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LA FRAGILIDAD DE LA PAZ.
Cuando el 21 de noviembre del año pasado denunciábamos en un comunicado similar que
“LA GUERRA NO MERECE UN MUERTO MÁS” aspirábamos que las acciones
emprendidas por el estado permitieran que los dirigentes sociales y políticos del país
contaran con garantías para acompañar el proceso de paz y adelantar su compromiso
social con protección plena para sus vidas.
El estado se resiste a entender que hay un sistemático asesinato de dirigentes sociales y
políticos en las zonas donde la guerra aun no deja de ser noticia, basta mirar los diarios y
buscar el asesinato reciente en mercaderes Cauca de Faiver Cerón Gómez, Luz Herminia
Olarte en Yarumal y un sinnúmero de comunicados de grupos paramilitares que ordenan a
la población civil o a sus dirigentes salir de su comunidad ya que son condenados a ser
asesinados en caso de no aceptar la orden.
La construcción de la paz requiere de garantías plenas para los guerrilleros que hoy se
encuentran en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos
Transitorios de Normalización (PTN) pero también para toda la población civil que nació,
creció y vivió en medio del conflicto. La vida de los ciudadanos es responsabilidad del
estado y la paz no se puede convertir en un estado de fragilidad para quienes continúan
soñando con una vida digna con justicia social en los campos colombianos.
Es urgente que el estado asuma el control de las zonas donde se desarrolló el conflicto y la
fuerza militar debe necesariamente ir acompañada de las acciones sociales que generen la
equidad y tranquilidad a la población y sus dirigentes.
La movilización social como mecanismo de presión al cumplimiento e implementación
efectiva de los acuerdos se requiere de manera inmediata y con ella la exigencia de la
protección y garantías plenas para quienes defiende la paz, la vida y la justicia social en
todo el territorio nacional.
Bogotá D. C. 21 de febrero de 2017.