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Palabras del Ing. Juan Temístocles Montás, Ministro de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD)
Señoras y Señores:
Como si cien años no fuesen nada, avistamos y celebramos el 1er.
Centenario del Acueducto de Santiago, que en 1977 deviniera
bajo
el
nombre
de
la
Corporación
de
Acueductos
y
Alcantarillados de Santiago (CORAASAN). Hace justamente
un siglo que Santiago, lleno de júbilo, bailaba el cadencioso
merengue: "Ya Santiago tiene/ lo que no tenía/ una planta
eléctrica/ y agua en tubería”.
En la ocasión felicito en mi nombre y en nombre del Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) a esta Corporación
de Agua Santiaguera. Primero, por el aniversario mismo; segundo,
porque en el trayecto de su historia desde 1915 CORAASAN ha
acumulado una práctica de gestión del servicio de agua que se ha
convertido en un referente para el resto de las Corporaciones.
Como ejemplo vale señalar su espíritu innovador en la promoción
del
pago
por
servicios
ambientales
y
los
esfuerzos
de
organización y mejoría del catastro de usuarios.
Pero sin dudas, su mayor logro es haber expandido la cobertura
de servicios de agua potable,
al tiempo que ha invertido la
pirámide de cobranzas del agua
respecto al resto del país. En
Santiago, el porcentaje de hogares con necesidades de agua
insatisfechas ascendió a 15.6% en 2010, el segundo menor a
nivel nacional después de Dajabón, y en términos de cobertura, el
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75% de los hogares tienen acceso agua potable dentro de la
vivienda., seguido de lejos por el Distrito Nacional con 63.4%.
Pero el gran ejemplo de Santiago está en las cobranzas: Mientras
CORAASAN logra cobrar más del 85% del agua servida, en los
demás acueductos se ubica entre 10% y 33%.
Una mirada en general a lo sucedido en el país en estos cien años
en materia del uso del agua y saneamiento,
hemos avanzado. En 1950 la cantidad de
nos muestra que
hogares
que tenía
acceso a agua potable, ya fuese en el interior o en el patio de la
casa o de la llave pública o de un vecino, apenas alcanzaba al
29.7%, y de ellos, solo el 16% tenía agua dentro de la casa. El
Censo de 2010 mostró que el 84% de la población tenía acceso a
algunas de estas fuentes de agua y la ENHOGAR estimó este
porcentaje en 89% para 2013.
Algo similar ha sucedido con el acceso a servicio sanitario. En
1970 el 60.4% de los hogares utilizaba letrinas, llegando a
alcanzar el 73% en el caso de Santiago. En 2010, la presencia de
las letrinas era significativamente menor, ubicándose alrededor
de 15% de los hogares.
También ha habido cambios significativos en materia de manejo
de residuos sólidos. Los datos censales de 1981
muestran que
solo 59.4% de los hogares del Distrito Nacional y 34.4% de los
hogares de Santiago disponían del servicio de recogida de basura.
En 2013, un 78% de los hogares de todo el país disponen del
servicio de recogida de basura. En lo referente al alcantarillado
sanitario y el tratamiento de aguas residuales es donde se ubican
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los mayores rezagos, con una cobertura que ronda tan solo el 21
% de los hogares de los centros urbanos.
En cuanto al uso de agua para riego, en 1941 la superficie
agrícola regada ascendía a 32,000 hectáreas. Hoy se cuenta con
278,965 hectáreas, lo cual asciende a prácticamente la mitad del
potencial de superficie a ser regada.
A pesar de lo gratificante que pueda resultar el análisis de la
evolución de estos indicadores, entiendo que una mirada más
acuciosa nos conduce a considerar que no hay opción para la
complacencia. En 2013, si bien el 89.7% de los hogares tenían
acceso a agua potable, solo un 57.1%
disponía de tubería en el
interior de la vivienda, 77% de los hogares tenían que comprar
agua embotellada para beber y solo 19% disponía de servicio
diario de recogida de basura.
El Censo de 2010 recogió información que muestra la exposición
a contaminación asociada al agua y el saneamiento. El 31% de
las comunidades estaba expuesta a contaminación de aguas
estancadas,
el 37.3% sentía los efectos de la acumulación de
basura, y 27.6% tenía hogares localizados alrededor de cañadas
con basura o agua contaminada.
La mala disposición de aguas residuales, así como de residuos
sólidos y su vertido en fuentes de agua han impactado
negativamente en las condiciones medioambientales de un
número creciente de hogares en RD. Se va generando un circulo
vicioso entre vertido de basura a los cuerpos de aguas,
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entaponamiento de la relativamente escasa infraestructura de
alcantarillado
sanitario,
insuficiente
infraestructura
de
tratamiento de aguas residuales y la contaminación de las
fuentes
de
paulatinamente,
agua
van
superficiales
degradando
y
el
subterráneas
recurso
que,
agua
y
las
disponibilidades efectivas de agua con la calidad requerida.
Es por esta situación que quiero nuevamente felicitar a Coraasan
por
la
iniciativa
de
convocar
tan
importante
congreso
internacional, en el que analizaremos temas medulares, tanto del
agua como recurso y su gestión ambiental desde las cuencas
hidrográficas, como del servicio de agua para fines de uso
doméstico, riego y usos industriales.
Estamos aquí congregados para tratar los problemas y los
desafíos que implica la vida, si asumimos que el “agua es vida”.
Como sociedad no podemos dar la espalda y relegar la atención
que amerita una problemática compleja, crucial para la mejora de
la calidad de vida y el desarrollo nacional.
República Dominicana puede considerarse globalmente un país
con
recursos
hídricos
abundantes,
diferencias entre regiones y
aunque
hay
muchas
épocas del año. La disponibilidad
total de agua en el país es de 25 mil millones de metros cúbicos
por
año,
para
una
disponibilidad
per
cápita
de
2,487.7
m3/hab/año. El promedio nacional de presión hídrica para las
principales cuencas es de un 49%, pero se estima que para 2025,
en las cuencas de los Ríos Yaque del Norte y Yaque del Sur,
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habremos comprometido el 98% y el 84% del agua disponible,
respectivamente. Es decir, que no hay rejuego con una presión
hídrica tan elevada.
Si bien estas cifras no indican una situación de crisis inmediata,
siempre que hagamos una buena administración del recurso, hay
serios problemas de distribución regional, que afectan a la zona
central, la oriental y la nororiental, donde menos del 70% de la
población
cuenta
con
acceso
a
una
fuente
mejorada
de
abastecimiento.
La capacidad o resiliencia de los ecosistemas para mantener el
ciclo hidrológico se resiente por falta de manejo apropiado de
cuencas, problemas de contaminación y sobre-uso en algunas
áreas. Es preocupante que el 55% del agua potable se
desperdicia. Por igual, el agua para riego se desperdicia en un
68.3%%, con sólo un 31.7% de eficiencia. Pese al incremento de
la cobertura boscosa hasta un 39.7% del territorio, las áreas
críticas de las cuencas altas prioritarias continúan con niveles
altos de degradación, lo cual afecta el mantenimiento de los
cauces y el ciclo hidrológico, y, en consecuencia, la disponibilidad
del recurso agua y su calidad, por los problemas asociados de
degradación de los suelos y la erosión.
En las zonas turísticas, con alta concentración de visitantes, hay
evidencia de malas prácticas vinculadas a la extracción de agua,
alta demanda, manejo inadecuado del territorio y progresivo
deterioro de las fuentes de agua. También en las zonas mineras o
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muy industrializadas se detectan problemas de salud por alta
contaminación de las aguas.
Más allá de las limitaciones de la cobertura y distribución, se
agrega
la
baja
calidad
de
los
servicios
y
de
la
infraestructura. La potabilización promedio del agua en
nuestras redes no alcanza el nivel establecido por la guía de la
Organización Mundial de la Salud, mientras que la cobertura de
alcantarillado y saneamiento en los centros urbanos, ronda
21% por ciento. Y esto sí que es crítico por las consecuencias que
tiene en la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y
subterráneos.
Los recursos hídricos y su gestión afectan a prácticamente todos
los aspectos de la sociedad y la economía, en particular la salud,
la
producción,
la
seguridad
alimentaria,
el
abastecimiento
doméstico, el saneamiento, la energía y la industria, y, por
supuesto, el funcionamiento de los ecosistemas.
El cambio climático, y su manifestación más inmediata en
términos de aumento de la frecuencia de eventos extremos como
huracanes
y
sequías,
contribuyen
a
destacar
nuestra
dependencia de los recursos hídricos. Estos factores agravan
riesgos ya existentes para el suministro de agua potable, a causa
de la intrusión salina por efecto de la subida del nivel del mar,
reducción de la disponibilidad de agua por efecto de sequias más
intensas y frecuentes, y contaminación de fuentes de agua
potable fundamentalmente por problemas de saneamiento.
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No menores son los desafíos que para el sector agua van a
significar
los altos costos financieros de adaptación que se
requieren frente a los efectos del fenómeno cambio climático
y las sequías prolongadas que proyectan los diferentes escenarios
científicos de adaptación.
Se estima que el costo incremental de la adaptación al cambio
climático entre 2010-2030, según los diferentes escenarios
proyectados, sería de US$1,685.63 millones de 2005. Se trata de
la inversión adicional para que el recurso agua se adapte ante las
amenazas
del
cambio
climático,
en
los
sectores
agua
y
saneamiento, riego y gestión integrada del recurso hídrico y la
gestión ambiental con un enfoque ecosistémico.
Otro problema, no menos importante, es el relativo al bajo pago
de la tarifa por los diferentes usos del agua. La Corporación de
Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) apenas
tiene una cobranza del 33%, El INAPA cobra sólo un 10%, y el
resto de las Corporaciones de Acueductos, las CORA, promedian
una cobranza del 20%, con la excepción de la Corporación de
Acueductos y Alcantarillados de Santiago, que tiene una cobranza
del 86%. Esto implica que para que el sector pueda operar es
necesario
transferir
recursos
del
gobierno
central.
Las
limitaciones fiscales y la competencia con otros usos, ha llevado a
que el gasto público en agua potable y saneamiento se haya
reducido en la última década. En efecto, en promedio en el
periodo 1996-2003 se destinaba anualmente 0.48% del PIB, en
contraste con el periodo 2004-2013 cuando se destinó 0.39% del
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PIB. Algo similar acontece con las tarifas cobradas para riego y
el gasto público destinado a este renglón. Este último se redujo
de 0.12% del PIB promedio anual en 1996-2003 a 0.21% en 20032013.
Esto no es sostenible, es necesario internalizar el costo del agua,
de manera que la tarifa refleje los costos de la gestión ambiental
y la administración de los servicios asociados al uso del agua.
Y no se trata de privatizar el agua. Se trata de mejorar la gestión
administrativa y la gestión ambiental de tan valioso recurso, para
que efectivamente refleje su valor social, económico y ambiental.
Se requiere transformar el régimen tarifario hacia una gestión
de la demanda versus la gestión de la oferta, que es lo que ha
primado. Tenemos que tratar el agua como un recurso escaso.
Muchos entienden que una de las causas fundamentales de los
problemas se encuentra en la falta de un marco legal y normativo
específico para la gestión del recurso agua y sus usos, que
establezca las bases para su ordenamiento, control y regulación.
En el marco normativo de mayor jerarquía, alcance y generalidad,
la República Dominicana cuenta con mandatos explícitos sobre la
importancia estratégica del recurso agua y de sus usos. La
Constitución establece en su Artículo 15.- Que “el agua constituye
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo
humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El
Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas
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efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación.”
Y en su Artículo 61.- Derecho a la salud. “Toda persona tiene
derecho a la salud integral. En consecuencia: 1) El Estado debe
velar por la protección de la salud de todas las personas, el
acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de
los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento
ambiental, así como procurar los medios para la prevención y
tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a
medicamentos
de
calidad
y
dando
asistencia
médica
y
hospitalaria gratuita a quienes la requieran.”
También la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece,
como su Objetivo Específico 2.5.2 “Garantizar el acceso universal
a servicios de agua potable y saneamiento provistos con calidad y
eficiencia” y en su Objetivo Específico 4.1.4 “Gestionar el recurso
agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la
seguridad hídrica”.
Ya en plano internacional el país es signatario de convenios
internacionales que aquilatan el derecho humano al agua. De
igual forma, en el marco de la Agenda de Desarrollo Post 2015, se
negocia la adopción de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), los cuales, entre otros aspectos, apuntan a la necesidad
de un manejo integral de los recursos hídricos y se han trazado
objetivos en esa dirección para ser aprobados en septiembre
próximo en la Asamblea de Naciones Unidas sobre los ODS.
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Dificultando el cumplimiento de esos mandatos y compromisos,
la gobernanza del recurso agua se ha caracterizada por la falta de
integración vertical y horizontal entre distintos ministerios de
gobierno, entidades con funciones especificas y sectores usuarios.
Varias leyes han asignado capacidades de manejo y uso de los
recursos
hídricos
a
distintas
instituciones,
generalmente
acopladas a facultades constructoras de obras o de prestación de
servicios, por lo que, en general, prima una visión sectorial y
cortoplacista sobre una perspectiva integradora.
En resumen, si bien los arreglos institucionales son un gran
desafío, un gran problema y una oportunidad, todos los aquí
presentes sabemos que la aprobación de la Ley General de
Agua
y la Ley de Agua Potable y Saneamiento debe
constituirse en un imperativo.
Ambas leyes tienen alrededor de dos décadas dando brincos en el
Congreso y no hemos logrado consenso entre los actores
reguladores, gestores y usuarios; y el problema no puede esperar
más.
En ese sentido, saludamos los esfuerzos que se hacen
desde el Senado, el Ministerio de Medio Ambiente, el INDRHI,
EGEHI INAPA, y las Corporaciones de Acueducto
claves, para contribuir a la creación del
como actores
consenso sectorial y
social que de impulso a la aprobación de las referidas leyes, y
asegurar
la
institucionalidad
necesaria
para
encarar
la
problemática descrita.
Todavía hay algo más que contemplar en la agenda de trabajo
para la institucionalidad del Sector Agua, y es lo relativo a la
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elaboración de los planes sectoriales y sus planes estratégicos
institucionales. Además del marco legal necesario, el sector
requiere de un marco de políticas públicas que aspiramos sea
desencadenado en este proceso de diálogo.
En nombre del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
doy una calurosa bienvenida a este llamado a fortalecer la
planificación del Sector Agua, y expreso el apoyo que el MEPyD
está en la mejor disposición de ofrecer mediante la provisión o
gestión de la asistencia técnica que se requiera.
Muchas Gracias!!
Ing. Juan Temístocles Montás
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
21 de Abril de 2015
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