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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Cuarta Época
No.9
diálogo
Guatemala, 29 de mayo de 2015
¿Qué hacer ante
la crisis?
análisis y propuestas
Foto: Luis Alejandro de León Soto
2 La crisis política
y los desafíos del
país
©Flacso - Guatemala mayo 2015
L
a crisis política por la cual a traviesa el país, derivada de la denuncia pública de los casos de La
Línea y del IGSS-PISA por parte
de la CICIG, no solo puso al descubierto la
forma de operar de las redes de corrupción
que giran en torno a los negocios públicos,
sino también colocó de nuevo en discusión
las grandes falencias de nuestro sistema político que, lejos de representar positivamente la imagen de unidad nacional a través del
funcionamiento de las instituciones públicas,
evidenció la manifestación de intereses privados sobre los públicos.
Las salidas no son nuevas, desde los Acuerdos de Paz, vienen proponiéndose iniciativas
para fortalecer el Estado y el sistema democrático. Una de estas iniciativas es la reforma
a Ley Electoral y de Partidos Políticos que
tratan de corregir, entre otras cosas, que las
agrupaciones políticas en lugar de constituirse como vehículos de intereses sectoriales,
se constituyan como espacios de representación ciudadana. Así también, se han propuesto cambios para ser aplicados al marco legar
que rige el servicio civil, los mecanismos de
transparencia, etcétera.
Sobre estos temas, el diálogo que ahora
presentamos plantea tres posiciones/posturas individuales, que forman parte de una
discusión interna de FLACSO-Guatemala.
La primera de Luis Mack, quien hace el
recorrido de las propuestas de reforma política y la importancia de redefinir qué son
los partidos políticos en Guatemala. Luego,
Ricardo Sáenz de Tejada expone una estructura de cómo las movilizaciones sociales que
vienen presentándose tienen, cada una, con-
notaciones específicas sobre la base de cómo
aparecen en la coyuntura. Más allá de los
casos hoy expuestos por la CICIG, que provocaron el repudio de las clases medias, ya
venían dándose expresiones de inconformidad social, principalmente en el interior de
la república, por la instalación de empresas
extractivas, entre otras.
Por último, Edgar Balsells hace un análisis
de la coyuntura actual, la cual, asegura, no
debe invisibilizar el hecho de que hay una
urgente necesidad de reformar la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
sobre todo, profundizar en el tema aduanero. De igual forma y dada la importancia del
tema tributario, propone la creación de un
Observatorio de la Política Fiscal, que pueda
ser integrado de forma amplia como parte de
una estrategia de fortalecimiento del Estado
y para el cumplimiento de sus funciones definidas en la Constitución Política de la República.
Dr. Virgilio Reyes
Director
La discusión
sobre la reforma
electoral y de
partidos políticos
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as movilizaciones y protestas ocurrieron como un rayo de luz en plena oscuridad, en un país en donde,
como dicen los escépticos, “no
pasa nada”: la sociedad se acostumbra, las
fuerzas y actores políticos se acomodan, y la
sociedad olvida en medio de una avalancha
de malas noticias.
Aunque hay una leve posibilidad de que
los escépticos tengan razón, prefiero pensar
que aun de manera incipiente y caótica, esta
protesta es el inicio de algo más; el comienzo de un movimiento social que llevaría en
un tiempo determinado a una situación cualitativamente diferente a la que actualmente
vivimos, marcando dramáticamente un antes
y un después, nuestra propia primavera democrática materializada en un movimiento
similar al que ocurre en muchas partes del
mundo: los indignados de Guatemala.
Un punto a favor de este optimismo es que,
a pesar de que la conciencia ciudadana sobre
la crisis es variada y muy dispersa, hay una
demanda central en la que muchos coinciden: la exigencia de nuevas reglas electorales
que favorezcan la democratización de uno de
los actores que se ha identificado como parte
integral de la problemática y la decadencia
institucional: los partidos políticos. La cercanía con el proceso electoral y la amenaza de
que alguno de los partidos altamente cuestionados, que puntean en las encuestas, sea
el ganador, impulsan a muchos ciudadanos a
Foto: Luis Alejandro de León Soto
las calles, pues se percibe que de continuar el
cronograma electoral vigente, los próximos
cuatro años serán un poco más de lo mismo.
Sin embargo, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos tienen una larga historia, que comienza desde la firma de
los acuerdos de paz, por lo que a la fecha,
tenemos casi dos décadas de discusiones y
propuestas sobre los aspectos medulares que
debe contener dicha reforma electoral.
A continuación, un breve resumen del largo recorrido que nos ha llevado a la actual
propuesta de reforma electoral que se encuentra en el Congreso de la República y que
está a un paso de ser aprobado, ello nos servirá para valorar los avances, estancamientos
y desafíos que nos quedan pendientes para
alcanzar mejores reglas electorales y de partidos políticos.
Democratizando la
democracia
La historia de los más de veinte años de
discusión sobre la reforma electoral se puede sintetizar en la ausencia de un claro planteamiento en torno a qué resultados sociales
pretenden impulsar en su conjunto, ya que la
mayoría de las propuestas carecen de una visión integral, más bien tienen como objetivo
resolver problemas puntuales que afectan a
determinado grupo o sector, lo que frecuentemente produce planteamientos contradictorios, limitados o superficiales, tal como lo
demuestra la historia de las reformas electorales aprobadas desde el 2004.
Por tanto, el gran vicio de las reformas
electorales es que han puesto a competir a los
1 Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y
Régimen Electoral, 1996, Sección III, Arts. 1 al
21.
en la iniciativa 4783. A continuación, un breve resumen de
sus novedades:
Se incluye un tema postergado en todos los procesos de
reforma como es el voto en el
extranjero, aunque tal inclusión obligará a realizar cambios importantes a posteriori
para viabilizar su puesta en
marcha.
Se regula el cambio de residencia para evitar la posibilidad de una variedad de lo que
la literatura llama “Gerrymanderismo”, o la manipulación
deliberada de las condiciones
y los distritos electorales para
favorecer el triunfo artificial
de un candidato político determinado.
Se fortalecen las medidas
disciplinarias con las que
cuenta el TSE para controlar a
los partidos políticos, aunque
dichas medidas siempre serán
objeto de negociación política.
Se regula de mejor manera la propaganda electoral y
el control al Financiamiento
Partidario, de manera que
haya equidad política en el
proceso electoral. Un aspecto
clave de esta reforma es la forma operativa en que se implementará, ya que la experiencia
internacional demuestra que estos son aspectos clave muy difíciles de controlar.
Se avanza en fortalecer la institucionalidad partidaria, aunque la propuesta de
reforma dejó fuera elementos clave como
la prohibición de postular candidatos en lugares donde el partido no tiene organización
partidaria, la posibilidad de crear partidos
distritales y la creación de un financiamiento
preelectoral para la formación y el incentivo
de la vida partidaria.
Se avanza en el tema de inclusión de las
mujeres y los pueblos indígenas en la conformación de listados, al aprobarse el tema de
cuotas obligatorias (30-70). Esta medida, sin
embargo, es adversada por las organizaciones de mujeres, que luchaban por la paridad
(50-50).
Otros cambios incluidos, como la regulación del número de diputados, la modificación de las condiciones que favorezca la
inscripción de comités cívicos y los cambios
a la forma en que se asigna la presidencia del
Tribunal Supremo Electoral (TSE), se pueden considerar como “menores” en el afán
de lograr la democratización del sistema.
En general, buena parte de las medidas y
reformas propuestas avanzan muy poco en el
empoderamiento ciudadano, la capacitación
cívica y la posibilidad de promover medidas
reales de auditoria social que favorezcan la
rendición de cuentas electoral; es decir, el
ejercicio del sufragio como castigo a los malos candidatos y formulas políticas. Para ello
es indispensable combatir el vicio más gran-
3
©Flacso - Guatemala mayo 2015
actores de la sociedad civil en una frenética
carrera por alcanzar el favor de los diputados
y partidos con representación parlamentaria,
de manera que algunas propuestas avanzan,
mientras que otras son automáticamente vetadas por los operadores políticos.
Esto fue muy evidente en lo que entonces
se llamó las reformas de Primera y Segunda
Generación (el decreto 10-2004 y el decreto
35-2006), las cuales respondían al proceso
impulsado por el Acuerdo sobre Reformas
Constitucionales y Régimen Electoral, firmado en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de 1996, el cual establecía la ruta inicial
de las reformas al sistema electoral.1
Para el efecto, se formó en 1997 la Comisión de Reforma Electoral, integrada por
los partidos políticos representados en el
Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral, que la presidía. Dicha Comisión elaboró el informe titulado: Guatemala, Paz y Democracia, que culminó con
una iniciativa de ley que contemplaba las reformas consensuadas a la Ley Electoral y de
Partidos Políticos en 1998.
Entre los temas consensuados estaban algunos que se siguen discutiendo en la actualidad, tales como:
El fortalecimiento institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Registro de Ciudadanos. Que ahora se agregaría
a la necesidad de la coordinación interinstitucional con el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
Mejoras sustantivas del Proceso Electoral; tales como el perfeccionamiento de
los procesos de empadronamiento, la desconcentración de las mesas de votación, el
establecimiento de normas de transparencia
y publicidad de los procesos de elección de
candidatos y del financiamiento partidario,
así como la promoción de campañas de divulgación para la construcción de ciudadanía;
Uno de los grandes vacíos fue el tema del
fortalecimiento de los partidos políticos y
el incentivo para promover la vida partidaria,
como una forma de democratizar los procesos de designación de candidatos.
Conceptualmente, se excluyeron aspectos
medulares como la necesidad de repensar el
funcionamiento del Sistema Político en su
conjunto, a manera de introducir temas no
considerados por la Ley Electoral, como la
regulación de la reelección de diputados y
alcaldes, el rediseño de las circunscripciones electorales y la posibilidad de introducir circuitos uninominales, las elecciones no
concurrentes para favorecer gobiernos divididos, así como el tratamiento del voto nulo
deliberado como un tipo de voto válido para
obligar a repetir procesos electorales, entre
otros temas clave.
En general, buena parte de las reformas
se han centrado en modificar las reglas específicas del proceso electoral, tal como lo
demuestran las últimas reformas contenidas
Foto: Luis Alejandro de León Soto
de de los procesos electorales desde 1985 a
la fecha: que la iniciativa 4783 apenas contempla la inexistencia de partidos políticos
reales.
¿Qué consecuencia tiene la inexistencia
de los partidos políticos? Para principiar,
la imposibilidad de la rendición de cuentas
ciudadana, ya que los partidos en la práctica se comportan como redes clientelares, de
interés y compadrazgo, que muy fácilmente
se recomponen a través del transfuguismo,
haciendo que el ciudadano se vea frustrado
ante la imposibilidad de ejercer el voto como
mecanismo de castigo a los malos comportamientos.
El ejemplo más reciente al respecto es la
debacle del Partido Patriota y el éxodo de
algunas de sus figuras más conocidas, como
el candidato oficialista Alejandro Sinibaldi:
la inmoralidad del candidato es que hizo
campaña anticipada aprovechando su puesto
en el Gobierno y sus cuantiosos recursos a
su alcance, pero en el momento en el que le
convino, abandonó las filas del partido, dejando a la organización partidaria el pago del
costo de su ambición. Luego de su renuncia,
el Partido Oficial pagó una millonaria multa
por campaña anticipada.
Por otra parte, el gran defecto de todas las
reformas es que no promueven ni favorecen
el control ciudadano al político, con nombre
y apellido, que obligue a cada representante
en el Congreso o funcionario Público a comprobar su trayectoria, sus logros y al cumplimiento de sus promesas electorales como un
requisito indispensable para su reelección.
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¿Qué rendición de cuentas efectiva existe
si las sanciones se dirigen a la organización
partidaria y no al candidato?
Aunque este aspecto es clave, porque la
propuesta de regulación al financiamiento
electoral propone prohibir el financiamiento
que se recibiría por la vía la estructura partidaria, ¿cómo se controlarían los financiamientos directos al candidato y las campañas anticipadas encubiertas, disfrazadas de
fundaciones ciudadanas o campañas cívicoelectorales?, ¿cómo se castigaría efectivamente el transfuguismo?
La inexistencia de partidos también afecta
la vida partidaria, ya que las reglas vigentes favorecen el dominio por parte de redes
familiares y de amigos, comandados por el
gran caudillo o dueño del partido, haciendo
prácticamente imposible el control ciudadano
La hora de la
propuesta
R
S
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icardo
áenz de
de los procesos de elección interna. En ese
contexto, promover medidas de inclusión
como las cuotas o la paridad sería insuficiente, porque tal proceso seguirá siendo designado por la cúpula partidaria, sin posibilidad
real de alterar las prácticas viciadas y corruptas que prevalecen en la vida partidaria.
En síntesis, la reforma a la Ley Electoral
y de Partidos Políticos (que está lista para
aprobarse en el Congreso de la República
y que contiene algunos avances y virtudes),
sigue siendo un paliativo para un modelo
que ya demostró ser caduco. En las actuales
circunstancias, sin embargo, el pragmatismo
político debería prevalecer, ya que como han
dicho diversas voces autorizadas: “lo peor
que podría pasar en estos momentos es que
no pase nada”. Aprovechar la coyuntura para
avanzar en la democratización de la democracia es una medida sana, pero con la condición de que se sepa que éste es apenas un
primer paso de una larga lista de temas pendientes a discutir; incluso, que tal discusión
pasa por otros problemas que no se resuelven
solo con una reforma electoral.
Generar la conciencia ciudadana de que
debemos impulsar un proceso permanente de
diálogo y de cambios graduales que favorezcan abordar la complejidad de los problemas
que nos aquejan es, por tanto, un requisito
indispensable para orientar las movilizaciones de la protesta #RenunciaYa hacia un
movimiento que transforme efectivamente
el sistema político guatemalteco: ¡El futuro
está en nuestras manos!
Tejada1
a denuncia pública y la persecución
penal de una estructura criminal
que tomó control de las aduanas,
desencadenó un ciclo de protesta
inédito en la historia reciente del país. Hasta
antes de abril y mayo de 2015, la protesta
social estuvo protagonizada principalmente
por tres sujetos sociales: a) El movimiento
campesino formado por organizaciones y
grupos que desde distintas partes del país
han demandado la solución a la problemática agraria; b) un heterogéneo movimiento
comunitario que, en diversas localidades, se
ha opuesto a los proyectos neoextractivistas
y megaproyectos, y c) un movimiento sindical, principalmente de trabajadores públicos
–salubristas y maestros– que han centrado
sus demandas en mejorar las condiciones laborales de sus agremiados.
Estos tres sujetos sociales se han enfrentado al Estado en la última década con estrategias y resultados distintos. Así, aunque
el movimiento campesino no ha logrado la
aprobación de la ley de desarrollo rural integral, sí pudo, en tiempos recientes, obligar al
Congreso de la República a derogar la llamada “ley Monsanto” y al ejecutivo a abrir decenas de mesas de diálogo y a implementar
políticas de contención y solución parcial de
las demandas de la población rural. En cuanto al movimiento comunitario de defensa del
territorio –aunque cuenta con poca articulación nacional– en las localidades en conflicto
ha obligado a posponer y en algunas casos
detener este tipo de inversiones. La respuesta
estatal en el caso de la protesta comunitaria
ha estado condicionada por la presión que
los grupos empresariales globalizados nacionales y las empresas transnacionales hacen
1 Antropólogo y politólogo. Profesor e investigador titular de la Escuela de Historia, USAC.
Foto: Luis Alejandro de León Soto
sobre el Gobierno y se ha caracterizado por
la represión, la criminalización y el procesamiento penal contra sus líderes. Sin embargo, en muchas localidades se han fortalecido
movimientos emancipadores y, en ciertas
regiones como el norte de Huehuetenango,
se han generado formas de autogobierno (por
ejemplo el gobierno plurinacional) que, articulando estructuras tradicionales e incluso
estatales, interpelan la manera en que se ha
organizado el poder.
Finalmente, los sindicatos públicos, particularmente los más grandes, salubristas y
maestros, han tendido a orientar sus esfuerzos a pactos colectivos favorables a sus agremiados y, a cambio de esto, han aceptado
convertirse en una suerte de base social de
los gobiernos de turno.
A diferencia de los movimientos antes señalados, las protestas de abril y mayo han estado integradas principalmente por personas
provenientes de las capas medias urbanas. Al
igual que otras movilizaciones del siglo XXI
en otras partes del mundo, estas movilizaciones se han caracterizado por la ausencia de
un liderazgo centralizado, la autoconvocatoria, el uso de medios pacíficos, la utiliza-
ción de las redes sociales y el surgimiento
de diversas consignas que abarcan desde la
lucha genérica contra la corrupción, hasta la
exigencia de la renuncia de los gobernantes,
pasando por una crítica radical a la forma tradicional de hacer política.
A diferencia de los movimientos descritos
al principio, que responden en el caso campesino y comunitario a agravios y demandas
concretas, las protestas de las clases medias
se expresan en un sentido de indignación y
hartazgo frente a la corrupción de las elites
políticas, y el malestar con la forma en que
se ejerce el poder. Respecto de la corrupción,
debe considerarse que son justamente las
clases medias que protestan las que constituyen la principal base tributaria. De hecho, la
reforma del Impuesto Sobre la Renta (ISR),
aprobada al inicio del gobierno de Pérez Molina se focalizó en estos contribuyentes, que
pagan comparativamente más y son menos
beneficiados por los servicios públicos: sus
hijos generalmente reciben educación privada; rara vez recurren a los servicios de salud
pública; y, el fracaso de las políticas de seguridad han conducido a la segregación territorial y a la proliferación de zonas cerradas con
2 Estas sospechas se confirmaron en las semanas siguientes al “escándalo de la línea”, con el
caso de corrupción que involucra a las más altas
autoridades del IGSS.
Otra ruta de acción sería mantener e intensificar la protesta para lograr la renuncia
del Presidente y forzar un gobierno de transición que, eventualmente incluso, posponga
las elecciones. Este escenario es improbable
en las condiciones actuales, ya que significaría el rompimiento del orden constitucional,
y los diputados al Congreso, las cortes y la
mayoría de los partidos, difícilmente aceptaría esta solución, que se definiría por la
fuerza de la calle, con un movimiento dividido, pues no todos los que se han movilizado
aceptarían esta vía.
La tercer ruta de acción que se vislumbra,
y que no contradice necesariamente las mencionadas antes, es la de mantener la protesta
con una propuesta concreta. Y esta puede ser,
la reforma a la Ley Electoral y de Partidos
Políticos y la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) para 2016.
Desde antes del inicio de la crisis, varios
líderes políticos han planteado la necesidad
de una ANC. Alfonso Portillo, Sandra Torres, Alejandro Sinibaldi y recientemente
Manuel Baldizón manifestaron su interés
por impulsar estas iniciativas. Cada uno con
una agenda distinta que no necesariamente
responde a los intereses de la mayoría de la
población.
La necesidad de una reforma profunda
de la Constitución es un tema ampliamente
compartido, sin embargo, el contenido de
esta eventual reforma es distinta. En cualquier caso, una ANC conducida por las elites
políticas actuales, no sólo no solucionará los
problemas del país, sino los agravaría, por lo
¿Qué Hacer?:
primero, las
grandes
orientaciones de
las nuevas
reformas
A
bogamos primeramente por una
visión incluyente de las reformas.
Y es que debemos admitir que el
proceso de construcción de ciudadanía es aún deficiente cuando se hace un
recorrido por los territorios y el ámbito local, y este fenómeno se refiere precisamente
a la escasa voz que tienen múltiples sectores
de la sociedad, lo que no permite la diseminación de criterios más universalizados de
democracia y transparencia, y que, ante tal
fragilidad, promueve el aprovechamiento
oportunista de la clase política.
Dicha clase política se caracteriza en el
momento actual por su alto grado de conser-
vadurismo, su mediocridad y el oportunismo
en su accionar, sacrificando los intereses generales por sus intereses de grupo, y hasta
como gremio. Ello se comprueba en el momento actual cuando el Congreso ha dejado
de ser la caja de resonancia de los clamores
de la sociedad civil. La solución a esta falencia es la de anteponer contrapesos de poder y
de control, incluyendo el tema de las sanciones pecuniarias y legales.
FLACSO-Guatemala hace un llamado de
unidad dentro de la sociedad civil y al fortalecimiento de diversas instancias que, sin
protagonismo y con preocupación por los
que el problema radica en la legislación electoral. El problema así, se plantea en términos
de: ¿Con qué reglas cambiamos las reglas?
Y, en este escenario, las protestas pueden,
articulando a los distintos actores, además
de mantener la exigencia de la renuncia del
presidente,3 promover una reforma a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos que, como
mínimo incluya: a) la prohibición del financiamiento privado de los partidos políticos y
las campañas electorales; b) el acceso igualitario de los partidos políticos a los medios
de comunicación mediante espacios contratados exclusivamente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE); c) la prohibición de la
reelección inmediata de diputados y alcaldes
y, d) el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria del TSE.
Con estos y otros cambios es posible que la
actual legislatura pueda establecer la convocatoria a una ANC en 2016 en la que se exprese una nueva mayoría política integrada
por las clases medias indignadas, la población rural excluida y los pueblos indígenas
que, a través del ejercicio de la deliberación
democrática y pública, construyan un nuevo
pacto social por la Guatemala del siglo XXI.
3 Al momento de cerrar este diálogo, y a raíz
del caso IGSS, la figura presidencial se muestra
debilitada, desprestigiada y aislada, por lo que
se considera que, si no renuncia en las próximas
semanas, concluirá su mandato ejerciendo el gobierno de manera formal, y su dirección real estará en manos del vicepresidente o de otros actores.
asuntos del interés colectivo, puedan aglutinar y afrontar con legitimidad y responsabilidad los desafíos de la coyuntura política
en sus respectivos horizontes de tiempo, a
corto, mediano y largo plazo.
La cruzada anticorrupción debe ser el eje
fundamental de la agenda de trabajo. Y la
misma se refiere a hacer efectivos los controles y los procesos de evaluación de los funcionarios públicos y delimitar claramente las
fronteras entre los asuntos del interés público
y del privado.
Estamos claros que el problema central del
país no es sólo de normas sino de la abogacía
por la implementación de criterios éticos y
morales que se asienten en las organizaciones públicas y en el seno de las corporaciones privadas que ofrecen bienes y servicios
al Estado. Ello tiene que ver, por supuesto,
con la elevación de la moral del contribuyente y la persecución del delito de corrupción
en todas sus manifestaciones.
Dicha cruzada anticorrupción debe empezar por ponernos de acuerdo en el tema de
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con especial referencia a la
refundación de la administración aduanera,
acorde con el espíritu de la integración centroamericana, que es respetuosa de la soberanía en la aplicación de la ley, y especialmente en materia de los delitos aduaneros. En tal
sentido, forzoso es, a este respecto, contar
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seguridad privada. En cuanto a la red vial,
basta con intentar viajar de la ciudad capital
a cualquier cabecera departamental, no digamos a la mayoría de municipios del país
para constatar el colapso de la red carretera, pese a los miles de millones de quetzales
que recibe el ministerio de comunicaciones.
A esto se suman las imágenes del desabasto
de los hospitales públicos y el colapso
del IGSS, el fracaso en la reducción de la
desnutrición, y, en general, el fracaso de lo
público.
Desde esta perspectiva, el agravio que hizo
que se superara el umbral de tolerancia fue
confirmar que desde la cúpula de gobierno
se dirigía una red que saqueaba fondos públicos, la certeza de que este caso es la punta
del iceberg y que en la mayoría de entidades
públicas operan estructuras similares.2
La demanda de la renuncia de la Vicepresidenta, en una primera etapa, canalizó
este malestar. Con la materialización de esta
renuncia, y la microcrisis que se desató por
la sucesión vicepresidencial, el movimiento
tiene ante sí varias rutas posibles. Una, es
disolverse en una serie de espacios técnico políticos que ya están en marcha y que
han definido una agenda de acciones contra
la corrupción y de reforma del Estado. Con
el proceso electoral, sin presión ciudadana,
estos cambios difícilmente se alcanzarían
y tendrían que ser resueltos por el próximo
gobierno.
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con una legislación aduanera, uniforme con
las legislaciones más avanzadas de la región.
Varias propuestas han venido efectuándose en materia de la administración tributaria,
por ello se hace un llamado a los principales centros de pensamiento, al Ministerio de
Finanzas Públicas y a los entes más representativos de la sociedad, para la celebración
de una mesa de discusión técnica, en la que
se discuta todos los pormenores de la política fiscal guatemalteca. Incluso la Universidad Rafael Landívar menciona en reciente
comunicado la necesidad de una renovada
propuesta de reforma tributaria.
En la problemática de la reforma
del Estado y en las propias manifestaciones de la sociedad civil
se habla, a menudo, del concurso
diferenciado y las respuestas de
contingentes humanos de las áreas
urbanas más desarrolladas y de los
movimientos sociales del campo.
Ello ha permitido que desde el ámbito distrital, principalmente en el
seno del Congreso de la República, se configure todo un sistema de
toma de decisiones que causa severos desórdenes y alta corrupción
en los procesos básicos de la acción estatal, entendida ésta como
un proceso conjunto de planificación, programación, implementación de acciones y control de las
actividades.
Nuestra propuesta apunta a una
pronta discusión de reformas urgentes en materia de los principios
e instrumentos rectores y operativos del sistema de servicio civil
del Estado guatemalteco, del sistema de adquisiciones y contrataciones y de las inversiones públicas,
incluyendo aquí, por supuesto, el
desarrollo urbano y el rural. Nuestra postura está acorde con la introducción de principios implementadores e instrumentos acordes con
la nueva etapa “Post-Consenso de
Washington”, que supere la altas
falencias de todo tipo de las ideas y
propuestas del Ajuste Estructural.
En estos sistemas básicos, así
como en otros que apuntalan el
quehacer de la acción estatal, es
preciso tener una correcta dimensión de que el desarrollo urbano y el rural,
en el ámbito territorial, son dos caras de la
misma moneda. Y es que se habla de dos
Guatemalas y de una heterogeneidad estructural que incluso se hace evidente en la actual contienda electoral. Es preciso así, hacer
ver que contamos con una institucionalidad
conjunta sobre el desarrollo urbano y rural,
y que el esfuerzo de la acción del Estado en
materia de infraestructura e inversión social
y de desarrollo debe incluir normativas y acciones específicas que refuercen la interacción y complementariedad entre lo urbano y
lo rural.
En tal sentido, cualquier reforma a leyes y
posibles reformas a largo plazo de la Cons-
poseen algunas entidades descentralizadas.
El Estado guatemalteco ha pasado por tres
fases sucesivas en estos aspectos: previo a la
democracia se trató de un Estado burocrático-autoritario, muy propio de la visión de
los gobiernos militares de la época y de la
doctrina de la seguridad nacional, alimentada y sostenida gracias a la ayuda política y
militar de los Estados Unidos de América.
Luego se nos presentan las modernizaciones
económicas del llamado “Ajuste Estructural” y del denominado “Consenso de Washington”, que en Guatemala provocaron todo
un desorden de instituciones y del Estado
paralelo, que surgió con los fondos sociales, los fideicomisos y
el dispendio distrital y con poca
planificación.
Hoy en día, la nueva gobernabilidad democrática plantea
instituciones flexibles y encaminadas por la planificación y
buenos diagnósticos, en donde
se maximice la atención a las
grandes necesidades de la población, mediante un enfoque por
resultados, del cual FLACSOGuatemala ha venido liderando
acciones y proyectos a lo largo
de toda la nación, conjuntamente con lo referente a la búsqueda
de mayor calidad del gasto, que
constituye uno de los pilares de
la cruzada anticorrupción.
El problema básico es que la
nueva gobernabilidad democrática en Guatemala se ha dado en
un contexto con altos niveles de
violencia y de alta presencia de
grupos de negocios que fortalecen actividades ilícitas, tales
como el contrabando, el tráfico de drogas y otras no menos
importantes, lo que ha venido
afectando el buen gobierno en
amplias regiones del país.
Diversos estudios sobre corrupción muestran la alta correlación que existe entre este proceso y la proliferación de redes
que irradian la economía ilícita
que se ha extendido por el sur,
Foto: Luis Alejandro de León Soto
el noroccidente y el nororiente
de Guatemala, como una metástasis que constituye monopolios
dos que en el caso de ser violados implique con la diseminación privada de la violencia,
incluso sanciones pecuniarias y penales a y afecta el clima de inversión y de confianza
cualquier implicado, sin distingos de la posi- ciudadana.
Se necesita, por consiguiente, de una acción social o de jerarquía dentro del aparato
ción reforzada en materia de controles, legisestatal o del sector privado.
En tal sentido, existen organismos espe- lación penal y fortalecimiento del Estado de
cializados y proyectos de cooperación inter- Derecho, para enfrentar una transición hacia
nacional que han trabajado en procesos de procedimientos más acordes en materia de
reforma a la institucionalidad de los conse- servicio civil y demás normas urgentes que
jos de desarrollo urbano y rural y la descen- cristalicen en resultados la cruzada anticotralización, así como de la ley de compras y rrupción.
Por supuesto que todo lo anterior no es sucontrataciones y los procesos de adquisición
de bienes y servicios, y no digamos en mate- ficiente. Tal y como ya lo afirmamos supra,
ria de servicio civil, extendido éste para to- Guatemala requiere de grandes transformadas las instituciones del Estado, buscando la ciones que deberán comenzar ineluctableeliminación de privilegios que actualmente mente por reformas importantes a la actual
titución Política de la República, debe tener
presente los avances logrados en materia de
municipalismo, distrito metropolitano y desarrollo urbano-rural en su conjunto, buscando la redefinición de roles en ministerios
y unidades ejecutoras, pero al tenor de un
proceso de desarrollo económico y social
orientado de forma integral y buscando la
transformación de los procesos sociales y la
búsqueda de mayor igualdad, sin comprometer recursos ni duplicidad de funciones con
la creación de costosos entes burocráticos.
La reforma del Estado consiste, precisamente, en proveer de métodos estandariza-
conflictos existentes, como en el plano de los
grandes desafíos de la sociedad guatemalteca, que consisten en un relanzamiento de su
economía real, en el combate a la pobreza y
en la reducción de las desigualdades, a través
de una correcta interacción entre políticas
económicas y sociales.
Compartimos finalmente el criterio de que
cualquier reforma a la Constitución debe ser
hecha contando en el seno de la Constituyente con los representativos de los grupos
poblacionales que tanta falta hicieron en el
segundo lustro de los años ochenta: las mujeres, la población maya y un correcto mapa
ideológico, que incorpore las posiciones que
hoy abogan por la toma de conciencia de los
amplios riesgos sociales que existen hoy en
día, comenzando por la vulnerabilidad al
cambio climático y las amenazas de paz interna y hemisférica.
Por último, hacemos un llamado a la constitución del Observatorio de la Política Fiscal, conformado por entes de la sociedad
civil, y a la toma de impulsos hacia el fortalecimiento de la democracia social, que se
refiere a la plena vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales.
En la problemática de la reforma del Estado, y en las propias manifestaciones de la
sociedad civil, se habla a menudo del concurso diferenciado y las respuestas de contingentes humanos de las áreas urbanas más
desarrolladas y de los movimientos sociales
del campo. Ello ha permitido que desde el
ámbito distrital, principalmente en el seno
del Congreso de la República, se configure
todo un sistema de toma de decisiones que
causa severos desórdenes en los procesos
básicos de la acción estatal, entendida ésta
como un proceso conjunto de planificación,
programación, implementación de acciones
y control de las actividades.
El llamado a la democracia social consiste en la discusión de puntos mínimos de
convivencia ciudadana en el marco de la sociedad del riesgo, de la globalización y del
imperio de grandes corporaciones, que en
casos como los recientes del IGSS, Aeronáutica Civil y compras irregulares de los ministerios de Salud y Agricultura, consideramos
es importante conformar un amplio frente
ciudadano, que abogue por la gran auditoría
social de la política fiscal, para luego redirigirla a los marcos locales de discusión y de
focalización territorial.
FLACSO EN LA ACADEMIA
Conversatorio con el Colectivo “Eva”
Las maestras Walda Barrios-Klee y Ana Lucía Ramazzini, integrantes del Programa de Estudios de Género y Feminismos de FLACSO-Guatemala, sostuvieron un conversatorio con las integrantes del Colectivo
Eva, “círculo de mujeres que buscan la consciencia
propia a través de la lectura de otras mujeres y actividades de convivencia que promueven la reflexión”,
compartiendo la experiencia de la lectura del libro de
la Dra. Marcela Lagarde “Claves feministas para la negociación en el amor”.
Curso Fortalecimiento del liderazgo de las
mujeres del Altiplano
El 3 de mayo, dio inicio el Curso Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres del
Altiplano, estuvieron presentes en la inauguración los doctores Virgilio Reyes y José
Miranda, director y coordinador académico,
respectivamente, de FLACSO, Sede Académica Guatemala. Intervinieron en la inauguración protocolaria el Dr. Dennis Rodas de la
Universidad de Occidente, en cuyas instalaciones se está realizando el curso, así como
representantes de REDMISAR y AMUTED.
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©Flacso - Guatemala mayo 2015
Constitución Política, pero bajo una nueva
mentalidad, acorde con los nuevos tiempos y
seguramente con nueva sangre generacional
y de ideas, que evite la alta frustración proveniente de las reformas constitucionales de
1993-1994.
Se trata de ideas que eliminen los instintos y hábitos del oportunismo político y del
darwinismo social que priva en el sistema
político, bajo el lema del “sálvese quien pueda”. El nuevo ordenamiento constitucional
y de reformas diversas incluyendo reformas
más profundas del Estado y la sociedad, debe
partir desde los cimientos de la sociedad
misma, dándole voz a los indignados y a los
olvidados del país.
Así, de la cruzada anticorrupción debe pasarse a la reforma política, que incluye un
conjunto de normas y prácticas democráticas, también muy acordes con los nuevos
tiempos, y en donde se incluye una verdadera descentralización, y un proceso de planificación real, que abogue por el abatimiento de
la pobreza y de las desigualdades, siendo así
vital una política económica y social acorde
con los nuevos derroteros del desarrollo económico y social.
Se trata entonces de políticas transformadoras, tanto en el plano de los innumerables
©Flacso - Guatemala mayo 2015
8 NOVEDADES EDITORIALES
Con todo éxito culminó la participación de la Editorial de Ciencias Sociales de FLACSO Guatemala en la IV edición de LéaLA, la
feria del libro en español de los Ángeles, California.
En el marco de las actividades académicas de esta feria, el domingo 17 de mayo se llevó a cabo la presentación del libro “Eterna
violencia: vida de las mujeres ladinas en Guatemala”, en la que se
contó con la participación de la Dra. Cecilia Menjivar, autora de tan
importante estudio, y del Lic. Hugo Leonel de León, coordinador
editorial de FLACSO-Guatemala”.
La publicación que nos ocupa convocó numerosa asistencia a la
presentación, generándose entre el público y los presentadores un
interesante debate sobre temas afines al tema principal del libro, entre los que destacan: el papel de la familia, el Estado y las iglesias en
la institucionalización de la violencia en la vida de las mujeres ladinas y su comparación con el tipo de violencia que sufren las mujeres
indígenas en el país.
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Director: Dr. Virgilio Reyes
Coordinador editorial: Lic. Hugo Leonel de León
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