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TRAMA DE LAS ASESORÍAS
Viernes, 18 de diciembre de 2015 al jueves 14 de enero de 2016 CAMP DE MORVEDRE
El fiscal eleva de 9 a
11 años la pena para
Sancho y la ex alcaldesa
de La Pobla de Farnals
··Tres testigos de Sancho lo apuntan como el creador y cerebro de las firmas investigadas
··Una docena de funcionarios de La Pobla declaran en el juicio contra Nati García y Sancho Sempere
Pere Valenciano - Canet
El fiscal elevó ayer a 11 años la
pena de cárcel que solicita para la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, y para el ex secretario municipal de Canet, José Antonio Sancho.
El jueves 17 de diciembre se celebró el
cuarto día de sesión en la Audiencia
Provincial de Valencia que deja visto
para sentencia el juicio Sancho, García
y Rafael Parra, asesor económico y ex
interventor del Consorcio de Museos, y
la Academia de Juristas, por la conocida como ‘trama de las asesorías’, en la
parte de esta localidad de l’Horta Nord.
En sus conclusiones finales, y tras
haber escuchado a los testigos, el ministerio fiscal eleva de 9 a 11 años la
petición de prisión para Sancho y a Natividad García al considerarlo también
presunto autor de un delito de falsedad
en documento público dentro del entramado montado para el ‘saqueo’ del
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals
mediante facturas de empresas controladas por Sancho y por el propio Parra,
a través de Asesores Económicos Públicos. Para éste la pena sube de 3 a 5
años por el delito también de malversación de caudales públicos, mientras
que los otros dos suman presuntos
delitos de prevaricación, cohecho y
malversación de caudales públicos.
Además, el Ministerio Público pide la
disolución de la AVJ, a lo que Sancho
le respondió que no hacía falta ‘‘porque
ya está destruida’’.
El Ministerio Público fue especialmente duro y se ratificó en la acusación previa. En sus conclusiones
recordó que la ley prohíbe contratar a
un funcionario con la administración
pública y Sancho lo hizo siendo asesor
del Ayuntamiento e interventor acumulado, lo mismo que Parra, pues en
ese momento era interventor del Consorcio de Museos. Les acusa a ambos
de ocultar los verdaderos titulares de
las asociaciones formalmente, pero
son ellos quienes las controlan. Tanto
en la Academia Valenciana de Juristas
como en Asesores Profesionales no figura con cargo Sancho, pero se le acusa de dirigirlas, mientras que Parra se
escudó en su esposa y una de sus hijas
para no figurar al frente de Asesores
Económicos Públicos. Ambas estaban
presentes en la sesión del jueves.
También considera el fiscal que se
produce un ‘‘fraude de ley y abuso de
derecho’’ cuando se celebra un concurso en mayo de 2011 invitando a la
Academia Valenciana de Juristas, José
Antonio Sancho Abogado SLP e Yvorra
Limarte, ‘‘que había sido contratado
por la AVJ para realizar un servicio’’
para el Consistorio. Además, recordó que como se había jubilado, este
‘‘amigo de Sancho’’, reconoció que no
podía hacerse cargo de ese trabajo, por
lo que desistió finalmente. ‘‘De las tres
invitaciones, dos es a la misma persona. El presidente de la AVJ dijo que él
no sabía nada de negociaciones y que
lo llevó todo Sancho’’, en referencia a
El fiscal tilda de
‘‘burla’’ el concurso
de 2011 por el que
se contrata a la
Academia de Juristas
las declaraciones de Jesús Gilabert el
día anterior. ‘’¿Qué quiere decir esta
burla de contratación? Es la recompensa y retribución de Sancho a Natividad
García. Por eso se hizo así el contrato’’.
De esta manera, el fiscal intenta
desmontar lo que Sancho y García quieren hacer ver al juez: que las dos transferencias que recibió la ex alcaldesa de
Sancho se deban a un préstamo. De
hecho, el fiscal asegura que no es lógico que ‘‘no siendo Sancho amigo de la
alcaldesa, le pida dinero. Tampoco hay
acreditado un contrato’’. Asimismo,
García ‘‘no se encontraba en una precaria situación económica, pues la Guardia Civil acredita que tenía dinero’’,
cerca de 10.000 y 5.000 euros. Además,
nada más llegar a la alcaldía se compró
un coche que abonó en metálico y un
piso. ‘‘La necesidad económica no queda acreditada’’, añadió. ‘‘Esta persona
recibía una gratificación por la generosa contratación de Sancho Sempere’’.
Los abogados de los imputados
basaron su defensa en el alegato final
acusando a la secretaria, la interventora y el ex alcalde José Manuel Peralta
de haber urdido un plan para que la
Fiscalía Anticorrupción los llevara a
juicio. Lo resumió la ex alcaldesa de La
Pobla de Farnals: ‘‘todo es fruto de la
animadversión de Peralta, en connivencia con la secretaria y la interventora.
Es una vendetta’’.
Ha sido una semana intensa, que
comenzó el lunes con las declaraciones de Sancho y García y la entonces
secretaria municipal - Parra se negó a
hacerlo-, y terminó el jueves, con las
conclusiones de las partes. El resto de
días han circulado multitud de testigos,
entre ellos una docena de funcionarios
y ex concejales de La Pobla de Farnals.
Entre los que han desclarado, se encuentran tres miembros de la Academia
de Juristas, que apuntaron a Sancho
como creador y cerebro de las firmas
investigadas. Entre ellos, Ignacio Sancho Moscardó, quien ha acusado a José
Antonio Sancho de ser el ideólogo de la
creación de la Academia Valenciana de
Juristas y Asesores Profesionales, dos
firmas investigadas tanto en el juicio
iniciado el lunes, como el que lleva el
juzgado 12 de Valencia, que amplía el
número de imputados a una veintena.
Sancho Moscardó ha asegurado que
quien decidía la facturación y la distribución de los trabajos de las empresas
que compartían domicilio en calle Almirante, 1 de Valencia ‘‘las decidía el
señor Sancho Sempere’’, en referencia
a la Academia de Juristas, Asesores
Profesionales, Millena III Milenio y Federación Profesional Valenciana.
Interrogado por el fiscal en el segundo día del juicio, le preguntó por
qué aparecía de tesorero de dos asociaciones sin ánimo de lucro, como
la AVJ y Asesores Profesionales, a lo
que Sancho Moscardó negó haberlas
constituida, pese a figurar como uno
de los tres fundadores en el año 2000.
Sancho Moscardó explicó que cuando
se crearon él estaba de pasante en el
despacho de José Antonio Sancho y
Los imputados
acusan de ‘‘vendeta’’
a la secretaria,
interventora y
Peralta
El matrimonio Sancho-González, el abogado de la AVJ
fue éste quien le asignó ese cargo. ‘‘Lo
que yo recuerdo es que se constituyó
la Academia de Juristas para defender
a la abogacía y a los miembros de dicha asociación, mientras que Asesores
Profesionales defendía los intereses
de los profesionales, no sólo juristas,
sino también peritos, economistas y
otras profesiones’’.
A la pregunta de si no le parecía
raro que un letrado esté de tesorero en
dos asociaciones sin ánimo de lucro y
quien repartió los cargos no figurara en
ninguna, respondió que ‘‘no me pareció
raro. Yo empezaba en la profesión. El
era decano del Colegio de Secretarios,
por lo que no había razón para desconfiar. Me iba a casar y quería marcharme. No vi nada raro ni extraño’’.
El fiscal le preguntó si manejaba
cuentas, a lo que dijo que no tenía
autorización. ‘‘Luego he descubierto
y sé que a partir del 2008 soy secretario y no tesorero. Se constituyeron en
el año 2000 y me marcho a trabajar a
otra empresa en 2001 y no vuelvo hasta
2008 al despacho de José Antonio. Me
desentiendo y no pienso en las asesorías’’. Entonces compagina su trabajo
para Sancho con el trabajo anterior,
20 horas semanales. Aseguró que no
ha estado en nómina de la Academia
de Juristas, pero sí Federación Profesional Valenciana, Millena III Milenio
y desde 2014 en José Antonio Sancho
Abogado, todas ellas investigadas en la
‘trama de las asesorías’.
Reconoció que todas las sociedades
Viernes, 18 de diciembre de 2015 al jueves 14 de enero de 2016 CAMP DE MORVEDRE
Trama de las asesorías
J y una testigo al salir de la Ciudad de la Justicia. A la derecha, Natividad García cuando fue alcaldesa. //PERE VALENCIANO/MARÍN
trabajaban en el mismo despacho de Almirante, 1 de Valencia, donde estaban
José Ignacio Maruenda, Juan Jesús Gilbert -’’quien asumía casi toda la carga
procedimental’’-, Amparo González la
mujer de Sancho y el propio Sancho.
Sancho Moscardó acusó a Sancho de
ser quien se encargaba de las facturas y
que ‘‘jamás he tenido acceso a las cuentas ni he sido apoderado’’. Respecto a
las facturas de Asesores Profesionales,
mantuvo que ‘‘deduzco que era José
Antonio’’ quien las hacía.
La ex interventora y Peralta
La mañana comenzó con la declaración de la ex interventora, Paula Rico,
quien tuvo que rehacer el presupuesto
de 2009 al ‘‘remitirme por mail un pdf
con informes incorporados muy extraños. No lo vi correcto y no podía votar
favorablemente. Había cosas que corregir y hablé con la alcaldesa’’, Natividad
García, quien ‘‘me remitió a Rafael Parra. Le comento el tema de los ingresos,
más de 1’5 millones que me llamaban la
atención y él me dijo que los ingresos
había que estirarlos al máximo. Le dije
que ese criterio no era el correcto para
elaborar un presupuesto y había que
rehacerlo’’.
Más tarde llegó una factura de Asesores Profesionales de 20.300 euros.
‘‘Me pareció un precio muy elevado por
lo que habían enviado y sin contrato.
Como mucho eso valía un tercio’’. Explicó por qué no se podía emitir un
reparo de legalidad. En cualquier caso
Asesores Económicos Públicos emitió
una factura en 2010 por un estudio de
modificación de crédito que la secretaria dijo que no estaba en el ayuntamiento ‘’y yo no encontré nada, ni contrato’’.
Tanto la defensa de Natividad García,
como Sancho -quien se defiende a sí
mismo-, como el de Rafael Parra, intentaron desacreditar a la interventora.
La ex interventora recordó durante
su declaración que había estado pidiendo ‘‘durante muchísimo tiempo que se
designasen empleados públicos para
comprobar los trabajos, pero no se quiso nunca’’, por lo que al final la conformidad la daba sólo la alcaldía.
El siguiente en declarar fue el ex alcalde, José Manuel Peralta, víctima de
una moción de censura que aupó al poder a la tránsfuga Natividad García, tras
la cual recaló Sancho en La Pobla. Peralta volvió a explicar que recibió un sobre anónimo en su casa y que lo remitió
a la Fiscalía e insistió en que rescindió
el contrato con la AVJ al revalidar la mayoría absoluta en 2011 por las ‘’convulsiones internas del Ayuntamiento, en
todos los departamentos’’, de ahí que
calificara la situación municipal de ‘’pequeño desastre’’.
Peralta explicó por qué desistió del
contrato con la AVJ, atado un mes antes de las elecciones municipales de
2011 por el gobierno de Natividad García, pese a que ésta no se presentaba a
los comicios. Señaló que él nunca había solicitado asesoramiento y que no
lo necesitaba y a preguntas del abogado
de la AVJ, Peralta reconoció que se contrató un asesor experto en urbanismo
dado que ‘‘en este departamento había
mucha dificultad y era una situación
complejísima’’.
A partir de ahí desfilaron numerosos funcionarios, como la actual interventora o quien estuvo en algún periodo como interventor sustituto, Ramón
Tormo. Al resto de testigos de Sancho
les fue preguntando si sabían que era
el asesor jurídico e intentó trasladar
al juez la sensación de que trabajaba
mucho en el ayuntamiento, incluso algunas tardes. Pese a la insistencia de
Sancho, cuatro funcionarios negaron
haberse reunido con él en un despacho
dedicado en dependencias municipales
a la asesoría jurídica.
Tres de los testigos de Sancho recibieron el interés no sólo de él mismo,
sino también del Ministerio Fiscal. Se
trata de Eva Monge, mujer del ex alcalde
de Canet, Octavio Herranz; Amparo Elena Sancho, hija de Sancho; y Aránzazu
Álvarez, técnica de gestión, quien trabajó para el Consorcio Pangea y recibió
6.060 euros de Millena, dos firmas más
investigadas en la ‘trama de las asesorías’. Posteriormente ganó una plaza de
funcionaria en La Pobla.
El primero en intervenir fue Maruenda, quien reconoció entrar en 2008
y desvincularse en mayo de 2015 de la
Academia, habiendo sido su secretario.
Asegura que estuvo contratado por Federación Profesional Valenciana, otra
firma investigada y controlada por San-
cho. Maruenda hizo hincapié en que él
hizo siempre su trabajo como abogado
de la manera más profesional posible y
respondió a las preguntas de Sancho
y el abogado de la AVJ en una estrategia de defensa compartida. La parte
más dura fue la del Ministerio Fiscal,
a quien le dijo que era miembro de la
AVJ y Asesores Profesionales, ‘‘pero no
he pagado cuotas, sólo había relación
profesional’’. El fiscal le preguntó que
cómo había llegado a ser secretario y
quién lo nombró, a lo que respondió
que Gilabert y Sancho y sabía que había sido miembro de Asesores Profesionales pero no recordaba el cargo. Le
preguntó por qué tenía poderes en una
cuenta de esta última firma y su respuesta fue que el acuerdo que se adoptó es que Sancho coordinara todo en La
Pobla de Farnals.
Maruenda tampoco sabe por qué se
creó la AVJ y Asesores Profesionales y
respecto a si sigue siendo miembro de
la AVJ señaló: ‘‘me niego a pagar cuotas
a esta gente de Asesores Profesionales
y la Academia Valenciana de Juristas.
Yo he estado centrado en mis trabajos
y he cumplido y no he tomado ninguna
decisión’’.
Respecto a por qué llevó contenciosos del Ayuntamiento y también uno de
la hija de Sancho contra el propio Consistorio, explicó que ‘‘esta señora me
ha pagado a mí y la AVJ no entra hasta
2011’’. A la pregunta de por qué ya no
trabaja en la AVJ, dijo que ‘‘como consecuencia de esto, me ha despedido el
presidente, Juan Jesús Gilabert’’. ¿Por
qué? ‘‘Por el daño hecho en la prensa
me han despedido de forma objetiva’’.
La pregunta clave llegó al final.
Quién hacía los pagos y llevaba la
contabilidad. ‘‘Lo desconozco. El que
gestionaba y coordinaba era Sancho
Sempere, siempre ha gestionado y
coordinado a todos’’, dijo.
Juan Jesús Gilabert, presidente de
la Academia Valenciana de Juristas y
de Asesores Profesionales, también
respondió a los abogados de Natividad
García, Sancho y la Academia Valenciana de Juristas, trasladando al juez que
todo lo que se hizo fue por encargo del
Ayuntamiento y que él hizo trabajos de
asesoramiento. Las dudas y los nervios
llegaron ante las preguntas del fiscal.
Aunque figura como uno de los tres
fundadores de ambas entidades, asegura que ‘‘yo no tuve la idea de crearlas.
El fiscal pide a
los acusados que
indemnicen con más
de 160.000 euros al
Ayuntamiento
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Era muy joven y había otros profesionales con experiencia como Sancho’’.
Dijo no recordar quién lo nombró presidente y respecto a la contabilidad y las
cuentas ‘‘se llevaban desde las instalaciones’’ de la calle Almirante, 1. Volvió
a defender que Sancho ‘‘era un abogado
de reconocido prestigio’’.
Respecto a que es una persona autorizada en las cuentas, se defendió manifestando que vive fuera de Valencia ‘‘y
me he limitado a hacer pagos mediante
cheques’’. Respecto a las facturas de la
AVJ, el fiscal le preguntó si las confeccionaba él. ‘‘¿Yo, por qué? El hecho de
que sea presidente no quiere decir que
no haya en Valencia miembros de pleno
derecho y el maestro Sancho’’. Ante las
respuestas evasivas, el juez le llamó la
atención. Gilabert amplió la información: ‘‘he controlado lo que he podido.
Unas veces sí, otras he delegado en
Sancho Moscardó, Maruenda y Sancho
Sempere. Ellos emitían las facturas’’.
La ‘famiglia’ Sancho
Respecto a quién trabaja en calle
Almirante, respondió que ‘‘Amparo
González -esposa de Sancho- y José
Antonio Sancho, a los demás se les ha
tenido que despedir’’. Si el matrimonio
es el último reducto de la AVJ, el fiscal
preguntó también por la propiedad del
inmueble. ‘‘José Antonio Sancho González’’, el hijo de la pareja y actual jefe
de la Policía Local de Canet.
El fiscal también le preguntó quién
decidía sobre las contrataciones con el
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals.
‘‘Nunca he negociado con entidades públicas’’, un cometido que dijo que realizaba Sancho Sempere ‘‘por su prestigio
y reconocimiento en el derecho administrativo. Era a él a quien buscaban
los clientes. Contactaron con Sancho y
él nos lo comentó a la AVJ’’.
La memoria brillante para unas
cuestiones -sobre todo la defensa de
los imputados- brilló por su ausencia
en otras cuestiones del fiscal, como si
sabe que en 2009, cuando la AVJ prestaba servicios al Ayuntamiento de La
Pobla Sancho era interventor acumulado. ‘‘No lo sabía. Me he enterado después, años después’’.
Además de las penas de cárcel que
pide el fiscal, en concepto de responsabilidad civil se solicita a José Antonio
Sancho y Natividad García una indeminación al Ayuntamiento de La Pobla de
Farnals de 94.112 euros, de los cuales
deberá responder 32.922 la Academia
Valenciana de Juristas. Además, García
y Parra Mateu deberán indemnizar al
Conistorio con 2.360 euros, mientras
que Aessores Profesionales deberá entregar otros 20.300 euros y José Antonio Sancho Abogado otros 20.000.
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Trama de las asesorías
Viernes, 18 de diciembre de 2015 al jueves 14 de enero de 2016 CAMP DE MORVEDRE
Canet pagó 171.559€
y La Pobla de Farnals
61.000 en 4 años a la
Academia de Juristas
··Entre los 36 imputados constan dos ex alcaldes de Canet d’En Berenguer, el hijo de Sancho y
jefe de la Policía Local y la tesorera Magdalena Lapiedra, a los que podrían sumarse otros
Pere Valenciano - Canet
Dos de los Consistorios que
más pagaron a la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), una
de las firmas investigadas en la
‘trama de las asesorías’, fueron
el de Canet, con más de 171.000
entre 2007 y 2011 -cuando gobernaba el tripartito- y más de
51.000 el de La Pobla de Farnals,
coincidiendo con la moción de
censura contra José Manuel Peralta (PP) y con la llegada de José
Antonio Sancho Sempere como
asesor jurídico y con él, la AVJ.
Así consta en la vasta investigación del juzgado 12 de Valencia y que afecta a una docena
de administraciones públicas y
lleva ya 36 imputados, entre políticos y funcionarios, entre ellos
los dos últimos ex alcaldes de
Canet, la tesorera Magda Lapiedra o el jefe de la Policía Local
e hijo de Sancho, José Antonio
Sancho González, socio del padre en varias firmas investigadas.
Algunas de éstas, como la Academia Valenciana de Juristas, Asesores Profesionales o Asesores
Económicos Públicos, así como
de los presuntos cabecillas, José
Antonio Sancho y Rafael Parra
Mateu, han estado declarando
esta semana en la causa referente a La Pobla de Farnals, donde
se inició la investigación tras un
informe demoledor de la secretaria municipal en el periodo en
que Natividad García fue alcaldesa de este municipio de l’Horta
Nord y quien también está imputada (más info. en las páginas 4 y
5 de l’Horta Nord).
Precisamente, uno de ellos,
José Antonio Sancho, quiso responder a las preguntas de El Periódico de Aquí a la salida de la
Audiencia Provincial el pasado
miércoles. Se mostró convencido
de que será absuelto en la causa
de La Pobla de Farnals y a la pregunta de si no creía que quedaba
todavía una causa -la del juzgado
número 12- mucho más complicada para él, señaló rotundo: ‘‘en
absoluto, también la vamos a
ganar y es mucho más sencillo.
Pero te lo explicaré personalmente cuando acabe todo. Por cierto,
cuando gane, ¿lo publicarás verdad?’’. A la cuestión de si consideraba que merecía un premio
por haber ayudado a tantas personas prestando dinero, colocándolas en sus empresas y después
consiguiendo plazas de funcionarios, respondió entre risas: ‘‘pues
yo creo que sí’’. En ese momento
iba acompañado de su mujer, del
abogado de la AVJ, del abogado
José Antonio Yvorra Limorte y de
la testigo Isabel Giménez.
No ha sido el único testigo
del Camp de Morvedre con el que
quería contar Sancho. Esta semana estaba prevista la presencia también de Carlos Julián, ex
concejal del PP que fue el último
presidente del Consorcio Pangea
-cuyo secretario era Sancho y
que se dedicaba a tramitar subvenciones para inmigrantes- y
cuya empresa hizo en abril de
2011 una factura de 23.369 euros
al Consorcio.
El fiscal ha defendido en el
juicio celebrado esta semana que
las empresas investigadas tenían
como objetivo hacer informes
para ‘saquear’ las administraciones públicas donde trabajaban.
José A. Sancho a
El Periódico de
Aquí: ‘‘voy a ganar,
te lo explicaré todo
personalmente’’
Firmas como la Academia Valenciana de Juristas o Asesores
Profesionales, que fueron fundadas en el año 2000 por las tres
mismas personas- trabajaban
en distintas administraciones
y después transferían ingentes
cantidades de dinero en la empresa Millena III Milenio, que fue
creada por Sancho aunque el administrador único hasta el 2013
figuraba Juan José Sánchez, hijo
de un empresario de Canet que
recibió una concesión para explotar una zona pegada a la playa durante 75 años pagando sólo
6.000 euros al año. Ante notario,
Recreación de los pagos realizados entre 2007 y 2011
sin embargo , figuraba Sancho
como apoderado y tenía el control de la firma. Entre ésta y el
resto de las investigadas, Sancho
estaba autorizado en 57 cuentas
bancarias.
El futuro de Canet
El juicio de La Pobla de Farnals marcará buena parte del
macroproceso de la ‘trama de
las asesorías’, del que acaba de
levantarse el secreto de sumario
y las defensas de los imputados
han comenzado a trabajar en favor de sus defendidos.
El Ayuntamiento de Canet
d’En Berenguer centrará buena
parte del próximo juicio, puesto
que hay dos ex alcaldes imputados, así como el jefe de la Policía
y la funcionaria tesorera, Magda
Lapiedra. A estos nombres se podrían sumar otros a medida que
avance la investigación y en el
momento de que se inicie el juicio. Junto a Canet, otro Ayuntamiento clave es San Antonio de
Benagéber, donde su ex alcalde,
Eugenio Cañizares (PP), está imputado. Sancho era el abogado
del Consistorio hasta que entró
en la cárcel en abril. Cañizares
ha sido el único de los testigos
que se ha negado a declarar.
Seis empresas optan a la recaudación de
Canet tras salir a concurso la gestión
Redacción - Canet
Seis empresas optan a gestionar el servicio de recaudación, incluida Recaudaciones
Levantinas, que lleva desde
1996 haciéndolo en el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer -y también en San
Antonio de Benagéber-, cuando Enrique Altabella se lo dio
a dedo. Desde entonces no se
había realizado ningún concurso.
Además de Recaudaciones Levantinas -que le pagó a
una empresa de José Antonio
Sancho siendo éste secretario
municipal, Millena III Milenio,
121.000 euros en dos-, se han
presentado Martínez Centro
de Gestión, Asesores Locales
Consultoría, Infaplic, Servicio de Colaboración Integral y
Gestión Tributaria Territorial,
con gran experiencia en el sector.
Viernes, 18 de diciembre de 2015 al jueves 14 de enero de 2016 CAMP DE MORVEDRE
Trama de las asesorías
Así amañaron tres
concursos para que
la AVJ entrara en
ambos Consistorios
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··El departamento de Contratación, con Vidal y una hija de Sancho, invitó
a 3 firmas en 2011 y otras 3 en 2013 controladas por el ex secretario
P. Valenciano - Canet
entre las firmas investigadas con la Academia Valenciana de Juristas. //ANDRÉS GARCÍA
Sancho, ‘el prestamista’
Pere Valenciano - Canet
José Antonio Sancho, ex secretario de Canet, usó esta semana en el
juicio de La Pobla de Farnals varios
testigos del Camp de Morvedre para
intentar convencer al juez de que
suele prestar dinero a quien lo necesita, como es el caso de una amiga
de Sagunto, Isabel Giménez, el ex
concejal de Alianza Popular en la
legislatura de 1987, Juan Martínez
García, o a María Aránzazu Pi Girón.
La primera dijo conocer a Sancho más de 20 años, al ser amigo de
la familia y trabajó tres meses para
el Consorcio Pangea, también investigado en la ‘trama de las asesorías.
Sancho relató que le prestó dinero
a su cuñado y a otro amigo de ésta.
También mostró su agradeci-
miento el ex concejal de AP, quien
reconoció que cuando se jubiló tuvo
problemas económicos y le prestó
dinero, ‘‘varias veces y gracias a él
me pude alquilar una vivienda’’.
Lo mismo sucedió con Aránzazu Pi Girón, número 2 en la candidatura del PSPV, a quien defendió
cuando se separó y reconoció que le
dejó ‘‘una cierta cantidad de dinero’’
cuando tuvo problemas económicos.
Otros personajes del Camp de
Morvedre llamados por Sancho
como testigos, finalmente desestimados, fueron Manuel Alcaide y el
ex concejal Carlos Julián, quien llegó a estar el miércoles en la Audiencia Provincial. El tercero es Salvador
Vidal, técnico de Escuelas que está
en el departamento de Contratación,
a quien también habría prestado.
Esta semana ha tenido lugar
en la Audiencia Provincial de Valencia el juicio en el que el fiscal
pide 11 años de cárcel para el ex
secretario municipal de Canet
d’En Berenguer y otros tantos
para la ex alcaldesa de La Pobla
de Farnals, Natividad García (ver
más info. en págs. 4 y 5 de la edición de l’Horta Nord). Se trata de
una avanzadilla del macrojuicio
de la ‘trama de las asesorías’ que
ha imputado a una veintena de
personas, entre políticos, funcionarios y empresarios. El juicio
que terminó ayer ha confirmado
la investigación de El Periódico
de Aquí respecto a los dos concursos amañados en Canet d’En
Berenguer para que entrara la
Academia Valenciana de Juristas
(AVJ), un chiringuito dirigido por
Sancho del que pide el fiscal su
disolución, y en el que trabajaba
su esposa, Amparo González Sanchis, también imputada, mientras
el bajo donde estaba la empresa
pertenece a José Antonio Sancho
González, hijo de ambos y actual
jefe de la Policía Local.
En el año 2011, a falta de unos
días para las elecciones municipales, el entonces alcalde, Octavio Herranz, dio por válido el
proceso de adjudicación de los
servicios jurídicos a la AVJ por
procedimiento negociado sin pu-
blicidad dirigido por dos personas de la máxima confianza del
presunto cabecilla de la ‘trama
de las asesorías’, Salvador Vidal
-técnico de Escuelas pero colocado en Contratación- y una hija de
Sancho, Carmina, quien estuvo el
jueves en el juicio junto a sus dos
hermanas.
En 2011, Contratación invitó
al concurso a la AVJ -que ahora
se ha confirmado que es un entramado familiar de los Sancho-,
al propio Sancho a través de José
Antonio Sancho Abogado SLP
-del que era socio su hijo, el jefe
de la Policía Local- y José Antonio Yvorra Limorte, un abogado
que llevó el pleito del Consistorio
contra el ex trabajador Abel Asins
a encargo de la Academia de Juristas y que también fue utilizado
para darle una apariencia de legalidad al concurso calcado en La
Pobla de Farnals en el año 2011,
donde días antes de las elecciones municipales se presentaron
al concurso Yvorra, la Academia
y José Antonio Sancho Abogado,
siendo la hija de éste, Amparo
Elena, quien firmó como secretaria accidental. Era la época en la
que gobernaba Natividad García.
En 2013 se repitió la misma
jugada. El departamento de Contratación controlado por Sancho
a través de su hija y el técnico
de Escuelas -esta semana era
testigo de Sancho en la causa
de La Pobla, pero finalmente lo
desestimó-, repitió el concurso
amañado. En mayo de ese año se
remitieron tres cartas a la Academia de Juristas -con domicilio
en calle Almirante 1 de Valencia-,
Ignacio Sancho Moscardó -con
domicilio en Quart de Poblet- y
Amparo González Sanchis -con
dirección en Plaza Nápoles y Sicilia de Valencia-, invitándoles a
participar. Tras la investigación
de la justicia ha quedado patente que las tres personas trabajaban para empresas de Sancho. La
Academia en sí estaba controlada
por el ex secretario, mientras su
mujer está imputada al trabajar
en realidad en la calle Almirante
1 para la Academia. Mientras que
Ignacio Sancho Moscardó es uno
de los fundadores de Asesores
Profesionales y la propia Academia y ha estado en nómina para
distintas empresas de Sancho
hasta que ha estallado el escándalo.
El fiscal en las conclusiones
antes de que el juicio esté visto
para sentencia, declaró que el
concurso de La Pobla -y por tanto
lo mismo es aplicable a Canet- es
una fraude de ley, un amaño para
que fuese la Academia la agraciada con los servicios jurídicos.
En mayo de 2015 el alcalde de
Canet, Leandro Benito, ya no renovó con la Academia Valenciana
de Juristas.
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Trama de las asesorías
Viernes, 18 de diciembre de 2015 al jueves 14 de enero de 2016 CAMP DE MORVEDRE
Sancho intenta anular el proceso por
las exclusivas de El Periódico de Aquí
··La jueza rechaza la petición al recordar que el ‘‘hecho de que los medios den noticias no implica vulnerar el secreto’’
P. Valenciano - Canet
Uno de los principales presuntos cabecillas de la trama
de las asesorías, José Antonio
Sancho, intentó utilizar las
exclusivas publicadas por El
Periódico de Aquí para anular
la vasta investigación iniciada por el juzgado número 12
de Valencia, según la cual se
considera que Sancho y Rafael Parra, ex interventor del
Consorcio de Museos, habrían
establecido
presuntamente
un entramado societario para
sacar fondos públicos de distintas administraciones, entre ellas casi una veintena de
Ayuntamientos, entre ellos los
de Canet d’En Berenguer, La
Pobla de Farnals o San Antonio
de Benagéber. Los abogados de
Sancho y otros investigados
-nuevo término que sustituye
con el cambio del Código Penal al de imputado- intentaron
varias argucias para evitar el
macrojuicio que se avecina,
pues hoy, día 9 de diciembre,
comienza el plazo para presentar recursos contra las diferentes resoluciones que han sido
dictadas.
Misma estrategia
Según ha podido saber El
Periódico de Aquí una vez se
ha levantado el secreto del sumario, la defensa de Sancho y
otros investigados –Eugenio
Cañizares, ex alcalde de San
Antonio de Benagéber, único
investigado que se negó a declarar; la Academia Valenciana
de Juristas, y José Ignacio Maruenda-Peñuela- han tratado
de dilatar el proceso, alegando
que este rotativo había violado
el secreto del sumario, motivo
por el cual pretendían que se
aprobase una pieza separada.
Todos ellos utilizan el mismo
recurso literal, suplicando al
juzgado que ‘‘se investigue y
depure la comisión del delito
de descubrimiento y revelación de secretos que se está
produciendo reiteradamente
en estas diligencias’’.
Quien más se extiende en
su escrito es el propio Sancho,
quien insiste en que El Periódico de Aquí, en su obligación de
cumplir con su misión de informar, recogido como un derecho constitucional garante de
las libertades e imprescindible
en una democracia, incurrió
en un supuesto delito de revelación del secreto del sumario.
Para ello, recoge numerosos
artículos de dicho rotativo, entre ellos las exclusivas sobre
los dos registros realizados
por agentes de la Guardia Civil
en la Casa de Llanos y en un almacén municipal para recoger
información y documentos del
Consorcio Pangea –también investigado en la trama-. Sancho
sostiene que se ha producido
una ‘‘vulneración fragrante del
secreto judicialmente acordado’’ y lanza un mensaje al juez
y al fiscal al recordar que ‘‘sólo
tienen conocimiento de las actuaciones que se realicen las
siguientes personas: la juez de
instrucción del juzgado 12 de
Valencia, el Ministerio Fiscal,
el alcalde de Canet, que acompaña en los tres registros a los
agentes operativos y los agentes judiciales que realiaron los
referidos registros’’.
Por todo ello, Sancho intenta que se forme ‘’una pieza
separada dentro de las presentes actuaciones’’ e insta a que
declaren el alcalde de Canet,
Leandro Benito, a quien acusa
de ‘’llamar al medio de comunicación para que estuviera
presente en el momento del
registro, tomara fotografías y
recogiera información’’; al director de El Periódico de Aquí,
Pere Valenciano, ‘’que se declara autor-fotógrafo de todas
las fotografías que salen publicadas en el citado medio El Pe-
El ex secretario
quería que el
juzgado llamara a
declarar a Benito,
Valenciano y dos
guardias civiles
riódico de Aquí yque se encontraba personalmente presente
los días en que se produjeron
los referidos registros’’; y los
agentes de la Guardia Civil que
realizaron los registros: ‘’por
qué permitieron que se les hicieran fotografías, informen
sobre la identidad de la persona que les hizo las fotografías,
manifiesten si suministraron
al fotógrafo información sobre
los detalles de la operación de
registros’’.
La jueza Matilde Sabater
responde de la siguiente manera para negar las pretensiones de José Antonio Sancho:
‘‘el hecho de que determinados
medios de comunicación den
noticias más o menos certeras
acerca de los hechos que se
están investigando en la presente causa, no implica que se
haya vulnerado el secreto de
actuaciones por parte de los
operadores jurídicos que están
interviniendo en la tramitación
de causa’’. En caso de que Sancho considere que se ha vulrenado el secreto de las actuaciones, ‘‘deberá ejercitar sus
actuaciones interponiendo la
oportuna denuncia o querella
de forma totalmente independiente a este procedimiento’’.
El Periódico de Aquí hizo su
trabajo de manera impecable,
fotografiando en lugares públicos y difuminando la cara de
los agentes, como marca la ley.
Sancho vuelve a fracasar.
No satisfechos con la respuesta de la juez, Cañizares y
Maruenda presentaron el día 2
de noviembre sendos escritos
idénticos en los que solicitan
directamente la nulidad de las
actuaciones ‘’por falta de competencia del juzgado instructor para el conocimiento de los
hechos denunciados por el Ministerio Fiscal’’. Otra petición
que cae en saco roto.
En otro escrito, Sancho
pregunta al juzgado por qué
no ha imputado al alcalde de
Castellnovo, si ‘’abonó a Asesores Económicos Públicos
facturas por más de 15.000
euros durante el periodo investigado’’, lo mismo con el
alcalde de Canet, Leandro Benito, si ‘’abonó a la Acemia de
Juristas facturas por importe
de 28.367 euros’’ y ‘’por qué
a otros ordenadores de pagos
del Ayuntamiento de Canet,
que abonaron cantidades superiores a los 30.000 euros
durante el periodio investigado, no se les llama ni como
testigos ni como imputados’’.
En este caso se pregunta por
qué llamar como imputada tan
solo a una interventora del
Ayuntamiento de Canet’’, en
referencia a la tesorera Magda Lapiedra, investigada como
también al jefe de la Policía
Local e hijo de Sancho.
Tras levantarse el secreto
del sumario y conocerse la
magnitud de lo investigado y
la relación y entramado de empresas, el abogado de Sancho,
José Ignacio Torres Alberich,
que también lo era de los investigados más próximos a
Sancho, renunció a su defensa el pasado 30 de octubre de
2015. En estos momentos, es
Sancho quien se defiende a sí
mismo.
Parte del público asistente a la conferencia que ofreció Sancho en el salón de plenos. En primera fila, el ex alcalde de San Antonio y el secretario. //FOTO P. V.