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DISCURSO PRIMERO DE MAYO 2015.
GONZALO PINO BUSTOS; SECRETARIO GENERAL DE UGT PV
Trabajadores y trabajadoras
Compañeros y compañeras
En este primero de mayo estamos a punto de coger un tren que nos deje en
una nueva estación que esperamos que esté gobernada por las fuerzas de progreso.
Los trabajadores y trabajadoras queremos dejar atrás 20 años de fuegos de artificio
que nos han dejado una Comunidad más pobre, más desigual y con menos
oportunidades. Es mucho el esfuerzo que tenemos que hacer para recuperarnos de
dos décadas en las que se gobernó sin pensar en el interés general de los que
habitamos en esta tierra, derrochando los recursos que aportábamos todos,
especialmente, no lo olvidemos, la clase trabajadora. Ahora que sentimos una honda
preocupación por el presente y por el futuro, que tenemos motivos para el
desasosiego, también tenemos razones para la esperanza.
En esta nueva etapa, los sindicatos de clase vamos a aportar propuestas y
experiencias, pero también vamos a exigir. Exigiremos decencia a nuestra clase
política porque ser decente es no permitir que un trabajador cobre 500 euros por
trabajar ocho horas al día. Porque ser decente es impedir que una familia se quede
sin vivienda por no tener dinero para pagar el alquiler o la hipoteca. Porque ser
decente está reñido con permitir que uno de cada cuatro niños valencianos sea pobre
y no tenga para comer. Porque ser decente es no privatizar los servicios públicos con
los que se hace negocios de amiguetes. Porque ser decente es, en definitiva,
defender que la desigualdad no es un mal endémico, sino que es producto de unas
políticas determinadas, y que por tanto, se puede (y se debe) acabar con ella.
Y no podemos olvidarlo en este 1º de Mayo: nada más indecente, más
dramático y más devastador que 588.880 valencianos y valencianas desempleadas (y
con casi nulas expectativas de un trabajo decente), y una tasa de paro entre los
jóvenes superior al 52%.
La crisis ha hecho visibles comportamientos intolerables en una sociedad sana.
Ahora asistimos a las consecuencias de la corrupción, con espectáculos lamentables
de políticos que día sí y día también se enfrentan a los juzgados por haber convertido
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en su patrimonio personal, lo que era el patrimonio de todos. La derecha quiere un
estado minimalista para quedarse con este negocio que para ellos es lo público,
siempre sostenido con los impuestos de todos los trabajadores y trabajadoras. El
maná de las privatizaciones y de las obras faraónicas que hoy nos ha llevado a la
ruina. Los ejemplos de este mal hacer son muchísimos y variados. Ciudades de la luz
y Terras Míticas que se venden a precio de saldo, Palaus de las Artes que se caen a
pedazos, Fórmulas Uno a precio de oro, aeropuertos para peatones, cajas de ahorro
vendidas por un euro, y comidas con duques e infantas que a cambio de prebendas
lograban saciar la vanidad de los que tenían que trabajar para lograr el bienestar de
todos los que vivimos en esta Comunidad.
No es de extrañar que el conjunto de la sociedad haya perdido la confianza. No
es difícil entender que todas las instituciones tengamos problemas de credibilidad. Y
evidentemente, la falta de credibilidad es incompatible con el buen funcionamiento de
la sociedad. La confianza no se puede restablecer con discursos, con palabras, con
propaganda. La confianza se gana con hechos y día a día. Y ha de ser alimentada por
todos los que vivimos aquí porque ninguna persona puede imponer a los demás, ni
tan siquiera con las mejores intenciones, la confianza. Es hora de gobernar con
políticas de izquierdas, de progreso y con rigor, donde se aprecie con nitidez las
diferencias, porque ningún sistema político es sostenible en democracia si sus
beneficios son solo para una minoría privilegiada.
No será posible salir de la crisis sin justicia social y hoy la Comunidad
Valenciana es una de las sociedades más desiguales de España y de Europa. La
precariedad laboral está en el origen de esta situación injusta, por tanto todos
debemos tener en el horizonte, como principal objetivo, la creación de buenos
empleos, porque nos devolverá la justicia y la cohesión social a nuestra sociedad, nos
permitirá iniciar la recuperación económica y será el requisito indispensable para que
vivamos con calidad democrática. Continuar por la senda en la que cada vez más
personas queden marginadas, excluidas y crónicamente desempleadas o
precarizadas, sin perspectivas de futuro, crea tensiones, fracturas sociales y produce
un malestar de imprevisibles consecuencias. Los sindicatos de clase no podemos
permitir que estos trabajadores y trabajadoras queden excluidos. Una prestación de
ingresos mínimos, financiada con los impuestos, será necesaria para asegurar la
atención de las necesidades más esenciales de los desempleados sin recursos
económicos.
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De esta crisis tenemos que salir todos o, de lo contrario, no saldremos. ¡Y el
tiempo se agota!
El primer paso que se tiene que dar es la derogación de la Reforma Laboral
porque destruye empleo y porque los nuevos contratos que se han creado son
precarios, basura, que fomentan que cada vez haya más trabajadores que aunque
hayan logrado volver al mercado de trabajo, no han logrado salir de la pobreza. Esta
pobreza de nuevo cuño, esta nueva categoría social de trabajador y pobre, el
precariado, es además de injusta poco inteligente. Es un mal negocio porque reduce
la capacidad de consumo de miles, de millones de personas, y debilita nuestro
mercado interno; además de hacerle un flaco favor a la productividad
y
competitividad de las empresas. No podemos compartir la alegría del gobierno
cuando presume haber creado miles de puestos de trabajo. No podemos compartirla
porque sabemos que la gran mayoría no son indefinidos sino que son temporales y a
tiempo parcial: es subempleo de la peor calidad.
La Reforma Laboral ha tenido muchos efectos terribles para la clase
trabajadora y uno de los más dañinos es que nos ha devuelto a los florecientes
tiempos de la economía sumergida. El empleo a tiempo parcial, al igual que ocurre
con las horas extraordinarias injustificadas, termina siendo en demasiadas ocasiones
un buen refugio para la economía sumergida. La Comunidad Valenciana es una de
las autonomías de España que más sufre este mal. En 2014, 200.000 empleados
trabajaron en la economía sumergida. O lo que es lo mismo, fueron explotados por
empresarios sin escrúpulos que generan de esta forma uno de cada diez empleos.
Y esto, no solo hay que denunciarlo, estas prácticas hay que combatirlas desde
ya. Y no solo por los sindicatos de clase, que ya lo hacemos; a los empresarios y a las
distintas administraciones, también hay que exigirles soluciones y respuestas
contundentes inmediatas.
La negociación colectiva, desde el desastre social, técnico y legal de la última
reforma laboral (al que ha puesto, en parte, coto las últimas decisiones del Tribunal
Supremo), solo ha servido para intentar desregular, aún más, las relaciones laborales,
debilitar nuestros derechos y empobrecer nuestros salarios hasta límites
inaguantables.
Los empresarios, muchas veces con toda la torpeza del mundo, creyeron
encontrar la gallina de los huevos de oro en la aplicación torticera de esta reforma,
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con el único fin de quitarnos derechos a los trabajadores. Se ha demostrado: no lo
han conseguido. Pero esto no significa que esté todo el trabajo hecho, todo lo
contrario: los sindicatos de clase, la clase obrera, hemos de mantener nuestra acción
sindical más exigente y dura que nunca en la empresa, en el tajo, en la calle y donde
haga falta, para defender lo que unos y otros nos quieren arrebatar, y que no se lo
vamos a consentir.
El 11 por ciento de los trabajadores de esta Comunidad no está dado de alta en
la Seguridad Social. Cobran en dinero negro y no tienen derechos. El futuro gobierno
que salga de las urnas este mes de mayo tiene el deber y la obligación de acabar con
este drama. Así se lo vamos a exigir. Para ello tiene que destinar los recursos que
sean necesarios para perseguir a estos explotadores y defraudadores, y tiene que
abrir las ventanas de la transparencia para acabar con la opacidad de esta
Administración que no permite a los sindicatos acceder a los datos que la Inspección
de Trabajo maneja relativos a la economía sumergida. Más medios significa, además
de acabar con una de las injusticias más grandes que sufren los trabajadores,
recaudar cientos de millones de euros por parte de la Hacienda pública valenciana
todos los años.
La explotación de los trabajadores y las trabajadoras, que esta Reforma
Laboral ampara, no nos permite, ni nos permitirá, despegar y situarnos en primera
línea. La recuperación no es posible si nuestro gobierno autonómico sigue mirando
para otro lado y sigue dejando hacer a estos delincuentes. Esta Comunidad, como
este país, tiene sobre todo un problema de ingresos, y ese problema se traduce en
recortes en obras públicas, en recortes en la puesta en marcha de planes de empleo,
en recortes en investigación, en Educación, en Sanidad, en dependencia, y en tantos
otros servicios de nuestro de Estado de Bienestar.
Necesitamos nueva savia que proteja nuestro joven Estado de Bienestar. Los
sucesivos gobiernos que desde hace 20 años ha tenido nuestra Comunidad
Valenciana se han empeñado en hacer todo lo posible para dejarlo en la ruina. Han
reducido el presupuesto en sanidad, en educación, en ciencia. Han entregado a
precio de saldo a los intereses privados lo que era de todos y de todas. Si no somos
capaces de sanar y hacer cicatrizar esta gran herida, nuestros servicios públicos nuestros derechos sociales, al fin y al cabo-, emergerán como propiedades privadas,
a las que solo podremos acceder si tenemos dinero. No podemos permitir bajo ningún
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concepto volver a un estado menguante que nos devuelva otra vez a la caridad y a la
beneficencia.
Desde que la crisis hizo acto de presencia en 2008 todo ha sido destrucción.
Destrucción de empleo, destrucción de derechos, destrucción de servicios. Nuestro
contrato social, el que nos dimos en la Transición, con grandes dosis de generosidad,
está dinamitado. Tenemos la obligación de sentarnos y construir entre todos uno
nuevo. Tenemos que ser capaces de sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ser
capaces de movilizar energías, de despertar voluntades y poner nuestra inteligencia y
buen hacer al servicios de las mayorías, al servicio del interés general.
Dejadme que aquí haga un punto y aparte y me refiera a esos compañeros y
compañeras que por defender los derechos de todos y todas, por defender, y ejercer,
el derecho Constitucional a la huelga se encuentran ahora en la incalificable situación
de estar inmersos en procesos judiciales o administrativos, que en cualquier país
democrático, y a cualquier demócrata, causaría vergüenza y sonrojo. Compañeros y
compañeras, sabed que desde aquí volvemos a exigir que se tomen inmediatamente
las decisiones que sean precisas para que todos los afectados por la defender el
derecho constitucional a la huelga queden libres de toda carga legal, jurídica o
administrativa de las que nunca deberían haber sido víctimas.
Y que sepan que con estas prácticas no nos van a amedrantar, no nos van a
callar. Todo lo contrario, nos reafirman más que nunca en la lucha sindical y en la
defensa de los derechos democráticos, laborales y sindicales de todos los
trabajadores y las trabajadoras.
Compañeros y compañeras, celebremos este Ciento veinticinco Aniversario
del Primero de Mayo más reivindicativamente que nunca. ¡A por el cambio necesario!
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