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Debate sobre pobreza infantil
organizado por Funcas con motivo
de la publicación del número 20
de Panorama Social
Resumen
Elaborado por la Dirección de Estudios Sociales de Funcas
Madrid, 12 de marzo de 2015
A propósito de la publicación del número 20 de la revista Panorama Social,
dedicado a la pobreza infantil, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas)
celebró el 12 de marzo de 2015 una reunión en la que participaron
investigadores universitarios, representantes de organizaciones no
gubernamentales y otros expertos en temas de infancia. 1 El objetivo de esta
reunión consistía en dar a conocer el contenido de este número de la revista y
debatir sobre el problema de la pobreza infantil, con especial atención a la
cuestión de cómo plantearlo en el espacio público para que sea entendido y
tratado, política y socialmente, de la manera más solvente y efectiva posible.
El debate que durante dos horas se entabló entre los participantes fue tan
intenso y variado que no se deja resumir fácil ni brevemente. Se introdujeron en
él cuestiones relacionadas con la vida de las familias, la evolución demográfica,
el mercado de trabajo, la fiscalidad y las políticas sociales. Por encima de
cualquier otro argumento quedaron claras la variedad y la compleja interacción
de las dimensiones que afectan a la pobreza infantil, así como también la
necesidad de adoptar medidas que reduzcan significativamente el alcance del
problema y alivien la situación que padecen los afectados.
Los párrafos que siguen pretenden recoger de una manera ordenada y puntual
las principales cuestiones planteadas y los diferentes puntos de vista
expuestos.
Antes de entrar en la exposición de los argumentos que suscitaron más
controversia, es conveniente resaltar algunos consensos respecto a los datos
estadísticos habitualmente utilizados para conocer los perfiles de la pobreza
infantil. En primer lugar, dada la variedad de indicadores disponibles, en la
reunión se subrayó la necesidad de utilizarlos con clara conciencia de su
significado específico, evitando confundir pobreza relativa, pobreza absoluta y
desigualdad. Asimismo, con el fin de hacer afirmaciones ajustadas sobre la
evolución a medio y largo plazo de la pobreza infantil, se defendió el “anclaje”
de las estadísticas anuales a referencias temporales. En segundo lugar, se
llamó la atención sobre la insuficiencia de datos estadísticos para estudiar
apropiadamente el problema de la pobreza infantil en el nivel autonómico (la
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Asistieron a esta reunión, por orden alfabético, Olga Cantó (UAH), Julio Carabaña (UCM),
Elisa Chuliá (UNED y Funcas), Emma Cerviño (CES), Lluís Flaquer (UAB), Beatriz Garde
(Oxfam Intermon), María García García (UNED), Luis Garrido (UNED), Gabriel GonzálezBueno (UNICEF), Marta Martínez Muñoz (Enclave), Juan Ignacio Martínez Pastor (UNED),
María Miyar (UNED y Funcas), Carlos Ocaña (Funcas), Juan Carlos Rodríguez (UCM y ASP),
Leire Salazar (UNED), Olga Salido (UCM), Ana Sastre (Save the Children) y Ramiro Viñuales
(CIECODE).
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muestra de la ECV del INE resulta demasiado pequeña para este fin), lo cual
representa un inconveniente importante, toda vez que sobre los gobiernos
autonómicos recae la principal responsabilidad de la aplicación de las políticas
sociales, en general, y de las específicamente diseñadas contra la pobreza
infantil, en particular. En tercer lugar, se puso de manifiesto que,
independientemente del indicador que se utilice, los datos estadísticos
muestran que, si bien la pobreza infantil ha disminuido considerablemente en
España durante los últimos cuarenta años, a principios del siglo XXI todavía
constituía un problema de considerable entidad en términos comparados, que,
además, se ha agravado con la crisis.
Entrando en las cuestiones que suscitaron más controversia, la primera se
refiere a lo que cabría denominar el “enfoque general” de la pobreza infantil,
porque afecta a cómo se entiende y analiza este problema social, y a cómo
debería abordarse políticamente. Así, los participantes más próximos a las
organizaciones no gubernamentales para la infancia destacaron la importancia
de dirigir la atención a los niños y niñas, en tanto titulares de derechos
subjetivos que el Estado está obligado a satisfacer. Coincidieron, asimismo, en
resaltar que a los menores de edad se les ha privado tradicionalmente de voz
pública para expresar sus preferencias e intereses y, desde esta perspectiva,
reivindicaron el derecho a voto para ellos (sin entrar a argumentar en detalle a
partir de qué años podría ejercerse). En cambio, buena parte de los
participantes provenientes del ámbito de la investigación académica
sostuvieron que el foco del problema de la pobreza infantil reside
fundamentalmente en las familias, de modo que los niños son pobres en la
medida en que sus familias lo son. Por tanto, la principal unidad de análisis en
las investigaciones sobre pobreza infantil debería ser el hogar, y la principal
unidad de intervención social, la familia. Desde esta posición, y aunque hoy día
resulte difícilmente imaginable, un participante planteó la posibilidad de dotar a
las familias con hijos e hijas menores de mayor peso electoral para defender
políticamente mejor sus intereses.
Las discrepancias de parecer se manifestaron asimismo al discutir sobre las
políticas que podrían resultar más eficaces contra la pobreza infantil. Aquí, las
posiciones oscilaron entre quienes mantuvieron que las medidas para combatir
la pobreza infantil deberían aplicarse a los niños y niñas (por ejemplo, a través
de prestaciones directas), y quienes defendieron que estas políticas deberían
tener como objetivo la mejor inserción en el mercado de trabajo de los adultos
de quienes dependen los menores afectados por la pobreza. El primer tipo de
políticas plantea los problemas de la selección de los beneficiarios (salvo que el
alcance de la cobertura sea universal, y aun así, habría que delimitar el ámbito
del universo) y del riesgo moral (posibles incentivos a la creación o al
mantenimiento de situaciones que justifican la percepción de prestaciones). El
segundo tipo de políticas requeriría la adopción de ayudas públicas a la
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contratación de trabajadores (especialmente de los no cualificados, que
constituyen el colectivo con más dificultades de empleo) y la rebaja de la
presión fiscal a las familias con ingresos más bajos. Cuánto costarían
aproximadamente unas y otras políticas, y si serían gastos financieramente
asumibles o no en un contexto de consolidación fiscal, son cuestiones que
quedaron abiertas en el debate, aunque, en general, prevaleció la impresión de
que el problema de la pobreza infantil no estriba tanto en la obtención de
recursos económicos para sufragar las medidas, cuanto en su justificación ante
los ciudadanos y en la formación de alianzas sociales y políticas para sacarlas
adelante.
La necesidad de explicar y justificar la dedicación de una cantidad importante
de recursos al problema de la pobreza infantil remite a la pregunta con la que
se inició el debate: ¿está bien enfocado este problema en el espacio público?
También respecto a esta cuestión se pudo apreciar en el debate cierta
disparidad de criterios. Los representantes de las organizaciones no
gubernamentales y algunos expertos opinaron que los medios no se hacen
suficiente eco del problema de la pobreza infantil, y solo recientemente han
percibido algunos avances a este respecto. Tendieron, por tanto, a destacar la
importancia de visibilizar mediáticamente el problema para sensibilizar a la
opinión pública. En cambio, otros expertos manifestaron mayor preocupación
por que el problema de la pobreza infantil se presentara en los medios
imprecisa y confusamente, desligado de la pobreza de las familias y de otras
dimensiones relevantes (como las ineficiencias del mercado de trabajo o la
evolución de la fecundidad), y buscando a menudo más el efectismo que el
rigor de la información. Frente al objetivo normativo de alertar a la opinión
pública ante la creciente pobreza infantil, se mostraron más favorables a un
mensaje general contra la pobreza (“todos los pobres tienen el mismo derecho
a dejar de serlo”).
En definitiva, el debate permitió conocer la existencia de planteamientos y
argumentos muy diversos sobre la pobreza infantil, algunos más difíciles de
conciliar que otros. La probabilidad de que ese mejor conocimiento mutuo de
favorezca aproximaciones mejor razonadas y más ecuánimes a problemas
sociales tan importantes como el que fue objeto de esta reunión constituye para
FUNCAS un estímulo a la organización de más debates en el futuro. Los
organizadores de este encuentro agradecen especialmente a todos los
asistentes su interés, su tiempo y su activa participación.
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