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LATERCERA Sábado 14 de febrero de 2015
Correo
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Realidad al interior de
las cárceles
Señor director:
Junto con agradecer que se visibilice la realidad carcelaria, deseo
señalar un par de puntos que me
parece necesario abordar.
Los altos niveles de violencia entre los internos es, muchas veces,
una expresión aguda de la violencia que se está dando en los mundos de los cuales provienen. Esto
es lo más grave de todo, porque si
la violencia sólo fuera un fenómeno dentro de las cárceles, el problema estaría acotado y se podría enfrentar de mejor manera.
Lamentablemente, la cárcel es
una expresión aguda de lo que
está ocurriendo en la calle.
Pero lo que me parece aún más
grave, por cuanto concierne al
Estado -garante de la justicia y del
bien de todos sus ciudadanosson los numerosos enfermos terminales que mueren al interior de
las cárceles esperando el indulto
humanitario. Esta inhumanidad
no tiene justificación y evidencia
que solemos confundir justicia
con venganza.
P. Luis Roblero Arriagada sj
Capellán nacional de Gendarmería
“Evaluación escolar”
Señor director:
En su columna de ayer, el secretario ejecutivo de la Agencia de
Calidad de la Educación, Carlos
Henríquez, argumenta a favor de
algunas recomendaciones de la
comisión que revisó el sistema
nacional de evaluación.
Su visión sobre el rol del Simce
de 2° básico parece confundir distintas escalas en las que interviene la política pública. A nivel del
aula, son los docentes y sus equipos técnicos los que deben evaluar si los estudiantes se están
quedando atrás y tomar medidas
remediales. Es parte de su labor
diaria y una intervención estatal
centralizada es inapropiada, probablemente inoportuna, y atenta contra la profesionalización y
autonomía de los docentes.
Pero esa no es la función del
Simce de 2° básico. Este busca
monitorear un problema nacional de interés público: el masivo
retraso en la alfabetización de
nuestros estudiantes. El valor de
esta evaluación está en la visión
panorámica nacional y en las
alertas tempranas que pueda dar
a nivel de escuela. No puede trazar trayectorias de mejora, pero
puede revelar graves deficiencias
a nivel institucional.
Eliminar dicha prueba no ayuda en absoluto a las intenciones
declaradas por la Agencia: ¿cómo
saber cuáles son las escuelas que
más apoyo requieren? Es previsible, sin embargo, que esta medida esconda un problema que sólo
podremos ver cuando los estudiantes estén en 4° básico, y quizás sea demasiado tarde. Esto es
poco conveniente en un contexto de reforma estructural.
Finalmente, llama la atención la
lógica detrás de la eliminación
de la prueba. Se dice que “si sólo
se mide y no se hace nada para
mejorar, de nada sirven las evaluaciones”. De esta afirmación
no se sigue que debamos dejar de
evaluar (como sugiere la medida),
sino que debiéramos hacer algo
para mejorar. Ojalá oyéramos
más ideas al respecto.
Daniel Rodríguez M.
Caso Cascadas
Señor director:
En noticia publicada en su medio,
titulada “Cascadas: CDE pide suspensión de la causa”, se señala
que “el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de
la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS) en el juicio civil
contra Roberto Guzmán, uno de
los sancionados en el caso cascadas, solicitó al 16° Juzgado Civil de
Santiago la suspensión ‘de común acuerdo’ de la causa por un
plazo de 40 días.”
Al respecto, me parece oportuno señalar que el Consejo de Defensa del Estado accedió a la suspensión del procedimiento de común acuerdo solicitada por la
contraparte. Tal decisión se adoptó en virtud de los principios de
buena fe y cortesía profesional
que siempre han inspirado la actuación de este servicio y que, a
nuestro juicio, se debiese replicar
en el trato habitual entre abogados y jueces.
De esta forma, el procedimiento iniciado por la contraria respecto del reclamo de la multa impuesta por la SVS se encuentra
suspendido durante este lapso, a
petición de los demandantes y
no de esta parte que, por tratarse de un servicio público, desarrolla sus funciones en forma regular y continua durante todo el
año.
Juan Ignacio Piña Rochefort
Presidente
Consejo de Defensa del Estado
Despenalización
del aborto
Señor director:
Anunciado el proyecto de ley que
legaliza el aborto en las tres causales yaconocidas, si bien se presentó como una solución a esa
problemática, es más bien ideología pura.
El proyecto se centra única y
exclusivamente en los “derechos
de las mujeres y su autonomía”,
invisibilizando por completo al
ser humano que está por nacer y
su dignidad.
Omite la realidad del embarazo vulnerable y la necesidad que
tienen las mujeres de políticas
públicas de acompañamiento
médico, psicológico o económico, que permitan reforzar su derecho humano a la vida e integridad psíquica y física en situaciones difíciles. Estudios recientes
del Instituto Melisa, liderados
por el epidemiólogo Elard Koch,
muestran que cerca del 85% de la
mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad, cuando reciben ayuda y acompañamiento integral, cambian su decisión de abortar.
Se habla sólo de despenalizar,
pero en realidad se quiere legali-
za el aborto. El proyecto establece la obligación del Estado de asegurar “legítimas prestaciones de
salud” en las tres causales. Esto
implica recursos de todos los chilenos para intervenciones que
vulneran los derechos humanos.
Lo propio de la ideología es
construir un pensamiento alejado de la realidad. Este proyecto
desconoce a la persona que está
por nacer, prescinde de la evidencia científica que hay para darle
solución a la problemática del
aborto y ocupa intencionalmente palabras que no reflejan los alcances del mismo. En definitiva,
un proyecto completamente
ideológico.
el Estado- no practique en su establecimiento la prestación sanitaria en cuestión. En esto no hay
nada especialmente novedoso.
Respecto de la decisión “Hobby
Lobby”, la Corte Suprema de Estados Unidos señala expresamente que una empresa no tiene conciencia. Si no tiene conciencia, entonces no hay derecho
de objeción posible.
Si las instituciones tuvieran
conciencia habría que concluir,
con Henríquez, que los mortales
son acompañados por empresas,
organizaciones no gubernamentales y tantos otros en el cielo. Yo,
al menos, no estoy preparado
para ello.
Claudia Nogueira
Jorge Contesse Singh
Diputada UDI
Mejoramiento de la
política
Señor director:
Es importante una profunda reflexión sobre el mejoramiento de
la política y el buen gobierno de
la administración pública. Nuestro país debe aspirar no sólo a la
transparencia en los procesos,
sino también a la probidad, logrando una conducta funcionaria intachable y un desempeño
honesto y leal del cargo.
Me parecería una buena idea que
todas las autoridades públicas
rindieran cuenta de forma obligatoria (incluyendo a los distintos poderes del Estado), exigiéndose un mayor control y fiscalización. El rol de Contraloría,
como también el de la sociedad
civil, es fundamental.
Si bien Chile ha avanzado en la
materia con la creación de la Ley
y Consejo sobre la Transparencia,
sigue quedando tramo por recorrer, siendo de especial interés
el proyecto de ley sobre financiamiento de la política y otras instancias que busquen mejorar la
actividad en beneficio del bien
común.
Jorge Arab Massuh
Ex asesor del Ministerio de Hacienda
Objeción de conciencia
Señor director:
Agradezco el interés de Tomás
Henríquez por debatir sobre la
mal llamada objeción de conciencia institucional. Como evidentemente no logro explicar mis argumentos, intentaré, por última
vez, presentarlos.
Yo sostuve que la objeción de
conciencia es la manifestación
de un derecho fundamental -la libertad de conciencia- y que,
como tal, el derecho comparado
sólo lo reconoce a las personas
naturales. Henríquez usa “la ley
francesa”—que cita parcial e incorrectamente- y algunos ejemplos
de Estados Unidos -que no detalla- para sostener que en el derecho comparado sí se reconoce a
las personas jurídicas el derecho
a objetar en conciencia.
Pero ni el Código de Salud Pública francés ni la sentencia
“Hobby Lobby” hacen eso. El
primero permite que un recinto
de salud privado con fines de lucro -y que no tenga contratos con
Museo Humano, Parque
San Borja
Señor director:
En carta de ayer, Gabriela Elgueta, directora de la Secretaría
de Planificación de la Municipalidad de Santiago, da a entender que el ejercicio de participación ciudadana llevado adelante por la municipalidad respecto
a la intervención que se quiere
realizar en el Parque San Borja ha
sido ejemplar.
Entonces cabe preguntarse
cómo es posible que vecinos del
sector de manera espontánea,
sin mayores recursos y sólo motivados por mantener su calidad
de vida, hayan logrado reunir
más de 6.000 firmas en rechazo
a la iniciativa municipal. ¿Cómo
es posible que la municipalidad,
con una oficina de profesionales
a cargo del tema de participación ciudadana y millonarios recursos destinados a la difusión de
sus proyectos, no haya logrado
que los vecinos se identifiquen
con el mismo?
Todo indica que esto no es un
problema meramente comunicacional -como le gusta señalar
a la administración- sino que deben hacerse cambios de fondo
para que el proyecto efectivamente implique una mejora en la
calidad de vida de los santiaguinos en general, y de los vecinos
del sector en particular.
Carlos Kubick O.
Concejal por Santiago
Berma, ¿tercera pista?
Señor director:
¿Cómo podríamos hacer saber a
las autoridades que el mal uso de
la berma para adelantar vehículos puede provocar un accidente grave? En menos de un mes,
me he enfrentado a esta situación
en las cercanías de la Ruta 5 Norte y recientemente en la Ruta 78.
Esta acción es un peligro inminente para la seguridad vial y a
los conductores no parece importarles arriesgar a su familia en
un acto que debiese ser severamente sancionado.
La berma está pensada como
“ruta” alternativa para bomberos, ambulancias y Carabineros
ante una emergencia. Sin embargo, hoy es una tercera pista en
las rutas de Chile.
Nicolás Ward Edwards
Del
Twitter
@andreainsunza: “Y punto para Peñailillo”. Andrea
Insunza
@CepedaMiran: “Renunció Dávalos, ahora sigamos con los Penta”. Alfonso Cepeda
@sebarivasv: “Y qué bueno que estas cosas raras se
sigan pagando con el cargo en Chile. Eso tiene que
correr para todos, sí”. Sebastián Rivas
@gveraconcha: “En todo
este episodio Dávalos, el
gobierno de Chile se ha
comportado como empresa familiar. Aparato estatal justificando entuertos
del hijo”. Germán Vera
@isabelpla: “Renuncia de
Dávalos Bachelet es respuesta a los chilenos. Muy
pobre la explicación de algunos en la Nueva Mayoría, culpando a oposición”. Isabel Plá
@RBergoeingV: “Se está
haciendo una costumbre
leer declaraciones sin
aceptar preguntas. Mala
cosa”. Raphael Bergoeing
@patricionavia: “Bono
marzo 2015: $41.000.
Bono marzo por ser hijo
de Bachelet:
$2.500.000.000 Con Bachelet, un Chile menos
desigual”. Patricio Navia
@matiasdelrio: “Impresentable declaración, pero
se fue. Ahora que se investigue a fondo, como Penta.
Sólo así se fueron conociendo las operaciones
turbias”. Matías del Río
@AFielbaum: “El asunto
es mucho más grave que el
cargo de Dávalos: es el
hijo de la Pdta. y la independencia de Bachelet
queda en duda. Ella debe
pronunciarse”. Andrés
Fielbaum
@acevedoinfante: “La
verdadera desigualdad a
mejorar: Pyme Davalos,
tasa interés 8,3%; Resto de
Pymes, tasa interés 15%
hasta 35% cc:@RafaelCumsille @juanpabloswett”. Matías Acevedo F.
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