l EEUU-América Latina en la era de Obama l El desafío de China Montevideo Uruguay - Jueves 14 de enero de 2010 - Nº 134 - Distribuido con la diaria l Ecuador: Iniciativa Yasuní-ITT y el fideicomiso con el PNUD L a “gobernanza mundial” ha sido debatida durante mucho tiempo. Pero 2010 será un año crucial para definir las respuestas. ¿Cómo se tomarán las decisiones sobre la crisis económica y el cambio climático, de manera democrática o en pequeños grupos de países dominados por las naciones ricas? Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas surgieron como el principal foro para resolver cuestiones como la paz, el desarrollo, las finanzas, el comercio, la salud, la alimentación y el ambiente. El tema de la seguridad fue una excepción dentro del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se configuró de manera antidemocrática, con cinco potencias como miembros permanentes y derecho de veto, con el poder de imponer sanciones y autorizar acciones militares. A partir de la década del ochenta, la autoridad de las Naciones Unidas en materia económica se debilitó a medida que los países desarrollados impulsaron la “reforma” del sistema. Se menoscabaron sus funciones mientras se aumentaba en gran medida la autoridad del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas dos instituciones utilizaron su influencia para imponer políticas antipopulares en los países muy endeudados y terminaron erigiéndose en los principales actores económicos mundiales. Mientras tanto, los principales países desarrollados formaron sus propias instituciones, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y luego el Grupo de los Siete (G-7), que se convirtió en el centro de la toma de decisiones y más tarde, cuando se incorporó Rusia transformándose en el G-8, pasó a ser el bloque económico más poderoso. Cuando en 2008 estalló la crisis financiera mundial, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, convocó a una primera cumbre del G-20 en Washington y en el En 2010 se decide cómo se gobernará el mundo Martin Khor año siguiente se celebraron otras dos, en Londres y Pittsburg. Lo integran grandes países en desarrollo (Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica) y reemplazaría al G-7, convirtiéndose en el foro donde los “principales” países –desarrollados y en desarrollo– discutirán y decidirán diversas cuestiones relevantes. Pero esto no ha funcionado bien para los países en desarrollo, ya que la mayoría no están en el G-20 y tampoco decidieron que los represente. La autoridad de la ONU en materia económica se debilitó a medida que los países desarrollados impulsaron su “reforma”. El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel Descoto, tomó la iniciativa de convocar a una Conferencia sobre la Crisis Financiera y Económica en junio de 2009, con el objetivo de lograr la participación de lo que llamó el “G-192” (todos los miembros de las Naciones Unidas). Muchos países en desarrollo cuestionaron la legitimidad del G-20 y arguyeron que sólo Naciones Unidas puede ser un foro democrático. Se propuso la creación de un Consejo Económico Mundial en el ámbito de las Naciones Unidas, integrado por un grupo de países nombrados por los miembros en representación de diversas regiones Este organismo estaría en mejores condiciones de discutir y decidir cuestiones de interés para los países en desarrollo, puesto que éstos estarían representados, y tendría la legitimidad de la que carece el G-20. Este año, el grupo de trabajo a cargo del seguimiento de la conferencia sobre la crisis financiera y económica tendrá la oportunidad de discutir el fortalecimiento de las Naciones Unidas y la creación de un Consejo Económico Mundial. En materia de cambio climático, el ámbito de acción internacional ha sido la Convención Marco de las Naciones Unidas, que tiene más de 190 estados miembros. Fue esta Convención la que organizó las conferencias de Bali (2007) y Copenhague (2009). El presidente Bush, a quien no le gustaba la Convención pese a que Estados Unidos es miembro, organizó su propio proceso sobre cambio climático –el Foro de las Grandes Economías– en el cual participaron sólo una veintena de países de los más contaminadores. Los países en desarrollo manifestaron su disconformidad con que ese grupo constituya una alternativa a la Convención Marco de las Naciones Unidas, a la que consideran el único foro legítimo sobre cambio climático. La fracasada conferencia de Copenhague terminó con un documento resultante de una restringida reunión de gobernantes de sólo veintiséis países que no fue adoptado por el plenario. Ahora algunos países desarrollados pretenden que las negociaciones transcurran fuera de las Naciones Unidas, en grupos más pequeños, como el G-20. El 8 de enero, una reunión de mandatarios de la Unión Europea habría discutido esta posibilidad. Salir del ámbito de las Naciones Unidas para formar un pequeño grupo exclusivo sería un gran revés para el foro mundial y el multilateralismo. También sería contraproducente para el cambio climático, porque se trata de un problema mundial que requiere la cooperación de todos los países. Aun cuando la toma de decisiones por un grupo grande lleve más tiempo, al final resulta un ahorro porque las decisiones adoptadas por un pequeño grupo autoelegido deberían ser discutidas por el resto. Los delegados perderían un tiempo precioso debatiendo sobre procedimientos y principios en lugar de enfocarse en la sustancia de cómo actuar ante el cambio climático. Por eso, en el tema crucial del cambio climático seguramente habrá una dura batalla en materia de procedimientos, que en realidad son cuestiones de gobernanza mundial. Por supuesto que la mayoría de los países estarán del lado de las Naciones Unidas, porque sigue ofreciendo la mejor oportunidad de un proceso decisorio participativo e incluyente. n Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra. Traducción: Raquel Núñez Mutter. agenda Global - montevideo uruguay - L a peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años treinta, una fuerte batalla legislativa por la reforma del sistema de salud y las dos guerras en Asia heredadas de su antecesor, George W. Bush (2001-2009) dejaron poco tiempo a Barack Obama para ocuparse de las relaciones con los vecinos situados al sur de su frontera, tras iniciar su presidencia el 20 de enero de 2009. Varios de sus nombramientos más importantes, como el de Arturo Valenzuela, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y el de Thomas Shannon, embajador en Brasil, demoraron meses en confirmarse porque senadores republicanos presionaban así para bloquear el retorno al poder del presidente de Honduras, Manuel Zelaya. El ala más derechista del opositor Partido Republicano ve al mandatario institucional hondureño, depuesto el 28 de junio por un golpe cívicomilitar, como un aliado del presidente venezolano, Hugo Chávez, adversario frontal de las políticas de Washington. Aunque Obama tuvo un comienzo auspicioso cuando prometió buscar una “relación basada en el respeto mutuo” durante la Cumbre de las Américas celebrada en abril en Trinidad y Tobago, Washington manejó con torpeza varios asuntos relacionados con la región, lo cual contribuyó a la creciente desilusión respecto de su gestión. Más recientemente, el gobierno estadounidense dejó repentinamente de reclamar, a diferencia de la casi totalidad de los gobiernos latinoamericanos, que Zelaya fuera reincorporado al poder antes de las elecciones de noviembre. Estados Unidos tampoco consultó ni tranquilizó por adelantado a los países latinoamericanos con respecto a un nuevo tratado con Colombia, que le otorga a Washington el acceso durante diez años a siete bases militares en ese país. “El cambio radical del gobierno con respecto al reconocimiento de la legitimidad de las elecciones en Honduras antes de la restitución de Zelaya, al parecer tuvo que ver más con la presión de los republicanos en el Senado por la confirmación de Valenzuela” en su cargo, dijo Cynthia Arnson, directora del departamento latinoamericano del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, con sede en Washington. En tanto, “el caso de Colombia tuvo que ver más con un proceso profundamente inadecuado de consultas y análisis con los aliados regionales”. Estados Unidos-AMÉRICA LATINA Más continuidad que cambio Jim Lobe Barack Obama no ha cambiado la forma habitual que tiene Estados Unidos de relacionarse con América Latina y las esperanzas surgidas cuando asumió hace casi un año se han desvanecido. Si bien prometió buscar una “relación basada en el respeto mutuo”, manejó con torpeza varios asuntos en la región, dejó repentinamente de reclamar el retorno al poder del presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, y tampoco consultó a los países latinoamericanos con respecto a un nuevo tratado con Colombia, que le otorga a Washington el acceso durante diez años a siete bases militares en ese país sudamericano. En ambos casos, Washington quedó aislado de la mayoría del resto del hemisferio, especialmente del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en cuya embajada en Tegucigalpa está refugiado Zelaya desde setiembre. Obama ha cortejado ostentosamente a Lula como el socio más importante de Washington en América del Sur, al que definió como “mi hombre” y el “político más popular de la Tierra” en la cumbre del G-20, celebrada en Londres en abril de 2009. Sin embargo, Lula acusó recientemente al presidente estadounidense de “ignorar a América Latina” y de incumplir las promesas asumidas en Trinidad y Tobago. Lo que hemos visto por ahora es muy limitado y el mensaje para la región es que no cambió mucho desde Bush. “Obama comenzó con el propósito de forjar una asociación realmente estratégica con Brasil”, según Geoff Thale, de la no gubernamental Oficina de Washington sobre América Latina. “Pero el mal manejo de la crisis en Honduras y el tratado de las bases en Colombia, cuyas consecuencias precisas para la región siguen sin estar claras, pese a los esfuerzos de la administración por tranquilizar a sus gobiernos, causaron una seria fricción y dañaron la relación bilateral”. Aparte de esos traspiés, el gobierno de Obama tampoco se ocupó de los problemas que más perduran en sus relaciones con América Latina. Tuvo varios gestos conciliatorios hacia Cuba, pero no llegó a levantar el embargo comercial, detestado casi universalmente, ni a normalizar las relaciones, como esperaban muchos de sus partidarios en Estados Unidos y la región. Obama “se distanció de la política de Bush, al restablecer los viajes con Cuba, otorgar visas a algunos artistas y reanudar las negociaciones por la política migratoria”, sostuvo Sarah Stephens, directora del Centro por la Democracia en las Américas. Pero puntualizó que “mantuvo gran parte de la esencia de Guerra Fría de nuestra política, como todos los presidentes desde [Dwight D.] Eisenhower [1953 y 1961], y como el resto no tiene qué mostrar”. Y agregó que aunque la isla caribeña “no es estratégicamente muy importante para Estados Unidos, simbólicamente es tremendamente importante para América Latina”, por lo que muchos en la región esperaban que su gobierno al menos diera pasos significativos hacia el fin del embargo”. Pero “lo que hemos visto por ahora es muy poco y muy limitado, y el mensaje para la región es que no cambió mucho desde Bush”. Tampoco ha cambiado la política hacia Colombia, el mayor receptor de la ayuda extranjera estadounidense, ni la “guerra contra las drogas” que Estados Unidos lleva a cabo principalmente en los países andinos, aunque también cada vez más en México y América Central. Apenas llegar a la Casa Blanca, Obama reconoció expresamente que se debía otorgar una mayor prioridad a la reducción de la demanda de drogas en Estados Unidos, una opinión que los respetados ex presidentes de Brasil, Colombia y México (Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo) compartieron en una declaración pública realizada en febrero. “Aunque reconocemos el lado de la demanda del problema, parecería que seguimos combatiéndolo por el lado de la oferta”, expresó William LeoGrande, decano de la Escuela de Gobierno de la American University, en Washington, y experto en América Latina. “El problema real es cuál es la estrategia de largo plazo que cambie el objetivo de tratar de detener la oferta a reducir la demanda. Porque hace casi medio siglo que combatimos la guerra por el lado de la oferta, y es bastante claro que la estamos perdiendo”. Entre tanto, la reforma de las leyes de inmigración en Estados Unidos, otro factor de irritación en las relaciones con América Latina, fue dejada de lado por prioridades nacionales más urgentes. Parece poco probable también que el tratado de libre comercio con Colombia se presente para su ratificación al Congreso durante este año con elecciones legislativas parciales, aunque está pendiente hace tiempo y algunos lo consideran otra prueba clave del compromiso de Washington hacia la región. “El gobierno de Obama aún no dejó su marca en las relaciones hemisféricas sencillamente porque está abrumado por otras crisis y prioridades”, dijo Arnson. Ha habido “una continuidad significativa en la práctica”, a pesar del “profundo cambio en el tono y el estilo diplomático, a favor de una estrategia de mayor colaboración”. Sin embargo, LeoGrande ve un problema estructural mayor. “Cada gobierno que llega promete una política nueva hacia América Latina y ninguno, con la excepción del de Ronald Reagan [1981-1989], la ha tenido. Todos tuvieron que lidiar con problemas mucho más acuciantes en otras zonas del mundo”, afirmó. “Así que la política hacia América Latina está en una especie de piloto automático, porque [los principales funcionarios] no tienen tiempo para dedicarle, y los subsecretarios no tienen la autoridad para adoptar cambios fundamentales”. (IPS) n El blog de Jim Lobe sobre la política exterior de Estados Unidos puede leerse en inglés en http://www.ips.org/blog/jimlobe/ - agenda Global - montevideo uruguay Argentina C hina se ha concentrado como nunca en fortalecer el consumo interno para combatir la crisis mundial y la insatisfacción interna. A la fecha ha invertido 585.000 millones de dólares en infraestructura y proyectos sociales. La crisis se ha convertido en una oportunidad. El dualismo del boom chino Pero el gigante asiático se ve afectado por la crisis económica. La ampliación de sus posiciones de poder dependerá en gran medida de cómo trate a la crisis. El crecimiento económico le regaló un desarrollo inesperado pero, al mismo tiempo, problemas enormes. La región costeña se benefició con más fuerza del boom económico que las del centro y el occidente. La diferencia de ingresos entre la ciudad y el campo es la más grande en el mundo, de siete a uno. Por esta razón cada año migran más de ciento treinta millones de trabajadores hacia las regiones urbanas ricas de la costa. China tiene una economía orientada hacia la exportación. La crisis afecta al país con gran violencia. A comienzos de 2009 cayeron las exportaciones en más de un veinticinco por ciento. Aumenta la desocupación y disminuye la disposición a gastar. Crecen las tensiones sociales y ahora sí se nota la ausencia de una red de asistencia social. La demanda interna, deficitaria debido a la falta de capacidad de compra, es muy baja como para detener este desarrollo. Mucho tiempo se concentró Beijing en convertirse en “la fábrica del mundo” sin ampliar su base de consumo interno. China necesita un crecimiento de al menos ocho por ciento para conservar la paz social en el país. Si cae debajo de este límite, no se podrá ocupar a millones de jóvenes que quieren integrarse al mercado de trabajo. Y esto sí podría conducir a un colapso social. Como consecuencia de la crisis económica han perdido el empleo ya veinte millones de trabajadores inmigrantes. A éstos se le unirán cerca de siete millones de egresados de centros superiores que no encontrarán trabajo. La cifra oficial de desempleo es de cuatro por ciento, la no oficial se calcula en nueve por ciento, equivalente a más de setenta millones de personas. La legitimación del dominio de un solo partido está en juego. La crisis lleva consigo el potencial de protestas masivas. En el pasado siempre hubo protestas que fueron derrotadas violentamente. La inestabilidad es una de las cuestiones que más atemoriza o preocupa al gobierno central y puede sacudir su poder. Desde el punto de ¿Cómo se salda la crisis institucional? El desafío de China Dirk Herrmann Rubén Cárdenas vista histórico, la estabilidad social es una necesidad para el gobierno chino. El paquete chino El miedo a que la crisis económica se convierta en una crisis política presiona al gobierno a tomar una serie de medidas anticrisis. China ha reaccionado a la crisis con un paquete coyuntural de 585.000 millones de dólares. El dinero deberá ser utilizado en la construcción de infraestructura y en proyectos sociales. Pese a esto, el gobierno teme una rebelión de hambre y desesperanza provocada por la creciente desocupación. Precisamente la población rural es la más afectada por la crisis. Más del cuarenta por ciento del ingreso del campo proviene de los trabajadores inmigrantes que trabajan en las ciudades y apoyan a sus familias. Estas transferencias se han reducido considerablemente debido a la crisis. Si China redujera sus reservas en dólares contribuiría a su caída y esto no le conviene. Los campesinos están excluidos del sistema social estatal. Desde 1958 el Estado divide al pueblo en los que se aseguran por cuenta propia en el campo y los que el Estado asegura en las ciudades. Quien no posee un pasaporte o carné de identidad de la ciudad no tiene derecho a gozar de los servicios sociales de las ciudades. La situación es precaria especialmente para los trabajadores inmigrantes del campo, muchos de los cuales tuvieron que vender sus tierras y de esta manera conforman una potencial masa de protesta. Por esta razón, Beijing se concentra en fortalecer el consumo interno como medio para superar la crisis económica. Descargas impositivas, facilitación de créditos y subvenciones deben de favorecer a la población del campo. En 2009 se utilizaron 16.000 millones de dólares en subvenciones sólo para el apoyo a los precios del trigo. El gobierno quiere apoyar a las industrias automovilística y del acero, especialmente afectadas por la crisis, con medidas como reducción de impuestos a la compra de automóviles y otorgar medios financieros estatales para el desarrollo y producción de vehículos que dañen menos el ambiente. A ello se agrega el aumento de la pensión para jubilados estatales y de los sueldos de doce millones de maestros. El sistema de salud deberá ser reorganizado con el objeto de que gente ahorre su dinero en caso de emergencia y lo utilice en el consumo diario. EEUU, el gran mercado China está en capacidad de adoptar medidas de reactivación, pues posee reservas en divisas de más de dos billones de dólares. Por otro lado, tiene sus manos atadas ya que si reduce sus reservas en dólares contribuiría a una caída de la divisa estadounidense y esto no le conviene porque Estados Unidos es su segundo importador de productos después de la Unión Europea. En 2007 China exportó productos por un valor global de más de 1,2 billones. El 19,1 por ciento a Estados Unidos. De ningún otro país importó tanto Estados Unidos. La recuperación económica en Asia se basó en determinada medida en el consumo estadounidense financiado por créditos y la austeridad asiática. Después del reventón de la burbuja financiera en Estados Unidos y el inicio de la desaceleración económica global, China teme el total colapso del dólar. Washington intenta estabilizar su economía con sumas cada vez mayores de dinero. Al multiplicar la masa monetaria a través de las bajas de la tasa de interés y la emisión de nuevo dinero se corre el riesgo de una masiva devaluación del dólar. La Reserva Federal ya anunció la compra de títulos de hipotecas aseguradas por un valor de 750.000 millones de dólares para liberar a los bancos de sus títulos de valores “basura”. Además, quiere emitir bonos estatales a largo plazo por 300.000 millones. A corto plazo, éste es un medio para estimular a la economía. A mediano plazo puede convertirse en un boomerang por los riesgos de inflación que implica. El dinero creado no corresponde a valores reales. De esta manera existe la posibilidad de que el dólar colapse y que esto conduzca a una bancarrota de Estados Unidos. n Este artículo es un resumen del publicado en el diario La Primera de Lima el 9 de enero de 2010. “El gobierno (de Cristina Kirchner) quiere que el titular del Banco Central de la República Argentina (Martín Redrado) renuncie y éste resiste. La decisión aparece condicionada por una comisión parlamentaria que motivada en el recambio legislativo aún no está conformada y hay receso hasta marzo próximo. La presión política entre el Poder Ejecutivo y el presidente del Banco Central continuará, tanto como los juegos de poder entre el oficialismo y la oposición de derecha. Esa situación agudizará los elementos de crisis política que hay en la Argentina desde la ruptura de sectores de las clases dominantes, del agro y la industria con el gobierno. La medida de pagar deuda apunta a recomponer lazos con el poder económico mundial y es lo que debe colocarse en discusión”, dice Julio C. Gambina, profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas e integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). “La sociedad, especialmente el movimiento popular, debe manifestar su voluntad de modificar la agenda de prioridades e incidir en la crisis política para contribuir a satisfacer necesidades populares insatisfechas. La Argentina no necesita nuevo endeudamiento, sino reorientar su política económica en función de las necesidades de millones de personas con dificultades para acceder a sus derechos a la alimentación, la educación, la salud o la vivienda, el trabajo y una calidad de vida adecuada. Los recursos en la Argentina existen, el problema es su utilización”, añade. “No es el problema el suscitado en torno a la ‘autonomía’. Hay que volver a instalar que no se puede pagar deuda con el hambre de la población, que los fondos públicos deben utilizarse para la recuperación de una economía popular que resuelve necesidades insatisfechas y se articule con un proyecto de integración regional que discuta el orden capitalista en crisis”, asegura. “Lo curioso es que ahora, con la decisión del pago de la deuda a tenedores privados y organismos internacionales por 6.569 millones de dólares en el 2010, en acuerdo con el Fondo del Bicentenario, el “poder económico” reclama la subordinación del Banco Central a la decisión de pagar del Poder Ejecutivo nacional. Es el pronunciamiento de las asociaciones de bancos, de Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abarra). En el mismo sentido se pronunció la Confederación General del Trabajo (CGT), asociada claramente a las políticas de gobierno”, concluye Gambina. (ALAI) n agenda Global - montevideo uruguay - L a iniciativa Yasuní-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) saltó a la opinión pública de Ecuador y del mundo en los primeros meses del 2007, tras haber ganado la presidencia el economista Rafael Correa. El entonces ministro de Energía y Minas, el también economista Alberto Acosta, se hizo eco de la propuesta que provenía de la sociedad civil, principalmente de Acción Ecológica y la red Oilwatch que desde 1997 venían reclamando una moratoria a la extracción de petróleo en la Amazonía y otros territorios social y ambientalmente muy sensibles, como el Delta del Níger. El presidente Correa tras algunas vacilaciones –pues es un economista de izquierda que no ama el ecologismo– acogió la propuesta de Acosta en junio del 2007 y la expuso solemnemente en las Naciones Unidas en setiembre. La iniciativa Yasuní-ITT se concretó en lo siguiente: se mantenía en tierra el petróleo de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, unos 850 millones de barriles de crudo pesado, para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y el respeto a los pueblos indígenas locales, entre ellos un grupo en aislamiento voluntario, y para evitar emisiones de dióxido de carbono por deforestación local, por quema de gas de extracción y sobre todo por la quema de petróleo una vez fuera exportado. Ecuador dejaba pues de ganar un considerable ingreso monetario. Evitaba daños ambientales y humanos considerables, pero eso eran externalidades que el mercado no valora. Se pedía a la La Iniciativa Yasuní-ITT en ECUADOR El fideicomiso con el PNUD Joan Martínez Alier comunidad internacional (gobiernos, organizaciones, ciudadanos) que aportara la mitad de ese ingreso no obtenido, cifrado en unos 350 millones de dólares anuales durante unos doce años, es decir, unos 4.000 millones. Ha habido consenso interno en Ecuador en este punto y ha habido asimismo apoyo exterior, principalmente una resolución muy favorable del Bundestag de junio del 2008. Si este dinero no llegaba del exterior, Ecuador pondría el petróleo del Yasuní-ITT en licitación. Los potenciales donantes exteriores se preguntaban dónde había que poner el dinero. La respuesta desde Ecuador era que el dinero debía colocarse en las cuentas bancarias de un fideicomiso que diera garantías a quienes hicieran donaciones. También cabía hacer algún canje de deuda externa legítima. Tras muchas idas y venidas, la propuesta del Yasuní-ITT fue fuertemente impulsada después, en el 2009, por Fander Falconí, al ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores. La cancillería estableció una oficina para la iniciativa Yasuní- Renuncias en cadena. Las duras críticas del presidente Rafael Correa provocaron las renuncias del canciller Fánder Falconí y de dos miembros del Consejo Administrativo y Directivo del Proyecto Yasuní-ITT: su presidente, Roque Sevilla, y Yolanda Kakabadse. La negociación, que daría a donantes extranjeros mayoría en el fideicomiso que se negocia con las Naciones Unidas, es “vergonzosa y atenta contra la soberanía”, afirmó. El mandatario lamentó la decisión de Falconí, miembro del buró de la gobernante Alianza País, “uno de los puntales de este gobierno y de este proceso político”. Sevilla, por su parte, negó que los donantes fueran a tener mayoría en el fideicomiso, ya que Ecuador tendría tres miembros en el Directorio y la presidencia, y los contribuyentes, dos. Y consultado sobre los motivos de su renuncia, respondió: “Lo que me colmó es que el presidente señaló que se trata de una negociación vergonzosa”. (elcomercio.com) n ITT y se nombró una comisión ecuatoriana de alto nivel con aprobación explícita del presidente Correa, con el ex alcalde de Quito y empresario del sector turístico Roque Sevilla, la ex ministra y actual presidenta del WWF, Yolanda Kakabadse, el embajador y ex ministro Francisco Carrión y el economista Carlos Larrea. Esta comisión empezó a negociar los términos para establecer el Fideicomiso con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en sus oficinas de Quito y Nueva York. Roque Sevilla fue su portavoz directo. (Ver recuadro.) En los días inmediatamente anteriores a la cumbre de Copenhague, la prensa recogió la esperanza del canciller Falconí de que la firma se pudiera hacer el 16 de diciembre del 2009 precisamente en Copenhague, el lugar mejor del mundo en esos días. Pero cuatro días antes, el presidente Correa decidió estropear la fiesta. No viajó a Copenhague y prohibió a última hora la firma de los Términos de Referencia del acuerdo entre Ecuador y el PNUD. Falconí se encontró en la situación incómoda de alguien a quien le sacan la silla al momento de sentarse a firmar. Ni sonrió ni lloró, puso buena cara al mal tiempo, los representantes del PNUD aseguraron que todo iba bien, y entre todos consiguieron que los titulares de la prensa en Ecuador fueran que se estaba avanzando en la redacción de los contratos (el PNUD gestionaría el Fideicomiso durante bastantes años a petición de Ecuador), y además el PNUD opinaba que la iniciativa Yasuní-ITT era “fantástica”. Realmente es una buena idea, entre otras razones porque en el mundo hay que frenar el ritmo de extracción y quema de los combustibles fósiles. Debe bajar no menos de la mitad para evitar las actuales emisiones excesivas de dióxido de carbono. Por tanto, es lógico preguntarse dónde hay que dejar el petróleo o carbón en tierra. La respuesta es: en lugares de gran valor en las dimensiones de los derechos humanos y la biodiversidad como el Yasuní-ITT. Al presidente Correa no le alcanzó con boicotear desde lejos la firma del acuerdo del Fideicomiso entre Ecuador y el PNUD sino que el 9 de enero del 2010 en su habitual mensaje radiado de los sábados intentó quemar las naves del acuerdo. Dijo: “Yo di la orden de que no se firme este fideicomiso en estas condiciones vergonzosas”. Es decir, no dijo que tal o cual artículo necesitan un retoque sino que se cargó en bloque lo actuado en varios meses. No estamos hablando aquí de un acuerdo con la Repsol o la Shell, con el Deutsche Bank o el Banco de Santander, con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el Banco Mundial, con entes o personas que le tengan tirria a su gobierno, sino de un acuerdo con las Naciones Unidas. Sin embargo, Correa, tal vez sintiéndose acorralado al ver que por fin tras dos años y medio de charla se iba a firmar el Fideicomiso, que los ecologistas ganaban y se estropeaba el negocio de la venta del petróleo, pateó el tablero, negó los méritos de su propio canciller y su propia comisión negociadora de alto nivel, negó la probidad de los funcionarios del PNUD, aseverando que los términos del preacuerdo eran “vergonzosos”. El lector podrá juzgar. El preacuerdo del 24 de noviembre está circulando hace semanas. Al menos treinta negociadores en Ecuador y en Nueva York han tenido acceso a él y, por tanto, es conocido ampliamente. Diversos universitarios que seguimos la iniciativa Yasuní-ITT con interés hemos pedido copia de ese preacuerdo y la hemos obtenido. Nada tiene de “vergonzosa”. n Joan Martínez Alier es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Redactor responsable: Roberto Bissio. Redactor asociado: Marcelo Pereira. Editor: Alejandro Gómez. (c) Instituto del Tercer Mundo (ITeM). El ITeM es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur. www.item.org.uy / [email protected] - agenda Global - montevideo uruguay
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