1. Espiritual

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LATERCERA Martes 10 de febrero de 2015
Nacional
Diego Ríos González (27) fue detenido el
sábado en La Ligua, lugar donde vivía
junto a su madre, quien en 2009 lo
denunció a la policía por guardar
pólvora y otros elementos sospechosos.
Por Víctor Rivera y Carlos Reyes
La caída del
último prófugo
del Caso Bombas
E
n junio de 2009,
Edith González se
acercó a un carabinero conocido
para comentarle
una situación que
en ese minuto le
angustiaba. Su hijo, Diego Ríos
González (27), guardaba en su armario pólvora negra en un bolso
y otros elementos para la supuesta fabricación de explosivos, según informó más tarde la Fiscalía Sur, en el marco del denominado Caso Bombas.
Como consta en la indagatoria,
el policía no dudó en acudir a la
Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) y dar cuenta de la denuncia. De inmediato,
la Fiscalía Sur solicitó una orden
de registro del departamento de
Ríos, diligencia que se efectuó el
24 de junio de ese año.
La mujer no se equivocaba. Del
lugar se incautaron cuatro kilos
de pólvora negra, 796 latas de
azufre, tres bolsas plásticas de
salitre potásico, una balanza digital, un detonador eléctrico y
una procesadora de alimentos
con restos de pólvora.
Sin embargo, el entonces estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile desapareció. El Ministerio Público solo tenía en su
poder la evidencia, pero no a
Ríos, quien desde ese 24 de junio
comenzó a ser buscado por la PDI.
Mientras era rastreado por los
peritos, nuevos antecedentes comenzaban a surgir en la carpeta
investigativa del caso. La Fiscalía
Sur, por ejemplo, identificó que
la pólvora negra y el detonador
eléctrico que guardaba Ríos eran
similares a los ocupados en tres
atentados explosivos, ocurridos
en Santiago, en 2008.
Según sostuvo el fiscal Sur Francisco Bravo ayer en la audiencia
de formalización, los elementos
encontrados en aquella casa de
Ríos eran similares a los utilizados en el atentado al Arzobispado Castrense, en Providencia, el
30 de marzo de 2008, el cual resultó frustrado por Carabineros;
a una farmacia en Las Condes, el
27 de marzo de ese mismo año; y
al ataque frustrado al edificio de
la Sofofa, el 3 de octubre.
A medida de que las pruebas
comenzaban a acumularse, la po-
RR Diego Ríos, cuyo rostro no puede ser exhibido, y su abogada, en la audiencia.FOTO: AGENCIAUNO.
licía se acercaba más al paradero
de Ríos. Ya con la certeza de que
no estaba en Argentina, luego de
que se efectuaran una serie de
diligencias con Interpol, los esfuerzos por su captura se centraron en Chile. Y este sábado, seis
años después de allanar aquel departamento que compartía con su
madre, en calle Mac Iver, además de la casa okupa Johnny Carrasco, a la que concurría en Pudahuel, la policía logró dar con el
paradero del otrora estudiante.
Reconciliación
Las cosas entre Ríos y su madre,
sin embargo, cambiaron. Lejos
de todo rencor, se refugió justamente en la casa de Edith, quien
seis años lo había denunciado.
Más allá de un distanciamiento,
el muchacho volvió a vivir con
ella, esta vez en la comuna de La
Ligua, Valparaíso. Según comentaron sus cercanos, ambos se reconciliaron ya hace tiempo.
La PDI informó que había identificado a Ríos, pese al evidente
cambio de su apariencia. Acudió
al Ministerio Público con una fotografía de cómo estaba hace seis
años y cómo estaba ahora. Y, a
pesar de que tenía el pelo más
largo, los investigadores no dudaron. Era él.
Al momento de su detención,
paseaba cerca de su casa, junto a
su madre. Su captura puso fin a
la búsqueda del último prófugo
vinculado al Caso Bombas (que,
a su vez, terminó con el sobreseimiento de otros 14 imputados en
el marco de esta investigación).
A Diego Ríos no se le imputaron
cargos terroristas. Ayer, la fiscalía lo formalizó por los delitos de
tenencia de elementos explosivos
y tenencia de elementos para la
fabricación de explosivos.
El Octavo Juzgado de Garantía
de Santiago decretó su prisión
preventiva, por considerarlo un
peligro para la sociedad, y fijó 30
días para la investigación. “No
estamos de acuerdo con la resolución del magistrado. Apelaremos”, dijo uno de los abogados de
Ríos, Washington Lizana.
En tanto, el fiscal Francisco Bravo, sostuvo que Ríos no estaría
vinculado a los atentados recientes, como el de Escuela Militar.
Al finalizar la audiencia, Ríos se
retiró de la sala tranquilo y mirando a su madre.b
REl persecutor Jaime
Pino seguirá como
encargado de
esclarecer los hechos.
Ratifican a fiscal que indaga accidente
que involucró a senador Quintana
F. Palomera
La Fiscalía de Temuco ratificó ayer al fiscal Jaime Pino
para indagar el accidente
que ocurrió durante la noche del sábado, en el kilómetro 17 de la Ruta S-31,
Región de La Araucanía,
que involucró al senador
PPD Jaime Quintana, y en
el cual un carabinero resultó muerto.
El persecutor Pino estaba
de turno la noche del accidente y es quien ordenó las
primeras pericias. Las informaciones preliminares
del Ministerio Público y la
Sección Investigadora de
Accidentes de Tránsito
(SIAT), de Carabineros,
apuntan a que el senador
habría atropellado al cabo
segundo Jonathan Garrido
Carril (25).
Según los primeros peritajes de Carabineros y la
fiscalía, esto ocurrió justo
en momentos en que el uniformado controlaba, en la
carretera, a un camionero
que conducía en aparente
estado de ebriedad.
El domingo, el fiscal de
Temuco Alberto Chiffelle,
señaló que “en el momen-
to en que (el carabinero) lo
controlaba (al camión), habiendo el mismo funcionario policial traspasado el
eje central de la calzada, es
decir, se encontraba en la
pista contraria efectuando
este control, apareció el
vehículo del senador, conducido por él”.
Según el persecutor
Quintana, manejaba “a una
velocidad razonable, entre
55 y 60 kilómetros por
hora, en una pista donde
se permite 100 kilómetros
por hora; y eso ya está determinado”. Agregó que el
carabinero estaba sin chaleco reflectante.
De acuerdo a los antecedentes de la fiscalía, el
parlamentario permanece
en calidad de imputado por
cuasidelito de homicidio,
pero no se le controló la detención, ni se le formalizaron cargos, porque, hasta
ahora, no existen antecedentes que le atribuyan
responsabilida en el decesod. Según fuentes de la investigación, la fiscalía solicitó a la SIAT acelerar las
diligencias para aclarar el
hecho.b