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UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA
Jr. Gálvez N° 557, 4to Piso - Barranca - Lima - Telefax: 235-5815
COMUNICADO
A las autoridades, comunidad universitaria y ciudadanía en general:
La Presidencia de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca – UNAB, comunica
que personas inescrupulosas utilizando testaferros como supuestos firmantes, vienen circulando a modo de
panfleto, una mal llamada “Carta Abierta”, irresponsablemente dirigida a las autoridades de gobierno, bajo el
epíteto de que “la UNAB está siendo gobernada en forma ilegal”, atenido a una situación coyuntural de no
estar funcionando con una Comisión Organizadora con los tres miembros que esta debe contar ; siendo ello
un hecho involuntario por el que la Alta Dirección del Ministerio de Educación – MINEDU , viene demorando la
designación de una Comisión completa, ante la renuncia y abandono de dos de sus miembros, no obstante
las reiteradas peticiones hechas por el único miembro en ejercicio, mediante sendos documentos cursados al
Sr. Ministro de Educación , con conocimiento de la Presidencia de la Comisión de Educación del Congreso de
la República y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. Sin embargo,
ello no ha sido impedimento para que la Presidencia de la Comisión Organizadora UNAB, asuma las
funciones concentradas del órgano de gobierno, a fin de no perjudicar el normal desarrollo de las actividades
académicas como lo venimos cumpliendo, siendo nuestros estudiantes quienes pueden dar fe de la evidencia
de este hecho.
Frente al contenido de la susodicha “Carta Abierta”, reconocemos hidalgamente cierta ineficiencia del gasto
en cuanto al rubro de inversiones, originada por una mala política administrativa de las anteriores gestiones y
que ahora se está tratando de revertir ; pero lo que sí rechazamos de plano son algunos infundios sobre
presuntos indicios de corrupción y tráfico de influencias que se atribuyen a la Asesora Mag. Lucía Buleje
Ayala, por un caso fortuito de coincidencia de su segundo apellido (Ayala) con el apellido de Sebastián
Rolando Ayala Beas, integrante del equipo de consultores de una empresa ganadora para elaborar un estudio
de pre-inversión, licitada siguiendo las normas del OSCE, sin que se demuestre con pruebas la supuesta
familiaridad, quedando solamente en el ámbito de la conjetura o sospecha. Cosa similar se dice respecto a un
supuesto caso de nepotismo por la contratación de una servidora, a la que se atribuye tener vínculo familiar
con la indicada asesora presidencial, también sin aludir prueba fehaciente ninguna. Son todos estos hechos
tendientes a desprestigiar maliciosamente la gestión, con argumentos falsos y escondiéndose en el
anonimato utilizando personas ajenas que no representan a nadie. Similar ataque se hace contra el Abog.
Dennis Euler Rivera de la Cruz, quien ejerce el cargo de confianza de Asesor Legal de la UNAB, sin respetar
el principio de presunción de inocencia, por más que haya sido suspendido como juez; al respecto se ha
establecido que no existe el ánimo de sobre proteger a nadie, menos a cambio de algo ilegal, y que cualquier
inconducta debidamente probada da lugar al cese inmediato del funcionario (a).
Finalmente, en cuanto a la validez del Concurso CAS recientemente llevado a cabo, siguiendo de modo
transparente el procedimiento establecido por el Decreto Legislativo N° 1057 y normas complementarias; este
proceso se ha llevado con toda normalidad y neutralidad, para cuyo efecto se contrató un jurado externo e
imparcial, habiendo tenido la primera opción los servidores que ya venían laborando sin previo concurso hasta
el día 28 de febrero de 2015, según contratos suscritos por ambas partes. Atribuir que ha sido un concurso
“ilegal y direccionado” es tener supina ignorancia de cómo se llevan estos procesos en todas las
dependencias del Estado. ¿No serán quienes se auto marginaron de participar en este concurso los que
están detrás de esta disfrazada “carta abierta”, para justificar su ineptitud de no poder demostrar sus
capacidades ante un jurado evaluador? ¿Cómo es que la mayoría del resto del personal de planta sí se
presentó habiendo validado su condición de trabajadores bajo el régimen CAS?
Invocamos a nuestros alumnos, padres de familia y comunidad en general a repudiar este tipo de
acusaciones irresponsables que mellan el prestigio que viene adquiriendo la UNAB en el consenso local y
regional, tratando de sorprender a las autoridades de gobierno, así como dañar el buen nombre y honor de las
personas, que de continuar serán denunciados judicialmente conforme la ley franquea como derecho
fundamental.
Oficina de Imagen Institucional