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Claridad, El Periódico de la Nación Puertorriqueña
Dos caras de la crisis actual
Por: Félix Córdova Iturregui
En junio de 2009, en la convención de la Cámara de Comercio, el Secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Luis Fortuño, Pérez Riera, le expresó a la
concurrencia que “el sector privado se tiene que sentir que es dueño de Puerto Rico”. De forma directa y sin sutileza alguna añadió lo siguiente: “nosotros le
responderemos a ustedes”. Aunque el gobernador no lo desmintió, se vio obligado a suavizar la desnudez de la expresión y manifestó que todos somos dueños de
Puerto Rico. Una cuestión elemental de pudor: nadie debe desnudarse políticamente con tanta desfachatez en público. Sin embargo, la manifestación de Pérez
Riera fue importante y debió provocar una atención reflexiva sobre el carácter específico que ha tenido la política neoliberal en Puerto Rico desde su manifestación
agresiva en la década del noventa del pasado siglo.
Uno de los temas más destacados de esta nueva manera de “servirle” a lo privado ha sido el llamado gigantismo gubernamental. El 17 de febrero de 2011, Luis
Fortuño escribió un importante artículo en El Nuevo Día: “El legado de Don Luis”. Cita parte de una carta de Luis Ferré, de 2003, cuando endosó su candidatura
para Comisionado Residente: “Tú, al igual que yo, procedemos de la empresa privada, y sabemos que la base de la justicia social no es el gasto público sino la
promoción de empleos a través del sector privado. Necesitamos más hombres y mujeres procedentes de la empresa privada que, como tú, deseen servir a Puerto
Rico a través de puestos electivos sin que hagan de la política su profesión.” Fortuño expuso su idea de un gobierno pequeño, ágil, con servicios de excelencia al
sector privado, considerado el motor de “nuestra economía”. El gobierno gigantesco y avasallador, expresó, ahoga al individuo.
Si miramos el resultado de este discurso glamoroso sobre la efectividad del gobierno ágil y pequeño, la conclusión sobre su éxito no es difícil: de 2006-2015 se
han perdido 270,000 empleos en la economía (53,000 en la manufactura; 88,000 en el gobierno; 29,000 en el comercio al detal y miles en otros sectores). La crisis
fiscal que se propuso corregir, se agudizó a su vez hasta provocar la intervención del gobierno federal con la imposición de una Junta de Control Fiscal. Parecería
que estamos ante el fracaso rotundo del neoliberalismo. Más aún si pensamos que Luis Fortuño propuso el gobierno pequeño y ágil como sustituto del “modelo de
gobierno paternalista”, que “crea un ciclo vicioso de dependencia que ahoga la capacidad individual de superación.”
Si pensamos que el propósito de “servirle” al sector privado era ampliar y fortalecer una economía con el objetivo de superar la crisis, entonces es evidente el
fracaso de nuestra versión criolla del neoliberalismo. No obstante, si consideramos que el discurso contra el “gigantismo burocrático” y las propuestas para lidiar
con la crisis fiscal escondían objetivos diferentes, entonces habría que hacer ajustes en la mirada. No cabe duda de que la crisis existe y tiene una dimensión
histórica nueva y muy compleja. Sus efectos, sin embargo, se han repartido de forma intensamente desigual. Al observar otros indicadores económicos, podríamos
levantarle un poco el velo a todo ese aparato metafórico que los empresarios-privados-gobernantes han ido elaborando desde hace años. Veamos, como ejemplo,
los cambios que se han dado en la repartición del ingreso nacional neto en las últimas tres décadas observando la relación entre la compensación total a los
empleados y los ingresos procedentes de la propiedad.
En 1987, la compensación a los empleados sumó un total de $10,680.5 millones, mientras los ingresos procedentes de la propiedad ascendían a $3,733 millones.
Los ingresos de la propiedad eran alrededor de 35% del total de la compensación a los empleados. En 1996, la proporción entre ambas cifras fue la siguiente:
$18,759.5 millones frente a $5,731.3 millones. Es decir, los ingresos procedentes de la propiedad descendieron a 30.5% del total de la compensación a empleados.
Sin embargo, en la década del noventa, con mayor agresividad durante los dos gobiernos de Pedro Rosselló, se impuso la política neoliberal con una continuidad
sorprendente, aunque sus formas y sus ritmos hayan tenido variaciones. Ya en 2006 la relación entre la compensación a empleados y los ingresos procedentes de la
propiedad se alteraron significativamente: $30,027 millones a empleados y $16,707.6 millones a la propiedad. La relación porcentual ascendió a 55.6. Entre 2006 y
2015 la relación su
frió cambios todavía más profundos. Mientras la compensación a empleados se redujo a $28,925.9 millones, los ingresos procedentes de la
propiedad ascendieron a $26,262.9 millones. Por consiguiente, los ingresos de la propiedad casi equipararon el total de la compensación a empleados: 90.8%.
¿Qué frutos ha dado, entonces, la política neoliberal en estas últimas dos décadas? La conclusión es evidente: ha empobrecido relativa y absolutamente a los
sectores asalariados, mientras ha trasladado una cantidad enorme de riqueza social hacia el sector del capital local. El proceso descrito polarizó de forma aguda la
riqueza a favor del sector empresarial. La expresión cruda de Pérez Riera tenía un significado muy concreto. Una cosa es proponerse crear una economía para
todos y otra cosa es saber que el gobierno tiene una función muy clara y específica de propiciar, en tiempos de crisis, el traslado de riqueza de un sector social
mayoritario hacia otro sector constituido por una minoría políticamente privilegiada.
Si pensamos en la contracción de la economía, en la pérdida de empleos y en la emigración masiva que ha provocado, además de la violencia que ejerce el
incremento de la inequidad sobre el tejido social, puede concluirse que la política neoliberal ha sido un desastre. Pero al considerar cómo se ha distribuido la
riqueza, con particular énfasis a partir de la última década, no es difícil concluir que una minoría se ha apropiado de un enorme volumen de riqueza. El éxito de
esta minoría, sin embargo, ha representado un desastre para las grandes mayorías del país.
Cuando el gobierno, amparándose en la Ley 7, hizo despidos masivos, se hicieron varios cálculos sobre el impacto de cada empleo. El costo osciló entre 30,000 y
40,000 dólares al año. Según el Informe Económico al Gobernador de 2015, entre 2006-2015 han desaparecido 88,000 empleos públicos. Si calculamos lo que
representa esta reducción en la nómina, utilizando la cifra de $30,000 por empleo al año, la más baja, tenemos $2,640 millones. Sin embargo, todavía se sigue
hablando de gigantismo gubernamental. ¿A dónde se ha ido esa cantidad de dinero? ¿Se ha aliviado la crisis fiscal? Lejos de reducir los costos del gobierno, todo
indica que ese dinero adquirió otra función. Dejó de ser una inversión en salarios para desplazarse hacia el festival de contratos que caracteriza la plaga de
políticos-empresarios que se ha entronizado en el gobierno. Podemos concluir, por ahora, que el discurso sobre el gigantismo gubernamental ha servido para
justificar y encubrir una de las formas utilizadas por el curioso maridaje entre políticos y empresarios privados para hacer posible un desplazamiento de la riqueza
existente en el país. En otra ocasión daremos algunos ejemplos sobre esta transformación de salarios de empleadas y empleados públicos en jugosos contratos,
muchos de ellos otorgados a una nueva camada de flamantes figuras provenientes de la política.
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