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N°22. 2015
[POLÍTICA INDÍGENA]
Segunda Quincena Mayo de 2015
Programa Política Indígena
Fundación Felipe Herrera Lane
Santiago - Chile
Fundación Felipe Herrera Lane
Presidente
Marcelo Contreras Nieto
Santiago
Chile
Derechos reservados ® 2014
Programa Política Indígena
Director:
José Vargas Niello. MA.
Juan Antonio Ríos 58
Tercer piso
Santiago Centro
Teléfono: 2-263 39 979
Web: [email protected]
Contenido
Editorial
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Lo que se espera ahora del nuevo gabinete.
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Actualidad
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Indignación transversal genera anuncios en materia de pueblos indígenas
Gremios y comunidades critican al gobierno por no referirse al conflicto en La Araucanía
Organizaciones se restan de Mesa sobre estándares de participación en proyectos energéticos
17 comunidades mapuche repudian que “grandes empresarios se sigan enriqueciendo a costa nuestra”
ONU insta a Chile a despenalizar el aborto por violación
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Derechos indígenas
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La violencia estructural en La Araucanía y los grupos ligados al sionismo, fascismo y al neo nazismo
Serie documental confronta el monopolio del castellano y presenta a Chile como país multilingüista
Familia Michillanca denuncia desamparo ante inminente desalojo de tierras usurpadas en dictadura
Mapuche exigió aparecer con trarilonko en foto de su cédula
Crudo registro fotográfico acusa que a mujeres, jóvenes y niños mapuche no se respetan sus DD.HH.
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Políticas públicas
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La producción agrícola en tierras recuperadas: El caso de la comunidad Juan Katrilaf 2 del Lof ñinkilco,
Rehue Lleupeco
46 personas recibieron certificación como miembros de pueblos originarios gracias a gestión de
Gobernación de Quillota
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Internacional
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“Todos somos Relmu”
Participó diputado Alejandro Martínez en encuentro multicultural en Santiago de Chile
Expansión minera y represión social en América Latina: el mapa de un conflicto que no cede
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Temas
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El negocio del agua amenaza la agricultura familiar en Chile
Venancio Coñuepán: El Estado, más que solucionarlo, ha profundizado el problema indígena
Nuestra tolerancia, una mierda o ¡A la mierda nuestra tolerancia!
Consejo de la Cultura amplía el plazo para postular a los nuevos Tesoros Humanos Vivos
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Editorial
Lo que se espera ahora del nuevo gabinete.
Después del inocuo mensaje presidencial del 21 de Mayo, donde no
existió una clara definición de cuál es la política indígena, la esperanza
radica ahora en el nuevo gabinete. Como hemos insistido, las legítimas
demandas indígenas no se solucionan solo con anunciar la
indispensable superación de una vieja institucionalidad que no
respondió a cabalidad con los fundamentos de su existencia para
enfrentarlas. Con esto no queremos decir que no se avanzó nada. Sin duda hubo avances relevantes en temas
como los de tierras, educación y salud entre otros.
Pero ha llegado el momento de responder a las promesas y a los acuerdos con las comunidades que no han
tenido un buen término. Ello debe hacerse desde una mirada que, además de cultivar la indispensable
confianza, buen trato y respeto por los acuerdos, descarte la tentación de volver a abordar el tema solo desde
la óptica de la seguridad pública o de considerar la solución como si se tratara de un mero problema de
pobreza.
Por lo anterior es necesario rechazar de plano algunas declaraciones de personeros de gobierno que
contribuyen a criminalizar y estigmatizar las movilizaciones sociales indígenas confundiéndolas con sucesos de
delincuencia, abigeato y robo. Sin negar que estas lacras existan, como en muchos ámbitos de la sociedad
chilena, simplificar el tema con esas vagas consideraciones equivocan el complejo camino del entendimiento a
través del franco diálogo. No es posible ignorar que, en lo sustantivo, enfrentamos un problema histórico de
injusticia, abuso, despojo y desprecio. Problema además que ha sido generado por acciones indesmentibles y
omisiones históricas del propio Estado chileno.
Pareciera del todo conveniente y oportuno que, adelantándose a lo que será el anunciado reemplazo de la
institucionalidad a cargo de estos temas, desde ahora mismo se adoptaran definiciones en materias como
quién asumirá la titularidad de las políticas públicas indígenas. Una definición elemental que en los hechos no
existe, porque hoy claramente CONADI no lo es.
Es básica la existencia de un empoderado interlocutor estatal, legitimado para enfrentar aquellos temas
pendientes, que hacen parte de la deuda histórica que requiere de diálogo y acuerdos con las comunidades
indígenas. Avanzar en esa perspectiva puede alentar las confianzas para llegar a un entendimiento pacífico que
no solo entregue garantías de estabilidad y respeto a los derechos de los pueblos indígenas sino que también
aporte paz y progreso para la sociedad chilena en su conjunto.
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Actualidad
Indignación transversal genera anuncios en materia de pueblos indígenas
DiarioUchile, por Paula Correa | Domingo 24 de mayo 2015 11:18 hrs.
Las escuetas palabras de la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso
del 21 de mayo sobre la situación de los pueblos indígenas han
desencadenado la molestia de diferentes comunidades a lo largo del
país y críticas de diversos actores políticos. Esto en medio de un clima
complejo, con nuevos cuadros de violencia en el sur del país, la Conadi
paralizada y diversos cuestionamientos al cambio de institucionalidad
que el gobierno pretende realizar.
En su discurso del jueves 21 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet anunció que los proyectos de ley que
crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos, iniciativas que habían sido comprometidos en
2013, serán enviadas al Congreso Nacional durante el último trimestre de este año. Esto después que el 2014
se desarrollaran distintos procesos de consulta previa que, según afirmó la mandataria, han “dado voz” a los
pueblos originarios.
Además destacó el proceso de restitución de tierras y el aumento al fondo que distribuye la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que superó en un 76 por ciento al entregado el año anterior. “Así se
eliminan desigualdades históricas que perjudican nuestra capacidad de avanzar hacia el desarrollo”, expresó la
mandataria en una alocución que duró exactamente un minuto con 14 segundos.
Réplicas al discurso
La forma en la que se abordó el tema generó reacciones inmediatas en las redes sociales por parte de diversos
dirigentes y destacadas comunidades. La abogada del Observatorio Ciudadano, Nancy Yañez, sostuvo que
reiterar el anuncio ya conocido y con ello validar la política que se desarrolló a través de una consulta que
cuestionada por todos los pueblos indígenas del país resulta “absolutamente frustrante”.
Esto, añadió, es complejo cuando el tema indígena no ha sido abordado de forma serio por la política pública,
sino que han surgido diversos focos de conflicto, donde se ha favorecido a grupos de interés por sobre el
interés de los pueblos indígenas.
Desde el entorno político el oficialismo destacó los esfuerzos que se han hecho en la materia. Sin embargo,
recordemos que este tema fue uno de los puntos débiles en el cumplimiento de la mandataria al ser el
compromiso pendiente dentro de las promesas para los 100 primeros días de gobierno, lo que le valió fuertes
críticas al Ejecutivo y fue también uno de los elementos que propiciaron la salida de la ex ministra María de
Desarrollo Social, Fernanda Villegas.
En ese contexto el nuevo titular de la cartera, Barraza, un día después de las palabras de la Presidenta se reunió
en Palacio de la Moneda con el Subsecretario de Servicios Sociales y los equipos ministeriales para avanzar
justamente en el proyecto de Ley que creará el Ministerio y el Consejo de Pueblos Indígenas.
La medida podría buscar hacer frente a la lluvia de críticas que generó en la arena política el discurso,
principalmente de parlamentarios de la oposición, preocupados por la ausencia de un pronunciamiento sobre
seguridad, ante los últimos hechos de violencia en La Araucanía, que gatillaron la visita del subsecretario del
Interior hace algunos días.
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De hecho, los empresarios también se pronunciaron al respecto. La Confederación de la Producción del
Comercio (CPC) a través de un comunicado afirmó que ven “con enorme preocupación” como las Fuerzas de
Orden no han logrado cumplir a cabalidad con la misión de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y
la seguridad interior del país, y se volvió a llamar a las autoridades a “reestablecer el Estado de Derecho,
resguardando a todos los ciudadanos”.
Ante esto se refirió el comunicador social mapuche, Pedro Cayuqueo, para quien estas reacciones sólo son
parte del juego político, asociado también a los intereses de los poderes económicos. En esa línea dijo que la
oposición es parte del problema, no de la solución. Es más, que la clase política en general es parte del
problema. “Aquí hay un juego macabro de administrar el conflicto para intereses partidistas, políticos,
electorales cuando viene próximamente una campaña municipal, luego una parlamentaria y presidencial, y
nuevamente el tema va a ser una herramienta de disputa político-electoral”.
Cayuqueo afirmó que lo que año a año se registra en los discursos presidenciales es “una negligencia criminal”
cuando ha sido el Estado el principal responsable del conflicto, que se expresa con fuerza en la zona sur, como
plantean también destacados académicos entre los que destaca el Premio Nacional de Historia, Jorge Pinto.
Situación de los trabajadores
Un día antes del discurso presidencial Marcos Barraza se reunió con los trabajadores de Conadi que, justo ese
día, cumplían una semana paralizados en demanda de una mayor seguridad para los funcionarios y ante las
deficiencias del servicio, las que, afirman, les impide cumplir su trabajo de una forma adecuada.
La molestia se desató después de las agresiones que sufrió Gabriel Sandoval Ñancupil, encargado del Fondo de
Tierras, quien denunció que su vivienda, en la comuna de Padre las Casas, fue quemada y que sus familiares
fueron amenazados. Días después el intendente, Francisco Huenchumilla, confirmó que el gobierno presentaría
acciones legales en el caso y calificó la agresión como “un hecho más dentro del sistema de violencia política
que hay en La Araucanía”. Junto con ello aprovechó de hacer un llamado al nuevo ministro del Interior, Jorge
Burgos, a ir a la región para avanzar en la responsabilidad que tiene el Estado con quienes son víctimas del
clima de tensión que se vive en la zona.
Cuestionamientos al Director Nacional
Desde la asociación de trabajadores del organismo señalaron que la situación también es responsabilidad de
las autoridades, que critican constantemente el trabajo de la Conadi. Además, cuestionaron el rol del Director
Nacional del Servicio, el PPD Alberto Pizarro Chañilao, por “crear un clima confrontacional y de desconfianza”
en el marco de la investigación por corrupción al interior del Servicio por irregularidades y coimas en el proceso
de entrega de tierras.
A esto se suma que la autoridad no habría tomado los resguardos necesarios, cuando hace más de seis meses
denunciaron a la prensa y al mismo Pizarro las agresiones de las que estaban siendo víctimas, solicitándole que
se pusiera en conocimiento del Ministerio Público, lo que el Director no habría hecho.
Al ser consultado sobre las acusaciones, Pizarro expresó a los medios que desconocía las amenazas. “Si ello
hubiera ocurrido, hubiéramos tenido que tomar las medidas, pero no estaba en conocimiento”, dijo a La
Tercera y explicó que el trabajo en Conadi es bastante complejo y que “siempre está expuesto justamente a
hechos que son aislados”.
Penta y la cuestionada Consulta Indígena
Los funcionarios también manifestaron su inquietud sobre el tránsito hacia la nueva institucionalidad para los
pueblos indígenas, cuando señalan que su base, el mecanismo para la Consulta, fue conducido en el anterior
gobierno por Matías Abogabir, involucrado con empresas mineras y sobrino de Carlos Alberto Délano, del
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Grupo Penta, quien es investigado por corrupción, antecedentes que fueron presentados por dirigentes y
organizaciones a la Contraloría.
La Presidenta Regional Metropolitana de la Conadi, Fabiola García, afirmó es alarmante que Délano tenga algún
tipo de relación con quien condujo el diseño del cuestionado proceso. “Claramente hay poderes que se
metieron en esto porque saben que está en juego la riqueza del país, de la tierra, la riqueza que tienen los
pueblos originarios y a ellos no les conviene una Consulta de acuerdo a los cánones internacionales”, dijo.
Preocupación por la nueva institucionalidad
Este diseño institucional ha recibido reparos desde las comunidades del norte y el sur del país. Incluso los
mismos consejeros de la entidad se mostraron incrédulos ante la efectividad de estos anuncios.
Entre ellos destaca el representante mapuche, Iván Carilao para quien el nuevo ministerio “no es más que una
cortina de humo para retrasar los procesos de reivindicación que llevan los pueblos originarios”.
Esto porque, afirmó, tal como se ha planteado la iniciativa “es un saludo a la bandera” ya que no es un
ministerio político, sino que coordinador y sin recursos. “No tiene la fortaleza para solucionar problemas
políticos que son de fondo”, remató el consejero.
Los problemas persisten
Si bien la autoridad logró establecer una mesa de diálogo con los trabajadores, éstos continúan con la
movilización a la espera de oficializar el compromiso. Sandra Marín, presidenta de la Asociación Nacional de los
funcionarios, afirmó que aún no tienen claro cuáles van a ser las medidas que de seguridad que se tomarán ni
que va a pasar con las demandas que expresaron en su petitorio. “Pese a las conversaciones, los problemas
persisten”, afirmó.
Y justamente estos días se ha gatillado un fuerte malestar por la asignación del fondo de tierras, dado que en la
provincia de Malleco sólo se adjudicaron dos subsidios y no se entregó ninguno en la Región Metropolitana, lo
que trajo una lluvia de consultas.
Sobre este tema los trabajadores han denunciado que no existe el capital humano para ejecutar de forma
debida el fondo, pese a que existan aumentos presupuestarios, un asunto que sigue al debe y que sigue
generando roces en la relación del Servicio y las comunidades.
Fuente:
http://radio.uchile.cl/2015/05/24/indignacion-transversal-genera-anuncios-en-materia-de-pueblos-indigenas
Gremios y comunidades critican al gobierno por no referirse al conflicto en
La Araucanía
Multigremial dijo que discurso presidencial no "se hace cargo de la
violencia" y que en el gobierno hay "miedo a tomar decisiones".
La Tercera, por M. Miranda y N. Durante / 22/05/2015 - 03:24
Un rechazo generalizado hubo entre gremios empresariales y
representantes de comunidades indígenas de la Región de La
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Araucanía al discurso del 21 de mayo de la Presidenta Michelle Bachelet, que calificaron como “insuficiente”
respecto del conflicto que se vive en la zona.
Así lo dijo la presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper: “Fue frustrante, porque el
gobierno no se hace cargo de la violencia, no se habló de paz social ni de una política seria para enfrentar el
terrorismo que nos afecta y que se está extendiendo a otras regiones”.
La dirigenta dijo que al omitir el conflicto en el discurso “se desaprovechó la oportunidad de dar señales claras.
Acá ya hay un diagnóstico que entregó el mismo intendente (Francisco Huenchumilla), pero falta voluntad
política, hay miedo a tomar decisiones, no sé a qué le temen, a lo mejor son presiones internacionales. Creo
que es hora de ponerse firmes”. Tepper añadió que entre los anuncios que hubiera esperado está el de “acotar
la compra de tierras, porque ese programa no puede ser infinito, ya que cada vez aparecen más comunidades,
además, este programa debe sumar un sistema eficaz de acompañamiento productivo para las autoridades,
porque entregan y entregan tierras y la pobreza no baja”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Camioneros de Osorno y vocero de la Multrigremial Sur, Patricio
Wunderlich, dijo que “esperábamos saber más sobre el seguro que podríamos cobrar cuando somos víctimas
de atentados en la ruta. Los ataques se han extendido unos 100 km, tanto para el norte como al sur de La
Araucanía, afectando considerablemente el comercio. Desde comienzo de año a la fecha los precios de
transporte han subido un 11%, porque a los gastos se deben incorporar cosas como los vidrios quebrados del
camión. En promedio hay entre 20 a 25 ataque a la semana”.
La omisión del conflicto también fue criticada por el senador Alberto Espina (RN): “La Presidenta notificó a la
Región de La Araucanía que está absolutamente abandonada. No dijo una palabra sobre su propuesta por la
paz social”. Visión que no comparte el senador Jaime Quintana (PPD), quien destacó “el incremento de
recursos para la compra de tierras y también anunció que en el último trimestre se van a enviar los proyectos
de ley para crear el consejo nacional de pueblos y el del Ministerio de Asuntos Indígenas”.
Visión de comunidades
Para Ana María Llao Llao, representante de las comunidades mapuches de La Araucanía ante la Conadi, “los
pocos segundos destinados a las comunidades indígenas no abordaron el problema de fondo, no hubo
mención a cuotas de participación de las comunidades en cargos de representación política o en los
ministerios”. Llao Llao dijo que los anuncios son de “hace 30 años. Habló del Ministerio Indígena que se
prometió en 1989; de la consulta que, en realidad, ninguna comunidad respalda; hace suyos logros como la
entrega de tierras que está garantizada por la ley indígena. Nos acusan de generar violencia cuando no hay
voluntad política de conversar con todos los actores y reconocer que el culpable de la violencia y los errores del
pasado es el Estado”.
Fuente:
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-630776-9-gremios-y-comunidades-critican-algobierno-por-no-referirse-al-conflicto-en-la.shtml
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Organizaciones se restan de Mesa sobre estándares de participación en
proyectos energéticos
En carta dirigida al jefe de la División de Desarrollo y Diálogo Social de la cartera, las más importantes
organizaciones socioambientales del país rechazaron formar parte de la instancia que revisará los "estándares
de participación para el desarrollo de proyectos de energía".
Redacción, Diario El Divisadero - 26-05-2015
Coyhaique-. Durante la segunda semana de mayo diversos dirigentes
de organizaciones sociales y ambientales del país recibieron una
invitación de Javier Zulueta, jefe de la División de Desarrollo y Diálogo
Social del Ministerio de Energía. El objetivo, invitarles a integrarse a
una mesa de trabajo para la elaboración de “estándares de
participación para el desarrollo de proyectos de energía”.
La primera reunión sería el miércoles 20 de mayo en Santiago, y
contemplaría la presencia de representantes “de las comunidades, de
empresas, municipios, universidades, ONG’s, organizaciones territoriales y de consultoras”.
Sin embargo, una parte importante de las organizaciones del mundo de la sociedad civil no participó en la
reunión constitutiva. Y más aún, enviaron en bloque una carta en la cual expresaron su negativa a participar en
dicha instancia por la forma en que el Ministerio de Energía ha llevado adelante la discusión de la participación
ciudadana y el desarrollo local en el marco de la elaboración de la así llamada Ley de Asociatividad.
Suscribieron la misiva la Agrupación Defensores de los Ríos, la Agrupación Wallmapu , Chile Sustentable,
Codeff, Codesa, Ecosistemas, Ética en los Bosques, FIMA, Fundación Terram, el Instituto de Ecología Política,
Mañíos y Baguales y el Observatorio Ciudadano. Entre ellas se encuentran varias de las organizaciones que
fueron invitadas a participar en la elaboración de los estándares junto a otras que han seguido de cerca el
proceso.
Aunque los dirigentes valoraron “los esfuerzos del ministerio de abrir esta instancia a la sociedad civil y
fomentar los procesos de participación ciudadana”, señalaron que todo apunta a que el objetivo de la cartera
está orientado, fundamentalmente, a dar directrices no vinculantes a los inversionistas para “destrabar
proyectos más que una visión de desarrollo justa, equilibrada y sustentable”.
En su opinión, los estándares que se han planteado “no consideran los elementos que a nuestro juicio debieran
involucrar instrumentos de este tipo”, algo que explícitamente ha señalado el ministerio al puntualizar que no
se abordarán “problemas estructurales y pendientes hace años en la política pública de nuestro país”. Entre
ellos, el ordenamiento territorial, la evaluación ambiental estratégica, la reforma al SEIA, la participación
ciudadana vinculante, la aplicación del Convenio 169, entre otros. Es la precisamente la carencia de estos
elementos “la que genera violación de derechos, incertidumbre e incompatibilidad entre las prioridades del
desarrollo local y regional y las prioridades de los inversionistas”.
En la misiva cuestionan también que “la propuesta del Ministerio de Energía trata de regular un proceso, pero
no su contenido. El proceso será voluntario y no obligatorio” lo cual devendría en mecanismos que “finalmente
se traducirán en pagar por contaminar y/o destruir el medio ambiente”.
Además, “este tipo de instrumentos voluntarios ad-hoc se enmarcan en una decisión ex post del inversionista
de llevar adelante un proyecto en base a la propiedad o concesión sobre un recurso natural o autorizaciones
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concedidas por el Estado. Esto se hace sin ordenamiento territorial previo que refleje las prioridades de
desarrollo local o regional. Y sin participación vinculante”.
Un punto importante que abordan las organizaciones es lo que califican de “soborno” o “corrupción social” que
llevan asociados los procedimientos sin un enfoque de derechos humanos. “Estos mecanismos arriesgan la
vulneración de derechos a cambio de compensaciones económicas, en un contexto de comunidades
carenciadas, y donde el Estado no ha generado condiciones para el ejercicio y protección de derechos sociales
universales en ámbitos clave como salud, educación, energía, etc.” señalan en la carta.
En su opinión esta mirada “debilita la institucionalidad existente no garantizando el desarrollo local, sino que
vehiculando la mitigación y compensación monetaria de impactos de proyectos no deseados”.
Ante esto, plantean que cualquier propuesta para avanzar hacia un “desarrollo sustentable e inclusivo a nivel
nacional, y para el desarrollo energético en particular” debe contemplar que “se respetará un ordenamiento
territorial democráticamente acordado, existirá una participación ciudadana vinculante en las decisiones sobre
el desarrollo local/regional y sobre los emprendimientos propuestos por intereses del inversionista, y se hará
una aplicación ajustada a derecho de las regulaciones que prevengan la degradación ambiental y aseguren el
uso sustentable de los recursos naturales y los territorios”.
Algo que, en el caso de las bases de la invitación que está realizando el Ministerio de Energía, no se cumplen.
Fuente:
http://www.eldivisadero.cl/noticia-33220
17 comunidades mapuche repudian que “grandes empresarios se sigan
enriqueciendo a costa nuestra”
Los representantes del pueblo originario rechazaron que grandes
empresas forestales, como Mininco, lucren a costa de ellos: "Sabemos
que la actividad forestal no es lo mejor para nuestro buen vivir (Küme
Mongen), pues nos deja sin agua (...)", dijeron. Además exigen que el
Gobierno desmilitarice sus territorios.
El Ciudadano, 18 de Mayo de 2015, 21:05
17 comunidades mapuches exigieron que el Gobierno deje de llamar “robos de madera” a las recuperaciones
territoriales que realizan los integrantes del pueblo originario en distintos puntos del país, pues la Declaración
de Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada por Chile en la ONU, establece que tales pueblos tienen derecho
a las tierras, territorios y recursos, entre otros aspectos. También rechazaron que grandes empresas forestales,
como Mininco, lucren a costa de ellos: “Sabemos que la actividad forestal no es lo mejor para nuestro buen
vivir (Küme Mongen), pues nos deja sin agua, pero mientras esos árboles estén ahí, repudiamos que grandes
empresarios se sigan enriqueciendo a costa nuestra”. Además, los mapuches indicaron que rechazan “el
tremendo aumento en el gasto policial en la Provincia de Arauco, pues sabemos que se debe principalmente al
resguardo policial a predios usurpados por empresas forestales, los cuales se encuentran actualmente en
conflicto con las comunidades”.
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Comunicado textual.
Exigencia de las comunidades mapuche lavkenche al Gobierno de Chile:
Los abajo firmantes, representantes de comunidades mapuche lavkenche, declaramos:
Kiñe: Llamamos a las autoridades de gobierno a dejar de disfrazar nuestras justas demandas de territorio
llamándolas “robo de madera”, pues como dice la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada
por Chile en la ONU:
– Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído,
ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
– Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y
recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización,
así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
– Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra
de los pueblos indígenas de que se trate. (Art.26 de la Declaración)
Como reconoce la ONU, no solamente tenemos derecho a la tierra, pues el suelo no puede separarse del todo
de la naturaleza. Tenemos derecho al territorio, al agua y a todos sus recursos, incluidos los que provienen del
proceso de usurpación que realizaron las empresas forestales. Los predios además fueron plantados con
recursos del Estado bajo el Decreto 701 del Dictador Pinochet.
Sabemos que la actividad forestal no es lo mejor para nuestro buen vivir (Küme Mongen), pues nos deja sin
agua, pero mientras esos árboles estén ahí, repudiamos que grandes empresarios se sigan enriqueciendo a
costa nuestra.
Epu: Rechazamos el tremendo aumento en el gasto policial en la Provincia de Arauco, pues sabemos que se
debe principalmente al resguardo policial a predios usurpados por empresas forestales, los cuales se
encuentran actualmente en conflicto con las comunidades.
Rechazamos este malgasto de recursos y militarización, de 700 millones de pesos durante el año 2013, 1.500
millones durante el 2014, y más de 300 millones de pesos sólo en el verano de este año. No nos parece
razonable que el Gobierno nos llame a dialogar y por otro lado intervenga militarmente nuestros procesos de
recuperación territorial.
Es un insulto y una provocación para nuestras comunidades la instalación de Carabineros y el patrullaje para
resguardar predios de Forestal Mininco en nuestro territorio ancestral. Nuestra demanda incluye todos los
alrededores del Lago Lleu-Lleu, y el Gobierno en vez de destinar recursos para resguardar policialmente esos
predios, debiera utilizarlos para solucionar nuestra demanda.
Küla: Solicitamos al Ministerio del Interior que dé de baja a los Carabineros involucrados en el baleo de los
comuneros Martín Marileo y Gastón Antileo de la Comunidad Antonio Paillao.
Meli: En resumen, exigimos al Gobierno de Chile la desmilitarización del Territorio Mapuche y a las autoridades
políticas dejar de llamar “robo de madera” a la justa recuperación de nuestras tierras, territorios y recursos, y
a dejar de apoyar a los grandes empresarios que sólo quieren ver presos a más hermanos nuestros.
José Llebul
Comunidad Juan Lincopán
Isaac Neculqueo, José Mariñan, Ernesto Cona
Comunidad Karalhue.
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Marcelo Pilquimán, Héctor Pilquimán, José Pilquimán
Comunidad El Salto de Lorcura
Juan Lincopán, Renato Millabur, Héctor Mariñan
Comunidad Francisco Millabur
Carolina Pilquimán
Asociación Newen Millahual
Juan Carilao
Comunidad Esteban Yevilao
Felicinda Meñaco, Sandra Lincopán, Atilio Pérez
Comunidad José Lincopán
Lorenzo Neculqueo
Comunidad Lorenzo Neculqueo
Ignacio Neculqueo, Claudio Pilquimán
Comunidad Lorenzo LepínMónica Ñeguey
Comunidad Segundo Yevilao
Victor Mariñán
Comunidad Kellgko
Claudia Epullán
Comunidad Pedro Catricura
Cecilia Neculqueo
Comunidad Lorenzo Neculqueo
Mario Yevilao
Comunidad María Colipi Viuda de Maril
José Viluñir
Comunidad Nueva Generación María Colipi Viuda de Maril
Manuel Quintrileo
Comunidad Lorenzo Quintrileo
Martín Marileo
Comunidad Antonio Paillao
Cristian Lepumán
Comunidad Agustina Lincopi
Fuente:
http://www.elciudadano.cl/2015/05/18/165976/17-comunidades-mapuche-repudian-que-grandesempresarios-se-sigan-enriqueciendo-a-costa-nuestra/
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ONU insta a Chile a despenalizar el aborto por violación
El Informador, 28/05/2015 - 02:16 PM
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó hoy a
Chile que en su proyecto de ley sobre la modificación de la prohibición
del aborto incluya la despenalización en caso de que el embarazo sea
consecuencia de una violación o incesto.
REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- “El Estado parte debe
establecer excepciones a la prohibición general del aborto,
contemplando el aborto terapéutico y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o
incesto”, dice el texto del Comité.
Hoy se dieron a conocer las conclusiones finales sobre el caso de Chile, que los pasados 7 y 8 de julio se
sometió en Ginebra al escrutinio del Comité, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos, de la que es Estado parte.
“El Comité si bien toma nota de la información proporcionada por la delegación sobre un proyecto de ley en
tramitación que pretende incluir excepciones a la prohibición absoluta del aborto, el Comité nota con
preocupación que este proyecto no incluye la excepción al aborto cuando el embarazo sea consecuencia de un
incesto”.
El Comité mostró su preocupación por los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en
mortalidad materna y embarazos adolescentes y es por ello que recuerda a Chile que “el Estado parte debe
asegurar que los servicios de salud reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes, en
todas las regiones del país”.
“Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y
sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva, en particular entre la población adolescente”.
En el mismo sentido, el Comité lamenta que persistan leyes que discriminan a las mujeres y que siga en vigor el
régimen de “sociedad conyugal”.
“El Estado parte debe acelerar la aprobación de una ley para abrogar el régimen de ‘sociedad conyugal’,
asegurando que el nuevo régimen patrimonial del matrimonio garantice la igualdad de derechos entre la mujer
y el hombre”, cita el texto.
Asimismo, el Comité insta a Chile a que haga campañas de educación y de sensibilización para acabar con la
discriminación de las personas en función de su orientación sexual o identidad de género.
Por otra parte, y en relación a la ley de Amnistía, que si bien no se aplica sigue estando en vigor, el Comité
solicitó que se derogue para asegurarse que ningún crimen de lesa humanidad quede impune y para que no
haya espacio para la interpretación.
“El Estado debe eliminar la vigencia legal de la Ley de Amnistía y asegurarse que la misma siga sin aplicarse a
las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”.
La citada ley fue impuesta por el general Augusto Pinochet con el objetivo, según los organismos humanitarios,
de garantizar la impunidad a los autores de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante su
régimen (1973-1990).
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Con respecto a la ley antiterrorista, el Comité “sigue preocupado ante la definición de terrorismo, la cual es
demasiado amplia y puede dar lugar a arbitrariedades en su aplicación”, como el hecho de que se use para
investigar y perseguir a los indígenas mapuches.
“El Estado parte debe reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y precisa de los delitos de
terrorismo para asegurar que las actividades que realizan los agentes del orden en el marco de la lucha contra
el terrorismo no estén dirigidas a determinadas personas por su origen étnico o cualquier motivo social o
cultural”, señala las conclusiones.
Con respecto a la investigación por casos de violaciones de derechos humanos del pasado, el Comité “celebra
los avances que se han dado en la investigación, juicio y sanción por casos de graves violaciones de derechos
humanos del pasado”.
Sin embargo, al Comité “le preocupa” la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción”, porque
puede atenuar las penas, y el carácter secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados ante
la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
Fuente: EFE/Globovisión
Fuente:
http://www.elinformador.com.ve/2015/05/28/onu-insta-a-chile-a-despenalizar-el-aborto-por-violacion/
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Derechos indígenas
La violencia estructural en La Araucanía y los grupos ligados al sionismo,
fascismo y al neo nazismo
El Ciudadano, 24 de Mayo de 2015,·05:05
El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto
entre dos o más grupos sociales (normalmente caracterizados en
términos de género, clase, nacionalidad, identidad,) en el que el
reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos y bienestar, es
resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en
perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación
social.
En la Región de la Araucanía durante todo el siglo 20, el Pueblo Mapuche ha debido enfrentar el despojo de sus
tierras, la negación de su identidad, idioma, pertenencia, espiritualidad, religiosidad. Hoy, la superficie de la
región en manos de comunidades mapuche no es más que un 20 % y allí, se ha intensificado la pobreza, el
reduccionamiento, el desplazamiento forzado de la población (70 % urbana) y para más, una serie de
imposiciones e instalaciones que han generado verdaderos debacles, como son basurales, plantas de aguas
servidas, forestales, entre otros.
Una concejala por Temuco, vinculada a la derecha, señalaba recientemente que no es concebible izar la
bandera mapuche ya que Chile es un estado unitario, una sola nación y que los mapuches ya están en la
bandera a través del rojo por “la sangre de los araucanos”. Paradójicamente, quienes intentan negar la realidad
y la milenaria existencia mapuche, presentan dobles nacionalidades “chilena – francesa”, “chilena – alemana”,
“chilena – italiana”.
En estos últimos años, diversas campañas publicitarias y mecanismos de presión para hacer entrever a “grupos
minoritarios” ligados a causas mapuches como responsables de sistemáticos atentados y de un “amplio
terrorismo”, junto a generalización de casos y situaciones de violencia, son parte de las iniciativas que sectores
conservadores y algunos ultras de la Región de la Araucanía han venido impulsando, abrazando causas de paz
que van aparejados de la negación y la violencia hacia un pueblo en su conjunto: el Mapuche.
El senador Alberto Espina, en el marco de los inicios del denominado “plan de operación paciencia” y que
involucraba un plan de criminalización a toda causa mapuche en proceso de recuperación de tierras y protesta
social, publicitaba en diciembre del 2012 una lista de 20 sitios web que según a su juicio, promovían el
“terrorismo mapuche”, refiriéndose a Asociación ilícita, conspiraciones, etc., involucrando a una serie de
medios independientes que por el sólo hecho de informar en el marco de la libertad de expresión, quedaban
categorizados bajo estos conceptos.
Desde hace un buen tiempo, han comenzado a aparecer volantes llamando a asesinar a mapuches e incluso
sitios web racistas, homofóbicos y anti marxistas, con sendos mensajes violentistas, con llamados abiertos a
matar y masacrar, como ocurre con uno llamado “El Araucano”, almacenado en un worpress, que se refiere a la
existencia de un grupo paramilitar llamado “Húsar”, sin embargo, se guarda silencio, mostrándose así la
parcialidad de algunos en la denominada “paz”, mientras el ministerio público brilla por su ausencia.
El mismo personero, señaló en sus momentos vínculos mapuches con las Farcs (cuestión nunca comprobada y
desmentida hasta por el propio gobierno de Piñera) y de atentados terroristas vinculados a mapuches, como
ocurrió con los focos incendiarios del 2012, en una campaña encabezada por el ex ministro del interior Rodrigo
Hinzpeter, el diputado Edwards, el ex intendente de la Araucanía, Andrés Molina.
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Frente a campañas como estas, una persona luego de su trabajo diario llega a su hogar, enciende el televisor y
observa y atiende la terminología e imágenes sobre: “incendios, terrorismos, violencia, mapuches y brigadistas
forestales muertos”, logrando así propósitos de construcción de una realidad. La intervención del universo
cognitivo de una buena de la ciudadanía a través de medios comerciales empresariales, logran su objetivo ya
que no existe el tiempo para contrastar esa información, siendo parte de las intenciones de imponer una
sesgada verdad bajo visiones del terror y el pavor.
Sin embargo se guardó silencio ante las supuestas investigaciones del Ministerio Público sobre tesis de
autoatentados que involucraba la quema de plantaciones forestales relacionadas a cobros de seguros y plagas
que se han expandido por pinos, como ocurre con la avispa taladradora. Las denuncias por autoatentados
vienen desde hace muchos años, con hechos que se remontan al año 1999, 2000 y 2001, en pleno periodo de
empresas de seguridad que eran encabezadas por ex agentes de la CNI como sucedió con la empresa Osepar y
el ex agente Alfredo Rodríguez. Estas informaciones no han tenido cabida real y seguimiento en los medios
masivos comerciales.
JUSTICIA Y PAZ
El Mapuche es visto como enemigo, como potencial problema, que debe ser reprendido. El Estado se presenta,
entonces, como poder de policía militarizada, reprendiendo y cohibiendo y con discursos como el del
subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien aseguró el sábado 16 de mayo en Temuco que las
comunidades declaradas como violentistas no recibirán tierras dentro del programa de restitución llevado
adelante por el Estado, indicando “El Gobierno sólo comprará tierras a comunidades mapuche pacifistas y a
arrepentidos”, publicaba así soytemuco.cl
La paz que algunos quieren proyectar, es esa que busca al Mapuche domesticado y sometido. ¿Quién no quiere
paz? Pero la paz se construye con justicia y no a través de la intensificación de aparatos represivos que con el
propósito de dar “seguridad” a la propiedad privada de algunos, se tenga que someter a una buena parte de la
población regional bajo violentas condiciones estructurales y coloniales.
No es posible dar vuelta una página cuando las injusticias reinan. ¿No es violencia acaso que miles de
personas en su mayoría mapuche tengan que vivir sumergidas en los basurales de las ciudades que son
descargados en las tierras de comunidades? ¿No es violencia los actos de genocidio y colonialismo cometidos
por el estado y sectores del latifundio colonial sin que existan mecanismos efectivos de reparación en el
presente? ¿No es violencia los incendios intencionales a los pocos ecosistemas y bosque nativo en la cordillera
en medio de intereses forestales y mineros? ¿No es violencia que el modelo forestal de monocultivos de
plantaciones de pinos y eucaliptus sequen las aguas, erosionen las tierras y se reemplace tierras cultivables o
de bosque nativo, matando la vida rural? ¿No es violencia que en las tierras ancestrales se quieran imponer
atentatorios proyectos energéticos afectando la vida de numerosas familias rurales? ¿O la amplia
contaminación con agro tóxicos o la contaminación de ríos, esteros y valles que la celulosa ha venido causando
en Mininco-Renaico-Collipulli? Esta realidad violenta, no ocurre en los latifundios coloniales, ocurre en las
tierras de comunidades mapuche y de pequeños campesinos chilenos pobres.
Hoy, sectores ligados a empresas forestales y latifundios coloniales hablan de paz, pero negando la violencia
que muchos deben enfrentar en esta región. Hablan de detener atentados, pero no se cuestionan que entre
sus huestes hay grupos violentistas y que no tienen reparos algunos de cometer atentados para culpar o
incriminar a otros. Hablan de los actos violentos de recuperación de tierras, pero tampoco generan propuestas
para que se reparen tierras ancestrales de manera correcta y pacífica.
Existe una evidente intención de que se mantengan “zonas rojas”, polarizando el ambiente, así las injusticias
sobre impactos de las forestales y el control feudal de latifundistas se mantienen intactos, manteniendo
la geopolítica indemne en amplios territorios, bajo los cimientos del racismo, la intolerancia y la desigualdad.
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En septiembre del 2012 aparecía en los medios comerciales que se había encontrado un arsenal de armas en la
casa de un latifundista, compuesto por tres pistolas, cuatro rifles, tres escopetas, un revólver calibre 22, dos
bombas lacrimógenas y munición de distintos calibres. Algunas de ellas tenían problemas de documentación.
Las armas son de Jorge Temer, sindicado de estar vinculado a grupos ultras e incluso, se ha solicitado que se
investigue su posible participación en atentados y sistemáticas amenazas a comuneros mapuche, pero, todo
quedó en el vacío.
En abril del 2015, aparecía en medios que un grupo de agricultores junto a carabineros, lograban detener la
recuperación de tierras de un fundo en Vilcún por parte de comunidades Mapuche. Se denunció desde la
comunidad que la arremetida de los latifundistas fue violenta y con armas e incluso, se difundió un video
donde se mostraba que por medio de un vehículo de tracción, era despojado un chemamúl, figura ceremonial
mapuche que había sido planteado por los ocupantes, en medio de gritos de triunfalismo por parte de los
“defensores”. Por la situación, quedaron comuneros heridos y se publicitaba y destacaba en algunos
medios, que un agricultor resultó herido, se trataba de Alan Cooper, quien ha amenazado públicamente con
disparar a mapuches y está relacionado con la participación en el asesinato del general René Schneider, en
octubre de 1970, hecho por el cual fue condenado a 541 días, en grado de complicidad.
Lo descrito, no intenta señalar la inexistencia de actos violentos por parte de ciertos sectores que reivindican
derechos o establecen mecanismos de protestas frente a lo que se denomina injusto, se intenta contextualizar
un cuadro de violencia estructural que es negado, que tiene diversas matices y que no es posible ocultar, más
aún, en una región, donde algunos hablan de paz y por atrás, transitan en completa impunidad grupos
violentistas ligados a sectores ultras del sionismo, del fascismo y el neo nazismo, existiendo la particularidad
que en la Araucanía, andan de la mano, bajo la pasividad de organismos públicos y de derechos humanos.
Alfredo Seguel/ Mapuexpress
Fuente:
http://www.elciudadano.cl/2015/05/24/167288/la-violencia-estructural-en-la-araucania-y-los-grupos-ligadosal-sionismo-fascismo-y-al-neo-nazismo/
Serie documental confronta el monopolio del castellano y presenta a Chile
como país multilingüista
El Mostrador, 28 de Mayo de 2015
El documental ahonda en la diversidad de lenguas y culturas en Chile,
trabajando en función de las lenguas vivas que tienen actualmente
hablantes y demandas de ser enseñadas. Cabe destacar que el músico
Ernesto Holman, creador de la banda sonora de la serie, recibió el año
pasado un premio Altazor por su trabajo. Presenta poetas, músicos y
artistas visuales de origen mapuche, rapa nui y aymara, entre otros.
Una serie documental sobre las diversas lenguas indígenas que se
hablan en nuestro país exhibirá este domingo su tercer capítulo por el Canal 13 Cable.
Se trata de la serie “Lenguas Indígenas de Chile”, una obra producida por la académica Elisa Loncon en
conjunto con la Red por los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile (Red EIB) y
Visualarte, con dirección a cargo del realizador Ernesto González y que además contó con el apoyo de la
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UNESCO, Universidad de Santiago y Canal 13 C.
El documental ahonda en la diversidad de lenguas y culturas en Chile, trabajando en función de las lenguas
vivas que tienen actualmente hablantes y demandas de ser enseñadas. Cabe destacar que el músico Ernesto
Holman, creador de la banda sonora de la serie, recibió el año pasado un premio Altazor por su trabajo.
Este domingo, el capítulo estará centrado en destacar los trabajos de Eduardo Rapimán, artista visual
mapuche, y su colega aymara Rosa Quispe.
En idioma original
“Es importante que se conozca en Chile que estas lenguas existen, que tienen cantores, poetas, escritores y
gente que trabaja en mantenerlas”, asegura Loncon, académica del Departamento de Educación de la
Universidad de Santiago.
Los seis capítulos dan a conocer seis testimonios de personas que mantienen vivas y cultivan sus lenguas
nativas, no sólo por medio de conversaciones cotidianas. Entre las historias que se dan a conocer están, por
ejemplo, la de un grupo de cantores Rapa-nui, y el relato de Teresa Panchillo, destacada poeta mapuche, entre
otros.
Una característica de la serie documental es que cinco de los capítulos están hablados en lenguas indígenas,
subtitulados en castellano. Para la profesora Loncon esto impacta al oyente, abriendo a su vez espacios de
conocimiento y promoviendo el multilingüismo.
“Hay chilenos que jamás han escuchado las lenguas indígenas, es por eso que este país necesita alimentarse de
diversidad lingüística, porque no hay espacios abiertos en televisión sobre el conocimiento de estas lenguas”,
destaca.
“Lenguas Indígenas de Chile” era emitida desde el año 2013 únicamente por redes sociales. Sin embargo, desde
el 17 de mayo se transmite los domingos a las 12:00 horas en Canal 13 Cable.
A ser escuchados
Loncon cuenta que la idea de realizar esta serie surgió en el año 2010, cuando la Red por los Derechos
Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile, entidad de la sociedad civil indígena, al amparo de
la Universidad de Santiago, realizó el Primer Congreso de las Lenguas Indígenas.
“En este congreso participaron artistas, poetas, músicos”, recuerda Loncon. “Ellos hacen un trabajo muy
importante en la difusión de la lengua y la cultura; también son weychafe, luchadores y resistencia través de la
imagen, de la palabra, del diálogo. En este evento se decidió difundir las lenguas habladas, llevarlas a los
espacios públicos, para ser escuchadas, apreciadas y valoradas”.
Como objetivos, la obra se propuso dar a conocer las lenguas indígenas vivas y promover a los poetas, artistas
o el trabajo de destacadas personas que se dedican a la enseñanza y difusión de la cultura, el arte, la palabra y
el canto, y también “usar la televisión, considerando que es un instrumento que debiera estar al servicio de
todos los ciudadanos, no sólo de los hispanos hablantes”, según la académica.
“Además queríamos compartir nuestras lenguas con todos independiente de la cultura a la que pertenezca”,
remata.
En palabras de su director, era necesario “tomar espacios en un medio de comunicación de tanta relevancia e
impacto en la sociedad como la televisión –tanto señal abierta como cable- en donde no existe aún suficiente
espacio dedicado al tema de la interculturalidad o bien los contenidos pueden no ser tratados adecuadamente
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por los realizadores sin conocimiento de las culturas de los pueblos originarios”.
“Además se trata de dar la palabra a los propios artistas o representantes de cada pueblo, que sean ellos los
que directamente desarrollen sus contenidos y elaboren sus propios guiones y libretos, con la mínima guía de
los realizadores que no pertenecen a los pueblos originarios”, afirma.
Para el artista Eduardo Rapimán recuperar la lengua, recuperar el idioma, es recuperar una realidad entera,
“recuperar un relato sobre nuestro destino y desde ahí reconstruirnos sobre las historias negadas de un Chile
que reclama a todas voces una cultura que pueda enfrentar el desarrollo universal como protagonista. Chile
cuenta con la densidad cultural suficiente pero el resentimiento a su pobre y violenta historia no deja fluir el
necesario reencuentro que nos debemos para un bienestar en justicia social. Rescatar la lengua es el motor de
esos procesos de liberación”.
Diversidad de escenarios
La filmación fue todo un desafío, no sólo por la diversidad de personajes, sino también los escenarios, tan
disímiles como el desierto de Atacama, la Patagonia o la Isla de Pascua.
“Desde el punto de vista de la comunicación audiovisual, el principal desafío fue establecer un formato
manejable y que permitiera la libre y expedita participación, que finalmente fue el ‘relato en off’ o la voz del
relator de su propia historia en primera persona en la banda sonora”, explica su director. “Se llegó en forma
natural a este formato, considerando el carácter de transmisión oral predominante en las culturas indígenas,
por lo que se aprecia una comunicación muy directa y natural de cada participante”.
“Hubo que contactar a las personas y encontrar el momento para entrevistarlas. Hay que considerar que son
personas que trabajan el tema, que están expuestas externamente, que tienen expectativas respecto a
producto por cuanto hay una etapa de negociación respecto al contenido del producto, y respecto a su valor”,
destaca Loncon.
“El desafío y reto más grande fue lograr transmitir el sentido de la serie, como un instrumento educativo, de
difusión y de resistencia cultural, no de lucro, de folclorización, ni de manipulación política”, añade.
“La diversidad ecológica y geográfica de Chile es conocida históricamente, pocos países del mundo tienen tal
diversidad, aunque no sucede lo mismo en cuanto al conocimiento de la diversidad cultural”, reflexiona
González. “Existe un evidente centralismo en la cultura chilena al definir como remoto un lugar del país en
tanto alejado de Santiago que es la ciudad capital. Podríamos ver esto al revés, Santiago y sus alrededores
pueden ser lugares remotos para los chilenos pertenecientes a los diferentes pueblos originarios que ven el
territorio desde sus respectivos lugares o hábitat tradicional, donde viven y han vivido ellos, sus familias y
ancestros desde tiempos inmemoriales, en armonía con la naturaleza y el ambiente”.
La importancia de las lenguas
La académica destaca fuertemente la importancia que tiene el rescate de las lenguas indígenas en el Chile
actual.
“En primer lugar hay que destacar que esta decisión de revitalizar, rescatar las lenguas ha sido una tarea de los
pueblos que congresos tras congresos se reúnen para compartir avances y nuevas estrategias de
revitalización”, explica Loncon. “La política lingüística en Chile tradicionalmente ha girado en torno al castellano
y a las lenguas extranjeras, pero en las últimas décadas los pueblos han intensificado las demandas para el
reconocimiento de los idiomas, y esto es de gran importancia para los pueblos como para la pluralidad cultural
y de la comunicación en Chile”.
La académica resalta además que la serie sirve para hacer conciencia respecto a los derechos lingüísticos de los
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pueblos indígenas todavía no reconocidos por Chile.
“La Constitución dice que todos somos igual en derecho y dignidad, así las lenguas indígenas, por ser parte de
los derechos humanos fundamentales y de la dignidad de los pueblos, deben estar en todos los organismos
públicos y medios de comunicación”, señala Loncon. “Al no ser así, se vulnera la dignidad de los pueblos.
También es importante para crear conciencia que en Chile hay más lenguas que el castellano, y que las lenguas
indígenas son bellas”.
La elección del artista
La elección de los artistas como representantes de sus pueblos tampoco es casual.
“Son precursores del arte, la palabra, la escritura de las lenguas indígenas”, afirma Loncon. “Ellos son muy
importantes para nuestros pueblos, son creadores y creativos, innovadores. También porque muestran la
cultura viva, no la cultura del museo; muestran que nuestros pueblos han seguido creado, a pesar de la
colonización política, cultural y estructural”.
Loncon resalta que, en contraste con el arte “occidental”, el arte indígena “dialoga con la comunidad, con la
gente y con la naturaleza, nos proyecta al buen vivir de los pueblos originarios”.
“Se diferencia del occidental porque se funda en otra noción de la belleza aquella que nace de la memoria de
nuestros antepasados, de los valores de reciprocidad con la tierra, con la comunidad”, señala. “Su diversidad
nos enriquece. El arte indígena es pedagógico, es didáctico, metafórico y también abstracto. Los poetas
cultivan la memoria, la palabra, los pintores las formas, el espacio y el tiempo; los educadores nos trasmiten el
amor por la tierra, por la cultura. Todos proyectan el futuro de los pueblos indígenas diverso en expresiones,
colores y voces”.
Rapimán, explica, en tanto que los artistas indígenas comparten en común el hecho de estar saliendo al
encuentro de su historia con una dignidad y autoestima que inquieta, que confronta, “que no evade sus
propias fracturas, que rompe justamente los incómodos estereotipos… confío en que se está logrando una
“actitud” particular del ser originario con una expresión que trasciende la misma forma de pensar el arte”.
Fuente:
http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/05/28/serie-documental-confronta-el-monopolio-del-castellano-ypresenta-a-chile-como-pais-multilinguista/
Familia Michillanca denuncia desamparo ante inminente desalojo de tierras
usurpadas en dictadura
El Ciudadano, 31 de Mayo de 2015.
La familia Michillanca, en lucha desde diciembre de 2014 por la
recuperación de las tierras usurpadas fraudulentamente a sus
antepasados durante la dictadura de Pinochet, denuncian
desamparo por parte del gobierno y advierten que la
responsabilidad de la "sangre que corra (la que sabemos
seguramente será la nuestra)" ante "el inminente desalojo" recaerá
sobre las instituciones públicas.
En el marco del proceso de recuperación de tierras que la familia
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Michillanca mantiene desde el pasado mes de diciembre de 2014, y ante el infructuoso actuar de las
instituciones a pesar de las claras evidencias que ponen de manifiesto la usurpación fraudulenta del terreno
durante la dictadura, los afectados han emitido un comunicado en el que denuncian la vulneración de sus
derechos como pueblo mapuche y advierten que resistirán ante un eventual desalojo.
La familia acusa desamparo por parte del gobierno y responsabiliza a las instituciones públicas “de toda la
sangre que corra, la que sabemos seguramente será la nuestra; son piedras contra balas, perdigones, balines, y
un inmenso aparataje destinado al terror en nuestras comunidades”.
Antecedentes
Los documentos que demuestran la usurpación de tierras a la familia Michillanca durante la dictadura
Familia mapuche lafkenche mantiene toma de terreno usurpado en 1974
COMUNICADO PÚBLICO
Ante un inminente desalojo, la Familia Michillanca de los molinos, comuna de Valdivia, acusamos una
vulneración a nuestros derechos como Pueblo Mapuche libre y ancestral, y emitimos el siguiente comunicado
aclaratorio sobre nuestra situación:
Kiñe – La ejecución de maquinaciones dolosamente realizadas por personas inescrupulosas, quienes
aprovechándose del gobierno de Facto de Augusto Pinochet Ugarte, mediante la utilización del terror, sumada
a la falta de educación legal y jurídica de nuestro abuelo José Rosamel Michillanca Almonacid, nos hicieron
sufrir el despojo de nuestras tierras. Bajo amenazas incriminatorias de carácter político y en complicidad con
un funcionario de carabineros es que desalojaron a José de su Tierra, y con ello arrastrando a toda la familia.
Epu – La situación es muy grave ya que a pesar de nuestros intentos de solucionar la vulneración que hasta la
fecha nuestra familia ha sufrido, la CONADI, de la región de los ríos, no nos ha ayudado y más aún nos han
dejado a merced del Winca usurpador y malicioso, quien amparado en su documentación jurídica fraudulenta
nos quiere desalojar por cuarta vez de nuestro territorio. Acusamos a la Conadi de incumplir el compendio de
normas protectoras establecidas en la Ley Nº19253, el actuar de esta institución pública es irrisoria y
vergonzosa ya que adicionalmente nuestra tierra está inscrita en el registro de tierras indígenas y no nos han
prestado el asesoramiento y ayuda necesaria, y obligatoria.
Kula – Estamos ante un desalojo inminente y se están vulnerando todos nuestros derechos y garantías
constitucionales establecidos en la carta fundamental. Adicionalmente esta situación constituye un atentado a
nuestros derechos humanos, de conformidad a la declaración universal de derechos humanos indígenas
emitida por la ONU. El estado a través de la conadi nos ha desprotegido infringiendo el convenio 169.
MELI – Actualmente estamos absolutamente solos a la merced de las instituciones chilenas que desconocen
nuestro derecho ancestral a la tierra, que es la base fundamental de nuestra cultura la que aún no ha sido
exterminada y no lo será, porque nuestra lucha no se detendrá nunca, porque es nuestro deber reconstituir y
hacer permanecer nuestra cultura a través de nuestros hijos, somos nuestros abuelos, padres, madres,
hermanos y hermanas, somos nuestra historia y lo que seremos, somos parte del mapun, nuestra lucha es por
proteger la vida.
KECHU – Ante la acción represiva de Carabineros de Chile a nosotros solo nos queda resistir en nuestra tierra,
hacemos responsable a las instituciones públicas quienes debieron velar por nuestros derechos, de toda la
sangre que corra, la que sabemos seguramente será la nuestra, son piedras contra balas, perdigones, balines, y
un inmenso aparataje destinado al terror en nuestras comunidades.
A Recuperar el territorio Ancestral!
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MARRICHIWEU!!
Fuente:
http://www.elciudadano.cl/2015/05/31/169388/familia-michillanca-denuncia-desamparo-de-las-institucionesante-inminente-desalojo-de-tierras-usurpadas-en-dictadura/
Mapuche exigió aparecer con trarilonko en foto de su cédula
Juan Alfredo Lepichei Hernández aparece con un trarilonko
PUBLIMETRO, 28 de Mayo de 2015, por JAIME LIENCURA M., Twitter: @liencura
Se llama Juan Alfredo Lepichei Hernández (43), es de Punta Arenas y
pertenece a la etnia mapuche. Por lo mismo, cuando renovó su cédula
de identidad en el Registro de Civil de esa ciudad, exigió al oficial que le
tomara la foto con el trarilonko puesto, que es el cintillo de lana típico
de los hombres del pueblo mapuche.
"El oficial me dijo que había que quitárselo, pero yo le respondí que si
una monja llega ahí, ¿él le hace quitarse el hábito? Entonces le dije que
eran parte de nuestras vestimentas típicas y que tenía que aparecer
usándolo. Le dije eso no más y fue hablar con un jefe. Ahí le dijeron que podía hacerlo, pero que quedara claro
que todo lo hacía bajo mi propia responsabilidad", dice a Publimetro.
De padre de origen huilliche (gente del sur) y de una madre lafkenche (gente del mar), Lepichei asegura que
el Gobierno de Chile no se ha preocupado de la inclusión del pueblo mapuche en trámites como el carné de
identidad. "No siempre se permite y debería (ser así) porque yo sé que algunas lagmien (hermana, mujer
mapuche) no se le permite aparecer en su carné con el trarilonko femenino puesto. Eso es negar la
nacionalidad", agrega.
La firma: otra batalla ganada
Pero usar el trarilonko no es la única "batalla" que ganó Lepichei. La otra es su firma, que está "como debería
ser mi nombre en mapuche", dice. Ello, porque según él su nombre en mapudungún debería ser Kuan Lupi
Cheuke que significa "Juan (Kuan), pluma (Lupi) del avestruz(Cheuke o Choike)".
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"Los wingkas (persona no mapuche), cuando llegaron aquí, cambiaron nuestros apellidos y haber firmado con
el mío como debe ser original, también es un orgullo para mí, asegura. De hecho, indica que hay
despreocupación de parte de las autoridades sobre esta materia. "El Gobierno se ha olvidado de nuestra
identidad y se ha olvidado de respetarnos. Ha dejado de lado nuestra cultura y nuestras costumbres. Aquí hay
un liceo donde están enseñando chino mandarín y hay muchos niños que por la influencia wignka se
avergüenzan de ser mapuche", alega el hombre.
No hay indicaciones sobre la prohibición de uso de trarilonko
Consultados al respecto, el Registro Civil indicó que "la fotografía puede tomarse con aros, cintillos, sujetadores
de pelo, turbantes, entre otros, siempre que no alteren u obstruyan la vista despejada del usuario" y de hecho,
agregan que "en relación a las personas que usen joyas, por ejemplo mujeres mapuches con trarilonko, esta
indumentaria está permitida mientras no bloquee los ojos y permita la identificación de la persona". De esta
manera, según la información entregada, el documento que tiene Lepichei Hernández tiene la misma validez
que todas las cédulas de identidad entregadas en Chile, ya que cumple con las normas de seguridad de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Fuente:
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/mapuche-exigio-aparecer-con-trarilonko-en-foto-de-sucedula/xIQoeB!yYPhzMpLMsVs/
Crudo registro fotográfico acusa que a mujeres, jóvenes y niños mapuche no
se respetan sus DD.HH.
Los derechos humanos de los pueblos originarios no son respetados en
nuestro país. Prueba de ello son las 4 imágenes en las que se aprecian
mapuches arrodillados, maniatados y engrillados.
El Ciudadano, 27 de Mayo de 2015,· 21:05
Diversas imágenes captadas en tribunales de justicia y procedimientos
policiales en la región de La Araucanía, muestran el trato diferente que
reciben los detenidos, cuando estos pertenecen a la etnia originaria mapuche
y son sometidos a formalización o llevado a juicios. Incluso existe registro y
archivo de menores de edad que aparecen en tribunales engrillados de pies y manos y otros exhibidos como
verdaderos trofeos de guerra.
JÓVENES MAPUCHES (2015)
Hace una semana atrás 2 comuneros, Jorge Quiduleo y Miguel Toro (foto
arriba), mapuches detenidos en un proceso reivindicatorio de tierras, ambos
pertenecientes a la comunidad Coñoemil Epuleo de Ercilla, fueron llevados al
juzgado de garantía de Collipulli para la revisión de cambio de medida
cautelar engrillados de pies y manos.
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NIÑOS MAPUCHE (2014)
Durante el 2014 tres niños mapuche también pertenecientes a la
comunidad Coñoemil Epuleo fueron detenidos también en un proceso
justo de reclamación de tierras. Ellos fueron llevados a su formalización
esposados de pies y manos. Las fotografías recorrieron el mundo y
causaron gran malestar.
ARRODILLADOS Y MANIATADOS (2012)
Durante el 2012 en violento desalojo del fundo el Natre de Vilcún,
cometido por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, fueron
detenidos 3 mapuches: Ernesto Chachallao Painemil, Bernardo
Carrillán Tropán y Mario Cheuque Sandoval. Ellos aparecen
arrodillados, maniatados y apuntados por armas de fuego de
Carabineros. Esto motivó duras reacciones de representantes de la
causa mapuche e incluso hubo una denuncia ante la Fiscalía Militar por
abuso policial.
MUJER MAPUCHE /MACHI. (2009)
El viernes 16 de octubre del 2009 al interior de la comunidad José
QuiñÓn, Carabineros realizó violentos allanamientos que dieron como
resultado la detención de un Longko y un menor de 13 años. Luego, la
machi Adriana Loncomilla, madre del pequeño y esposa del Longko,
tras oponer resistencia a la detención de su familia, los efectivos
policiales le amarraron las manos con cintas plásticas a su espalda. Esto
ocurrió en su hogar y la mujer tenía signos de haber sido
violentamente golpeada.
Fuente: dechincolajote.cl. Edición El Ciudadano
Fuente:
http://www.elciudadano.cl/2015/05/27/168384/crudo-registro-fotografico-acusa-que-a-mujeres-jovenes-yninos-mapuche-no-se-respetan-sus-dd-hh/
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Políticas públicas
La producción agrícola en tierras recuperadas: El caso de la comunidad Juan
Katrilaf 2 del Lof ñinkilco, Rehue Lleupeco
Cristián Candia Rodríguez*
La forma de aproximarse al mal llamado “Conflicto Mapuche” claramente evidencia la forma inadecuada de
comprensión de parte de la sociedad chilena y del mundo político sobre la demanda de tierras de parte de las
comunidades mapuche del llamado país mapuche, Wallmapu en Mapuzungun.
Es preciso señalar que desde 1990 el Estado Chileno (Representado por el Presidente Patricio Aylwin)
comprometió generar acciones reparatorias para las comunidades mapuche que fueron reducidas y
esquilmadas en sus propiedades. Este proceso de reparación ha sido lento y conflictivo en su desarrollo:
Movilizaciones indígenas, criminalización de la protesta mapuche, arremetidas policiales hacia las
comunidades, procesamientos arbitrarios y encarcelamiento de líderes mapuche ha sido la tónica de las
relaciones entre el estado chileno y las comunidades mapuche en los últimos 18 años.
En la demanda de restitución de tierras, las comunidades mapuche organizadas han logrado, sobre la base de
la movilización y presión sobre las autoridades, un inicio de reconstrucción territorial de sus comunidades. Ello
no ha estado exento de situaciones de alta gravedad, como lo fue el caso del Fundo Santa Margarita1, en cuyo
proceso movilizaciones por su recuperación fue asesinado el joven estudiante mapuche Matías Catrileo el 3 de
Enero de 2008, por parte del carabinero Walter Ramírez Inostroza. Hecho que mantiene una herida abierta en
las comunidades mapuche debido al arbitrio con que la justicia chilena sentenció el artero homicidio. El
proceso de recuperación territorial mapuche es necesario comprenderlo desde su integridad y la sociedad
debe reconocer el aporte que las comunidades mapuche realizan a la sociedad, como el caso que se presenta.
La comunidad Juan Katrilaf 2 que compone el Lof Ñinkilco del Rehue Lleupeco, y perteneciente a la
“Organización por la Defensa y Reconstrucción del Lof Mokopulli”, Territorio Truf- Truf, como lo definen los
descendientes de los antiguos mapuche de la región de la Araucanía, ocupaba, a la llegada de los españoles,
una extensión de 30.000 hectáreas. Es decir, abarcaría la extensión actual de las comunas de Padre Las Casas y
Vilcún.
Condición precaria
Dentro de este territorio, la comunidad Juan Katrilaf 2 (limitante con la rivera sur del río Cautín, en Padre Las
Casas) ha venido reivindicando la recuperación territorial, con importantes movilizaciones realizadas en los
años 2008 y 2009. Producto de la magnitud y gravedad de los resultados de la movilización mapuche, la
autoridad en uso de la facultad de la ley indígena, realizó adquisiciones de tierras para esta comunidad
constituida por 120 familias mapuche. Estas familias por años se desarrollaron en condiciones de precariedad
debido a la escaza tierra cultivable que poseían. Hasta 2009, las familias ocupaban sólo 113 hectáreas de tierra,
en las que realizaban una muy pequeña explotación agrícola.
*
Analista del Programa de Política Indígena de la Fundación Felipe Herrera Lane.
1
Un documentado detalle sobre la historia de este fundo lo entrega el historiador Martin Correa Cabrera en:
http://meli.mapuches.org/IMG/pdf/historia_fundo_santa_margarita.pdf
25
La situación económica de estas comunidades hasta 2009 era bastante precaria. Sergio Katrilaf2, Presidente de
la Comunidad, señala que “hasta esa fecha el ingreso promedio por familia era de alrededor de $50.000
mensuales, se vivía en condiciones de pobreza y con fuertes presiones migratorias de los jóvenes mapuche
quienes no percibían un mayor futuro en sus comunidades”.
La recuperación territorial ha favorecido enormemente a las familias de la comunidad. En estos años las tierras
en manos de esta comunidad pasaron de 113 a 715 has, siendo devueltos a la comunidad en 2009 el Fundo
Santa Margarita y San Miguel (comprados a Jorge Lucshsinger), en 2010 se recuperó el fundo El Aromo y
finalmente una parcela de 40 hectáreas en 2012.
Ello ha permitido a los comuneros desarrollar actividades agrícolas en mejores condiciones, permitiendo
simultáneamente la asignación de tierras para el desarrollo de actividades ceremoniales, elemento central en
la cultura mapuche.
Actividad Económica
La actividad económica de esta comunidad ha sido la especialización en la producción de hortalizas, avena y
forraje. Esta producción se destina fundamentalmente a proveer a los consumidores de la ciudad de Temuco y
de otras regiones.
Otra actividad productiva en que se ocupan los territorios recuperados es la producción de ganadería en
pequeña escala, alcanzando las 500 unidades de ganado bovino. Una decisión comunitaria relevante ha sido la
de destinar tierras para la conservación de bosque nativo, las que actualmente equivales a unas 60 has.
Sin duda que esta comunidad contribuye significativamente al desarrollo económico de La Araucanía. No
obstante, en palabras de Katrilaf, no es suficiente la restitución de tierras, ya que el problema fundamental es
el acceso al agua, lo que hoy no garantiza el Estado en sus políticas de compra de tierras. De otra parte también
la recuperación de tierras no considera la degradación que han sufrido estas, derivada del tipo de explotación
realizada por las empresas forestales.
Katrilaf también destaca que es necesario que se generen políticas especiales para las comunidades mapuche,
sobre todo de acceso a créditos para inversión con pertinencia cultural. Para ello es necesario superar el
concepto tradicional del Estado de considerarlos campesinos pobres. El estado debe reconocerlos como un
pueblo que tiene derechos colectivos y aportes que hacer a la sociedad chilena desde su perspectiva cultural
en el desarrollo económico territorial.
El ejemplo de esta comunidad que lucha por sus derechos y produce para satisfacer necesidades de
consumidores de La Araucanía, debe ser destacado para que la sociedad no indígena comprenda la naturaleza
de su lucha y el aporte al desarrollo económico territorial.
Fuente:
http://www.politicaindigena.org
Dirigente mapuche procesado y encarcelado el 25 de octubre 2009, acusado junto a otros 11 comuneros mapuche bajo los
cargos de daños calificados aplicándoseles la ley antiterrorista, por un atentado contra un medio de transporte público. En 2013
fue absuelto de los cargos por la justicia, debido a lo infundado de las acusaciones de la fiscalía.
2
26
46 personas recibieron certificación como miembros de pueblos originarios
gracias a gestión de Gobernación de Quillota
Login.cl, 25 de Mayo de 2015
Un total de 46 personas recibieron sus
acreditaciones indígenas en la comuna de Hijuelas,
documento que certifica su pertenencia a los
pueblos originarios Diaguitas o Mapuches.
El Gobernador Provincial César Barra valoró el
reconocimiento a las familias, sus orígenes y a su
tradiciones. “Somos un país diverso en lo cultural y tenemos la necesidad de ir conformando espacios para
todos”.
La actividad contó con la presencia del Gobernador César Barra, representantes de la ONG Aucapán, los
concejales de Hijuelas Roxana Saavedra, Romina Basáez, Héctor Osorio y Eloy Tapia, junto al concejal de La
Calera Lautaro Correa. El gobernador provincial destacó que esta acreditación permitirá a los beneficiados a
postular a beneficios como becas estudiantiles o subsidios, además de ser un reconocimiento a los pueblos
originarios.
“Con esta certificación adquiere la calidad de ser parte de un pueblo originario, de reconocer su identidad y a
partir de eso ser parte de todos programas y beneficios sociales asociados a lo que implica la aplicación de la
Ley Indígena. Por lo tiene una relevancia práctica, pero también histórica, simbólica, cultural y de identidad que
permite hacer avanzar a Chile en un país mucho más inclusivo y que genera igualdad de oportunidades a partir
de reconocer a las personas y el acceso a ciertos derechos y beneficios sociales”, explicó el gobernador Barra.
Debido a que en la región no existe una oficina de la Corporación Nacional Indígena (Conadi), esta acreditación
fue gestionada por la Gobernación Provincial de Quillota y el apoyo de la ONG Aucapán.
“Es un trabajo que se hizo desde nuestra oficina, en la comuna de Hijuelas pero en general toda la provincia,
que ha permitido visibilizar con mayor fuerza la presencia de población que pertenece a los pueblos originarios
y que muchas veces no está presente en las actividades propias de lo cotidiano en nuestra provincia”, dijo el
gobernador César Barra.
En total de entregaron 46 acreditaciones entregadas en la comuna de Hijuelas, de los cuales 19 son mujeres y
27 son hombres.
Del total de varones 10 son diaguitas y 17 mapuches, en tanto en las
mujeres 10 corresponden a la etnia diaguita y 9 mapuches.
Fuente:
http://www.login.cl/noticias/1355-46-personas-recibieroncertificacion-como-miembros-de-pueblos-originarios-gracias-a-gestionde-gobernacion-de-quillota
27
Internacional
“Todos somos Relmu”
Notas, 22 de Mayo de 2015
En los últimos meses el “todos somos” se ha vuelto la forma de
demostrar apoyo a distintas personas o causas. Algunos hechos, como
el ataque a la revista francesa Charlie Hebdo o la muerte de Nisman se
difundieron y se hicieron masivos rápidamente. Otros, como la
masacre en Kenia no tuvo tantos adeptos. Después de todo, hay ciertas
causas que parecen más distantes o ajenas, porque algunas nos pertenecen a “nosotros” y otras -valga la
redundancia- a los “otros”.
En los últimos días, lentamente, en distintas redes sociales y algunos medios alternativos se ha comenzado a
instalar un nuevo lema: “Todos somos Relmu”. Pero, con toda razón, la mayoría de la gente podría preguntarse
¿quién es Relmu? ¿todos y todas somos ella? ¿qué es lo que su figura representa? Estas preguntas son válidas
porque Relmu no ha logrado acaparar la atención de los medios masivos de comunicación que nos “informan”
sobre los hechos que debemos saber y no es invitada a los programas de televisión que marcan la agenda de
discusión política.
Relmu Ñamku es integrante de la Comunidad Mapuche Winkul Newen, una comunidad ubicada en el Paraje
Portezuelo Chico, en lo que se conoce como la zona centro de la Provincia de Neuquén. Esta zona ha sido
tristemente célebre por los conflictos vinculados al extractivismo.
Winkul Newen es una de las comunidades que ha resistido el avance de las empresas petroleras sobre su
territorio. Ha llegado a resistirlo de formas extremas: en una oportunidad las mujeres se rociaron con
combustible y amenazaron con prenderse fuego, argumentando que la muerte ya las rodea a ellas y a sus
familias mientras las empresas sigan trabajando en el territorio. Relmu es una de esas mujeres.
Según cuenta la comunidad, el 28 de diciembre de 2012, mientras se encontraban en medio del entierro de
una beba, se hizo presente una oficial de justicia para informar sobre una nueva orden de desalojo,
acompañada de efectivos policiales, integrantes de la petrolera y topadoras. La comunidad se defendió
lanzando piedras. Un día después Relmu se enteró que la oficial de justicia la acusaba a ella de haber lanzado la
piedra que le alcanzó el rostro, provocándole lesiones. Por ese hecho hoy Relmu se encuentra acusada de
intento de homicidio.
Por las dudas aclaramos: intento de homicidio por -supuestamente- haber lanzado una piedra en el medio de la
resistencia a un desalojo. Esta acusación, además, responde a un “cambio de carátula” que, sin mediar cambios
que lo justifiquen en el expediente, pasó de lesiones graves a tentativa de homicidio agravado.
En la última audiencia lo único que se logró fue que se retirara el agravado. A esto se suma la velocidad de la
justicia para avanzar en esta causa y llegar a juicio, algo que podría concretarse el próximo 22 de junio.
Actualmente no es sólo Relmu y su comunidad quienes vienen sufriendo la profundización en la criminalización
de las protestas sociales vinculadas a la protección del territorio y los recursos. Otras autoridades del Pueblo
Mapuche se encuentran judicializadas.
En Catamarca y la Rioja vecinos e integrantes de las asambleas que resisten la instalación de las mineras han
sido denunciados. Felix Díaz ha sido procesado junto con otros integrantes de su comunidad por
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enfrentamientos con la policía en el contexto de un intento de desalojo y de una violenta represión. En
Córdoba las movilizaciones contra la instalación de Monsanto han terminado con la detención de varios
manifestantes.
En este contexto, mediante un comunicado público la comunidad Winkul Newen afirmó saber “que esto no es
solo contra el pueblo mapuche, es un ataque a todas las organizaciones populares y referentes que luchan, un
precedente muy grave en la Argentina”, y convocaron “a todas las organizaciones sociales, políticas y
referentes que nos acompañen solidariamente en esta campaña nacional en defensa del territorio y la
comunidad de Winkul Newen denunciando la criminalización de la protesta y la defensa de la vida de nuestra
tierra y pueblo”.
Darío Kosovsky, abogado de la comunidad, sostuvo que “el conflicto no es por el lanzamiento de una piedra y la
lesión de esta persona, que es lamentable, sino que el conflicto real es entre el Estado, las petroleras y la
comunidad, quedando este hecho como variable de ajuste que utilizan para evitar cualquier tipo de
resistencia”. La discusión, lejos de centrarse en una piedra, implica un modelo de desarrollo que, basado en el
extractivismo, ha desatado resistencias por parte de las comunidades locales (indígenas y no indígenas) que se
han organizado en asambleas y multisectoriales para decir que no a la instalación de distintas empresas (en su
mayoría extranjeras) en sus territorios.
En este marco, personalidades como Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, Adolfo Pérez Esquivel, académicos,
investigadores, distintas organizaciones políticas, sociales, indígenas, ambientalistas, de Derechos Humanos, en
distintos lugares del país han comenzado a apoyar a Relmu Ñamku y a Winkul Newen.
Para aquellos que luchan por el reconocimiento de derechos y por la defensa del territorio y la vida, esta
acusación tiene implicancias concretas y consecuencias peligrosas. Por eso han comenzado a denunciar la
posible aplicación de la Ley Antiterrorista, remarcando el atraso que esto significaría para nuestra democracia.
Florencia Trentini – @flortrentini
Fuente:
http://notas.org.ar/2015/05/22/todos-somos-relmu-namku/
Participó diputado Alejandro Martínez en encuentro multicultural en
Santiago de Chile
NSS OAXACA, Publicado el Martes, 26 Mayo 2015 16:41
En este espacio el diputado mixe expuso la situación de los pueblos
indígenas de Oaxaca.
El presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la
LXII Legislatura del Estado de Oaxaca, diputado Alejandro Martínez
Ramírez representó a Oaxaca y a México en el seminario “Políticas
públicas y la institucionalización de intereses indígenas” en la
República de Chile.
En entrevista, el legislador integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) informó
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que este encuentro es organizado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) a través del Programa de
Participación Política Indígena (PPI) donde participan representantes de cinco países Bolivia, Guatemala, Perú,
México y Chile. En México, es coordinado por la Fundación Rafael Preciado, participan sólo dos Estados Oaxaca
y Yucatán.
Durante el seminario que se realizó durante los días 18 y 19 de mayo en Santiago de Chile, el diputado mixe
expuso la situación de los pueblos indígenas de Oaxaca, donde el respeto a sus derechos humanos aún no es
una realidad.
“La democracia es diálogo, sin un diálogo plural, donde participen los representantes de los pueblos indígenas,
no puede haber una verdadera democracia”, sostuvo el también Presidente de la Diputación Permanente de la
LXII Legislatura del Congreso del Estado.
Indicó que el tema de los pueblos indígenas debe ser un eje transversal y debe estar en la agenda pública de los
gobernantes, pues en la actualidad, siguen siendo marginados y discriminados, a pesar de contar con
instrumentos legales tanto en el Estado como a nivel nacional e internacional.
Martínez Ramírez comentó que existen instrumentos jurídicos de carácter vinculante para todos los países
firmantes, que cumplen la función de garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Estos son el Convenio
169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Agregó que el reconocimiento de los derechos indígenas y las políticas
públicas en América Latina son un resultado de la presión de los
movimientos sociales, de “luchar día con día para que se nos tome en
cuenta, como lo estamos haciendo actualmente en el Congreso para
que en breve podamos aprobar la Reforma indígena y afromexicana”.
Finalmente, el diputado agradeció a la fundación alemana KAS por
implementar este tipo de actividades donde se discuten temas de
interés para los pueblos y comunidades indígenas.
Fuente:
http://www.nssoaxaca.com/politica/51-general/122330-participo-diputado-alejandro-martinez-en-encuentromulticultural-en-santiago-de-chile
Expansión minera y represión social en América Latina: el mapa de un
conflicto que no cede
Radio Uchile.cl, por Paula Correa | Domingo 31 de mayo 2015 11:30
hrs.
Distintas organizaciones ambientales se reunieron para analizar la
situación de la minería en la región. Una de las conclusiones que la
expansión de las plantas mineras ha aumentado vertiginosamente,
llegando a países que antes tenían otro giro e instalando conflictos
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ambientales y sociales en diversas comunidades de Latinoamérica.
“América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel
global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las
comunidades en donde se desarrollan los proyectos”.
Esta es la reflexión que propone el informe “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y
Agresión. Estado de situación en 2014″ elaborado por diversas organizaciones socio-ambientales.
Lucio Cuenca, Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) afirmó
que uno de los componentes de los conflictos en la expansión minera es que ha ido debilitando mucho la
institucionalidad y la democracia de estos países.
Además, afirmó que ha venido aparejada de muchas situaciones de represión y de vulneración de los Derechos
Humanos, dando como ejemplo la militarización de territorios que realizó hace unas semanas el presidente
Ollanta Humala en Perú.
Perú: Leyes para la inversión
Desde Perú, Jorge de Echave, Director de la ONG Cooperacción, indicó que, según detalla la defensoría del
pueblo, más de cincuenta por ciento de los conflictos del país son ambientales, están asociados a la minería y
van aumentando en número e intensidad. De hecho, Perú es un caso emblemático de criminalización de los
movimientos que han surgido para hacerle frente a la minería, un elemento en común del desarrollo de esta
industria que afecta, principalmente, a la población campesina e indígena.
En esa línea, De Echave sostuvo que otro paralelo regional es el discurso que plantea que para recuperar los
niveles de crecimiento y hacerle frente a la deuda internacional hay que estar dispuesto a desregular en
materia ambiental y social, creando un clima cada vez más favorable para las inversiones, lo que se ha
establecido incluso en las leyes de países como El Perú o Chile.
“Hay una legislación abiertamente favorable a las inversiones que ha ido recortando los derechos de la
población y la tendencia es bastante preocupante, ya que no es a que mejore la situación”, sostuvo el
especialista, quien recordó las palabras del académico ecuatoriano Alberto Acosta, quien plantea que el
modelo extractivista “está casi en el ADN de nuestros gobernantes”.
Bolivia: Cárcel por un lado, derrames por el otro
Bolivia es otro caso emblemático. En 2012 se registró el punto más alto de criminalización de la protesta e
impunidad en los conflictos socio-ambientales, en especial con el conflicto de Mallku Quta. Se registraron
detenciones a autoridades tradicionales e incluso la muerte de comuneros durante la represión policial.
En 2013 surgió una ley contra los avasallamientos mineros, que penaliza entre seis y ocho años de cárcel a
quienes irrumpan en áreas mineras e impidan la explotación de los yacimientos, precuela de la ley de Minería y
Metalurgia, que en sus artículos establece como delito las acciones individuales y colectivas que impidan la
actividad minera.
En 2014 se sumó una serie de incidentes ambientales, como el derrame de más de tres mil 300 metros cúbicos
de residuos en las cercanías de un río o el colapso de un dique en Potosí, que dejó a un barrio popular
totalmente anegado de desechos tóxicos.
Brasil: Brutal número de asesinatos en pugnas con la minería
En Brasil los informes muestran más de cien casos de territorios que sufrieron los impactos de la actividad
minera. Entre los destacados están el proyecto Gran Carajás (extracción de hierro de la entonces Compañía
31
Vale), el complejo más grande de extracción de este metal en el mundo, además figura el Mineroducto del
Proyecto Minas-Rio58 que afecta a cerca de 950 mil personas.
En este país el fenómeno de la criminalización es escandaloso. Un informe de la ONG Global Witness, que
documentó los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo entre 2002 y 2013,
señaló que de las 908 muertes que pudieron documentar en 35 países, 448 se produjeron son en Brasil, es
decir un 49,33 por ciento. De ellos el grueso son campesinos, indígenas, o habitantes de la selva amazónica.
Además, los movimientos sociales han sufrido graves ataques a su privacidad y a la libertad de asociación y
expresión a través de un esquema de espionaje, interceptación de comunicaciones con mecanismos
sofisticados y la infiltración de agentes.
Transnacionales y proyectos binacionales
Ejemplos como descritos hay en Colombia, Ecuador, Uruguay y algunos países centroamericanos, todos
descritos en este informe de conflictos mineros 2014, realizado por OCMAL, el Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina.
En el documento se dan cuenta de las iniciativas, pero también del origen de las firmas inversoras. Es allí donde
las canadienses y brasileñas se imponen, con una gran cantidad de proyectos en nuestro continente. De hecho,
en 2013 diez países del cono sur llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que
los Estados de donde provienen estos particulares, no se hacen cargo de la vulneración que cometen sus
empresas en el resto del mundo.
Uno de los ejemplos íconos expuestos ante la Corte Internacional es la instalación del proyecto binacional
entre Chile y Argentina: Pascua Lama de la multinacional canadiense Barrick Gold, actualmente paralizado por
la justicia, después de casi 15 años de oposición de las comunidades.
Este es un megaproyecto aurífero es de proporciones no vistas antes en la región y que incluso llevó a los
teóricos a plantearse cómo las firmas transnacionales, al unir dos territorios, creaban una suerte de “soberanía
propia” sobre su proyecto, donde no aplican a cabalidad las leyes de ni un Estado ni del otro, actuando con una
suerte de jurisprudencia propia, hasta ahora no regulada.
Expansión a Centroamérica y ejemplo de El Salvador
De hecho, otra característica común en el continente es que los países han permitido la vertiginosa avanzada
de la mega minería, que ha logrado expandir sus inversiones incluso a sitios que no eran países mineros como
Argentina, Ecuador o algunos centroamericanos como Guatemala y Honduras.
Entre ellos destaca el caso de El Salvador, donde recién el 2004 se comenzaron a levantar los primeros
proyectos. Allí, los ciudadanos, considerando la experiencia sudamericana, tomaron posición y concluyeron
que los impactos ambientales que se derivan de la minería superan por mucho los ingresos que ésta genera.
Por lo mismo, han exigido a las autoridades que no se invierta en la materia. Edgardo Mira, integrante del
Consejo de Directores del Centro de Investigación sobre Investigación y Comercio (Ceicom), afirmó que están
en una moratoria de hecho, lo que valoró, pero dijo que “no es suficiente” cuando estima que gran parte de la
población en El Salvador considera que no debería haber minería. Por consiguiente, afirmó que su bandera de
lucha es que haya una ley que, de forma explícita, prohíba la minería metálica.
El salvadoreño afirmó que una ley debe dirimirse en la Asamblea Legislativa, es decir el Congreso Nacional y allí
entran otros intereses. Por lo mismo, mientras se realiza el trámite legislativo están pidiendo que el Presidente
emita un decreto para prohibir la actividad minera. Sin embargo, mientras, las mineras no ceden y siguen
afectando fuertemente las aguas, una de sus principales preocupaciones.
32
En ese sentido, Mira afirmó que se debe dar un salto desde la formación de comunidades de resistencia para
entrar e incidir en el debate de políticas públicas en los distintos países, regulando los elementos estructurales
que norman este tipo de actividades y sus consecuencias para la población.
Fuente:
http://radio.uchile.cl/2015/05/31/expansion-minera-y-represion-social-en-america-latina-el-mapa-de-unconflicto-que-no-cede
33
Temas
El negocio del agua amenaza la agricultura familiar en Chile
El Ciudadano, 25 de Mayo de 2015, 15:05
Cascada Barba de Abuelo, en el Parque Aitken, en la región de Aysén,
en el sur de Chile, donde se ubica una de las mayores reservas de agua
dulce del planeta. Pero pese a ello, sus habitantes deben pagar el agua
que consumen, tanto para sus necesidades como para cultivar sus
tierras. Crédito: Marianela Jarroud/IPS
Los derechos de agua en Chile, privatizados durante la dictadura la
militar en 1981, tienen en jaque a la agricultura familiar y campesina,
que lucha por la reconversión, al menos parcial, de este recurso al
control público.
“¿Por qué debemos pagar derechos de agua si la gente que nació y se crió en el campo siempre tuvo acceso a
ese recurso?”, planteó a Tierramérica la lideresa de las mujeres campesinas de la sureña Patagonia, Patricia
Mancilla, en un planteamiento que se repite por todo el país entre los pequeños productores.
Chile, un país estrecho y largo, tiene abundantes recursos hídricos, pero desigualmente repartidos: mientras al
sur de Santiago la disponibilidad media anual es de más de 10.000 metros cúbicos por persona, al norte no
llega a los 800 metros cúbicos por habitante, según un estudio de 2011 del Banco Mundial.
“El agua es actualmente, sin lugar a dudas, la problemática ambiental más importante del país. Pequeños
agricultores han perdido sus tierras y hay comunas (municipios) como Petorca, donde viven más de 3.000
mujeres solas porque sus parejas salieron a buscar nuevas fuentes laborales”Rodrigo Mundaca
Haya mayor o menor disponibilidad, la Constitución de 1980 consagra al agua como un bien privado. El uso de
los recursos hídricos, según reglas del mercado, está regulado por un Código de Aguas, que confiere al Estado
la facultad de conceder derechos de aprovechamiento a empresas, de forma gratuita y a perpetuidad.
Faculta además a comprar, vender o arrendar esos derechos sin tomar considerar prioridades de uso.
“Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y la gestión de las aguas”, aseguró a
Tierramérica el activista Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra
y la Protección del Medio Ambiente.
El activista e ingeniero agrónomo añadió que la ley chilena “separa la propiedad del agua del dominio de la
tierra dando origen al mercado de las aguas”, lo que provoca que existan propietarios de tierra sin agua y
viceversa.
La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) estableció dos categorías de derechos de aprovechamiento de
aguas: consuntivos y no consuntivos.
Entre los derechos consuntivos, aquellos en que el recurso se consume al usarlo, 73 por ciento están en manos
del sector agropecuario, nueve por ciento de la minería, 12 por ciento del sector industrial y seis por ciento en
manos del sector sanitario, puntualizó Mundaca.
Los no consuntivos, aquellos en que el agua no se consume, sino que transita, están destinados principalmente
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a la generación de hidroelectricidad y 81 por ciento de esos derechos se encuentran desde 2009 en manos de
la empresa italo-española Enel-Endesa, reveló el dirigente.
Como consecuencia, “hoy las comunidades del norte de Chile se enfrentan por agua con la megaminería; las
comunidades del centro, con la agroindustria y la agroexportación; y las del sur, con las hidroeléctricas y las
forestales”, relató Mundaca.
“El agua es actualmente, sin lugar a dudas, la problemática ambiental más importante del país. Pequeños
agricultores han perdido sus tierras y hay comunas (municipios) como Petorca, donde viven más de 3.000
mujeres solas porque sus parejas salieron a buscar nuevas fuentes laborales”, aseguró.
En general, América Latina es una de las regiones del mundo más vulnerables ante crisis provocadas por el
cambio climático, según el Banco Mundial. Pero en Chile, la mayor vulnerabilidad para los pequeños
agricultores no es la climática, sino el “robo de agua” por parte de los grandes agroexportadores.
Petorca, un caso paradigmático
“El negocio del agua evidencia el conflicto de intereses, el tráfico de influencias y la corrupción que hay en
Chile”, afirmó a Tierramérica el pequeño agricultor Ricardo Sanhueza, residente en el municipio de Petorca, a
220 kilómetros al norte de Santiago, cuya situación representa el paradigma del impacto del modelo del agua
de los últimos 35 años.
“Recuerdo que entre 1987 y 1997 vivimos una fuerte sequía, pero jamás faltó el agua potable”, añadió. Petorca
se ubica en la provincia homónima y sus algo más de 70.000 habitantes deben abastecerse de agua mediante
camiones cisterna.
“El problema aquí no es climático”, dijo, “el problema es de sobreexplotación de tierras y abuso de las aguas”.
“Los intereses políticos están socavando las bases de la agricultura familiar campesina”, remató.
La provincia de Petorca, con una superficie de 4.589 kilómetros cuadrados, está enmarcada de oriente a
poniente por la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.
Según un estudio del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las causas de la escasez hídrica
que experimenta esta provincia “no estarían solo asociadas al fenómeno de sequía”, sino que inciden también
“las actividades empresariales que tienen lugar en la zona”.
El informe señala, además, que “el otorgamiento de derechos de agua sobre cuencas extinguidas, son
representadas como factores que han contribuido a generar un situación de crisis hídrica que afecta
seriamente la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Petorca”.
“La priorización de la función productiva del agua, por sobre su función de consumo humano ha contribuido a
la agudización del problema”, añadió.
Mónica Flores, psicóloga del municipal Departamento de Salud Pública, contó con nostalgia a Tierramérica
cómo el río Petorca se secó por completo, lo que terminó con la activa vida social de sus habitantes en torno a
él.
“El río nacía en la cordillera y desembocaba en el mar, pero hoy vemos solo una línea gris, llena de tierra y
piedras”, reveló.
“Existe un antes y un después. Mi infancia giró en torno al río: allí jugaba con mis amigos, nos bañábamos,
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pololeábamos. Sin embargo, la vida de mi hija no es la misma, es mucho más solitaria”, afirmó Flores.
“Muchos rituales se hacían junto al río que era el corazón, la columna vertebral de la provincia”, aseveró sobre
el impacto para la población de la desaparición del río.
Pero Petorca es solo un ejemplo de la realidad que se vive en Chile.
El 22 de marzo, durante el Día Mundial del Agua, el INDH advirtió que “el desarrollo del país no debe ser a
costa del sacrificio del agua de las comunidades, ni a costa de hipotecar el futuro de las generaciones que
vienen”.
Actualmente, la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados debate la reforma del Código de
Aguas y hay avances sustanciales, como el establecimiento de prioridades de uso del agua para necesidades
esenciales y la modificación del derecho de propiedad a perpetuidad por una concesión de uso y goce
temporal.
Pero las mejoras de la reforma, una vez que entre en vigor, serán solo aplicables para el futuro y la mayoría de
los derechos de agua ya están otorgados.
Además, hasta ahora no se toca el privilegio de las aguas al sector minero, que otorga el derecho de
aprovechar las aguas halladas en las labores mineras. Tampoco se habla de la insuficiencia de reservas para
usos esenciales de campesinos e indígenas o de cambios constitucionales para recuperar el estatus de bien
público de las aguas.
La Constitución fraguada por la dictadura “señala que todas las personas son libres e iguales en dignidad y en
derechos. Sin embargo, la privación de agua, tiene a vastos sectores de la población tomándola de camiones
aljibes, bañándose por presa (partes) y haciendo sus necesidades en bolsas plásticas”, enfatizó Mundaca.
“Es vergonzoso e impropio. El agua debe ser recuperada de una forma o de otra”, concluyó.
vía IPS
Fuente:
http://www.elciudadano.cl/2015/05/25/167673/el-negocio-del-agua-amenaza-la-agricultura-familiar-en-chile/
Centro de Documentación Mapuche, Mapuche info, 2015-05-16
Venancio Coñuepán: El Estado, más que solucionarlo, ha profundizado el
problema indígena
El director de la Fundación Chile Intercultural comenta que ha existido
una "improvisación" por parte de la autoridad y que lo más grave es
que no se cuente con una agenda política.
No tenemos mucha esperanza de que el Estado solucione el problema
indígena“, así de pesimista es el diagnóstico del director ejecutivo de la
Fundación Chile Intercultural, Venancio Coñuepán, respecto al conflicto
que se vive en la región de La Araucanía.
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Venancio Coñuepán, quien fue asesor del ex director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, (Conadi) comenta a “El Líbero” sus preocupaciones respecto al desempeño que ha tenido el gobierno
en la zona e incluso es tajante en señalar que el intendente Francisco Huenchumilla no cuenta “con el piso
político para generar los cambios que se necesitan”.
Además, revela los últimos resultados delInforme de Seguimiento y Análisis de la Conflictividad en la región
que abarca el período enero-abril 2015; en el cual se da cuenta que se registraron 132 focos de conflicto -que
abarcan desde acciones político/públicas hasta ataques incendiarios- donde la mayoría de ellos corresponden a
los cuestionamientos hacia las autoridades por el manejo del problema.
- ¿Qué le parece la designación de Jorge Burgos como ministro del Interior?
– En términos políticos generales, bien. Parece una persona mucho más razonable, más abierta al diálogo y a
buscar consensos que la administración de antes. Pero en el tema indígena es preocupante, porque cuando él
fue subsecretario, la experiencia no fue muy buena.
- ¿Por qué?
– Porque en esa época el gobierno sólo perseguía a los mapuches por la vía judicial, nunca hubo un ejercicio de
tratar de entender las causas del conflicto, de tener una política más integradora y profunda. Se remitieron a
perseguir a quienes ellos designaban como los autores de los hechos de violencia.
Más allá del cambio, lo que preocupa es la poca preocupación que tiene este gobierno en general de la causa
indígena. Ni si quiera tiene una agenda política. La Presidenta Michelle Bachelet no ha venido en todo un año.
Está claro que el intendente Francisco Huenchumilla no tiene el piso político para generar los cambios. Hay una
improvisación. La gran innovación en política el año pasado fue aumentar el presupuesto de tierras, pero eso
no soluciona nada.
- ¿Cuál cree que debería ser la ruta que debería seguir el gobierno?
– Los conflictos aumentan cuando el gobierno genera expectativas y no las cumple. El intendente Huenchumilla
generó la expectativa de que iba a cambiar el mundo, pero finalmente no hizo nada. El movimiento indígena en
marzo de 2014 presentó una propuesta de la oficialización del mapudungún -que en La Araucanía se hablen los
dos idiomas-, el intendente no se ha pronunciado al respecto. Hay un reglamento propuesto por la mesa en
conjunto con personas del gobierno y las autoridades no se han pronunciado. Ahora hay una protesta
convocada para el próximo lunes afuera de la Intendencia y el gobierno no ha dicho nada.
- ¿Hay alguna responsabilidad en esto del ex ministro Rodrigo Peñailillo?
– No, él no tiene mucha responsabilidad.
- ¿Él se mostró abierto al diálogo en la región?
– Aquí venía casi siempre el subsecretario Mahmud Aleuy. De hecho, él se comprometió el año pasado a dar un
seguro para las víctimas de violencia y tampoco lo cumplió.
- ¿Han solicitado tener alguna reunión con el subsecretario?
– Honestamente, nosotros como fundación no tenemos mucha esperanza de que el Estado solucione el
problema indígena. El Estado ha cometido más errores, han contribuido a estancar o profundizar este conflicto
más que solucionarlo. Nosotros apuntamos a que la sociedad civil -tanto mapuche como no mapuche de la
región- se haga responsable primero en tener un consenso en cuanto a la causa, cuáles son los problemas que
nos aquejan y tratar de buscar una solución para superarlos.
“Si no existiesen incendios o tomas, el conflicto indígena continuaría igual”
De los 132 conflictos que se registraron entre enero y abril de 2015: la mayoría de ellos fueron acciones por
parte de los consejeros de la Conadi y de parlamentarios de la zona cuestionando el manejo del problema
indígena; lo siguen las medidas judiciales como allanamientos, querellas, demandas, entre otros; después las
reivindicaciones territoriales como tomas o bloqueos de carreteras; y, en igual cantidad, las situaciones de
seguridad ciudadana como incendios, etc.
“Esto significa que el conflicto no se focaliza exclusivamente en los hechos de violencia pura, esa es una
minoría en comparación con los grandes problemas que existen en la región. Es decir, si no existiesen incendios
o tomas, el conflicto continuaría, porque es mucho más profundo“, asegura Venancio Coñuepán al comentar
los principales resultados que revela el Informe de Seguimiento y Análisis de la Conflictividad en la región de La
Araucanía -elaborado por la fundación que él preside- el cual consiste en analizar y registrar los focos del
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conflicto en la zona a través de la revisión de los medios de comunicación- .
En cuanto a la época con mayores noticias relacionadas con el problema indígena, una vez más se concentran
en enero con un total de 55 conflictos; cuestión que se explica porque en dicho mes se conmemoran dos
fechas importantes y sensibles para la región: el aniversario de muerte de Matías Catrileo (3 de enero de 2008)
y del matrimonio Luchsinger-Mackay (4 de enero de 2013). Mientras que en marzo sólo existieron 16 hechos
que fueron registrados en la base de datos, esto debido a que los incendios forestales, la erupción del volcán
Villarrica y la emergencia agrícola que se vivió en la zona calmaron los ánimos.
En relación a quienes ejercieron medidas de presión durante este período, la mayoría de ellos corresponden a
comunidades indígenas y luego los encapuchados, a través de quema de casas, vehículos, maquinarias,
siembras e incluso se registra un caso de secuestro en una comunidad en la comuna de Ercilla.
Por último, el actor que recibió más críticas por medio de la prensa fue el gobierno central, seguido por el
gobierno regional y luego la Conadi.
Fuente:
http://www.mapuche.info/?kat=11&sida=5606
Movimiento Generación 80, por Victoria Aldunate Morales, 25 de Mayo de 2015
Nuestra tolerancia, una mierda o ¡A la mierda nuestra tolerancia!
En casi todo el mundo, por siglos, la crueldad, los golpes, la tortura, la agresión hacia las mujeres, los niños y
niñas, los homosexuales, las travestis, los viejos, los más débiles, han sido uso y costumbre machista dentro de
la casa y en la Familia; también en la noche, en una calle oscura, en un sitio baldío, en la comisaría y en el
cuartel policial, solapadamente, sin llamar la atención pública.
En Chile –y no es que no pase en otros lados-, hace al menos cuatro décadas, a eso se le suma la costumbre de
la tortura pública: por un lado, “ciudadanos" indignados golpean, humillan, amarran al “delincuente” a un
poste, y por otro, los pakos agreden en la calle a quienes protestan. Y es que, cómo no militarizarlo todo si la
misma presidenta marcha como soldado. Claro, luego sonríe y habla con una extrema feminidad. Las demás
mujeres del Gobierno y del Congreso, sin importar partido, también. Es más, no creo haber visto señoras y
señoritas más compuestas y de apariencia tan decente. Las mejores buenas esclavas que el patriarcado -como
lo definen nuestras hermanas feministas europeas-, pudiesen imaginar. Claramente estas mujeres políticas son
lo más parecido a lo europeo que hay por acá; ellas, las modelos de revista y las mujeres de la burguesía;
aunque estas últimas no tienen para qué darse la lata de trabajar ni siquiera en los dos trabajos que
actualmente son los mejor pagados en esta “República”: Gobernar y jugar a ser Oposición.
Parece que antes no era tan buen negocio, pero con un Golpe de E$tado, tortura, crimen, desaparición de
personas y un poco de astucia neoliberal se volvió.
Y no les bastó arrebatarnos Jubilación, Salud, Educación, así es que vinieron sus boletas y facturas falsas, sus
sobornos, su blanqueó de dineros, y sus campañas políticas de “Izquierda” y Dere$ha –que lo mismo da-,
pagadas por Cruzat-Larraín (Holding Penta), por quien sabe qué otros depredadores neoliberales, y
especialmente por el mismo ex yerno de Pinochet (SQM)…
En este escenario tortuoso, violento y escandaloso llegó el 21 de Mayo, “Día de las Glorias Navales”, dicen, y
hubo como siempre en el Congreso de Valparaíso, mucha marcha, mucho discurso, pero ni una palabra sobre
toda esta miseria política a la que asistimos. Y a dos calles de allí, sus pakos, pública y masivamente perseguían,
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mojaban con agua y ácidos, tironeaban, zamarreaban, pateaban, agarraban a palos y dejaban tiradas,
sangrando o aturdidas, a niñas, jóvenes, chicos, y ex presos y presas políticas de avanzada edad, incluso en silla
de ruedas. El día anterior lo habían hecho en Santiago con estudiantes de secundaria fuera del ex Congreso.
El maltrato público se ha vuelto un nuevo rito que parece que estuviéramos destinados a repetir una y otra vez
mientras toleremos lo que estamos siendo capaces de tolerar…
El hijo de vecino
Pero tal vez me equivoco y no es que todos y todas toleramos, sólo
quienes solemos aguar la fiesta con esto de la ética y el poder que
corrompe y todas esas ideas “ancianas”. Tal vez la mayoría de este país,
un porcentaje importante, el hijo de vecino por ejemplo, no cree que sea
realmente malo matar o torturar a alguien por pintar un grafiti o robar
en la calle.
¿Es posible que gente que vive en la casa de al lado, en nuestras
poblaciones y que toma la misma micro a diario, crea que la tortura, la
crueldad y el crimen es una opción ante aquello a lo que los medios llaman “delincuencia”?
¿Por qué no podrían pensar así, si cerca de la mitad de la humanidad mantiene como una opción posible,
torturar y matar a las mujeres por abandonarles, engañarles, o no servirles adecuadamente?…
¿Quiénes son los “vándalos”?
Los medios masivos pertenecientes a la Dere$ha $hilena, o sea la tevé abierta en pleno, los diarios
tradicionales que operan como uno solo y varias radios, nombran como “vándalos” a quienes protestan. Su
perfil: jóvenes hombres, chicas también, encapuchadas, pobres, y si no son “pobres, pobres”, como dicen, al
menos no unos ilusos que se crean “clase media” en un país con una de las peores distribuciones de la riqueza.
Y los que son estudiantes suman a eso estar endeudados en millones para acceder a oficios y a algunos
conocimientos.
Son justo esos jóvenes, quienes han caído muertos y heridos en estos días. Agredidos por un Gobierno y una
Clase Política que se parapetan en la violencia de E$tado ejecutada por sus Carabineros para bloquear
investigaciones y evitar que les pidan cuentas de verdad (no como la “Cuenta Pública” que dieron), sobre lo
que han estado haciendo: Fraudes tributarios, boletas falsas, blanqueo de dineros, cohecho, sobornos… ¡Si sólo
los ex operadores de Penta habrían defraudado al Fisco por una cifra entre los $260 a $660 millones de pesos, y
el ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, habría recibido 42 millones de pesos del Holding Penta
–de Cruzat-Larraín- por trabajos que nunca hizo!
¿Cuánto le sumará a eso SQM, la empresa que fuera estatal antes del Golpe, pero que pudo “adquirir” Julio
Ponce Lerou gracias a su suegro, Pinochet, en los 80? ¿Cuánto ha defraudado SQM con su “financiamiento” a
dere$histas e “izquierdistas”, entre ellos, según reconocen los medios, a Giorgio Martelli, recaudador de las
campañas de Bachelet?
Los hijos de vecino suelen decir que es obvio que los políticos mienten, traicionan y roban, que así es la cosa, y
con esa normalización del crimen de los ricos le bajan el perfil y contribuyen a la impunidad.
¡Será “normal”, pero es una mierda! Porque es verdad que ya antes del 90 nos dimos cuenta que estaban
preparando una perfomance de “vuelta a la Democracia”, sin embargo, no llegamos a imaginar el nivel de
cinismo de un escenario en que cualquiera de sus gobiernos sería financiado por la misma burguesía que
derrotó a Allende, y no con la plata que ya habían amasado ellos, si con la de todos y todas quienes poblamos
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este territorio. Fue tanto, que ya no pudieron taparlo y ahora nos quieren tirar unos cuantos anuncios para
callarnos como con un par de huesos: “proceso constituyente”, “fin al binominal”, “60 % de los estudiantes con
gratuidad 2016”; una ley de Salud urgentemente aprobada y hablando de Derechos Humanos, ni una palabra
de las presas y presos políticos de la Dictadura en Huelga de Hambre desde hace casi mes y medio.
¿Cómo harían su “proceso constituyente”? Ni saben. ¿Cómo van a pagar la educación del 60% de los
estudiantes?, menos. Pura letra chica.
Es verdad que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente, como dicen los
anarquistas; es verdad que feministas radicales no llegarían jamás a presidentas, y que tantos políticos “de
izquierda” no llegan a puestos de poder sin venderse incluso al que alguna vez los persiguió.
Sabemos que los ricos no llegan a ricos trabajando duro. Explotan gente, les pagan un moco; en el Sur corrieron
cercas, amedrentaron a gente mapuche, les intercambiaron pan y vino por tierras; se trajeron a europeos con
una mano adelante y otra atrás con todo regalado con tal de expulsar a los “indios” de un territorio que
concentraron en su Clase; les expulsaron a las ciudades, les hicieron trabajarles en sus casas. Nos han obligado
a las mujeres a parir harta guagua para luego explotarlas. Así se hacen ricos los ricos.
Por eso, los pobres somos “su problema”. Por eso si llega una gitana al supermercado, le pegan y la detienen,
porque suponen que fue a robar, ¿a qué más iría?, es parte de los marginados, de los desplazados, de los que
han sido despojados.
Amenazamos su estabilidad, ya sea con la recuperación de algo de lo arrebatado o con un panfleto, un grafiti,
una marcha, una foto, una pintura, un cuento, una canción, un poema, una pancarta que relata una verdad que
no es relativa: El Capital es el Capital porque sus dueños
explotan, defraudan, matan, hacen leyes, levantan y sostienen
Gobiernos para quedar impunes.
Es amenazante que develemos eso. Si no lo fuese, no estarían
reprimiendo como lo hacen y no habrían bloqueado la
investigación con el Servicio de Impuestos Internos ayudados por
su “Tribunal Constitucional”. - Ya sabemos que el TC está
integrado por “figuras” de Dere$ha a “Izquierda”, y que el SII
estaba hasta hace poco dirigido por el ya “renunciado” Michel
Jorrat, quien fuera jefe de finanzas de la última campaña de
Bachelet. Pero en este juego de intercambio de puestos y gobiernos que tienen entre ellos, el “renunciado” no
tuvo asco en declarar a una revista de Dere$ha, -y los diarios de Dere$ha lo replican felices como un gol que
dieran los envidiosos y damnificados fa$hos del Caso Penta-, que él no investigó “por presiones de Interior”…
eso, cuando estaba en el Ministerio del Interior el ahora, también renunciado, ex favorito de Bachelet, Rodrigo
Peñailillo*… (¡Esto sí que es obvio!).
Notamos a menudo que la siembra de la Dictadura caló muy hondo y mucha gente normalizó la tortura y la
muerte, elevó al nivel de “valores” la propiedad y la plata, ven como una obviedad el enriquecimiento a costa
de todos y todas, y aceptan gustosos el chorreo humillante de unas tarjetas de crédito para vivir a deudas, es
verdad, pero que esto tan “normal” y tan “obvio” siga parapetado, bloqueado y silenciado, depende en gran
parte de nuestra tolerancia, la que bien se podría a ir a la mierda un día de estos.
Victoria Aldunate, lesbofeminista, ex pp de la Dictadura, escritora y terapeuta
Fotos tomadas de Internet
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Notas de prensa que usted puede consultar entre muchas otras:
“Denuncia de Jorratt abre la puerta a investigación por obstrucción a la justicia en caso SQM”, M. Donoso y J.
Canales, La Tercera, 23 de mayo de 2015.
“Reafirma haber recibido presiones del Ministerio del Interior. Jorrat sigue disparando con todo: “los políticos
querían que el SII actuara en un sentido u otro para sus propios fines”. El Mostrador, 23 de mayo de 2015.
“Requerimiento fue solicitado por defensa de Pablo Wagner. Caso Penta salpica la administración Piñera:
Fiscalía pidió agendas de ex ministros, El Mostrador, 24 de mayo de 2015.
“Prisión para seis de los implicados en el ‘caso Penta’ en Chile”, Rocío Montes, Santiago de Chile, El País 7 de
marzo de 2015.
“Caso SQM: Fiscalía aplazó interrogatorio a Giorgio Martelli”, Cooperativa, 20 de mayo de 2015.
Fuente:
http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=20825
Viernes 22 mayo 2015 | 14:56 · Actualizado: Jueves 21 mayo 2015 | 17:13
Consejo de la Cultura amplía el plazo para postular a los nuevos Tesoros
Humanos Vivos
Arturo Lucero, único constructor y reparador de las “Ruedas de agua de
Larmahue” – 2014
Publicado por María Graciela López | La Información es de Comunicado
de Prensa
La convocatoria, que busca reconocer a personas y comunidades de
alta significación para el patrimonio inmaterial de nuestro país, estará abierta hasta el martes 26 de mayo.
El Grupo de Ngütamchefe (componedores de huesos), de la comuna de Tirúa en la Región del Biobío, fue uno
de los Tesoros Humanos Vivos reconocidos el 2014 como parte del programa Unesco, ejecutado en Chile por el
Consejo de la Cultura (CNCA). Este 2015, nuevos individuos y comunidades portadores de patrimonio cultural
inmaterial de alta significación para el país, podrán optar a la misma distinción, postulando a la convocatoria
del CNCA, que amplió su fecha de cierre hasta el próximo 26 de mayo.
El anuncio fue dado a conocer por el Ministro de Cultura, Ernesto Ottone, quien destacó que “reconocer y
poner en valor nuestro patrimonio, y promover su resguardo, es una de las prioridades que tenemos como
CNCA. Por lo mismo hemos decidido extender el plazo para que personas y entidades de todos los rincones del
país puedan presentar sus candidatos a ser los nuevos Tesoros Humanos Vivos de Chile”.
Las candidaturas deben ser postuladas por un patrocinador, que puede ser una persona natural o jurídica,
como fundaciones, municipalidades, ONG’s, juntas de vecinos, entre otros. Estos deberán completar una ficha
de postulación disponible en los Consejos Regionales de Cultura o en los sitios web www.cultura.gob.cl y
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www.portalpatrimonio.cl, y entregarla junto a los antecedentes requeridos en las Direcciones Regionales de
Cultura de todo el país, hasta la nueva fecha estipulada.
Tras recibir las postulaciones, que desde 2009 a la fecha suman un total de 700, el proceso de selección queda
a cargo de comités expertos Zonales y uno Nacional. Las propuestas son evaluadas en una primera instancia
por los expertos zonales, y luego el Comité Nacional prioriza a seis Tesoros Humanos Vivos. Estos reciben un
reconocimiento en dinero (3 millones de pesos para los individuos y 7 millones para las comunidades), además
de la invitación a trabajar conjuntamente con el CNCA en la implementación de estrategias de salvaguardia de
su conocimiento.
Se pueden presentar personas y/o comunidades locales específicas, portadoras de patrimonio cultural
inmaterial de alta significación para el país, o bien, aquellas expresiones en peligro de desaparecer en ámbitos
como artesanía, música tradicional y popular, literatura oral, festividades religiosas, tecnologías y medicina
tradicional, entre otras.
Del 2009 a la fecha se han reconocido 32 Tesoros Humanos Vivos en Chile. El año pasado la distinción recayó
sobre la Unión de Artesanos de Quinchamalí, los Carpinteros de Ribera de Lanchas Chilotas y el grupo de
Componedores de Huesos de la comuna de Tirúa. En la categoría individuos, el reconocimiento fue para Arturo
Lucero, constructor de ruedas de agua de la Región de O’Higgins; Nemesio Moscoso Mamani, fabricante y
reparador de la Bandola, instrumento musical aymara; y Domitila Cuyul, maestra de paz del pueblo huilliche.
Para conocer los Tesoros Humanos Vivos, puedes visitar su sección en el sitio web del Patrimonio Cultural del
CNCA.
http://www.portalpatrimonio.cl/programas/thv/
Fuente:
http://www.biobiochile.cl/2015/05/22/consejo-de-la-cultura-amplia-el-plazo-para-postular-a-los-nuevostesoros-humanos-vivos.shtml
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