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Heraldo de Aragón l Martes 10 de febrero de 2015
ARAGÓN l 13
Multas de 150 € para
dos jóvenes a los que
detuvieron por un
piquete en el campus
La Fiscalía pedía inicialmente siete meses de
prisión para ambos por resistirse a la Policía
durante la huelga de enseñanza de 2013
ZARAGOZA. No irán a prisión, pe-
ro Gregorio G. M. y Samuel R. R.
deberán abonar sendas multas de
150 euros por participar en el altercado que se produjo en el campus universitario de la plaza de
San Francisco durante la última
huelga general de la enseñanza, el
24 de octubre de 2013. La Fiscalía
les imputaba un delito de desobediencia e iba a pedir que ambos
fueran condenados a siete meses
de prisión. Sin embargo, un acuerdo con las defensa –a cargo de las
letradas Violeta Barba y Altamira
Guelbenzu– previo al juicio permitió a los acusados obtener una
condena mucho menos severa.
Porque al reconocer los hechos, el
ministerio público aceptó conver-
tir el delito en falta y cambiar la
pena de cárcel por multa.
Los arrestos se produjeron poco antes de las diez de la mañana,
cuando la Policía Nacional trataba de disolver un piquete ubicado
junto al acceso al campus por la
biblioteca María Moliner. Fue el
propio rector, Manuel López,
quien autorizó la intervención policial al constatar que un grupo de
jóvenes estaba impidiendo pasar
a los estudiantes que pretendían
asistir a clase. Decisión que no estuvo exenta de polémica, puesto
que son contadas las ocasiones en
las que las fuerzas de seguridad
han sido requeridas para intervenir en el recinto universitario.
Una vez dentro del campus, los
Las detenciones se produjeron cuando la Policía procedía a disolver este piquete. ASIER ALCORTA
agentes procedieron a identificar
a las personas que integraban el
piquete. Según la Fiscalía, fue entonces cuando estos dos jóvenes
ofrecieron resistencia a la Policía
y acabaron arrestados. Al reconocer ayer los acusados los hechos,
el juicio apenas duró unos minutos. Y ni siquiera fue necesario
llamar a declarar a ningún testigo, entre los que se incluía el vicerrector de Estudiantes y Em-
pleo de la Universidad de Zaragoza, Fernando Zulaica. En su día,
el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, llegó a reprochar a Zulaica su actitud
«completamente hostil con la
fuerzas de seguridad». De hecho,
le acusó de «hostigar» a los manifestantes contra los agentes
cuando procedían a detener a los
dos jóvenes.
La decisión del rector de llamar
Condenan a un corredor de seguros a entregar
su despacho a un cliente al que engañó
El denunciante le dio
60.000 euros para que
hiciera una inversión,
pero ni los invirtió ni le
devolvió nunca el dinero
ZARAGOZA. La Audiencia Provincial acaba de condenar a un
corredor de seguros zaragozano
a desalojar las oficinas que ocupa
en la plaza del Pilar para entregárselas a un cliente al que engañó
apropiándose de los 60.000 que
le había confiado para hacer una
inversión. El acusado, Jesús Ignacio Joaquín Sanz Abad, ha sido
también condenados por un delito de usurpación de bienes inmuebles y otro de coacciones, por
los que deberá abonar sendas
multas de 600 y 1.800 euros. Por
los mismos delitos deberá responder el hijo del agente, Íñigo
Sanz Elizegui, con el que comparte despacho profesional. Sin embargo, el importe de las multas
impuestas a este último es inferior y asciende a un total de 1.920
euros.
Los hechos enjuiciados se re-
montan al año 2012, cuando el corredor de seguros propuso al denunciante –que era marido de una
prima– hacer una inversión en seguros de vida y supervivencia. Le
garantizó que podría recuperar
todo el dinero invertido, más los
correspondientes intereses, en el
plazo de un año. Sin embargo,
cuando el hombre acudió al despacho profesional de su pariente
político para recuperar su capital,
este le reconoció que las operaciones no se habían realizado.
Según explica el tribunal en su
sentencia, con intención de inten-
tar solucionar la situación creada,
el acusado propuso al cliente cancelar la deuda pendiente mediante la entrega de un inmueble de su
propiedad. En concreto, del piso
que utilizaba como oficina en la
plaza del Pilar de Zaragoza. Al ver
que no iba a recuperar los 60.000
euros que le había dado al agente
de seguros y consciente de que
otro juzgado le estaba embargando bienes por un delito de estafa,
el denunciante aceptó el trato. De
hecho, el 20 de diciembre de 2013
se formalizó la operación de compraventa del inmueble ante nota-
a la Policía levantó ampollas en
diferentes sectores de la comunidad educativa, hasta el punto de
que se llegó a pedir la dimisión de
López y su equipo. Las mayores
críticas surgieron del Colectivo
de Estudiantes Progresistas de
Aragón (Cepa), que acusó al rector de permitir la entrada de la Policía «en un momento en el que
no había ninguna tensión».
M. A. COLOMA
rio. En aquella misma reunión, el
acusado dio un juego de llaves al
nuevo propietario, que le concedió un tiempo para que desalojara
las oficinas.
Pero, transcurrido el periodo de
gracia, el corredor de seguros y su
hijo le remitieron un burofax instándole a formalizar un documento por el que les concedía tres años
más de ocupación. No conformes
con ello, de forma unilateral, ambos decidieron cambiar las cerraduras del citado despacho, impidiendo así al denunciante acceder
al mismo.
La Audiencia Provincial ha reconocido ahora que, efectivamente, el piso había cambiado de propiedad. De ahí que, en concepto de
responsabilidad civil, se exija su
entrega al nuevo dueño.
M. A. C.