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28 de noviembre al 4 de diciembre de 2016
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ECONOMÍA
Mariano Rajoy y Fátima Báñez han escenificado un cambio
de discurso sobre las pensiones. Incluso podría calificarse como giro a la izquierda en sus recetas para mantener
la viabilidad del sistema, porque han dejado entrever que
el argumento que situaba al empleo como la madre de
todas las soluciones, se quedaba corto. Además estudian
eliminar el tope máximo de cotizaciones a la Seguridad
Social como piden Podemos y el PSOE y financiar vía impuestos las pensiones de viudedad y orfandad y las tarifas planas del empleo
Admite que el empleo no es suficiente y estudia eliminar el tope máximo
de cotización y la vía impositiva para viudedad y orfandad
El Gobierno cambia su discurso
sobre pensiones
■ Ana Sánchez Arjona
Mariano Rajoy y, en menor medida, Fátima Báñez han escenificado un cambio de discurso sobre las
pensiones. Incluso podría calificarse como giro a la izquierda del
Gobierno en sus recetas para mantener la viabilidad del sistema porque, han dejado entrever que el
argumento que situaba al empleo
como la madre de todas las soluciones, se quedaba corto. Además
estudian eliminar el tope máximo de
cotizaciones a la Seguridad Social
como piden Podemos y el PSOE
Báñez y financiar vía impuestos las
pensiones de viudedad y orfandad
y las tarifas planas del empleo
Lo manifestó Rajoy durante el primer pleno de control al Gobierno en
el Senado tras casi un año de parálisis. Y lo hizo en respuesta a Ramón
Espinar, senador de la formación
morada y secretario general del partido en Madrid, al asegurar que no
ve con malos ojos algunos de los
planteamientos de su partido
Pero, en todo caso, Rajoy insistió
en que la vía imprescindible para
lograr la viabilidad del sistema pasa
el acuerdo de reforma del sistema
en el marco del Pacto de Toledo y
en diálogo con los interlocutores
sociales. De esta manera, el presidente recalcó el mensaje que la
ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, aseguró por
la mañana durante la primera reunión de, precisamente, de la Comisión. “Casi el 70% del deterioro neto
de la salud del sistema entre los
años 2008 y 2013 se debió a la destrucción de 3,3 millones de empleos”. “Por eso nuestra mejor aportación para la viabilidad de la Seguridad Social es seguir creando empleo
y devolver a España al crecimiento
económico”
Sin embargo, esto no tendrá un
impacto inmediato y, por ahora,
resultan imprescindibles medidas
adicionales para contener el déficit
y garantizar las pensiones, algo que
la ministra se encargó de asegurar
en más de una ocasión. Báñez, que
no perdió la oportunidad de culpar
al Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero de buena parte de los
importantes problemas que el sistema tiene ahora, propuso que las
reducciones de cotizaciones a la
Seguridad Social o tarifas planas se
conviertan en bonificaciones. Estas
reducciones, que el Partido Popular desarrolló con el fin de crear
empleo, generan un gasto anual de
unos 1.900 millones de euros que
ahora se convertirían en ahorro. La
nueva vía de financiación sería Presupuestaria y, en concreto, se articularía a través del Servicio Público
de Empleo Estatal.
También podrían pasar a depender de los Presupuestos Generales
del Estado y, en consecuencia, de
los impuestos, las pensiones de
orfandad y viudedad. Esta posibilidad se ha planteado en más de una
ocasión, y de hecho lo volvieron a
Fátima Báñez en la Comisión del Pacto de Toledo.
El Gobierno quiere que los
autónomos contribuyan
más, aumentando la parte
de sus ingresos. Dicho de
otra manera, que hagan
un esfuerzo y eleven su
base de cotización
hacer algunos de los integrantes de
la Comisión del Pacto de Toledo.
Y es que, en años anteriores, las
estrecheces presupuestarias y las
políticas de austeridad daban poco
margen al Gobierno para financiar
las ayudas al empleo indefinido y a
los autónomos con las tradicionales bonificaciones. Así que optó por
la reducción directa de cotizaciones
a través de las llamadas tarifas planas. La consecuencia fue que estas
medidas iban contra el Fondo de
Reserva porque la Seguridad Social
no ingresaba todo lo que teóricamente tocaba por cotizaciones y eso
lo asumía la hucha de las pensiones. Durante los últimos años, estos
incentivos han sido muy criticados
por sindicatos y también por la oposición. Pero hacerse cargo de estos
1.922 millones de la tarifa plana no
bastaría para cerrar el déficit de la
Seguridad Social, que en 2016 puede llegar a 18.000 millones. Para
FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En millones de euros
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
taponarlo, Báñez enunció de forma
superficial otras propuestas. Una es
“avanzar en la separación de fuentes de financiación” que para los
Presupuestos cargaran con 14.500
millones que ahora se pagan con
cotizaciones.
La tercera propuesta busca esti-
mular que los autónomos coticen
más de lo que lo hacen ahora. Aunque su propuesta es que esto sea
“voluntario”.
El Gobierno quiere que los trabajadores autónomos contribuyan más
a la Seguridad Social, aumentado la
parte de sus ingresos que dedican
Agentes sociales y sector asegurador proponen...
■ Los sindicatos, y
algunos partidos,
plantean un impuesto
específico para financiar
la Seguridad Social,
como en Francia. Otra
posibilidad es que
cumplan esta función
los tributos existentes,
como el IVA. Una
alternativa de la primera
propuesta es que los
impuestos sólo
financien las pensiones
de viudedad y de
orfandad, al
considerarlas como
asistenciales. Cuestan
22.000 millones de
euros.
4 El Círculo de
Empresarios pide que
los salarios coticen por
su cuantía real a la
Seguridad Social y, por
tanto, que la pensión
equivalga al esfuerzo
contributivo, sin poner
un tope a la prestación.
4 El sector asegurador
reclama que las
empresas ofrezcan a
cada trabajador una
cuenta para que pueda
ahorrar una parte de su
salario mensual. El
empleado portaría la
cuenta por las
empresas que pasase.
Para estimular el ahorro
en planes de
pensiones, el sector
asegurador también
reclama que el
Gobierno informe a los
trabajadores mayores
de 50 años de la
pensión que pueden
tener con la cotización
realizada.
a este fin. Dicho de otra manera, que
hagan un esfuerzo y eleven su base
de cotización para conseguir dos
objetivos: el primero, corregir el déficit de 7.000 millones anuales que
tiene este régimen específico de la
Seguridad Social, para que, en
segundo lugar, cuando llegue la hora
de cobrar su pensión, no necesiten
un complemento adicional. Es decir,
la ayuda que les dan todos los cotizantes para que, por lo menos, su
pensión sea igual a la prestación
mínima del sistema.
El 85% de los trabajadores autónomos cotiza hasta los 47 años por
una base mínima de 893 euros al
mes. Aplicado el tipo correspondiente en función de si el autónomo cotiza por incapacidad temporal, o no,
la cotización a la Seguridad Social
mensual está entre 270 y 230 euros.
Así, hasta los 47 años, porque, a
partir de esta edad, la Seguridad
Social exige a los autónomos que
aumenten su base de cotización.
En todo caso, la propensión de
estos trabajadore y empresarios a
cotizar por la base mínima hace que
cuando llega la edad de jubilación
su pensión sea tan baja que ni
siquiera llegue a la prestación mínima de la Seguridad Social.
La pensión no contributiva, por no
haber cotizado lo suficiente a la
Seguridad Social, está comprendida entre los 367 euros y los 551,85
euros mensuales, en el mejor de los
casos. Existe pues una diferencia
con las cuantías de las pensiones
mínimas de la Seguridad Social. En
función de la situación familiar del
pensionista, la horquilla más común
de las pensiones mínimas de la
Seguridad Social está entre 595
euros al mes y 784,90.
Complementos a mínimos
Por lo tanto, el sistema de protección tiende a cubrir la diferencia
entre una prestación asistencial, o
no contributiva, y la prestación más
baja de la Seguridad Social. Es lo
que técnicamente se conoce en la
administración laboral como los
complementos a mínimos.
Recurrir a los impuestos para financiar parte de las prestaciones supone una reforma importante, porque
conlleva que las cotizaciones sociales dejan de aportar 22.000 millones
de euros anuales. La ministra puntualizó que su idea es hacer la reforma de la financiación de estas pensiones “sin que cambie su régimen
jurídico”. Es decir, manteniendo los
derechos de estos beneficiarios a la
prestación contributiva. Lo único que
cambiaría es la fuente del pago. Esta
es una reforma a la que, por el
momento, UGT se opone rotundamente, porque considera que las
prestaciones de viudedad, orfandad
y de favores familiares son tan contributivas como las demás.
En esta línea de la separación de
las fuentes de financiación, la tercera reforma importante que la ministra planteó a la Comisión del Pacto
de Toledo es que también los
impuestos paguen las ayudas a la
creación y la consolidación de
empleo, en lugar de las cotizaciones sociales. Entre las reducciones
y las cotizaciones sociales, suman
4.000 millones al año. Báñez propone que los impuestos cubran los
agujeros dejados en la Seguridad
Social por las llamadas tarifas planas para el primer empleo, de 100
euros, y para los nuevos autónomos,
que ahora sólo deben abonar 50
euros al mes
Lo cierto es que, el objetivo compartido por todos los grupos en el
Pacto de Toledo es que haya rápido unas primeras recomendaciones
(marzo o abril) que ataquen el problema de la financiación del sistema en 2017. Y, más adelante, un
informe más completo con propuestas para el conjunto de la reforma.