los últimos acontecimientos,
parce ser que lo único que encubre son
los grandes negociados de las corporaciones y del sistema financiero. No es el
pueblo europeo el que ha perdido la virtud, ni ha perdido la esperanza. Porque
la Europa a la que me refiero, cansada,
la Europa agotada, ensimismada, no es
la Europa de los pueblos. Es ésta silenciada, encerrada, asfixiada. Y la única
Europa que vemos en el mundo, es la
Europa de los grandes consorcios empresariales, neoliberal, la Europa de los
grandes negociados financieros, de los
mercados y no la Europa del trabajo.
Carente de grandes dilemas, horizontes y esperanzas, sólo se oye –parafraseando a Montesquieu– el lamentable
ruido de las pequeñas ambiciones y de
los grandes apetitos. Unas democracias
sin esperanza y sin fe, son democracias
derrotadas. Democracias sin esperanza
Historia - Teoría - Debate · 43
y sin fe, son democracias fosilizadas. En
sentido estricto, no son democracias. No
hay democracia válida que sea simplemente un apego, aburrido a instituciones
fósiles con las que se cumplen rituales
cada tres, cada cuatro o cada cinco años,
para elegir a los que vendrán a decidir
de mala manera sobre nuestros destinos.
Todos sabemos, y en izquierda más o
menos compartimos, un pensamiento
común de cómo hemos llegado a semejante situación. Los estudiosos, los académicos, los debates políticos brindan
un conjunto de ejes interpretativos de lo
mal que estamos y de cómo hemos llegado ahí. Un primer criterio compartido,
de cómo hemos llegado a esta situación
es que entendemos que el capitalismo ha
adquirido –no cabe duda– una medida
geopolítica planetaria absoluta. El mundo entero se ha redondeado. Y el mundo
entero deviene un gran taller mundial.
Una radio, un televisor, un teléfono, ya
no tiene un origen de creación, sino que
el mundo entero se ha convertido en el
origen de creación. Un chip se hace en
México, el diseño se hace en Alemania,
la materia prima es latinoamericana, los
trabajadores son asiáticos, el empaque es
norteamericano, y la venta es planetaria.
Esta es una característica del moderno
capitalismo –no cabe duda– y es a partir
de ello que uno tiene que tomar acciones.
Una segunda característica de los últimos 20 años, es una especie de regreso
a una acumulación primitiva perpetua.
Los textos de Karl Marx, que retrataban el origen del capitalismo en el siglo
XVI, XVII, hoy se repiten y son textos
del siglo XXI. Tenemos una permanente acumulación originaria que reproduce
mecanismos de esclavitud, mecanismos
de subordinación, de precariedad, de
fragmentación, que lo retrató, excepcionalmente Carlos Marx. Sólo que
el capitalismo moderno reactualiza la
acumulación originaria. La reactualiza,
la expande, la irradia a otros territorios
para extraer más recursos y más dinero.
Pero junto con esta acumulación primitiva perpetua –que va a definir las características de las clases sociales contemporáneas, tanto en nuestros países como
en el mundo, porque reorganiza la división del trabajo local, territorialmente, y
la división del trabajo planetario– junto
con eso, tenemos una especie de neo acu-
mulación por expropiación. Tenemos un
capitalismo depredador, que acumula, en
muchos casos produciendo en la aéreas
estratégicas: conocimiento, telecomunicaciones, biotecnología, industria automovilística, pero en muchos de nuestros
países, acumula por expropiación. Es
decir, ocupando los espacios comunes:
biodiversidad, agua, conocimientos ancestrales, bosques, recursos naturales…
Esta es una acumulación por expropiación –no por generación de riqueza– sino
por expropiación de riqueza común, que
deviene en riqueza privada. Esa es la
lógica neoliberal. Si criticamos tanto al
neoliberalismo, es por su lógica depredatoria, y parasitaria. Más que un generador
de riquezas, más que un desarrollador de
fuerzas productivas, el neoliberalismo es
un expropiador de fuerzas productivas
capitalistas y no capitalistas, colectivas,
locales, de sociedades.
La tercera característica de la economía moderna, no es solamente acumulación primitiva perpetua, acumulación
por expropiación, sino también por subordinación (Marx diría subsunción real
del conocimiento y la ciencia a la acumulación capitalista). Lo que algunos
sociólogos llaman sociedad del conocimiento. No cabe duda, esa son las aéreas
más potentes y de mayor despliegue de
las capacidades productivas de la sociedad moderna.
La cuarta característica –cada vez más
conflictiva y riesgosa– es el proceso de
subsunción real del sistema integral de
la vida del planeta. Es decir de los procesos metabólicos entre los seres humanos y la naturaleza.
Estas cuatro características del moderno capitalismo redefinen la geopolítica
del capital a escala planetaria, redefinen
la composición de clase de las sociedades y las relaciones de éstas en el planeta.
No solamente está la externalización
–a las extremidades del cuerpo capitalista de la clase obrera tradicional que
vimos surgir en el siglo XIX y principio
del siglo XX que ahora se transfiere a las
zonas periféricas: Brasil, México, China, la India, Filipinas– sino que también
surge, en las sociedades más desarrolladas, un nuevo tipo de proletariado. Un
nuevo tipo de clase trabajadora. La clase
trabajadora de cuello blanco. Profesores, investigadores, científicos, analistas
que no se ven a sí mismos como clase
trabajadora. Se ven como pequeños empresarios seguramente pero en el fondo
constituyen una nueva composición social de la clase obrera, del principio del
siglo XXI. A la vez, también tenemos
una creación –de lo que podríamos denominar– en el mundo, un proletariado
difuso. Sociedades y naciones no capitalistas que son subsumidas formalmente
a la acumulación capitalista: América
Latina, África, Asia. Hablamos de sociedades y de naciones no estrictamente
capitalistas, pero en el conjunto aparecen subsumidas y articuladas como formas de proletarización difusa. No solamente por su cualidad económica, sino
por las propias características de unificación fragmentada, o de difícil fragmentación, por su dispersión territorial.
Tenemos entonces, no solamente una
nueva modalidad de la expansión de la
acumulación capitalista, sino que también
tenemos un reacomodo de las clases y del
proletariado y de las clases no proletarias
en el mundo. El mundo hoy es más conflictivo. Está más proletarizado, sólo que
las formas de proletarización son distintas
a las que conocimos en el siglo XIX y principio del siglo XX. Las formas de proletarización de estos proletarios difusos, de estos proletarios de cuello blanco, no toman
necesariamente la forma de sindicato. La
forma sindicato ha perdido su centralidad
en algunos países y surgen otras formas de
unificación de lo popular, de lo laboral, de
lo obrero. ¿Qué hacer? –la vieja pregunta
de Lenin. ¿Qué hacemos? Compartimos
definiciones de lo que está mal, compartimos definiciones de lo que está cambiando
en el mundo, y frente a estos cambios no
podemos responder –o mejor– las respuestas que teníamos antes son insuficientes, si
no, no estaría gobernando la derecha, acá
en Europa. Algo ha faltado y algo está faltando a nuestras respuestas. Algo está faltando a nuestras propuestas. Permítanme,
de manera modesta, hacer cinco sugerencias en esta construcción colectiva del quehacer que asume la izquierda europea.
La izquierda europea no puede contentarse con el diagnóstico y la denuncia. El
diagnóstico y la denuncia sirve para generar indignación moral y es importante
la expansión de la indignación moral,
pero no genera voluntad de poder. La
denuncia no es una voluntad de poder.
44 · Historia - Teoría - Debate
“La izquierda tan débil de
hoy en Europa, no puede darse el lujo de distanciarse de
sus compañeros. Podrá haber
diferencias en 10 ó 20 puntos,
pero coincidimos en 100. (...)
Somos demasiados débiles
como para darnos el lujo de
seguir en peleas de capilla y
de pequeños feudos, distanciándonos del resto. Hay que
asumir una lógica nuevamente gramsciana, unificar, articular, promover.”
Marzo de 2014
Puede ser la antesala de una voluntad de
poder, pero no es la voluntad de poder.
La izquierda europea, la izquierda mundial, a esta vorágine depredadora de naturaleza y de ser humano destructivo que
lleva adelante el capitalismo contemporáneo, tiene que aparecer con propuestas
o iniciativas. La izquierda europea, y las
izquierdas de todas las partes del mundo,
tenemos que construir un nuevo sentido
común. En el fondo la lucha política es
una lucha por el sentido común. Por el
conjunto de juicios y de prejuicios. Por la
forma en cómo de manera simple la gente –el joven estudiante, el profesional, la
vendedora, el trabajador, el obrero– ordena el mundo. Ese es el sentido común. La
concepción del mundo básica, con la que
ordenamos la vida cotidiana. La manera
de cómo valoramos lo justo y lo injusto,
lo deseable y lo posible, lo imposible y
lo probable. Y la izquierda –mundial, la
izquierda europea– tiene que luchar por
un nuevo sentido común, progresista, revolucionario, universalista. Pero es obligatoriamente un nuevo sentido común.
En segundo lugar, necesitamos recuperar –como lo hacía el primer expositor
de manera brillante– el concepto de democracia. La izquierda siempre ha reivindicado la bandera de la democracia.
Es nuestra bandera. Es la bandera de la
justicia, de la igualdad, de la participación. Pero para eso tenemos que desprendernos de la concepción de la democracia
como un hecho meramente institucional.
¿La democracia son instituciones? Sí,
son instituciones. Pero es mucho más
que institución. ¿La democracia es votar cada cuatro o cinco años? Sí, pero es
mucho más que eso. ¿Es elegir el Parlamento? Sí, pero es mucho más que eso.
¿Es respectar las reglas de la alternancia?
Sí, pero es mucho más que eso. Esa es
la manera liberal, fosilizada, de entender
la democracia en la que a veces quedamos encerrados. ¿La democracia son
valores? Son valores, principios organizativos del entendimiento del mundo:
la tolerancia, la pluralidad, la libertad de
opinión, la libertad de asociación. Están
bien, son principios, son valores, pero
no son solamente principios y valores.
Son instituciones, pero no son solamente
instituciones. La democracia es práctica. La democracia es acción colectiva.
La democracia en el fondo es creciente
participación en la administración de
los comunes, que tiene una sociedad.
Hay democracia si en lo común que tenemos los ciudadanos participamos. Si
tenemos como un patrimonio común el
agua, entonces democracia es participar
en la gestión del agua. Si tenemos como
patrimonio común el idioma, la lengua,
democracia es la gestión común del idioma. Si tenemos como patrimonio común
los bosques, la tierra, el conocimiento,
democracia es gestión administración,
común. Creciente participación común
en la gestión del bosque, en la gestión del
agua, en la gestión del aire, en la gestión
de los recursos naturales. Ha de haber
democracia –hay democracia– en el sentido vivo, no fosilizado del término, si la
población y la izquierda ayuda, participa
en una gestión común de los recursos comunes, instituciones, derecho, riquezas.
Los viejos socialistas de los años 70 hablaban que la democracia debería tocar las
puertas de las fábricas. Es una buena idea,
pero no es suficiente. Debe tocar la puerta
de las fábricas, la puerta de los Bancos,
la puerta de las empresas, la puerta de las
instituciones, la puerta de los recursos, la
puerta de todo lo que sea común para las
personas. Me preguntaba nuestro delegado de Grecia sobre el tema del agua. Cómo
comenzamos nosotros en Bolivia. Por temas básicos de sobrevivencia, ¡agua! Y
en torno al agua –una riqueza común, que
estaba siendo expropiada– el pueblo llevó
adelante una “guerra” y recuperó el agua
para la población, luego recuperamos no
solamente el agua, hicimos otra guerra
social y recuperamos el gas, el petróleo,
las minas y las telecomunicaciones. Y falta mucho más por recuperar. Pero en todo
caso este fue el punto de partida; la creciente participación de los ciudadanos, de
los comunes, de los bienes comunes que
tiene una sociedad, una región.
En tercer lugar la izquierda tiene que
recuperar también la reivindicación de
lo universal, de los idearios universales. De los comunes. La política como
bien común. La participación como una
participación en la gestión de los bienes
comunes. La recuperación de los comunes como derecho: el derecho al trabajo,
a la jubilación, a la educación, gratuita,
a la salud, a un aire limpio, el derecho a
la protección de la Madre Tierra, el derecho a la protección de la naturaleza.
Historia - Teoría - Debate · 45
Son derechos universales, son bienes
comunes universales frente a los que la
izquierda, la izquierda revolucionaria,
tiene que plantearse medidas concretas,
objetivas y de movilización. Leía en el
periódico cómo se estaban utilizando
en Europa recursos públicos para salvar
bienes privados. Eso es una aberración.
Estaban utilizando el dinero de los ahorristas europeos para salvar la quiebra
de los Bancos. Estaban usando lo común para salvar lo privado. El mundo
está al revés! Tiene que ser al revés,
usar los bienes privados para salvar y
ayudar los bienes comunes. No los bienes comunes para salvar los bienes privados. Los Bancos tienen que tener un
proceso de democratización y de socialización de su gestión. Porque si no los
Bancos van a acabar por quitar no solamente su trabajo, su casa, su vidas, su
esperanza y todo… y esto es algo que
no se puede permitir.
Hay que reivindicar –en nuestra propuesta como izquierda– una nueva relación
metabólica entre el ser humano y la naturaleza. En Bolivia, por nuestra herencia indígena, llamamos eso una nueva relación entre ser humano y naturaleza. El presidente
Evo dice, la naturaleza puede existir sin el
ser humano, el ser humano no puede existir sin naturaleza. Pero, no hay que caer en
la lógica de la economía verde, que es una
forma hipócrita de ecologismo.
Hay empresas que parecen ante ustedes los europeos como protectores de la
naturaleza y con el aire limpio, pero esas
mismas empresas nos llevan a nosotros
a la Amazonia, nos llevan a América o a
África, todos los desperdicios que aquí
se generan. Son depredadores. Aquí son
defensores y allí se vuelven depredadores. Han convertido la naturaleza en
otro negocio. Y la preservación radical
de la ecología no es un nuevo negocio,
ni una nueva lógica empresarial. Hay
que restituir una nueva relación que es
siempre tensa. Porque la riqueza que va
satisfacer necesidades requiere transformar la naturaleza y al transformar la
naturaleza modificamos su existencia,
modificamos el Bios. Pero al modificar
el Bios, como contra finalidad muchas
veces, destruimos al ser humano y también a la naturaleza. Al capitalismo no
le importa porque eso es un negocio
para él. Pero a nosotros sí, a la izquier-
da sí, a la humanidad sí, a la Historia
de la humanidad sí le importa. Necesitamos reivindicar una nueva lógica de
relación… no diría armónica, pero si
metabólica. Mutuamente beneficiosa,
entre entorno vital natural y ser humano. Trabajo, necesidades.
Por último, no cabe duda que necesitamos reivindicar la dimensión heroica de
la política. Hegel veía la política en su dimensión heroica. Y siguiendo a Hegel supongo, Gramsci decía que las sociedades
modernas, la filosofía y un nuevo horizonte
de vida, tienen que convertirse en fe en la
sociedad, o solamente puede existir como
fe el interior de la sociedad. Esto significa
que necesitamos reconstruir la esperanza.
Que la izquierda tiene que ser la estructura organizativa, flexible, crecientemente
unificada, que sea capaz de rehabilitar la
esperanza en la gente. Un nuevo sentido
común, una nueva fe –no en el sentido religioso del término– sino una nueva creencia
generalizada por la que las personas apuestan heroicamente su tiempo, su esfuerzo,
su espacio, su dedicación.
Yo saludo lo que comentaba mi compañera, cuando nos decía “hoy nos estamos
reuniendo 30 organizaciones políticas”.
¡Excelente! Quiere decir que es posible
reunirse. Que es posible de salir de los
espacios estancos. La izquierda tan débil
de hoy en Europa, no puede darse el lujo
de distanciarse de sus compañeros. Podrá haber diferencias en 10 ó 20 puntos,
pero coincidimos en 100. Esos 100 que
sean los puntos de acuerdo, de cercanía,
de trabajo. Y guardemos los otros 20
para después. Somos demasiados débiles como para darnos el lujo de seguir en
peleas de capilla y de pequeños feudos,
distanciándonos del resto. Hay que asumir una lógica nuevamente gramsciana,
unificar, articular, promover.
Hay que tomar el poder del Estado,
hay que luchar por el Estado, pero nunca olvidemos que el Estado, más que
una máquina, es una relación. Más que
materia, es idea. El Estado es fundamentalmente idea. Y un pedazo es materia. Es materia como relaciones sociales, como fuerza, como presiones, como
presupuestos, como acuerdos, como reglamentos, como leyes. Pero es fundamentalmente idea, como creencia de un
orden común, de un sentido de comunidad. En el fondo la pelea por el Estado,
es una pelea por una nueva manera de
unificarnos, por un nuevo universal, por
un tipo de universalismo que unifica voluntariamente a las personas.
Lo anterior requiere haber ganado
previamente las creencias. Haber derrotado a los adversarios previamente en
la palabra, en el sentido común. Haber
derrotado previamente las concepciones
dominantes de derecha en el discurso, en
la percepción del mundo, en las percepciones morales que tenemos de las cosas. Y entonces eso requiere un trabajo
muy arduo. La política no es solamente
una cuestión de correlación de fuerzas,
capacidad de movilización. Que en su
momento lo será. Es fundamentalmente
convencimiento, articulación, sentido
común, creencia, idea compartida, juicio y prejuicio compartido respecto al
orden del mundo. Y ahí la izquierda no
solamente contentarse con la unidad de
las organizaciones de izquierda. Tienen
que expandirse hacia el ámbito de los
sindicatos, que son el soporte de la clase
trabajadora, y su forma orgánica de unificación. Pero también hay que estar muy
atentos –compañeros y compañeras– a
otras formas inéditas de organización de
la sociedad. La reconfiguración de las
clases sociales en Europa y en el mundo
va a dar lugar a formas diferentes de unificación, formas más flexibles, menos orgánicas, quizás más territoriales, menos
por centros de trabajo. Todo es necesario.
La unificación por centros de trabajo, la
unificación territorial, la unificación temática, la unificación ideológica… es
un conjunto de formas flexible frente a
los cuales la izquierda tiene que tener la
capacidad de articular, de proponer y de
unificar, y de salir adelante.
Permítanme en nombre del Presidente, en nombre mío, felicitarlos. Celebrar
este encuentro. Desearles y exigirles –de
manera respetuosa y cariñosa– ¡luchen,
luchen, luchen! No dejen solos a otros
pueblos que están luchando –de manera
aislada en algunos lugares– en Siria, algo
en España, en Venezuela, en Ecuador, en
Bolivia. No nos dejen solos, los necesitamos a ustedes, más aún, a una Europa
que no solamente vea a distancia lo que
sucede en otras partes del mundo, sino
nuevamente una Europa que vuelva n a
alumbrar el destino del continente y el
destino del mundo.
46 · Cultura
Marzo de 2013
23ª edición del evento internacional más importante de Cuba
“Todo lo aproxima
la Feria del Libro”
Modernidad: celebrada entre el 13 y el 23 de febrero en La Habana, la Feria Internacional del
Libro circulará por el resto del país hasta el 9
de marzo. Bajo el lema “Leer es crecer” y con
la participación de más de cuarenta países, un
extenso programa literario, artístico y académico se desplegó en conferencias, paneles, encuen-
E
n noviembre de 1949 se celebró la novena edición de la Feria del Libro de Cuba, auspiciada por la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. Tenía como sede el Parque
Central habanero. Si hoy se recuerda ese evento, más bien magro, se debe a que José Lezama Lima le dedicó dos textos en su
sección “La Habana”, en la página tres del Diario de la Marina.
El autor de Enemigo rumor no disimulaba el menguado alcance
del evento: “Las casetas de libros agrupadas circularmente; los
libreros de viejo con libertad para situarse y ofrecer sus sorpresas
y todos los que tengan colecciones y series, años de periódicos
y revistas, podrán llegar hasta allí, para atraer su público”. En
el segundo texto, no oculta, sin embargo, su entusiasmo por el
alcance cultural que adivina en tal encuentro: “Otra vez se des-
tros, lecturas, premiaciones y presentaciones. La
edición estuvo dedicada a Ecuador y a los 200
años del natalicio de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una de las mayores figuras del romanticismo literario cubano. El autor reflexiona sobre las
consecuencias que los avances técnicos provocan
en el libro y la lectura en el marco de la Feria.
bordará la gran democracia del reino del espíritu, que acerca
en mezcla hirviente los textos más dispares; se ha visto en una
carretilla de venerables libros viejos, besarse las carátulas de
un Platón y de un Vargas Vila; la barba navegable de Bakunin
le ha hecho cosquillas a un Juan Jacobo; todo lo aproxima la
Feria del Libro”.
Han transcurrido 65 años desde entonces y las circunstancias
de Cuba y de su Feria del Libro son muy distintas. Una iniciativa
local y parca que reunía a unos centenares de habaneros se ha
convertido en un espacio internacional, extendido por toda la
Isla, que moviliza a muchos miles de cubanos. Un proceso revolucionario, una campaña de alfabetización, el crecimiento en la
enseñanza general y especializada, han marcado la diferencia.
Cultura · 47
Para el poeta era muy importante hace
más de medio siglo que los volúmenes
salieran de las librerías, que eran por entonces un sitio para enterados, casi fraternidades secretas, y se mostraran en el
espacio público para capturar a potenciales lectores. Que alguien pudiera acercarse a un ejemplar, aunque fuera muy
usado, de El Banquete platónico o de Las
Confesiones de Rousseau, significaba la
probable ganancia de otro cómplice para
el mundo de la cultura, alguien que quizá
pudiera mañana tener el oído atento para
los latidos de Orígenes o saludar el advenimiento de esa novela que por entonces
comenzaba y que tardaría muchísimo en
ver la luz bajo el nombre de Paradiso (la
obra principal de José Lezama Lima).
Por entonces había en Cuba pequeños
impresores, no editoriales, y los autores
tenían que buscar mecenazgos o contar
céntimos para pagar una mínima tirada
de sus obras, de las que no siempre las
librerías existentes querían recibir ejemplares a consignación. Sin embargo, promover en el espacio público la venta de
libros de uso y exhibir ejemplares por
largo tiempo carenados en los estantes
era ya todo un acontecimiento para la
vida espiritual de la polis.
Nuevos desafíos a la lectura
Para los escritores cubanos de hoy el
panorama es diferente. Entramos jubilosos en la Fortaleza de San Carlos de la
Cabaña o en el Pabellón Cuba (sedes de
la Feria del Libro) y no es difícil cerciorarse de que el mundo editorial cubano ha
avanzado muchísimo desde aquella histórica edición de El Quijote por la Imprenta
Nacional en 1960. Es cierto que hay limitaciones materiales, problemas con la
distribución de los libros, manquedades
de la crítica, torpezas en la promoción de
los autores, pero el quehacer de más de
medio siglo está allí para ser juzgado.
Otras son las preocupaciones que vienen a atenazarnos. La primera de ellas
tiene que ver con la lectura. No basta con
saber que la población cubana tiene altas
cifras de escolarización, siempre resulta
incierta la posible magnitud de quienes
leen al menos un libro al año. No ayudan mucho en ello las estadísticas de
ventas, es probable que unos miles de
ciudadanos adquieran y consuman un
amplio número de títulos –los libros en
Cuba siguen siendo los más baratos del
mundo, lo que permite aún la posibilidad
de que alguien compre volúmenes por
razones de curiosidad o hasta de prestigio y luego los destine, en el mejor de
los casos, a un estante de su sala. Pero
¿y el resto? Los escritores no podemos
conformarnos con que nuestras obras
queden apenas confinadas al llamado
“mundillo intelectual”, porque, en sentido general, escribimos pensando en un
público potencialmente mucho mayor,
que casi nunca llegamos a conocer pero
que suponemos allí, siguiendo nuestras
obras como jueces invisibles.
Más allá está la cuestión universal de
la llamada “crisis del libro”. Es indudable que el progreso de la técnica ha
desarrollado una serie de incitaciones
que captan con fuerza la atención del
público y restan la posibilidad de ese
momento privilegiado de permanecer a
solas con un texto. Puedo dar fe de que
crecí en medio de una familia de lectores que me facilitaron el acceso a Julio
Verne y a Emilio Salgari y que no me
fue difícil dejarlos muy pronto atrás a
favor de Homero, Eurípides, Cervantes;
pero es cierto que en mi infancia y adolescencia el mayor peligro para la lectura era una televisión que tenía sólo dos
canales, trasmitía en blanco y negro y
donde la programación de interés para
los de mi edad no rebasaba, con mucho,
las dos horas. Estaba el cine, pero a él
se asistía una o, si acaso, dos veces a la
semana, y tener proyecciones privadas
en el hogar era cosa impensable. Hoy,
gracias a los ordenadores personales,
los lectores de discos de video y hasta
las tablets, un buen número de niños y
jóvenes se sumergen más fácilmente en
una serie audiovisual o se consagran a
los siempre renovados videojuegos, con
más facilidad de lo que pueden concentrarse en un libro.
Es cierto que ha nacido un heredero
del volumen de papel, el libro electrónico. En un sencillo dispositivo caben
miles de ejemplares, de manera que una
persona puede viajar en un ómnibus llevando consigo toda una biblioteca como
no pudieron hacer en sus viajes un Vol-
taire, un Martí o un Carpentier. ¿Pero
qué se produce hoy para rellenar esos
equipos? Por cada buena novela, ensayo o afortunado libro de poesía –clásico o contemporáneo– que accede a ese
mecanismo se multiplican los libros de
“autoayuda”, que a muy poco ayudan,
los materiales de mística ajenos a las
grandes tradiciones de la espiritualidad,
más enajenantes que vitalizadores, y la
seudoliteratura de ciertos best-sellers,
que pretende invisibilizar la escritura
auténticamente artística.
Pero no todo es oscuro en el panorama. A pesar de pronósticos pesimistas
el libro de papel no ha desaparecido al
surgir el electrónico, así como el teatro
no murió al nacer el cine, ni éste colapsó
íntegramente al aparecer el video. Ambos formatos parece que convivirán por
mucho tiempo. Si ciertos emporios editoriales entran en crisis o se dedican a la
baja industria del texto enlatado, surge
en la red de redes una multiplicidad de
pequeños proyectos editoriales que ofrecen muchísimas alternativas a los lectores pertinaces. La producción de buena
literatura fuera de los grandes circuitos
está apoyada ahora por estos proyectos
que ofrecen la descarga de libros electrónicos muy económicos y hasta la impresión de ejemplares según demanda para
los lectores tradicionales.
Aunque Cuba está lejos aún de disponer de una economía tal como para que
la mayoría de su población disponga de
un lector de libros electrónico, ya en esta
Feria podrán apreciarse los esfuerzos
de diversas instituciones: Cubaliteraria,
Citmatel, Ruth Casa Editorial y otras,
que presentarán textos en ese novedoso
formato, desde una selección de versos
de la bicentenaria poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda hasta una biografía
de la joven bailarina Viengsay Valdés.
Sin lugar a dudas la transición del papiro
al pergamino, de la vitela al volumen en
papel impreso de Gutenberg, trajo ciertos traumas, pero en todos los casos el
cambio de soporte o de procedimiento
propició una ampliación en el número
de destinatarios. Algo así debe suceder
también ahora.
Desde La Habana, Roberto Méndez Martínez
La Jiribilla
Leer - Saber - Actuar · 49
100 poemas contra el fascismo
En homenaje al pueblo hondureño
Freddy Ñáñez, Gabinete de la Cultura-Táchira
Karibay Velásquez, Consejo Editorial S.N.I El Perro y la Rana-Táchira
Dimitra Giagtzidakis, Red de Escritores de Venezuela-Táchira
L
a revolución cultural que en Venezuela comenzó con la erradicación del analfabetismo incluye esgrimir la poesía como un arma contra el
fascismo, que hoy salta como fiera cegada sobre gobierno, pueblo y fuerza
armada bolivariana.
Años atrás el ministerio del Poder
Popular para la Cultura convocó a un
premio de poesía en torno a un tema
inusual. Luego vería la luz el libro 100
poemas contra el fascismo. En un hecho hoy cargado de significación, las
jornadas llevadas a cabo entre junio
y agosto de 2009 fueron organizadas
por el Gabinete estadal de Táchira y
la Red Nacional de Escritores de Venezuela y a su término fueron seleccionados 60 autores.
El motor de aquella decisión fue un
acto solidario: “levantar la voz contra
la dictadura militar y burguesa que
se instauró en la hermana República
de Honduras el pasado 28 de junio
(de 2009)”. La convocatoria aclaraba
que “no pretendía ser un concurso de
poesía, tanto como un pretexto para
invocar la resistencia activa desde
la palabra creadora en Venezuela y
otras latitudes de América”. Los organizadores subrayaban también que
“la participación de los escritores y
escritoras era un gesto solidario ante
un pueblo hermano pero también un
llamado al espíritu de resistencia que
durante más de 500 años, abriga las
utopías del indio, el negro, el campesino, el obrero, la mujer y patriota independentista. Los pobres de la tierra
con quienes echamos nuestra suerte”.
Se anunciaba además que “gracias
a las políticas de democratización del
Libro que adelanta el Sistema Nacional de Imprentas Regionales El perro
y la Rana, 100 poemas contra el fascismo saldrá a la calle la tercera semana de septiembre de este año (2009), y
será presentado en las Plazas públicas
del país. Recitales que conforman la
caravana por una Cultura de Paz ...
‘Alzados contra la guerra y el imperialismo’”. El texto anunciador del
resultado del certamen explicaba que
“esta Antología constituye un documento contra la desmemoria y la indiferencia. 60 alzados en almas contra
La Canalla de ayer y de hoy, hacen
posible que la poesía milite en la causa justa de los pueblos”.
Festival reciente
En otro contexto, en junio del año
pasado, en referencia al décimo Festival Mundial de Poesía el poeta y
luchador revolucionario Iván Padilla
escribía un texto titulado “La poesía
es un arma contra el fascismo”.
Ese Festival mundial ocurría luego
de la embestida típicamente fascista en abril de 2013 y se realizaba en
homenaje a Hugo Chávez, fallecido el
5 de marzo. Tal encuentro, decía entonces Padilla, “determina el valor de
combate, de lucha, de ‘arma cargada
de futuro’ con la que hoy se enfrenta a los desesperos fascistas por acabar con las esperanzas de los pueblos
oprimidos del mundo y de la Revolución Bolivariana como liderazgo de
múltiples procesos nuestroamericanos
de liberación”.
Y completaba su idea el autor: “En
Venezuela, en esta Patria de Bolívar y
de Chávez, nuestros más insignes emblemas de las luchas por la libertad,
la independencia y el socialismo, celebrar la poesía no es un lujo de élites
sino una exaltación de la palabra como
proyectil certero que dispara en paz
contra las actuales pretensiones del
imperio estadounidense por dejarnos
sin aliento e imponernos regímenes
fascistas, como el que se ha dibujado
en torno al asesino Henrique Capriles
Radonski, en varias oportunidades.
Poesía para la independencia, para la
paz y para la Patria socialista”.
¿Qué país, qué democracia burguesa,
valora de tal modo la poesía y la creación literaria con participación plural
como demuestran estos hechos?
Participantes de la Antología 100 poemas contra el
fascismo. En homenaje al pueblo hondureño
Sandra Cacua; María Iza; Iraima Yánez; Ingrid
Rosales; Volney Burgos; José Carrero; Octavio
Mejía; José Delgado; Luís Álvarez; Jacinto Martínez; Aníbal Castillo; Elizabeth Valero; Elías Yánez; José Ochoa; Orlando Colmenares; Ildefonso
Finol; Rafael Guerrero; Evelia Fuentes; Gonzalo
Mario Insignares; Douglas Revilla; Mario Fernández; Hilda Rubio; José Otoniel; César Solórzano; Armando Amanaú; Samuel Escalante; Yuri
Alejandro Bermúdez; Obitual Pérez; Juan Chávez
López; Waldina Medina; Ramón E. Azócar; Orlando Rendón; Soraya Otero Silva; Jorge Amorín;
Norys Saavedra; Alonso Dávila; Ana Medina; David Guillén Escalante; David Augusto Prado; Julio
Borromé; Eduardo Viloria; Ángel Sorki; Gladys
Mendia; Gustavo Pereira; Omar Rodríguez; Antonio Vargas; Yajaira del Carmen Soler; Víctor Manuel Rodríguez; Oscar Rodríguez Pérez; Manuel
Ramírez; Aura Galindo; Ramón Medina; Carlos
Durán; Alirio Pérez; Luís Claros Posada; Aníbal
Castillo; Ana Medina; Osvaldo Barreto; Carlos
García; Víctor Machado.
50 · Nota de tapa / Análisis de la noticia
viene de pág. 9
significación, prueban la consistencia de esa iniciativa que
tiene dos objetivos de ejecución inmediata, aparte la extinción
de los focos paramilitares, en palabras de Maduro: consolidar
la victoria de la paz y concretar la revolución económica.
Teoría y práctica de la transición
No será fácil para el Presidente y la Dirección político-militar de la Revolución Bolivariana corregir las distorsiones de
la economía en transición. Lo saben partidarios y enemigos
del gobierno. Maduro ha explicado que, como continuidad
obligada de la revolución política y la posterior revolución
social desarrollada en Venezuela desde 1999, ahora se abre la
fase de la revolución económica. Ese objetivo choca con obstáculos objetivos y subjetivos. Como ha ocurrido una y otra
vez desde que en 1917 Rusia ensayó el primer salto más allá
del sistema capitalista desde una conformación socioeconómica signada por el atraso en relación con las economías más
avanzadas de su época, Venezuela afronta la combinación de
ese atraso relativo con la desmesurada riqueza petrolera y las
profundas huellas que esa rémora deja en la sociedad y en
sus expresiones políticas. Además, debe cargar con décadas
de anquilosamiento, tergiversación y degradación del pensamiento económico anticapitalista a escala mundial. No es
exagerado afirmar que, salvo alguna excepción que confirma
la regla, la teoría económica que se identifica con el marxismo está empantanada a tal punto que en lugar de iluminar,
oscurece; en lugar de orientar, extravía. Y, como se sabe, sin
teoría revolucionaria, al cabo no hay acción revolucionaria
efectiva. De modo que, a la par de verse obligada a cargar
con la desigualdad en el desarrollo del accionar anticapitalista en América Latina y en el resto del mundo, Venezuela se ve
afectada por la distancia entre el punto alcanzado en la marcha de la transformación social y la media mundial del desarrollo teórico para comprender y conducir la transición. Y eso
ocurre en el marco de una furiosa embestida imperialista.
Tras la escalada guerrerista
Ya es inocultable la falacia según la cual los centros de
la economía mundial remontaron la crisis detonada en 2008.
Está a la vista que la Unión Europea, Japón y Estados Unidos,
muy lejos de retomar la senda del crecimiento continúan en el
estancamiento o la recesión, ahora con indicios de deflación
ya señalados a tiempo por la presidente del FMI, Christine
Lagarde. Pese a ello, bajo la amenaza de un estallido financiero, la Reserva Federal cambió de rumbo y con nueva titular reduce la emisión desenfrenada (única palanca con la que
se impidió el pase de la recesión a la depresión) y comienza
a aumentar la tasa de interés, un mazazo a plazo fijo para las
economías subordinadas. China, por su parte, no regresa a
los índices que la convirtieron en el motor de la economía
mundial, mientras India, Brasil, Turquía y otros países de
rango similar acompañan la caída verificada en los centros
metropolitanos. El nuevo año se inicia con signos elocuentes: más de 3 billones (3 millones de millones) de dólares
Marzo de 2014
se evaporaron en el primer mes de 2014 al compás de una
caída del índice S&P 500 de casi el 5%, de alrededor del 14%
para el Nikkey y del 9% para Msci, que mide el nivel de los
absurdamente llamados “mercados emergentes”. Febrero no
revirtió esa dinámica. Pero esos sacudones apenas reflejan el
desacompasado ritmo de la economía mundial; tanto menos
el desbarajuste sin precedentes del sistema financiero.
Es en ese contexto que Estados Unidos despliega una contraofensiva general. Por un lado, en el terreno económico se
lanza tras un Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) con
11 países del área, mientras simultáneamente procura una Sociedad Transatlántica de Comercio e Inversión (Ttip) con la
Unión Europea. Para que este doble movimiento sea efectivo
en el propósito de frenar la caída y reubicar a Washington en
el centro del poder económico planetario, es imperativo incorporar a América Latina, lo cual implica doblegar la resistencia de dos fuerzas centrales que por razones diferentes se
interponen en ese camino: Venezuela y Brasil. Aquél, aunado
con los países del Alba; éste, como fuerza predominante en
el Mercosur.
En esta proyección estratégica estadounidense se inscriben
el golpe de Estado en Ucrania y el intento de detonar una
guerra interna en Venezuela. En Kiev la Casa Blanca pudo
considerarse vencedora. Pero al precio de incendiar un país
que tiene indestructibles lazos históricos y actuales con la Federación Rusa. En otras palabras: Estados Unidos avanza hacia la guerra en el este europeo. Y se topa allí con la conducta
prudente pero resuelta de Moscú. Mutatis mutandi, otro tanto
ocurre en Venezuela, donde el gobierno revolucionario tuvo
la templanza y la eficacia para no caer en la trampa tendida en
Táchira (y, como parodia, en el este de Caracas).
No es pensable que el imperialismo ceje en su empeño por
derrocar a Maduro, puesto que es una obligación dictada por
la crisis irreversible del sistema. Y esto tiene consecuencias
insoslayables para Venezuela, pero también para el resto de
América Latina.
La crisis que empuja a Washington produce simultáneamente la agonía de los pujos neodesarrollistas ensayados por
varios gobiernos de la región, los cuales ahora se encuentran
ante los límites implacables de un keynesianismo de utilería
(es decir, de la teoría para salvar el capitalismo en los países
centrales, aplicada con arrestos progresistas en países periféricos), a la vez que se desencadena una nueva escalada librecambista desde la Casa Blanca.
Así como al interior de Venezuela la oposición no puede
enmascarar su posición contrarrevolucionaria con un antifaz democrático, al sur del Río Bravo es imposible una política soberana disociada de una estrategia revolucionaria y
de transición anticapitalista. Las opciones son insoslayables
y perentorias.
Como en los últimos 15 años, Venezuela está cumpliendo
con su responsabilidad histórica ante el mundo. No podría imaginarse mayor homenaje a la memoria del comandante caído
en combate. Resta saber cómo actuarán no ya los gobiernos,
sino los pueblos y sus vanguardias en América Latina.