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Comunicado
Procuraduría debe defender los intereses del Estado, no de los
investigados
Las investigaciones por la mega corrupción de las constructoras brasileñas durante los tres últimos
gobiernos, se encuentran en una etapa inicial en la que resulta fundamental que todas las instancias
del Estado (Ministerio Público, Poder Judicial y Procuraduría) mantengan un norte claro frente a la
complejidad de los hechos e importancia e influencia política de los personajes que están y que
deben ser sometidos a las investigaciones de carácter criminal. Por ello, los últimos sucesos que
involucran a la abogada Julia Príncipe –Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado- son
de una particular gravedad, frente a lo cual amerita tomar decisiones urgentes sobre su
permanencia en el cargo.
1. Hasta la fecha la intervención de la Procuraduría anticorrupción en las investigaciones del
caso Lava Jato se ha mostrado errática y sin la presencia que esta instancia tuvo en este
tipo de investigaciones en el pasado. Las evidencias muestran que ello se debería, en gran
medida, al manejo de la abogada Príncipe Trujillo como Presidenta del Consejo de Defensa
Jurídica del Estado y a su particular afán de mostrarse públicamente como la que dirige la
intervención del caso subordinando innecesariamente a los verdaderos procuradores.
2. La designación del procurador Amado Enco y su posterior retiro del caso, cuando estaba
comenzando a tener una presencia pro activa en las investigaciones, para colocar a dos
procuradoras ad hoc; sin la experiencia que merece este complejo caso, pareciera significar
un paso hacia atrás en la necesidad de contar con una procuraduría anticorrupción fuerte y
con capacidad de marcar el rumbo de las investigaciones.
3. En ese escenario, las declaraciones de la nueva procuradora Ampuero sobre el hecho de
que la procuraduría estaba evaluando la incorporación del ex presidente Alan García Pérez
como investigado increíblemente fueron rápidamente contradichas públicamente por su jefa,
la abogada Julia Príncipe, quien, dejando de lado su condición de abogada del Estado,
señaló en un programa de TV que ella no encontraba indicios que lo vinculen con el caso.
Este hecho no solo significa una clara desautorización a la procuradora ad hoc, sino una
evidente injerencia que rompe la independencia de la procuraduría.
4. A lo anterior, se suma su relación con Moisés Tambini, quien antes se desempeñó como
abogado del ex presidente García y en la actualidad es presidente del Tribunal Nacional
Electoral del APRA, la misma que durante varios días fue públicamente negada y, ante las
evidencias fotográficas, Julia Príncipe se ha visto obligada a aceptar. ¿Por qué razón
primero negó tal relación y después debió aceptar? Es una pregunta sin respuesta
coherente.
5. Por todo ello y en resguardo de la garantía y la confianza que la Procuraduría debe
asegurar como cualquier institución del sistema de justicia, consideramos que su
permanencia en el cargo resulta inoportuna y perjudicial para el avance y manejo
serio de las investigaciones. Lo más conveniente sería que ella misma de un paso al
costado, pero en caso contrario la Ministra de Justicia debe tomar las decisiones que
correspondan.
Lima, 21 de febrero de 2017
Instituto de Defensa Legal
Prensa IDL
997527771