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LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2013
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2013
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
El movimiento sindical
venezolano: distintas
aproximaciones,
un diagnóstico.
En homenaje a:
José Ignacio Urquijo S.J.
(Con una semblanza biográfica)
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Relaciones Industriales y Laborales
Caracas, mayo 2013
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2013
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Comité Editorial
Josué Bonilla García
Gustavo García Chacón
Luis Lauriño Torrealba
Autores
Froilán Barrios
Josué Bonilla García
Teodoro Campos
Rolando Díaz
Gustavo García Chacón
Consuelo Iranzo
Francisco Iturraspe
Maritza Izaguirre
Luis Lauriño Torrealba
Héctor Lucena
Carlos Navarro
Rodrígo Penso
Alberto Quirós Corradi
Jacqueline Richter
Teodoro Petkoff
Registro Legal
ISSN:
. Depósito Legal:
IIES-UCAB,
Edificio Cincuentenario, Piso 5.
Apartado 20332
Montalbán/ Caracas/Venezuela
Teléfono: (058) (0212) 4074175
Fax: (058) (0212) 4074352
Distribución
UCAB
–
Dirección
de
Publicaciones
Montalbán/ Caracas/Venezuela
Apartado 20332
Teléfono: (058) (0212) 4074207
Los conceptos emitidos en los
textos publicados el libro son de
exclusiva responsabilidad de los
autores.
Agradecimiento especial por su contribución para la edición del libro:
Beatriz Balazarte, Maranto Borjas, Elionel Bowen, Samuel Briceño, Jeanette Cottín, María Antonieta
Delgado, Israel Einhorn, María Isabel Erminy, Elizabeth Martínez, Josefina Méndez, Ingrid Ochoa,
Humberto Pérez, Nelson Olmedillo, Rosa Paredes, Elsy Savino, Tamira Seitiffe, Rosalba Silva, Henry
Spíngola, Silvia Spíngola, Ana María Uroza, Morella Weiser, Mimí Zanón, Lucy Zin.
Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos del Área Metropolitana.
Universidad Católica Andrés Bello.
Libro homenaje a José Ignacio Urquijo SJ
Las fotografías incluidas en la portada forman parte del archivo fotográfico de Shell y fueron donadas
por el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CIC) de la Universidad Católica Andrés Bello.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
El movimiento sindical venezolano:
distintas aproximaciones,
un diagnóstico.
INDICE
Prólogo
Luis Lauriño: Aproximación a la historia del sindicalismo venezolano.
Josué Bonilla García: El movimiento sindical venezolano frente a la situación
socio-laboral: desafíos y propuestas.
Rolando Díaz: El sindicalismo en la encrucijada.
Francisco José Iturraspe: Regulación jurídica de las organizaciones de
trabajadores a propósito de la reforma de la ley del trabajo.
Teodoro Campos: Notas sobre los procesos de unificación sindical.
Héctor Lucena: Fragmentación en el movimiento de los trabajadores.
Consuelo Iranzo y Jacqueline Richter: Nuevas articulaciones sindicales:
MSL-FADESS.
Rodrigo Penso Una propuesta desde los trabajadores para la reconstrucción
del país con base en el diálogo social.
Froilán Barrios: Estado comunal y relaciones de trabajo en Venezuela.
Carlos Navarro y Gustavo García Chacón: Aproximación a los lineamientos
generales que anticipan el diseño de un programa de formación
socio-laboral para dirigentes sindicales y colectivos de
trabajadores/as en América Latina y el Caribe.
Alberto Quirós Corradi: Estado, empresas y sindicatos: una nueva relación.
Maritza Izaguirre: SIDOR: el regreso al pasado.
Teodoro Petkoff: Reflexiones sobre el socialismo del siglo XXI
y los cambios en las relaciones laborales.
Editores: José Ignacio de Urquijo, semblanza biográfica.
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Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2013
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Prólogo
El desarrollo industrial se inició de forma tardía en Venezuela. Para algunos, sólo a partir
del descubrimiento de los pozos petroleros, en la primera mitad del siglo XX, comienzan a
darse las condiciones estructurales que permitirán el desarrollo de la industria del país. Para
Uslar Pietri los inicios de la explotación petrolera pueden considerarse una primera etapa
industrial, verdadera, aunque mono-productiva. A, partir de entonces, se ha dado una continúa
consolidación del proceso de industrialización, con permanente preeminencia de la industria
petrolera.
Al igual que en la Europa del siglo XVIII y XIX, el campesino venezolano abandonó
paulatinamente el campo en busca de nuevas oportunidades en aquella industria incipiente.
Esto representó un hito histórico para el país, con la aparición y desarrollo de nuevas
relaciones sociales de producción, trayendo consigo consecuencias individuales y colectivas
inéditas, tanto en lo económico, como en lo político y social.
Aquellos primeros momentos del proceso de industrialización evidenciarán unas relaciones
sociales de trabajo embrionarias y desequilibradas, en cuanto al desarrollo organizativo e
ideológico de sus actores fundamentales, especialmente de los trabajadores. También pondrán
de relieve la carencia de un marco legal que permitiera su regulación. La Ley del Trabajo de
1928 (primera ley del trabajo del país) no alcanzó la posibilidad de una aplicación práctica,
porque no pasó de ser una “saludo a la bandera” del Gobierno de Gómez ante las exigencias
de la recién fundada OIT en el seno de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, esta situación
irá cambiando de forma gradual, en la misma medida en que se fueron consolidando y
tomando forma los valores de la democracia política.
Paralelamente con los avances de la industrialización en el mundo, a la altura de los años
cincuenta, los teóricos de las ciencias sociales y económicas comenzaron a diseñar los
primeros lineamientos de una novel disciplina académica, que llegó a conocerse como la
especialidad de “relaciones industriales” y/o “relaciones laborales” o “de trabajo”. Cabe
destacar entre los autores pioneros de esta labor constructiva, las obras: de John Dunlop, “The
Industrial Relations Systems” (1958); de Alton Craig “A Framework for the Analysis of
Industrial Relations Systems” (1973); de William Holley y Kenneth Jennings “The Labor
Relations Process” (1980), en los Estados Unidos; y las de Clak Kerr, “Labor and
Management in Industrial Society” (1964); V. Allen, “The Sociology of Industrial Relations”
(1967); y Richard Hyman, “Relaciones Industriales: una Introducción Marxista” (1988), en
Europa. Entre los más recientes, en honor a la brevedad, mencionaremos a Kochan, Katz y
McKersie. Y como caso particular de Venezuela, la tesis doctoral del profesor de la
Universidad de Carabobo, Héctor Lucena, sobre el desarrollo de la clase obrera en Venezuela,
en una economía petrolera dependiente.
Por su parte, las universidades más prestigiosas del mundo fueron incorporando las
Relaciones laborales y/o Industriales (o Relaciones de Trabajo) como una disciplina
fundamental de sus Pensa o estructuras programáticas. Destacaron en este sentido: Cambridge,
Leeds, el Instituto Tavistock, Cornell, Chicago, Laval, Lovaina y otras muchas. La mayoría se
adscribieron a la visión sistémica, planteada por Ludwig von Bertalanfy e implementada por
muchos de los teóricos mencionados en sus modelos.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Un papel precursor de las corrientes teóricas, cabe atribuírsele a la obra de Dunlop,
Harbison, Myers y Kerr, “El Industrialismo y el Hombre Industrial”, que planteó diversos
modelos de relaciones sociales de trabajo, conjugando, de manera equilibrada y dialéctica, la
teoría y la praxis. El modelo general destaca el influjo de los contextos sociopolíticos, de los
imperativos de la tecnología y la acción racional de las que ellos llaman “las élites
industrializantes”. Analizan, en forma sistémica, la complejidad de los diversos desarrollos
socio-económicos, que han venido surgiendo en los países industriales contemporáneos, para
salir al paso de las exigencia de las nuevas relaciones sociales de producción en el mundo.
Académicos, instituciones educativas, representante del trabajo y del capital, con ayuda de
estos marcos teóricos, combinarían sus esfuerzos para ofrecer la respuesta adecuada y
oportuna, dentro de las exigencias de las distintas realidades socio-laborales de su propio país
o unidad geopolítica.
Creemos que uno de estos destacados académicos que, con visión de avanzada, ha
contribuido a darle forma concreta a los requerimientos de las relaciones industriales en
Venezuela, ha sido el profesor José Ignacio Urquijo. Apenas llegar a la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB), el año 1968, se incorporó a la Escuela de Ciencias Sociales, donde le
toco impulsar el desarrollo de la recién creada especialidad de Relaciones Industriales, casi
desde sus inicios. Acababa, por aquel tiempo, de obtener el Master, en esta disciplina, en la
Universidad Loyola, de Chicago, y contaba, por tanto, con la preparación básica y las
herramientas necesarias para el logro de la tarea que se le encomendó, es decir, el desarrollo y
profesionalización de una disciplina académica tan novedosa, como necesaria.
De más está decir, que la carrera logró un exitoso desarrollo y, en éste, nunca se perderían
de vista las necesidades de la realidad industrial venezolana. Evidencia de ello serán los rasgos
esperados del profesional de relaciones industriales plasmados en la reforma de la Escuela de
Ciencias Sociales de la UCAB (1993), y que serían definidos en los siguientes términos: “un
verdadero científico social, preocupado por la problemática laboral y socio-económica del
país…, un estudioso del mundo del trabajo, conocedor del proceso de desarrollo económico y
social de Venezuela…, (y) un posible investigador y docente…”, entre otros.
En el mismo orden de ideas, en el año 1955, el Padre Manuel Pernaut fundaba el Centro de
Investigaciones Económicas de la UCAB que, en el año 1973, y ya bajo la dirección del Dr.
Chi-Yi-Chen, sería elevado a la categoría de Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales (IIES). Este nuevo nivel permitiría, por iniciativa de los profesores Chi-Yi-Chen y
José Ignacio Urquijo, la creación, seis años más tarde, entre otros, de un Departamento de
Investigaciones sobre Relaciones Laborales, lo que significaba una ulterior proyección de la
especialidad.
Señalaba el profesor Urquijo que, con la creación del Departamento de Investigaciones
sobre Relaciones Laborales e Industriales, se buscaba incorporar al IIES la investigación sobre
las relaciones sociales de trabajo, “…abrir las posibilidades de investigación en las
Disciplinas de Relaciones Industriales y Sociología”, vinculando a profesores y estudiantes, y
“finalmente, … que la UCAB estuviese presente en la problemática socio-laboral del país,
haciendo oír su voz a favor de la clase trabajadora y de la paz laboral”. Así, entre los
primeros trabajos de investigación del recién creado Departamento de Investigaciones sobre
Relaciones Laborales e Industriales destacaron: “el estudio documentado del movimiento
obrero venezolano, la problemática de la armonía y el conflicto industrial, los sistemas de
relaciones laborales en los países del Pacto Andino, la participación de los trabajadores en la
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gestión de la empresa, la negociación colectiva obrero-patronal y la implementación de una
verdadera democracia industrial”.
Se dejaban claras las prioridades y los intereses de investigación, no sólo del departamento,
también y sobre todo del profesor José Ignacio Urquijo. Así, su labor docente y obra
investigativa se concentraría en el vasto campo de las relaciones industriales, pero con un muy
especial interés por el mundo de los trabajadores. A él se debe la creación de la Revista Sobre
Relaciones Industriales y Laborales (1979), órgano divulgativo del mencionado departamento,
doce publicaciones sobre la temática de las relaciones industriales para la serie Cuadernos
Universitarios, y un conjunto de obras de especial importancia para el mundo académico y
laboral, como son: “Teoría de las Relaciones Sindicato-Gerenciales” (desde 1980 en
mimeógrafo y editada en 1995), “Teoría de las Relaciones Industriales” (tres ediciones 1989
a 1995), “Teoría de las Relaciones Industriales de Cara al Siglo XXI” (dos ediciones 2001 a
2010) y “El Movimiento Obrero de Venezuela” (2000), un compendio de su historia en
Venezuela, entre otros.
La contribución del profesor Urquijo en el campo de las relaciones industriales del país no
se detuvo en las paredes de los recintos universitarios en los que impartió sus conocimientos
(Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela e Instituto de Estudios
Superiores en Administración, entre otras), sino que llegó hasta las propias puertas de las
organizaciones sindicales y empresariales, en donde hizo valiosos aportes, que en varias
ocasiones fueron formalmente reconocidos, Basta citar los más importantes: la medalla Alejo
Zuloaga de la Universidad de Carabobo en su Primera Clase, la Medalla al Mérito del Trabajo
en su Primera Clase, la Orden Francisco de Miranda, también en su Primera Clase, y la Orden
Universidad Católica Andrés Bello, clase única.
También, los avatares y tensiones políticas de la Venezuela de la primera década del siglo
XX, lo llevarán a participar en nuevos espacios. Se creaba en el año 2000 una Junta de
Conducción Sindical Nacional para la reestructuración del directorio de la CTV y la
convocatoria a elecciones, toda vez que éstas se convertían en la manzana de la discordia de
grupos político-sindicales enfrentados de manera radical. El profesor Urquijo será llamado a
participar en esta, bajo la figura “Amicus Curiae”, una suerte de observador de buena fe que
facilitaría el logro de soluciones consensuadas y, desde luego, favorables a los trabajadores de
base. Posteriormente, una Comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le
encargaría actuar como mediador entre la fracción sindical tradicional (CTV, FCT. CODESA,
CGT) y las fuerzas oficialistas (el incipiente Frente bolivariano de Trabajadores y la CUTV).
Con él, quienes abajo firmamos, tuvimos la oportunidad de formar un equipo de diálogo,
dirigido por Juan Manuel Sepúlveda, oficial de alto rango de la OIT, y participar en las
reuniones que se celebraron durante una semana en la sede del Colegio de Ingenieros de
Venezuela, fomentando el diálogo y colaborando e las tareas organizativas. El Padre Urquijo
actuó como moderador de las reuniones y debates, a satisfacción de todos los presentes.
Hoy, transcurridos 56 años desde que el profesor José Ignacio Urquijo decidiera, tal vez, no
con una intención tan abstracta, si no mucho más pragmática y concreta, contribuir con el
desarrollo de las relaciones sociales de trabajo del país, hemos decidido publicar este libro
como un reconocimiento a su labor. El libro se nutre del trabajo de intelectuales y
profesionales de amplia y destacada trayectoria en el mundo laboral venezolano que, desde
diferentes ángulos enfocan una misma problemática, los trabajadores y sus organizaciones, los
sindicatos.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
La dramática realidad sindical de nuestros días, tras el avance, por un lado, de una estrategia
de control y/o destrucción del sindicalismo no sujeto a los designios oficiales y por otro, de la
profundización de la politización y el neo-corporativismo, en relación a los sindicatos afectos
al Gobierno, permite trazar una línea imaginaria que le da una lógica de conjunto a todos los
trabajos aquí presentados. Y es que, la impostergable reconstrucción y unidad del movimiento
sindical, se constituye en el leitmotiv y en el punto de encuentro con los viejos anhelos del
profesor José Ignacio Urquijo.
Entendemos pues, que sólo la unidad orgánica, programática y de acción del movimiento
sindical venezolano será la garantía del respeto de los derechos de los trabajadores, pieza
fundamental para la reconstrucción democrática del país.
Bonilla García, Josué
García Chacón, Gustavo
Lauriño Torrealba, Luis
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Aproximación a la historia del sindicalismo venezolano
Luis Lauriño
El presente trabajo intenta reflejar los hitos históricos más relevantes de una fase del
proceso evolutivo del sindicalismo venezolano. Las etapas de nacimiento, congelamiento,
desarrollo y consolidación, así como la de deterioro se muestran claramente a través de un
conjunto de señales que se expresan fundamentalmente en un terreno brumoso entre lo político
y lo laboral.
La etapa de nacimiento contempla lo que llamamos el obrerismo embrionario, en el que se
hace alusión a los procesos que se configuran a partir de la segunda década de los años veinte
del siglo XX, para dar paso a los antecedentes más próximos del sindicalismo, tal como la
conformación de organizaciones gremiales y de mutuo auxilio. En esta misma etapa
consideramos el nacimiento del sindicalismo, a partir del año 1936, en la que se conjugan una
serie acontecimientos que permiten formalizar, dar curso legal y sentar las bases de las
primeras organizaciones sindicales del país.
Una segunda etapa, la de congelamiento, hace referencia a un período de diez años (19481958), en el que la organización sindical debe hacer un alto para participar en la lucha política
para derrocar un régimen dictatorial y sentar las bases de la futura democracia. Años en lo que
se detiene el desarrollo de la organización, pero en el que se aprende a valorar la libertad y la
democracia.
La tercera etapa se corresponde con los procesos que permiten alcanzar el cénit de esta
organización. Es la que llamamos de desarrollo y consolidación sindical, en tanto alcanza los
mayores logros de esta fase de su historia, producto de su evolución, aprendizaje y
experiencia. Esta etapa se corresponde en un principio, luego de la caída de la dictadura
perezjimenista, con un espíritu colectivo de unidad, que aunque no se mantuvo en el tiempo, le
permitió aproximarse a las bondades que brinda la conectividad. A su vez, se alcanza a partir
de los años setenta, una bonanza económica, producto de lo altos ingresos petroleros, que
tendrá efectos directos sobre la organización sindical y que le permitirá consolidar un poder
político que nunca antes había experimentado.
En la última etapa se aborda el deterioro del movimiento sindical, en el que también esta
organización será arrastrada por la inercia generada por una crisis política, económica y social
de grandes magnitudes y que tendrá como episodios más visibles la devaluación de la moneda
del llamado “viernes negro”, la explosión social denominada popularmente “el caracazo”, los
intentos de golpe de estado del año 1992, la conformación del “Chiripero” y su asunción al
poder a través de Rafael Caldera; y finalmente la elección de Hugo Chávez Frías como
presidente constitucional de Venezuela. De esta forma, el estudio de las etapas mencionadas
nos ha permitido aproximarnos a la historia general del sindicalismo venezolano de buena
parte del siglo XX (1920-1999), con el deseo de contribuir con el entendimiento de la
institucionalidad, como pilar fundamental de la democracia.
I. Primeros Tiempos. El Nacimiento.
Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice,
pero me pelearía para que usted pudiera decirlo
Atribuida a Voltaire
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Obrerismo Embrionario.
Antes de iniciar un breve recorrido histórico por los antecedentes próximos del
sindicalismo venezolano, es importante señalar que no observó la evolución que siguió el
sindicalismo europeo o norteamericano, para los cuales hubo un proceso de desarrollo
orgánico que derivó, entre otras cosas, en la caducidad de algunos elementos del modelo de
relaciones de trabajo vigente en cada una de estas realidades.
En Venezuela, el movimiento obrero organizado se inicia y desarrolla conjuntamente con la
industria del petróleo, vinculándose al modelo económico que ésta desarrolla, razón por la cual
su formación se diferencia del proceso histórico evolutivo de los movimientos obreros de otras
latitudes del mundo occidental. De esta forma, éste ve sus orígenes en la segunda revolución
industrial, lo cual “…sucede sin tener que enfrentar las consecuencias de la primera revolución
industrial (…) Éste condiciona el carácter y comportamiento político e ideológico de la clase
obrera, en general de toda la clase obrera en Venezuela”1.
Hecha esta aclaratoria, podemos señalar que los gremios y cofradías, antiguas
organizaciones laborales de trabajadores del siglo XIX venezolano, daban paso en el siglo XX
a las sociedades mutualistas y de socorro, convergiendo en el proceso embrionario del
sindicalismo venezolano. Por ejemplo, la denominada Sociedad “Protección Mutua” había
servido de escuela para la formación de líderes políticos y sindicales durante el período
dictatorial del General Juan Vicente Gómez, entre los años 1908 y 1935.
Es menester destacar la existencia de diversas organizaciones de trabajadores durante las
primeras dos décadas del siglo XX, en las que se pone de relieve la limitada capacidad de
acción que podían tener en su funcionamiento, dadas las ataduras que representaban las
características autocráticas y dictatoriales del gobierno de Juan Vicente Gómez.
A continuación presentamos un cuadro en donde se pueden identificar los nombres de
algunas de estas organizaciones y el año de fundación o funcionamiento de las mismas, entre
los años 1904 y 1921 (Ver Tabla N°1). Se observarán fundamentalmente organizaciones
vinculadas a la actividad ferrocarrilera, a las artes gráficas, linotipos, tipografía, agricultura y
artesanía.
Destacan entre éstas las organizaciones propias de la actividad ferrocarrilera, actividad cuyo
desarrollo obedece al impulso gubernamental que, desde los últimos treinta años del siglo XIX
se había venido dando, especialmente por parte de los gobiernos directos de Antonio Guzmán
Blanco (el Septenio 1870-1877, el Quinquenio 1879-1884 y la Aclamación o el Bienio 18861887), así como por aquellos considerados parte del “Guzmanato” (Francisco Linares
Alcántara 1877-1879, Joaquín Crespo 1884-1886 y Hermógenes López 1887-1888), como
aspecto fundamental de sus políticas públicas, caracterizadas por la influencia del pensamiento
liberal de la época. A este proyecto político también darán continuidad los gobiernos de Juan
Pablo Rojas Paúl y Joaquín Crespo.
1
.Lucena, H. El Movimiento Obrero Petrolero (Proceso de Formación y Desarrollo). 3era Edición Facsímil. Ediciones El
Centauro. Caracas. 1998. pp. 539. p. 75.
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Tabla N° 1.
Organizaciones del Obrerismo de Principios del Siglo XIX
ORGANIZACIÓN
Sindicato de Agricultores de la Caña
Asociación de Obreros y Artesanos del Distrito Federal
Gremio de Tipógrafos de Caracas (Aprobación de sus Estatutos)
Corporación Obrera del Gran Ferrocarril de Venezuela (Caracas- Valencia)*
Corporación Obrera del Gran Ferrocarril Central de Venezuela (Caracas-Ocumare del Tuy)*
Corporación Obrera Ferrocarril Caracas-La Guaira*
Gremio de Profesionales de las Artes Gráficas de Caracas
Asociación de Linotipistas
AÑO
1904
1909
1909
1912
1912
1912
1920
1921
*El autor hace referencia al año de su funcionamiento, no de su fundación.
Tabla de diseño propio. Fuente: Urquijo, J. El Movimiento Obrero en Venezuela. Caracas.
2000. OIT, UCAB, INAESIN. pp. 266. pp. 12-13.
También es importante subrayar el dinamismo con el que actuaron estas incipientes
organizaciones del “obrerismo”. Así, en el año 1904, se produce en el puerto de La Guaira
uno de los primeros conflictos del siglo XX; en el año 1908 se presentan también una serie de
protestas, seguidas por las huelgas de los telegrafistas. En 1911 muestran su descontento los
artesanos cigarreros de Valencia. Producto de un decreto que reducía los sueldos y salarios de
los empleados públicos, se da la primera huelga de carácter nacional en el año 19142, imitada
luego en cuanto a su alcance, sólo en el año 1930, pero esta vez con una respuesta contundente
y represiva del gobierno gomecista. En el año 1918 se da la huelga de los empleados y obreros
del ferrocarril Tucacas-Aroa3, en la que se va a destacar la actuación, conjuntamente con la de
los venezolanos y algunos ingleses, del italiano Vicenzo Cusatti, un dirigente anarquista que
conforma, por primera vez en el país, un grupo obrero de control del llamado “esquirol”
(rompe huelgas) . En este mismo año también se puede destacar la presencia de “…españoles
procedentes de Cataluña y Bilbao, quienes huyendo por la represión desatada en 1918 algunos
llegaron a Venezuela. P. B. Pérez Salinas señala que ellos contribuyeron a fundar los gremios
de trabajadores del calzado, de panaderos y de telegrafistas”4, aunque también afirma que ya
para el año 1925 habían prácticamente desaparecido.
Es necesario recordar que 1919 fue un año de mucha actividad para estas iniciales
organizaciones de trabajadores, cuyo colofón parece ser la firma del documento “El Ferrocarril
Alemán, Bases del Acuerdo entre la Dirección y los Empleados y Jornaleros”, considerado por
algunos estudiosos (J. Urquijo S.J. y Julio Godio) como el primer contrato colectivo de
Venezuela.
Especial mención debemos hacer a la Confederación General Obrera, conformada también
en el año 1919 y con vigencia hasta 1921, por las Asociaciones de Obreros y Empleados del
Ferrocarril Caracas-La Guaira y del Gran Ferrocarril de Venezuela, Caracas-Valencia, los
empleados de los tranvías, trabajadores de la Electric Light Company y de los Teléfonos de
Caracas. A las que deben sumarse las de los mineros de Yuruary y Aroa (oro y cobre).
2
.Julio Godio afirma que se trata de la primera huelga moderna del país.
.Julio Godio la considera como la “primera huelga industrial en Venezuela”.
4
.Lucena, H. Ob Cit. p. 101.
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A partir de este mismo año, sucederán en el ámbito internacional, una serie de hechos de
capital importancia en el mundo laboral, entre los que destacan la fundación de la III
Internacional Obrera (1919) y la creación de la Organización Internacional del Trabajo (1919).
Unos años más adelante, en el ámbito nacional, despuntarán el conjunto de acciones llevadas a
cabo por un grupo de jóvenes, la “Generación del 28” (1928), pues “será el factor determinante
en la concientización clasista del naciente proletariado, que se conformó en los campos y
pozos petroleros de la orilla del Lago de Maracaibo”5, amén de iniciarse el vínculo masivo
entre los grupos obreros y la actividad política. “…La etapa de las guerras campesinas se había
cerrado, para dar paso a una nueva modalidad de la lucha política, donde la participación de la
clase obrera, por incipiente, débil y atrasada que ella fuese, le da un nuevo tinte y un giro
diferente”6. Asegura Valmore Rodriguez que durante el gomecismo, la “Institución Boliviana
(sic)”, una organización de trabajadores zulianos que presidia Isidro Valles, “…fue la gestora
del movimiento democrático con el cual respondimos allá, en 1928, al llamamiento hacia la
liberación nacional que lanzaron en aquel año el estudiantado y pueblo caraqueño”7.
Por su parte, Juan Vicente Gómez funda en 1928, la Federación Obrera de Venezuela,
organización de carácter oficial y primera de su tipo en nuestra historia. Es en este mismo año,
en el que se promulga la primera Ley del Trabajo, como mero formalismo gubernamental para
el cumplimiento de convenios con la Oficina Internacional del Trabajo y como parte de una
estrategia oficial para acallar a la opinión pública nacional. La Ley permitirá la fundación de
sindicatos, pero no su afiliación internacional.
Importante influencia ejercerán Alberto Ravel, Juan Montes y José Pío Tamayo, en los
muchachos de la “Generación del 28” y que se verá reflejada en su aproximación a la
literatura, al entendimiento y accionar vinculados al marxismo y por supuesto a la
organización obrera, aspecto fundamental de esta filosofía política. Serán éstos los que abran
por primera vez, a aquellos jóvenes ojos, las ventanas del mundo europeo a través de las
corrientes marxistas y de la revolución rusa. Aquellos muchachos privados de libertad,
paradójicamente tendrán plenas libertades, tras las rejas, para asir y digerir aquel ideal
novedoso y romántico. Novelas como Sachka Yegulev, de Leonidas Andreiev, El Tema de
Nuestro Tiempo, de Ortega y Gasset, entre otras harán también lo propio desde el mundo
literario8.
Llega así el año 1929, y surge una organización sindical denominada “Federación Obrera de
Venezuela”, conformada por unos 30 ‘sindicatos’, constituyéndose en la primera organización
sindical del país. Esta organización también tendrá un papel importante como agente político,
en contra del gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez.
Antes de la muerte de Gómez, en al año 1935, sucede un hecho político de importancia para
el novel obrerismo venezolano. Se funda, en el año 1931, el Partido Comunista de Venezuela
(PCV). Y decimos importante, porque conjuntamente con el partido Acción Democrática,
5
.Urquijo, José. El Movimiento Obrero de Venezuela. OIT-UCAB-INAESIN. Caracas. 2000. pp. 264. p. 15.
.Caballero, Manuel. La Internacional Comunista y América Latina. La Sección Venezolana. Ediciones de Pasado y Presente.
México. 1978. pp. 175. p. 53.
7
.Congreso de la República. Valmore Rodriguez. Escritos de Época. Tomo III. Volumen I. Congreso de la República.
Caracas. 1992. pp. 468. p. 72.
8
.Ver Caballero, Manuel. Ob Cit. p. 53.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
fundado años más tarde, será el principal impulsor de la organización obrera en el país. Así, el
1° de mayo de 1931 este partido dará a conocer un documento titulado “Al Pueblo Trabajador
de Venezuela” y ese mismo año fundará, de la mano de Rodolfo Quintero, el primer sindicato
petrolero del país, denominado de forma eufemística, Sociedad de Auxilio Mutuo de Obreros
Petroleros (SAMOP), contando desde sus inicios con más de cinco mil trabajadores9.
En el año 1934 se funda en Cabimas, estado Zulia, una organización de trabajadores
denominada Sociedad Obreros del Bien, en la que participarían, entre otros, y según afirma
Hemmy Croes, un español de apellido Fernández, quien transmitía su experiencia laboral
europea; así como el “ardista”10 Valmore Rodríguez, quien señalará que aquella sociedad
benéfico-mutualista “…fue el germen de los hoy poderosos sindicatos de obreros petroleros”11.
Y tras algunos años de aprendizaje, en la década de los años veinte y el primer quinquenio
de los años treinta del siglo XX, el país contará con una experiencia mínima en la organización
de los movimientos sociales, lo que le permitirá, en ese vínculo con la actividad política,
asumir un rol protagónico para alcanzar una organización más formal de los obreros y ejercer
la presión social necesaria en la exigencia de mejoras sociales y laborales. La dictadura de
Juan Vicente Gómez habría hecho lo propio para mantener reprimidas las fuerzas sociales que
buscaban un mínimo resquicio para comenzar a dar forma y organización a un “obrerismo”
embrionario heredado del siglo XIX, pero que ya comenzaba a contar con una plataforma
industrial y petrolera, conditio sine qua non de las luchas obreras. Pero, a la muerte de Gómez
en el año 1935, ese resquicio se había convertido en una gran fisura, por la que se canalizarían
las fuerzas políticas y sociales del país, represadas por veintisiete años de dictadura.
Nacimiento del Sindicalismo
En el año 1936 llegará al poder quien fuera hasta el 17 de diciembre de 1935, Ministro de
Guerra y Marina. Eleazar López Contreras, heredero político de Gómez y militar de su entera
confianza, será considerado por la oposición política como una pieza clave para la peligrosa
continuidad del gomecismo y sus intereses. De manera que ésta no iba a estar dispuesta a
quedarse de brazos cruzados y mucho menos a permitir la continuidad de la dictadura
gomecista. Se comenzarán a ver entonces con mayor claridad, acciones que pondrán en
evidencia, ese vínculo cada vez más masivo entre “los grupos obreros y la actividad política”.
De manera que serán por un lado los comunistas con el Partido Comunista de Venezuela
(PCV) y por el otro los socialdemócratas, primero con la Agrupación Revolucionaria de
Izquierda (ARDI), luego con el Movimiento de Organización Venezolana (ORVE),
posteriormente con el Partido Democrático Nacional (PDN) y finalmente con Acción
Democrática (AD), quienes se disputen la organización y el control de las masas obreras del
país. De éstas dos corrientes políticas se desprenderán entonces, como es de esperarse, dos
estrategias distintas de abordar los problemas del país, de organización de la sociedad, y en
definitiva, del diseño y la construcción de una nación. Será, por un lado, la estrategia derivada
de la doctrina política marxista-leninista, adoptada por los comunistas y definida por la
Internacional Comunista, a través del Buró del Caribe, para ser puesta en práctica por los
9
.Ver Villalba, Donato. Persistencia del Paternalismo: Estado y Sindicatos en Venezuela 1936-1948. Ediciones Faces-UCV.
Caracas. pp. 146.
10
.Militante de la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI).
11
.Congreso de la República. 1992. Ob Cit. p. 73.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
líderes del PCV, Juan Bautista Fuenmayor, Rodolfo Quintero, Miguel Otero Silva, Gustavo y
Eduardo Machado. Y por otro lado, la estrategia derivada de la doctrina socialista y de la
doctrina de la especificidad latinoamericana de Víctor Raúl Haya de la Torre12, más
autónoma, “tropical”, e independiente que pondrán en práctica los también líderes políticos,
Rómulo Betancourt, Valmore Rodríguez, Raúl Leoni, Inocente Palacios y Alejandro Oropeza
Castillo.
El año 1936 será entonces un año de mucho dinamismo en la organización del movimiento
obrero y en poco tiempo nacerán numerosos sindicatos, algunos de ellos llegando incluso a
exigir la negociación de contratos colectivos. De manera que este año será considerado entre
los historiadores del movimiento obrero venezolano, como el de inicio formal del sindicalismo
en el país.
En el propio mes de febrero del año 1936 se creará la Asociación Nacional de Empleados
(ANDE), que sin perder tiempo convocará un paro general en la ciudad de Caracas. En ese
mismo año, el gobierno de López Contreras creará la Oficina Nacional del Trabajo, base de lo
que a futuro será el Ministerio del Trabajo. A su vez se promulga la nueva Ley del Trabajo (en
el año 1928 Juan Vicente Gómez, había sancionado una Ley que sólo tendría alcance formal)
“…que permite la creación de sindicatos y asociaciones de obreros y patronos, y otorga a los
trabajadores el derecho de contratar colectivamente, respetando ciertos requisitos, como el de
ir a la huelga”13. Se comenzarán entonces a crear las condiciones para que se inicie el
desarrollo formal del sindicalismo venezolano. También en el año 1936, se presentarán
conflictos continuos en la industria petrolera nacional. Los trabajadores intentaban acciones
que confundían reivindicaciones laborales que contemplaban determinadas libertades, con
exigencias democráticas correspondientes a la dimensión política, mientras que las empresas
hacían lo propio para impedir el avance de la organización sindical en el seno de la industria.
En diciembre de este año los pliegos conflictivos introducidos por los sindicatos estaban a la
orden del día, mientras las empresas se mantenían herméticas en su posición inflexible. Los
sindicatos intentaban colocar de su lado al Gobierno, pero el apoyo ofrecido por éste era
demasiado tímido para impedir que el 9 de diciembre de 1936, con el juego ya trancado, el
país fuera testigo de una importante huelga petrolera, que se iniciaba en Cumarebo y que se
extendía a otras regiones petroleras del país. Las empresas tratan de contratar “rompehuelgas”,
pero fracasan en su intento, gracias a la intervención gubernamental a favor de los
trabajadores. La sociedad y los partidos políticos también ofrecieron importante apoyo a los
huelguistas.
La huelga revestirá una especial importancia dada su duración discontinua y por espacio de
algunos meses, por su carácter unitario auspiciado por las noveles Unión de Sindicatos
Petroleros (USP) y ANDE Zulia, reunidos en torno a la Unión de Trabajadores del Zulia
(UTZ) y finalmente por el impacto de la misma que obligaría la intervención del Gobierno en
la resolución del conflicto, ahora sí a favor de los huelguistas. La huelga culminaría el día 22
de enero de 1937, alcanzando un aumento de un bolívar diario para los trabajadores. En lo
12
.“Los problemas sociológicos y específicamente los político-económicos de Indoamérica son diferentes de los de Europa,
por consecuencia las soluciones deben ser asimismo diferentes”. En: De la Torre Haya, Víctor Raúl. Obras Completas. Tomo
I. Librería Editorial Juan Mejía Baca. Perú. 1977. pp.450. p. 321. Ver también Urquijo, J. 2000. Ob Cit.
13
.Urquijo, José. Ob Cit. p. 18.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
inmediato los trabajadores considerarían el aumento como una afrenta, mientras que el
gobierno reconsideraría las concesiones que había otorgado hasta el momento en materia
laboral. Los fantasmas de la guerra civil, del desorden y de la dictadura acechaban el ambiente.
El lema del gobierno no en vano sería “Calma y Cordura”. Pero a pesar de ello, era mucho lo
que habían logrado los trabajadores organizados. Habían probado el poder de la organización y
de la unidad.
Otro evento de gran importancia se escenificaría entre el 26 de diciembre de 1936 y el 7 de
enero de 1937, los trabajadores se darían cita en el Teatro Bolívar, en la ciudad de Caracas,
para llevar a cabo el I Congreso de Trabajadores de Venezuela, en el que se fundaría la
Confederación Venezolana del Trabajo (CVT), antecedente de la futura Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV). Pero el recuerdo gubernamental de la reciente huelga
petrolera y el potencial de la organización obrera dejaban un sinsabor en el gobierno, que no
dudaría en decretar ilegal a la recién nacida organización, toda vez que la misma hiciera
explícito su apoyo a la huelga petrolera del año 1936.
En este Congreso participarían un variado grupo de organizaciones, tales como la
Asociación Nacional de Empleados (ANDE), la Unión de Trabajadores del Zulia (UTZ), la
Confederación Sindical Obrera de Venezuela (CSOP), así como los trabajadores de los
ferrocarriles, linotipistas, mineros, tabaqueros, cigarrilleros, entre otros. En total, la recién
creada organización era respaldada por aproximadamente 150.000 sindicalistas, que a su vez
estaban representados por 219 delegados, “Aunque según el diario La Esfera, del 27 de
diciembre de 1936, el número total de delegados asistentes fue de 292, en representación de 94
gremios, con una correlación de fuerzas de 170 [comunistas) vs. 122 [socialistas]”14.
Esta primera organización tendría como Secretario General a Alejandro Oropeza Castillo,
político y sindicalista, figura destacada en las acciones llevadas a cabo por la llamada
“Generación del 28”, miembro fundador de ANDE y activista político de ORVE y del PDN. El
primer plan de trabajo contemplaría la definición de los estatutos, tanto de la Confederación
Venezolana de Trabajadores (CVT), como de la Confederación Sindical Obrera de Venezuela
(CSOP); un proyecto de Reglamento de la Ley del Trabajo de 1936, así como propuestas en
materia de seguridad social, salarios y reparto de utilidades, entre otras. Es importante señalar
que en este primer congreso se discutió por primera vez y en un país con una fuerte tradición
machista, el tema de los derechos de la mujer, introducido éste por Olga Luzardo, la otrora cofundadora de SAMOP.
Esta recién creada organización, no sólo es que fue ilegalizada por el Gobierno al poco
tiempo de fundada, sino que también sus líderes serían perseguidos y llevados al exilio. El
Gobierno, temeroso por la fuerza demostrada por los trabajadores y más cercano a las
empresas petroleras, amén de los vínculos que observaba entre los sindicatos y las actividades
comunistas, no estaría dispuesto a permitir una mayor apertura, por el contrario, ahora buscaría
“recoger el agua derramada” y sustituir a los trabajadores opositores y su organización por
“…un movimiento sindical bolivariano, de carácter oficialista”15.
14
.Íbidem. p. 19.
.Íbidem. p. 20.
15
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
También 1937 sería un año convulso. Con la promulgación de la Ley de Defensa del Orden
Público o “Ley Lara”, se declararía una importante huelga, en tanto sus contenidos eran
interpretados por el movimiento obrero, como un peligroso ataque a la consolidación de las
recientes y costosas libertades alcanzadas. Pero lo más importante de esta huelga, es que va a
dar inicio a las desavenencias, entre las dos fuerzas políticas opositoras más importantes del
país, centradas en las estrategias de lucha que debían emplearse para atacar al Gobierno de
López Contreras16. Steve Ellner interpretará este hecho desde una dimensión estrictamente
política. Veamos su interpretación:
Los sindicalistas ‘pro-políticos’ abogaban por la participación activa de los
sindicatos en la lucha política. Habían apoyado la huelga de junio en razón de
que la ‘Ley Lara’ amenazaba con destruir el movimiento laboral, so pretexto
de luchar contra el comunismo. Los sindicalistas ‘apolíticos’ negaban que la
huelga y sus peticiones expresaran la voluntad de los trabajadores. Si los
radicales se salían con la suya y se efectuaban las elecciones, la izquierda, con
su monopolio sobre los partidos políticos, ganaría; este panorama, según los
‘apolíticos’, conduciría inevitablemente a la guerra civil.
Los sindicalistas apolíticos se agruparon en la unión general de
Trabajadores (UGT), que surgió poco después de la muerte de Gómez (…) En
defensa de su objetivo de separar la política y el sindicalismo, la UGT anunció
que, no obstante, emprendería la lucha política contra el comunismo17
Posteriormente, el Gobierno de López Contreras reglamentará en el año 1938 la Ley del
Trabajo, sin contar para ello con la participación de los trabajadores, en tanto su principal
organización, la CVT, había sido ilegalizada el año anterior. De este reglamento se puede
destacar como positivo, la creación de los Tribunales Superiores del Trabajo, los Jueces
Especiales de Primera Instancia, los Tribunales Permanentes del Trabajo, así como una serie
de reglamentos que reforzaban la actuación de los mismos. Sin embargo, no se había
reglamentado un elemento clave: el derecho a la huelga de los trabajadores. Finalmente, siendo
los empleados de la administración pública, al igual que los trabajadores petroleros, la máxima
fuerza del sindicalismo, parecía un exabrupto la prohibición de asociación para los empleados
públicos.
Sin embargo, el período que va desde el año 1938 hasta 1941 será mucho más tranquilo en
materia de conflictos, aunque se observará un constante crecimiento en las organizaciones
sindicales y gremiales. El estrecho vínculo que se había creado entre la organización sindical y
el partido político debía ser revisado. “Era necesario que tanto el PCV como el PDN (desde
1941, AD) fijaran sus tácticas sindicales para dar por finalizado un período en el cual las
organizaciones gremiales aparecían como ‘correa de transmisión’ de los partidos políticos”18.
Uno de los principales protagonistas de esta época, Rómulo Betancourt, haciendo años más
tarde un balance sobre la “represión” del período Lopecista señalará que, “sirvió para descubrir
la vocación represiva de los legatarios de Gómez e hizo posible que se pusiera fin al amorfo y
16
.Ver Urquijo, José. Ob Cit.
.Ellner, Steve. Los Partidos Políticos y su Disputa por el Control del Movimiento Sindical en Venezuela, 1936-1948.
Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. pp. 181. p. 47.
18
.Godio, Julio. El Movimiento Obrero Venezolano 1850-1944. Tomo I. Ildis. Caracas. pp. 287. p. 226.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
desorientador frente-popularismo dentro del cual venían luchando las fuerzas políticas de
avanzada”19. Por su parte, los comunistas no fueron capaces de ver en la estrategia del “Frente
Popular” la causa de su derrota, y profundizaron la estrategia de conciliación20. Por otro lado,
las empresas petroleras modificarán sutilmente sus estrategias laborales. Pero también, a partir
del año 1941, el nuevo gobierno, el del General Isaías Medina Angarita, revisará y modificará
sus políticas de cara al movimiento sindical.
El 28 de abril de 1941 es elegido presidente, por el Congreso Nacional, el General Isaías
Medina Angarita. Este ex Ministro de Guerra y Marina, del general Eleazar López Contreras,
también era visto por buena parte de la oposición política, como la prolongación del poder
gomecista. De manera que, la presión política llevada a cabo durante el gobierno de López
Contreras no sólo se mantendrá, sino que se incrementará y ejercerá un rol protagónico, en el
que el movimiento sindical no va a ser un “convidado de piedra”.
En el ámbito sindical, la división que se había iniciado, entre las dos grandes fuerzas
opositoras, por diferencias ideológico-políticas en torno a la “Ley Lara” y por las estrategias a
utilizar para enfrentar al Gobierno de López Contreras, se hacían patentes. Cada partido inició
la organización de sus seguidores en cada uno de los sindicatos existentes y buscó el control
absoluto de los mismos, a través de la figura del “buró sindical” o de la “secretaría sindical
nacional”. “Las elecciones en los sindicatos seguían ahora estrictas líneas de partido, y las
posiciones de liderazgo, por lo tanto, pasaron a depender de la afiliación política de los
candidatos y de la correlación de fuerzas dentro de cada sindicato”21.
La política laboral del Gobierno de Isaías Medina Angarita será más moderada que la de su
antecesor. Así, entre las primeras acciones que llevará a cabo su gobierno ya en el año 1942, se
encuentra la implementación de la educación cooperativista entre los obreros. Señalará el
Ministro del Trabajo y Comunicaciones, Numa Quevedo que, ‘la orientación debe ser de
conciliación…entre el capital y el trabajo’22. El cooperativismo se convertía tal vez en la
herramienta fundamental a emplear por el Gobierno para alcanzar la armonía entre los actores
laborales. También en ese año 1942 se creará el Seguro Social Obligatorio, institución de vital
importancia para los trabajadores, sindicalizados o no, del país.
Algunas prácticas de obstaculización y dilación de la actividad sindical llevadas a cabo por
el Gobierno de Medina, a través del Ministerio del Trabajo y Comunicaciones, pasaban por el
retraso ex profeso en el estudio de los estatutos de aquellos sindicatos que buscaban su
legalización, así como también por la calificación, como “empleados públicos”, de
trabajadores de varios sectores, a fin de “…negar el derecho a la sindicalización y al disfrute
de una contratación colectiva”23.
Por su parte, las reivindicaciones exigidas por los trabajadores se resumían en: derecho a la
contratación colectiva, libertad sindical y aumento salarial; aunque en el campo político
19
.Betancourt, Rómulo. Venezuela, Política y Petróleo. Tercera edición. Edit. Senderos. Bogotá. 1969. pp. 987. p. 115.
Ver Pla, Alberto y Cols. Clase Obrera. Partidos y Sindicatos en Venezuela. 1936-1950. Ediciones Centauro. Caracas. pp.
456.
21
.Villalba, Donato. Ob Cit. p. 32.
22
.Pla, Alberto. Ob Cit. p. 109.
23
.Íbidem. p. 129.
20.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
también se exigía la erogación del inciso VI del artículo 32 de la Constitución Nacional (en
este se prohibía expresamente la proclama, propaganda y práctica de las doctrinas comunistas
y anarquistas).
Mientras tanto, en las filas de la oposición política, que era la que controlaba, como hemos
visto, las acciones del sindicalismo, surgían importantes diferencias metodológicas. Por un
lado los comunistas ortodoxos agrupados en el PCV llevaban a cabo la estrategia
“browderista” de unidad nacional y de lo que llamaban “colaboración de clases” impulsada por
la Tercera Internacional y el Buró del Caribe, pues en el marco de la Segunda Guerra Mundial,
buscaban evitar el empleo de la huelga, como una forma de apoyo a las potencias aliadas frente
al eje nazi. Los comunistas se convertían pues en los principales aliados del Gobierno de
Medina. Por su parte la oposición encabezada por Betancourt y que a partir del año 1941 se
reunirá en torno al partido Acción Democrática (AD), quedará como única fuerza opositora y
principal beneficiaria de los espacios dejados por los comunistas, en tanto mantendrá una
estrategia de confrontación en la que el recurso de la huelga será una de las principales
herramientas de lucha.
En el mes de marzo del año 1944 es convocada, por parte de la Unión Sindical Petrolera de
Venezuela, la Unión de Trabajadores del Zulia y la Federación Sindical del Distrito Federal, la
Convención Nacional Sindical, misma que los comunistas considerarán como el II Congreso
de la CVT. La convocatoria sería atendida y asistirían 150 delegados, representando unas 88
organizaciones sindicales24. Destacarían en este evento la presencia del presidente de la
Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) Lombardo Toledano, así como el
Ministro del Trabajo y Comunicaciones, Dr. Julio Diez. En este Congreso se consideraba la
creación de una Confederación Venezolana del Trabajo, a fin de refundar la central obrera de
1936. Entre los temas principales de discusión se encontraban el Seguro Social Obligatorio, la
Reforma de la Ley del Trabajo, el costo de la vida, la reforma agraria y la posición del
movimiento obrero venezolano en la postguerra (mundial), entre otros. El evento no contaría
esta vez con la unidad de otros tiempos y en este sentido AD, aunque participaba en la
Convención, esgrimiría la orientación comunista de la misma, mientras que los militares de
más alto rango pedirían su disolución, invocando el inciso VI del artículo 32 de la
Constitución. A lo interno de la Convención también se harían presentes las dificultades, pues
la composición de la Junta Directiva de la CVT generaría diferencias entre las dos fuerzas
principales de la Convención, adecos y comunistas, que además diferían en el orden
estratégico. Finalmente las presiones sobre el gobierno de adecos y militares para la disolución
de la Convención jugarían su papel, disolviendo 93 de los 109 sindicatos pertenecientes al
PCV.
A partir de esta escisión, se sentaba en Venezuela el principio del paralelismo
sindical. Es decir, sindicatos de distinta orientación política competirían en el
seno de las fábricas, de las federaciones regionales y nacionales. Pero al
mismo tiempo, era la consecuencia de dos líneas estratégicas para el país25
24
.Ver Urquijo, José. Ob Cit.
.Godio, Julio. Ob Cit. Tomo I. p. 269.
25
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Unos meses después de la ilegalización de numerosos sindicatos, los conflictos reaparecían
y ante las amenazas de huelga y el inminente crecimiento de los sindicatos de AD, Isaías
Medina daría conclusión al conflicto, aumentando dos bolívares diarios en el salario de los
trabajadores.
Por otra parte, también el empresariado y el comercio se organizaban. Nacía el 17 de julio
de 1944 la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio
(FEDECAMARAS), como un espacio unitario que abogaría por los intereses de empresarios y
comerciantes del país. Las relaciones laborales se comenzaban a hacer más complejas y los
actores (trabajadores y patronos) demandaban mayor atención gubernamental y menos
intervención.
Entre tanto, por el mes de julio del año 1945, aparecía otra organización sindical. El padre
Manuel Aguirre S.J. fundaba el Círculo Obrero de Caracas, cuya intención era captar obreros y
campesinos y sumarlos a la causa sindical cristiana26. Pero el contexto político estaba por
cambiar drásticamente y con ello el desarrollo sindical del país.
El 18 de octubre de ese año, un golpe de estado cívico-militar desalojaría del poder al
presidente Isaías Medina Angarita. El deseo civil de alcanzar cambios políticos, sociales e
institucionales más profundos, el viejo anhelo de lograr la verdadera consolidación de la
democracia, aunada a la búsqueda, por parte de las nuevas generaciones de militares
profesionales, de espacios de poder que la vieja guardia gomecista se empeñaba en controlar y
monopolizar, se conjugaban para tomar las riendas del país y conducir los cambios deseados a
través de una Junta Revolucionaria de Gobierno.
Llegaba de esta forma el período conocido comúnmente como el Trienio Adeco (19451948). Tras el golpe de estado, asumía el poder una Junta Cívico-Militar, conformada por los
civiles Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios, todos
miembros del partido Acción Democrática. Por los militares se encontraban, Carlos Delgado
Chalbaud (Mayor) y Mario Vargas (Capitán). Esta conformación tendría un impacto especial
en la organización sindical, pues el estímulo que a ésta se dio desde un principio, tendría
efectos expansivos y afectaría la correlación de fuerzas en el ámbito laboral. “Por primera vez
el movimiento sindical adquirió una dimensión verdaderamente nacional”27.
Sin embargo, la intervención del Gobierno en el ámbito laboral iba más allá de lo deseado,
pero exhortaba a los trabajadores a mantener una actitud más conciliadora en aras de
incrementar la producción nacional. En este sentido ordenaba que los conflictos laborales se
sometieran a una comisión de arbitraje, que estaría vigente hasta el año 1946, mientras que
“…en el resto de trienio sólo toleró las huelgas que afectaran un reducido número de
trabajadores y el 89% de los conflictos no fueron resueltos directamente por los interesados
sino por el gobierno”28.
26
.Ver Urquijo, José. Ob Cit.
.Villalba, Donato. Ob Cit. p. 54.
28
.Parra, Fernando. Tres Momentos de los Inicios del Movimiento Obrero-Venezolano. Revista Sobre Relaciones Industriales
y Laborales. Caracas. UCAB. No. 19. Julio-Diciembre 1986. pp.65-76. p. 70.
27
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Otras intervenciones del Gobierno serían positivas y de avanzada. Así en alocución radial
realizada por Rómulo Betancourt, el día 30 de octubre de 1945 señalaba, a propósito de lo que
denominaba “contradicciones de las clases sociales”, que era menester actuar de forma
previsiva y por tanto,
adelantarse a esos conflictos, evitarlos haciendo justicia rápida y eficaz a
quien la tenga, debe ser su función tutelar. Y animado de esta convicción, el
Gobierno realizará muy próximamente la estructuración del Consejo de
Economía Nacional. Allí podrán los personeros de las diversas clases sociales,
desde la industrial hasta la obrera, debatir en mesa redonda sus problemas, y
los problemas generales de la economía venezolana. Tenemos tranquila
confianza en que por esa vía se logrará una armónica conjunción de patronos
y obreros en beneficio del pueblo y para impulso de nuestra raleada,
deficitaria, producción autóctona29
Betancourt entendía la necesidad apremiante del logro de una relativa paz laboral, o por lo
menos de la atenuación de los conflictos laborales, como elemento clave para el desarrollo de
la industria nacional. La conflictividad laboral era una rémora que impedía alcanzar avances
significativos en el campo económico en momentos en los cuales las dimensiones política y
social del país, dada su inestabilidad, necesitaban de la concertación. Así lo percibía
Betancourt y es por ello que su propuesta de activación del Consejo de Economía Nacional
significaba nada más y nada menos que la creación de un espacio para la discusión
“multipartita”. Y aunque el mismo ya había sido contemplado en la Constitución de 1936,
ciertamente no habría visto aplicación real30.
Pero el asunto no se quedaría allí, pues en un acto realizado en el Teatro Municipal de
Caracas, el día 30 de mayo de 1946, Betancourt hará un llamado al entendimiento entre los
principales actores de la producción, señalando que, “…poco podremos lograr si continúan
aguerrillados espíritus [se refería a los importantes conflictos laborales que se presentaban para
la fecha en el país]; si no se logra un entendimiento patriótico entre los industriales y
trabajadores venezolanos”31. Finalmente, en el mismo escenario, plantea Rómulo Betancourt
la posibilidad de un pacto entre trabajadores y patronos. “Auspicioso anticipo de un posible
pacto de Concordia obrero-patronal en torno a estas dos cuestiones: desarrollo vigoroso de la
producción nacional y defensa y vitalización del capital humano del país”32. Planteaba pues,
tal vez por primera vez en el país, la posibilidad de un pacto de avenimiento obrero-patronal,
cuya referencia tenía sus orígenes en México, según el propio Betancourt lo señalaba:
Acaba de celebrarse en México el primer aniversario de un pacto similar.
Hablaron en un gran acto el Presidente Avila Camacho, el dirigente
laboralista Lombardo Toledano y el Presidente de la Cámara de Industriales
de México. Ese pacto consistiría en la creación de un tribunal de conciliación
29
.Ministerio de Relaciones Interiores. El Gobierno Revolucionario de Venezuela Ante su Pueblo. Talleres Gráficos de la
Nación. 1946. pp. 174. p. 16.
30
.Esta propuesta contemplaba la participación de empresarios, trabajadores, estudiantes, profesionales, el Estado, la banca, la
agricultura, el transporte y la minería, entre otros.
31
.Ministerio de Relaciones Interiores. 1946. Ob Cit. p. 139.
32
.Ídem.
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
21
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
o avenimiento, formado por representantes de los patronos, de los
trabajadores y por personeros del Gobierno que intervendrían en todo
diferendo obrero-patronal, para procurar solucionarlo por la vía del
avenimiento conciliatorio, para impedir que se llegue a la crítica situación
conflictiva de la huelga33
Esta propuesta era bien recibida por ambas partes y la firma del acuerdo sólo sería
interrumpida por el golpe de estado militar del 24 de noviembre de 1948. Más tarde, este
acuerdo será el primero, de un conjunto, que permitirá la consolidación de la democracia a
partir del año 1958.
La dinámica sindical continuaba en ebullición, por lo que otra importante federación
sindical se creaba en el año 1946, se trataba de la Federación de Trabajadores Petroleros de
Venezuela (FEDEPETROL), liderada por Luis Tovar y Juan José Delpino, entre otros. Los
comunistas, que también formaban parte de esta organización, serían expulsados en el año
1948, fundando ese mismo año el Comité Sindical Unitario de Trabajadores del Petróleo
(Cosutrapet).
Finalmente, y tal vez como el hito laboral más importante de este período se refunda la
CVT. El partido Acción Democrática, tras intentos fallidos de los comunistas por reactivar la
Confederación Venezolana del Trabajo (CVT), en los años 1938 (Conferencia Sindical, lo que
desde el Partido Comunista de Venezuela se interpreta como el II Congreso de la CVT) y 1944
(convocan en Caracas la Convención Nacional de Trabajadores), toma el control de la
sucedánea organización obrera, la CTV.
En el II Congreso de Trabajadores de Venezuela convocado el 14 de noviembre de 1947, el
partido Acción Democrática logra re-fundar la mencionada organización obrera del año 1936,
esta vez con el nombre de Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Este hecho
tendría como escenario el Teatro Nacional de Caracas, entre los días 15 y 16 de noviembre y
contaría con la participación de 300 delegados que representaban 950 sindicatos y con una
afiliación legal que oscilaba por el orden de 109.592 trabajadores, resultando elegido, como
primer presidente el experimentado Bernardo Pérez Salinas. La correlación de fuerzas se
inclinaba a favor del partido Acción Democrática (85,67%), la asunción al poder de éstos y la
pérdida de espacios de los comunistas, dado su apego disciplinado, como hemos señalado, a la
estrategia de la Internacional Comunista, que exigía la disminución de la conflictividad laboral
y el consecuente apoyo que dieran al gobierno de Medina Angarita, serían los principales
responsables de esta nueva situación sindical. Los comunistas no volverán a retomar el control
de la mayor central obrera del país.
La unidad sindical era precaria, “por un lado, existían las pugnas entre el PCV y PRP, y por
el otro, las pugnas entre éstos y AD”34, a lo cual debían añadirse elementos tales como, “…el
sectarismo adeco, reforzado por la actitud del gobierno…”35. Ante este panorama las
33
.Ministerio de Relaciones Interiores. 1946. Ob Cit. p. 139.
.Plaza, E. El 23 de Enero de 1958 (y el proceso de consolidación de la democracia representativa en Venezuela).
Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas. 1999. pp. 240. p. 41.
35
.Ídem.
34
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
necesidades y exigencias de los trabajadores se mantenían incólumes y con ellas las tensiones
entre éstos y los empresarios. ‘Fue entonces cuando las mismas Oficinas de las Compañías y
en sus Manuales de Entrenamiento de supervisores comenzaron a aparecer, para designar a los
sindicatos por las fracciones o tendencias políticas que los controlaban, como sindicatos
negros, verdes, rojos, blancos, de acuerdo a los colores electorales que se habían usado en las
últimas elecciones públicas’36. Existía, pues, un cuadro que exigía a los actores la búsqueda de
soluciones consensuadas.
El 14 de diciembre del año 1947 sucedería un acontecimiento de importancia capital en la
historia política y democrática de Venezuela, Rómulo Gallegos era electo presidente de la
República, en las primeras elecciones universales y directas del país. Se asomaba pues la
posibilidad de consolidar la añorada democracia, pretendida desde la dictadura gomecista y
que significaba para muchos el cénit de un largo período de diecinueve años de luchas,
persecuciones, clandestinidad y exilios.
Pero poco duraba la emoción pues, el día 24 de noviembre de 1948, era derrocado el
presidente Rómulo Gallegos y se iniciaba en el país una cruenta dictadura. El movimiento
obrero se veía obligado a hacer un alto, en medio de persecuciones, torturas y asesinatos, para
iniciar una importante tarea de resistencia política. El régimen estaba dispuesto a acabar con la
organización obrera y prácticamente lo lograba.
II. Congelamiento
Por la libertad, así como por la honra,
se puede y se debe aventurar la vida
Miguel de Cervantes
Un Alto para Participar en la lucha por la Democracia (1948-1958)
Tan sólo habían transcurrido diez meses de gobierno del período presidencial de Rómulo
Gallegos, cuando una Junta Militar conformada por Carlos Delgado Chalbaud, Luis Felipe
Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez, toma el poder a través de un “Golpe Frío”. Las
primeras acciones intentaban desmontar el aparato político que para el momento estaba
instaurado.
Apoyaron al Gobierno, en sus primeros meses y algunos bajo una política de prudencia,
personalidades vinculadas al “medinismo”, al “Lopecismo”, a Copei y a URD. Sin embargo,
los adecos, desplazados de la estructura de poder e ilegalizados, consideraban que el 24 de
noviembre de 1948 se había instalado una dictadura militar controlada por Marcos Pérez
Jiménez, quien fuera, según éstos, su verdadero líder. En cuanto al Partido Comunista, aunque
legal hasta el año 1950, se mantendrá en una posición similar a la de Acción Democrática37.
Los estrechos vínculos políticos de los sindicatos les harían sentir las consecuencias de esa,
a los ojos del Gobierno, inconveniente relación, a pesar de que, como señalara Pérez Salinas,
“la obsesión del gobierno no era el movimiento sindical. La obsesión del gobierno era Acción
36
.Urquijo, José. Ob Cit. p. 23
.Diccionario de Historia de Venezuela. Segunda Edición. Fundación Polar. Caracas. 1997. 4 Vols.
37
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Democrática, fundamentalmente”38. Para el líder sindical Bernardo Pérez Salinas, el
movimiento sindical es el primer objetivo del Gobierno, por lo que, a través de acciones
puntuales lo intenta disolver gradualmente, tras la ilegalización de Acción Democrática
(1948).
En el año 1948, la Junta Militar suspende algunas garantías constitucionales, con la
intención de prevenir posibles reacciones de los adecos, ya desplazados del poder, sin
embargo, la CTV hace un llamado a huelga general que es controlado rápidamente, en los
campos petroleros, por las Fuerzas Armadas. Las tensiones de AD, los trabajadores y el
gobierno continuarán y como consecuencia el Gobierno emitirá un Decreto (No. 56), por
medio del cual disolverá la CTV el día 25 de febrero de 1949.
Un año más tarde, en 1950, surgirá un importante conflicto en los campos petroleros. El
Gobierno buscará garantizar, lo que consideraba un “normal funcionamiento” de la
organización sindical legalmente constituida, a través de la confiscación de la herramienta de
protesta más poderosa del trabajador organizado, la huelga. Era evidente que ésta no formaba
parte, a entender del Gobierno, del marco legal que amparaba el funcionamiento de la
organización sindical. En este sentido, en un comunicado del Ministerio del Trabajo se puede
leer lo siguiente:
Habiendo quedado incólume el ordenamiento jurídico-legal que en materia
Social y del Trabajo existía para el 24 de Noviembre de 1948, el titular del
Despacho (Ministerio del Trabajo) procedió a ratificar a los trabajadores el
firme propósito del Gobierno Provisorio de garantizar el normal
funcionamiento de los sindicatos legalmente constituidos, dentro de las
limitaciones que derivan del estado transitorio de suspensión parcial de las
garantías constitucionales. Al mismo tiempo giró instrucciones a los
funcionarios del Trabajo en el país sobre las normas a seguir y su deseo de
que procurasen ejercer toda su influencia en el sentido de eliminar del
sindicato toda actividad de índole política, ya que ello va en abierta
contraposición con los genuinos intereses de los trabajadores y aun de los
mismos sindicatos, con riesgo de su propia existencia39.
El comunicado era claro acerca del tipo de sindicatos que serían garantizados en su
funcionamiento, sólo aquellos legalmente constituidos y esa legalidad sólo dependía del propio
Gobierno. Así, después de la huelga petrolera del 3 de mayo de 1950, el Gobierno disolvería
“43 sindicatos petroleros, ANDE-Caracas y la organización sindical comunista
COSUTRAPET”40, en una clara muestra del deseo del Gobierno de aislar al sindicalismo de
toda participación política41. Con este tipo de acción el Gobierno buscaba anular a los líderes
38
.Pérez Salinas, Bernardo. En: Lárez, F. El Movimiento Sindical y la Lucha Política en Venezuela (1936-1959). Instituto de
Altos Estudios Sindicales (INAESIN)/Monte Ávila Editores. Caracas. 1993. pp. 212. p. 123
39
.Ministerio del Trabajo. Memoria y Cuenta 1948-1952. Caracas. p.80. En: Pla, Alberto. Ob Cit. p. 409.
40
.Urquijo, José. Ob Cit. p. 24.
41
.Afirmaba el líder independiente Diógenes Caballero, que en enero del año de 1958 “los únicos sindicatos que estaban
legales eran los afiliados a la Casa Sindical, quienes estaban controlados por el Gobierno, por la dictadura”. En: Blanco, A. 23
de Enero: habla la conspiración. Editorial Ateneo de Caracas. FACES-UCV. Caracas. 1980. pp.421. p.367.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
sindicales de oposición que aún quedaban en el país, toda vez que la mayoría se encontraban
en la clandestinidad o en el exilio.
Pero el Gobierno al mostrarse incapaz de controlar el movimiento obrero, buscará crear uno
a la medida de sus necesidades. Así, el 1 de mayo de 1953, nace el Movimiento Sindical
Independiente de los Trabajadores (MOSIT), luego transformado en la Confederación
Nacional de Trabajadores (CNT), creada al año siguiente. Años más tarde, el Frente Obrero de
la Junta Patriótica señalará que, el objetivo de estas organizaciones oficialistas será “agrupar
por la fuerza a los trabajadores para que acepten sin chistar el yugo Perezjimenista”42.
Pero, a pesar de los intentos de control oficialista, en mayo del año 1955 y en una
importante reunión petrolera internacional convocada en Caracas, sucederá un hecho de mucha
importancia. “Un sindicalista holandés tuvo el coraje de servir de portavoz a los trabajadores
venezolanos y en un foro plurinacional reveló la verdad aquí padecida”43. Como consecuencia
de las acciones de Vermeulen, posteriormente expulsado del país, se suspende el foro petrolero
(Conferencia Internacional del Petróleo) y se retira Venezuela de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Por otro lado, la CTV, desde el exilio y con sus vínculos en la Organización
Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) y la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), lograba el veto de la OIT para con los
representantes de los trabajadores venezolanos enviados por el Gobierno a la mencionada
organización.
Las acciones oficiales mantenían su curso inalterable, pero a pesar de ello, los trabajadores
continuarían llevando a cabo, desde la clandestinidad, maniobras que incomodaban al
Gobierno.
Así, la actividad y desarrollo general del sindicalismo venezolano, desde 1948 hasta 1958,
quedaba reducida a la realización de actividades unitarias llevadas a cabo desde la base. Es por
ello, que “de ahí en adelante, lo característico de las relaciones laborales, es el férreo control
ejercido por los mecanismos represivos e institucionales oficiales, la conflictividad
experimenta un aparente ocultamiento”44.
El día 19 de abril de 1953, el general Marcos Pérez Jiménez era elegido por la Asamblea
Nacional Constituyente como presidente de Venezuela para el período 1953-1958. Este nuevo
período, se va a caracterizar, entre otros elementos, por el endurecimiento de las políticas de
represión y persecución a todo aquello que sea o parezca oposición. Progresivamente, la
situación económica, política y social del país se agravaría y el malestar generalizado, aunque
discreto, de la población venezolana, aumentará en forma proporcional a las pretensiones de la
unidad opositora, impulsadas por las principales fuerzas vivas del país. De esta forma, llegaba
el año 1957 y las intenciones del General Marcos Pérez Jiménez de prolongarse en el poder
por la vía fraudulenta y antidemocrática se hacían patentes y con ellas las reacciones que no se
harían esperar.
42
.Congreso de la República. Documentos del 23 de enero de 1958 (recopilación de manifiestos del movimiento nacional que
derrocó la Dictadura). Ediciones del Congreso de la República. Caracas. 1982. pp. 239-242.
43
.Herrera, L..; Losada B. y Salcedo, J. Tránsito de la Dictadura a la Democracia en Venezuela. Editorial Ariel. Caracas.
1978. pp. 329. pp. 40-41.
44
.Herrera, L..; Losada B. y Salcedo, J. Ob Cit. pp. 367-368.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
El Movimiento Obrero venezolano comenzaría, al igual que todas las “fuerzas vivas” del
país, a trabajar por la unidad. Se plantea pues la conformación de la llamada Junta Patriótica,
que pretendía convertirse en una organización de convergencia, con el fin de mantener la
democracia. En una reunión clandestina en la que participan Amílcar Gómez, José Vicente
Rangel, Fabricio Ojeda y García Ponce, se propone de manera formal, la organización unitaria
de lucha contra la dictadura, cuyo programa consideraba tres puntos de interés. A saber:
“…primero, amplia amnistía para los presos políticos, desterrados y perseguidos; segundo:
elecciones mediante el voto directo, secreto y universal; tercero: formación de un gobierno
respetuoso de las libertades democráticas”45.
Este llamamiento fue aceptado por la Unión Republicana Democrática (URD) en junio de
1957 y, un poco más tarde, por Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización
Política Electoral Independiente (COPEI) a mediados del mismo mes.
A la par de un documento escrito en marzo de 1957 por Pompeyo Márquez, titulado “Hacia
un Gran Movimiento por la Solución Constitucional de la Elección Presidencial, Contra el
Continuismo, por la Amnistía y por el Respeto de las Garantías Individuales” y que entre otras
cosas hace un llamado de alerta ante las intenciones continuistas de Pérez Jiménez, existe otro,
que a juicio de Luis Herrera Campins, puede ser interpretado como un indicador del inicio de
la erosión de las bases que soportaban al General Marcos Pérez Jiménez en el poder, a pesar de
su aparente solidez. Campins le comentaría al historiador Tomás Carrillo Batalla que,
“después de las pastorales de monseñor Arias y de otros datos, que él intuía en la prensa, llegó
a la convicción de la próxima caída del gobierno”46. La pastoral del 1° de mayo de 1957 de
Monseñor Arias Blanco será, según el propio Carrillo Batalla “un dardo agudo y directo al
corazón de la política social del gobierno: las penurias de los trabajadores, sus débiles
mecanismos para alcanzar sus reivindicaciones, sus bajos salarios se hizo sentir en todo el
país”47. Pero además, se convertía en una arenga política y en un llamado al despertar, a la
organización y al protagonismo que los trabajadores debía asumir en momentos como los que
atravesaba el país. Y el sólo atrevimiento de leer públicamente y en todas las iglesias del país
este documento pastoral se constituía en un primer paso de gran poder motivacional. A
continuación reproducimos algunos pasajes de la mencionada pastoral.
…la Iglesia no solo tiene el derecho, sino que tiene la gravísima obligación de
hacer oír su voz para que todos, patronos y obreros, Gobierno y pueblo, sean
orientados por los principios eternos del Evangelio en esta descomunal tarea
de crear las condiciones necesarias de vida para que todos los ciudadanos
puedan disfrutar del bienestar que la Divina Providencia está regalando a la
nación venezolana (…) Nuestro país se va enriqueciendo con impresionante
rapidez. Según un estudio económico de las Naciones Unidas, la producción
per cápita en Venezuela ha subido al índice de quinientos cuarenta dólares, lo
cual la sitúa de primera entre sus hermanas latinoamericanas, y por encima de
naciones como Alemania, Holanda, Australia e Italia. Ahora bien, nadie osará
afirmar que esa riqueza se distribuye de manera que llegue a todos los
45
.Carrillo, T. Quién Derrocó a Pérez Jiménez. Fondo Editorial Universidad Santa María. Caracas. 1998. pp. 1086. p. 136.
.Carrillo, T. Ob Cit. p. 168.
47
.Íbidem. p. 18.
46
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
venezolanos, ya que una inmensa masa de nuestro pueblo está viviendo en
condiciones que no se pueden calificar de humanas. El desempleo que hunde a
muchísimos venezolanos en el desaliento y que a algunos empuja hasta la
desesperación; los salarios bajísimos con que una gran parte de nuestros
obreros tiene que conformarse, mientras los capitales invertidos en la
industria y el comercio que hacen fructificar esos trabajadores, aumenta a
veces de una manera inaudita; el déficit no obstante el plausible esfuerzo hasta
ahora realizado por el Estado y por la iniciativa privada, de escuelas, sobre
todo profesionales, donde hijos de los obreros pueden adquirir la cultura e
información a que tienen absoluto derecho para llevar una vida más humana
que la que han tenido que sufrir sus progenitores; la falta de prestaciones
familiares con que la familia obrera pueda alcanzar un mayor bienestar; las
inevitables deficiencias en el funcionamiento de institutos y organismos
creados para el mejoramiento y seguridad del trabajador y su familia; la
frecuencia con que son burlados la Ley del Trabajo y los instrumentos legales
previstos para la defensa de la clase obrera; las injustas condiciones en que
muchas veces se efectúa el trabajo femenino; son hechos lamentables que están
impidiendo a una gran masa de venezolanos poder aprovechar, según el plan
de Dios, la hora de riqueza que vive nuestra patria, que, como dijo el
Eminentísimo Cardenal Caggiano, (…) ‘tiene tanta riqueza que podría
enriquecer a todos, sin que haya miseria y pobreza, porque hay dinero para
que no haya miseria’ (…) Exhortamos a nuestros trabajadores a que se reúnan
en sindicatos por ellos libremente escogidos, convencidos como estamos de
que la clase obrera, llegada a su mayoría de edad, tiene que luchar con
responsabilidad y con decisión por la auténtica promoción obrera, para
cumplir la misión que Dios le ha confiado48.
El 23 de diciembre de 195749 se conformaba el Comité Obrero de la Junta Patriótica, en el
que se encontraban conviviendo las dos fuerzas sindicales clandestinas más importantes del
país, las fracciones de AD y el PCV, conjuntamente con URD y COPEI. La situación en el
ámbito sindical era sumamente precaria. Dirá Eloy Torres que, “La organización sindical
obrera estaba casi aniquilada ante la presión oficial y los jefes y líderes obreros en el destierro,
o bien en la sombra de la clandestinidad”50. Sin embargo, se va a hacer un llamado a huelga
general para el día 23 de enero de 1958, que posteriormente se adelantaría para el día 21. La
manifestación parecía espontánea, aunque coordinada por el Comité Cívico Militar
(conformado por la Junta Patriótica y por algunos Militares), también se vinculaban nombres
como los de García Ponce y Douglas Bravo51. La huelga se prolongará desde ese día hasta el
23 de enero, fecha en la que sale del poder Marcos Pérez Jiménez.
Los obreros venezolanos, con sobradas razones para la protesta, la inconformidad y la
irreverencia, hacían frente a un régimen que sin proponérselo impulsaba la unidad opositora y
48
.Presidencia de la República. Documentos que Hicieron Historia (Siglo y medio de vida republicana. 1810-1961). Pastoral
del Arzobispo Arias Blanco. 1957. Tomo II. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia.
Publicaciones de la Presidencia de la República. Caracas. 1962. pp. 719. pp. 420-429.
49
.Eloy Torres afirma que fue en el mes de agosto.
50
.Torres, E. La Huelga. Estudio Digital. C.A. Altolitho C.A. Caracas. 2007. pp. 291. p. 157.
51
.Ver: Blanco, A. Ob Cit. pp.421.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
hacía méritos suficientes para ganarse la animadversión obrera. Pero, éstos mismos obreros,
que habían asumido con estoicismo su histórico papel en defensa de los, apenas saboreados,
valores democráticos, no lo harían ni por primera, ni por última vez.
Surgían ahora nuevos retos para la organización obrera, debían sentarse sólidamente las
bases del edificio democrático que estaba por construirse y en el que éstos tendrían también un
rol protagónico.
III. Desarrollo y Consolidación Sindical
El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino, al revés;
en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor
Ortega y Gasset
El Desarrollo
A partir del 23 de enero de 1958, derrocada la dictadura, se constituye una Junta de
Gobierno provisional conformada por Wolfgang Larrazábal, Carlos Luis Araque, Pedro José
Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero Villate. Con ello se inicia una nueva etapa para el
país, no exenta de serias dificultades. Imbuido en lo que se denominó “el espíritu del 23 de
enero”, se hacía imperativo el acercamiento y acuerdo entre todos los actores de la política
nacional. El precio pagado en el pasado por el aprendizaje del presente era el principal
referente para consolidar, esta vez sí, tanto la paz como la democracia.
El sindicalismo entraba en una nueva fase de desarrollo y consolidación de las experiencias
y aprendizajes acumulados, afectado también por el carácter unitario que privaba en la
sociedad venezolana. Surgía entonces el Comité Sindical Unificado Nacional (CSUN),
heredero natural del Frente Obrero y del Comité Obrero de Huelga, organizaciones de vital
importancia en los acontecimientos previos a la caída de Pérez Jiménez y derivados a su vez
de las decisiones tomadas en la Junta Patriótica conformada en junio de 1957. Se trató de un
verdadero y sincero esfuerzo de unidad, en tanto “había independientes, había comunistas,
había adecos, urredistas y unos copeyanos”52, buscando un objetivo común, la reorganización
del movimiento sindical, a través de la refundación de la CTV.
Apenas en marzo de 1958, podían observarse los logros que en la reconstrucción de la
organización sindical había alcanzado el CSUN, en tanto sus representantes en el interior del
país habían logrado crear “más de cuatrocientas agrupaciones obreras”53.
De manera que la acelerada reorganización sindical se convertía en una fuente de logros en
pro de la consolidación democrática. Y es en esa búsqueda que en el mes de abril de 1958, se
realiza la primera convención del CSUN, a la par que se aprueba una Declaración de
Principios que señalaba que:
La actual situación política del país demanda una firme y férrea unidad de
todos los sectores sociales de la nación, con el propósito de establecer un
52
.Lárez, F. Ob Cit. p. 160.
.Ver: 400 SINDICATOS, en la columna ENSALADA POLÍTICA, escrita por ARBAS (Arístides Bastidas), en El Nacional, n°
5.224, jueves 13.3.58, p.32. Esta cita fue facilitada en febrero de 2008, por el Prof. Naudy Suárez y forma parte de un trabajo
no publicado e intitulado “La Refundación del Movimiento Obrero”.
53
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
régimen democrático y que la libertad de (sic) todos sus aspectos sea una
realidad que garantice a todos los venezolanos las conquistas logradas por
nuestro pueblo al derrocar la ignominiosa dictadura que padecimos largos
años54
Se trataba de una verdadera declaración de compromiso democrático, que tendrá como
colofón la firma del pacto de avenimiento obrero-patronal en abril de 1958, misma que se
constituye en la primera demostración formal y pública del espíritu de unidad que reinaba
entre los principales actores de la sociedad venezolana. Y a propósito de ello señalará Rómulo
Betancourt en agosto del año 1958 que:
Junto con la tregua política propiciamos, a través de nuestras fracciones
sindicales, la unidad del movimiento laboral y el avenimiento obrero-patronal.
La primera porque un movimiento obrero unido parece ser fórmula más eficaz
que la de la fragmentación de fuerzas laborales en el cumplimiento por éstas
de sus funciones específicas en defensa de los intereses económicos de los
trabajadores, y en las de carácter general como soporte y defensa del régimen
democrático
Betancourt buscaba, esta vez sí, alcanzar la conciliación entre obreros y patronos, que
quedaba truncada en el año 1948. Así, el pacto de avenimiento finalmente se concretaría el 24
de abril de 1958, a través de la firma del “Convenio de Entendimiento”. El mismo
contemplaba seis puntos principales resaltados por la prensa así:
Creación de comisiones de avenimiento en las empresas, formadas por
representantes patronales y sindicales.
Reconocimiento y respeto a la libertad de organización sindical sin
interferencia de ninguna clase.
Conveniencia de mantener la mayor estabilidad posible en los trabajadores.
Estricto cumplimiento de los contratos colectivos y de la Ley del Trabajo.
Conveniencia de celebrar contratos colectivos por actividad económica.
Necesidad de que se agoten las medidas conciliatorias antes del planteamiento
de cualquier conflicto55
El pacto era firmado por Gustavo Láres Ruíz (CSUN), Ángel Cervini (Fedecámaras) y el
Dr. Rául Valera (Ministro del Trabajo). Los sectores más importantes del país aplaudían la
iniciativa y quedaba en evidencia el compromiso democrático y la madurez alcanzada por el
movimiento obrero venezolano. Y precisamente uno de los principales impulsores de este
pacto sería electo Jefe de Estado para el próximo quinquenio.
El 7 de diciembre de 1958 es electo Rómulo Betancourt como Presidente constitucional de
la República para el período 1959-1964. Se constituía así un gobierno de coalición, respetando
54
.El Nacional, n° 5.250 del viernes 11 de abril de 1958, p. 36 (Formulan Declaración / De Principios los Sindicatos del D.
Federal).
55
.“Firmado Anoche el Convenio de Entendimiento que Regirá las Relaciones Obrero-Patronales”. La Esfera. Caracas, 25 de
abril de 1958, p. 22.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
con ello lo acordado en el pacto de convivencia democrática firmado en octubre de 1958 entre
los principales partidos políticos del país (AD, COPEI y URD) y conocido como Pacto de
Punto Fijo.
Para este momento, y muy a pesar de la madurez alcanzada, la organización sindical lucía
atrasada en comparación con sus pares latinoamericanos. Entre tanto, el Estado comenzaba a
hacerse con el control de los grandes proyectos de inversión en el marco de un modelo
económico de sustitución de importaciones, de manera que la responsabilidad en el impulso a
los sindicatos y la dinámica de las negociaciones colectivas reposaba sobre los hombros del
Estado.
El CSUN convocaba en julio de 1959 una primera Convención de Comités Sindicales, en el
cual se ratificaba el Pacto de Avenimiento Obrero-Patronal y se aprobaba el Reglamento del
propio CSUN56. El escenario político y social del momento era idóneo para que el CSUN
hiciera la convocatoria a la realización del III Congreso Nacional de Trabajadores, que se
llevaría a cabo en noviembre de 1959. En el mismo se hacía la salvedad de que pese al
mejoramiento del nivel del ingreso nacional, la situación del trabajador no era la mejor. Se
planteaba a su vez el deseo de participación de los trabajadores en altas instancias
gubernamentales vinculadas a áreas como la salud y el Seguro Social, entre otras. También, se
retomó la idea de operacionalización de un Consejo Nacional de Economía, planteado por
primera vez en la Constitución de 1936 e impulsado por Rómulo Betancourt en 1945. Otro
punto importante discutido en este Congreso fue el del trabajador agrario, punto de encuentro
entre el “campesinado” rural y el obrero de las ciudades. “Era realmente una novedad para el
movimiento sindical latinoamericano, donde salvo excepciones, rara vez los trabajadores
urbanos se unen orgánicamente con los trabajadores rurales”57.
En el ámbito ideológico, las dos grandes fuerzas que históricamente se habían hecho con el
control de las masas obreras del país, AD y PCV, sin bien habían estado imbuidos en la
consolidación de la democracia, en términos estrictamente políticos mantenían grandes
diferencias que se irían agravando con el tiempo y afectando a su vez la unidad sindical. Las
visiones de país que tenían estas organizaciones eran antagónicas, pues mientras que unos
subrayaban la consolidación de un sistema económico capitalista de carácter mixto, con acento
en las reformas de carácter social (AD), los otros no compartían el carácter reformista, por el
contrario, en su opinión se debía llevar a cabo una revolución socialista marxista-leninista58.
Por otro lado en Acción Democrática surgían importantes divergencias ideológico-políticas
producto, entre otras razones, del influjo de la revolución cubana. El 9 de abril de 1960, como
resultado de las divergencias, se divide AD y se crea el “Comité Nacional de A.D. de
Izquierda”, luego (16-8-1960) Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización
en la que destacarán como líderes políticos, hombres como Delgado Lozano, Domingo Alberto
Rangel y Simón Sáez Mérida.
56
.Ver: Godio, Julio. El Movimiento Obrero Venezolano 1945-1964. Tomo II. Ildis. Caracas. pp. 294.
.Íbidem p. 215.
58
.Ver: Godio, Julio. Ob Cit. Tomo II. pp. 287.
57
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
El Gobierno nacional comenzaba a enfrentar una importante inestabilidad política que se
manifestaba a través de acciones violentas organizadas desde la izquierda y desde la derecha.
Una de ellas será la intentona golpista del General Castro León, en abril de 1960, que
culminará con su captura, con una huelga convocada por la CTV, y con una importante y
numerosa manifestación de masas. Ese mismo año, en el mes de junio, salía Rómulo
Betancourt ileso de un atentado atribuido al dictador dominicano Leonidas Trujillo. Por su
parte la izquierda, planteaba una salida insurreccional y organizaba grupos y acciones
guerrilleras.
Posteriormente, en el año 1961 se convocaba un Congreso Extraordinario de la CTV, en el
cual se ventilarían las grandes diferencias ideológicas planteadas en su seno. Presidía la CTV
por aquellos días, José González Navarro, quien desde esa posición tildaría de “subversivos” a
los comunistas y exigiría la expulsión de los mismos. La CTV estaba absolutamente
fracturada, por un lado Acción Democrática apoyada por COPEI y por el otro el PCV y URD,
apoyados por el MIR.
En noviembre de ese mismo año, sería realizado el IV Congreso de la CTV, controlado por
una mayoría adeca y contando con el apoyo de Copei, se buscaba la expulsión de comunistas y
miristas y el aislamiento de urredistas. Lograron así, la expulsión del Comité Ejecutivo de un
importante número de estos dirigentes, así como de las federaciones correspondientes. Como
resultado de este Congreso la correlación de fuerzas en la CTV beneficiaría ampliamente a los
adecos y copeyanos, contando con un 70% y 30% respectivamente. Quedaba la izquierda,
prácticamente aislada de la organización de los trabajadores. Sin embargo, en el año 1963
fundan, en el IV Congreso de Trabajadores de Venezuela, la Central Unitaria de Trabajadores
de Venezuela (CUTV), cuya estructura será controlada por comunistas y miristas.
Llegaba un nuevo período presidencial y el 1 de diciembre de 1963 se celebraban las
elecciones en las que saldría electo Presidente Constitucional Raúl Leoni. Se trata del segundo
gobierno del período democrático iniciado en 1958 y a su vez, del segundo gobierno del
partido Acción Democrática. En medio de muchas dificultades que ponían en riesgo la
estabilidad política, el Gobierno va a buscar fórmulas para alcanzar el entendimiento nacional,
la dilatación democrática y la estabilidad política. Para ello, el 5 de noviembre de 1964, va a
constituir el llamado Gobierno de ”Amplia Base”, participando de éste las fuerzas políticas de
AD, URD y FND, aunque pronto se retirarán el FND (1966) y URD (1968). En el ámbito
económico en este período se realizarán ajustes en la política de sustitución de importaciones
que se había mantenido en el año 1958 y que irán orientándose hacia un modelo de economía
mixta.
Por su parte, la CTV realizaría en el año 1964, el V Congreso de esta organización. La
Alianza para el Progreso, propuesta por J.F. Keneddy, sería objeto de discusión y análisis, en
tanto se entendía su importancia para el reforzamiento de las bases democráticas del país. Otro
tema que tendría cabida en este encuentro sería el del rol de los sindicatos en la lucha contra la
guerrilla, para la que ya se habían establecido puentes con las FF.AA. nacionales. Finalmente,
se discutiría acerca del descontento de los trabajadores por las tasas de desempleo, a pesar de
que “en los diecisiete años desde 1961 hasta 1977, el PIB creció a un promedio de 5,8% anual
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
(…) Para entonces, este fue el ritmo más alto de crecimiento en toda la región”59. La
correlación de fuerzas resultante de este Congreso quedaría con AD (70,60%), COPEI
(14,04%), URD (12,47%), FND (1,57%) y FDP (1,31%).
En el año 1965 el movimiento sindical se encuentra claramente dividido en tres centrales, la
CTV, cuya hegemonía la tiene el partido AD, la CUTV, controlada por los comunistas desde
su fundación en 1963 y vinculada a la línea de lucha armada del PCV; y finalmente, CODESA,
que aunque existía desde el año 1958, apenas era legalizada en el año 1964. Esta última
vinculada a COPEI y dirigida por el padre jesuita Manuel Aguirre.
Llegado el año 1966, nuevamente surgía un hecho, que no hacía más que complicar el
panorama político del país y con ello, evidentemente el sindical. Aparecían en AD dos
candidaturas para las próximas elecciones presidenciales de 1968. Por un lado, Luis Beltrán
Prieto Figueroa y por otro Gonzalo Barrios. “…El 18 de julio, cien dirigentes sindicales
ofrecieron un homenaje al Dr. Barrios y el 26 de ese mismo mes, González Navarro ofreció un
almuerzo al Dr. Prieto Figueroa, al cual concurrieron 1.250 dirigentes sindicales, a quienes
respaldaban 23 federaciones nacionales y 14 federaciones campesinas”60. Pero estas
diferencias tan sólo eran la “punta del iceberg” de un enfrentamiento ideológico de mayor
complejidad. El grupo encabezado por Rómulo Betancourt consideraba inadecuada la figura de
Prieto Figueroa para darle continuidad a las alianzas alcanzadas por el partido desde el año
1958. Por su parte, el grupo del Dr. Prieto Figueroa esgrimía el “caudillismo” de Betancourt y
su alejamiento de las doctrinas socialistas. Con la profundización de estas diferencias el día 10
de diciembre de 1967 se conformaba el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), lo cual no
pasaría de ser un mero elemento de quiebre político, salvo por que afectaba directamente la
estructura sindical de AD. Ahora en las filas del MEP se encontraba el presidente de la CTV,
así como un alto porcentaje de los miembros del Comité Ejecutivo, amén del control que
ejercían en Fedepetrol, en la Federación Venezolana de Maestros (FVM), la Federación
Venezolana de la Caña de Azúcar, la Federación de Trabajadores del Estado Zulia y Carabobo;
y en los sindicatos siderúrgicos. A esta situación había que agregar la vuelta del PCV a la
actividad política legal, pues en este mismo año dejaba la lucha armada, lo que se traduciría en
el ámbito sindical, en un intento por retomar los espacios perdidos en el control de los
sindicatos. El retorno del PCV no significaba una mayor amenaza para la correlación de
fuerzas sindicales, en tanto las estrategias de este partido sólo podían tener efectos mediatos,
aunque ciertamente se trataba de un competidor más en la contienda por el control sindical.
Este escenario beneficiaba al partido Copei que, por supuesto, intentaría tomar el control
directivo de la CTV.
El convulso escenario político, el retorno del PCV, la división de AD, la creación del MEP
y la clandestinidad del MIR, habrán ejercido alguna influencia en los resultados de las
elecciones del año 1968, en las que resultaría vencedor el partido Copei, cuyo candidato,
Rafael Caldera, era ya para estos años un veterano activista de la política nacional. Ahora, la
estrategia sindical de COPEI ya no sería la de profundizar la democracia sindical, sino la de
conquistar la dirección de la CTV Contarían con la asesoría de “…Luis Herrera Campíns y de
59
.Iturraspe, Francisco. El movimiento sindical venezolano en la época de la mundialización: la transición del “puntofijismo”
al “bolivarianismo”. En: http://168.96.200.17/ar/libros/ garza3/iturraspe.pdf.
60
.Godio, Julio. El Movimiento Obrero Venezolano 1965-1980. Tomo III. pp. 190. p. 55.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
la Confederación Latinoamericana Sindical Cristiana (C.L.A.S.C.) con sede en Caracas, y que
a partir de 1971 en su VI Congreso adoptará el nombre de Confederación Latinoamericana de
Trabajadores (C.L.A.T.), orientada por la democracia cristiana europea”61.
Entre los años 1968 y 1970 la conflictividad laboral sería una constante, registrándose nada
más entre 1969 y 1970, 286 pliegos conflictivos y un número de 152 huelgas, de las que 147 se
declararon ilegales62. Los partidos de oposición hacían los propio para generar una alta
conflictividad, que si bien no ponía en riesgo la estabilidad del régimen democrático, creaba
un ambiente de tensión.
La estrategia copeyana para hacerse con el control directivo de la
CTV no había arrojado los frutos deseados y con AD “en la otra acera”, sumando esfuerzos
con el MEP y el PCV, ahora era menester negociar la estructura interna de la CTV, en su VI
Congreso (1970).
El VI Congreso de la CTV tendría como temas centrales, la reforma agraria y la búsqueda
de alternativas a la política de substitución de importaciones, así como característica principal,
la partidización. No dejaron de hacer un llamado a la vinculación de los sindicatos y los
partidos de turno, con la burocratización y corrupción. Al final, la correlación de fuerzas
quedaría de la siguiente forma: AD (34,55%), MEP (31,70%), COPEI (18,81%), URD
(11,74%), FDP (1,25%), FND (0,80%), IND (0,68%); y PCV (0,46%)63.
La estructura interna de la CTV, sería el reflejo de los acuerdos alcanzados entre AD y
Copei, en la cual ocuparía Francisco Olivo (AD) la presidencia y Rafael León (Copei) la
Secretaría Nacional. El gran perdedor del Congreso sería el MEP, que a pesar de ser la
segunda fuerza de la CTV, no alcanzaría a ocupar ninguno de los dos cargos de mayor
importancia que ahora detentaban AD y Copei.
En el año 1971, tres eventos políticos han de resaltarse. El MEP decide dejar las armas y
retomar la senda de la legalidad y la lucha política. Y al igual que el PCV en su momento,
buscará la recuperación del control sobre los sindicatos. El PCV se divide y nace el
Movimiento al Socialismo (MAS), corriente que tenía un importante control sobre los
trabajadores comunistas. La CUTV queda dividida en Vanguardia y Clasista. Finalmente, en
abril se divide CODESA y nace la Confederación General del Trabajo (CGT).
Consolidación
Dos años más tarde, en las elecciones de 1973, se impone nuevamente un candidato del
partido Acción Democrática y se iniciarán con éste los años dorados de la organización
sindical en el país.
Carlos Andrés Pérez tomará el poder el 12 de marzo de 1974, orientando su acción de
gobierno hacia un modelo de capitalismo de estado que se soportará en la nacionalización del
petróleo, hierro e “industrias básicas”. Se consolidará en este período una economía mixta.
También se alcanzará una relativa paz laboral, debido, entre otras causas, a un marco jurídico
61
.Íbidem. pp. 66-67.
.Ver: Godio, Julio. Ob Cit. Tomo III. pp. 190.
63
.Ver: Urquijo, José. Ob Cit.
62
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
desarrollado a través de decretos presidenciales, con el fin de garantizar un conjunto de
beneficios económicos a los trabajadores. A éste le sucederá en el Gobierno, como ya se hacía
costumbre, un candidato del partido Copei.
Luis Herrera Campins, quien fuera Senador por el estado Lara, sería electo para asumir la
jefatura del Estado venezolano para el período 1979-1984, el día 3 de diciembre de 1978. Se
trataba del quinto gobierno de la democracia representativa surgida en el 58. Inmediatamente,
en el año 1980, el partido AD dará a conocer su nuevo Proyecto de Tesis Sindical, en el que
fundamentalmente se planteará la adecuación del accionar sindical a las nuevas realidades
económicas y sociales del país. Había quedado atrás el modelo de sustitución de importaciones
y se había adoptado un capitalismo de estado que se amparaba en un modelo de economía
mixta, a la vez que se contaba con una organización sindical moderna, lista para afrontar
importantes distorsiones en la distribución del ingreso, entre muchos otros problemas de
índole social.
La situación económica era crítica y la CTV había solicitado un informe a la Comisión
Asesora Económica, que por aquel tiempo presidía D.F. Maza Zavala. La comisión planteaba
un conjunto de medidas compensatorias que pasaban por mejoras salariales, control
inflacionario, mejoras en la distribución del ingreso, fortalecimiento de la pequeña y mediana
empresa, entre otros. Así, llega el mes de octubre de 1980 y es convocado el VIII Congreso de
la CTV, del cual se desprende un importante documento conocido como el Manifiesto de
Porlamar y que propone en líneas generales un serio análisis de los problemas económicos y
sociales del país, con el fin de generar propuestas y soluciones, así como una alternativa para
sentar las bases de un nuevo modelo político y social. Sin embargo, el centro de la temática del
Congreso será la cogestión obrera, entendida esta como “la participación de los trabajadores en
la actividad directiva de las empresas del Estado”64.
El VIII Congreso de la CTV se constituía en un éxito rotundo para el sindicalismo de AD,
que mantenía un férreo control sobre la institución, lo que queda demostrado en la correlación
de fuerzas, que se presenta a continuación: A.D. (56,3%), COPEI (20,9%), MEP (12,3%),
MAS (3,2%), URD (2,8%), MORENA (7%), MIR, PCV y FDP (0,6%)65.
Ciertamente la situación económica del país mostraba importantes signos de agotamiento,
el peso de la deuda externa se hacía insoportable y la devaluación de la moneda en febrero de
1983, fecha conocida popularmente como el “viernes negro”, se constituía en hito y colofón de
una fase económica. Ya para este momento, el sindicalismo venezolano mostraba rasgos
importantes de un neocorporativismo que en años venideros pasaría factura.
Llegaba al poder en el año 1985, el Dr. Jaime Lusinchi (AD), ganando por un amplio
margen a su contendor directo, el Dr. Rafael Caldera (Copei). Ese mismo año se celebraría el
IX Congreso de la CTV y resaltarán en éste las diferencias entre el Presidente Encargado de la
CTV, Juan José Delpino y el Presidente de la República, Dr. Jaime Lusinchi, situación que
nunca se había presentado en el seno de la CTV, toda vez que la mayoría cetevista militaba en
el mismo partido que el Jefe del Estado, Acción Democrática. Se trataba del reflejo sindical de
64
.Urquijo, José. Ob Cit. p. 39.
.Ver: Godio, Julio. Ob Cit. Tomo III. p. 159.
65
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
la situación política y económica del país. La correlación de fuerzas de este Congreso quedaba
de la siguiente manera: AD (61,01%), COPEI (20,71%), MEP (10,19%), URD (3,94%), MAS
(3,68%); y Otros (0,33%)66. Se planteaba en este Congreso la estrategia de conformación de
sindicatos por rama de industria, como una fórmula para aumentar el poder de los sindicatos.
De igual forma se ratificaba el planteamiento central del Manifiesto de Porlamar, la cogestión
obrera, como una forma de ganar terreno hacia la democracia industrial. En líneas generales la
década de los ochenta dejaba un balance crítico. Veamos:
En el primer quinquenio de los ochenta se da un decrecimiento del 1,7% del
PIB. Las remuneraciones reales, que habían subido en las dos décadas
anteriores, entre 1979 y 1985 descienden en un 25%. La tasa de desempleo
abierto pasó de 5,6 a 10,3%, y la distribución del ingreso empeoró (…) En las
dos décadas anteriores los salarios reales habían subido, y a partir de 1979
empieza su caída sostenida. Los convenios colectivos no pudieron reponerla, y
el movimiento sindical apela a presiones para alcanzar medidas ejecutivas o
legislativas que compensen el deterioro salarial. Se logra una ley general de
aumento de sueldos y salarios, que al menos recupera los salarios mínimos en
1980. Sin embargo, en los años sucesivos esta conquista se diluye por el
incremento inflacionario67
Este panorama se convertía en un verdadero reto para el sindicalismo venezolano que, ya
venía siendo afectado por la brecha creciente entre los trabajadores y la institución debido a la
pérdida de credibilidad, el creciente deterioro de su autonomía, la obsolescencia del modelo
sindical producto de las nuevas tecnologías, así como todo el conjunto de variables que
afectaban las tasas de sindicalización a nivel mundial68. Pero también lo era para el sistema
político y para la sociedad en su conjunto.
IV. Deterioro del Movimiento Sindical
Curiosa época esta, dirán de nosotros los historiadores del futuro,
ya que en ella la izquierda no era la izquierda, la derecha no era la derecha,
y el centro no estaba en el medio
André Malraux
Los Primeros Avisos
Al final del ejercicio presidencial de Jaime Lusinchi, los sindicalistas ejercerán una
importante presión sobre el Gobierno, incluidos los dirigentes cetevistas. Exigirán un conjunto
de medidas, entre las cuales estarán el aumento salarial, la inamovilidad laboral y el control de
precios sobre un conjunto de productos de la cesta básica, entre otros. El malestar y la presión
social se incrementaban con el paso de los días. Y en medio de este panorama asumirá su
segundo gobierno el líder acción democratista, Carlos Andrés Pérez (CAP), quien haría un
66
.Ver: Urquijo, José. Ob Cit. p. 43.
.Lucena, Héctor. La crisis política en Venezuela: repercusiones y respuestas del movimiento sindical. En: De la Garza, E.
Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina. Colecciones Grupos de Trabajo de Clacso. Buenos Aires, 2005.
p. 59.
68
.Ver Iturraspe, Francisco. Ob Cit.
67
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
fastuoso y afrentoso acto para la toma de posesión, llamado por el ingenio popular “La
Coronación”. Éste contrastaba peligrosamente con la situación económica y social del país.
Entre las primeras acciones que tomará CAP estarán el conjunto de medidas denominadas
popularmente como “el paquete económico”. La CTV por su parte reiteraría el conjunto de
exigencias que habían hecho al gobierno anterior. El aumento de las tarifas de la gasolina y de
las tarifas del transporte público urbano e inter-urbano serían el detonador directo para que la
presión llegara a su cénit y entre los días 27 y 28 de febrero de 1989, el descontento popular se
canalizara a través de una explosión social de grandes magnitudes, conocida como el
“Caracazo”.
En abril de ese mismo año se convoca el II Congreso Extraordinario de la CTV, con el fin
de discutir las estrategias a seguir en medio de la delicada situación económico-político y
social del país. Pero las diferencias entre los cetevistas y los acción democratistas se harían
presentes. De manera que:
mientras el Presidente de la CTV, Juan José Delpino, invoca como motivante
del paro la lucha contra las políticas económicas del gobierno de orientación
neoliberal, la Secretaría Sindical de AD, verdadero poder en el sector, coloca
en primer lugar la lucha contra los especuladores, brindándole una coartada
al gobierno, pero distanciándose de los sectores más afectados por la situación
económica69
De este Congreso salía la decisión de convocar a un paro nacional para el día 18 de mayo de
1989 y dar a conocer el Manifiesto de Soberanía. Pero, el Gobierno no cedía un ápice en la
aplicación del “paquete económico”. Tras la decisión cetevista de paro general había un hito
histórico, era la primera vez que la CTV tomaba una medida al margen de la línea partidista.
“Fue una verdadera afirmación democrática, que sorprendió a muchos de los acostumbrados a
resolver problemas, a nivel de cúpulas o cogollos, en conciliábulos de poder”70.
En mayo del siguiente año, se convocaba el X Congreso de la CTV, se discutía en éste, de
forma intensa, sobre las reformas necesarias en sus procesos electorales. El sindicalismo
cetevista parecía desconectado de la realidad. La correlación de fuerzas producto del Congreso
sería la siguiente: AD (61,27%), COPEI (20,63%), MEP (8,46%), MAS (5,69%), URD
(2,87%), PCV (0,90%), Causa R (0,17%)71.
Pero inmediatamente, en abril de 1991, era convocado el III Congreso Extraordinario de la
CTV, parecía que ahora sí habían percibido la magnitud real de la crisis político-social y
económica que se cernía sobre el país. Discutían como temas centrales en éste, la
modernización de sus estructuras sindicales y la democratización de su sistema electoral.
También se aprobaba la prohibición a los directivos de la CTV, de ejercer la presidencia de
organismos de financiamiento pertenecientes a la propia central obrera. A su vez, en ese año se
realizaban en la Colonia Tovar, unas Jornadas de Reflexión para la dirigencia de la CTV y las
Centrales Obreras del país. Los temas tratados en estas Jornadas eran de gran interés y muy
69
.Lucena, Héctor. Ob Cit. pp. 61-62.
.Urquijo, José. Ob Cit. p. 50.
71
.Ver: Urquijo, José. Ob Cit.
70
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
acordes a los nuevos tiempos. Veamos: los efectos del contexto internacional (globalización e
internacionalización de los mercados) sobre el modelo rentista venezolano, el impacto de las
nuevas tecnologías sobre el sindicalismo del país y la relación política-economía-sindicalismo.
Se infería un deseo de renovación ante la conciencia de una crisis profunda de la cual no
estaba exenta la institución sindical.
Pero otra campanada estaba por sonar. El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares,
encabezados por el Comandante Hugo Chávez Frías, intentaban un golpe de Estado que
fracasaría en lo militar, pero que posteriormente, con el apoyo popular, se consolidaría como
una nueva alternativa política a los tradicionales partidos de masas.
La CTV, emitiría en julio de 1992, un documento planteando, como medidas de
emergencia, el recorte del período directivo a nivel nacional y regional, así como del proceso
electoral y la votación directa y secreta, entre otros. Además se profundizó sobre temas como
la autonomía e independencia de la CTV, y la ética en el movimiento sindical. Pero el
documento ya no tenía interlocutores, parecía muy tarde.
Otro nuevo intento de golpe de estado se daría en el año 1992, esta vez impulsado por un
grupo de militares de mayor graduación, liderados por el Almirante Gruber Odreman, para el
momento Inspector General de las Fuerzas Armadas. La grieta del sistema político cada vez
era mayor y se evidenciaba a través de hechos como la separación del cargo como presidente
en ejercicio de Carlos Andrés Pérez (marzo 1993), la presidencia temporal de Octavio Lepage
(marzo-junio 1993) y la culminación de dicho período por Ramón J. Velásquez (junio 1993febrero 1994). Otra nueva señal de esta situación era refrendada por el resultado electoral del
año 1993, en el que una atípica alianza electoral de pequeñas, y en muchos casos, recién
creadas organizaciones políticas, conocida como “el chiripero” y que representaba al candidato
presidencial y ex miembro y fundador del partido Copei, Rafael Caldera, daría por finalizada
la etapa de bipartidismo, característica de buena parte de la segunda mitad del siglo XX.
Caldera tenía que enfrentar un difícil panorama, que implicaba la adopción de un conjunto
de medidas que se conocerían como la “Agenda Venezuela”, y que debían superar un
obstáculo insalvable, dados los niveles de exclusión existentes “… en el ámbito de la fuerza de
trabajo, sin vínculos estables con el mercado laboral y con la cúpula sindical, plantea un
problema de viabilidad y legitimidad a todo esfuerzo de concertación que ignore a tan amplias
capas sociales”72.
El tema central para el sindicalismo venezolano durante este período se localizaría en torno
a la reforma del régimen de prestaciones sociales, mientras su solidez institucional se veía
seriamente afectada por el vencimiento del modelo neocorporativo que ya no le podía soportar.
Así, por el año 1995, un espíritu de diálogo reinaba en el ambiente y los trabajadores,
agrupados en la CTV, planteaban un programa de conversaciones con los diferentes actores
sociales. Parecía el preámbulo idóneo para llevar a cabo el diálogo tripartito que tendría lugar
más adelante. Ese mismo año se celebrará el XI Congreso de la CTV, en el que se discutirían
aspectos vinculados a la renovación de la CTV, a las prestaciones sociales y a la consolidación
de un sistema de seguridad social. La correlación de fuerzas en la CTV no cambiaría mucho en
72
.Lucena, Héctor. Ob Cit. p. 63.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
relación al congreso anterior, quedando como la presentamos a continuación: AD (56,29%),
COPEI (26,12%), MAS (5,47%), MEP (5,27%), Convergencia Emilio Platt (2,40%), URD
(2,15%), Convergencia Tomás Castillo. (0,92%), PCV (0,56%), Fuerza Emergente MEP
(0,51%), Independientes (0,20%) y Otros (0,10%)73.
Al año siguiente, en 1996 y liderado por Andrés Velasquez (Causa R), se reunía el II
Congreso de Trabajadores y Organizaciones Populares de Venezuela, en el que se plantearía
también el tema de las prestaciones sociales, la democratización del sindicalismo y la crisis
estructural del país. La discusión en torno a este tema se haría cada día más tensa y se
organizaría una Coordinadora en Defensa de las Prestaciones Sociales, que llegaba a convocar
una concentración en el año 1996 y en la que curiosamente participaría el principal líder de la
asonada militar de 1992, Hugo Chávez Frías, quien ya para la fecha gozaba de un indulto
presidencial que le permitía concurrir a este tipo de manifestaciones. En junio de ese año se
firmaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que comprendía una serie de
compromisos de reformas, fundamentalmente de tipo económico y financiero, y que serían
conocidos como la “Agenda Venezuela”.
La situación del país parecía desbordarse entre múltiples tensiones. El Estado intervenía
abiertamente en las relaciones laborales y declaraba, a través de un reglamento, restricciones al
empleo del recurso de la huelga por parte de los trabajadores. Los partidos habían perdido
credibilidad y la institución sindical había perdido toda conexión con los trabajadores y con la
sociedad civil. En este ambiente de inestabilidad se firma en el año 1997, el Acuerdo
Tripartito, entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Se desmontaba, bajo una serie de
compromisos y condiciones interpuestas por los sindicalistas, el régimen de prestaciones
sociales. Un año más tarde se acordaba una comisión similar para tratar el asunto de los
salarios y el 18 de febrero, convenían un ajuste del monto oficial del salario mínimo para
trabajadores urbanos, rurales y domésticos.
Punto de Quiebre
El año 1998 fue un año muy movido y todos los sectores del país fueron dinamizados por el
evento electoral de diciembre de ese mismo año. Las candidaturas serían el reflejo de la
realidad social del país, los partidos tradicionales AD y COPEI, así como algunos
independientes, tal como el de Proyecto Venezuela, en conjunto serían conocidos como el Polo
Democrático. Surgía a su vez, el llamado Polo Patriótico, conformado por el partido
Movimiento V República (MVR), encabezado por el Comandante Hugo Chávez Frías, el
Partido Comunista de Venezuela (PCV), Movimiento al Socialismo (MAS), Movimiento
Electoral del Pueblo (MEP), Patria Para Todos (PPT) y otros, todos partidos de tendencia
izquierdista. Los sindicatos, también polarizados, buscarían su reacomodo, con la excepción
de la Causa R. La CTV, Codesa y parte de la CGT, se aproximarían al Polo Democrático,
mientras que la CUTV, el Nuevo Sindicalismo, representado por la tendencia de Pablo Medina
del PPT y los cuadros emergentes del Movimiento V República, se sumarían al Polo
Patriótico.
73
.Ver: Urquijo, José. Ob Cit. p. 72.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Los principales partidos del país, AD y Copei, no se presentarían como organizaciones
homogéneas, sino que nuevamente eran objeto de conflictos y diferencias internas, esta vez en
torno a las candidaturas para las elecciones presidenciales de 1998. Aunque, en diciembre de
1998, la composición sindical del Parlamento se había incrementado y contaba con una
importante presencia de este sector, correspondiendo a AD un número de nueve (9)
representantes, a Copei uno (1), al MAS uno (1) y al MVR uno (1).
Llegaría así el día 6 de diciembre de 1999 y una nueva etapa política se iniciaba en el país
tras la elección, con un significativo apoyo popular, del Comandante Hugo Chávez Frías
como Jefe de Estado. Por su parte el sindicalismo no ofrecía su mejor cara, ya desde julio de
1985, un estudio de la empresa Gallup determinaba que la población percibía a la CTV como
una de las instituciones con mayor crisis en el país, con 19,4%, sólo precedida por los partidos
políticos, con un 40,7%.
El presidente de la CTV en aquellos días (1998), Carlos Navarro, plantearía tres escenarios
para el año 1999. A saber:
1) escenario ideoprogramático: determinado por la relación que se establezca
entre el nuevo gobierno y la CTV (…) 2) la agenda reivindicativa: parte de la
observación de indicadores sociales bastante pesimistas a finales de 1998 (…)
3) escenario institucional o la búsqueda de la legitimidad: está en juego lo que
queda de credibilidad de la CTV74
La realidad se encargaría de hacer insuficientes estos tres escenarios. Por el mes de febrero
de 1999 se reunían la CTV y el Gobierno. Chávez recomendaba a los representantes de la
central obrera la convocatoria a elecciones desde las bases, mientras que los representantes de
la CTV, según el periodista Gustavo A. Hernández, “…expresaron las inquietudes del
movimiento laboral”75. Parecía que la reunión arrojaba cierto ánimo de encuentro y
disposición al diálogo. Sin embargo, el discurso oficial poco a poco iría subiendo los
decibeles. El Presidente de la República, había ofrecido cambios en la estructura del
sindicalismo venezolano, a través de una Asamblea Constituyente. Mientras que los líderes
cetevistas anunciaban su disposición a denunciar ante la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), cualquier amenaza o violación de los derechos sindicales, toda vez que desde el
oficialismo se ponía, públicamente, en duda el liderazgo de las cúpulas de la CTV76.
Ya desde el año 1998 se había creado el Frente Sindical Nacional Constituyente de los
Trabajadores (FSNC), mismo que en apoyo a los planteamientos oficiales, exigiría la
realización de una Asamblea Sindical Constituyente, que se esperaba realizar en enero de 1999
y que además pretendía la eliminación de la CTV, la reforma del movimiento obrero y
medidas punitivas para aquellos líderes sindicales cetevistas que consideraran ímprobos.
74
.Santana, Gabriela y Urquijo, José. Crónica Laboral Documentada. Revista Sobre Relaciones Industriales y Laborales.
Caracas. UCAB. No. 35. Enero-Diciembre 1999. pp.143-260. p. 184.
75
.Hernández, Gustavo. CTV insiste en Inamovilidad Laboral. El Universal. Caracas. 25 de febrero de 1999. Recuperado el
08-02-2010 en: www.eluniversal.com/1999/02/25/ eco_art_25201EE.shtml.
76
.Ver: Urquijo, José. Ob Cit.
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
La CTV pronto convocaría su IV Congreso Extraordinario (abril 1999), cuyo slogan
hablaría por sí mismo “Respondiendo al Desafío”. Se tomaba en éste, la decisión de
democratizar los sindicatos afiliados y hasta la propia central obrera, a través de la reforma de
sus estatutos y de la Declaración de Principios, que inclusive llegaba a plantear la unión de las
centrales obreras (CTV, Codesa y CGT ). Pero esta no era una medida inmediatista, de manera
que sus resultados no estarían a la vista en el corto plazo. Posteriormente, en agosto de 1999,
también convocaban a una Asamblea Nacional de Trabajadores, que emitía un documento
denominado “La Nueva Constitución y los Derechos Laborales”, mismo que sería entregado a
los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que fueran evaluadas sus
propuestas en materia laboral. Por su parte, “en los primeros dos años hubo muy poco esfuerzo
gubernamental al servicio de organizar sus propias instituciones en este ámbito”77, aunque a
posteriori, el trabajo del Gobierno en este sentido sería muy dinámico.
Finalmente, el día 15 de diciembre de 1999, era aprobada la nueva Constitución Nacional.
Inmediatamente la CTV anunciaba sus reservas a la misma, especialmente en sus artículos 95
y 293, así como a la Disposición Transitoria Octava, por atentar contra las libertades
sindicales.
Algunas señales generales de cambio ya estaban completamente a la vista. El escenario
laboral del país se caracterizaba por una politización que fragmentaba y polarizaba a los
actores en forma aumentativa, en tanto la dimensión política se sobreponía a la económica y
laboral. Nuevos actores laborales (desempleados, subempleados, jubilados y pensionados; y
finalmente los trabajadores informales78), no necesariamente sindicalizados, hacían cada vez
más complejas las relaciones sociales de trabajo. Por su parte, el Estado incrementaba
paulatinamente su rol interventor y comenzaba a impulsar el paralelismo sindical. Parecía
cerrarse una fase en la historia de la organización sindical en Venezuela, iniciándose a su vez
una nueva, llena de tensiones y luchas por la conquista de espacios. De momento, son muchas
las páginas que faltan por escribirse acerca de este episodio inconcluso que, por ahora,
pareciera ir en una sola dirección hegemónica y restrictiva, pero con el sosiego de la historia de
una institución que siempre ha salido airosa, en tanto se une y fortalece ante las más grandes
adversidades y más aún cuando éstas atacan la libertad, órgano vital de las democracias.
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77
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.Ver: Urquijo, José. Ob Cit.
78
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
El movimiento sindical venezolano frente
a la situación socio-laboral: desafíos y propuestas
Josué Bonilla García
“Nada es tan grande como para no intentarlo”
Maickel Melamed
I. Introducción: la situación socio-laboral de Venezuela
Venezuela ha fracasado en el intento de transformarse de un país rentista y dependiente a
uno industrializado y productivo. Esto no es nuevo, pues los esfuerzos en este sentido datan
de los años 50. Sin embargo la situación se ha agravado durante la primera década del siglo
XXI, producto de una política económica que incentiva la importación de productos,
debilitando al sector manufacturero y descuidando políticas para el fortalecimiento de otros
sectores como el de servicios (turismo o fomento de actividades basadas en el conocimiento).
En concreto, no ha sido posible la creación de la infraestructura necesaria para garantizar la
soberanía productiva (Lucena, 2011b).
El comportamiento del principal indicador de productividad, el Producto Interno Bruto
(PIB), así lo refleja: específicamente el PIB del sector manufactura se incrementa
significativamente entre 1950 y 1980: 221% en los 50´, 114% en los 60´ y 97% en los 70´. Sin
embargo en las siguientes tres década (1980-2010) el comportamiento del indicador se revierte
pasando de un 15% de crecimiento en los 80´a un 1% en los 90´ hasta hundirse durante la
primera década del siglo XXI con un dramático (-7%) (Lucena, 2011b). En definitiva todo ello
se traduce en una pérdida de empleos formales, protegidos por la seguridad social y los
convenios colectivos y en un debilitamiento del aparato productivo.
El incremento de la dependencia de la industria petrolera a lo que se suman las limitaciones
a la libertad empresarial y autonomía sindical, el desestímulo a la inversión, la inseguridad
jurídica y un desequilibrio en términos del intercambio comercial, enmarcan las relaciones de
trabajo y de empleo de la Venezuela de hoy. El conjunto de estrategias, planes y políticas
impulsadas desde el Gobierno a partir del año 1999 no han generado los resultados esperados.
Las cifras del desempleo (8,8% -2do semestre 2011-) que afecta a más de un millón cien
mil personas no es el único indicador que debe considerarse para entender la verdadera
situación que se vive en esta materia (INE, 2011). Una escasa capacitación de los
trabajadores79 y un crecimiento concentrado en los sectores menos productivos se unen a una
alta tasa de precariedad que no permite conectar el bienestar social con el crecimiento
económico. Al cierre de 2008, siete millones de personas (64% de la población ocupada) se
79
.En 2008 solamente el 41% de la población entre 15 y 64 años contaba con bachillerato, nivel educativo formal mínimo
para incrementar sus posibilidades de inserción en una ocupación productiva (Zuñiga, 2010)
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
desempeñaban en empleos precarios (Zuñiga, 2010)80. Adicionalmente, el país mantiene a más
de cinco millones de personas en el sector informal de la economía, estando gran parte de ellas
en situación de minusvalía. A esto se suma la alta tasa de desempleo juvenil (jóvenes entre 1524 años de edad), la cual ronda el 20%.
La caída del ingreso en términos reales es otro indicador fundamental, la pérdida del poder
adquisitivo expresada en el desequilibrio entre el costo de vida (inflación) y los ingresos
afectan las condiciones de vida de los trabajadores. En este sentido resulta elocuente que el
45% de los trabajadores ocupados (alrededor de cinco millones de personas) tengan un ingreso
igual o inferior al salario mínimo (Riutort, 2008b).
Pocas actividades económicas han crecido amparadas por el sector privado, por el contrario,
en el sector público se ha generado un crecimiento de la nómina, la cual reúne actualmente a
más de 2,3 millones de trabajadores, dicha cifra en términos nominales no significa mejora en
la calidad de vida, ya que según Zuñiga (2010), más de la mitad (51,9%) de estos trabajos se
cuentan como precarios.
Un panorama sombrío de inseguridad e incertidumbre incentivan el éxodo del talento
humano que busca oportunidades en otras tierras; Venezuela ya no es un país atractivo y
actualmente enfrenta un problema muy grave, la fuga de cerebros. Esta pérdida trae
consecuencias, especialmente si se considera que un buen número de los que lo se van del país
son científicos, tecnólogos y profesionales de carreras importantes para la sociedad, tal como
el caso de los médicos.
El constante ataque al movimiento sindical (MS)81 como institución expresado en aspectos
como la criminalización de la protesta y la pérdida de autonomía develan la estrategia del
Gobierno de poner de rodillas a la dirigencia sindical. A esto se suma el clima de violencia e
inseguridad que afecta al sindicalismo que ha cobrado la vida de doscientos cincuenta
dirigentes entre los años 2005 y 2011, víctimas del sicariato o muerte por encargo.
La alta conflictividad laboral es otro indicador clave, su crecimiento ha sido impresionante
especialmente a partir de 2006. De acuerdo a cifras de Provea (2011) en el año 2009 se
registraron dos mil (2.000) conflictos, cifra que pasó a dos mil quinientos (2.500) en 2010 y
que en lo que va de año ya alcanzaría los tres mil (-3000- octubre de 2010), del total de los
conflictos registrados, 40% son laborales (unos 1.200) y de éstos el 80% se presenta en el
ámbito público. El nivel de conflictividad es sólo un síntoma del desequilibrio que caracteriza
a las relaciones de trabajo, donde el Gobierno impone un protagonismo que asfixia al resto de
los actores sociales. Prueba de ello es la imposición de políticas públicas, como la del
incremento del salario mínimo, sin un proceso necesario de consulta y diálogo, las cuales
80
.La precariedad se mide en dos dimensiones: 1. subutilización del recurso humano disponible y 2. deficiencias de la
inserción. El concepto de precariedad lo integran 5 indicadores. Dos de ellos responden a la dimensión subutilización del
recurso humano: a) grado de utilización del recurso humano y b) duración de la jornada laboral (comúnmente denominada
subempleo). Mientras que las deficiencias de la inserción contempla: a) salarios, b) condiciones de ocupación y c) beneficios
laborales.
81
.Tal vez el término más adecuado es “movimiento de los trabajadores (MT)” en el sentido de que resulta más inclusivo o de
mayor alcance, sin embargo para efectos de este trabajo utilizaremos como sinónimos: Movimiento Sindical (MS) y
Movimiento de Trabajadores (MT).
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
terminan por convertirse en cascarones vacíos de poco o ningún efecto positivo real (Bonilla,
2009). Por otra parte la gran cantidad de contratos colectivos vencidos, especialmente en el
sector público, es una tarea pendiente a la que el Gobierno ha venido dando largas,
subestimando su importancia y desvirtuando su esencia como institución.
La actualidad del mercado laboral venezolano revela que, ante la falta de dinamismo de la
economía, la estructura productiva sesgada hacia sectores menos productivos, el incremento de
la población disponible para el trabajo y la precariedad laboral, el país debe enfrentar, en el
corto plazo, graves problemas para mejorar las condiciones de vida de la población (Zuñiga,
2010).
II. Sobre los principales retos del movimiento sindical: puntualizando los problemas
Partiendo de un diagnóstico sobre el mercado de trabajo, es posible identificar algunos
puntos o áreas temáticas prioritarias que requerirán del análisis y puesta en marcha de un plan
de acción por parte del MS y sus representantes con la participación activa de sus miembros. A
continuación se identifican los puntos más críticos así como algunos de los retos que
representan, los cuales pueden servir de base para la definición de una agenda para el MS.
1. El bono demográfico y la capacitación para el trabajo
Actualmente Venezuela atraviesa por una dinámica demográfica particular denominada
“Bono Demográfico”, “Ventana de Oportunidades” o “Dividendo Demográfico”. El término es
usado por los expertos para describir la consecuencia que trae una disminución de la
fecundidad y de la mortalidad de forma combinada. Consiste en un período de tiempo en el
que las cohortes de jóvenes (0 a 14 años) y las de mayores (60 y más) son más pequeñas que
las de personas en edad de trabajar (15 a 59 años). El aumento de la población en edad de
trabajar se manifestará cada año hasta el 2045, aproximadamente, lo cual genera mayor presión
en el mercado de trabajo. Esto implica que el no desarrollar políticas públicas para encarar el
fenómeno significaría desaprovechar la coyuntura (Zuñiga, 2010). Esta situación obligaría a
generar empleos para absorber el crecimiento y desarrollar estrategias efectivas de formación y
capacitación para el trabajo.
2. Salarios, inflación y baja productividad
Otro aspecto importante que destaca como característica del mercado de trabajo, tiene que
ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario determinado por el alto nivel de inflación,
calificada como
el “peor impuesto de los asalariados”. En general se aprecia un
incremento superior del índice de remuneraciones del sector público con respecto al sector
privado. Es necesario alertar sobre la deformación de la utilización de la figura del salario
mínimo (SM), la cual se ha transformado de un medio para proteger a los sectores más débiles
a un privilegio de ciertos sectores del mercado de trabajo. Los esquemas de remuneración
tanto a nivel macro como a nivel micro deben basarse en la equidad, resulta necesario plantear
estrategias para no violar este principio. Tal como están las cosas el SM lejos de convertirse en
una referencia base sobre la cual se levanta todo el esquema remunerativo macro, se ha ido
convirtiendo en una especie de “imán gigante” que concentra la mayor parte de la población
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
asalariada, en definitiva en un gran “igualador” o “punto de equilibrio” social de valor
negativo. Resulta notable el incremento en el número de trabajadores con ingreso igual o
inferior al salario mínimo, el porcentaje de la población ocupada en esta condición ha pasado
del 10,6% (1996) al 44,9% (2008) (Bonilla, 2009). En el sector público el fenómeno también
se hace patente ya que el 70% de sus empleados ganan entre uno y dos salarios mínimos.
La productividad está íntimamente relacionada con el ingreso per cápita. De acuerdo a
cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, el ingreso per cápita se duplicaría si Venezuela
estuviera cerca o aprovechara su potencial productivo, esto es clave debido a la relación entre
productividad y pobreza (BID). Otro dato de interés es que la productividad tiene una relación
positiva con el tamaño de las empresas e inversa al número de trabajadores por cuenta propia e
informales (la productividad per cápita es menor). Ante ello, resulta imperativo:
Incrementar los niveles de productividad y definir indicadores que sirvan de base para
el seguimiento control y generación de políticas públicas.
Reducir y controlar la inflación.
Insistir en la consolidación mecanismos de diálogo social en torno a la política de
Salario Mínimo.
Mejorar de los indicadores de remuneración (IRE) y del poder adquisitivo.
3. Marco normativo
Durante los últimos años se han aprobado o están en proceso de aprobación, nuevos
instrumentos legales que traen consigo un cambio en las reglas de juego, entre los cuales se
cuentan: la Ley del Poder Popular, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley del Sistema
Económico Comunal y Ley Orgánica del Trabajo82. Paralelamente continúa la indefinición
sobre el marco jurídico e institucional relacionado al sistema de seguridad social. En este
ámbito se imponen los siguientes desafíos:
Discutir y acordar sobre un nuevo marco regulatorio adaptado a la realidad del mercado
laboral.
Contribuir a generar la seguridad jurídica necesaria para el crecimiento y desarrollo.
4. Ruptura del diálogo y desequilibrio de poder entre los actores
El proceso de “reacomodo” del sistema de relaciones laborales se caracteriza por la ruptura
del diálogo y del modelo tripartito tradicional, especialmente luego de los sucesos de 20022003. A partir de entonces se han impuesto decisiones tomadas de manera unilateral por el
Gobierno especialmente en materia salarial (salario mínimo) y de empleo (inamovilidad
laboral). El desequilibrio entre los actores se evidencia en el excesivo protagonismo del Estado
como regulador y empresario, ejerciendo gran influencia en las políticas laborales, negociación
colectiva y promoción de planes con la intención de introducir cambios en las relaciones de
trabajo (Plan Guayana Socialista 2019) (MINTRASS, 2009).
82
.El 10 de Noviembre de 2011, durante el acto de fundación de la Central Sindical Bolivariana de Trabajadores, el Presidente
de la República anunciaba la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Trabajo vía habilitante, la cual contemplaría un la
vuelta al régimen de prestaciones sociales anterior a 1997 (El Universal, 13-11-2011).
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Los resultados de la política de nacionalización y los experimentos fallidos de control
obrero han ido en menoscabo de las condiciones laborales, eliminando o posponiendo la
discusión de las convenciones colectivas y desconociendo las estructuras sindicales (Barrios,
2011b). Resalta, además, la falta de transparencia en las cifras y resultados sobre la gestión de
estas empresas. Según Fedecámaras, durante los últimos cinco años se han estatizado,
expropiado con pago de sus bienes o sin pago de ellos un total de 988 empresas, siendo el
2011 el año donde se han dado más casos al alcanzar los 402 (casi la mitad del quinquenio).
En el marco de una estrategia de cambio radical, el Gobierno ha dado gran importancia
primero a las cooperativas como forma de organización laboral y a partir del Plan de
Desarrollo Económico y Social 2007-2013, a las “Empresas de Producción Social” (EPS).
En ellas no existen jerarquías entre los trabajadores y las tareas a realizar se hacen bajo una
planificación “participativa” y “protagónica”. El caso de las Cooperativas resulta
elocuente. Según las cifras de la Superintendencia de Cooperativas, en 1988 existían 820
cooperativas en el país y para agosto de 2006 la cifra llegaba a 25.436 (Bonilla et al,
2005)83. Este crecimiento atendió a una coyuntura. Según datos del INE el número de
cooperativistas en Venezuela se habría desinflado dramáticamente entre 2004 y 2010,
pasando de 537.798 a 211.984 cooperativistas, lo cual significaba un descenso de 60,5%. En
2004, los miembros de las cooperativas representaban el 5,3% de la población ocupada y en
2010 apenas llegaba al 1,8%. El movimiento cooperativista había sido impulsado por el
Gobierno, especialmente entre los años 2000 y 2007 mediante un plan productivo basado en
el impulso a la pequeña y mediana industria, a través de una nueva clase empresarial
integrada por cooperativistas. El apoyo más fuerte se dio durante 2004 cuando el Presidente
delimitó los 10 puntos del mapa estratégico de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana,
que incluía a la cogestión como una forma de crear un nuevo modelo productivo en
Venezuela. Con la promulgación del Primer Plan Socialista 2007-2013 la orientación cambió
y el Presidente, que antes las defendía, señaló que las cooperativas eran un “instrumento del
capitalismo” y que estaban alejadas del ideal socialista. A partir de este momento el
Gobierno perdía en interés en los procesos de cogestión y comenzó a animar a los
trabajadores a conformar Empresas de Producción Social (EPS) para llevar a cabo las
operaciones de las empresas expropiadas (Bonilla et al, 2010).
No obstante, la realidad es que las condiciones laborales de este tipo de trabajadores son
similares a las de un trabajador informal: ausencia de protección social, de estabilidad y bajas
remuneraciones (Zuñiga, 2010). Adicionalmente, el Gobierno ha impulsado de figuras o
instituciones que debilitan al MS, tales como: los consejos de trabajadores, los delegados de
seguridad y las patrullas y milicias obreras. Frente a esta situación, resulta indispensable:
Restablecer el diálogo social
Promover formas de organización del trabajo que impulsen el empleo y la
productividad.
83
.El 52% de las cooperativas estaba dedicada a la prestación de servicios y tan sólo un 31% se orientaba a la producción
(Bonilla et al, 2006).
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5. Desempleo y empleo precario
Para el segundo semestre de 2011, el nivel de desempleo se ubica en 8,8% y el empleo
formal ha elevado su participación a 56% de la población económicamente activa, la cual goza
de beneficios laborales (utilidades, prestaciones sociales y vacaciones), pero estos promedios
ocultan grandes desigualdades.
Aún cuando el empleo ha aumentado, éste se ha concentrado en sectores ligados al
incremento de las importaciones y en el sector servicios. Mientras el comercio y los servicios
personales reúnen el 55% del total de ocupados, el sector manufacturero concentra solamente
al 12% y no muestra cambios sustanciales en los últimos 11 años. Entre 1984 y 2007 la
importancia de la manufactura en el empleo ha caído de manera casi irreversible, lo que
significa que el país ha vivido un proceso de desindustrialización que ha tenido serias
repercusiones sobre la competitividad, la estabilidad económica y la inversión (Vera, 2009).
Los trabajadores ocupados tanto en el sector formal como en el informal conforman una masa
heterogénea, con realidades, expectativas y necesidades diferentes. Cualquier iniciativa debe
partir del reconocimiento de dicha heterogeneidad.
Entonces, de cada 100 nuevos empleos generados en los últimos once años, 19 fueron en el
sector público, 52 en el privado -básicamente en el comercio al detal, restaurantes y hoteles y
en menor medida la construcción y la manufactura-, 9 trabajadores por cuenta propia y 18 en el
sector informal. En consecuencia, es posible afirmar que el país cuenta con una oferta de mano
de obra abundante y con una estructura económica que tiende a generar puestos de trabajo en
los sectores menos productivos de la economía (Zuñiga, 2010). Para revertir esta situación se
requeriría:
Entender la diversidad e Identificar nuevas estrategias para que las organizaciones
sindicales se perciban como una forma de organización legítima y efectiva.
Centrarse en propuestas orientadas al diseño y desarrollo de políticas públicas
orientadas a la creación de empleos productivos: desprecarizar el trabajo.
6. Conflictividad Laboral y sicariato sindical
La falta de institucionalidad para atender los conflictos laborales resulta un problema
amerita atención. La gran cantidad de conflictos laborales, entre los que se cuentan huelgas de
hambre, huelgas de sangre o acciones extremas como la de coserse los labios y el asesinato por
encargo de más de 250 dirigentes sindicales son efectos de la falta de institucionalidad y de
políticas claras (Barrios, 2011c). La imprecisión en los datos oficiales es evidente, en este
sentido, en la Memoria y Cuenta del Ministerio del trabajo de 2011 basándose en los datos de
2010 proyectaba la ocurrencia de 30 conflictos laborales durante el año, lo que contrasta
significativamente con los datos de Provea que registraban 3000 protestas, de las cuales el
40% correspondía a protestas laborales (1.200 protestas) relacionadas a aspectos como: el
incumplimiento de los CC, la no negociación de los mismos, el desmejoramiento de las
condiciones de trabajo, el despido de trabajadores, el cierre de fuentes de empleo, entre otras.
Tal situación resulta caótica y desgasta a los trabajadores que protagonizan el reclamo
(Lucena, 2011). Por otra parte, el “sicariato sindical” o “sindicariato” ha sido “banalizado”
prueba de ello es que los casos no figuran en los documentos oficiales: Memoria del
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Ministerio del trabajo, Informe Anual de la Fiscalía General de la República en concreto, por
la forma de tratarlo, el problema no existe oficialmente (Lucena, 2011d).
Este panorama se agrava con criminalización de la protesta, impulsada desde el Gobierno
promoviendo la ejecución de 120 medidas judiciales penales en contra de trabajadores que
ejercían su derecho a protesta. Estas prácticas han sido cuestionadas por organismos
internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Sobre esta problemática se imponen los siguientes desafíos:
Consolidar al MS como un interlocutor válido para el mejorar la efectividad de la
propuesta.
Generar una respuesta creativa a la situación que permita plantear y coordinar acciones
de mayor impacto.
Insistir en la necesidad de formalizar indicadores de medición o control para el registro
de la conflictividad y del sicariato sindical.
Definir y promover políticas, programas y proyectos de carácter público para enfrentar
el problema.
7. Convenciones Colectivas (CC)
La convención colectiva ha representado una institución clave del sistema de relaciones de
trabajo. Desde 2003, estos acuerdos han perdido peso e importancia disminuyendo o
debilitándose cualitativa y cuantitativamente. La disminución del número de convenciones
colectivas firmadas y de trabajadores amparados, la falta de cifras oficiales, el vencimiento de
CC emblemáticas como la de los empleados públicos (7 años vencida), la de los obreros de la
educación y la del sector salud (paralizadas desde 1994 y 1996, respectivamente), o la de los
trabajadores del aluminio (vencida en 2009) son evidencias que permiten corroborarlo. Un
gran número de denuncias así lo indican, además destacan casos como el del Metro de Caracas
y de los educadores, donde se formalizan convenciones colectivas que no se corresponden con
las verdaderas aspiraciones de los trabajadores. Otro caso de referencia es el del Contrato
Colectivo Petrolero (2005-2007) que “desmejora las condiciones de los trabajadores petroleros
y modifica el esquema o estructura histórica que caracterizó a este tipo de contrato desde 1946.
El último CCP firmado en 2009 careció de negociación y el interlocutor de los trabajadores fue
el Frente Único de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) organización que para
muchos fue convenida con el patrono. En su aplicación se han violado en 70% de sus
cláusulas” (Barrios, 2011b). Frente a esta situación resulta indispensable:
Fortalecer a la Convención Colectiva como institución clave del sistema de relaciones
de trabajo
Hacer seguimiento continuo y ejercer medidas de presión para que se lleven a cabo los
procesos de discusión de las convenciones colectivas.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
III. El movimiento sindical: su pasado reciente y la necesidad de enfrentar el futuro
El período 1983-199984 se caracteriza por la confrontación y ruptura entre el MS y los
sectores políticos (1985), el desgaste de la dirigencia de los trabajadores se materializa en una
caída alarmante de la tasa de afiliación sindical85. En concreto, el MS se estanca en una
profunda crisis extendida hasta nuestros días, que lo ha debilitado haciéndolo perder capacidad
y protagonismo como actor del sistema de relaciones de trabajo. A pesar de este panorama,
resulta paradójico que en el marco del proceso de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo
(1997) se haya logrado un acuerdo histórico entre el Gobierno, los empleadores y trabajadores
mediante un proceso de diálogo social: el Acuerdo Tripartito de Seguridad Social Integral y
Política Salarial (ATSSI), suscrito el 17 de marzo de 1997, para muchos el de más
trascendencia luego de 40 años del pacto de Avenimiento Obrero Patronal de 1958 (Carballo,
1997). La elección de Hugo Chávez como presidente de la República (1998) y la aprobación
de una nueva Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente (1999), marcan
un hito en la historia contemporánea de Venezuela. A partir de esta fecha comienza un nuevo
ciclo en las relaciones de trabajo así como un proceso de transformación o cambio en los
actores que lo constituyen. Para algunos autores el sistema de RRII se encuentra en una etapa
de “reacomodo”, cuyo desenlace está todavía pendiente.
A continuación repasaremos brevemente lo ocurrido, especialmente con el MS, durante el
período (1999-2012). Uno de los sectores que viene sufriendo un proceso de cambio es el de
los representantes de los trabajadores, específicamente en cuanto a las formas de organización
de sus cúpulas. Durante el año 1999 (abril), la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV) en congreso extraordinario ejecuta una de las reformas más profundas ocurridas en la
estructura organizacional del MS, cuando se aprueba la elección directa, universal y secreta
desde las bases de todos los cargos de organización de primero, segundo y tercer grado
(Lucena, 2007).
A partir de esta decisión, en el año 2000 (3 de diciembre) se celebra un referéndum sindical
de carácter nacional, proceso totalmente abierto donde podían participan todos los electores
inscritos en el Registro Electoral, con el fin de consultar a la población sobre la conveniencia o
no de renovar a la CTV. La propuesta presentada por H. Chávez, fue rechazada por los
sectores opositores, partidos tradicionales y sindicatos adversos al Gobierno, sin embargo el
Presidente de la República terminó por imponerse y la opción del “Sí” triunfaba con un
62,02% de los votos (2.632.523) y una alta abstención de 8.569.691 de votantes (76,50% de la
población inscrita en el REP). Para muchos, estos resultados representaban un “pase de
factura” por parte de la sociedad civil a las organizaciones sindicales tradicionales las cuales
eran percibidas como corresponsables de la crisis por ser apéndices de los partidos políticos
como usufructuarios del poder y ejecutores de desviaciones que contribuyeron al deterioro de
las instituciones públicas. Meses más tarde (octubre de 2001) se realizan las elecciones en la
84
.Un interesante trabajo sobre la historia del sindicalismo venezolano (1920-1999) puede consultarse en Lauriño (2011). El
otro que destaca como referencia obligatoria es el de José I. Urquijo (2002), sobre la Historia del Movimiento Obrero en
Venezuela.
85
.Durante la década de los 70´ se llegó a alcanzar tasas de afiliación cercana al 30% de la Población Económicamente Activa
(PEA). Para el año 2001 las tasas de afiliación rondaban el 14% de la PEA (1.612.000 afiliados) (Lucena, 2003). Según Díaz
(2009) a finales de 2008, la tasa de sindicalización no pasaría del 11%.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
CTV, y se proclama como nuevo Presidente a Carlos Ortega86. Los resultados de este proceso
terminan por desconocerse dando más fuerza a dos fenómenos que han impactado
negativamente el esquema organizativo del MS: la fragmentación y el paralelismo87.
La ruptura definitiva del diálogo social entre el Gobierno y sus organizaciones y la de los
trabajadores se da durante 2002, luego del “vacío de poder” o “golpe de estado” (abril de
2002) y paro petrolero (2002 – 2003), cuando Fedecámaras y la CTV desbordan su ámbito
tradicional de poder y asumen el papel de otras organizaciones del quehacer político nacional.
Luego de las elecciones sindicales de 2001 y los sucesos de 2002-2003 cobra más fuerza la
tesis de crear una nueva central de trabajadores. En 2003 se creó la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT). Desde entonces el Gobierno ha encabezado una cruzada para desconocer
la legitimidad de la CTV y de los sindicatos tradicionales (corriente corporativista del MS)88
negando la convocatoria de sus líderes a integrar la misión de la OIT o a la propia discusión de
políticas públicas en materia laboral, tales como: el incremento del salario mínimo, la
inamovilidad laboral o la firma de convenios colectivos (Lucena, 2005).
A partir de 2002 el Gobierno da inicio a una política de impulso al sistema o modelo
productivo cooperativista, promoviéndolo mediante esquemas de créditos especiales y
participación directa del Estado en la propiedad de empresas89. Esta decisión se toma en un
contexto económico, social y político particular. En cuanto a la relación de los trabajadores
con los empresarios, estas se han caracterizado por una diversidad que las hacen complejas y
difíciles de interpretar. Por una parte el MS tradicional y el “no alineado” u opositor y la
representación de los empleadores tienden a coincidir en sus planteamientos y posturas frente a
la política gubernamental, esto se materializa en los paros de 2002 y 2003, durante los cuales
la CTV y Fedecámaras establecen una alianza ad hoc en torno a la situación política
(Coordinadora Democrática). Sin embargo las relaciones han sido tensas en cierto ámbito
especialmente a raíz del proceso de nacionalización o cambio de los esquemas de propiedad
(privado a público) de empresas en diversos sectores de la economía: petrolero, eléctrico,
cemento, telecomunicaciones, agrícola y alimenticio, siderúrgico, bancario, hipermercados etc.
cuya política se ha agudizado durante los dos últimos años90. Posiciones encontradas en un
ambiente de fragmentación, paralelismo y polarización91 que en muchos casos enfrentan a
trabajadores y empresarios y en otros los alinea, al menos en cuanto a sus posturas.
86
.Para detalles sobre la situación de la CTV entre 1998 y 2001 puede verse Rincón (2005).
.El fenómeno del paralelismo se hace patente en el sector educativo, dónde coexisten 11 Federaciones (Lucena, 2007). Se
entiende como la coexistencia de más de una organización sindical en un determinado espacio productivo (Lucena, 2009).
88
.El Registro Electoral Sindical constituido en el Consejo Nacional Electoral indica que de 2.974 organizaciones sindicales,
realizaron elecciones 2.852 sindicatos, de los cuales 2.044 estaban afiliadas a la CTV, 49 a la Confederación general de
Trabajadores (CGT), 34 a Codesa y 847 no confederados. CTV constituye el 70% de los sindicatos, con un porcentaje mayor
en cuanto a población sindicalizada ya que incluye los de mayor tamaño (CNE-2002. Cp. Lucena, 2005, p. 12)
89
En este sentido los casos de Inveval, Invepal e Invetex resultan representativos.
90
Para mediados de 2008 el Gobierno controlaba dos tercios de la rama petrolera, casi el total de la producción de cemento,
cuatro quintos de la telefonía fija y la producción siderúrgica, toda la rama energética, más de la mitad de la distribución de
gas doméstico, un cuarto de la banca, dos tercios de la rama de productos lácteos, 5% de los hoteles, más de un tercio de la
telefonía celular y 16% del comercio de alimentos (El Nacional, 24-8-08, Cp. Maingon y Welsch, 2008 ).
91
Según informes de Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social (MINPPTRASS) al mes de
diciembre del 2008 existían alrededor 6124 organizaciones sindicales registradas. Durante el periodo 2002 y diciembre 2008
se registraron 3150 nuevas organizaciones sindicales, “esta cifra nos da la idea de que existió una política alentada desde el
gobierno en extremar la polarización de las organizaciones existentes” (Díaz, 2009).
87
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
La actual lucha de poderes entre el Gobierno, empresarios y trabajadores, se presenta una
maraña de interrelaciones tanto a lo interno de cada organización como entre las
organizaciones. Dichas relaciones se dan en el marco de un contexto legal que favorece y
permite que el Gobierno imponga mecanismos de control para regular las relaciones de trabajo
por varias vías. Una de ellas es la creación de mecanismos normativos que enfatizan en el
control al sector privado tales como: la solvencia laboral y la Ley Orgánica de Prevención y
Condiciones de Trabajo (Lopcymat) que introduce la figura del delegado sindical, para
muchos, polémica si se le contrasta con la figura del sindicalista tradicional. Estos esquemas
calificados como de carácter “tutelar” son, en principio, bien acogidos por la clase trabajadora
que, de acuerdo al discurso gubernamental, es la “protagonista del proceso”. No obstante,
paradójicamente, muchas instituciones e individuos reclaman a ese mismo Gobierno “protrabajadores” una continua violación de la libertad y autonomía sindical o la promoción de
políticas y esquemas que debilitan instituciones fundamentales de las relaciones de trabajo
como la convención colectiva o que impulsan la precarización del trabajo como las
cooperativas y las empresas de producción social. Al revisar sus antecedentes y las relaciones
laborales durante el período 1999-2011, es posible afirmar que el sistema laboral venezolano
está altamente intervenido por el Estado (Lucena, 2005). Tanto los trabajadores como los
empresarios y sus representantes han perdido terreno, su legitimidad, prestigio y participación
en la toma de decisiones se han visto mermadas por un proceso degenerativo de larga data y
agudizado por una postura gubernamental que insiste en debilitarlo especialmente impulsando
artificialmente una estrategia de conformación de organizaciones paralelas de corte oficialista
y de carácter vertical que pretenden llenar el vacío dejado por un modelo corporativista
raquítico y agotado. Los nexos de subordinación entre el Gobierno y sus agencias y los
representantes de los trabajadores persisten, por otra parte el sector privado se ha visto
constantemente presionado por un marco normativo que le impone reajustes o reacomodos en
muchos casos imposibles o insostenibles, dejándole poco margen de acción y reacción. No
cabe duda que el deterioro de las relaciones Gobierno-empresarios-trabajadores y de las
instituciones que se ha producido en los últimos años en Venezuela tendrá un fuerte efecto
negativo en el crecimiento económico de largo plazo (Montero, 1997). El desequilibrio del
poder entre los actores fundamentales del sistema de relaciones de trabajo, no es beneficioso.
Esa correlación de poderes entre dos actores débiles con instituciones tambaleantes frente a un
Gobierno cada vez más fuerte con instituciones que tienden a favorecerlo y con un marco
normativo producto de su interpretación particular sobre el “deber ser social” no favorecen un
proceso de diálogo social y un equilibrio que permita enriquecer las discusiones y orientar al
país al desarrollo. La definición de un “modelo de país” traducido en una forma de Estado
ejercido por un Gobierno e instituciones que contribuyan al equilibrio de fuerzas en la
sociedad mediante actividades de mediación, administración de justicia o regulación, es una
tarea pendiente que no puede ser resuelta por un sector de la sociedad, hace falta un acuerdo
nacional que reconozca la importancia de las instituciones vinculadas a los actores del sistema
de relaciones de trabajo y de su fortalecimiento. La realidad actual exige ser creativos en la
concepción de un proceso de diálogo legítimo que permita tender puentes entre los distintos
actores y sectores sociales. Los retos que plantea el contexto actual y la propia dinámica del
sistema de relaciones de trabajo, se hacen mayores dada las características y la situación de
crisis que enfrentan los actores y sus organizaciones.
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IV. El movimiento sindical en una encrucijada
El MS a nivel mundial y regional atraviesa una crisis severa que lo ha obligado a buscar
fórmulas para reanimarse; entre estas formas destaca la creación de una nueva estructura
organizativa para el sindicalismo internacional, como son los casos de la Confederación
Sindical Internacional (CSI-2006)92 y de la Confederación Sindical de los Trabajadores de las
Américas (CSA-2008). Estas iniciativas parten de la premisa de que un proceso de unificación
fortalecería al MS93. En este sentido la unión del MS se define como: “un proceso mediante el
cual las distintas expresiones del pensamiento y acción de la clase trabajadora coinciden y se
concertan en forma solidaria, para lograr objetivos comunes a través de una organización u
organismo común, una conducción o dirección común, un programa de acción y estrategias,
planes y acciones reivindicativas y de transformación social, comunes” (Moure, 2009, p.83).
Se entiende que la unidad no representa un ente o medio unidimensional, sino que, para que se
consolide se presenta en tres dimensiones en las que el MS debe avanzar: a) la unidad de
acción: trabajo conjunto de varias organizaciones para defender o conquistar un derecho, b) la
unidad programática: va más allá que la de acción, es más permanente e implica un plan de
acción y c) la unidad orgánica: contempla la conformación de una unidad de conducción
política que abarca el ámbito nacional e internacional (Abad y Goncalves, 2011). La unidad
del sindicalismo mundial se ha presentado como un fenómeno progresivo.
El caso de Venezuela es particularmente complejo, durante este trabajo ya se ha hecho
referencia al contexto en que se desenvuelve el MS así como sobre su situación a nivel interno.
La polarización y profunda fragmentación agravada por el paralelismo sindical es quizás una
de las principales barreras a vencer. El mapa actual del movimiento sindical así lo refleja. A
partir de su análisis, se identifican organizaciones de tercer grado (confederaciones) que
política e ideológicamente muestran profundas diferencias: La Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV-1947), La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV-1963),
la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA-1964), La Confederación General del
Trabajo (CGT-1971), La Unión Nacional de Trabajadores (UNT-1993). A estas se han sumado
recientemente nuevas iniciativas de organizaciones de trabajadores algunas no reconocidas
oficialmente: La Alianza Sindical Independiente (ASI-2002), La Central Socialista de
Trabajadores (CST-2008), el Movimiento Solidaridad Laboral (MSL-2009), El Frente
Autónomo por la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS-2010), y La Unidad
de los Trabajadores de la Ciudad el Campo y el Mar (2011) (Abad y Goncalves, 2011),
embrión de la nueva Central Socialista Bolivariana de Trabajadores de la ciudad, del campo y
del mar fundada en acto realizado en el Estado Vargas el 10 de noviembre de 2011 (EUD,
2011). Cada una de estas organizaciones refleja particularidades que las hacen complejas, lo
cual implica que un acercamiento e intercambio estará determinado por una dinámica
particular de relaciones (entre organizaciones y dentro de las organizaciones). A pesar de la
diversidad y de la cantidad de organizaciones el MS se encuentra muy debilitado y con una
92
.Conformada por 306 centrales sindicales nacionales de 154 países, en las que representan a 168 millones de trabajadores
(Central Latinoamericana de Trabajadores, 2006).
93
.“El proceso de unificación surge como un imperativo de sobrevivencia de las organizaciones sindicales independientes y
autónomas. Por la necesidad de potenciar a las organizaciones y reencontrar su eficiencia combativa, para reconstruir el poder
de la clase trabajadora, para profundizar su compromiso histórico; político, económico, social, cultural y esencialmente para
responder a los derechos y conquistas de toda la clase trabajadora” (Navarro, 2009, p. 16).
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escasa capacidad de movilización, impacto y participación en la toma de decisiones en el
ámbito laboral. Además su vinculación con los partidos políticos y/o Gobierno y la baja tasa de
afiliación ensombrecen aún más el panorama (Abad y Goncalves, 2011).
En la dirigencia sindical actual, existe un consenso sobre la necesidad de una central
sindical unificada, aunque no hay claridad en cómo instrumentarla. Se coincide en señalar que
debe hacerse desde las bases donde los líderes se conviertan en promotores del debate. Esto
pasa por superar barreras específicas: intereses particulares, voluntad política, desconfianza,
formación, respeto a la libertad sindical. En general, se espera la consolidación de un MS
unitario, con conciencia de clase, con propuestas innovadoras, mejor organizado y articulado,
con mayor capacidad de respuesta y sin incidencia de grupos con intereses particulares. En
concreto, un movimiento autónomo orientado hacia la creación de un nuevo proyecto mediante
una nueva estrategia. Para ello, es necesario pensar en la creación de condiciones para el
encuentro y el debate de ideas que permitan el acercamiento entre todos los involucrados
(Abad y Goncalves, 2011).
Algunos rasgos que caracterizan al MS en la actualidad:
Decrecimiento de la tasa de afiliación sindical: actualmente sólo un ¿15%? sindicalizado
(Venezuela), no obstante es posible afirmar que el fenómeno se ha extendido a lo largo del
mundo, específicamente a partir de los años 80´94.
Poca población ocupada amparada por Convenios Colectivos (10%).
Polarizado: especialmente por aspectos ideológicos o de organización.
Fragmentado: por diferencias en cuanto a fines y mecanismos de acción. Este fenómeno se
agudiza a partir de 2002-2003, haciéndose patente la limitación de su capacidad de protesta
y su debilitamiento. El paralelismo sindical agrava el problema.
Visión de corto plazo e incapacidad de planificación y definición de iniciativas.
Falta de unidad de acción, crisis programática y desarticulación orgánica.
Debilitamiento orgánico: fundamentalmente por la polarización, fragmentación y carencia
de una agenda o programa de acción.
Debilitamiento de los valores y carencia de una verdadera conciencia de progreso y
compromiso social.
Crisis de liderazgo: formación insuficiente, no se vislumbra una generación de relevo.
Pérdida de libertad y autonomía sindical: sumido una atmósfera oscura y signado por la
partidización.
Dificultad para la relegitimación de autoridades sindicales: interferencia o intervención del
CNE.
Pérdida de rumbo y desnaturalización de su esencia.
94
.Sin embargo hay casos emblemáticos que demuestran que esta tendencia podría revertirse (países nórdicos, caso de la
federación Nacional de Camioneros de Argentina). La afiliación sindical ha subido en algunos países del cono sur: Argentina,
Brasil y Uruguay
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
V. Conclusiones. El punto de partida hacia la unificación (una visión)
La complejidad del contexto internacional y nacional que implica mayor diversidad de la
fuerza de trabajo, la intensificación de presiones para ser más productivos y competitivos,
cambios tecnológicos y, por otro lado, la incertidumbre generada por la crisis financiera por la
que atraviesan importantes economías desarrolladas95, enmarcan la definición del porvenir del
MS. El reto radica en fijar su mirada en el futuro, definiendo una visión así como un conjunto
de planes y estrategias claras que contribuyan a la definición, aplicación y medición de
políticas, planes y proyectos orientados a la generación de empleos decentes, a incrementar los
niveles de protección social y de su cobertura, así como de superar el déficit y erradicar la
exclusión social.
El empleo decente sólo puede existir cuando hay posibilidades de que todos los
trabajadores puedan tener acceso a él, para ello es condición indispensable la presencia de un
contexto económico, político y social que lo permita. Ello significa que el país debería contar
con la institucionalidad y capacidad política que permita generar las condiciones necesarias
para reactivar el aparato productivo bajo la premisa de generar empleos de calidad (Godfrey,
2003. Cp Zuñiga, 2010).
El desarrollo de la institucionalidad para enfrentar los problemas que afectan el mundo de
las relaciones de trabajo pasa por el fortalecimiento del diálogo social como aspecto clave.
Parte de la institucionalidad es la que se teje en torno a los trabajadores y sus representantes lo
cual plantea la necesidad de relanzar al MS como un interlocutor legítimo, efectivo y con la
suficiente envergadura para que su acción abarque tanto el ámbito nacional como el
internacional con profundas y sólidas relaciones e intercambio con instituciones de amplio
alcance.
La reconstrucción del MS se plantea como un proceso de mediano (5 años) y largo plazo
(15 años) y su unificación como una visión. Para lograrla, es necesario plantear una reconexión
paulatina con las bases, lo cual permitirá centralizar las luchas laborales mediante un proceso
de construcción de unidad programática y de acción (agenda común). Unirse en distintos
ámbitos o circunstancias en torno a necesidades o problemas comunes plantea, como el eje de
acción, la conflictividad laboral, hoy abordada de forma fragmentada. Esa conflictividad
podría ser un elemento amalgamador de MS96.
El punto de partida es la construcción conjunta de un plan estratégico con objetivos
definidos: crecimiento, fortalecimiento institucional (organización y modelo de
funcionamiento, especialmente), relaciones institucionales, capacitación y formación de líderes
y de generaciones de relevo, servicios de seguridad y bienestar social de los trabajadores. Este
proceso debe hacerse con referencia a mejores prácticas o experiencias, definición de valores y
95
.De acuerdo a los informes de la OIT (2009) la crisis mundial generará más pobreza, más desempleo y más
obstáculos para ofrecer empleo a quienes se incorporan al mercado de trabajo
96
.Un ejemplo se observó en la jornada de protesta nacional coordinada por Fadess, realizada el 20 de octubre de 2011, la cual
agrupó iniciativas en veinte (20) estados en las que participaron veintidós (22) sectores sindicales (Barrios, 2011)
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
compromiso ético de estas organizaciones que con transparencia y profesionalismo pueden ser
capaces de iniciar y gestionar proyectos que beneficien a los trabajadores.
Además es necesario definir y tener claro cuál es el liderazgo que se necesita y qué método
empleará este liderazgo así como la importancia de establecer alianzas e identificar puntos en
común con movimientos profesionales o de otra índole (colegios, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones comunitarias), el MS no puede verse
ni concebirse como una fuerza aislada, impenetrable y lejana, por el contrario, debe ser
percibido como una organización cercana y flexible pero a la vez lo suficientemente fuerte y
robusta para que sea realmente efectiva, capaz de promover y coordinar el diálogo entre todos
los actores y ampliar las barreras del tripartismo para dar cabida a un multipartismo renovado
donde cada actor asuma el rol que le compete. Se trata de construir consensos sostenibles para
orientar la política a largo plazo. En este sentido resulta clave la autonomía del MS cuya
organización debe ser lo suficientemente sólida, para ello es clave la definición de una
identidad propia, particular y diferenciadora. En la medida que esto ocurra el proceso de
despartidización del MS podría ser una realidad.
La negociación colectiva debe convertirse en una bandera de lucha del MS y recuperar su
estatus como la institución más importante del sistema de relaciones de trabajo, este es otro
punto en el que coinciden los representantes del mundo sindical y los expertos que han
abordado su diagnóstico.
Se trata de trabajar en la definición de políticas públicas así como en planes, programas y
proyectos que permitan su ejecución y puesta en práctica. Entre los temas más importantes que
deben ser abordados a la brevedad destacan: el bono demográfico, el diálogo social y el papel
del Estado en las relaciones laborales, el empleo decente, la seguridad social, el salario
mínimo, la libertad y autonomía sindical, los incentivos al sector privado, la seguridad jurídica,
la conflictividad laboral y el sindicariato (Derechos Humanos), así como todo lo relacionado
con estadísticas/indicadores confiables en materia de trabajo y seguridad social, en general,
todos los aspectos vinculados a las políticas públicas que directa o indirectamente impactan a
las relaciones de trabajo, las cuales deben tener un fin claro y medible. En este sentido, el
papel de las organizaciones tradicionales resulta clave en la medida en que sea posible extraer
de su historia aprendizajes claves que sirvan de base para discutir las posibilidades presentes y
futuras del MS en un espacio de diálogo donde prevalezca el respeto y la tolerancia. Esto hará
posible la identificación de acciones y programas comunes para una lucha conjunta que lo
fortalezca.
Entre las premisas que podrían servir de base para un proceso de diálogo asumiendo como
visión la unificación (de acción, programática u orgánica), estarían las siguientes:
1. Existe un vacío que no ha sido del todo llenado por las organizaciones sindicales. El mundo del trabajo ha
evolucionado y las nuevas organizaciones deben incluir a técnicos, profesionales y trabajadores del
conocimiento integrando en un todo a los asalariados.
2. La heterogeneidad y posición política o ideológica no implica que no pueda darse un proceso de diálogo
franco, abierto y en el marco de la tolerancia y el respeto.
3. La dirección debe basarse en principios de participación, democracia y pluralismo.
4. La confianza es indispensable para la reconstrucción del MS. Esta confianza se basa en un fuerte sentido de
pertenencia y de “clase”.
5. El énfasis debe darse en los puntos de encuentro, como pilar de la unidad.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
6. Se reconoce que puede haber un método para lograr unidad de acción y programática, así como el
establecimiento de mecanismos de coordinación orgánica.
7. Resulta un reto la identificación de una estrategia para integrar a las bases en este proceso de
fortalecimiento.
8. Deben sumarse al MS sectores no tradicionales: jóvenes, trabajadores informales, jubilados y pensionados.
9. La formación y capacitación de la dirigencia sindical es un aspecto clave para su fortalecimiento.
10. El fortalecimiento del MS pasa por consolidar un proyecto económicamente factible y sostenible en el
tiempo.
11. Fortalecer a la CTV es necesario para el MS y su institucionalidad.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
El sindicalismo en la encrucijada
Rolando Díaz97
1. El trabajo es un derecho humano fundamental
Las crisis recurrentes de nuestros países de América Latina han impactado de manera
directa en los mercados de trabajo. Con frecuencia, se hace recaer en la clase trabajadora los
efectos negativos de los desajustes económicos, en este punto no existe diferencia de
posiciones ideológicas, gobiernos autodenominados “de izquierda” o “progresistas” o
gobiernos de “derecha” o “conservadores” cuando hay que ajustar se comienza por los
salarios. Las organizaciones sindicales son acosadas, con distintos argumentos pero con el
mismo objetivo debilitarlas y si es posible desaparecerlas de la escena política nacional.
Gobiernos de signos ideológicos diversos como los de Colombia y Venezuela aplican
políticas muy similares con relación al mercado de trabajo y el trato a las organizaciones
sindicales independientes.
El trabajo es un bien cada vez más escaso y ante la disyuntiva de preservar el trabajo o
luchar por mejores salarios y mayor participación en las ganancias los trabajadores, en no
pocos casos, optan por preservar el empleo.
El trabajo es una relación social a través de la cual los seres humanos realizan su aporte
productivo a la sociedad y obtienen con ello los medios para llevar una vida digna. El trabajo
es también una actividad que contribuye a definir el sentido de la vida de las personas y sirve
como referente para la construcción de identidades. Adicionalmente, en las sociedades
modernas, el trabajo ha sido reconocido también como un derecho humano, entendido éste
como “la facultad que deben tener todos los seres humanos de participar en las actividades de
producción y prestación de servicios de la sociedad y en los beneficios obtenidos mediante
estas actividades conjuntas en una medida que garantice un nivel de vida adecuado”. El
contenido y alcance de tal derecho es definido por las normas de derecho internacional que
componen el bloque de constitucionalidad, los pronunciamientos de los organismos
internacionales de protección judicial, la Constitución Política, la jurisprudencia de las altas
cortes y la ley.
El derecho al trabajo comprende dos facetas: la individual y la colectiva. La primera hace
referencia a todas aquellas garantías de las que deben gozar las personas en sus relaciones de
trabajo, incluidas el derecho a trabajar, independientemente de la forma de vinculación que
tengan. El derecho individual regula aspectos tales como: los tiempos de trabajo, las
condiciones de salubridad, la iniciación y la terminación de la relación de trabajo, los
beneficios monetarios y en especie a los que se tiene derecho aparte del salario, etc. Y la
segunda regula lo concerniente a la constitución de asociaciones de trabajadores para la
defensa de sus intereses, la negociación colectiva con los empleadores, el derecho a la huelga
y la libertad sindical.
En épocas más recientes la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) acuñó el término
“trabajo decente”, que no es otra cosa que el punto de convergencia de los cuatro objetivos
97
. A la memoria de mi inolvidable amigo Julio Godio, siempre preocupado por estos temas.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
estratégicos de la OIT: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la
protección social y el diálogo social.
Estos principios deben orientar las decisiones de la organización y definir sus cometidos
internacionales en los próximos años.
El trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad social y
dignidad humana, con los atributos siguientes: 1) trabajo productivo y seguro, 2) con respeto a
los derechos laborales, 3) con ingresos adecuados, 4) con protección social y, 5) con diálogo
social, libertad sindical, negociación colectiva y participación.
2. La ofensiva antisindical
A finales de la década de los ochenta, en América Latina se inició un proceso sistemático de
desregulación de los mercados de trabajo. Las razones para implementar estas reformas
obedecían a que, en concepto de quienes las impulsaron, la apertura económica y la
modernización de la estructura productiva requerían la existencia de un mercado laboral
mucho más flexible como un requisito indispensable para mejorar la competitividad de las
economías de la región.
En esta disputa, que en su origen adquirió formas ideológicas por quién tiene el diagnóstico
correcto de los problemas laborales, se han involucrado activamente los distintos actores
sociales. Si bien el espectro de las posiciones asumidas por estos actores ha sido muy amplio, a
grandes rasgos, y corriendo el riesgo de simplificar, se pueden destacar dos perspectivas
antagónicas predominantes. Por un lado, un sector del empresariado y los gestores de las
reformas laborales, respaldados por los argumentos de varios intelectuales, y con el apoyo de
los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en
menos medida el Banco Mundial (BM), han insistido en que la existencia de rigideces que
impone la legislación sobre los salarios, las prestaciones sociales, las condiciones laborales,
los costos de despido y las modalidades de contratación de trabajadores han generado una
demanda de trabajo formal inferior a la requerida para reducir significativamente el desempleo
y la informalidad. La propuesta de quienes defienden esta posición es entonces profundizar los
procesos de flexibilización laboral, los cuales hasta el momento, según ellos, han sido
incipientes.
Por otro lado, las organizaciones sindicales y algunos intelectuales y movimientos sociales
acompañados por las organizaciones sindicales internacionales cercanos a éstas, han sostenido
que el problema del desempleo y la informalidad se explica más por el modelo de desarrollo
implementado en las últimas décadas, y que el desmonte de las disposiciones protectoras, que
los defensores de las reformas laborales conciben como rigideces, además de no haber
contribuido a mejorar los principales indicadores del mercado laboral, ha implicado un grave
deterioro en el bienestar de un gran segmento de la población trabajadora. Para los defensores
de esta posición, hay que frenar cualquier nuevo intento de flexibilización laboral que pueda
precarizar aún más el empleo, y modificar los fundamentos del modelo de desarrollo que
determinan la existencia de las altas tasas de desempleo e informalidad vigentes.
En el nivel de la confrontación ideológica en la arena política, unos y otros, para defender
sus propios intereses, suelen partir de posiciones rígidas sustentadas en diagnósticos
radicalmente opuestos, lo que ha impedido emprender un diálogo entre los actores que permita
mejorar la institucionalidad laboral de manera concertada.
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Como suele ocurrir con frecuencia los sectores del capital que aupaban la tesis de la
flexibilización, dejaron la discusión teórica para los intelectuales y rápidamente utilizaron el
pragmatismo, así vemos como en forma rápida se adecúan a políticas “revolucionarias y
socialistas del siglo XXI” y florecen grandes negocios especialmente en el sector financiero e
importador. Así vemos nacer organizaciones “empresariales socialistas” y Bancos del pueblo
que manejan sumas astronómicas de bonos del Estado, enriqueciendo a los nuevos “yuppies
socialistas” que juegan en los mercados hipercapitalistas del mundo mientras pronuncian
encendidos discursos antiimperialistas.
Mientras tanto, las organizaciones sindicales permanecen ancladas en la discusión
ideológica del combate al “Neoliberalismo”. Lo mismo ocurrió con el tema de la
globalización, donde los primeros en reaccionar ante este fenómeno fueron las organizaciones
de empleadores, mientras que las organizaciones de los trabajadores se enfrascaron, en
muchos casos, en rechazar este fenómeno y negarse a comprender que aunque nocivo, era una
realidad a la que había que responder con medidas adecuadas.
3. La respuesta sindical al desafío de la globalización
Este proceso de globalización ha traído como consecuencia un realineamiento de los
actores en el plano internacional. El primero en reaccionar fue el sector empresarial, creando
organismos de articulación a nivel internacional para sus organizaciones; el sector sindical
tardó en reaccionar, ante este nuevo desafío a nivel global.
El 1° de noviembre de 2006 en la ciudad de Viena, Austria, se reunieron 1.700 delegados
procedentes de 156 países para disolver dos organizaciones centrales que actuaban a nivel
global, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la
Confederación Mundial de Trabajadores (CMT), para dar nacimiento a la Confederación
Sindical Internacional (CSI). El nacimiento de esta nueva confederación fue el resultado de
largas y complejas negociaciones entre las dos centrales mundiales de trabajadores más
representativas: la primera (CIOSL) que representaba a 41 millones de trabajadores como
socia mayor y la CMT de orientación Socialcristiana que representaba a 9 millones de
trabajadores como socia menor (Wanchendorfer, 2007). Diversos factores facilitaron esta
fundación.
Al desaparecer la antigua Unión Soviética la Federación Sindical Mundial (FSM) que
agrupaba a las centrales sindicales de dicha unión, perdió relevancia como actor en la esfera
sindical internacional. Al mismo tiempo el liberalismo económico y la globalización
perjudicaron a las organizaciones sindicales, generando una creciente pérdida de afiliados,
reduciendo su peso político y provocando graves problemas económicos. El acercamiento
entre la CIOSL y la CMT se debió, en buena medida, al reconocimiento de esta nueva realidad
y frente a ella, algunas viejas divisiones y antagonismos resultaban anacrónicos.
Como era de esperarse, el nacimiento de esta nueva central generó diversas reacciones, para
algunos se trataba apenas de la fusión de grandes aparatos internacionales con un enfoque
eurocentrista y de un impacto muy limitado a nivel de los trabajadores.
Otro sector mayoritario en el mundo sindical, evaluó este acontecimiento como algo
necesario, con una respuesta adecuada frente a la globalización política de las empresas y de
los mercados. Guy Ryder, Ex Secretario General de la Central Sindical Internacional (CSI),
calificó este acontecimiento como un “nuevo internacionalismo de los trabajadores” (Rudolf
Traub-Merz y Jürgen Eckl)
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Con este acontecimiento se puso fin a una división casi centenaria del movimiento de los
trabajadores a nivel mundial.
La historia del movimiento sindical internacional se caracterizó por intensos periodos de
división y oposición interna. A excepción de la efímera Asociación Internacional de
Trabajadores (AIT), primera internacional fundada por Carlos Marx (1864-1876), que fracasó
como resultado del conflicto ideológico entre su fundador y Bakunin, las alianzas
internacionales de trabajadores se organizaron, desde sus inicios, siguiendo dos orientaciones
diferentes. La CSI, de orientación socialdemócrata y socialista que se enfrentaba a la
Internacional Sindical Roja (ISR), fundada en 1921, cuyos orígenes se remontan a la
Revolución Rusa de octubre de 1917 y que crecía bajo la influencia del Comunismo.
Desde 1920 la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) intervenía
como tercera fuerza en estas competencias. En el marco de la lucha contra el Fascismo, las
tres confederaciones internacionales sindicales se acercaron, al punto de que, luego de la
segunda guerra mundial, parecía haber llegado el momento de fundar una internacional
sindical única. De este modo en 1945, se creó la Federación Sindical Mundial (FSM), pero las
Federaciones de Trabajadores Cristianos decidieron, en último momento, no integrarse a esta
iniciativa. De este modo, hasta el año 1949 existía una sola central internacional. En ese año,
bajo los influjos de la guerra fría, esta central se divide quedando en la estructura del FSM sólo
los sindicatos y federaciones adscritos al Partido Comunista y dando origen a la Confederación
Sindical de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).
El proceso de construcción de una nueva central mundial encontró al sindicalismo
latinoamericano en una situación difícil y contradictoria. Durante casi dos décadas, las
políticas de apertura de mercados, el achicamiento del estado, las privatizaciones, la
desregularización y la flexibilización laboral cambiaron profundamente los mercados de
trabajo. Uno de los efectos de estas políticas fue el incremento explosivo de la economía
informal, hoy más de la mitad de la población económicamente activa de América Latina
(56%), se ubica en el sector informal (Banco Mundial). Los niveles son aún mayores entre las
mujeres. Por sus características laborales, la economía informal tiene mucha dificultad para
organizarse sindicalmente. El panorama se torna más sombrío si se toma en cuenta que la
mayoría de los puestos de trabajos que se crean, se ubican en este sector.
Así tenemos que la fragmentación es una de las principales características del sindicalismo
latinoamericano. También la caída espectacular de la tasa de sindicalización debido a las
políticas aplicadas por muchos países de la región latinoamericana.
En el escenario de América Latina, las organizaciones más afectadas y comprometidas con
el acuerdo entre la CIOSL y la CMT en la creación de la nueva Central Mundial fueron las dos
organizaciones regionales: la Organizacional Regional Interamericana de Trabajadores
(ORIT), afiliada a la CIOSL, y la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT),
perteneciente a la CMT.
En el mes de marzo del 2008 en la ciudad de Panamá, se llevó a cabo el Congreso para
unificar a estas dos centrales (ORIT-CLAT). La ORIT contaba con 23 millones de afiliados y
la CLAT con 2 millones quinientos mil. De esta manera nace la Central Sindical de las
Américas (CSA).
La nueva Central Regional abarca todo el Continente Americano, incluyendo Norteamérica.
El proceso de unificación de estas dos centrales regionales no fue sencillo, ni estuvo libre de
contratiempos y contradicciones.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
No fue fácil armonizar a estas dos organizaciones que en años anteriores se disputaban
palmo a palmo la afiliación de centrales y sindicatos a niveles nacionales, pero la realidad
llevó a que se dejaran de lado discusiones ideológicas bizantinas y se tomara más en cuenta la
realidad política circundante.
El movimiento sindical de las Américas se encuentra en un proceso de franco retroceso que
se marca en la disminución de la tasa de sindicalización de sus miembros y en el poco
entusiasmo de los jóvenes en participar en las organizaciones sindicales. Este es uno de los
principales desafíos que debe afrontar esta nueva Central Sindical. También el proceso de
unidad primero a nivel mundial y luego a nivel regional debe alentar a las múltiples
organizaciones sindicales actuantes en el continente, a unificarse o a llevar al plano nacional la
unificación del movimiento sindical. En la actualidad la CSA cuenta con 59 centrales
nacionales afiliadas en 25 países de las Américas.
Esta última premisa, de la unidad de las confederaciones nacionales, podemos constatar que
no se cumplió, por el contrario a las muchas organizaciones ya existentes para el momento de
la creación de la CSA, se añaden otras que han nacido en éstos últimos años, en diversos
países de la región.
Así lo evidencian los casos de Argentina, donde conviven dos Confederaciones Generales
de Trabajo (CGT) y dos Centrales de Trabajadores (CTA) y de Centroamérica, región en que
las organizaciones se han multiplicado considerablemente. No obstante esta tendencia, hay dos
países de la región, en los que el movimiento sindical conserva la unidad: en Uruguay, el PITCNT se integran en una central nacional unitaria y en Bolivia, la Central Obrera Boliviana
(COB) se mantiene como central unitaria.
El caso Uruguayo (Rodriguez, s/f) es particular porque además de conservar el criterio de
unidad, se logró elevar considerablemente la tasa de sindicalización, alcanzando un 36% de su
población trabajadora, el mayor índice de afiliación de América Latina en la actualidad.
Recientemente se aprobó en el Parlamento Uruguayo la Ley de Negociación Colectiva por
rama, acordada por el gobierno y las organizaciones sindicales, esta medida sin duda fortaleció
el movimiento sindical de ese país. Lamentablemente no es el caso de Bolivia donde la otrora
poderosa COB ha perdido poder y afiliados.
4. Colombia y Venezuela: posiciones ideológicas diversas y políticas sindicales
similares.
Colombia
“La crisis del empleo asalariado, los cambios en las formas de contratación, las
restricciones normativas al derecho de asociación y en general la existencia de grandes trabas
al ejercicio de la libertad sindical, han excluido del diálogo social, en materia laboral, a la
mayoría de los trabajadores y trabajadoras colombianos. El gráfico siguiente presenta la
evolución de las tasas de sindicalización en Colombia entre el período 1945-2009. La época
donde un mayor porcentaje de la población ocupada llegó a pertenecer a un sindicato (13,8%),
fue a principios de la década de los setenta, en pleno auge del modelo de sustitución de
importaciones y cuando el país había consolidado una importante base industrial. A partir de la
década de los ochenta hubo un descenso drástico de esta tasa de sindicalización que continuó
en la década de los noventa con el proceso de apertura económica, aunque a menor ritmo. Esta
tendencia descendente no se ha interrumpido al punto que para 2009 se calcula que alrededor
de sólo un 4,5% del total de ocupados del país, se encontraba afiliado a un sindicato”.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Este debilitamiento de la densidad sindical, que ha continuado durante este siglo, ha
contribuido al estancamiento de los indicadores que hacen referencia a la cobertura de la
negociación colectiva.
Tasa de sindicalización en Colombia
(personas afiliadas a sindicatos/total de ocupados del país). 1945-2009
Fuente: Urrea (2011) con base en datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS).
A la escasa participación de los trabajadores en las actividades sindicales se suma el hecho
de la persistencia de la violencia contra sindicalistas. Según datos de la ENS (Escuela Nacional
Sindical), las violaciones a las libertades sindicales entre 2008 y 2009 pasaron de 763 a 707, lo
que equivale a una reducción porcentual del 7,3%. Cabe resaltar que los tipos de violencia más
graves, como los homicidios, los desplazamientos y las amenazas, se redujeron levemente en
los últimos dos años, disminuyendo su participación dentro del total de violaciones. Sin
embargo, los hostigamientos aumentaron de forma considerable.
Cuadro comparativo de violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas en
Colombia, según tipo de violación. 2008-2009
Tipo de violación
No.
de %
No.
de %
casos
casos
2008
2009
Amenazas
498
65,3
412
58,1
Desplazamiento forzado 154
20,2
129
18,2
Homicidios
49
6,4
47
6,6
Hostigamiento
19
2,5
53
4,8
Detención arbitraria
26
3,4
34
7,6
Atentado con o sin 8
1,0
18
2,5
lesiones
Tortura
3
0,4
7
0,6
Desaparición
5
0,7
3
1,0
Allanamiento ilegal
1
0,1
4
0,6
763
100
707
100
Total
Fuente: ENS (2010)
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la actividad
sindical en el mundo. A esto se suma una serie de obstáculos normativos y prácticos que
restringen seriamente el derecho de asociación y le impiden a los trabajadores, particularmente
a quienes no gozan de un contrato de trabajo tradicional, organizarse para reclamar sus
derechos. Hay una deuda pendiente por resolver con los trabajadores colombianos para
consolidar un diálogo social incluyente desde el cual puedan impulsarse los cambios
necesarios para lograr una mejor distribución del ingreso, generar aumentos en la
productividad, avanzar hacia relaciones laborales más armónicas y llevar la democracia a los
distintos espacios del mundo del trabajo.
La dimensión que más se ha visto afectada con el auge de las formas de inserción laboral, es
la del diálogo social. Con la reestructuración de empresas públicas se desmontaron muchas de
las conquistas logradas por los trabajadores a través de convenciones colectivas. El reemplazo
del personal de planta por formas contractuales donde el vínculo laboral es de fácil
terminación, deshabilita a los trabajadores para crear nuevos espacios de negociación. El
impulso dado por la administración del Ex Presidente Uribe a las denominadas Cooperativas
de Trabajo Asociadas (CTA) ha contribuido considerablemente al debilitamiento del
movimiento sindical.
Las relaciones de trabajo se han individualizado, la tasa de sindicalización ha descendido
continuamente a partir de la segunda mitad de la década de los setenta hasta alcanzar un 4,5%
del total de trabajadores (ENS, 2009) y la disminución de la representatividad de los sindicatos
ha cedido paso al protagonismo de otros actores, como la misma Corte Constitucional.
Ante este panorama, el trabajo, cualquiera sea su forma, debe volver a convertirse en un
factor de integración social. El reconocimiento de nuevos perfiles de trabajador y de nuevas
subjetividades en el mundo del trabajo debe guiar la reconstrucción de un sindicalismo más
incluyente y menos hostigado por el entorno social y político
Venezuela
Una de las características del movimiento sindical venezolano, era su extrema polarización.
Según la publicación del Consejo Nacional Electoral (CNE) a finales del año 2001 se
registraron un total de 2.974 organizaciones sindicales de las cuales 2.871 cumplieron los
requisitos para llevar a cabo procesos electorales. Al mes de julio del 2010, según informes de
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social (MINPPTRASS), existen
alrededor 6.200 organizaciones sindicales registradas. Esta política estaría siendo alentada
desde el gobierno.
La tasa de sindicalización que en año 1974 alcanzaba el 40% de la población sindicalizable,
ha disminuido en forma abrupta. Para tener una apreciación cuantitativa, tenemos que para
julio del 2010, las tasas de sindicalización en Venezuela no sobrepasa al 11% y, en referencia
al sector privado, la tasa de sindicalización está por debajo de este promedio. Analizando estas
cifras, tenemos una combinación perversa: mayor cantidad de organizaciones sindicales
actuantes y menor cantidad de afiliados a estas organizaciones. Ante esta realidad podemos
afirmar que el movimiento sindical venezolano está en la etapa más crítica de su historia. La
dispersión y fragmentación de las organizaciones sindicales se da a todo nivel, en las
organizaciones de primer grado (sindicatos), segundo grado (federaciones) y tercer grado
(confederaciones).
A niveles de confederaciones contabilizamos siete organizaciones de tercer grado: CTV,
CODESA, CGT, CUTV, UNT, ASI y la muy reciente CENTRAL SOCIALISTA
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
BOLIVARIANA DE TRABAJADORES. También existe la denominada, Mesa Constituyente
Sindical, que podría ser el embrión de una octava organización sindical. El panorama sindical
de la Venezuela de estos días no puede ser más desalentador.
5. Políticas del Gobierno Nacional que favorecieron la extrema polarización del
Movimiento Sindical Venezolano.
La intervención en la vida del Movimiento Sindical ha sido una constante en la legislación
laboral venezolana. En 1936, la ley contenía disposiciones muy rigurosas para evitar que los
sindicatos participasen en política o se inspirasen en doctrinas marxistas. En el reglamento de
la ley de 1974 se reguló el derecho de huelga, tratando de evitar que los trabajadores pudiesen
ejercerlo. Durante la vigencia de los artículos reglamentarios no hubo huelga legal en el país.
Otro antecedente de carácter intervencionista es la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, que
impone la obligación de rendir cuenta anual ante la asamblea. Si el dirigente no lo hace, no
puede ser reelecto, contemplando sanciones.
Las razones del tratamiento del movimiento sindical como parte de la estructura estatal se
explican por el tipo de sistema político que existía. Algunos estudiosos del acontecer sindical
calificaron esta relación entre el Estado y los sindicatos como un “neo-corporativismo”. El
Estado reconocía a la CTV como el representante de los trabajadores y les daba participación
en la toma de decisiones estatales que afectasen a los asalariados. El Movimiento Sindical por
su parte se comprometía a mantener la paz laboral y a canalizar sus peticiones a través del
aparato estatal. El Movimiento Sindical construyó su “propia bancada” parlamentaria y en
temas laborales impulsaba las reformas.
Durante muchos años ese tipo de relación dio frutos para los trabajadores, pero con el
tiempo la estrecha vinculación con los partidos los convirtió más en dirigentes políticos
partidistas que sindicales.
A pesar de la dependencia hacia los partidos, sobre todo cuando el partido estaba en el
gobierno, el Movimiento Sindical siempre mostró grados de independencia. El paro contra la
política económica de Carlos Andrés Pérez (1989) y diversas huelgas en la administración
pública son muestra de ello. Pero la subordinación a los partidos políticos quedó de manifiesto
en varias oportunidades.
La aprobación del famoso “paquete económico”, por parte de los diputados de la bancada
sindical (1989) mostró la alta subordinación a la línea del partido, pues el movimiento obrero
organizado se había opuesto públicamente a dichas leyes.
El actual gobierno nacional al asumir el poder en el año 1999, una de sus principales
propuestas política fue redactar una nueva constitución nacional, con el objetivo de “refundar”
la república. Esta nueva constitución promulgada el 17 de noviembre de 1999, en su artículo
293 numeral 6, faculta al estado, a través del CNE, a intervenir en los procesos electorales de
las organizaciones sindicales vulnerando de esta manera al principio de la libertad sindical y
facultando al poder ejecutivo nacional a intervenir en los procesos internos de las
organizaciones sindicales.
Esta disposición además de ser abiertamente intervencionista, alienta a la creación de
sindicatos afectos al gobierno donde se les facilita y convalida procesos electorales y
referéndum sindicales, mientras que por otro lado se dificulta la realización de procesos
electorales a las organizaciones no afectas al gobierno de turno.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
En esta disposición constitucional podemos encontrar el origen de esta “explosión” de
sindicatos paralelos en el actual periodo de gobierno.
Como lo explican en forma acertada las investigadoras del CENDES, C. Iranzo y J. Richter,
la estrategia del gobierno es doblegar las organizaciones de la sociedad civil que se pudiesen
convertir en una interferencia para el manejo pleno del poder. Con respeto a los sindicatos la
estrategia empleada fue la siguiente:
El control desde afuera del movimiento sindical: que consistía en la intervención de los
sindicatos (ejemplo la Federación Campesina de Venezuela), a la cual se le expropió su
sede y se le intervinieron sus cuentas bancarias. Otra medida que golpeó a las
organizaciones sindicales del sector público, fue la de prohibir el descuento de la cuota
sindical por nómina.
El control desde adentro del movimiento sindical, fue otra de las tácticas empleadas, ante
la conciencia de que había fracasado en su intento de destruir la CTV desde afuera, opta
por participar a través del Frente Bolivariano de Trabajadores, en el proceso de
elecciones internas de esta central. La plancha del FBT tuvo un pobre desempeño en el
proceso electoral cetevista, y finalmente optó por desconocer el proceso y boicotear los
resultados finales.
El desconocimiento de la CTV como actor, fue el siguiente paso empleado por el
gobierno. Para llevar adelante este proceso se utilizó principalmente al Ministerio de
Trabajo qué empleaba acciones “disuasorias” sobre las organizaciones sindicales,
negándose a recibir reclamos o gestiones de cualquier organización sindical que
estuviese identificada con la central, y a la vez comenzando un proceso de inscripción
indiscriminada de nuevas organizaciones sindicales.
El desmantelamiento del Movimiento sindical desde abajo es otra de las tácticas
empleadas para debilitar el Movimiento Sindical. Esta táctica es más difícil de ser
enfrentada por el movimiento sindical porque cuenta con el apoyo del denominado
“poder popular”.
Después que el gobierno nacional abandonara la promoción del cooperativismo, que tuvo
su apogeo en el período comprendido entre los años 2000 y 2007, con la aprobación del “plan
socialista 2007-2013”, la orientación cambió y el presidente “descubrió” que las cooperativas
eran un “instrumento del capitalismo” y que no correspondían al ideal del “socialismo del
siglo XXI”. A partir de esta nueva orientación política se empezaron a promocionar las
Empresas de Producción Social (EPS) para administrar las empresas expropiadas, que según la
organización empresarial FEDECAMARAS en lo que lleva de mandato el actual presidente,
ya suman alrededor de 1000 entre empresas nacionales y transnacionales.
Las condiciones laborales de este tipo de empresa son similares a los del trabajo informal:
ausencia de protección social, de estabilidad y bajas remuneraciones.
Adicionalmente el gobierno ha impulsado figuras o instituciones que debilitan el
movimiento sindical tales como, los Consejos de Trabajadores, los Delegados de Seguridad,
las Patrullas y Milicias Obreras.
Encontramos similar la estrategia del Gobierno Nacional a las empleadas en Colombia por
el ex Presidente Uribe con el impulso de las denominadas CTA que debilitan estructuralmente
al movimiento sindical. Como se puede observar dos gobiernos de ideologías opuestas,
coinciden en un objetivo: debilitar al movimiento sindical.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
La criminalización de la protesta: 200 dirigentes sindicales tienen causas penales abiertas y
tienen régimen de presentación. El clima de violencia e inseguridad que afecta al sindicalismo
que ha cobrado la vida de 250 dirigentes sindicales entre los años 2005 y 2011 (información
PROVEA) víctimas del sicariato o muerte por encargo.
Este cuadro regresivo vuelve a asimilarse a lo que acontece en Colombia.
6. A manera de Conclusión.
El Movimiento Sindical Venezolano vive una etapa crucial, de su actitud depende su
sobrevivencia.
La prioridad del Movimiento sindical debe ser la unidad de acción, en la lucha por objetivos
clasistas, como por ejemplo, la defensa y la ampliación de la contratación colectiva, la defensa
de la libertad sindical, tan acosada en estos tiempos, el libre derecho a la agremiación, la
defensa a la obtención de un trabajo decente, una organización sindical independiente y
autónoma de patronos públicos y privados, partidos políticos y gobiernos de cualquier signo.
Desechar el rol político partidista que se les asignó a las organizaciones sindicales en los
últimos años, distinguir y priorizar el rol clasista de las organizaciones sindicales por sobre el
rol político partidario.
Diferenciar con claridad el rol de dirigente sindical al del dirigente político, aclarando que
no se quiere un dirigente “apolítico” sino un dirigente que priorice lo sindical a lo político
partidario, se pretende un dirigente y una organización sindical “socio-político” no político
partidista.
El movimiento sindical debe tener como tarea prioritaria la unidad de acción, no será
posible pensar un movimiento sindical fortalecido, con una tremenda dispersión organizativa.
Aferrarse a viejas estructuras organizativas, que en el pasado pudieron haber sido útiles no
tiene sentido porque la realidad las dejó (para bien o para mal) atrás.
Como decía el viejo Aristóteles “la realidad es la única verdad”.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Regulación jurídica de las organizaciones de trabajadores a
propósito de la reforma de la ley del trabajo
Francisco José Iturraspe98
1. El ámbito de lo colectivo en el derecho del trabajo
a) La regulación sindical venezolana, como veremos en este trabajo, es excesivamente
reglamentarista: muchas normas aún vigentes provienen de etapas pretéritas al desarrollo de
nuestro Derecho Colectivo. Nuestras normas legales y en especial las reglamentarias y las
prácticas administrativas, así como nuestra cultura sindical son excesivamente
“regimentadoras” de la vida sindical, como parte de un modelo e ideologías sindicales de
fuerte contenido estatista y escasa tradición de autonomía (Iturraspe, 1993).
Las propuestas de reforma laboral en algunos casos, en lugar de seguir los principios de
autonomía establecidos por la normativa internacional del trabajo parecen mantener y hasta
acrecentar el esquema de hiperegulación. Un Código del Trabajo adaptado a los
requerimientos de la Venezuela de hoy debería eliminar la pesada normativa heterónoma
existente y dar paso de la autonomía sindical, la autodefensa y la autoregulación, evitando la
repetición de las normas constitucionales e internacionales y centrándose en las garantías
concretas de la libertad sindical, fundamento de un Estado social democrático como el
propuesto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante CRBV).
Hemos señalado la contradicción de los años 80 y 90 en Venezuela cuando se comienza,
por un lado, a proponer la “flexibilización” del Derecho Individual del Trabajo y la
rigidización del Derecho Colectivo y, en especial, de la huelga. Un nuevo modelo de
relaciones de trabajo deberá considerar al trabajador como ciudadano de la empresa y al
sindicato como órgano autónomo dentro de un esquema de autonomía colectiva que podrá
compartir con otras organizaciones sociales.
b) La doctrina iuslaboralista distingue dos grandes ámbitos del Derecho del Trabajo
sustantivo:
- el individual, que regula las relaciones nacidas de los contratos de trabajo, su celebración,
las condiciones de trabajo, su extinción y la estabilidad del trabajador, y
- el relativo a las relaciones colectivas, que comprende tradicionalmente, como materias
fundamentales, una trilogía de instituciones integrada por:
a) el derecho de sindicación y la organización de las agrupaciones de trabajadores y
empleadores,
b) la negociación y las convenciones colectivas y
98
. El presente trabajo ha sido tomado de un texto del autor exegético del Título VII de la Ley Orgánica del Trabajo y
reformulado en homenaje al Profesor José Ignacio Urquijo (SJ) como modesta retribución a sus múltiples enseñanzas en tres
décadas de amistad y camaradería.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
c) los conflictos colectivos, sus mecanismos de solución y los medios de autodefensa
entre los que destaca el derecho constitucional de huelga.
Recientemente se añaden nuevos tópicos como:
a) la participación de los trabajadores en la gestión,
b) la concertación social y el tripartismo.
c) los consejos de trabajadores
En conjunto, este es el campo de la regulación actual entre nosotros de las normas del
Derecho Colectivo del Trabajo.
La normativa constitucional de 1999 (CRBV), regula el Derecho Colectivo dentro del
Capítulo V “De los derechos sociales y de las familias”.
Ha sostenido Zulueta (2006, p.13) que en esa regulación, el “sujeto trabajador” encuentra
“más que la proclamación de un catálogo de derechos individuales y colectivos (…)” un modo
de regulación de estar en sociedad y de participar en tanto que ciudadano en la procura de una
mayor igualdad social (…)”.
Dentro de esta concepción los trabajadores y sus organizaciones son sujetos protagónicos de
las metas constitucionales establecidas en el Título I “Principios fundamentales” entre las que
ponemos de relieve la idea de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. Esta idea
de Estado requiere para su desarrollo de la existencia y la consolidación de organizaciones
propias no solamente de los trabajadores, sino de las “partes sociales” en sentido amplio.
Por ello nuestra Constitución, establece las normas fundamentales que garantizan la libertad
sindical (art. 95, primera parte), la democracia sindical (art. 95, segunda parte), la negociación
colectiva, la promoción de las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales
(art. 96) y el derecho de huelga (art. 97).
La Ley Orgánica del Trabajo (en adelante LOT) regula el Derecho Colectivo en el Título
VII que lleva, por primera vez en nuestra historia legislativa, esa denominación. A diferencia
de la anterior Ley del Trabajo de 1936 las tres principales instituciones que tradicionalmente
conforman esta rama del Derecho del Trabajo están agrupadas bajo el mismo título con unas
normas generales comunes. Además existen normas del campo colectivo, en cuando a la
representación de los trabajadores en la gestión (Título X) u otros aspectos relacionados a lo
largo de todo el articulado.
Las relaciones colectivas según De Ferrari (1971, p.3) derivan de la práctica de obrar
conjuntamente, de la necesidad de actuar en forma colectiva a que se ha visto obligado el
trabajador en el actual sistema de producción; son una consecuencia de los procesos
tecnológicos, de la transformación del pequeño obrador doméstico de antaño, en un complejo
fenómeno de convivencia profesional, de las formas colectivas de trabajo, de la forma que ha
adoptado la organización de la clase obrera en la economía capitalista y de la necesidad que el
sindicalismo ha experimentado, después de organizado, de utilizar el poder grupal para
conseguir una justa regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo.
Este origen del Derecho Colectivo permite explicarnos con claridad como los nuevos
cambios tecnológicos, tanto en la tecnología física como social u organizativa, producen
transformaciones en la esfera de la regulación jurídica de las relaciones de trabajo en general y
en el propio Derecho Laboral.
El Derecho Colectivo, que algunos autores de gran importancia en nuestro campo como
Mantero (1998), Ojeda (1980) o Carinci (1987), llaman también Derecho Sindical, aunque
podría reservarse esta denominación solamente a la regulación de la institución sindical, no es
una rama autónoma sino una parte del Derecho del Trabajo, aunque no una <<segunda parte>>
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
o un apéndice del Derecho Individual. Por ende, se les aplican los principios <<generales>>
del Derecho del Trabajo, y en especial entre ellos el principio protector. Pero a estos principios
generales se le suma, como sostiene Ermida (1990), un principio propio absolutamente
esencial: el de libertad sindical.
2. La idea de libertad sindical y las normas que la regulan
La idea de libertad sindical comprende, a su vez, tres conceptos fundamentales:
a) el de autonomía sindical (libertad de constitución, autorregulación, desarrollo y
estructura de las organizaciones),
b) el de autonomía colectiva (facultad de las partes sociales –trabajadores y patronos y
las organizaciones que ellos constituyan- de regular sus relaciones creando normas
jurídicas que Pla (1975) denomina derecho profesional o <<extraetático>> concretado
en los convenios colectivos y normas emanadas de los órganos tripartitos o paritarios),
c) el de autotutela (potestad del colectivo laboral de proteger por sí mismos sus
intereses mediante la acción también colectiva del cual el ejemplo más destacado es el
derecho de huelga).
Sin embargo, como veremos más adelante, la aplicación de esta idea de autonomía ha sido
mediatizada, entre nosotros y en muchos otros países, por un largo ejercicio de injerencia de
los partidos políticos y del Estado en la vida de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, en detrimento de una representación real en las propias organizaciones,
generándose en ocasiones una burocracia ligada a los intereses gubernamentales en detrimento
de los trabajadores.
Por ello, junto a la libertad sindical, la CRBV incorpora la idea de democracia sindical,
como fundamental para la regulación de nuestras instituciones colectivas.
En la legislación Venezolana el Derecho Colectivo del Trabajo es regulado en la
Constitución, en los Tratados Internacionales y convenios del Trabajo ratificados (en especial
los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo- OIT) y en la LOT y otras
leyes globales, aplicables a todas las ramas de la producción y los servicios, como la Ley
Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (en adelante
LOPCYMAT) o sectoriales como el Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica de
Educación, etc.
Junto a estas disposiciones legales encontramos a las normas emanadas de las propias
partes sociales en ejercicio de la autonomía colectiva (que constituyen un importante número
de normas de Derecho profesional contenidas fundamentalmente en los centenares de
convenios colectivos que se acuerdan anualmente) y en regulaciones autónomas emanadas de
las organizaciones sindicales ejerciendo su facultad de autorregulación (que se manifiestan en
los Estatutos sindicales y las resoluciones de los cuerpos orgánicos de la estructura sindical
como la Asamblea –en los sindicatos- los Congresos –en las federaciones y confederacioneslas juntas directivas etc.).
Sin perjuicio de la libertad sindical (establecida en el artículo 95 primera parte de la CRBV)
y de la facultad de autorregulación (contenida en el Convenio 87 de la OIT, que integra, entre
nosotros, el “bloque de constitucionalidad” de acuerdo al artículo 23 constitucional), la propia
Constitución –concordante con la idea de democracia sindical establecida en la segunda parte
del mencionado artículo 95- otorga al Poder Electoral la facultad de “organizar las elecciones
de sindicatos, gremios profesionales (…) en los términos que señale la ley” (art. 293 numeral
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
6). Por ende, forman parte de nuestra actual regulación sindical las normas dictadas por el
Poder Electoral, siempre y cuando –de acuerdo al artículo 8 del Convenio 87- no menoscaben
las garantías del Convenio citado. Por ende, el principio general debe ser el de la autonomía, y
la intervención de los órganos del Estado – como el CNE - debe respetar esa autonomía.
Completando el cuadro normativo encontramos las normas reglamentarias y un conjunto de
normas de carácter sub legal emanadas del Poder Ejecutivo, de acuerdo –y dentro de las
limitaciones- de las facultades otorgadas por la Constitución de la República (art. 236 numeral
10) y la LOT (art. 13, 22, etc.).
Para el estudio del Derecho Colectivo es indispensable, como primer paso, la lectura
detenida de esta normativa y su jerarquización de acuerdo al lugar que ocupa dentro de la
pirámide jurídico-laboral, tanto la establecida en la Constitución y las Leyes como en las
normas internacionales y las emanadas de la autonomía colectiva (convenios colectivos) como
de la autorregulación (Estatutos y resoluciones de las Asambleas u órganos sindicales con
facultades regulatorias). Recomendamos, pues, recopilar las normas y tenerlas siempre a mano
para el estudio de la materia.
3. Contenido y finalidad de la regulación en la LOT.
Comenzaremos estudiando las Disposiciones Fundamentales que integran el Capítulo
Primero del Título VII, muchas de las cuales repiten normas constitucionales. El derecho de
sindicación, generalmente denominado entre nosotros sindicalización, está garantizado para
trabajadores y patronos en el artículo 397 como un <<derecho inviolable>>. El mismo artículo
declara, en obediencia al artículo 91 de la Constitución, la autonomía sindical para las
organizaciones de diverso grado. Asimismo se impone a los sindicatos la protección especial
del Estado para el cumplimiento de sus fines.
La autonomía colectiva derivada del <<derecho a negociar colectivamente>>, consagrado
constitucionalmente en el artículo 90 y por el Convenio 98 de la OIT, está atribuida por el
artículo 396 a los trabajadores y patronos, y a las organizaciones que ellos constituyan. Ahora
bien, el artículo 398 establece la preponderancia de las normas producidas por la autonomía
colectiva, al señalar que las convenciones colectivas de trabajo <<prevalecerán sobre toda otra
norma, contrato o acuerdo, en cuanto beneficien a los trabajadores>>. Asimismo se
fundamenta una parte esencial del efecto expansivo de estas convenciones o su carácter de
norma general dentro de su ámbito de aplicación al ordenar que <<Se favorezca su extensión a
los trabajadores no incluidos en las organizaciones que las celebren>>.
En el campo de los conflictos, siguiendo al artículo 92 de la Constitución, la LOT atribuye
el derecho de huelga a los trabajadores (art. 396, última parte). También garantiza, sin
menoscabo del derecho de huelga, el derecho a <<solucionar pacíficamente los conflictos>>
(art. 396 –y artículo 90 de la Constitución-) y señala que las autoridades se esforzarán en
facilitar y estimular esa solución pacífica de los conflictos laborales (art. 399).
En cuanto a las finalidades del Derecho Colectivo la LOT reproduce el principio protector
establecido en la Constitución (artículos 89 y siguientes) al normar que <<se favorecerán
armónicas relaciones colectivas entre trabajadores y patronos para la mejor realización de la
persona del trabajador y para mayor beneficio del mismo y de su familia>> agregando de
inmediato <<así como para el desarrollo económico y social de la nación>> (art. 396, primera
parte) como ingrediente teleológico diferente lo que, sin duda, dará lugar a interpretaciones
polémicas por lo discutido del término <<desarrollo>> en sus proyecciones jurídicas.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
En realidad, en nuestra cultura empresarial e incluso para muchos académicos, periodistas y
“opinadores” hay una contradicción entre el ejercicio de los derechos colectivos y el desarrollo
económico. Existe la creencia que en la pequeña empresa la sindicación y la contratación
colectiva <<arruinan>> la posibilidad de progreso y consolidación de estas unidades
productivas. También en las grandes empresas y en muchos gerentes públicos, incluso de
empresas nacionalizadas, predominan prejuicios antisindicales arraigados.
Caire (1997), sostiene y prueba que se trata de un falso dilema. Por el contrario, cada vez es
mayor el consenso entre los expertos por el cual es imposible el desarrollo económico sin la
justicia social. Uno de los problemas fundamentales de la economía venezolana de la última
parte del siglo XX era la caída del salario real que repercute en la estrechez de los mercados en
una especie de círculo vicioso del subdesarrollo.
La imposibilidad de negociar colectivamente los salarios en la mayor parte del mercado de
trabajo trae como consecuencia la necesidad de la intervención del Estado para evitar la
recesión económica y el aumento de la marginalidad, así como el desarrollo de políticas
paternalistas por parte de los gobiernos.
La falta de desarrollo de los derechos colectivos y las prácticas asistencialistas y clientelares
son dos caras de una misma moneda: el subdesarrollo social.
4. Los problemas de la aplicación de las instituciones del derecho colectivo.
La situación planteada en el Parágrafo anterior pone en entredicho, en la práctica, la
veracidad y efectividad de los derechos declarativamente atribuidos a los trabajadores y sus
organizaciones y la sinceridad de la doctrina <<iuslaboralista>> y ha puesto en peligro de
retroceso a todo el Derecho Colectivo en general. Desde hace tiempo, la Organización
Internacional del Trabajo (1992) ha alertado que <<también se puede recurrir a la legislación
para restringir la libertad de acción sindical en otras formas, por ejemplo especificando las
condiciones en las cuales puede haber huelgas o prescribiendo el modo en que deben actuar las
organizaciones>>. Alfonzo (1987, p.244) ha manifestado la preocupación <<por la inocultable
decadencia de la contratación colectiva en el país>>.
Esto forma parte de lo que Ermida (1991, p.9) denomina la <<brecha existente entre la
legislación reglamentarista y la realidad social que ella pretende reglar>>.
El Derecho Colectivo, pues, debe ser estudiado teniendo en cuenta los múltiples factores
que inciden en su aplicabilidad real, más que mediante una repetición abstracta de sus
principios y una memorización de su normativa.
5. Los sindicatos y su regulación jurídica
<<Mucha gente estima que el mejor modo de defender sus intereses consiste en agruparse.
Tanto los sindicatos como las organizaciones de empleadores, las cooperativas o las
asociaciones populares han reivindicado siempre el derecho a actuar y negociar a nombre de
sus miembros>> (OIT, 1992, p. 9).
El sindicalismo constituye uno de los fenómenos sociales económicos y culturales de mayor
interés dentro de la sociedad contemporánea. Su nacimiento y desarrollo, sus crisis, reflejan
como pocas otras instituciones los grandes cambios sociales.
Desde el punto de vista de los objetivos del Derecho del Trabajo, el sindicato es un
instrumento fundamental para dar respuesta a la desigual relación económica y jurídica que el
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contrato de trabajo establece entre el patrono y el trabajador. Junto a las regulaciones de orden
público del contrato de trabajo, para establecer garantías mínimas irrenunciables, el Derecho
del Trabajo, para paliar esa desigualdad de poder existente entre el empleador y los integrantes
de la fuerza de trabajo, estimula la autoorganización y la acción colectiva de los trabajadores.
Y para que las relaciones colectivas tengan un interlocutor válido a nivel social y jurídico, hace
lo propio con las organizaciones de empleadores.
Cualquiera sea el enfoque que se tenga del sindicalismo parece evidente que <<bajo las
actuales condiciones, vigentes los actuales sistemas de organización social y económica,
resulta indispensable el reconocimiento y la adecuada protección del derecho a la libertad
sindical para que el individuo pueda aspirar a vivir conforme a su condición humana>>
(Jimenez, 1980).
Esta necesidad, sin embargo, no implica en forma automática un reconocimiento de la
importancia vital del sindicato para importantes sectores que, como hemos visto, consideran al
sindicato como un enemigo del desarrollo económico y del libre mercado, e incluso, desde
desarrollo económico “socialista”.
6. Etapas.
La regulación jurídica del sindicato comienza con la prohibición legal de las agrupaciones
de trabajadores surgidas como reacción defensiva frente a las condiciones de extrema
explotación de las etapas iniciales del capitalismo signadas por la acumulación mediante
métodos, incluso violentos, para regimentar la fuerza de trabajo y asegurar mercados. Tanto la
asociación sindical como la huelga eran penalizadas en esta etapa.
La segunda etapa es la denominada de la tolerancia por la cual, los patronos y el Estado y la
normativa jurídica, sin llegar a reconocer la libertad sindical, ya no consideran un delito la
organización de trabajadores y hasta negocian con ella en un terreno sobre todo fáctico.
En la tercera etapa el derecho de sindicación pasa a convertirse en un derecho humano
fundamental reconocido incluso constitucionalmente y con un sistema de protección no solo
nacional sino internacional.
En diversos países en las últimas décadas del Siglo XX - y paradójicamente coexistiendo
con las tendencias neoliberales que buscan reprimir y destruir al sindicato - parecería existir
un proceso de estatización del sindicalismo, que pasa a convertirse <<de facto>> y mediante
un esquema legal <<proteccionista>> en una estructura del Estado. Podría, desde este punto de
vista, señalarse una nueva etapa neocorporativa, en la cual el Estado no solamente regimenta
jurídicamente al sindicato, sino que se convierte en su principal fuente de financiamiento, se le
otorgan privilegios legales y materiales y funciones dentro de la propia acción del Estado, en
detrimento de su autonomía y conformando aparatos político-sindicales y burocracias que se
van distanciando social y políticamente de las bases de trabajadores y asimilándose a las elites
del poder. (Hemos estudiado este fenómeno y su evolución entre nosotros en el Libro
Homenaje de Fernando Parra Aranguren, S/F).
7. Intervención del estado y modelo venezolano de los sindicatos de
trabajadores
A pesar que la reciente LOT repite en su texto las declaraciones constitucionales y de los
tratados internacionales, su sistema normativo refleja la tradición de fuerte intervención
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
estatal en la vida sindical y la escala demanda de autonomía de las propias organizaciones
sindicales de trabajadores. Este escaso desarrollo de la ideas de libertad sindical en la sociedad
civil en general y en las organizaciones de trabajadores en particular constituye uno de los
rasgos más destacados de la práctica de las relaciones laborales dentro de una peculiar
inserción de los sindicatos en el sistema político venezolano.
Los sindicatos en especial los de trabajadores tienen una relación muy estrecha con el
Estado (Salamanca, 1988). Este fue el proceso que sufrió el sindicalismo mayoritario oficial
predominante hasta fines del siglo pasado, con los partidos políticos que se habían turnado
durante treinta años en el ejercicio del poder. Las grandes organizaciones sindicales nacionales
y subsidio dentro del presupuesto del Estado para el pago de sus gastos de funcionamiento y
salario de los dirigentes profesionalizado (que simultáneamente eran dirigentes políticos de los
partidos mayoritarios).
Asimismo, esta dirigencia sindical de cúpula había conformado un poderoso grupo
económico (BTV, CORACREVI, etc.), fundamentalmente a partir de subsidio del gobierno,
cuyos manejos económicos y financieros han sido cuestionados reiteradamente en el marco de
una imagen general de corrupción que proyectaba la clase política, empresaria y hasta las
instituciones militares del país.
Esta especial relación política, social y económica entre los estados superiores de la
dirigencia sindical y el aparato del Estado se institucionalizaba a través de mecanismo como la
designación de Directores laborales en las empresas del Estado e instituciones públicas
nombrado exclusivamente (hasta la sanción de la LOT en 1990) por la cúpula sindical política
y en la existencia de un gran número de los llamados “legisladores obreros” en los partidos
mayoritarios.
Los escasos programas de radio y televisión sindicales tenían abundante y casi exclusiva
publicidad estatal y de las empresas sindicales. Como dato curioso, y significativo de esta
tendencia, podemos señalar que en 1990, por primera vez en su historia, la directiva de la CTV
fue juramentada por el Presidente de la Republica.
Las relaciones de gran parte de la dirigencia regional con las estructuras estatales y
partidaria, en cambio, presenta un grado de complejidad menor y en ocasiones podrían
asimilarse a un esquema de clientelismo clásico con excepción de las zonas de mayor
desarrollo de las empresas del Estado.
Este panorama sería incompleto si no mencionáramos un importante número de dirigentes y
delegados sindicales de empresas que no participaban de las características antes señaladas y
de una dirigencia sindical “contestataria” que han desarrollado con avances, retrocesos y
contradicciones una significativa experiencia. Sin embargo no podemos dejar de mencionar
que aún en esta dirigencia, y en los sectores de trabajadores que la elige y apoya, la idea de
libertad sindical no parecería tener un gran desarrollo (si, en cambio, la democracia sindical) y
el hecho que los dirigentes de algunos de estos grupos lo más exitosos derivan su militancia
sindical a la política y pasan a ocupar cargo legislativo y ejecutivo en las administraciones
estadales y locales.
Esta característica de la dirigencia sindical debe completarse con las presiones relativa al
modelo de organización que han adoptado los sindicatos de trabajadores y al grado de
participación y control de las bases en la estructura actualmente vigente que señalaremos más
adelante al hablar de la tipología sindical.
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Las normas que estudiaremos rigen, pues, a un movimiento sindical concreto, aplicación de
la legislación y reglamentación sobre los cuales ejerce una poderosa impronta, incluso en la
designación de los cargos burocráticos de diferentes niveles.
Inversamente, las normas de derecho sindical autónomas y estatales, tienden a mantener un
modelo sindical que históricamente se explica para permitir en los inicios de la democracia, en
los últimos años de la década de los cincuenta, la acumulación y la inversión dentro de un
esquema de fuerte intervención del Estado, con la creación de importantes grupos económico
vinculados a éste y el fortalecimiento de los partidos políticos con un esquema clientelar, en el
marco de un sistema político bipartidista.
Los cambios económicos y sociales de los últimos años y la creciente deslegitimación que
ha sufrido el sistema democrático abren un cuadro de interrogante ante la posible
disfuncionalidad, en relación al sistema de relaciones laborales, del modelo sindical, de la
dirigencia que lo expresa y de las norma que lo rigen, preservan y hacen posible.
El desarrollo de los procesos, el de reconversión industrial y económica y de reforma del
Estado tendrán lógicos impactos tanto en el movimiento sindical como en la norma que lo
rigen, así se puede hablar de una hipótesis optimista con un resultado posible: una menor
influencia del Estado en la práctica sindical, lo que permitiría un mayor arraigo ideológico de
la idea de libertad sindical, y un cuestionamiento de la normativa y práctica estatal
neocorporativa.
8. Fuentes estatales de regulación de los sindicatos.
Las fuentes estatales (que llamaremos heterónomas) de regulación de los derechos
sindicales constituyen en Venezuela un complicado y frondoso conjunto de normas por la
cuales el Estado, en forma detallada y minuciosa, regula la etapa previa a la constitución de los
sindicatos, su organización, su funcionamiento, su asambleas, sus estatutos, sus finanzas, su
programa de acción, sus finalidades, la elección de sus autoridades, su disolución, sus
relaciones con los afiliados y con el propio Estado etc. Solamente uno de los cuerpos legales
emanados del Estado, la LOT, dedica más de setenta artículos a la regulación exclusiva de la
actividad sindical, sin tener en cuenta otra gran cantidad de artículos que rigen la acción de las
organizaciones de trabajadores en las negociaciones, los conflictos y la participación y las
muchas normas reglamentarias y sublegales, muchas veces violatorias del espíritu, propósito y
razón de la normativa internacional, constitucional y legal.
Esta regulación estatal, aunque aparentemente se dirige, sin distinción, a las organizaciones
de trabajadores y empleadores, únicamente se aplica a las primeras, toda vez que, como
veremos más adelante, las Cámaras y asociaciones que agrupan a los patronos no se registran,
salvo muy escasas excepciones; y, ni el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo u otra
autoridad, le exigen para la negociación colectiva o para ninguna otra función que adopte la
forma sindical, que se atengan a los rigurosos requisitos que la LOT. Las prácticas
administrativas aplican a los sindicatos de trabajadores.
Siguiendo la pirámide jurídica encontramos que las primeras de las fuentes estatales de
regulación es la constitución que establece, además de la autonomía sindical y la reserva legal
para su regulación estatal o heterónoma, el derecho de la negociación colectiva, de huelga y el
fuero sindical que protege a los promotores y dirigentes sindicales.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Las normas constitucionales constituyen un marco adecuado para el desarrollo de las
normas autónomas y estatales estableciendo, como veremos más adelante, una esfera de
reserva legal para el desarrollo de estas últimas.
Ya hemos señalado que Venezuela ha ratificado tanto la Declaración Universal de los
Derechos Humanos como los convenios Internacionales del Trabajo (en especial los 87 y 98)
referidos a la libertad sindical.
En la Ley de Trabajo de 1836 se regulaba detalladamente la vida sindical en ocasiones en
forma contradictoria con la libertad sindical y con los posteriormente ratificados convenios
internacionales, produciéndose un conflicto de normas que resolvía teóricamente en favor de la
vigencia de la norma internacional que era considerada operativa por jurisprudencia
administrativa y la mayor parte de la doctrina.
Sin embargo en la práctica cotidiana, sobre todo de las Inspectorías del Trabajo, la
interpretación era por demás estrecha y los Convenios, sobre todo los 87 y 98, desconocidos en
muchos aspectos.
En el sector público la normativa diferenciaba a los obreros al servicio del Estado (que se
regían por las normas de la ley del Trabajo al igual que los trabajadores del sector privado), de
los empleados o funcionarios públicos que tenían una regulación restrictiva que los obligaba a
registrar sus sindicatos separadamente, organizarlos de acuerdo a los cánones de una
reglamentación especial que trataba de obstaculizar el derecho de negociación colectiva y
huelga que sin embargo estos trabajadores ejercitaba tácticamente. La LOT en su artículo 8, en
una regulación ratificada por la Constitución, por el contrario, establece que los funcionarios o
empleados públicos que desempeñen cargo de carrera, tendrán derecho de negociaciones
colectiva, a la solución pacifica de los conflicto y la huelga (…)
9. El papel de las normas autónomas
La LOT legisla, en su artículo 60, las fuentes dentro del capítulo V de la aplicación de las
normas jurídicas en materia del trabajo en el Titulo l de las normas fundamentales.
El artículo establece una verdadera jerarquía de las fuentes que ha sido objeto de aguda
polémica doctrinaria.
Como puede observarse de su lectura, en el artículo 60 de la LOT, las normas autónomas
los estatutos sindicales, las resoluciones de la asamblea de trabajadores o de otros órganos
sindicales, los reglamentos adoptados por los sindicatos y otras normas generadas por la
autorregulación no aparecen explícitamente entre las fuentes del derecho del trabajo, a pesar
que las normas de cuestión están dentro del título l normas fundamentales que rigen todo el
Derecho del Trabajo y del Capitulo V, De la Aplicación de las Normas Jurídicas en Materia
del Trabajo.
Esta omisión, un evidente error de técnica legislativa, tendría el grave inconveniente, en una
interpretación mecánica, de vulnerar la facultad de autorregulación que tienen dentro de la
libertad sindical reconocida por la constitución las organizaciones sindicales y es
contradictoria con el artículo 410 de LOT que establece que “Los sindicatos tienen derecho a
redactar sus propios estatutos y reglamentos…” y con el artículo 3 del Convenio 87, “Las
organizaciones del trabajadores y de empleadores sin ninguna distinción y sin autorización
previa, tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos”.
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¿Qué finalidad tendría los estatutos y reglamentow redactados por los sindicatos (o por sus
órganos pertinentes) si después éstos carecieran de fuerza jurídica, si no fueran fuente del
Derecho del Trabajo, si no se aplicaran para resolución de un caso determinado?
Por ende debemos concluir, a pesar de este verdadero “lapsus” legal, que los estatutos,
reglamentos y resoluciones sindicales son verdadera fuente del “Derecho Sindical” y en
general del Derecho del Trabajo entre nosotros.
Ahora bien, estas normas autónomas están rigurosamente reguladas por las sancionadas por
el Estado, a tal punto que la extrema regimentación podría, prácticamente, menoscabar el
derecho de autorregulación.
La asamblea sindical, en un primer ejemplo, se somete a una serie de requisitos en el
artículo 440 LOT.
Entre estos requisitos encontramos: “que esté presente en ella, por lo menos, la mitad más
uno de los miembros del sindicato. Si no se obtiene este quórum, podrá convocarse a una
segunda reunión, conforme a las disposiciones estaturias, la que se constituirá con el número
de miembros que concurran, siempre que no sean menores de 20%”.
Esta norma establecida legalmente proviene de la lógica de organización sindical pro
empresa, es decir, de sindicato de pequeñas dimensiones, pero se convierte en un verdadero
atentado contra la autonomía y organización sindical si se aplica a grandes organizaciones,
como por ejemplo, sindicatos nacionales por ramas de industrias. Un sindicato nacional de
trabajadores de la construcción (sin tener en cuenta a sectores como materiales de
construcción, cemento, madera, etc. que suele asociarse organizativamente a esta actividad)
tendría la posibilidad de afiliar a centenares de miles de trabajadores.
Para la primera convocatoria se requeriría la asistencia quizás de aproximadamente
doscientos cincuenta mil trabajadores y a la segunda más de cien mil miembros de este
hipotético sindicato nacional de esa rama. No existente en el país local, campo deportivo o
espacio alguno, que pueda albergar a tantas personas, esto sin considerar los costos de una
movilización de esa magnitud. Por supuesto que una asamblea tan numerosa no podría
deliberar ni discutir seriamente ningún asunto.
El texto legal no prevé la disponibilidad de realizar una asamblea de delegados, ni otro
mecanismo participativo como referéndum etc. Recordamos que se requiere específicamente
que esté presente en ella, por lo menos la mitad mas uno de los miembros del sindicato en una
primera instancia y en la segunda con los miembros que ocurran que siempre que no sea menor
del veinte por ciento.
La intromisión del ordenamiento legal en materia que debería ser objeto de autorregulación,
por medio de los estatutos, genera estas contrataciones y dificultades.
En un segundo ejemplo, precisamente en el caso de los estatutos, su regulación es tan
detallada que en el artículo 423, se establecen requisitos que van desde la letra A hasta la P; sin
tener en cuenta otras imposiciones existentes en todo el texto legal. De todas maneras, las
normas autónomas tienen importancia en la vida sindical, y cada sindicato tiene estatutos
detallados, reglamentos de varias de sus actividades etc.
La intención de modificar la estructura sindical ha generado en algunas Federaciones y
sindicatos un proceso de sus estatutos en la cual llama la atención el pago de los sindicalistas a
las normas estatales y la consideración que tiene preeminencia sobre las autónomas.
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10.Derecho individual de sindicación
La libertad general de asociación está garantizada en la Constitución de la República dentro
de los derechos individuales. En la regulación de los derechos sociales se establece
específicamente en la institución sindical. Si bien el derecho individual de sindicación es una
especie del derecho de asociación, son dos derechos diferenciados en cuanto su naturaleza
especifica y los sujetos activos y pasivos de su ejercicio.
Ya se ha dicho que Venezuela ha ratificado la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que garantiza en su artículo 23.4, el derecho de sindicación a todas las personas.
Asimismo Venezuela ha ratificado los convenios de la OIT. Se reconoce este derecho y la
LOT transcribe parte de las normas internacionales. Ya hemos citado al analizar las
disposiciones fundamentales del Derecho Colectivo que se declaran en la LOT, que la
organización sindical constituye un derecho inviolable de los trabajadores y patronos, y, en el
capítulo II De la Organización Sindical Sección Primera disposiciones Generales, se repite
que “Tanto los trabajadores como los patronos tienen el derecho de asociarse libremente en
sindicatos...”
A su vez, en el Titulo l, Normas fundamentales, el Capítulo IV de la personas en el
derecho del trabajo, define a trabajadores y patronos. El artículo 39 ejusdem señala que se
entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier clase por cuenta
ajena y bajo la dependencia de otro (primera parte) y el artículo 49 explica que se entiende por
patrono o empleador de la persona natural o jurídica que en nombre propio, ya sea por cuenta
propia o ajena, tiene a su cargo una empresa establecimiento, o explotación o faena, de
cualquier naturaleza o importancia, que ocupe trabajadores, sea cual fuere su número (primera
parte).
De una primera lectura de estas normas parecería que en la LOT se circunscribe el derecho
de sindicación a las personas naturales que reúnen los requisitos establecidos para ser
trabajadores y patronos y las personas jurídicas que revisten esta última condición.
Parecería haber, pues, una doble discrepancia entre las normas de la Declaración y de la
LOT. En primer lugar la Declaración establece la titularidad del derecho individual de
sindicación en cabeza de las personas sin distinción alguna y la LOT exige determinados
requisitos para su ejercicio. En segundo lugar la LOT parecería admitir la sindicación de
personas jurídicas.
La primera posible discrepancia es de gran importancia dado que una reducción del campo
de la titularidad a lo que se define estrictamente como trabajadores y patrono dejaría fuera del
ejercicio de este derecho a sectores mayoritarios de la población con intereses bien
determinados y susceptibles de auto-organización para su defensa, como los artesanos, los
estudiantes, los trabajadores informales, los jubilados, las amas de casa, los pobladores
barriales, los desempleados etc.
Sin embargo, esta contradicción es, a nuestro criterio, solamente formal. En primer lugar
debemos señalar que la propia LOT amplía la titularidad del Derecho de sindicación a los
trabajadores no dependientes definidos en el articulo 40 como la persona que vive
habitualmente de su trabajo sin estar en situación de dependencia respecto a uno o varios
patronos y con la posibilidad, según el mismo artículo en su segunda parte, de organizase en
sindicatos discuerdo con lo previsto en el Capítulo II del título VII de dicha Ley.
A su vez, en el artículo 427 (tercer parágrafo) se establece que los trabajadores no
dependiente podrán formar parte de los sindicatos profesionales, sectoriales o de industrias
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constituido e igualmente podrán formar sus propios sindicatos con un número de cien o más de
la misma profesión u oficio, o de sus profesiones u oficios simulares o conexos, de una misma
rama o actividad.
De esta manera parece claro que aunque la ley regule especialmente algunos tipos de
sindicatos, no excluye la posibilidad de ejercicio del derecho de sindicación de personas
diferentes a las establecidas en su articulado y que tienen este derecho en virtud de la
Declaración.
En segundo lugar, la posibilidad de que patronos (personas jurídicas) se sindicalicen
pareciera ir más allá de la idea de la Declaración. Debemos señalar que esa posibilidad
también esta obstaculizada en la LOT por las disposiciones de la Sección Tercera del Capítulo
II del Titulo VII que regulan el Registro y funcionamiento del los sindicatos cuyas reglas están,
en todos los casos diseñadas para personas naturales, como la exigencia de nombres, apellidos,
números de cédula de identidad, nacionalidad, edad, profesión u oficio, etc. Sin embargo, esta
situación debería ser estudiada más detenidamente, aunque no sabemos de ningún caso
concreto que permita establecer antecedentes y criterios sobre el particular.
11.Personas incluidas y excluidas.
La regla general, pues, es que todas las personas tienen derecho a desarrollar actividades
sindicales. En cuanto a los extranjeros, éstos tienen pleno derecho a constituir sindicatos y
afiliarse a los mismos. Sin embargo, por una norma que parece vulnerar los derechos humanos
fundamentales de estos trabajadores (la libertad sindical, artículo 3 del Convenio 87 y la
igualdad de trato a los migrantes artículo 10 del convenio 143), se requiere por lo menos diez
años de residencia en el país y autorización del Ministerio del ramo para ejercer cargos de
representación sindical, pudiendo elegir pero no ser electos (art. 413 parágrafo único).
Están excluidos de la aplicación de la LOT los miembros de los cuerpos armados (art.7)
entendiéndose por tales los que integran las Fuerzas Armadas Nacionales, los servicios
policiales y los demás que están vinculados a la defensa y a la seguridad de la nación y al
mantenimiento del orden público.
Enteramente diferente es el caso de los funcionarios públicos los cuales, sin lugar a dudas,
tienen garantizando este derecho, tanto en la Constitución como en el artículo 8 de la LOT que
señala que gozarán de los beneficios acordados por esta Ley.
La defectuosa redacción del artículo 404 que establece que los trabajadores podrán
constituir sindicatos o formar parte de los ya constituidos y participar en la dirección y
administración sindical siempre que hayan cumplido dieciocho (18) años, dio lugar a
interpretaciones que negaban el derecho de sindicación de niños, niñas y adolescentes, lo cual
ha sido expresamente resuelto por la ley especial de la materia que obviamente prevalece.
12.Libertad sindical negativa
La Ley Orgánica del Trabajo establece en su artículo 410 que nadie podrá ser obligado ni
constreñido directamente o indirectamente a formar parte de un sindicato. En el mismo
sentido, el artículo 452 obliga al patrono a no imponer a la persona que solicita trabajo, como
condición de admisión a si, (…) forma parte de un sindicato.
La libertad sindical negativa consiste, en el derecho de las personas a no afiliarse o
desafiarse de una organización sindical. Sin embargo, la anteriormente vigente Constitución
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establecía en su artículo 90 la posibilidad, a través de la convención colectiva, de establecer la
cláusula sindical, dentro de las condiciones que legalmente se pauten.
Antes de la de la sanción de la LOT y sin estar legalmente regulada según el mandato
constitucional existían en Venezuela un impórtate cantidad de contratos colectivos con
cláusulas sindicales de diverso alcance, siendo la más común la llamada cláusula “de
enganche”, por la cual los patronos se comprometían a solicitar al personal un porcentaje para
el sindicato o sindicatos signatarios de la convención. Se trata de lo que en otro países se
denomina (hiring hall) o bolsa de trabajo. Sin embargo, en algunos contratos o convenios
colectivos existen cláusulas similares al denominado, por ejemplo, en el Derecho Laboral
anglosajón el “close shop” (taller cerrado) para los trabajadores no sindicalizados. El
funcionamiento de esta cláusula implica que solamente los trabajadores sindicalizados pueden
trabajar en el ámbito del convenio colectivo que la acuerde.
13.Finalidades y actividades
Los sindicatos tendrán por objeto el estudio, defensa, desarrollo y protección de los
intereses profesionales o generales de los trabajadores y de la producción, según se trate de
sindicatos de trabajadores o de patronos, y el mejoramiento social, económico y moral y la
defensa de los derechos individuales de sus asociados según lo establece el artículo 416. La
atribuciones y finalidades están detalladamente establecida en el siguiente articulo (417)para
los sindicatos de trabajadores y en el 418 para los patronos. Ambas enumeraciones no son
taxativas dado que el ultimo inciso de cada uno de los artículos citados establece que también
serán atribuciones y finalidades del sindicato, en general, las que señalen sus estatutos o
resuelvan sus asociados, para el mejor logro de sus fines.
En la enumeración de los artículos 417 y 418 encontramos una larga lista de actividades,
que van desde la defensa y protección de los intereses, la representación de sus miembros en
las negociaciones y conflictos, la celebración de convenciones colectivas de trabajo, la
vigilancia de normas, hasta la realización de estudios, la colaboración con las autoridades o la
respuesta a consultas.
La regulación de ejecución de estas actividades, es decir el funcionamiento de los
sindicatos, forma parte de la esfera de la autarquía o autorregulación sindical.
El convenio 87 de la OIT, ratificado por Venezuela, en su artículo 3 establece que las
organizaciones de trabajadores y empleadores tienen derecho de: redactar sus estatutos y
reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración
y sus actividades y formular sus programas de acción. El segundo aparte del mismo artículo
establece que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Por otra parte, la Constitución establece en el ya citado artículo 95 una esfera de reserva
legal en este campo. La LOT repite el concepto en el artículo 412, señalando que los requisitos
son los establecidos en esta Ley, con lo que parecería limitar la posibilidad que otras normas
legales de carácter no orgánico puedan establecer nuevos requerimientos.
Las materias objeto de reserva legal podrán ser reguladas exclusivamente por la Ley. Esto
es, según Lares (1989), por actos sancionados por la cámara legislativa conforme al
procedimiento establecido en la Constitución.
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Por ende, cualquier norma reglamentaria, administrativa o sublegal de cualquier especie,
que establezca requisitos o intervenga de cualquier manera en las actividades, administración o
programas de acción de los sindicatos será violatoria de la libertad sindical e inconstitucional.
Nos interesa resaltar, entre las atribuciones y finalidades de los sindicatos de trabajadores,
la relativa a la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales (art. 417, e). Sería
imposible para el Estado, a través de los mecanismos de aplicación administrativa y judicial,
vigilar íntegramente el cumplimiento de la normativa laboral para toda la fuerza de trabajo.
Por ello, el Derecho del Trabajo se vale de organizaciones creadas por los propios interesados
no solamente para controlar la aplicación de las normas legales, sino para desarrollar a través
de la negociación colectiva.
De esta suerte, el derecho de sindicación se constituye en una garantía instrumental
necesaria para poner en práctica al conjunto de normas protectoras, tanto emanadas del Estado
como la acordadas por las propias partes sociales.
Por ello, el sindicalismo tiene una responsabilidad fundamental en la tarea de aplicar la
normativa laboral individual y colectiva como instrumento de la justicia social y el desarrollo
del servicio del hombre.
Otro aspecto remarcable dentro de estas finalidades es la capacidad de reservar a sus
miembros en las negociaciones de conflictos colectivos de trabajo. En tal caso, los trabajadores
que son los titulares del derecho (junto con los patronos según el artículo 396) se pueden hacer
representar por el sindicato. En cambio, será del propio sindicato la facultad de promover,
negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su
cumplimiento (artículo 417, d).
Esta facultad de representar forma parte de la idea de democracia representativa por la cual
los ciudadanos en este caso los trabajadores y los patronos confían en los organismos
representativos la defensa de sus intereses. Uno de los fenómenos más complicados de la
sociedad contemporánea como producto de la masificación es el fenómeno de separación de
los intereses entre los representantes y los representados, que se va constituyendo o
integrándose a estratos sociales diferenciados. Esto ha llevado a una crisis de la
representatividad a todos los niveles incluyendo, por supuesto, la representatividad de los
partidos políticos, sindicatos, etc. Y propuestas de reemplazar o complementar la democracia
representativa por, o con, una democracia participativa de ambigua definición y en el
establecimiento de mecanismos como la democracia directa a niveles locales, la revocatoria
de los mandatos a todos los niveles, la concentración social, etc. Como puede observarse, el
sindicato, en el corazón mismo de sus funciones está en el ojo del huracán de la crisis social y
política que vivimos.
También es sumamente debatido el alcance del inicio del mencionado artículo 448 y del
116 LOT que facultan al sindicato de trabajadores a representar y defender a sus miembros y a
los trabajadores que lo soliciten, aunque no sean miembros del sindicato, en el ejercicio de sus
intereses y derechos individuales; en los procedimientos administrativos que se relaciones con
el trabajador; en los judiciales, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
representación; en sus relaciones con los patronos; y, en especial, en los procedimientos de
estabilidad laboral en los cuales el trabajador podrá comparecer por sí o asistido o
representado por un directivo o delegado sindical.
A pesar de las interpretaciones contradictorias, se perfila como una tendencia
jurisprudencial la que considera que si bien los dirigentes o delegados sindicales no abogados
tienen el derecho de asistir o representar a un trabajador en la comparencia, en el resto de los
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actos que prevé en el procedimiento de estabilidad deben acudir a los servicios de un letrado
según la Ley del Ejercicio Profesional respectiva y la norma de la LOT que exige el
cumplimiento de los requisitos para la representación antes mencionada.
De la lectura de la extensa normativa en materia de funciones y atribuciones de los
sindicatos, que van desde crear fondos de socorro y de ahorro y de cooperativas, escuelas
industriales o profesionales, bibliotecas populares y clubes destinados al deporte, la recreación
y el turismo… (inc.g), hasta las de realizar campañas permanentes en los centros de trabajo
para concientizar a los trabajadores en la lucha activa contra la corrupción, consumo y
distribución de estupefacientes… (inc.k) entre otras funciones no nos puede sino llamar la
atención, la reducción del campo de actuación sindical a lo meramente reivindicativo y
específicamente economicista (en general, en la práctica ligado a las solicitudes de salario
nominal), comparado con las amplias enunciaciones de la Ley.
14.Carácter permanente
La LOT establece que los sindicatos deben tener carácter permanente (art.415) no pudiendo
ser constituidos transitoriamente para fines determinados. Otras legislaciones, en cambio,
admiten expresamente a las coaliciones, definidas en la Ley Federal del Trabajo de los Estados
Unidos Mexicanos, como el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para
la defensa de sus intereses comunes (art. 355). Ahora bien, la característica obligatoria de
permanencia del sindicato, que la LOT remarca para darle un sentido institucional al
sindicalismo, no implica, en nuestro criterio, una prohibición de la coalición, es decir, a
acuerdos temporales de grupos de trabajadores o de empleadores con fines determinados, lo
que no es prohibido por la Ley y, por ende, en virtud de principios de no contradicción, están
permitidos.
Más aun, la LOT prevé acciones colectivas sin participación del sindicato en caso de los
procedimientos de reducción de personal (art.34) y de modificación de las condiciones de
trabajo por iniciativa del empleador (art. 534), y en negociaciones y conflictos en una empresa,
explotación, establecimiento o faenas en que preste servicio diez o menos trabajadores (Art.
479). En estos casos la LOT regula la intervención de los trabajadores en una coalición
temporal, para la defensa de sus intereses comunes. Después de la entrada vigencia de la LOT
se ha realizado negociaciones colectiva en las que, determinados grupos de trabajadores, han
acordado con sus patronos, condiciones de trabajo firmando acuerdos sin las formalidades
exigidas por la ley a las Convenciones Colectivas. A nuestro criterio, este acuerdo no podrá ser
opuesto en caso que un sindicato que represente la mayoría de los trabajadores bajo la
dependencia del patrono ejerza sus derechos a negociar y celebrar una convención colectiva
(art. 523).
15.Colegios profesionales y cámaras empresariales como sindicato
El artículo 414 LOT trata de regular dos situaciones que se desarrollan en el campo de las
relaciones laborales. La primera es la actuación de los colegios profesionales en defensa de los
intereses de sus colegiados en las negociaciones y conflictos, sobre todo aunque no
exclusivamente, en el sector público. La segunda que hemos comentado (ut supra) consiste en
el no cumplimiento, por las organizaciones representativas de los empresarios, de los
requisitos que se impone para el registro de los sindicatos, a pesar de lo cual participan de las
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negociaciones sobre, todo por rama de industria, en los conflictos, en los mecanismos de
concertación, en los órganos tripartitos etc.
En el primer caso, la solución adoptada ha sido criticada en varios aspectos, en sentido que
los colegios profesionales son organismos públicos de colegiación obligatoria, regidos por una
Ley, que suelen afiliar, simultáneamente, a trabajadores y empleadores, así como a
trabajadores no dependientes. Estas características son contradictorias con la naturaleza de los
sindicatos que en un régimen democrático constitucional como el venezolano no son parte del
Estado (al menos jurídicamente a pesar del avance del esquema neocorporativo), se rigen por
la autorregulación y no por Leyes, son voluntarios y no obligatorios y no pueden afiliar,
conjuntamente, a trabajadores y patronos. En el segundo caso, las cámaras de comercio,
industriales, agrícolas o de cualquier rama de la producción y sus federaciones y
confederaciones continúan remisas a registrarse, por parte de sus directivos, sin aliciente
alguno para realizar el registro previo.
16.Tipología sindical en la LOT
Las clases de sindicatos están reguladas en la sección segunda del Capítulo II, título VII.
Pueden ser de trabajadores (art.39), de patronos (art. 49) o de trabajadores no independientes.
Los sindicatos de trabajadores pueden ser de empresas, profesionales, de industria o
sectoriales (art. 420).
Son sindicatos de empresa los integrados por trabajadores de cualquier profesión u oficio
que presten servicios en una misma empresa, incluyendo sus sucursales, aun ubicadas en
distintas localidades y regiones (art. 421).
Son sindicatos profesionales los integrados por trabajadores de una misma profesión u
oficio, o de o profesiones u oficios similares o conexos, ya trabajen en una o en distintas
empresas.
Son sindicatos de industrias los integrados por trabajadores que presten sus servicios a
varios patronos de una misma rama industrial, aún cuando desempeñen profesiones u
oficios diferentes (art. 423).
Son sindicatos sectoriales los integrados por trabajadores de varios patronos de una
misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aún cuando desempeñen
profesiones u oficios diferentes (art. 424).
Los sindicatos de patronos pueden ser de industria o actividad, o industrias similares o
conexas (art. 428). En general ya señalamos que los patronos no inscriben sus cámaras o
asociaciones ni otros organismos asociativos como sindicatos, por lo que la LOT les otorgó a
estas entidades atribuciones de sindicatos, previo registro en el Ministerio (art. 414) que no se
han concretado hasta la actualidad lo que no les impide, en la práctica, cumplir sus funciones
en la contratación colectiva como en su relación con el Estado. Ya hemos señalado que los
trabajadores independientes podrán formar parte de sindicatos profesionales, sectoriales o de
industria o formar sus propios sindicatos (art. 427).
En cuanto al ámbito de actuación, la LOT regula a los sindicatos locales, estadales
(organizados en el ámbito de uno de los Estados que conforman constitucionalmente al país),
regionales (que comprenden a las divisiones más amplias según las zonas geográficas) y
nacionales (art. 425).
En relación al grado, existen organizaciones de primer grado, sindicatos que agrupan a
trabajadores o patronos, de segundo grado o Federaciones, que agrupan a su vez a sindicatos
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de primer grado y Confederaciones o de tercer grado (art. 463 y ss) que agrupan a
Federaciones y cuya regulación analizaremos más adelante.
Los funcionarios públicos, cuyos sindicatos estaban sometidos a limitaciones legales y
reglamentarias, pueden sindicalizarse conjuntamente con los obreros de la misma dependencia
o crear sus propios sindicatos, dado que la ley no regula en forma especial a sus
organizaciones.
17. Principio de pureza
La doctrina distingue entre los sindicatos <<mixtos>> (de obreros y empleados) de los
sindicatos que afilian trabajadores y empleadores. Diversas corrientes se han pronunciado por
sindicatos que respetan el principio por el cual patronos y trabajadores no pueden pertenecer a
una misma organización por tener intereses contrapuestos, llamado principio de pureza. Esta
es la opinión de las diversas corrientes<<clasistas>> y la que ha imperado en la doctrina
iuslaboralista. <<El sindicato es para la defensa de los intereses de clase y, por tanto, no se
pudo realizar con éxito, ni la reconocen las leyes con carácter de organismo sindical, una
asociación en la que estén presentes el patrono y trabajadores juntos>> (Caldera, s/f)
En diversas épocas y países se han intentado establecer sindicatos que reúnan a patronos y
trabajadores: las propuestas del catolicismo social francés decimonónico, sobre los sindicatos
“verticales” españoles del falangismo etc. En la actualidad, en Centroamérica existe un modelo
de organización de este tipo denominada <<solidarista>> de evidente intención y de efecto
antisindical.
Entre nosotros suelen registrarse algunos sindicatos en los cuales forman parte campesinos
(que son pequeños propietarios) y trabajadores rurales, y como hemos señalado la LOT ha
traído la novedad de los colegios profesionales con carácter sindical en los cuales
obligatoriamente se colegian patronos, trabajadores y trabajadores no independientes.
18. Número mínimo de miembros
Veinte trabajadores podrán constituir un sindicato de empresas o de trabajadores rurales
(art. 426), cuarenta trabajadores un sindicato profesional, sectorial o por rama de industria (art.
427), excepto que sea un sindicato regional o nacional en cuyo caso re requiere un mínimo de
ciento cincuenta (art. 427). Los sindicatos de trabajadores no dependientes requieren de un
número de cien (art. 427) y los de patronos de diez (art.428).
Algunos de estos requisitos numéricos han sido atacados como exigencias que constituyen
una traba para la constitución de organizaciones y por ende violatorias a la libertad sindical.
De hecho, el proyecto de la LOT contenía exigencias mayores a los de la derogada Ley del
Trabajo, colocadas por la influencia de los sindicatos oficiales a fines de la década de los
ochenta del siglo pasado. Una reacción generalizada contra el aumento de los requisitos llevó a
regresar, en el caso de los sindicatos por empresa, a la cifra tradicional de veinte, aunque
algunas de las exigencias, como por ejemplo la de cien para constituir un sindicato de
trabajadores no dependientes, luce cuesta arriba, teniendo en cuenta las características de
dispersión de este sector de trabajadores. Cabe destacar que el requisito numérico no
solamente se refiere a la constitución del sindicato, sino que este debe conservar esa cifra de
afiliados para continuar subsistiendo, porque de lo contrario corre peligro de ser disuelto.
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19. Pluralismo y monopolio sindical
La LOT establece expresamente el pluralismo sindical al señalar que la existencia de
sindicatos nacionales no podrá interpretarse como excluyente del derecho de los trabajadores
de crear o mantener sindicatos regionales o de empresa en la rama respectiva (art. 425).
En este punto vale la pena recordar que la LOT (art. 414) señala que <<los colegios
profesionales legalmente establecidos y sus Federaciones y Confederaciones gozarán de igual
derecho para ejercer las atribuciones de los organismos en representación de sus miembros>>.
Al establecerse que los colegios profesionales pueden gozar de status sindical nos
encontramos frente a la posibilidad de organizaciones de carácter monopólico dentro de su
respectivo campo de acción, dado que los colegios de acuerdo a sus respectivas leyes de
creación, son de afiliación o colegiación obligatoria.
La LOT junto con el pluralismo sindical establece el principio del sindicato más
representativo, al que nos referiremos al comentar la Sección Quinta del Título VII en este
mismo trabajo.
20. Los problemas del modelo orgánico de los sindicatos de trabajadores
El modelo organizativo, cuyos aspectos generales hemos puntualizado al comenzar nuestro
análisis, basado en pequeños sindicatos de empresas o profesionales, articulados en
federaciones nacionales (por ramas de actividad) y regionales ha contribuido a impedir una
manifestación del sindicalismo acorde con sus posibilidades políticas y sociales. Gran parte del
aparato reproductivo tiene una tasa de sindicación relativamente baja (específicamente el
sector de la pequeña y mediana empresa, el comercio y los servicios en general así como en el
sector agropecuario, los cuales conforman la mayor parte de la población trabajadora). Si a
esto le sumamos la importancia cuantitativa del llamado sector informal de la economía,
comprendemos que el sindicalismo se desarrolla solamente en enclaves mineros, petroleros e
industriales y en el sector público, donde existe un marcado clientelismo y un fuerte
paternalismo del Estado. Esta estructura hace que muchos sindicatos tengan una escasa
afiliación y militancia, lo que permite la manipulación por parte de grupos político-partidistas
o ideológicos, sobre todo los que cuentan para ello con el <<aparato>> de las grandes
organizaciones políticas y con los recursos del Estado, mediatizando así la participación de las
bases de trabajadores.
Frente a estos problemas de estructura la respuesta que se ha debatido en el movimiento
sindical consiste en organizar los sindicatos de acuerdo a nuevos parámetros: desde hace
tiempo se discute la posibilidad de organizar sindicatos nacionales por ramas de actividad o
sindicatos regionales que afilien a grandes sectores de trabajadores y que se agrupen en
federaciones nacionales. También se ha propuesto, por el contrario, reducir la escala de los
sindicatos para, de esta manera, constituir unidades pequeñas que puedan adaptarse a los
requerimientos de la pequeña y mediana industria y la idiosincrasia de sus trabajadores.
Esta situación estructural nos conduce a la segunda observación que es referida al control
social de los trabajadores hacia sus dirigentes y las posibilidades de participación y
democratización. La separación <<social>> entre la dirigencia y los trabajadores, producto de
la profesionalización de la actividad por la falta de control y participación de los trabajadores y
la inexistencia de hábitos de democracia sindical, de vida orgánica y de asambleas, de ámbitos
y mecanismos de discusión con pocas y honrosas excepciones.
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De esta manera, las propuestas de reorganización sindical han intentado convertir al
sindicato en un organismo que se constituye en canal de participación de los trabajadores, todo
lo cual deberá reflejarse en las propuestas de un modelo de estructura sindical acorde con el
desarrollo de los diversos sectores productivos y de las demandas y posibilidades de
participación de los trabajadores. Este modelo sindical deberá ser diseñado por los propios
trabajadores, sin imposiciones ni injerencias del Estado o de cualquier tipo de organismo.
21. El registro previo
Los sindicatos, a tenor de la LOT, requieren de registro previo, en contradicción con el
artículo 95 constitucional y la normativa internacional del trabajo que debería prevalecer por
imperio del art. 23 de la CRBV. Los que aspiran a organizarse regional o nacionalmente
deberán registrarse ante la Inspectoría Nacional del Trabajo. Los que se organicen local o
estatalmente deberán registrarse ante la Inspectoría del trabajo de la jurisdicción (art. 429).
Solamente la inscripción de un sindicato inviste a la respectiva organización de personalidad
jurídica (art.438). Se han producido quejas y denuncias ante ese organismo internacional por
parte de organizaciones de trabajadores y empleadores por la evidente violación de estas
normas del Convenio 87 de la OIT.
El artículo 2 del mencionado Convenio establece que los trabajadores y los empleadores sin
ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho a constituir las organizaciones que
estimen convenientes. El comité de Libertad Sindical de la OIT establece que si el registro es
sometido al arbitrio discrecional de un funcionario, aunque tenga la posibilidad de recurrirse
ante una instancia judicial, se convierte realmente en una autorización previa y por ende viola
la libertad sindical. La próxima reforma de la LOT es una magnífica oportunidad para eliminar
las normas legales y reglamentarias violatorias de la Constitución y la normativa internacional
vigente, para la fecha de publicación de este trabajo, sabremos si se contemplaron estos
aspectos al revisar el texto de la nueva Ley.
22. Requisitos para el registro
El órgano del Estado competente para el registro de las organizaciones sindicales es
diferente según el ámbito de actuación de la organización: los que <<aspiren>> (según el art.
420) a organizarse regional o nacionalmente deberán registrarse ante la Inspectoría Nacional
del Trabajo y los que se organicen local o estatalmente deberán registrarse ante la Inspectoría
del Trabajo de jurisdicción respectiva>>.
Los trámites de la inscripción o registro previo a la personería están regulados en los
artículos 421 a 428 de la LOT y requieren una solicitud acompañada de la copia del acta
constitutiva, con nombres, apellidos y números de cédula de identidad de los asistentes y
directivos (art. 422), un ejemplar de los estatutos, que debe reunir una gran cantidad de
requisitos exigidos por los dieciséis incisos de la norma pertinente (art. 423) que más adelante
mencionaremos, y la nómina de los miembros fundadores con especificación de nombres,
apellidos, nacionalidad, edad, profesión u oficio y domicilio (art. 424).
Otros requisitos establecidos por el artículo 426 son: el número mínimo de trabajadores o
patronos promoventes que, como señalamos antes, depende de la clase de sindicato; que los
estatutos establezcan como objeto del sindicato las finalidades previstas por la Ley (art. 418426, A); y el nombre, en el sentido que no podrá registrarse ninguna organización sindical con
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un nombre igual al de otra ya registrada, ni tan parecido que pueda inducir a confusión (art.
428).
El Inspector recibirá los documentos que le hayan sido presentados con la solicitud de
registro y dentro de un lapso de treinta días deberá ordenar el registro solicitado (art. 425). Si
el inspector encontrare alguna deficiencia lo comunicará a los solicitantes quienes gozarán de
un término de treinta días para corregirla. Obsérvese que esta facultad del Inspector está
redactada en términos muy genéricos, sobretodo teniendo en cuenta dos factores de la realidad
fáctica de la administración del trabajo que la norma parece descononocer: a) una tradición de
prácticas abusivas por parte de los funcionarios del trabajo, interviniendo en la vida de las
organizaciones sindicales de trabajadores sobre todo por razones políticas, pero en otras
oportunidades por influencias patronales y b) el carácter normalmente politizado de los
inspectores del trabajo, los cuales a diferencia de otros países, no forman un cuerpo estable y
profesionalizado, sino que son removibles de acuerdo a los vaivenes políticos. Por otra parte,
lo complicado de los requisitos exigidos y las frondosas normativas reguladoras de los
Estatutos, que estudiaremos seguidamente, abren la posibilidad de interpretaciones
<<leguleyos>> y prácticas caprichosas, verdaderas <<horcas caudinas>> por las que deberán
pasar en el sistema diseñado por la LOT los que <<aspiren>> a constituir sindicatos.
La ley señala que si los interesados no subsanan <<la falta>> dentro del plazo el Inspector
se abstendrá de hacer el registro. La decisión del Inspector será recurrible ante el Ministro del
ramo y la de éste ante la jurisdicción contencioso administrativa (art. 425).
La negativa infundada o insuficientemente fundamentada del registro, o su no realización
en los lapsos prescritos por la ley, hacen posible solicitar, por razones de urgencia y la
posibilidad de pérdida de los derechos- por el vencimiento del lapso de inamovilidad, por
ejemplo- el amparo constitucional.
23. Estatutos
El ya mencionado artículo 3 del Convenio 87 de la OIT garantiza a las organizaciones de
trabajadores y de empleadores el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos.
Los Estatutos sindicales están detalladamente regulados por la LOT, como hemos señalado
con anterioridad al referirnos al registro, y sus requisitos (art. 423) son: a) denominación, b)
domicilio, c) objeto y atribuciones, d) ámbito de actuación, e) condiciones de admisión, f)
derechos y obligaciones, g) cuotas ordinarias y extraordinarias, h) sanciones, causas y
procedimientos, i) junta directiva, miembros, elección, duración, etc., j) asambleas ordinarias y
extraordinarias, periocidad, convocatoria etc. Etc. k) fondos y administración del patrimonio,
l) oportunidad de la presentación de cuentas y requisitos , m) subsidios, n) disolución y
liquidación, o) actas (o), etc.
Sin embargo la ley impone a los estatutos normas de muy difícil o imposible cumplimiento
para los sindicatos de grandes dimensiones, dado que las normas parecen haber sido redactadas
para pequeños sindicatos lo que dificulta la constitución y administración de organizaciones de
mayor tamaño y organización. Ya hemos señalado, por ejemplo, que para la validez de las
asambleas se requiere, en primera instancia, la mitad mas uno de los miembros del sindicato y
nunca menos del veinte por ciento, lo que significa, para una organización nacional de
trabajadores de la construcción según el ejemplo que explicamos, que no podrá tomarse
ninguna decisión sin la presencia y deliberación de cien mil trabajadores. Debió preverse la
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posibilidad de realizar asambleas por medio de delegados para estas grandes organizaciones o,
simplemente, dejar estar normas al arbitrio de los estatutos democráticamente elaborados en
ejercicio de la autorregulación sindical.
En este caso también la reforma laboral debería eliminar todas las detalladas regulaciones
que, en esencia, contradicen el principio y las normas de autoregulación.
24. Elecciones sindicales
El artículo 3 del Convenio 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de
sindicación, garantiza a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, entre otros, el
derecho <<de elegir libremente sus representantes>>
La CRBV (art.95 segunda parte) establece que “Para el ejercicio de la democracia sindical,
los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de
los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y
secreto. Los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que abusen de los
beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal, serán sancionados
de conformidad con la ley. Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones
sindicales estarán obligados a hacer declaración jurada de bienes”.
Igualmente se establecen atribuciones al Consejo Nacional Electoral en materia de
elecciones sindicales.
La LOT estableció, en algún caso con la intención de permitir un saneamiento del
sindicalismo, reglas estatales que se imponen a la autorregulación, como por ejemplo, la que
prohíbe que el periodo de la junta directiva de un sindicato sea mayor de tres años (excluyendo
de esta norma a las federaciones y confederaciones) y otras que evidentemente violan el
derecho de autoregulación que integra el concepto de libertad sindical.
A tenor de la LOT no pueden ser electos dirigentes ni los “menores” ni los extranjeros,
éstos últimos sin previa autorización del Ministerio del ramo (art. 413) y con el requisito de
más de diez años de residencia en el país. Tampoco los funcionarios sindicales que no hayan
cumplido con la obligación de rendir cuentas (art. 450).
La elección de las juntas directivas y de los representantes de los trabajadores deberá
hacerse en forma directa y secreta, bajo pena de nulidad. Los cuerpos colegiados serán electos
por representación proporcional (art. 442).
En la práctica, hasta la actualidad, la elección de los dirigentes sindicales de segundo y
tercer grado se hace por medio de complicadas elecciones que permiten una distorsión de la
representatividad con la presencia de delegados natos o no electos sino provenientes de los
cuerpos orgánicos ya existentes que, de esta suerte, se <<auto-reeligen>> en los Congresos de
las federaciones y confederaciones.
Por otra parte la obligatoriedad de elegir los cuerpos colegiados de los sindicatos con
representación proporcional dificulta la elección uninominal que es considerada por
importantes sectores de movimiento sindical como un elemento democratizador y que, para el
sistema político, es una demanda de la sociedad civil sobre la que parecería existir un acuerdo
de las diferentes fuerzas políticas, dentro de la idea de la reforma del Estado.
Otra norma introducida por la LOT es la que faculta al Juez del Trabajo para que disponga
de la convocatoria a elecciones a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los
trabajadores miembros de la organización – por lo cual esta norma no sería aplicable a los
sindicatos de patronos – cuando hayan transcurrido tres meses de vencido el período para el
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cual haya sido elegida la Junta Directiva del sindicato sin que se hayan llamado a elecciones
(art. 444).
25. Licencia sindical
La licencia sindical por el ejercicio de funciones directivas está regulada en la negociación
colectiva y adopta diversas modalidades, desde una licencia a tiempo completo para
determinados directivos hasta permisos parciales para delegados o directivos que deban
realizar funciones concretas, asistir a reuniones etc.
En este caso creemos que sería posible incorporar una norma general sobre las licencias
sindicales, susceptible de ser desarrollada por las Convenciones Colectivas.
26. Administración interna
El Convenio 87 de la OIT establece que los sindicatos tienen derecho de organizar su
administración y sus actividades (art. 3.1.)
La LOT establece varias regulaciones en este campo y también mandatos a los estatutos y
decisiones de la Directivas y Asambleas, que de esta suerte, son normas autónomas
complementarias de la Ley (art. 441). Norma rigurosamente las Asambleas (art. 440), la
duración del mandato de la Junta Directiva de un sindicato de primer grado (art. 456) y sobre
todo el manejo de los fondos sindicales que estudiaremos seguidamente. Una reforma de la
LOT coherente con los principios de libertad sindical debería dejar toda esta materia a la
autoregulación.
27. Obligaciones de los sindicatos en relación con la administración del trabajo
A pesar de su autonomía, la LOT establece (art. 439) obligaciones especiales de los
sindicatos, como comunicar al Inspector del Trabajo, dentro de los diez días siguientes, las
modificaciones introducidas en los Estatutos, remitir un informe detallado de su
administración y nómina completa de sus miembros con todas las indicaciones señaladas en el
art. 424 y suministrar a los funcionarios competentes del Trabajo todas las informaciones que
les soliciten sobre sus obligaciones legales. Muchas de estas obligaciones en la práctica no se
cumplen y constituyen una muestra del carácter limitativo de la autonomía sindical frente al
Estado que contienen algunas disposiciones legales. Creemos que sería conveniente su
eliminación.
28. Importancia y origen de los fondos sindicales
La corte Suprema de Justicia ha señalado que es obvio que el sindicalismo conviene al
interés general, como mecanismo efectivo de integración social y de distribución de la riqueza
proveniente del trabajo. Para cumplir sus objetivos legales, el movimiento sindical requiere de
poder económico, que debe provenir, fundamentalmente, de las contribuciones de sus
miembros y de los beneficiarios de su actividad (Sentencia de la Corte en pleno con ponencia
del magistrado Rafael Alfonso Guzmán del 27 d3e abril de 1993).
El tema de los fondos sindicales es especialmente interesante entre nosotros por la peculiar
tradición de financiamiento de los sindicatos por el Estado que ya hemos señalado. En épocas
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pasadas, los presupuestos de varios Ministerios, Gobernaciones. Consejos Municipales etc.
incluían partidas destinadas a financiar a las organizaciones sindicales y sus dirigentes. Las
costas contractuales de los convenios colectivos con organismos públicos y empresas del
Estado son una fuente muy importante de ingresos. Las cotizaciones de los trabajadores, en
cambio, no tienen una importancia similar en grandes segmentos del sindicalismo.
29. Presupuestos y control de gastos
La LOT establece el principio general que los fondos sindicales no podrán ser destinados
sino a los fines previstos en los Estatutos (art. 446) haciendo remisión expresa a las normas
autónomas.
En materia de administración de fondos se establece la obligatoriedad de la elaboración de
un presupuesto de gastos que la asamblea sindical votará cada año (art. 447), del depósito de
los fondos del sindicato en un instituto bancario (art. 448), de la rendición de cuentas a la
Asamblea, previa publicación (con quince días de antelación) de la copia de la cuenta que se
proyecte presentar (art. 450). Asimismo regula una supervisión por parte de las
confederaciones sobre las finanzas sindicales y la posibilidad de ocurrir ante la Contraloría
General de la República para que se investiguen las cuentas. (Art. 451).
La posibilidad de que un órgano del Estado investigue las cuentas de una organización
sindical se ha tratado de fundamentar en el hecho que los sindicatos reciben y administran
fondos públicos. Esta normativa fue calificada por los sindicalistas de la fracción mayoritaria
de los sindicatos oficiales como violatoria del convenio 87 de la OIT y defendida por grupos
contestatarios y las representaciones de las minorías dentro de la CTV con representación en el
parlamento, lo cual originó una encendida polémica en la sesión bicameral final de sanción de
la LOT.
Una norma de particular dificultad práctica, es la que establece que los fondos sindicales no
podrán ser movilizados, ni puede efectuarse de ellos pago alguno, sino mediante instrumento
firmado conjuntamente por tres miembros de la directiva que determinen los Estatutos (art.
449). Ya hemos señalado que se establece también, que los funcionarios sindicales que no
hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas anualmente a la asamblea no podrán ser
reelectos.
30. Nuevas formas organizativas: los consejos de trabajadores
En los últimos años viene desarrollándose en Venezuela un esquema “consejista” a través
de Consejos Comunales que con mayor o menor éxito se han instalado en casi todo el territorio
nacional. Excede de nuestro cometido actual evaluar esas experiencias, pero si es importante
establecer que muchos colectivos de trabajadores han impulsado la creación de Consejos de
Trabajadores por lo cual algunos grupos solicitan que en la LOT se regulen estos organismos
de “poder popular”. Nuestro punto de vista difiere totalmente de esa idea, toda vez que lo más
valioso de la experiencia consejista en la historia del movimiento de los trabajadores es
precisamente su autonomía. Junto con el organismo representativo y gremial de los
trabajadores, como es el sindicato, hay lugar para organizaciones de clase autónomas, como
los consejos de trabajadores cuya regulación legal los convertiría en organismos carentes de la
indispensable autonomía.
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Creemos que los Consejos de Trabajadores, desde el punto de vista jurídico son
organizaciones de trabajadores protegidas en su autonomía por los convenios de Libertad
Sindical de la OIT y su organización y funcionamiento deberían coordinarse con las
organizaciones sindicales y los delegados de prevención cuyo funcionamiento conjunto
enriquecerá el diálogo social y permitirá su ejercicio en los lugares de trabajo dentro del
paradigma de la democracia económica.
Referencias
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Contemporánea ediciones, Caracas, 1987.
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Velásquez, Ed. del congreso de la República, Caracas.
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Anexos. Cuadros estadísticos
País
TD 2002
TD 2009
Tasa de crecimiento
promedio 2002-2009
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16,5
14,7
16,1
17,0
15,9
8,7
8,1
13
7,9
8,2
14,9
7,7
7,8
5,13
3,59
4,19
6,88
2,99
5,09
4,44
3,94
Fuente: Cálculos propios con base en datos de CEPAL (2011; Anexo estadístico Cuadro 1.
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2013
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Evolución del salario mínimo real y las remuneraciones medias reales para un grupo de países
de América Latina. 2002-2009 (2000=100)
País
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
México
Nicaragua
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Remuneraciones Medias Reales
2000
2009
Índice
177.9
2002=100
Índice
107.7
2003=100
100
118.9
100
108.1
100
112.1
100
116.2
100
106.1
100
101.4
100
99.6
100
78.01
Salarios Mínimos Reales
2000
2009
100
292.0
100
172.7
100
100
100
100
100
100
100
100
124.7
113.7
107.8
100
156.6
102.0
194.4
111.7
Fuente: OIT
Nivel de representatividad de las confederaciones sindicales, basado en el número de
trabajadores amparados bajo las convenciones colectivas de trabajo
El Ministerio de Trabajo a mediados del año 2005 emite un boletín, en el que afirma que el
60% de los trabajadores amparados por contratación colectiva están inscritos en la UNT y
solamente el 40% en la CTV. Estas son las cifras del Ministerio de Trabajo: 1.160.311
trabajadores estarían afiliados a UNT y 305.965 a la CTV, 12.517 a la CUTV, 5001 a
CODESA y 32.917 no confederados.
Estas cifras de afiliación no pueden ser comprobadas, lo único de valor estadístico de esta
afirmación es la cantidad de trabajadores amparados por la contratación colectiva que es de
1.516.711.
Trabajadores amparados por convenciones colectivas.
Afiliación (2004-2004)
Enero
Organización 2003Afiliados
Abril
2004
(%)
UNT
1.160.311
76,50
CTV
305.965
20,17
CUTV
32.917
2,17
CODESA
12.517
0,83
No
confederado
5.001
0,33
1.516.711
Total
Fuente: Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social de Venezuela
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Notas sobre los procesos de unificación sindical
Teodoro Campos
I. Introducción
En los últimos años, el descenso en el número de afiliados a los sindicatos y la disminución
de su eficacia como organización en Venezuela y otros países ha llevado a estas agrupaciones
a reevaluar sus estructuras (Bonilla, 2011; Michelson, 2000). La respuesta más común a esta
situación ha sido la de promover el desarrollo de fusiones entre agrupaciones sindicales y, muy
particularmente, de procesos de unificación sindical. Esto último basado en la premisa aquella
de que ¨cuanto más grande, pues, mejor", es decir, que el aumento de tamaño de la
organización sindical supone un incremento de su capacidad de organización para las luchas y
protestas de los trabajadores y de la calidad de los servicios de apoyo y formación que ofrecen
a sus miembros.
La investigación rigurosa sobre las fusiones sindicales se ocupa fundamentalmente de
aquellas que han sido desarrolladas entre sindicatos estadounidenses y británicos, amén de
varios estudios que se han llevado a cabo en Canadá y Australia, y otros no menos importantes
que se han realizado en Nueva Zelanda y Suecia. Además de artículos en revistas académicas
arbitradas y en la prensa escrita, las fusiones sindicales han sido un tema objeto de libros (e.g.
Chitayat, 1979; Chaison, 1986, 1996b; Waddington, Kahmann y Hoffman, 2005; Undy, 2004),
tesis de postgrado (e.g. Chitayat, 1975; Dempsey, 2004, Waddington, 1987 ), y comentarios
críticos (Chaison, 1978; Michelson, 2000; Waddington, 1997).
Una suposición implícita que a menudo rodea a las unificaciones sindicales es que éstas
permitirán a los sindicatos adaptarse mejor a su entorno. Michelson (2000) sostiene que la
unificación es una forma de garantizar un mejor ajuste entre la estrategia sindical y la
estructura de dicho movimiento. De allí la relevancia de su estudio comprehensivo y crítico.
La información presentada en este artículo pone de manifiesto la importancia que
actualmente tiene el estudio y comprensión de los procesos de unificación sindical. El
propósito del artículo es, por lo tanto, presentar algunas ideas fundamentales sobre este
fenómeno con base en un revisión exhaustiva de la literatura que ha sido desarrollada en el
ámbito de las relaciones industriales y laborales, la economía laboral, la sociología del trabajo
y la gerencia organizacional.
Este artículo ha sido estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, se describen los
elementos que definen a la fusión sindical como proceso, a la vez que se identifican los tipos
de fusiones y las características que les son inherentes. En segundo lugar, se describe
ampliamente el proceso de unificación que condujo a la creación de UNISON, un megasindicato de empleados públicos, el cual constituye el sindicato más grande del Reino Unido.
En tercer lugar, se presenta una descripción del trabajo realizado por Dempsey y McKevitt
(1989), quienes adaptan algunas ideas propuestas por otros autores para la gestión de los
procesos de fusión empresarial, y desarrollan y aplican un modelo para la gestión de los
procesos de fusión sindical que toma en consideración aquellos aspectos de la cultura
organizacional que pudieran haber tenido algún efecto en el resultado del proceso de
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2013
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
unificación que condujo a la conformación de UNISON. En cuarto lugar, el artículo analiza
las dimensiones críticas del proceso de unificación sindical iniciado por IAM, UAW y USW,
tres de los sindicatos industriales más grandes de Norteamérica, y las posibles causas de su no
concreción. Finalmente se incluye una sección en la que se aborda el estudio de la alianza
como una alternativa a la fusión sindical en tanto que ello pudiera constituir, aunque menos
formal que la anterior, una excelente alternativa para resolver dificultades financieras y
fortalecer la organización sindical.
II. El concepto de unificación sindical y su diferencia de la absorción.
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define al término unificación como
¨acción y efecto de unificar¨ y al verbo unificar como ¨hacer que muchas cosas diferentes o
separadas formen una organización, produzcan un determinado efecto, tengan una misma
finalidad¨. En línea con esa definición, García Moure (2009, en Bonilla, 2011) ofrece una
definición comprehensiva del término unión del movimiento sindical:
Un proceso mediante el cual los distintas expresiones del pensamiento y acción de la clase
trabajadora coinciden y se articulan en forma solidaria, para lograr objetivos comunes a través
de una organización u organismo común, una conducción o dirección común, un programa de
acción, estrategias, planes y acciones reinvindicativas y de transformación social comunes
(p.83).
Un elemento clave para el análisis de los procesos de fusión sindical consiste en diferenciar
la unificación sindical de la absorción. Michelson (2000) las distingue del siguiente modo: la
unificación sindical consistiría en una fusión entre sindicatos, mientras que la absorción se
trata de la fusión de un sindicato a otro. Chitayat (1975, en Chaison 1982) identificó diversos
elementos en las negociaciones y estructuras de estas dos formas de fusión. Por ejemplo, los
directivos del sindicato absorbido generalmente no logran alcanzar una posición dentro de la
estructura de gobierno del sindicato absorbente, no obstante son retenidos dentro del sindicato
desempeñando funciones en calidad de consultores, directores de división u otras posiciones
dentro del staff. Los altos funcionarios de los sindicatos absorbentes a menudo son designados
para cargos de gobierno en el nuevo sindicato debido a su experiencia en el desempeño de
funciones en organizaciones de tamaño muy similar. Por otra parte, la absorción sindical suele
requerir únicamente la aprobación de la afiliación por parte del sindicato absorbido, mientras
que la unificación sindical requiere de la aprobación de todos los miembros de los sindicatos
que son parte de la fusión.
Hace tres décadas Chaison (1980b) distinguió tipos de fusión sindical con base en estudios
sobre el crecimiento y declive de los sindicatos. Chaison señaló que hubo un incremento
significativo en cuanto a la frecuencia de absorciones y una notable disminución de los
procesos de unificación sindical entre 1900 y 1978 en los Estados Unidos. En otro estudio
realizado por el mismo Chaison (1981), éste descubrió diferencias en las tasas de crecimiento
de los sindicatos absorbidos, absorbentes y unificados.
Algunos estudios posteriores sobre fusiones sindicales han explorado hasta qué punto se
han integrado las estructuras sindicales que han sido objeto de unificación o absorción.
Algunas absorciones no constituyen ¨fusiones totales¨, pero asumen la forma de una afiliación
en tanto el sindicato absorbido se constituye en una división u organización de nivel local
relativamente autónoma respecto al sindicato absorbente. Las fusiones pueden implicar
estructuras federadas de divisiones o seccionales sindicales semi-autónomas (Chaison,
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
1980a). Este tipo de estructuras han sido ampliamente adoptadas en Gran Bretaña con el
propósito de reducir la resistencia a la fusión y a la creación de grandes sindicatos generales
(Dempsey, 2004).
En tanto las categorías de unificación y de absorción han sido útiles en el análisis de la
actividad de fusiones en general, cualquier intento de desarrollar teorías micro sobre las
fusiones requerirán de un análisis profundo de las diferencias dentro de tales categorías. Una
explicación del por qué los sindicatos se fusionan, o de por qué potenciales socios de fusión no
lo hacen requiere de un análisis de las opciones que se contraponen durante las negociaciones
concernientes a la fusión. Brooks y Gamm (1976, en Chaison 1982) sostienen que la variedad
de unificaciones y absorciones sindicales también son importantes al examinar los argumentos
que señalan que las fusiones resultan en estructuras de gobierno centralizadas, menos
influyentes y con una participación reducida de afiliados.
III. Aspectos críticos del proceso de unificación de los sindicatos NALGO,
COHSE y NUPE en el Reino Unido
UNISON se constituyó en julio de 1993 en el Reino Unido como producto de la unificación
de los siguientes sindicatos del sector público: el National and Local Government Officers’
Association (NALGO), la National Union of Public Employees (NUPE) y la Confederation of
Health Service Employees (COHSE). Ya NUPE y COHSE habrían iniciado negociaciones
tendentes a lograr una fusión sindical a inicios de los años 1960s, pero tales negociaciones no
tuvieron éxito. NUPE y NALGO iniciaron conversaciones sobre una posible fusión en 1998, y
luego COHSE se incorporó a esas conversaciones en el año 1989 cuando ya se avizoraba que
habría alguna posibilidad de alcanzar un acuerdo de fusión.
Chaison (1996) efectuó una revisión exhaustiva de los reportes anuales del proceso de
unificación que condujo a la creación de UNISON durante los tres años previos a que se
concretara la fusión (e.g. reportes de COHSE, NALGO y NUPE correspondientes a los años
1991, 1992, 1993, los cuales fueron registrados bajo el título “A Framework for a New
Union”). Con base en los datos analizados, Chaison concluyó que la propuesta de creación de
UNISON era una reacción de los tres sindicatos involucrados ante los cambios que se estaban
experimentando en el sector público de Gran Bretaña. Los tres sindicatos oficiales estaban
particularmente preocupados por la privatización de las empresas estatales, el incremento de
las privatizaciones en el ámbito federal, y el nuevo requisito para la licitación obligatoria, es
decir, las convocatorias a licitación hechas por los consejos de gobierno para que los entes
privados continuaran prestando servicios públicos. A finales de los 80s, la negociación
colectiva estaba descentralizándose y haciéndose cada vez más polémica y compleja, lo cual
afectaba al personal y limitaba los recursos de los sindicatos a nivel de las seccionales. El
crecimiento de los sindicatos de empleados públicos era poco probable dadas las políticas de
contratación empleadas por el gobierno. La contratación externa desde el sector público
resultaba difícil en la década de los 80s puesto que, por ejemplo, NALGO se encontró con
mucha resistencia de parte de los sindicatos de trabajadores de cuello blanco del sector privado
al hacer intentos por reclutar a nuevos miembros que laboraban en el sector privado en la
década de los 80s. Los proponentes de las fusiones argumentaban que un sindicato del sector
público consolidado sería financieramente estable, más efectivo en las negociaciones, tendría
mayor capacidad para representar a todos los empleados en una unidad amplia para el logro de
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
pactos específicos, y tendría una ventaja competitiva sustancial sobre el pequeño sindicato
profesional al cual estaban afiliados muchos trabajadores del sector público.
Desde un principio, Chaison (11996) considera evidente que para nadie sería fácil la
integración de los tres sindicatos. Para el momento de la fusión, NALGO tenía 744.000
miembros, NUPE tenía 79.000 miembros, y COHSE tan sólo tenía una membrecía de 203.000
personas. NUPE y COHSE venían perdiendo miembros, mientras que la membrecía de
NALGO se mantenía bastante estable. NALGO poseía más del doble de los activos financieros
de NUPE y COHSE sumados (Donaldson, 1992, en Chaison 1996). NUPE y COHSE eran
afectos al Partido Laborista, mientras que NALGO no estaba afiliado a ninguna organización
política y deseaba mantenerse de ese modo. De integrarse los tres sindicatos se contaría con
una membrecía excepcionalmente diversa puesto que se integrarían, por ejemplo, trabajadores
contratados a medio tiempo que ganaban 3 mil libras por año, algún alto ejecutivo jefe de esos
que ganaba 70 mil libras, los trabajadores sociales que servían comida en los comedores
populares, e individuos que desempeñaban funciones como administradores de hospitales.
NALCO consistía en un sindicato de trabajadores de cuello blanco mientras que NUPE
constituía una agrupación sindical de obreros (Donaldson, 1992, en Chaison 1996).
Los agentes negociadores de la unificación sindical debían crear estructuras que despertaran
el interés de una membrecía diversa, preservara la identidad de los miembros en una
organización sindical de gran tamaño y mitigara las diferencias en términos de la afiliación
política de sus miembros. El Comité de Unificación decidió crear un sindicato completamente
nuevo, en lugar de realizar una mera integración de las estructuras de los tres sindicatos. En tal
sentido, Chaison (1996) señala que el Comité consideró adecuado adoptar una estructura de
transición de gobierno. Los tres comités ejecutivos integraron el Comité Ejecutivo de
UNISON durante los dos primeros años. Sus altos oficiales se aprovecharon de la posición que
ocupaban a la cabeza de NALGO. Este compromiso dio lugar a un comité ejecutivo de 127
miembros. Los intereses ocupacionales fueron considerados en el proceso de selección y, por
ello, se conformaron grupos para servicios eléctricos, atención en salud, educación superior,
transporte público del gobierno local y servicio de dotación de agua (Cohen, 1994). Estos
grupos se crearon para negociar acuerdos y formular e implementar políticas, considerando a
todo evento las inquietudes profesionales u ocupacionales de los miembros del sindicato. Por
otra parte, los miembros del sindicato eligen a sus funcionarios del sindicato y envían
delegados a las conferencias de gobierno de cada grupo de servicio conformado.
Una propuesta de unificación sindical se distribuyó a los miembros de COHSE, NALGO y
NUPE, la cual posteriormente fue debatida y aprobada en sus respectivos congresos nacionales
(Chaison, 1996). Luego se propuso una Constitución, la cual fue revisada y corregida después
de un breve pero intenso debate, y finalmente se distribuyó junto con al acuerdo de unificación
y la papeleta de votación. El acuerdo de fusión fue aprobado por un 94 por ciento de los votos
emitidos por los miembros de NUPE y un 74 por ciento de votos a favor emitidos por los
miembros de NALGO. Este último tenía las mayores reservas en cuanto a la protección de los
intereses ocupacionales de sus miembros y la libertad que se les concede a sus miembros de
mantener la afiliación política de su preferencia (Waddington, 2003).
La situación de los fondos políticos de cada uno de los sindicatos involucrados en el
proceso de unificación era probablemente el tema más difícil durante las negociaciones. Los
fondos de NALGO no dependían de partido político alguno, pero los de NUPE y COHSE
estaban afiliados al Partido Laborista. Se acordó que habría dos fondos políticos separados
durante un periodo provisional posterior a la unificación de los sindicatos. Antiguos miembros
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
de NALGO o aquellos que se unieron a filiales que alguna vez fueron parte de NALGO,
contribuirían al fondo de NALGO. Antiguos y nuevos miembros de COHSE, NUPE y sus
respectivas filiales pagarían en el nuevo fondo combinado. Los miembros de las filiales recién
constituidas o unificadas podían optar por hacer o no sus aportes al fondo. Cuando el período
de transición establecido finalizó el 1ero de Enero de 1996, dos nuevos fondos serían creados a
partir de los anteriores. Los miembros del sindicato podrían hacer contribuciones a uno o a
ambos fondos independientemente de su afiliación anterior (Chaison, 1996).
Cuando la unificación sindical fue aprobada, el nuevo sindicato fue registrado ante la
Oficina de Certificación y, como consecuencia, su predecesor fue dado de baja. Hoy día
UNISON es un sindicato de carácter masivo, de hecho, es el tercer sindicato en tamaño en
Occidente y el más grande de Gran Bretaña, superando 6 veces en tamaño y por una cifra
cercana al medio millón de miembros al Transport and General Workers Union en el Reino
Unido (Chaison, 1996). Uno de cada seis miembros afiliados a sindicatos en Gran Bretaña
pertenecen a UNISON, el sindicato cuenta con más de 70.000 delegados y funcionarios
locales, y tiene un gasto anual de 100 millones de libras, es decir, alrededor de una cuarta parte
de los fondos gastados por todos las agrupaciones sindicales afiliadas al TUC, esto es, al Trade
Union Congress del Reino Unido.
IV. Gestión de los procesos de unificación sindical
El contexto y el proceso de la fusión sindical, la diversidad de culturas de los sindicatos que
forman parte de ese proceso, y la capacidad de gestión de los agentes responsables de que la
unificación sea lograda constituyen temas claves para la compresión global de los procesos de
unificación sindical. En esta sección se describen los procesos que subyacen a la creación de
UNISON. Acá se hace énfasis en la capacidad de gestión requerida para influir en el proceso
de fusión sindical, tal y como lo proponen Dempsey y McKevitt (2001).
Tomando como base las ideas propuestas por Buono y Bowditch (1989) para la gestión de
los procesos de fusión de organizaciones de negocios, Dempsey y McKevitt (2001) proponen
un modelo para la gestión de procesos de fusión sindical. El aporte de Dempsey y McKevitt es
de gran importancia toda vez que considera el papel que juega la cultura organizacional en el
éxito o fracaso de un proceso de fusión sindical. Es decir, el modelo considera el contexto y el
proceso de fusión como un asunto de vital importancia para el éxito de la misma desde una
perspectiva estratégica. Además de las ideas de Buono y Bowditch (1989), Dempsey (2003)
analiza la información contenida en informes elaborados por Ouroussoff (1993a, 1993b, en
Dempsey and McKevitt, 2001), los cuales fueron parte de lo que le fue encomendado por
algunas organizaciones sindicales.
En términos estratégicos, la decisión de conformar UNISON fue deliberada (Mintzberg y
Waters, 1985), aunque igualmente debe advertirse que en el proceso de unificación sindical
emergieron algunos elementos no planeados. De allí que Dempsey considerase importante
analizar los aspectos operativos del sindicato que pudieran estar vinculados a la visión
estratégica de la fusión.
Dempsey y McKevitt (2001) esbozan un modelo para describir los procesos de fusión
sindical inspirados en las siete etapas del proceso de fusión propuestas por Buono y Bodwitch
(1989) para describir el proceso y estrategias de fusión sindical desde la planificación hasta su
integración. Según estos autores, el modelo puede adaptarse a cada contexto y, en tal sentido,
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
identifican y describen las estrategias implícitas en la gestión del proceso de unificación
sindical que condujo a la creación de UNISON (ver Tabla 1).
1. Etapa preliminar de la unificación
El proceso para la conformación de UNISON surgió de las decisiones tomadas en las
conferencias generales celebradas por cada uno de los sindicatos involucrados. Esto difiere del
patrón observado por Undy (2004) en sus estudios, en cuanto a que la mayoría de las fusiones
vienen impulsadas por acciones discrecionales, aunque legítimas, de los líderes nacionales de
los sindicatos. Los tres sindicatos involucrados establecieron comités y grupos de trabajo para
examinar todos los aspectos del proyecto. Era del conocimiento general que estaban teniendo
lugar negociaciones acerca del proceso de unificación de los tres sindicatos y los miembros
eran informados periódicamente de los avances de las negociaciones sostenidas entre sus
representantes.
Tabla 1. Etapas del Proceso de Fusión Sindical
Etapa
Etapa 1
Características
Grado de incertidumbre que afecta al sindicato hacer de su
futuro en tanto los cambios globales pueden varias, pero las
organizaciones están relativamente estables y sus miembros
están relativamente satisfechos con su status quo.
Planificación de la
Grado de incertidumbre se incrementa, generando discusiones
Etapa 2
Fusión
en torno a la fusión. Temor a que de no crecer el sindicato, la
fusión podría fallar. El sindicato aun se mantiene relativamente
estable y la discusión está confinada en el más alto nivel.
Anuncio de la Fusión
La incertidumbre por la gente del sindicato sigue creciendo en
Etapa 3
medio del anuncio de la decisión de llevar a cabo la fusión. El
sindicato aun se mantiene relativamente estable, y las
expectativas van creciendo en tanto los miembros del sindicato
tienen sentimientos encontrados.
Proceso de Fusión Inicial La estabilidad organizacional se incrementa y se caracteriza por
Etapa 4
la incertidumbre existente debido a cuestiones culturales y
estructurales y de roles a ser desempeñados. Aunque los
miembros al principio son muy cooperativos, la disposición a
prestar se apoyo mutuo desaparece rápidamente.
Fusión Formal (legal)
La inestabilidad organizacional continua incrementándose en
Etapa 5
tanto las personas deben unirse y trabajar juntas. Aumentan los
conflictos entre los grupos de interés.
Etapa Post-Fusión
La falta de cooperación, un predominio de la mentalidad ¨ellosEtapa 6
nosotros¨, expectativas no satisfechas conducen a hostilidades
mutuas. La inestabilidad se incrementa y se mantiene un alto
grado de ambigüedad cultural y en los roles a desempeñar.
Abandono de la organización por parte de los factores
disidentes.
Fusión psicológica
La estabilidad organizacional se hace recurrente en tanto las
Etapa 7
ambigüedades van desapareciendo. Se revisan las expectativas,
se renueva la cooperación y se inicia una etapa de tolerancia. Se
trata de un proceso que exige mucho tiempo y paciencia.
Nota: adaptado del Modelo de 7 Pasos del Procesos de Fusión de Dempsey y Mckevitt (2001).
Pre-Fusión
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2. Planificación de la fusión
En el contexto de los sindicatos, esta etapa cubre el periodo durante el cual se llevan a cabo
las negociaciones, es decir, cuando se discuten decisiones acerca de si se llevará a cabo una
absorción o la unificación de los sindicatos. En este último caso, como ya se ha señalado antes,
se requiere de la votación de todos y cada uno de los miembros del sindicato y para ello se
emplea mucha documentación legal, incluyendo las papeletas de votación empleadas para la
aprobación o no de la unificación sindical. En el caso de UNISON, hubo participación de los
diversos agentes en las decisiones a lo largo de todo el proceso, hubo decisiones tomadas en
conferencias generales durante cuatro años consecutivos (de 1989 a 1992) por dos de los
sindicatos asociados, y hubo una conferencia especial adicional realizada por NALGO para tal
fin.
Dempsey y McKevitt (2001) también toman como referencia algunos de los criterios
propuestos por Buono y Bowditch (1989) para la planificación de fusiones que, en su criterio,
serían aplicables al proceso de unificación sindical, a saber:
La determinación de los objetivos de la fusión;
Selección de una estrategia de fusión adecuada;
Fijación de los criterios apropiados para una fusión; y,
Establecimiento de acciones orientadas a obtener el apoyo y compromiso de todos los
involucrados para que el trabajo se haga sin alteraciones significativas en la etapa de
transición.
En esta etapa también es oportuno explorar aspectos culturales asociados de las partes
involucradas en el proceso de fusión sindical para determinar, entre otras cosas, el grado de
compromiso de esas partes con dicho proceso. La lista de chequeo propuesta por Cartwright y
Cooper (1996, en Dempsey and McKevitt, 2001) puede ser de utilidad para ese propósito.
Cabe señalar que UNISON contrató los servicios de un consultor para que realizara una
encuesta sobre la cultura organizativa de los tres sindicatos involucrados en el proceso de
fusión pero los resultados de esta encuesta sólo llegaron a conocerse cuando ya los tres
sindicatos habían tomado la decisión de unificarse.
3. Anuncio de la fusión
El anuncio de la unificación de sindicatos es un evento eminentemente político que, por lo
general, implica la realización de una conferencia de prensa en la cual se hace de conocimiento
público el resultado de la votación. Típicamente se envía una carta de agradecimiento a cada
uno de los miembros del sindicato por haber contribuido al éxito del proceso de votación.
Dempsey y McKevitt (2001) sostienen la necesidad de que sea planificada una estrategia de
comunicación coherente en todos los terrenos, puesto que algunos grupos de interés pueden no
sentirse parte de las decisiones más importantes del proceso de fusión sindical e ignoran
aspectos importantes que están implícitos en el mismo, como por ejemplo, los beneficios
económicos que trae consigo la unificación de los sindicatos. Una comunicación abierta y
continua con todos los grupos de interés contribuiría a evitar confusiones o desconocimiento
acerca de algunos elementos críticos tal y como lo reportó Thorpe (1999, en Dempsey and
McKevitt, 2001) en su análisis de una encuesta realizada a los sindicatos involucrados en el
proceso de conformación de UNISON según la cual aproximadamente un 40 % del personal
staff de la región nordeste del Reino Unido no tenía certeza de los beneficios que se
obtendrían de la unificación de los sindicatos.
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4. Período inicial de la fusión
En este período, típicamente las organizaciones constituyen comités conjuntos para
negociar el establecimiento de políticas y procedimientos y resolver diferencias que pudieren
llegar a presentarse. Dempsey (2004) sostiene que en algunas ocasiones se hacen intentos por
abordar cuestiones culturales que subyacen a problemas estructurales, por lo cual sugiere que
se hagan ingentes esfuerzos por ganarse el apoyo de los demás actores involucrados.
En el caso de UNISON, el sindicato unificado se embarcó en actividades que, en el
contexto de una fusión sindical, se consideran una práctica innovadora. En primer lugar,
estableció un Programa de Asistencia al Empleado. La solicitud por concepto de
asesoramiento se incrementó hasta por un 81% entre 1993 y 1994. En segundo lugar, UNISON
inició un programa de talleres sobre gestión del cambio en todo el país, lo cual eventualmente
se vio reforzado con la incorporación de una Unidad de Desarrollo Organizacional dentro de la
estructura de gestión del sindicato.
En tercer lugar, se hizo evidente la necesidad de emplear estrategias de desarrollo de
competencias gerenciales a los altos directivos del sindicato como una herramienta para
mejorar la gestión de los procesos organizacionales. De hecho, en 1994 los altos directivos del
sindicato asistieron a un programa obligatorio de desarrollo gerencial en la Cranfield School of
Management cuyo propósito fundamental era que los participantes desarrollaran competencias
que le permitieran identificar los paradigmas culturales dominantes en las organizaciones
sindicales fusionadas a través del análisis de sus redes culturales, seguido de una evaluación
de cómo se vería la red cultural de UNISON en el futuro. El equipo directivo del sindicato
también asistió a talleres de estrategia para desarrollar sus propias competencias para la
gestión de la fusión. Es así como las estrategias de formación y desarrollo gerencial
implementadas por UNISON han sido emuladas por otros sindicatos.
Tal y como lo señalaron Dempsey y McKevitt (2001), la alta dirección del sindicato
implementó una estrategia deliberada en la fase inicial de la unificación sindical, haciendo un
gran esfuerzo por alinear el contexto operacional de UNISON con el propósito estratégico
subyacente al proceso de unificación sindical.
5. Fusión formal
Durante una fusión, los choques culturales y las colisiones derivadas de estos pueden
afectar de manera negativa el funcionamiento de una organización. Dempsey y McKevitt
(2001) dedican una parte sustancial de su trabajo a los aspectos culturales toda vez que
reconocen que ello prácticamente afecta todos y cada unos de los aspectos de la vida
organizacional. En el caso de una fusión, es de vital importancia comprender la cultura de las
organizaciones que participan en la fusión dada la posibilidad de que existan profundas
diferencias en los valores fundamentales de cada organización que impiden el entendimiento
mutuo y que además suelen generar obstáculos innecesarios para la integración efectiva de las
organizaciones (Ouroussof, 1993, en Dempsey y McKevitt , 2001).
Durante el proceso de creación de UNISON se hicieron esfuerzos por evaluar el grado de
¨similitud cultural¨ entre los sindicatos participantes de dicho proceso de unificación. En ese
sentido, Dempsey y McKevitt analizaron dos informes de consultoría: un informe provisional
para el equipo de alta dirección (Ouroussof, 1993a, en Dempsey and McKevitt, 2001), y otro
informe basado en los datos obtenidos a través de entrevistas realizadas a algunos miembros
activos de los sindicatos al momento de la fusión formal (Ouroussof, 1993b, en Dempsey and
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McKevitt, 2001). El trabajo de Ouroussof se llevó a cabo a lo largo de cinco meses e incluyó
entrevistas con cientos de individuos considerados parte de los grupos de interés constituidos.
El estudio realizado por Ouroussof tenía como propósito ilustrar y hacer explícitas las
diferencias culturales entre los tres sindicatos que formaban parte del proceso de unificación
sindical en términos de sus creencias y valores predominantes.
Entre las conclusiones a que llegó Ouroussof (1993b, en Dempsey and McKevitt, 2001),
resaltan particularmente dos de ellas: la primera es que si los valores y tradiciones de una
organización sindical se imponen arbitrariamente sobre la nueva organización (en este caso, la
unificada), entonces es muy probable que ello conlleve a una disminución del número de
afiliados, la segunda conclusión de Oroussof (1993a, en Dempsey and McKevitt, 2001) que
acá se resalta, tiene que ver con la recomendación que éste hace en cuanto a que sean
adoptadas políticas de buena gestión sindical, más que por el bien del sindicato en particular,
por el bien del sindicalismo mismo.
En términos de su estructura funcional, UNISON hizo esfuerzos desde su conformación por
diferenciarse de los tres sindicatos que lo integran. En ese sentido, se propusieron nuevos
nombres para las organizaciones que se integraron en fusión, se planeó el establecimiento de
comités más reducidos, se fomentó el trabajo en equipos de proyecto, se desarrolló e
implementó un sistema de gestión matricial para reorientar las actividades de los equipos de
trabajo hacia las tareas, y se hizo un gran esfuerzo por eliminar las barreras de comunicación
identificadas.
También se hicieron esfuerzos por fomentar y controlar la integración de los diferentes
grupos de interés dentro de UNISON, lo cual fue objeto de estudio y sobre lo cual
internamente realizaron un informe referente a la "integración y participación¨. El propósito
era evitar que los miembros de cuello blanco del sindicato, por lo general hombres blancos,
ejercieran dominio alguno sobre las estructuras sindicales e intentaran imponer sus valores,
creencias y tradiciones sobre los demás, lo cual generaría sentimientos de alienación entre los
miembros pertenecientes a otros grupos. La tendencia era que, como lo señaló Terry (1996),
NALGO intentara imponer su dominio en muchas de las seccionales sindicales. Eso coincide
con lo hallado por Ouroussof (1993b, en Dempsey y McKevitt, 2001), quien identificó que esa
conducta típica de los miembros de NALGO con relación a los miembros de las otras
agrupaciones sindicales provocaba que disminuyera la adhesión al sindicato mismo.
6. Período post-fusión
En 1998 UNISON adoptó una nueva estructura de gestión con el propósito de mejorar el
funcionamiento del sindicato. Ya transcurridos 7 años después de la unificación formal de los
sindicatos, Dempsey y McKevitt (2001) manifestaban que aun se seguía trabajando
fuertemente en el proceso de integración cultural de UNISON.
Dada que esta etapa se caracteriza como un ¨punto muerto¨ de la fusión, Dempsey y
McKevitt (2001) coinciden con Buono y Bowditch (1989) en cuanto a que esa sensación de
inestabilidad puede tomar años en resolverse, además de que ello podría provocar una
disminución de la productividad y la eficacia operativa del sindicato.
7. La fusión psicológica
Buono y Bowditch (1989) sugieren que un verdadero nivel de integración no puede lograrse
hasta tanto no haya un nuevo "enemigo" que sirva como punto de referencia para la hostilidad
y la amenaza. Otro punto importante tiene que ver con el grado de comprensión de las
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manifestaciones de pérdida y derrota, no vistas ya como manifestaciones de deslealtad o de
egoísmo, sino como la consecuencia natural de un proceso inevitable. Es por ello que el
reconocimiento de la diversidad humana en las reacciones individuales que cada quien
manifiesta en torno a experiencias estresantes que le cambian la vida a las personas pudieran
contribuir al logro de la fusión.
En cuanto al proceso de gestión de la unificación sindical que condujo a la conformación de
UNISON, se concluye lo siguiente:
Es posible identificar el propósito estratégico de la unificación sindical como una
integración amistosa, concebida de modo horizontal. Buono y Bowditch (1989) tienen
reservas acerca de este tipo de fusiones ya que en los casos de fusiones empresariales
analizados, en los que se apreciaban situaciones similares, se encontraron que tales
organizaciones tuvieron mayores dificultades para lograr una verdadera integración,
causando mayores trastornos de lo previsto. De hecho, en uno de los casos estudiados
por ellos, notaron que había una pérdida del orgullo en y por la organización, desapego
de los empleados, pérdida de seguridad en el empleo y sentimientos de impotencia.
Dempsey y McKevitt (2001) afirmaron que habían obtenido información de que
algunas de estas características estaban presentes en UNISON.
El proceso de unificación sindical que condujo a la creación de UNISON fue manejado
con cuidado una vez que la decisión de fusionar los sindicatos fue tomada. Previo a ese
momento, sin embargo, Dempsey y McKvitt observan que se prestó poca atención a las
cuestiones asociadas a la dimensión humana de dicho proceso. En este sentido, cabe
señalar entonces que UNISON no se diferencia mucho de otras organizaciones.
El caso de UNISON constituye un claro ejemplo de una estrategia exitosamente
implementada, es decir, la unificación sindical tuvo lugar, y Dempsey y McKevitt
demostraron el papel fundamental que juega la cultura organizativa en el proceso de
fusión sindical. El cambio de cultura organizativa es un proceso evolutivo que
usualmente implica el despliegue de maniobras políticas, situaciones que provocan
ansiedad, conflictos, tensiones, la necesidad de aprender, adaptación y flexibilidad.
La gestión de una fusión es una tarea difícil para cualquier gerente. En esta sección del
artículo se demuestra que la gestión de los procesos de fusión sindical requiere de mucho
talento, aprendizaje y profunda reflexión. Tal y como puede observarse en los párrafos
anteriores, las teorías y modelos que han sido originalmente desarrolladas para comprender e
implementar fusiones empresariales tienen mucha utilidad para comprender la dinámica de los
procesos de fusiones sindicales. La descripción que hacen Dempsey y McKevitt (2001) del
proceso de unificación que condujo a la conformación de UNISON, muestra cómo una
perspectiva estratégica puede ser adoptada por los diferentes actores del proceso de fusión para
vigilar y atender sus propios intereses particulares y grupales.
V. ¿Por qué fracasan muchos de los intentos de fusión sindical?
Se estima que alrededor de dos tercios de los intentos de fusión sindical fracasan (Chaison,
1986). Rara vez se escucha hablar del fracaso de los procesos de fusión debido a que ello
típicamente ocurre cuando se realizan los primeros contactos informales entre los funcionarios
representantes de las agrupaciones sindicales involucradas. También se han presentado
situaciones muy embarazosas cuando se anuncia la fusión de manera anticipada sin siquiera
haber llegado a establecer acuerdos de fusión.
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Aunque Chaison (1986) ha elaborado un modelo ilustrativo para comprender cómo se
fusionan los sindicatos (ver Figura 1), el modelo contiene una serie de limitaciones. En primer
lugar, el modelo no explica por qué los sindicatos eligen hacer una fusión como primera
alternativa de reestructuración organizativa, lo cual constituye a todas luces una omisión
grave, tal y como lo ha señalado Michelson (2000). En segundo lugar, el modelo da por
sentado que la fusión será efectivamente llevada a cabo toda vez que asume que una vez que
los sindicatos se embarcan en la etapa de negociaciones sobre los términos y detalles de la
fusión, dicho proceso culminará exitosamente sin considerar la posibilidad de que el proceso
pudiera colapsar o ser abortado por alguna de las partes. En ese sentido, autores como Graham
(1970) y Michelson (1997) han señalado que hay casos en que los sindicatos dan inicio a
negociaciones concernientes a un proceso de fusión a pesar de estar conscientes de la alta
probabilidad de que dicha fusión no ocurra. Cabe señalar, entonces, que el modelo pareciera
estar diseñado para documentar los casos de fusión sindical que de hecho han sido
consumados, lo cual constituye solo una parte del la historia de los procesos de fusión sindical.
Figura 1. Modelo de Fusión Sindical (adaptado de Chaison, 1986)
A pesar de las limitaciones del modelo de de Chaison (1986), cabe reconocer que el mismo
presenta una descripción básica del proceso de fusión sindical que puede servir de herramienta
para la comprensión y estudio de dicho fenómeno. Se trata de un modelo que está claramente
influenciado por la teoría de sistemas, y presupone que los resultados de la fusión están
influenciados por el grado de integración de las estructuras sindicales que a su vez constituyen
sólo una dimensión del proceso de negociación. El modelo muestra, además, que el inicio de
las negociaciones para el acuerdo de fusión entre dos o más sindicatos tiene lugar sólo cuando
la presión por fusionarse llega a ser lo suficientemente elevada.
En fin, las críticas al modelo de fusión propuesto por Chaison plantean que aún existe un
margen considerable para el desarrollo de teorías y modelos que reflejen la dinámica del
proceso de fusión sindical, cuestión ésta que, dicho sea de paso, ha sido harto reconocida por
el propio Chaison (1982a) al considerar que si bien su modelo es útil en cuanto proporciona
una visión general de los procesos de absorción y unificación sindical, aún es necesario que
sean desarrolladas teorías y modelos a nivel micro que de hecho requieren la adopción de
perspectivas que consideren otras dimensiones del proceso de fusión sindical.
El fracaso de la unificación sindical anunciada en 1995 por la United Auto Workers
(UAW), United Steelworkers (USW), y la International Association of Machinists (IAM)
puede enmarcarse dentro de esa visión lineal del proceso de fusión sindical a que nos
referimos en los párrafos anteriores (1). En este caso, las conversaciones fueron rotas de
manera abrupta al no haberse siquiera establecido acuerdos respecto a ciertas condiciones
mínimas de gobernabilidad (Clark and Gray, 2000). Los comités de unificación sindical fueron
disueltos y la propuesta de fusión nunca fue presentada, y mucho menos sometida a votación,
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ante los miembros de los sindicatos involucrados. De hecho, antes de que los comités de
fusión hubieren llegado a reunirse, los miembros de los tres sindicatos ya habrían manifestado
que esperaban con ansias el inicio a las conversaciones para negociar la unificación de los
sindicatos (2).
El anuncio de unificación sindical hecho por IAM, UAW y USW, tres de los sindicatos
industriales más grandes de Norteamérica, significaba que, de haberse concretado el mismo,
hoy constituiría el sindicato más grande dentro del movimiento sindical norteamericano.
Desde la fecha en que hizo ese anuncio, IAM, UAW y USW estuvieron negociando un
acuerdo de unificación sindical. Los sindicatos originalmente fijaron el año 2000 como el año
meta para que se concretara la fusión, dejando abierto un lapso de cinco años para que se
ultimaran los detalles del proceso (USW, 1995). Sin embargo, ya en octubre de 1998, el
Presidente de IAM manifestaba que la fusión no sería completada antes de 2002 toda vez que
había serios indicios de que los sindicatos necesitarían de algún tiempo extra para hacer
posible la formalización del acuerdo.
De haberse materializado la unificación de los sindicatos UAW, USW, e IAM, ello hubiese
constituido un acontecimiento histórico en la historia del movimiento obrero norteamericano
por dos razones poderosas: en primer lugar, porque un sindicato de esa magnitud (contaría con
unos dos millones de miembros aproximadamente) concentraría recursos y poder para lograr
sus objetivos. En segundo lugar, porque de haberse logrado dicha fusión, ello serviría hoy de
modelo para otras organizaciones sindicales del continente en un momento en que el
movimiento laboral está pasando por un período de reestructuración significativa.
La unificación de IAM, UAW, USW no se materializó debido a que muchas cuestiones de
índole político, estructural, y administrativas no fueron resueltas. Del cúmulo de situaciones
que enfrentaron estos sindicatos, tres se destacaban como particularmente problemáticas. En
primer lugar, se observaron diferencias estructurales bastante marcadas en cuanto a si las
autoridades sindicales internacionales serían elegidas directamente por referéndum entre sus
miembros o por delegados designados durante la convención anual del sindicato unificado (3).
En muchas ocasiones, UAW se opuso fuertemente al método de referéndum, mientras que los
miembros de IAM y el USW no deseaban coartar el derecho a votar de sus miembros.
Otro asunto controversial tuvo que ver con la designación del que sería el primer presidente
del nuevo sindicato unificado. En el momento en que se propuso la idea de iniciar un proceso
de unificación, los presidentes de los tres sindicatos estaban a punto de jubilarse, lo cual
significaba que los sindicatos tendrían que dedicar mucho tiempo para la selección de un
presidente que fuera lo suficientemente legítimo. Sin embargo, el proceso de selección fue
interrumpido cuando de manera inesperada un hombre de cuarenta y seis años de edad fue
elegido presidente de IAM en 1997, lo cual generó muchas dudas y desconfianza en los
directivos de las otros sindicatos
por cuanto sospechaban que esa persona, muy
probablemente, desearía seguir desempeñándose como presidente de la nueva organización
sindical una vez unificada. Siendo IAM el sindicato más pequeño de los tres involucrados en
el proceso de unificación, había cierto temor de los miembros de los otros sindicatos en
cuanto a que la selección del presidente del sindicato unificado se basara en criterios poco
democráticos.
La otra barrera importante que hubo para la unificación tuvo que ver con aspectos de índole
cultural. La cultura sindical se manifiesta de muchas maneras, incluyendo la apreciación que
tienen sus miembros respecto de la historia del sindicato y el orgullo que sienten sus miembros
por ser parte del mismo. La mayoría de los miembros afiliados a IAM, la UAW y USW tenían
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fuertes lazos con sus respectivas organizaciones. Estos sentimientos dificultaban que los
miembros de cada sindicato aceptaran renunciar a sus sindicatos de origen.
Otra dimensión de la cultura sindical es la forma en que un miembro se ve a si mismo en
relación a la organización a la que pertenece. UAW y USW se caracterizaban por ser
organizaciones un tanto centralizadas, mientras que el IAM solía ser considerado como un
sindicato más descentralizado que aquellos. La tendencia natural de los sindicatos
involucrados en un proceso de fusión consiste en reproducir el tipo de relaciones que se tienen
en la organización de origen. Aunque UAW y USW eran más proclives a aceptar, por ejemplo,
su incorporación a una nueva organización sindical internacional que jugase un papel muy
activo en la vida de sus miembros y el funcionamiento de sus seccionales a nivel local. En
cierto modo, una de las principales razones para la unificación sindical es utilizar el poder
concentrado de un sindicato unificado para desempeñar a cabalidad todas las funciones y
servicios inherentes al mismo. Los miembros de IAM se sentían muy cómodos con su enfoque
descentralizado mientras que los miembros de UAW y USW se resistían a tener que adaptarse
a una estructura sindical unificada que se asemejara a la de IAM.
Otra situación que generó dudas acerca de la transparencia del proceso de negociaciones
tuvo que ver con el anuncio (sorpresivo para los miembros de IAM) que fue realizado de
manera conjunta por UAW y USW, en el cual manifestaban que ambos sindicatos se
fusionarían independientemente de que en alguna fecha posterior se lograra o no la unificación
total de los tres sindicatos.
VI. La alianza como alternativa a la unificación sindical
La posibilidad de establecer una alianza como alternativa a la fusión es sugerida por Ashack
(2008), quien incluye a las "alianzas estratégicas" en su análisis de las diferentes formas de
fusiones organizativas. Chaison (1982) también considera que las alianzas pueden servir como
un posible sustituto a la fusión sindical.
Por ejemplo, una alternativa para United Auto Workers (UAW), United Steelworkers
(USW), y la International Association of Machinists (IAM) podría haber sido el
establecimiento de una alianza institucional entre los tres sindicatos sin necesidad de buscar
que fueran satisfechos todos los requerimientos formales y legales de una unificación sindical.
Mediante una alianza los sindicatos podrían haber institucionalizado, entre otras cosas, formas
de organización interna de carácter cuasi-cooperativo, procesos de negociación, pautas para
lograr arreglos entre sus miembros, y establecimiento de diversos mecanismos que facilitaren
el apoyo mutuo en situaciones difíciles.
Para el momento en que iniciaron las conversaciones, ya UAW contaba con experiencia en
acuerdos de cooperación similares, pues, dicha agrupación sindical habría hecho esfuerzos
conjuntos con los sindicatos Teamsters y United Distributive Workers (District 65) en 1968
para conformar la Alliance for Labor Action en 1968 (Chaison, 1986).
Otra alternativa a considerar sería la alianza sindical, la cual típicamente se basa en
acuerdos de cooperación mediante los cuales los sindicatos se comprometen a seguir
trabajando de manera conjunta en una serie de áreas. Las alianzas tienden a ser más informales
y transitorias que las fusiones y, por lo general, no se anuncian públicamente. Sin embargo, la
alianza ofrece mucho de los beneficios de una fusión sin requerir el concurso de los sindicatos
para la resolución de cuestiones de mayor complejidad. Por ejemplo, en el caso de UAW,
USW y el IAM, los sindicatos podrían haberse comprometido a honrar su compromiso por
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mantener las relaciones de trabajo de tipo colaborativo que venían sosteniendo desde la época
en que se encontraban negociando el acuerdo de unificación sindical.
Shabecoff (1980, en Chaison 1982) advierte que también existen procesos de formación de
alianzas entre los afiliados más pequeños de la AFL-CIO para incrementar su influencia dentro
de la federación y prestar servicios que los sindicatos de menor tamaño no podrían lograr de
forma independiente. Los sindicatos más pequeños siempre se han resistido a la idea de una
fusión debido a que sus funcionarios temen perder sus empleos y poner en riesgo la identidad e
influencia del sindicato al verse sumergida dentro de una organización más grande.
Algunas alianzas se establecen para ir allanando el camino hacia una fusión sindical. Por
ejemplo, el Stove, Glass and Clay Coordinating Comittee se constituyó en los años 70s entre
varias organizaciones afiliadas al AFL-CIO, como una manera de promover la confianza
mutua y el esfuerzo de cooperación necesario previo a la unificación sindical (Chaison, 1982).
También hay casos en los que se han concretado otras formas de alianzas a nivel local y
regional cuando por alguna razón u otra ha sido bloqueada una fusión sindical. Por ejemplo, la
National Education Association y la American Federation of Teachers han constituido alianzas
a nivel estadal a pesar de no haber podido fusionar sus organizaciones de alcance nacional.
Las alianzas sindicales también son vistas como una manera de resolver dificultades
financieras y de fortalecer la organización sindical y su capacidad de negociación. Aparte de
las alianzas, existen otras medidas que proporcionan beneficios similares a los que ofrece una
fusión aunque sin el grado de integración organizacional de éstas. Los sindicatos pueden
intentar darle solución a sus problemas mediante acciones cooperativas tales como la
negociación coordinada y el cabildeo, que bien podrían servir de sustitutos a las fusiones
sindicales (Chaison, 1982). En definitiva, cualquier estudio comprehensivo que trate el tema
relativo a la motivación que subyace a los sindicatos para fusionarse, debe considerar la
posibilidad de establecer alianzas o acuerdos cooperativos como alternativas a la fusión
sindical.
VII. Conclusiones
Este artículo es producto de una revisión y análisis de estudios previos sobre las fusiones
sindicales. Como puede observarse, este estudio se basa en el análisis de fusiones sindicales y
para ello se ocupa fundamentalmente de aquellas que han sido desarrolladas entre sindicatos
estadounidenses y británicos. Además se analizó información sobre el tema de las fusiones
sindicales contenida en libros, artículos publicados en revistas académicas arbitradas, y en la
prensa escrita.
En primer lugar, se identificaron algunas características esenciales a las dos formas básicas
de fusión sindical, la unificación sindical y la absorción. Un elemento distinto clave que fue
identificado a tal efecto consiste en el grado de participación en las negociaciones que tiene los
miembros del sindicato en el proceso de fusión, lo cual está sujeto a la ubicación de cada
miembro dentro de la estructura funcional del la organización sindical. De allí que en los casos
de unificación sindical, los directivos del sindicato absorbente sean quienes ocupen posiciones
dentro de la estructura de gobierno en el nuevo sindicato unificado, mientras que en los casos
de absorción sindical la estructura de gobierno típicamente experimenta pocas alteraciones o
cambios.
En segundo lugar, pudo notarse que uno de los aspectos fundamentales que hizo posible la
conformación de UNISON tuvo que ver mucho con el diseño de una estructura de transición
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de gobierno flexible que permitiera la integración paulatina de una membrecía muy diversa,
garantizara el respeto por las preferencias políticas de sus miembros, lo cual implicaba un
profundo respeto por la identidad de individuos y grupos. De allí que el Comité de Unificación
haya logrado crear un sindicato completamente nuevo, en lugar de realizar una mera
integración de las estructuras de los tres sindicatos (COHSE-NALGO-NUPE).
En tercer lugar se presenta una descripción del trabajo realizado por Depmpsey y McKevitt
(1989) quienes adaptan las ideas propuestas por otros autores para la gestión de los procesos
de fusión empresarial a objeto de formular y aplicar un modelo para la gestión de los procesos
de fusión sindical que toma en consideración aquellos aspectos de la cultura organizacional
que pudieran haber tenido algún efecto en el resultado del proceso de unificación que condujo
a la conformación de UNISON. Es decir, el modelo considera el contexto y el proceso de
fusión como un asunto de vital importancia para el éxito o fracaso de una fusión desde una
perspectiva estratégica.
En cuarto lugar, el estudio realizado por Clark y Gray (2000) permitió identificar algunas de
las dificultades que tuvieron que enfrentar los representantes sindicales de IAM, UAW y USW
en medio del proceso que iniciaron con el propósito de unificarse pero que finalmente no
pudieron concretar dados las múltiples retos que se le presentaron en términos de definir de
manera conjunta su estructura de gobierno, las políticas que los regirían una vez integrados y
la definición de los elementos de la cultura organizativa que debían prevalecer de ser lograda
la unificación sindical.
En quinto lugar, pudo evidenciarse la apertura de varios autores hacia la adopción de
alternativas a las fusiones sindicales. La conformación de alianzas sindicales y/u otros
mecanismos de cooperación constituyen estructuras transitorias que permiten honrar los
compromisos laborales a la vez que evita poner en riesgo la identidad e influencia del
sindicato. Estas son medidas que, tal y como fue señalado antes, pudieran garantizar la
obtención de beneficios similares a los que ofrecen las fusiones sindicales.
Este intenso proceso de búsqueda, revisión y análisis de la literatura referente al tema de las
unificaciones sindicales, permite corroborar la afirmado al inicio de este artículo, esto es, que
tales estudios han sido desarrollados predominantemente en Norteamérica y el Reino Unido y,
aunque en menor medida también, en Australia, Alemania, Suecia y Nueva Zelanda. No es ni
ha sido el propósito de este esfuerzo investigativo plantear que la información acá reportada
sugiere la supremacía de los estudios realizados sobre el tema de la unificación sindical en
aquellos países sino que este tipo de iniciativas de investigación más bien permiten identificar
algunos aspectos que bien podrían conducir a una interacción productiva con la comunidad
académica y las organizaciones laborales a nivel nacional e internacional en aras de impulsar
el desarrollo de propuestas de acción para el fortalecimiento y revitalización del movimiento
sindical.
Notas:
1. El IAM tiene sus raíces en el sindicato denominado Machinists and Blacksmiths Union,
fundado en 1859 y en los últimos años el sindicato se ha expandido más allá del sector
ferroviario para incorporar a trabajadores del sector automotriz y autopartes, madera, papel,
electrónica, construcción y manufacturero. El segmento más grande de la membrecía del UAW
aún labora en la industria automotriz, autopartes, camiones, fabricantes de implementos
agrícolas y de la industria aeroespacial y de defensa. El USW se agrupó en 1936 como Steel
Workers Organizing Committee (SWOC), un sindicato de trabajadores de la industria del
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acero que además se dedicó a la producción y la fabricación de otros metales durante la
Segunda Guerra Mundial y en los años de la posguerra.
2. Clark y Gray entrevistaron a una serie de funcionarios locales, distritales e internacionales
en el curso de su investigación.
3. Chaison sostiene que el diseño de las estructuras de gobierno de la nueva organización
sindical es el problema más común y controversial que se presenta en las negociaciones que
tienen lugar durante los procesos de fusión sindical.
VIII. Referencias
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Fragmentación en el movimiento de los trabajadores
Héctor Lucena
I. Introducción
En las relaciones empresa-trabajadores o capital-trabajo, hay una asimetría de entrada. Más
poder de un lado que del otro. Esa asimetría se encara o se pretende resolver a través de dos
grandes opciones: 1) la acción colectiva de los trabajadores; los individuos congregados
constituyen mucho más que la suma matemática; la relación individual del trabajador con la
empresa reproduce o ensancha la asimetría, en cambio la relación colectiva tiene efectos
favorables en su reducción, aunque no necesariamente genera una simetría, pero sin duda
contribuye a cerrar la brecha entre el poder de la empresa y el de los trabajadores; 2) que desde
el Estado se formulen políticas que tengan presente y atiendan el problema de la desigualdad.
Con relación a la segundo, hay que mencionar que tenemos históricamente una tradición
muy marcada de intervención estatal en las relaciones empresa-trabajador, nacimos así y se ha
profundizado esa relación interventora, y no es un caso particular venezolano, los países
latinoamericanos se han caracterizado por ello, pero el grado de intervención estatal en las
relaciones empresa-trabajador en el caso venezolano es de los más marcados. Cabe preguntar
¿sustentado en qué?, sustentado en la condición de un Estado que tiene bajo su poder el
principal elemento de generación de riqueza así como de su redistribución –sector petrolero-,
y eso hace penetrar su influencia de una manera más marcada que cualquier país que tuviera
una exportación diversificada y que fuera más dependiente del sector transformador o del
sector agrícola, como puede ser Brasil o Argentina.
Esa característica de la intervención estatal en las relaciones de trabajo se ha agudizado en
los últimos diez años. Previamente se habían construido unas relaciones de trabajo, a lo largo
de la historia, que alcanzaron un cierto grado de respuestas concretas a las exigencias de los
trabajadores organizados, que en buena medida se refieren al sector formal del mercado
laboral. Se construyó un andamiaje que permitía la revisión periódica de sus condiciones de
trabajo, su mejoramiento, y la construcción de una red de mecanismos para el funcionamiento
de las relaciones entre las organizaciones de empleadores, trabajadores y Estado. Ese
patrimonio, esa construcción alcanzada a lo largo de varias décadas, en este momento está
siendo sustituida y removida. Ello contribuye a lo que se identifica como la fragmentación. La
remoción de todo ese patrimonio de instituciones y estructuras que se construyó no sólo por la
acción estatal, sino también por la acción de las organizaciones laborales y de los empresarios,
tejió una red de instituciones y mecanismos que le dieron a las organizaciones de empresarios
y trabajadores algunos elementos de certidumbre. Esta fragmentación se expresa en tres
dimensiones: la de la organización de los trabajadores, la de los mecanismos de relación
empresa-trabajadores, y la de las formas de organizar la producción de las entidades
productivas.
En el presente ensayo, los elementos fragmentadores a analizar son el paralelismo sindical,
el estancamiento de las negociaciones colectivas y el fomento de los delegados de prevención,
entendiendo que estos elementos están presentes en los centros de trabajo. Se reconoce que
existen políticas públicas que fomentan la fragmentación desde la promoción de nuevas
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formas de organizaciones productivas, la promoción de las actividades militarizadoras en los
centros productivos, y el fomento de acercar las organizaciones comunales a los centros de
producción.
II. Sindicalismo fragmentado. Paralelismo y consecuencias .
Uno de los fenómenos que ha venido ocurriendo en los últimos años es el del llamado
paralelismo sindical. Se trata de la coexistencia y funcionamiento de más de un sindicato en un
determinado centro de trabajo o producción. Si bien no es una manifestación nueva, lo crítico
del asunto es su agudización, y lo más grave con consecuencias inéditas en la historia laboral
venezolana, como es el que este fenómeno ha servido de cultivo para la violencia, que viene
desbordando a las instituciones que atienden el problema.
Ya desde los orígenes de la conformación de la estructura sindical venezolana se facilitó el
germen para que a posteriori la fragmentación sindical se multiplicara. Cuando se construyó el
esquema de organización sindical en la Ley del Trabajo de 1936, se diseñó una estructura que
facilitaba la organización de sindicatos por municipios, distrito, por empresa, por profesión. Se
circunscribía el ámbito de estas organizaciones a verdaderos micro-espacios, a diversos
seccionamientos, y además colocadas en una marcada subordinación al gobierno para autorizar
su creación y funcionamiento.
Las reformas de mayor relevancia puestas en práctica en los años posteriores no alteraron el
fondo de estos gérmenes de la fragmentación. Incluso el proceso que dio lugar a la vigente Ley
Orgánica del Trabajo, en los últimos años de la década del ochenta y que culminó con su
aprobación a fines de 1990, pudo al menos insertar las organizaciones sindicales de carácter
sectorial, las de ámbito nacional, así como introdujo el silencio administrativo en el proceso de
legalización de los sindicatos, que en principio se consideraba como una manera de restar
fuerza a la tramitación burocrática ante las instancias ministeriales.
Importa señalar que para este entonces se pudo al menos conocer de las aspiraciones del
propio movimiento sindical, aunque no hay que dejar de mencionar que el mismo hecho de la
fragmentación existente le dio preeminencia a la vocería de algunas corrientes sindicales sobre
otras. A pesar de este avance en la estructura sindical, el mismo ocurre cuando ya la creada y
mantenida por varias décadas había consolidado mecanismos electorales de reproducción de
liderazgos, con un ejercicio cuestionable de la democracia sindical.
Como se ha podido observar, el esquema diseñado para la organización de los sindicatos es
el germen inicial que facilita el paralelismo sindical. En manos del Estado y particularmente
del Ejecutivo ha existido una amplia discrecionalidad para facilitar o entorpecer el desarrollo
sindical, por la vía del control de los procesos de legalización.
En los años que van del siglo XXI, la relación Movimiento Sindical y Poderes Públicos ha
sido difícil. El hecho de que los poderes públicos fomentaron un Referéndum para intervenir
en la vida sindical –año 2000- fue una de sus evidencias. Igualmente, el haberle sustraído a los
sindicatos el manejo de sus elecciones internas, al someterlas a la supervisión de un ente
estatal –Consejo Nacional Electoral, CNE- ha dado lugar a nuevas formas de intervención, ya
que los sindicatos al no contar con la certificación que este organismo emite, son declarados en
mora sindical y se les niega su capacidad para ejercer sus facultades de representación. Para
responder al criticismo local y en foros internacionales, en la OIT especialmente, el CNE emite
la resolución número 090528-0265, de fecha 28 de mayo de 2009, la cual rige todo lo
concerniente a los procesos electorales llevados a cabo en los sindicatos para la elección de sus
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representantes; y flexibiliza esta intervención, aunque continúa jugando un papel central este
ente electoral al “recibir las notificaciones de convocatoria a elecciones de las organizaciones
sindicales”, así como “conocer y decidir los recursos interpuestos contra los hechos, actos,
omisiones y abstenciones de la Comisión Electoral, relativas al proceso electoral de las
organizaciones sindicales”.
En el medio sindical hay antecedentes de bandas armadas para atemorizar a los opuestos.
Pero ha predominado que la violencia ha estado de lado de quienes cuentan con el amparo de
las autoridades. Ocurrió en el período de predominio de los adecos, especialmente en los años
sesenta y setenta. Renacen estas prácticas en los años dos mil al volverse violento el ambiente
sindical, como resultante de la confrontación y el antagonismo político; y nuevamente la
licencia para actuar con violencia la tienen aquellos que igualmente cuentan con el amparo y
protección de las autoridades.
El asunto se complejiza porque empiezan a proponerse salidas cuasi militares, tal es el caso
de la corriente sindical oficialista conocida como Marea Socialista, corriente que forma parte
de la Unión Nacional de Trabajadores.
III. El registro sindical: autonomía o subordinación
Quienes observan más virtudes que defectos en el desarrollo del paralelismo, razonan que
por esta vía del paralelismo se recuperaron sindicatos que estaban en poder de una burocracia
autoritaria; ejemplo de ello lo ubican en el sector automotriz –se supone del Estado Carabobo,
donde están instaladas la mayoría de las plantas ensambladoras y autopartistas-. La otra
virtuosidad era la creación de sindicatos en donde no los había o se desplazaba a sindicatos
patronales.
Nuestra apreciación del problema difiere de lo anterior, hemos venido identificando el
fomento del paralelismo como resultante de una política oficial. En un principio de la presente
etapa política, se anunció que la política laboral venía con el interés en la democratización del
funcionamiento del movimiento sindical. En los primeros años del presente proceso político,
1999 y 2000, el registro sindical se mantuvo en los mismos parámetros previos, es decir, el
registro de nuevos sindicatos se ubicaba alrededor de 300 anualmente.
La prioridad era que los trabajadores, en un espacio plural, activaran mecanismos
democratizantes en los sindicatos existentes. Pero ya en el 2001 en el proceso de
establecimiento de las nuevas institucionalidades, el registro se disparó a más de 500
sindicatos. Recuérdese que este fue el año del Referéndum Sindical, que obligó a la
celebración de elecciones bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Luego vino la
turbulencia política de los años 2002 y 2003 (golpe de estado, paros nacionales y huelga
petrolera), en la cual la CTV, al lado del empresariado, se comprometió abiertamente en la
confrontación más política que laboral contra el gobierno.
De lo anterior derivó que entre el 2002 y el 2005 se agregaban más de quinientos nuevos
sindicatos anualmente. Importante tener presente que en los conflictos del 2002-2003, el
sindicalismo oficial se deslindó totalmente de la CTV, en la que hasta entonces existían
algunas organizaciones afectas al oficialismo; y simultáneamente se inició la construcción de
una central nacional –UNT- con sus ramificaciones regionales. Esta central disfrutó de la
ventaja de la cercanía con el gobierno, para que su registro no implicara todas las exigencias
burocráticas que el interventor sistema venezolano impone a este tipo de organizaciones.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
En los últimos años, del 2006 para acá, el registro ha seguido in crescendo, pues cada año
se registran más de seiscientos nuevos sindicatos. Importa destacar que se aplica
explícitamente una política oficial vía del Ministerio del ramo, dirigida a lo que en sus
postulados llama eufemísticamente “impulsar la democratización y orientación de los sectores
laborales del país… consolidando la democracia participativa y protagónica” (MPPTSS,
2009). Es así que cada año el Ministerio se fija metas de registro de nuevos sindicatos. La meta
fijada para el 2007 fue cumplida, se registraron 623 nuevos sindicatos; para el 2008 la meta
fue sustancialmente incrementada, no obstante el registro alcanza a 604 nuevos sindicatos. En
el 2009, se alcanzan 790 nuevos registros, aproximándose a la meta fijada.
En los dos últimos años se ha experimentado una reversión del proceso de paralelismo. En
el 2010 y en el 2011, se registraron 321 y 242 nuevas organizaciones sindicales,
respectivamente. Estas moderación y normalización del registro, luego de la saturación
experimentada en una década, se explica por el interés en la fusión de empresas que han sido
estatizadas, y el interés en que los trabajadores se organicen en sindicatos nacionales o al
menos regionales. Este proceso se adelanta en petróleo, electricidad, teléfonos y empresas
básicas.
Hay que advertir que tanto los patronos como el Estado no deben intervenir en la vida
sindical. Por tanto, es un contrasentido que el Gobierno fije metas de registro sindical, mucho
más cuando hay tantos espacios desatendidos en el ámbito laboral. Metas convendría fijarse,
para empezar, en la creación de empleos productivos y decentes; en el fomento de la
negociación y acuerdos colectivos de trabajo.
En cuanto a recursos para el proceso de registro, llaman la atención los cuantiosos recursos
que se destinan a tal fin; en el 2009 se destinaron más de veintidós millones de bolívares para
los 790 registros. Realmente es una cifra monumental para una actividad interventora.
Regresando al análisis de la supuesta virtuosidad del paralelismo sindical, el ejemplificar
como virtuoso el paralelismo en el sector automotriz del Estado Carabobo, peca de no advertir
que se trató desafortunadamente de fracturar una organización por rama, que aglutinaba a casi
todo el sector tanto de ensambladoras como de autopartistas, y que fue sucedida por
organizaciones de empresas que representan la figura organizacional sindical más débil ante
los poderes patronales y estatales. Un sindicato de rama extiende sus facultades en amplio
número de organizaciones productivas y limita la emergencia de organizaciones
estructuralmente débiles y de fácil control.
Lo realmente virtuoso corresponde en ganar electoralmente y con procesos democráticos las
organizaciones existentes, y no tener que recurrir a la protección estatal, que brinde privilegios
para registros, que luego comprometen y limitan.
IV. Las luchas reivindicativas: negociaciones colectivas
En las relaciones de trabajo venezolanas la negociación y la convención colectiva se
instalaron positivamente en la práctica de los actores laborales directos. El modelo adoptado
fue originalmente el de las compañías y sindicatos petroleros, quienes desde la década de los
cuarenta las iniciaron y las han mantenido con algunas pocas interrupciones. De éstas, se
registran las ocurridas en la década de los cincuenta, años de gobierno militar autoritario. Esta
década fue de severas dificultades para el desarrollo de la acción reivindicativa de los
trabajadores, por ello al concluir esta etapa política y negociarse el convenio colectivo en
1959-1960, se restituyen y se logran importantes conquistas laborales. De ellas, la más
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importante fue la extensión de los beneficios de la negociaciones colectivas a los trabajadores
de las empresas contratistas, fenómeno que se había extendido ampliamente, al punto de que
había una mayor población de trabajadores de contratistas que de las propias compañías
petroleras.
La negociación colectiva está descentralizada, predomina la negociación por empresas, sin
embargo existe un régimen legal que permite la negociación por rama de industria, la cual se
ha desarrollado discretamente. La tendencia regional de ir a la negociación por empresa, luego
de cierto desarrollo de la negociación sectorial o por ramas productivas, no ha ocurrido en este
caso porque desde sus orígenes estuvo ausente.
El escaso desarrollo de la negociación por rama de industria va asociado al hecho de
predominar como unidad de organización de los trabajadores el sindicato de empresa. Además,
los empleadores privilegian negociar por empresa, incluso en aquellos grupos que están
conformados por varias empresas vinculadas entre sí. Se mantiene como negociación más
importante a nivel nacional de rama productiva, la del sector de la construcción. Otros sectores
practican este tipo de negociación, pero no a nivel nacional, sino regional; tales son los casos
de: gráficos, lavanderías, estaciones de expendio de gasolina; por cierto, se trata de unidades
productivas en donde predominan pequeñas y medianas industrias.
En las más importantes negociaciones colectivas, como en la industria petrolera,
siderúrgica, hierro, y en las empresas estatales en general, existe una notable intervención
política, orientada a impedir la ocurrencia de conflictos como consecuencia de las
negociaciones colectivas. Estos contratos tradicionalmente han ejercido una notable influencia
en el resto de las convenciones colectivas.
Las convenciones colectivas tuvieron desde la década del sesenta hasta la década del
noventa un desarrollo y estabilización continuada. En los años de la década del sesenta hay que
apuntar que se trataba del período de reconstrucción del sindicalismo, que en los años del
período autoritario del cincuenta había sido reprimido. También hay que destacar que a fines
de la década del setenta ocurre una disminución de los convenios negociados, ya que la
economía venezolana experimenta una contracción, concretamente el quinquenio 1978-1983,
en donde apenas se observa un crecimiento de 1,43%, luego del dinamismo de 6,84% del
quinquenio anterior. Esto afectó el desarrollo de las negociaciones colectivas, sin embargo, el
movimiento sindical apeló a otros mecanismos de recuperación salarial, y a través de
movilizaciones logró, en 1980, la aprobación por primera vez en Venezuela de una Ley
general de aumentos de sueldos y salarios. Hasta entonces, sólo existía de manera general el
establecimiento del salario mínimo, desde 1975, que formó parte de las medidas adoptadas en
el marco del primer boom petrolero.
La disminución del número de los convenios colectivos en años 1989 y 1990, se explican
por la disminución de la actividad económica; el PIB en 1989 fue de -8.3% Fueron años de
cierre de empresas y contracciones. Las protestas populares y saqueos de Febrero-Marzo de
1989 paralizaron inversiones y cerraron negocios, además se produjo cierto éxodo de pequeños
empresarios de origen europeo.
Pero la real y efectiva disminución de la negociación de convenios colectivos se observa
como un fenómeno constante desde el inicio del gobierno bolivariano, desde 1999. La media
de convenios negociados anualmente en la década del ochenta y noventa estaba sobre un mil
quinientos convenios, en cambio en los años dos mil, la media no llega a los seiscientos
convenios negociados anualmente, agudizándose este fenómeno en los últimos tres años que
van del 2009 al 2011, con una media de 450 convenios anuales, y con tendencia a seguir
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decreciendo. La población cubierta por la contratación colectiva ha venido disminuyendo y los
procesos de negociación eran más fluidos, siendo ahora muy traumáticos.
Resulta que para el desarrollo de la convención colectiva hay una condición sine qua non,
se trata del diálogo. La negociación colectiva no se desarrolla si no hay unas buenas
conversaciones, aun cuando se toma en cuenta que la negociación es un proceso de
confrontación, debido a que se discute el salario, el elemento medular de la relación capitaltrabajo, además de otras condiciones de trabajo.
Se han dado casos extremos en los que luego de unas negociaciones traumáticas, por lo
accidentadas, se llega al momento del acuerdo, y a los pocos meses el organismo experimenta
un cambio en sus niveles directivos, y los acuerdos son desconocidos, tal es el caso del Metro
de Caracas, por citar un ejemplo. A esto se agrega la amenaza de la militarización y la
criminalización de la protesta.
V. Delegados de prevención: fomento y freno
Una de las aristas de la variada constelación de procesos fragmentadores son los Delegados
de Prevención y de los Comités de Salud y Seguridad Laboral –CSSL- o Comités de Higiene y
Seguridad Industrial. La reforma de 2005 dio impulso a esta nueva forma de representación de
los trabajadores. El art. 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, y
Medio Ambiente del Trabajo -Lopcymat- plantea lo siguiente: “Los Delegados y Delegadas de
Prevención son representantes de los trabajadores y las trabajadoras en la promoción y defensa
de la seguridad y salud en el trabajo...”.
Un primer elemento a destacar es cuán importante es tener presente la participación de los
actores sociales en la prevención. Es un área que ofrece altos niveles de interés para
trabajadores y empresarios. La integridad de quienes laboran en un centro productivo es una
prioridad de los que cotidianamente se encuentran y comparten el quehacer productivo. Estas
premisas hacen de este tema un área favorable para la participación de trabajadores y
empresarios en su planificación, conducción y evaluación. Por otra parte, no es de menor
importancia tener presente que un accidente laboral impacta negativamente en el ambiente del
centro productivo, y si el accidente fuera mortal, el impacto en la moral colectiva es
inconmensurable.
En las relaciones de trabajo este campo ha sido de la primaria responsabilidad de los
empleadores, por ser responsables de las condiciones bajo las cuales opera y funciona el centro
productivo. Para los sindicatos, en sus facultades ha estado siempre el tema. Sin embargo, por
un largo tiempo el área se soslayó a cambio de priorizar los temas económicos reivindicativos.
Hay que convenir que esto era entendible, dado los bajos salarios que obligaban a la agenda
sindical a concentrar en lo económico sus mayores esfuerzos.
Fueron muy contados los casos en los cuales se pudo observar la colocación de las
condiciones de trabajo como tema central de una agenda reivindicativa efectiva, al punto de ir
incluso hasta una paralización de actividades. Por supuesto, las deficientes condiciones de
trabajo siempre servían para incluirlas en un petitorio reivindicativo, pero más para abultarlo
que para batirse por su mejoramiento hasta las últimas consecuencias. Apenas se lograban las
metas económicas, aunque fuera parcialmente, se dejaban a un lado las exigencias de
prevención y mejoramiento de las condiciones ambientales de trabajo. En las políticas públicas
es de destacar el notable fomento de los delegados de prevención y los comités bipartitos al
interior de las empresas. Indudablemente se le ha impreso un notable apoyo. De acuerdo con
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
las cifras del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral -Inpsaseldependiente del Minpptss, se han registrado, hasta el año 2011, la cantidad de 52.153 Comités
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los Delegados de Prevención han sido objeto de una
privilegiada atención por parte del Inpsasel. La Memoria del Minpptss (2011) reporta que en
tan sólo seis años se habían organizado 169.744 Delegados, todo un colectivo institucional y
de trabajadores para encarar el tema de la prevención.
Al anterior esfuerzo institucional, conviene destacarle un par de observaciones. Primero,
que en muchos casos el fomento de estas nuevas figuras de la representación laboral se solapa
con la actividad sindical, o peor aún, existen casos en donde se convierten en mecanismos de
confrontación intra-laboral, en una o dos vertientes, ya sea contra el sindicato, o en posiciones
confrontativas con los empleadores. Claro que no es de sorprenderse que surjan estas
consecuencias. En primer lugar, el tamaño de las empresas no es muy grande, salvo contadas
excepciones, lo que significa que además de sindicatos organizados por empresas, convivan
estructuras de representación especializada, como es la de los delegados de prevención y los
comités de seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior da lugar a que fácilmente se levanten
roces entre actores empoderados por el fuero sindical, y que en el caso de los delegados de
prevención son portadores de un empoderamiento oficial explícito, como lo evidencia la
Memoria del Ministerio del Poder Popular del Trabajo y de la Seguridad Social 2008: “Con la
consolidación de este proceso revolucionario, los Delegados y Delegadas de Prevención se han
convertido en una pieza fundamental capaz de brindar un gran impulso a la transformación de
las condiciones en los centros de trabajo, donde la participación y protagonismo de los
trabajadores y trabajadoras, la solidaridad, la equidad y la justicia social, a favor de su propia
dignificación, se han convertido en un baluarte que progresivamente han ido atesorando en la
conciencia de un colectivo”.
Por otro lado, con los sindicatos opera más bien una política restrictiva, lo que agudiza una
situación de fragmentación al interior de los trabajadores, con el acompañamiento de una
atmósfera complicada para el fomento de la productividad y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y de la calidad de vida, basado en una base material sostenible. Un elemento a destacar es que su fomento proviene de la política laboral y no del desarrollo
autónomo del movimiento de los trabajadores. Cierto que desde la primera se pueden fomentar
políticas que contribuyan al desarrollo del segundo. No se juzga negativamente que por ser una
política promovida desde el Estado, ella tenga efectos negativos en el movimiento de los
trabajadores. El problema que se destaca es el carácter fragmentador de las políticas disociadas
de este movimiento. Interesante sería si desde el movimiento se produce una articulación con
las políticas públicas para el fomento de determinado propósito.
La formación tiene componentes técnicos, políticos e ideológicos. Se señala que
predominan ampliamente estos últimos. Delegados de Prevención lo admiten; por ejemplo,
“José Fermín, delegado de Orinoco Iron, defendió el plan de formación que ha llevado
Inpsasel planteando que -aunque tiene un alto componente político- ha logrado crear una
formación integral de los empleados”. (El Correo del Caroní, 15-12-09). Por otro lado, en
investigaciones sobre la inspección se ha determinado que en un 95% se dirige hacia las
empresas privadas, soslayando al sector público en donde labora el 20% de la población
laboral. También se ha señalado que "los comités funcionan como consejos de trabajadores
que vigilan políticamente a sus compañeros de trabajo y a los patronos” (Pablo Castro, El
Nacional, 2-10-08, p.8).
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El intervencionismo del Ejecutivo en la actividad de los Delegados y los Comités
mencionados, se manifiesta a partir de su propia constitución, que puede partir del Inspsasel,
“por medio de sus funcionarios o funcionarias, y los Inspectores, o Inspectoras y Supervisores
o Supervisoras del Trabajo quienes podrán convocar a las partes a realizar las actuaciones
necesarias para su constitución” –art 49 Lopcymat-. Además, la obligación de presentar un
“Plan de Trabajo” e informes periódicos de sus actividades - Art 46-. El segundo elemento a
destacar es el amplio contenido de las actividades realizadas por los Delegados de Prevención;
la legislación les otorga facultades que incluyen condiciones y medio ambiente de trabajo,
tiempo de trabajo, los programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre
y descanso, áreas de acción propias de los sindicatos, sobre las cuales históricamente han
acumulado un patrimonio de conquistas. El papel del Delegado de Prevención en el proceso
productivo va más allá del poder sindical, incluso tienen facultades en dar autorización y
promover la paralización del trabajo, ya que dan el visto bueno a los trabajadores cuando
ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, alejarse de una condición insegura o interrumpir una
tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y salud laboral -numeral 5 art. 53
Lopcymat-.
Un elemento a favor de la representación es que los Delegados tienen presencia
independientemente de la existencia de sindicatos o del tamaño de la empresa, por tanto en
numerosos casos su presencia viene a jugar un papel sindical, especialmente en las pequeñas
empresas sin sindicato. Se exige que en empresas de “hasta diez (10) trabajadores… haya un
delegado de prevención”. Pero también en donde los hay, frecuentemente se producen roces y
solapamientos entre una y otra organización.
Sigue vigente continuar la profundización en los impactos de esta figura representativa, en
lo que denominamos la fragmentación del movimiento de los trabajadores. A quién ha servido
más ¿a los trabajadores, a pesar de la fragmentación? ¿a quienes se inclinan por la
confrontación con el sector privado? Su accionar en el sector público ha sido más comedido, y
a pesar de la alta morbilidad y accidentabilidad en su seno, apenas empiezan los Delegados a
actuar, se levantan oposiciones que contradictoriamente limitan su papel, a pesar de su
fomento oficial.
VI. Institucionalidad laboral en crisis
La fragmentación en los colectivos laborales ha sido lesiva. Pugnacidad por doquier.
Protestas por miles cada año. De ellas más de un tercio son de naturaleza laboral.
En la difícil convivencia laboral la peor evidencia se observa en el exterminio de
sindicalistas del sector de la construcción. Pero también hay casos en otros sectores, como
petróleo, automotriz, entre otros. La magnitud entre el 2005 y el 2010, alcanza a cerca de
doscientos cincuenta. La vasta mayoría son jóvenes dirigentes, delegados con pocos años en el
quehacer sindical. En casi todos los casos por manos que se desconocen, ya que las
autoridades poco investigan y nada dicen.
Téngase en cuenta que de los dos mil setecientos sindicatos existentes para el 2001, cuando
se celebró el censo sindical previo a las elecciones impuestas como derivación del polémico
referéndum que obligó a los sindicatos a celebrar elecciones subordinadas al CNE, se pasa en
el año 2011 a siete mil seiscientos. Tal crecimiento es artificial, no responde a procesos
autónomos del movimiento de los trabajadores. Intereses ajenos se hicieron presentes, y
promovieron el llamado paralelismo sindical, facilitando estos procesos de registro.
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De las tantas consecuencias de este crecimiento artificial, una de ellas fue que se le dio
carácter de dirigentes a trabajadores y activistas sin la preparación y el conocimiento de este
campo, dando lugar a un ejercicio sindical cada vez más basado en la amenaza y la fuerza, con
el agravante de contar con apoyo de los organismos públicos de este ámbito. Así mismo, en el
marco legal que constituye la nueva institucionalidad, el empoderamiento a diversas figuras
representativas, pone en escena a varios actores que se pelean los espacios de representación.
Resultado de lo anterior los espacios productivos son escenarios de la acción de múltiples
figuras que dicen representar a los trabajadores, y también la representación de las
comunidades se hace presente en estos espacios. Por supuesto que la actividad productiva está
sumamente resentida por todo esto. Pero el hecho más complejo viene por la dificultad de
convivencia, no sólo entre patronos y trabajadores, sino entre diversas fracciones o segmentos
de estos últimos. Por supuesto que no afirmamos que este cuadro se extiende a todos los
espacios productivos existentes en el país, pero sí cabe afirmar que un porcentaje importante lo
evidencia.
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Nuevas articulaciones sindicales: MSL-FADESS99
Consuelo Iranzo y Jacqueline Richter100
En marzo de 2009 se dio a conocer, en Caracas, el Movimiento de Solidaridad Laboral
(MSL) a través de una declaración en la cual se anunciaba la conformación de una nueva
alianza que, definiéndose como clasista, unitaria, pluralista, democrática y solidaria,
convocaba a la unidad de acción de todos los trabajadores para actuar en defensa de sus
derechos y reivindicaciones (PROVEA, 2009).
Este movimiento surgió de una confluencia de fuerzas y corrientes sindicales101 que se
habían planteado la elaboración de un programa común, cuyo objetivo principal era refundar el
movimiento sindical sobre nuevas bases. Como instancia política sindical, consideraba
imprescindible elaborar una propuesta para el país desde la visión de los trabajadores
venezolanos. Por ello, entre sus finalidades estaba la presentación al país del programa de los
trabajadores para la reconstrucción, no solo del aparato productivo, sino también de la
convivencia pacífica, plural y tolerante. En el desenvolvimiento de ese empeño habría de
surgir en noviembre del 2010, el Frente Autónomo por la Defensa del Empleo, el Salario y el
Sindicato (FADESS), plataforma de lucha con una agenda centrada en los conflictos laborales
cotidianos.
Este ensayo pretende recoger el surgimiento, desarrollo y estado actual de ambas
instancias político-sindicales, tomando en cuenta que nos encontramos en un periodo de
grandes cambios e incertidumbres. Independientemente de su evolución futura, la experiencia
que han protagonizado estos actores sindicales en los últimos años representa un caso digno de
ser reconstruido como uno de los más firmes intentos en el país por refundar el movimiento
sindical sobre nuevas bases.
I. El surgimiento de un nuevo referente sindical
Desde principios de 2007 se habían comenzado a producir reuniones de intercambio entre
diversas corrientes, concertadas por definirse como clasistas102 y que a partir de ese momento
todas coincidían en cuestionar el curso que había tomado la política laboral del gobierno. Esos
esfuerzos no pueden desvincularse de una historia previa de intentos de generar un referente
clasista, autónomo y plural para impulsar una forma de hacer sindicalismo diferente al que
99
.Agradecemos al profesor Enrique Marín, cuyos atinados y concienzudos comentarios al borrador de este trabajo nos
permitieron mejorarlo considerablemente.
100
. Con este ensayo, las autoras pretenden reconstruir de manera analítica la experiencia de estas nuevas expresiones
sindicales dentro de las cuales han participado en calidad de intelectuales orgánicas (Gramschi, 2000).
101
.Las corrientes sindicales que dieron origen al MSL fueron: Alianza Sindical Independiente (ASI), el Frente Constituyente
de Trabajadores (FCT-Movimiento Laborista), el Movimiento 1º de mayo, la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y
Autónoma (CCURA), el Nuevo Sindicalismo, la Unión de Trabajadores Revolucionaros (UTR) y la sección sindical de
Izquierda Democrática (que más tarde devino en Un Nuevo Tiempo).
102
.Por sindicalismo clasista se entiende tradicionalmente aquél que propugna el enfrentamiento con los patronos, públicos o
privados, como representantes del poder capitalista; que procura la mejora de las remuneraciones pero que para lograrlo apela
más al enfrentamiento que a la conciliación y cuyo fin último es alcanzar la abolición de la explotación de la clase
trabajadora, razones por las que combate las formas corporativistas o subordinadas de sindicalismo a las que cataloga de
corruptas y patronales (al respecto del caso venezolano ver Lucena, 2007). En las experiencias en cuestión el grado de
radicalidad en la interpretación de la condición clasista varía de acuerdo a la definición de la forma de lucha de cada corriente.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
ejercía la dirigencia tradicional103 de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV),
catalogada por estos sectores sindicales como burocrática y más interesada en sus relaciones
con el sistema político que con la creación de un verdadero poder sindical. La historia de esa
confluencia entre corrientes tiene antecedentes, que le permitieron establecer un espacio
común para la construcción de un nuevo proyecto de sindicalismo, fundado en las necesidades
de las bases sindicales y no supeditado a la polarización del país.
Las corrientes clasistas en el movimiento sindical venezolano han sido minoritarias desde
mediados de la década de los sesenta del siglo XX104. Sin embargo, tanto dentro de la CTV
como en otras confederaciones sindicales y sindicatos no federados, siempre existió la
presencia de diversas corrientes clasistas, algunas más moderadas, vinculadas a tendencias
socialdemócratas o socialcristianas, pero la gran mayoría ubicada en el amplio espectro de la
izquierda, con cierta presencia de posturas radicales. Gracias a una serie de circunstancias,
algunas de esas corrientes, hasta entonces poco relacionadas entre si, comenzaron a confluir en
la primera mitad de la década del 2000.
La asunción del presidente Chávez fue asumida con mucha esperanza por la mayoría de las
corrientes sindicales clasistas pero, a raíz de la imposición estatal de un referéndum en
diciembre de 2000 para forzar el cambio de la dirigencia sindical, parte importante de ellas
rompieron con el proyecto gubernamental para aliarse con los sectores sindicales tradicionales
que siempre habían adversado, bien fuese dentro de la misma CTV o desde afuera, como
sindicatos no federados. Poco antes, varias de dichas corrientes105 habían comenzado un
paulatino acercamiento a dicha confederación, fruto de las políticas antisindicales que
emanaban de diversas instancias estatales controladas por los partidarios del Presidente
Chávez, tales como el intento de la Asamblea Nacional Constituyente de nombrar una
comisión interventora del movimiento sindical.
Cuando el Comité Ejecutivo de la CTV, forzado a renunciar por los resultados del
mencionado referéndum, fue sustituido por la Junta de Conducción Sindical Nacional, se vio
favorecida la concurrencia de otras expresiones sindicales. Desde ese momento, las tendencias
minoritarias de izquierda que habían hecho vida en el Comité Ejecutivo de la CTV tuvieron
nuevos aliados y una mayor presencia en la conducción de la central frente a la cúpula
tradicional.
Hasta octubre del 2001, mes en que se efectuaron las elecciones sindicales a nivel nacional,
impuestas por el referendo y bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral, la CTV había
venido recuperando parte importante de su credibilidad y prueba de ello fue la alta
participación de las bases de trabajadores en dichos comicios. No obstante, los
acontecimientos posteriores (el golpe de Estado y la huelga petrolera) llevarían al traste el
trecho conquistado y, para 2004, se haría evidente que esta central se encontraba inmersa en
una gran crisis, obra en importante medida de la forma como su dirigencia había asumido la
confrontación con el gobierno del Presidente Chávez. A finales de ese año, el ala de izquierda
del Comité Ejecutivo de la CTV, tradicionalmente enfrentada con los comportamientos
burocráticos de la mayoría de éste e identificada con las denominadas tendencias clasistas,
103
.Entendemos por dirigencia tradicional la representada fundamentalmente en la composición mayoritaria de la CTV,
caracterizada por un comportamiento corporativista, conciliador per se y burocrático (Iranzo y Patruyo, 2001).
104
.Una buena reseña del poder del sindicalismo comunista hasta los años sesenta se puede consultar en los trabajos de Steve
Ellner (1980) y Julio Godio (1985).
105
.El Nuevo Sindicalismo, la Unión de Trabajadores Revolucionarios, el SNTP y varios sindicatos vinculados al Frente
Constituyente de Trabajadores, hasta ese momento afecto al gobierno.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
comenzó a intentar promover una revisión autocrítica de lo que había sido el comportamiento
de la dirigencia sindical en los años precedentes.
El llamado a la revisión partió de una evaluación descarnada de los acontecimientos que
terminaron en la derrota de la huelga iniciada en diciembre 2002. Se puso en evidencia que a
partir de la primera paralización de un día, organizada con Fedecámaras en diciembre de 2001
en rechazo a las leyes surgidas de la ley habilitante, se emprendió una acción contra el
gobierno cuyo norte fue esencialmente de carácter político y no laboral. Si bien la CTV no
tuvo un papel protagónico en los acontecimientos de abril 2002 que desembocaron en el golpe
de Estado, fue sin lugar a dudas el organismo que lideró la huelga llevada a cabo en diciembre
de ese mismo año. Dicha huelga puso la renuncia del presidente Chávez como su principal
meta, desvinculando totalmente la lucha de motivos laborales.
Sin embargo, el llamado a asumir los errores cometidos no encontró eco en el seno del
sindicalismo tradicional. Dos momentos muestran claramente en el primer lustro del siglo XXI
las dificultades de la CTV para transformarse: el XII Congreso de noviembre de 2003 y una
reunión que tuvo lugar en la Colonia Tovar en 2005. En cuanto al primero, el documento
autocrítico que se llevó a la discusión fue rechazado de plano y la mayoría de los delegados al
Congreso se opusieron a la aprobación de cualquier revisión de los hechos pasados,
predominando una actitud sectaria e intransigente. Finalmente, las tendencias clasistas fueron
derrotadas y no fue posible ni siquiera concertar una acción para enfrentar las políticas
antisindicales que adelantaba el gobierno.
Un segundo intento de propiciar un debate autocrítico dentro de la central obrera tuvo lugar
en 2005, cuando se hizo demasiado evidente que en los dos años anteriores ésta había ido
perdiendo apoyo y credibilidad, no solamente como resultado de una acción fracasada sino
también de un estilo de hacer política sindical de manera espasmódica y burocrática. Bajo la
iniciativa de los Secretarios Ejecutivos, Rodrigo Penso (del Movimiento 1° de mayo), Alfredo
Ramos (del Nuevo Sindicalismo/Causa R) Pablo Castro (Izquierda Democrática), Froilán
Barrios (Frente Constituyente), Dick Guanique y Pedro Arturo Moreno (ambos de la Unión de
Trabajadores Revolucionarios), se llevó a cabo una reunión de varios días con todo el Comité
Ejecutivo en la Colonia Tovar para discutir un documento en el que se catalogaba la crisis que
atravesaba la CTV como sumamente grave, producto de una derrota política que había
destruido los pasos positivos que se habían logrado dar en los años previos, evidenciado en:
“a) inexistencia de interlocución entre la CTV y el Estado, como gobierno y como
patrono;
b) debilitamiento de la interlocución de los sindicatos filiales de la CTV en la
negociación colectiva;
c) enfriamiento de las relaciones de la CTV con los sectores medios, gremios
profesionales y sociedad civil;
d) disminución considerable del respaldo de la organización en el sindicalismo
mundial” (Penso et al, 2005).
No obstante, la mayoría del Comité Ejecutivo, (integrada por los secretarios ejecutivos
adecos y copeyanos) con Manuel Cova a la cabeza, se negó a aceptar cualquier tipo de
autocrítica o cambio de rumbo distinto al de convocar nuevas elecciones sindicales a nivel
nacional. Tal propuesta fue considerada inaceptable por parte de los dirigentes promotores del
debate porque estimaban que su resultado sería una altísima abstención en un movimiento
sindical desmovilizado, a menos que antes se llevara a cabo una revisión profunda de la
conducta de la central en el pasado, vital para recuperar la credibilidad de las bases. Después
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
de dos años de reiterados e infructuosos enfrentamientos, el ala de izquierda abrió el debate
hacia otros dirigentes o corrientes sindicales no federadas con la idea de crear nuevos polos de
referencia pero, excepto Alfredo Ramos de Nuevo Sindicalismo, el resto permaneció dentro
del Comité Ejecutivo.106
Los primeros intentos de generar una nueva alianza sindical pretendieron construir, más allá
de la CTV y de sus federaciones, un terreno de confianza entre todos los sindicalistas. En 2007
circuló un documento con la postura de ese grupo de dirigentes de dentro y fuera de dicha
central. Los asuntos más importantes señalados fueron los siguientes:
“…La expresión más grave de esa deficiente relación entre dirigentes y dirigidos se
produjo durante los acontecimientos de 2002-2003, cuando la CTV, dejando de lado la
agenda laboral, asumió un liderazgo político que trascendía sus funciones propias sin
hacer las consultas (a sus bases) que ameritaba la magnitud de las acciones emprendidas.
No vamos a discutir hoy la legitimidad de la lucha contra la política de acorralamiento y
liquidación del sindicalismo emprendida y ejecutada desde las altas esferas
gubernamentales, sino la forma en que fue llevada a cabo. Esa enorme protesta popular,
por demás justa, terminó siendo confiscada por intereses ajenos a ella y conducida por
sectores con una práctica tan excluyente como la del mismo gobierno. Los sesenta días de
paro indefinido de 2002-2003 fueron una de las mayores equivocaciones en las que ha
incurrido el movimiento sindical nacional cuyas consecuencias, en términos de puestos de
trabajo perdidos, de persecución política y discriminación, aún seguimos padeciendo. Una
acción de esas proporciones nunca debió emprenderse sin que las asambleas de
trabajadores la hubieren aprobado (…) Nos preocupa, sobremanera, que el denominado
sindicalismo bolivariano de la UNT esté reproduciendo los viejos errores de la CTV y en
lugar de reivindicar la independencia y autonomía del movimiento sindical frente al
Estado, los patronos y los partidos, marche directo a convertirse en apéndice del gobierno
y del partido único que Chávez ordenó constituir (...) El llamado que hacemos es a la
unidad de los trabajadores, a rectificar para luchar mejor (…) proponemos la convocatoria
de un encuentro nacional que reúna a los directivos de los sindicatos y organizaciones de
trabajadores más importantes del país en el cual se adopte un plan de acciones
reivindicativas y una plataforma organizativa unitaria que haga suya la tarea de refundar al
sindicalismo y luchar por una sociedad más democrática y justa” (Arismendi et al).
La postura frente al comportamiento de la cúpula de la CTV junto con un discurso crítico
no solo frente al gobierno sino también frente al empresariado, tendieron puentes hacia el
sector clasista proveniente de las filas oficialistas. Estos se identificaron con aquellos
interesados en trascender la polarización e impulsar un sindicalismo autónomo y cuestionador
tanto del sindicalismo tradicional como del oficialista con el cual estaban rompiendo y que
había entrado en una profunda crisis. Tales dirigentes, congregados en la corriente CCURA de
origen troskista, creyeron originalmente que el proceso liderado por Chávez les presentaba una
oportunidad única para iniciar la anhelada transformación del movimiento sindical y por ende
106
.“(…) El vocero de esa tendencia [Nuevo Sindicalismo], Alfredo Ramos, justificó la medida. ‘Es un paso para propiciar el
cambio al interior de la central, y para iniciar la reunificación del movimiento sindical’ (…) Ante la magnitud de la situación
interna [de la CTV], Padilla considera que debe haber una respuesta del mismo calibre. ‘El retiro del Nuevo Sindicalismo del
comité de la CTV puede ser una contribución importante para que todos los miembros pongan sus cargos a las orden, y así
facilitar la reestructuración’ (Méndez, 2007).
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
ocuparon posiciones de liderazgo dentro de la central pro-gubernamental, la UNETE107. Esos
sectores no se cuestionaban el hecho de pretender “sanear” los vicios del movimiento sindical
mediante la intervención estatal; ellos querían usar las mismas instancias estatales, que habían
sido usadas por el sindicalismo tradicional para atacarlos, para crear un sindicalismo autónomo
y clasista. No obstante el fracaso de sus expectativas y la incoherencia de pretender alcanzar la
autonomía gracias a la intervención del Estado, esta corriente tampoco dio a conocer ninguna
autocrítica una vez que rompió con el gobierno.
De acuerdo a Orlando Chirino108, principal dirigente de CCURA, hasta 2006 creyeron
posible llegar a controlar la UNETE pero las tendencias más cercanas al gobierno impidieron
la realización del proceso electoral interno109. En su opinión, la presencia en la UNETE de
personas ajenas al mundo sindical incidía en el curso errático que tomaban muchas decisiones,
lo que, sumado a la preponderancia de un estilo autoritario en la mayoría de las dependencias
estatales, no favorecía la acción sindical afín al gobierno. El Presidente Chávez, por su parte,
fue enfático al declarar que la autonomía sindical era inadmisible dentro del proyecto
chavista110 y que los dirigentes sindicales debían impulsar las políticas laborales del gobierno;
políticas que, por lo demás, mermaban la base sindical y afectaban los intereses de los
trabajadores, como era el caso de la promoción de las cooperativas de trabajo asociado y el
voluntariado social. A raíz de las declaraciones del presidente, aquellos que pretendían actuar
por cuenta propia y promover acciones de protesta fueron progresivamente pasando a ser
identificados como enemigos del gobierno. Ante la imposibilidad de promover un sindicalismo
acorde con su proyecto y ver cada vez más restringido su campo de acción, CCURA optó por
la crítica pública, a pesar de seguir sintiéndose por un cierto tiempo cercana al proyecto
gubernamental.
Un evento, que marcó un hito en el acercamiento entre las corrientes clasistas, tuvo lugar el
25 de abril de 2007 bajo la promoción del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (no
confederado) presidido para el momento por Gregorio Salazar-, con el objetivo de comenzar a
construir un espacio de diálogo conducente a la defensa de la autonomía sindical (Iranzo,
2007). En dicho evento participaron Carlos Navarro111 (ASI), Ricardo Gil (Fapicuv), Víctor
Moreno (Fetrabolívar) Igor Lira (Fetratel), Froilán Barrios (FRENTE constituyente-CTV) y
Orlando Chirino (UNT/C-Cura). Para ese momento, éste todavía confiaba en que la UNETE
tendría sus elecciones internas lo que la convertiría en la central más representativa de los
trabajadores, diferenciándola radicalmente de la CTV por su carácter clasista e independiente.
Afirmaciones como esa, dejaron ver las diferencias que separaban a los participantes (algunas
de las cuales probablemente los siguen separando hoy en día) pero por sobre ello, lo más
importante fue que, además del hecho de sentarse en una misma mesa, se puso en evidencia
que la postura del gobierno ya no era sólo contra la CTV sino también contra toda expresión
107
.A menudo se ha utilizado UNETE en vez de UNT, a lo que nos acogeremos para evitar la posible confusión con el partido
UNT (Un Nuevo Tiempo).
108
.Entrevista realizada en julio 2007.
109
.El Congreso que se realizó en 2006 para escoger la comisión electoral en vistas a las elecciones de la directiva de la
UNETE, terminó en una batalla campal y sin ningún resultado.
110
.En la primera asamblea del PSUV, Chávez dijo respecto a los sindicalistas que no apoyaban un partido único: "Los
sindicatos no quieren tener nada que ver con el partido ni con el gobierno; quieren ser autónomos, es una especie de
chantaje… los sindicatos nacieron con el mismo veneno de la autonomía (…) Se requiere el brazo industrial y el brazo
político, el partido y los sindicatos, pero no cada uno por su lado, no autónomos (…) los partidos quieren autonomía y toman
sus decisiones (…) eso no puede ser así, no vinimos a hacer bochinche sino una revolución” (Chávez en cadena nacional
26/03/2007).
111
.Carlos Navarro, elegido como miembro del Comité Ejecutivo de la CTV en las elecciones de 2001, renunció a éste de
manera inmediata en rechazo a las irregularidades que tuvieron lugar y por unos meses trabajó cerca del Presidente Chávez.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
sindical que se le enfrentara; se constataba que el gobierno no estaba respetando a ningún tipo
de sindicatos ni a las convenciones colectivas.
A partir de 2007 continuaron los esfuerzos por establecer un espacio de diálogo entre las
diferentes corrientes clasistas y fue en abril de 2009 cuando, frente a la política agresiva del
gobierno hacia a los sindicatos112, catorce organizaciones sindicales dieron un paso para la
creación formal de una nueva alianza sindical que se denominó Movimiento de Solidaridad
Laboral (MSL) (JDG, 12/03/2009), que año y medio más tarde daría origen al FADESS, cuya
coordinación recaería en los hombros de la directiva del MSL junto con otros dirigentes y
corrientes sindicales.
II. Identidad y propósitos del MSL. Formas de organización y funcionamiento
La constitución definitiva del MSL tuvo lugar el 17 y 18 de julio de 2009 con el primer
encuentro en la UTAL113, donde se reunieron 140 dirigentes sindicales de todo el país ganados
a la idea de la unidad. En esta reunión se designó el Equipo de Conducción Nacional,
compuesto por representantes de las tendencias participantes (Iranzo, 2009), aunque su
elección no fue mediante una votación, sino por acuerdos previos sometidos a la aprobación de
la asamblea114.
Desde su conformación, el esfuerzo del Equipo de Coordinación Nacional del MSL estuvo
dirigido básicamente hacia tres frentes. El primero, hacer un seguimiento de los conflictos a
todo lo largo y ancho del país a fin de apoyarlos y difundir sus reclamos; las memorias de los
encuentros, las actas de las reuniones del Comité Coordinador y las declaraciones de prensa,
dan cuenta del amplio manejo de la información sobre los problemas laborales y la intención
de contribuir en su resolución. El segundo, fortalecer la iniciativa de la unidad y abrir espacios
de diálogo entre las distintas corrientes con miras al diseño de estrategias y de planes concretos
hacia el movimiento sindical, junto con la realización de seminarios, asambleas y talleres de
formación con los integrantes y simpatizantes del MSL. Y en tercer lugar, ir construyendo
equipos de conducción regional para darle estructura al movimiento.
La escasez de recursos financieros propios ha limitado el alcance de tales propósitos y la
intervención directa ha debido restringirse a ciertas regiones y sectores claves, sobre todo
aquellos en los que las corrientes participantes tienen trabajo adelantado como es el caso en
petróleos, empresas básicas, bebidas, salud, magisterio, electricidad y telecomunicaciones.
Lo que pareciera haber hecho posible que cuajara esta articulación entre diferentes
corrientes políticos sindicales, después de los intentos anteriores no concretados (entre 2005 y
2008), fue la fuerte arremetida del gobierno a partir de finales de 2008 (cuando los efectos de
112
.En el documento del MSL hecho público en abril 2009 se decía: “Ese verdadero rostro oficial se ha expresado en la brutal
arremetida contra la dignidad y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas, de las empresas
petroleras, de las empresas básicas de Guayana, del sector eléctrico, de la educación, de la administración pública, de la salud,
del transporte y para nosotros es una arremetida contra todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela y sus
organizaciones sindicales” (PROVEA, 2009)
113
.Universidad de los trabajadores de América Latina, organismo perteneciente a la CLAT.
114
.Orlando Chirino fue nombrado Coordinador General y los otros designados fueron: Armando Guerra, de la misma C-Cura,
Bogar Pérez y Carlos Navarro de la Alianza Sindical Independiente (ASI); Dick Guanique* y Pedro Arturo Moreno*, de la
UTR (Unión de Trabajadores Revolucionarios-Bandera Roja), Froilán Barrios* y Omar Moreno del Frente Constituyente
(FC-Movimiento Laboralista), Pablo Castro* y Vicente Romero de Comisiones Laborales (UNT), Rodrigo Penso* y Luis
Irauzquin del Movimiento 1° de Mayo; Henry Arias, Secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de Alcasa
(Sintra Alcasa); Juan Gómez directivo del sindicato de la CVG y Gregorio Zalazar del Sindicato de la Prensa. Los señalados
con asterisco (*) son, a su vez, miembros del Comité Ejecutivo de la CTV.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
la crisis internacional comenzaron a hacerse sentir) contra todos aquellos sindicatos que
protestaran, mostrando una actitud de independencia y salieran a defender sus convenciones
colectivas115. Eso puso en evidencia que si se seguía actuando de manera aislada, el
movimiento sindical estaba destinado a desaparecer en nuestro país.
Esa misma realidad contribuyó en ese momento para que los luchadores sindicales
involucrados descubrieran que tenían más coincidencias que divergencias, más entendimientos
que desencuentros. Aparte de la lucha por la autonomía sindical, coincidían en el rescate de
las convenciones colectivas, en la necesidad del diálogo social, en el respeto a la libertad
sindical y en el enfático rechazo a las conductas deshonestas en el manejo de los fondos
sindicales o en el uso de la actividad sindical como una forma de lucro personal. La pretensión
de colocar límites al sindicalismo corrupto y mafioso ha reforzado la unión interna, lo que ha
dificultado al oficialismo su descalificación.
Todo lo anterior no ha sido óbice para el surgimiento de dificultades, pues se ha avanzado
más en los encuentros entre las altas dirigencias que entre sus bases, para las que a veces
resulta cuesta arriba aceptar dirigentes de toldas políticas a las que combatieron en el pasado
reciente, bien sea por demasiado conservadores o por radicales, según sea el caso. El
sectarismo y los odios mellizales son una endemia en la política venezolana, que también se
expresa en el movimiento sindical, lo que ha hecho muy difícil la conformación de planchas
conjuntas en las diferentes elecciones sindicales, favoreciendo el triunfo del sindicalismo
oficialista116. No obstante, se ha avanzado al respecto y muestra de ello son los apoyos
conjuntos a diferentes conflictos laborales, como los de ciudad Guyana, los diferentes
seminarios de formación sindical donde se encuentran y debaten las diferentes toldas
sindicales en diversas regiones del país.
La crítica a las deficiencias del sindicalismo venezolano en el pasado y la coincidencia en
cuanto a que no hay una central obrera capaz de defender y representar legítimamente a los
trabajadores, ha formado parte de las identidades del movimiento. El diagnóstico ha sido que,
tanto la CTV como la UNETE, que se suponían que eran las confederaciones con mayor
cantidad de sindicatos en su seno, perdieron toda credibilidad entre los trabajadores al no estar
presentes en los conflictos laborales de los últimos años. En ambas centrales, sus directivos
priorizaron sus propios objetivos políticos por sobre los laborales y numerosos dirigentes
sindicales de base se han manifestado decepcionados por su comportamiento, coincidiendo en
que perdieron su antigua capacidad de convocatoria y que dejaron de constituir una referencia
para la acción sindical. La UNETE, por una parte, después de haberse convertido en el brazo
ejecutor de la política gubernamental, fue quedando relegada para perder toda personalidad
con la creación de la nueva central oficialista en 2011. La CTV, por la otra, permanece
paralizada, preocupada por asuntos extra sindicales o -en opinión de los secretarios ejecutivos
en rebelión- por conservar los pocos activos que le restan. Quienes hayan tenido la
oportunidad de ser testigos de los debates sostenidos al interior de la CTV podrán dar fe del
esfuerzo de las corrientes sindicales minoritarias en su seno por dar un viraje al
115
.De acuerdo con Provea (Provea, 2010), en 2009, los trabajadores ejercieron 983 acciones de protesta, lo que, según su
propia base de datos, supuso un aumento del 51,88% respecto al año anterior. En un estudio realizado por la Escuela de
Derecho de la UCAB a través de la prensa nacional, durante los meses de enero-agosto de 2009 se identificaron 604
conflictos (78% pertenecientes al sector público) siendo los meses más movidos los de marzo y julio, cuando aumentaron en
un 9,3%. Las razones de tales conflictos estuvieron dentro de las siguientes causas: incumplimiento de derechos contractuales,
ataques a la libertad sindical, pérdida de derechos, reclamos por convenciones colectivas pendientes, despidos, protestas por
el cierre de empresas y reclamos de trabajadores tercerizados.
116
.Sin por ello obviar que ese sindicalismo ha contado además con el apoyo de la gerencia en las empresas públicas para
aumentar la nómina en momentos de elecciones internas.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
comportamiento pragmático y alejado de los intereses de las bases por parte de la mayor parte
de su dirigencia.
Si bien desde sus inicios el MSL ha declarado oficialmente no tener ninguna intención de
crear una nueva central, esto sigue siendo un aspecto que permanece con cierta ambigüedad ya
que hay en su interior quienes piensan lo contrario, pero, en todo caso, ha existido un claro
consenso en cuanto a que los trabajadores requieren de una vocería distinta a las ya
constituidas en la que puedan sentir reflejados sus intereses, independientemente de la central
a la cual estén adscritos sus sindicatos. Uno de sus postulados fundamentales es que, en la
medida en que los trabajadores logren actuar como una sola fuerza para enfrentar los
problemas comunes que los afectan, el movimiento sindical logrará salir de la crisis en que se
encuentra y tener mucho más éxito en sus justas demandas.
Los planteamientos que le otorgan un rasgo distintivo y que han sido recogidos en los
diversos documentos producidos por el Equipo de Conducción del MSL, podemos
sintetizarlos en:
El MSL es, ante todo, una organización que se define como democrática y plural, una
instancia de entrelazamiento de diferentes corrientes sindicales que a partir de sus
propias creencias e ideologías se ponen de acuerdo para luchar juntas en pro de los
intereses de los trabajadores, por la unidad de éstos y por la solidaridad de clase. En
concordancia con ello, manifiestan que su aspiración es rescatar los valores éticos dentro
de la cultura sindical y anteponer el protagonismo colectivo al individual o de grupo,
propósito éste a medio camino.
Tiene como objetivo retomar la agenda sindical y laboral para colocarla por encima de la
agenda político-partidista, lo que formulan como uno de sus mayores aprendizajes de los
errores del pasado. El MSL se definió desde un inicio como autónomo, tal como debe ser
todo movimiento sindical en apego a los planteamientos de la OIT. Autónomo del
Estado, de los patronos y de los partidos políticos. Consideran a éstos últimos como
instrumentos de acción política indispensables para el funcionamiento democrático de la
sociedad, pero frente a los cuales el movimiento sindical tiene especificidades que debe
priorizar como única vía para que todas las corrientes en su seno puedan llegar a operar
de manera conjunta, poniendo de lado sus diferencias políticas e ideológicas.
Dentro de sus propósitos está no confrontar al gobierno per se y declara como norte
defender los intereses de los trabajadores y la libertad sindical ante todos los patronos,
públicos o privados. Fue esta definición de partida con intenciones despolarizantes, lo
que hizo posible que dirigentes sindicales identificados con la política gubernamental en
otros terrenos se sumaran a las iniciativas adelantadas. Este es un aspecto que a menudo
genera contradicciones, pues algunos dirigentes enfatizan su confrontación con Chávez,
pero en el terreno de los conflictos laborales en defensa de la convención colectiva y de
la libertad sindical no toma en cuenta la ideología del patrono o su posición política. En
forma más amplia, la lucha se ha definido como una lucha contra la injusticia y el
capitalismo salvaje.
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No son de extrañar las contradicciones en estas materias, pues un esfuerzo de esta
naturaleza era imposible que se hiciera sin tropiezos. Uno de los debates que permanece tiene
que ver con el intento de definir lo que debe ser la conducta y el norte del movimiento, lo que
presenta diferencias relevantes entre quienes vienen del chavismo y aquellos que siempre lo
han adversado, así como dentro de cada una de estas dos grandes tendencias.
Entre quienes se identificaban o siguen teniendo puntos en común con el proceso que lidera
el Presidente Chávez, los énfasis son diferentes: hay los que juzgan fundamental marcar clara
distancia con la conducta corporativista y burocrática del sindicalismo tradicional, su falta de
ética y su alejamiento de las bases; otros en cambio, subrayan su creencia en el socialismo
como proyecto a futuro, catalogando lo que se está llevando a cabo en el país como una nueva
forma de capitalismo de Estado con base en principios neoliberales; estos dirigentes lo que
dicen buscar es llevar a la práctica parte de lo que consideran los principios originarios de
dicho proceso, como serían el empoderamiento, la corresponsabilidad y la transparencia en la
actuación política. En materia laboral, plantean que el salario mínimo debe cubrir la canasta
básica, una jornada de trabajo de 36 horas y el absoluto control obrero de la gestión de las
empresas, mediante la toma de decisiones en asambleas con participación de todos los
trabajadores.
Entre quienes adversan al Presidente Chávez y que por ende se colocan en el campo de la
oposición política, los énfasis también varían: hay los que se definen como defensores de la
propiedad privada y enemigos del comunismo; otros reivindican el Estado Social de Derecho,
con diversas formas de propiedad de los medios de producción en el marco de una
profundización de la democracia social.
Lo singular es que todas las diferencias mencionadas, a pesar de su relevancia y de que en
otras circunstancias habrían sido consideradas irresolubles, han logrado ser tramitadas en un
ambiente de respeto. En nuestra opinión, un factor que ha sido decisivo para que esto sea
posible es el origen común de la mayoría de la coordinación del MSL, con una militancia
sindical o política de izquierda, confrontada con las tendencias mayoritarias de la CTV y con
los gobiernos de AD y Copei, y que además creyó en un primer momento en el proyecto de
Chávez. Bien fuese a partir del referéndum de 2000 o después de 2007, cuando el Presidente
de la República se manifestó contra la pretensión de los sindicatos adscritos al proceso de
ejercer su autonomía, todos se convirtieron en acérrimos críticos de la orientación antisindical
del gobierno. Ese hecho, tocante tanto a sus creencias ideológicas como a su convencimiento
en la autonomía sindical, ha favorecido que hayan tenido una postura más proclive al diálogo
con quienes todavía avalan al proyecto chavista, así como con quienes se definen radicalmente
en contra. Sus orientaciones han sido determinantes para colocar, por encima de las
diferencias, la búsqueda de una amplia democracia política junto con una amplia democracia
económica, lo que se podría definir como la coincidencia más general en el corto y mediano
plazo.
Vale la pena resaltar la singularidad del diálogo en los diferentes encuentros que han tenido
lugar, experiencia casi inédita en la Venezuela de lo últimos diez años, donde la extrema
polarización reinante ha impedido cualquier tipo de intercambio entre las partes en disputa.
Dirigentes que en muchos casos no se conocían previamente, que provienen de medios y
niveles de formación completamente distintos, y que hasta hace poco estaba enfrentados, han
sido capaces de pasar horas intercambiando sobre las acciones a efectuar y como superar los
problemas más apremiantes. No deja de ser singular para quienes esto escriben que, en un
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
medio tan rudo y poco amigo de sentimentalismos, se escuchen a menudo las palabras
hermandad y tolerancia como parte de los deseos compartidos por todos.
III. Diágnóstico del MSL de la situación laboral y sindical
El diagnóstico de la situación de las relaciones laborales en el país del MSL, expuesto a
través de las intervenciones y declaraciones de sus dirigentes, y plasmado en sus documentos,
da claras muestras del estado de indefensión de los trabajadores y de la inexistencia de una
instancia nacional capaz y dispuesta a defenderlos frente a la política antisindical del gobierno;
política en particular persecutoria de los sindicatos que entran en conflicto con el Estado por su
incumplimientos de las convenciones colectivas o por su intromisión en las elecciones
sindicales y en la negociación colectiva del sector privado.
Tal actitud estatal ha llegado a poner en cuestión la mera existencia del movimiento sindical
venezolano, representando la primera década del siglo XXI uno de los momentos más difíciles
de toda su historia. La actitud del gobierno contra los sindicatos se hizo más crítica a partir de
mediados de 2008 cuando, con la reducción de los recursos presupuestarios por la caída de los
precios petroleros, buscó evadir el cumplimiento de los compromisos contraídos,
desestimando las expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo que él
mismo creó, y dando muestras de que sus prioridades no son las reivindicaciones de los
asalariados.
La conflictividad laboral como detonante
Como señaláramos anteriormente, la coyuntura que ayudó a la conformación del MSL fue
el recrudecimiento de los conflictos laborales. Desde 2005 los sindicatos comenzaron a sufrir
la postergación, entorpecimiento o control de sus procesos de negociación colectiva, lo que ha
conducido al represamiento de un número importante de contratos, siendo uno de los casos
más emblemáticos el de los empleados públicos, vencido desde 2004117. En la mayoría de los
casos, esto se ha debido a la negativa patronal, tanto pública como privada, a discutir con
directivas sindicales cuyos períodos de ejercicio estuviesen vencidos (lo que se ha denominado
mora sindical), independientemente de que la causa de ello fuese la incapacidad del CNE de
organizar los procesos electorales correspondientes.
Inicialmente fueron los sindicatos de la oposición los que denunciaron esta situación pero,
con el paso del tiempo, el problema se fue generalizando, al punto de involucrar a todos los
sindicatos sin distingos políticos. A raíz de la crisis, el gobierno se manifestó aún más reacio a
dar lugar a la negociación colectiva, bien fuese dificultando la realización de las elecciones
sindicales previas o mediante la no aceptación de las condiciones planteadas por los
trabajadores. Con el desenvolvimiento de la crisis económica, la actitud gubernamental se fue
haciendo cada vez más contraria a las exigencias y protestas laborales, llegando a reprimirlas
con el ejército y la fuerza policial. Desde entonces se ha observado una fuerte arremetida
gubernamental contra el movimiento sindical118.
117
.Mientras en los setenta se aprobaban alrededor de 2.000 convenciones colectivas por año, entre 2000 y 2010, se aprobaron
un máximo de 680 (2007) y un mínimo de 360 (2009) (Lucena, 2012)
118
.“En promedio, de las 983 protestas de trabajadores y trabajadoras, el derecho a la manifestación pacífica fue vulnerado en
43 oportunidades por los cuerpos de seguridad del Estado; es decir, que se reprimió 1 de cada 22 protestas laborales o
huelgas” (PROVEA, 2010:107)
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
A pesar de las justificadas razones que motivaron las protestas y de que gran parte de éstas
fueron protagonizadas por trabajadores simpatizantes del Presidente Chávez e incluso
militantes del PSUV, la interpretación de estos sobre los conflictos laborales fue univoca:
estaban fundados en intereses políticos partidistas y azuzados por la oposición golpista. Una
vez que el Presidente de la República declaró que eran acciones contrarrevolucionarias e
insurrecciónales y orientadas a crear un ambiente de inestabilidad general, el resto de las
autoridades del gobierno y del Poder Judicial las enfrentaron con los mismos argumentos,
justificando con ellos la fuerte arremetida policial y militar en contra de un número
significativo de las protestas que tuvieron lugar durante 2009.
La represión de las manifestaciones pacíficas de los trabajadores y la persecución de sus
líderes ha sido una constante de los últimos años. La criminalización y judicialización de la
protesta, al inculpar por delitos penales a los trabajadores que reclaman el cumplimiento de sus
derechos, es una denuncia que ha estado en el centro de casi todas las declaraciones y acciones
del MSL, cuyos dirigentes hacen hincapié en el amedrentamiento del cual son víctimas los
trabajadores con amenazas de sufrir represalias si participan en las protestas. A partir de 2008
se consolidó esa práctica en el sistema de relaciones laborales venezolano y desde entonces, la
sociedad ha sido testigo de la apertura de numerosos procesos judiciales a trabajadores y
dirigentes sindicales; estos, después de haber sido detenidos a raíz de sus demandas en la calle,
quedan cumpliendo régimen de presentación periódica ante los tribunales (que bien pueden
estar muy lejos de su residencia), lo que puede durar muchos meses porque por razones
diversas los juicios se postergan con relativa frecuencia. El caso más dramático y conocido ha
sido el de Rubén González, militante del PUSV y Secretario General de SintraFerrominera,
quien, por dirigir el paro de los trabajadores de Ciudad Piar en protesta por las violaciones a la
contratación colectiva, debió sufrir año y medio de cárcel, y aún hoy en día se encuentra bajo
régimen de presentación.
Con frecuencia, los sindicatos han estado en pie de lucha en los casos en que se han
producido arbitrariedades y desde que comenzó la arremetida gubernamental en 2008, se
observaron acciones conjuntas por parte de sindicatos simpatizantes de la oposición y del
oficialismo, tendencia que el MSL ha pretendido fortalecer. En agosto de 2009 fue muy
significativo que 130 de los 150 sindicatos del sector petrolero (de las diferentes tendencias
políticas) firmaran un manifiesto en repudio a las declaraciones del Ministro de Energía y
Petróleo, Rafael Ramírez119, así como que ese mismo año se llevara a cabo una reunión en
Guayana, con la participación de 7 sindicatos del aluminio y casi todos los dirigentes
sindicales de las empresas básicas, para denunciar el estado de éstas mediante acciones
comunes. Sin embargo, no puede decirse que esta haya sido una tendencia en ascenso, pues la
polarización ha seguido produciendo sus efectos perversos y las acciones unitarias son escasas.
Las denuncias no se han restringido a la acción del gobierno central y a la de los gobiernos
estadales y locales bajo dominio chavista, sino que también se ha acusado de actitud
antisindical a gobiernos locales controlados por la oposición. En asambleas del MSL se ha
imputado a entidades gobernadas por representantes de la oposición, tales como la Alcaldía de
Chacao y la Gobernación de Carabobo, de resistirse a adelantar la negociación colectiva;
incluso los jefes de ambos gobiernos locales han dicho también expresamente que sólo
discutirán con los sindicatos que ellos decidan, en una actitud tan arbitraria como la
reprochada al gobierno central.
119
.Dicho Ministro se permitió decir: “Todo el que no milite en los comités socialistas es sospechoso (…) No acepto discutir
contrato colectivo con nadie que sea enemigo de Chávez” ( Prat, 2009)
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Las políticas gubernamentales antisindicales
Desde los inicios de su gobierno, el Presidente Chávez ha mantenido una actitud de
enfrentamiento con los sindicatos que no se pliegan a sus políticas, pero en los últimos años
esa conducta se ha acentuado, lo que ha estado en el centro de las denuncias sindicales. Entre
los aspectos más importantes señalados están:
1. El proyecto de forzar la centralización de todas las convenciones colectivas del sector
público, al margen de la productividad laboral o de la capacidad financiera de las empresas
para facilitar la imposición de condiciones laborales homogéneas y de topes salariales, tal
como lo demostró el documento confidencial del Ministerio de Planificación que el MSL
dio a conocer a la opinión pública en agosto de 2009120, y el decreto 7.089, publicado en
Gaceta Oficial Nº39.322 del 7 de diciembre de 2009, que crea en una comisión presidencial
con la finalidad de proponer “una política laboral centralizada y común para los entes y
órganos que conforman la Administración Pública Nacional” (art. 1). De lograr este
propósito, la relevancia de la organización sindical quedaría muy en cuestión, pues los
temas centrales de la negociación colectiva serían impuestos por el empleador.
2. La imposición de contratos colectivos del trabajo llamados socialistas, los cuales no se
ajustan a las expectativas de los trabajadores concernidos y que incluso les han supuesto
retrocesos y pérdida de conquistas adquiridas previamente, teniendo como norte la
nivelación por debajo de todas las condiciones laborales. Ejemplo de ello, fue el contrato
colectivo de El Metro de Caracas, en el 2010.
3. El paralelismo sindical fomentado por el gobierno en todas las ramas de actividad
económica y en todo tipo de empresas, ya sean públicas o privadas, cuando el sindicato
dominante no está en las filas del oficialismo. El Ministerio del Trabajo ha legalizado
miles de sindicatos121, muchos de los cuales no cumplen los requisitos mínimos exigidos
por la legislación, como paso previo para disputarle a los sindicatos no oficialistas la
titularidad de la negociación colectiva. La práctica ha sido facilitar el proceso de inscripción
y reconocimiento del sindicato que es afecto al régimen, al tiempo que entorpecer el
registro del que no lo es122 y darle tratamiento preferente al sindicato oficialista en el
momento de la discusión de la contratación colectiva, al margen de que no sea la
organización mayoritaria (Iranzo y Richter, 2005a).
4. La implantación e impunidad del sicariato en el medio sindical, como resultado de la
desinstitucionalización del movimiento sindical, azuzada por la campaña gubernamental en
su contra mediante el paralelismo y el desconocimiento y desprestigio de las instancias
sindicales. Muchos de los actuales dirigentes sindicales del sector construcción tienen
prontuario penal y resuelven sus diferencias eliminando físicamente a sus adversarios. La
escasa acción del Ministerio Público en la persecución penal de estos delitos ha redundado
en un clima de impunidad, poco favorable para la acción sindical.
120
.“Situación de la contratación colectiva del Sector Público Nacional” del Ministerio del Poder Popular para la Planificación
y el Desarrollo (MPPPD). Este documento llegó a las manos del MSL. Después de la denuncia el asunto no volvió a circular.
121
.“El MINPPTRASS exhibe como uno de los logros gubernamentales el crecimiento en el número de sindicatos. Según sus
datos de 2008, entre 2002 y 2008 se registraron 3.863 nuevas organizaciones sindicales gracias a lo cual en 2008 se
encontraban registradas 6.361 organizaciones sindicales (incluyendo los colegios profesionales), lo que representa un
aumento de casi el 130% (Arismendi, 2008) El detalle es que este incremento extraordinario en el número de sindicatos no se
ha traducido en una ampliación en el número de trabajadores protegidos porque la tasa de sindicalización, que en el año 2000
era de 17% hoy en día no es sino del 11% (Díaz, 2010)” (Iranzo, 2011:20).
122
.La conducta parcializada del Ministerio del Trabajo es casi una tradición en Venezuela pero se observa una extensión y
profundización del fenómeno.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
5. La violación de la inamovilidad laboral y el incumplimiento de las órdenes de reenganche,
tanto por parte del sector público (entre ellos el coordinador del MSL-FADESS, Orlando
Chirino) como del sector privado.
6. Los consejos de trabajadores, promovidos en todas las empresas públicas, los cuales forman
parte de la nueva estructura de poder prevista en la Ley Orgánica del Poder Popular, cuya
finalidad es construir las bases de una sociedad socialista (Art.7, numeral 1), a pesar de que
esa propuesta fue rechazada como parte de la reforma constitucional en 2007. En la
LOTTT aprobada recientemente se le asignan competencias, como por ejemplo, la
discusión con los patronos de los planes vacacionales, que eran parte de las atribuciones
sindicales en la negociación colectiva.
7. Las patrullas y las milicias socialistas, cuya constitución es exigida en muchas inspectorías
del trabajo a nivel nacional123, a pesar de que también formaban parte del negado proyecto
de Reforma Constitucional y de ser concebidas como órganos de base del partido de
gobierno124.
8. La implantación del trabajo voluntario, al cual se ven forzados los trabajadores en su
tiempo libre en muchas de las instancias del sector público, so pena de perder sus puestos
de trabajo, tal como ocurrió en PDVAL, directivo de por cuya denuncia fueron despedidos
800 trabajadores en 2009, tal como denunció en una asamblea José Boda, directivo sindical
del sector.
9. La dramática situación de las empresas básicas de Guayana, denunciada permanentemente
por sus dirigentes sindicales, expresada en la drástica reducción de su producción por
improvisación, negligencia e incorrectas decisiones gerenciales. El caso más grave es el de
Sidor, empresa que trabaja muy por debajo de su capacidad instalada. Así mismo, los
dirigentes sindicales han denunciado en repetidas ocasiones que se han incrementado los
problemas de seguridad industrial en muchas de esas empresas.
10.
El Plan Guayana 2019, el cual contempla la creación de unidades de negocios
dependientes de la planificación centralizada y el ataque a los derechos laborales y
sindicales por los inconvenientes que suponen para la ejecución de dicho plan.
11.
La creación de las Mesas de Control Obrero en Guayana, instancias concebidas para
ejercer la auténtica representación de los trabajadores organizados por parte del propio
PSUV y una de cuyas finalidades es negociar las condiciones de trabajo con la empresa. La
denuncia de los dirigentes sindicales guayaneses es que con ellas se pretende sustituir
progresivamente a los sindicatos, en razón del vacío que van dejando los dirigentes
sindicales chavistas que pasan a actuar como gerentes de las empresas
IV. El salto del MSL al FADESS
Si bien la constitución de los equipos regionales del MSL avanzó muy lentamente, el
seguimiento de los conflictos y la realización de asambleas y seminarios en diferentes regiones
permitieron la consolidación y ampliación de las relaciones con los dirigentes de base de las
123
“Las inspectorías del Trabajo de Cagua, estado Aragua, y Puerto Cabello, estado Carabobo, condicionan la aprobación de
los nuevos contratos colectivos a que ya los trabajadores hayan conformado las patrullas laborales y las milicias obreras en las
empresas donde laboran” (Tejero, 2009).
124
“En agosto, se inició en todo el territorio nacional la reorganización y reagrupamiento del PSUV a través de lo que el
Comandante Presidente ha denominado “Patrulla Socialista” y, que desde su reconocida genialidad para analizar e interpretar
cada momento histórico para afinar la táctica pertinente, ha concebido como la forma organizativa de respuesta política más
apropiada del partido de la revolución bolivariana y que en conjunto estamos construyendo (…) La Patrulla Socialista es la
unidad primaria del Partido PSUV. En otras palabras, la Patrulla Socialista es un nivel de organización del partido. Con
actividad primordialmente partidista y que por ende debe estar comprometida con todo lo atinente al pueblo” (Mora, 2009)
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
corrientes involucradas y el encuentro con nuevos dirigentes. Fue ello lo que favoreció el
encuentro con los sindicatos de la empresa Polar, preocupados por las amenazas de
expropiación de las cuales ésta era objeto. Tal vínculo habría de tener una gran trascendencia
ya que permitiría dar el primer paso hacia la constitución de FADESS, a raíz de una asamblea
de unos 900 trabajadores de dicha empresa en Guatire el 14 de noviembre de 2010, a la que
fue invitada la coordinación del MSL y dirigentes sindicales de diversas regiones del país. Es
de hacer notar, que Frank Quijada, líder opositor a la estatización de la empresa Polar y
Secretario General de uno de sus más grandes sindicatos, provenía de las filas del oficialismo,
lo que contribuyó a darle una fisonomía de amplitud y al margen de la polarización al
movimiento en conformación125.
Dos meses más tarde, el 8 de enero, se llevó a cabo una asamblea en El Márquez a la que
asistieron unos 200 dirigentes de todo el país, entre ellos el principal dirigente de la Federación
de la Harina, Juan Crespo, quien también había estado con el oficialismo. Fue entonces cuando
surgió el nombre de Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato,
FADESS, y como principal acción conjunta se programó una gran marcha que tendría lugar el
5 de febrero de 2011.
Propósitos y principales acciones
Las banderas de FADESS son la lucha por el trabajo decente, el respeto de la libertad
sindical y la denuncia de la criminalización de la protesta. Dichas banderas provienen del
MSL, quien fue su principal promotor y su equipo coordinador asumió en la práctica su
dirección junto con algunos otros nuevos e importantes dirigentes del sector público y privado,
pues el FADESS ha funcionado de manera informal desde sus inicios y no se ha producido
ninguna elección de su dirección. Un volante sobre FADESS lo presenta como:
“… un movimiento de movimientos y corrientes sindicales, autónomo, democrático,
solidario, ético, plural y unitario que tiene como propósito la articulación, reconstrucción y
refundación del movimiento sindical venezolano. FADESS es un punto de encuentro de
muchas corrientes y tendencias que hacen vida en la lucha laboral venezolana”.
Las principales reivindicaciones que ha dado a conocer son:
 Aumento general de sueldos y salarios
 Acabar con la criminalización de la protesta
 La libertad total a Rubén González
 La firma y el respeto de las Contrataciones Colectivas
 El derecho a la huelga
 La Libertad Sindical
 El respeto pleno de los derechos adquiridos de los trabajadores
 Una Seguridad Social efectiva, integral, universal y solidaria
 Un Plan creíble y firme para la recuperación de las Empresas Básicas de Guayana
 El cumplimiento inmediato de las órdenes de reenganche a mas de dos mil
trabajadores
 Poner fin a las expropiaciones arbitrarias
 Contra los despidos de la Administración Pública
125
.Hoy en día dicho dirigente, diluida la amenaza, no forma más parte de FADESS, habiendo regresado a su postura política
anterior.
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Tales fueron los principales planteamientos que se difundieron en la marcha del 5 de
febrero, la cual representó el lanzamiento público de este nuevo movimiento. Dicha
manifestación tuvo mucha repercusión y fue muy divulgada por los medios de comunicación
porque logró congregar por primera vez en mucho tiempo a un número importante de
sindicatos; porque sus mensajes y consignas se salían de las clásicas de la polarización
política, se restringieron a los asuntos laborales, a la defensa de la autonomía y la libertad
sindical, y al llamado a la unidad; y por la forma organizada en que se llevó a cabo. Sin
embargo, no faltaron los dirigentes políticos de la oposición que intentaron aprovecharse de
las circunstancias pero se les impidió hablar en la tarima y predominó el mensaje sindical. La
mesa directiva del MSL había obtenido un compromiso de la MUD (Mesa de la Unidad
Democrática) de respetar la agenda sindical y ello fue acatado por la mayoría de los partidos
políticos en esa ocasión.
Después de la marcha del 5 de febrero se realizaron otras que también tuvieron bastante
alcance como la de Valencia y la de Guayana, el 19 y el 26 de marzo respectivamente, y la de
Caracas, el 1° de mayo. En las dos primeras, m los dirigentes pre-candidatos del proceso
electoral del 12 de febrero y en general los partidos políticos de oposición tuvieron más éxito
que el 5 de febrero en hacerse notar y, sobre todo en Guayana, lograron cierto protagonismo,
lo cual fue resaltado por la prensa, enmarcando la noticia en su propia agenda informativa que
tiende normalmente a destacar la polarización. Evidentemente el gobierno y dirigentes
sindicales oficialistas supieron aprovecharse de esa circunstancia para descalificar ante la
opinión pública el carácter obrero de tales marchas.
La última acción importante del 2011 fue la jornada de protesta nacional que se protagonizó
el 20 de octubre, bajo el lema mil protestas en un día. Aunque fue mucho más modesta de lo
que sus organizadores habían imaginado, tuvo la virtud de constituir una acción de protesta
novedosa y pensada para ser ejecutada a la altura de las posibilidades de cada sindicato.
A lo largo de 2011 se realizaron asambleas en las diferentes zonas industriales del país y en
algunos casos se constituyeron equipos representativos de las diferentes corrientes que aspiran
favorecer la articulación y la acción hacia el futuro. En ese lapso, todas las semanas tuvo lugar
una asamblea en Caracas a la que asistían los dirigentes sindicales que deseasen compartir y
debatir sobre sus problemas concretos y programar algún tipo de acción. Dichas reuniones con
cierta regularidad terminaban con una rueda de prensa en la que se daban a conocer los
conflictos más recientes y las reivindicaciones de sus protagonistas. Estos espacios permitieron
la inclusión de otras corrientes que no tenían presencia en el MSL, como es el caso de
dirigentes sindicales adecos o copeyanos, ganados a la idea de una nueva forma de articulación
sindical. En razón de la desaparición del local con el que contaban y de la incorporación de
algunos dirigentes a tareas políticas propias de la campaña electoral actual, el FADESS ha
disminuido su ritmo de acción en las últimas semanas, pues en el momento que escribimos
este artículo estamos a menos de 100 días del 07 de octubre del 2012.
La distinción entre el MSL y FADESS no es siempre clara, pues tienen objetivos muy
similares y ambas buscan crear un escenario propicio para una articulación novedosa de las
organizaciones sindicales, que trascienda los mecanismos tradicionales que se han demostrado
incapaces de representar a los sindicatos en las actuales circunstancias. Originalmente el MSL
pretendió mantenerse como una instancia diferente por considerarse a sí mismo como una
instancia político sindical en el que confluyen corrientes que se autodefinen como clasistas,
mientras que el FADESS vendría a ser una instancia más amplia y con objetivos prácticos; una
plataforma de lucha donde confluyen organizaciones sindicales para debatir y ejecutar planes
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
de acción con el objetivo de enfrentar las políticas antiobreras, antisindicales y precarizadoras
en el patrón público o el privado. No obstante, con el tiempo la distinción ya no es tan clara y
parecieran haberse ido fundiendo una en la otra.
V. Observaciones para el debate: algunos de los asuntos en cuestión
Desde hace más de dos décadas se habla de la crisis de la organización sindical a nivel
internacional. Las razones son varias y, seguramente las más trascendentales, derivan de las
condiciones creadas por la globalización (Iranzo y Patruyo, 2001) Otras tienen que ver
directamente con los procesos de reestructuración productiva y la flexibilización
correspondiente, así como con los marcos político-institucionales que han acompañado los
cambios en las formas de acumulación en cada país (Iranzo y Richter, 2005b). El espacio cada
vez más reducido que ocupa la clase obrera tradicional, la extensión de la economía informal y
la modificación de las clases sociales respecto a como eran entendidas tradicionalmente, son
parte de los cambios que han afectado sensiblemente al movimiento sindical clásico del siglo
XX. A las razones de carácter externo se le suman las propias deficiencias de las
organizaciones sindicales, en unos casos más graves que en otros. El comportamiento
corporativista y hasta mafioso en muchas ocasiones, el burocratismo, la ausencia de
democracia interna, son algunos de los tantos defectos por los cuales han sido acusadas
comúnmente.
En el caso venezolano, a todas esas razones que sustentan un debilitamiento de larga data,
se le añaden en la última década las políticas interventoras y persecutorias propias de un
régimen político que no acepta la existencia de actores autónomos y dentro del cual, por ende,
el diálogo social no tiene cabida, aunado a una severa descomposición social y política. Ello
ha terminado por configurar la crisis más grave que haya vivido el movimiento sindical
venezolano a lo largo de toda su historia. Ha sido precisamente una situación tan dramática la
que ha hecho posible el surgimiento de una alternativa novedosa, como la de los movimientos
aquí considerados, la cual aspira superar las deficiencias del pasado y dar lugar a una alianza
de nuevo cuño.
El surgimiento del MSL y del FADESS, podría significar un salto cualitativo para la
recuperación del movimiento sindical venezolano. Este proyecto es la concreción de un viejo
anhelo de las corrientes clasistas del sindicalismo venezolano: una instancia de coordinación
que busca elaborar políticas desde el sindicalismo para el mundo del trabajo y para el país.
Ello ha implicado negociar entre tendencias sindicales tan disímiles como las que provienen
del sindicalismo socialcristiano y hasta las rupturistas, como son las vinculadas al trotskismo.
El solo establecimiento de tal esfuerzo común es ya un éxito. Sin embargo, no es fácil dar un
salto de tal magnitud en tan corto tiempo desde el punto de vista histórico. Aparte de las
difíciles circunstancias externas, son diversos los asuntos que deberán confrontar desde su
mismo seno estos movimientos para alcanzar los objetivos que se proponen.
El sectarismo y la desconfianza
La fragmentación a la cual llegó el sindicalismo en nuestro país apenas comienza a
revertirse. Permanece un terreno de conflicto incluso entre los mismos dirigentes que se
oponen a la política gubernamental y es que las propuestas de unidad están mediatizadas por
los reproches del pasado, la desconfianza política, pero también personal, entre dirigentes,
afectados a menudo por odios mellizales; es decir, la pluralidad no ha logrado erradicar viejas
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prácticas de sectarismo, expresión más de celos entre dirigentes y búsqueda de espacios
propios, que de grandes diferencias ideológicas o cuestionamiento a determinadas prácticas.
Por esa razón se observa una gran dificultad para conformar listas únicas en las elecciones de
las juntas directivas en importantes sindicatos; la amenaza de perder frente al sindicalismo
oficialista no es motivo suficiente para lograr acuerdos unitarios126. Hasta finales de 2007 los
principales conflictos que tenían lugar en las empresas eran intersindicales, básicamente
provocados por la exitosa política gubernamental del paralelismo sindical. En los últimos
años, los conflictos obrero-patronales han pasado a estar en primera línea, pero ello sin
embargo no ha conducido a limar asperezas, como la crítica situación podría haber hecho
creer. La realidad está demostrando que propiciar la unidad, por más que sea una aspiración
muy extendida, es mucho más difícil de lo que se pensó inicialmente.
El temor a caer en lo que tantos otros han caído, como es armar un aparato con muchos
rótulos y poca sustancia que termina convertido en un cascarón vacío, ha sido uno de los
factores por los cuales la creación de una nueva central no está dentro de los propósitos de
estos dirigentes, al menos en el mediano plazo. Pero al mismo tiempo, es probable que la no
existencia de un proyecto a futuro que se perfile con claridad esté incidiendo para hacer más
difícil la tarea de articulación sindical. Tal vez, en la medida en que no se establezcan lazos
concretos, orgánicos, las alianzas pequen de una apariencia circunstancial, donde se sigue en
cierta manera actuando por toletes y donde es difícil la integración para aquellos que no
pertenecen a alguna de las tendencias existentes.
Así mismo, el quiebre de la relación entre el MSL y parte importante de los dirigentes del
FADESS con la CTV, a pesar de que dentro de los primeros hay dirigentes del segundo, es
fuente de debilitamiento general y no logra ser comprendida por muchos trabajadores. En ello
incide sin duda la desconfianza de unos hacia otros por su pasado, por sus ideologías, o por
cuestiones de orden ético que estarían involucradas, pero si bien es cierto que el liderazgo
tradicional ha sufrido fuertes pérdidas a manos del sindicalismo chavista, no puede
desconocerse que aún conserva considerable presencia, sobre todo en el sindicalismo del
sector público estadal y municipal.
Por su parte, la CTV también mira con mucha desconfianza al FADESS, pues considera
que su principal finalidad es destruir esta central y ocupar su lugar. Para muchos de los
dirigentes cetevistas de base el ataque es descarnado, no reconociéndoseles que también son
dirigentes con una base sindical importante.
No obstante, la gravedad de los asuntos que están en juego y la escasa posibilidad de
construir un fuerte movimiento si no se produce una alianza de mayor alcance, debería en
todas las partes incitar a deponer orgullos y sectarismos, y buscar las áreas en la que es posible
establecer acuerdos. Pero eso no podría tampoco ser solamente un acuerdo de las cúpulas de
los diferentes movimientos, porque las mismas bases no lo entenderían y, de hecho, las
diferentes corrientes que han llegado a articularse no han logrado aún establecer verdaderos
lazos desde abajo, donde se reproducen los mismos sectarismos y donde continúan los
resquemores, haciendo que cualquier proceso unitario pueda resquebrajarse fácilmente.
126
.Uno de los casos más llamativos es el de Guayana, donde sorprende el grado de enfrentamiento entre dirigentes que
comparten muchos planteamientos en el plano laboral.
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La dificultad de programación y el activismo
La gran virtud de aglutinar corrientes sindicales muy diversas tiene como contrapartida que
se hace difícil la concreción de una clara línea programática. Hay importantes aspectos en los
cuales se ha logrado establecer entendimientos. Por ejemplo, las equivocadas políticas que ha
desarrollado el gobierno con las estatizaciones, ha favorecido las coincidencias en lo relativo a
la necesidad de respetar la propiedad privada y de promover otras formas de propiedad,
siempre que exista participación de los trabajadores en la dirección de las empresas. En un
ambiente adverso por la continua acción estatal de hostigamiento y represión, las diferencias
ideológicas no han hecho mella para la acción cotidiana. Pero proponer políticas concretas a
mediano y largo plazo es más dificultoso, pues algunos apuestan a mejorar la redistribución de
la riqueza y otros a cambiar las relaciones de producción.
La importancia otorgada por el MSL y el FADESS al acompañamiento de los conflictos
laborales, que se desarrollan en diversos sectores económicos a lo largo del territorio nacional,
se ha convertido en un obstáculo para desarrollar una planificación de actividades a mediano
plazo y para centrarse en la elaboración de un cronograma de trabajo dirigido a aumentar la
presencia en las bases y a la vez impulsar la sindicación. Estos dirigentes dedican un tiempo
considerable a gestionar problemas intrasindicales o asuntos de la rutina de la negociación
colectiva; la relación con los dirigentes de base se intensifica cuando éstos tienen problemas o
conflictos en su sitio de trabajo, por lo que a menudo la relación entre unos y otros es
espasmódica.
Otra causa de una relación basada en el activismo es la poca atención prestada a la
formación por parte de los dirigentes de base. El resquebrajamiento del liderazgo tradicional
junto con política estatal de impulsar la creación de miles de sindicatos ha tenido un aspecto
positivo, como es el surgimiento de un nuevo liderazgo, cuyo perfil es joven y con poca
experiencia previa en las lides sindicales. Este hecho, sin una conducción adecuada, puede ser
muy contraproducente, pues la falta de formación sindical ha llevado, por ejemplo, a que estos
liderazgos emergentes asuman fácilmente el discurso del gobierno contra la empresa privada y
de ahí que hagan peticiones excesivas y paralizaciones injustificadas, hecho común en estos
años. El MSL y el FADESS, cuya agenda está centrada en la conflictividad cotidiana o en los
grandes temas nacionales, no ha llegado a establecer vínculos sólidos con la mayoría de estos
dirigentes de base que no han comprendido que la defensa de los intereses de los trabajadores
no puede implicar poner en riesgo la sobrevivencia de la empresa y que forzar su
nacionalización no ha tenido sino resultados nefastos.
La ausencia de una estrategia para consolidar una relación a largo plazo y sobretodo crecer
en sectores sindicalizados con escasa presencia, atenta contra la posibilidad de convertirse en
un referente estable a nivel nacional; a ello se aúna la ausencia de una política de aumento de
la tasa de sindicación. El vínculo espasmódico con las bases de trabajadores puede tener
sensibles consecuencias frente al discurso gubernamental que ha hecho de la participación
directa uno de sus grandes baluartes. Un buen ejemplo del valor de una conexión estrecha se
observa en el caso de los sindicatos de las empresas de Guayana, donde la presencia constante
de sus dirigentes en los portones es una de sus claves para mantener el espíritu de lucha que
caracteriza a sus trabajadores. Les toca indagar a los nuevos dirigentes cuáles son las
verdaderas expectativas de las bases frente a la acción sindical y en particular frente a la
unidad, al tiempo que adelantar una campaña en pro de la defensa del sindicalismo por sobre
todas las cosas y asumir de forma valiente que el liderazgo lo alcanzarán, por encima de las
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
manipulaciones, aquellos que más trabajen y que mejor sepan interpretar los intereses de las
bases de trabajadores.
Más allá de la difícil circunstancia que atraviesa hoy en día el sindicalismo venezolano, la
superación real de su crisis institucional habrá de pasar por el cuestionamiento de las formas
de relación que le han caracterizado así como de sus formas de lucha y comunicación, y su
manera de concebir la propia acción sindical. A las formas clásicas de relación, hoy se suman
muchas otras nuevas posibilidades pero el sector sindical ha sido poco propicio a las ideas
modernizadoras. Mientras los movimientos de jóvenes en el mundo hacen uso de las redes
sociales y la comunicación a través del ciberespacio, el sindicalismo venezolano prefiere
comunicarse a través de los medios tradicionales de comunicación (la televisión o la prensa),
por lo demás, hoy en día totalmente polarizados, desperdiciando las posibilidades que las otras
vías le ofrecen. Es decir, el sindicalismo es un sector más bien conservador.
Tal carácter conservador se refleja también en su dificultad para cuestionarse respecto a su
papel en la sociedad actual y, concretamente, su condición de representante de toda la clase
trabajadora cuando casi el 50% se desempeña en la economía informal. La transformación que
están sufriendo a nivel internacional las relaciones de trabajo, la descentralización de las
empresas, la tercerización de la mano de obra, asuntos que llegaron para quedarse, exigen de
un enorme esfuerzo de creatividad, indispensable para superar las actitudes meramente
defensivas, así como aceptar que en una sociedad democrática no se trata tanto de recuperar el
tripartismo como de institucionalizar el diálogo social.
La relación entre partidos y sindicatos
La relación partidos- sindicatos es uno de los temas más debatidos dentro de los estudios
sobre sindicalismo y en el caso venezolano, en particular, adquiere nuevas aristas. El interés
por parte de los partidos de la oposición de protagonizar las acciones de los trabajadores y
sindicatos es la mejor demostración de las dificultades a las que se enfrenta un movimiento
sindical que pretende erigirse como autónomo y como representante de los intereses de todos
los trabajadores, independientemente de sus posturas políticas. Tradicionalmente los partidos
de todos los signos buscaron capitalizar las acciones de los movimientos sociales a su favor y
cooptar a sus integrantes para sus proyectos, irrespetando a menudo los intereses particulares
de aquellos en aras de objetivos que estimaban de mayor alcance. En la actualidad, actuar de
manera independiente de los partidos, sean del signo que sean, tropieza con la dificultad
adicional de que va contra la corriente de la polarización, la cual no ve con buenos ojos la
existencia de actores que se pretendan autónomos, a pesar de que su existencia es tan
importante para la democracia como la de los propios partidos.
Este asunto representa, a nuestro entender, uno de los problemas más difíciles a superar en
términos de la constitución de un nuevo movimiento sindical. La dependencia sindical de los
intereses de los partidos políticos ha sido una crítica reiterada desde los orígenes de la
democracia. Es un problema aún más difícil cuando, en medio de un gobierno de carácter
autoritario, su propia existencia está en cuestión.
Hay quienes consideran que la situación actual obliga al sindicalismo a postergar, una vez
más, su constitución como actor autónomo en aras de la democracia, debiendo sumarse al
bloque que pretende reconstituirla. Pero, si bien los asuntos en cuestión no son de poca monta,
hay diversos argumentos a favor de insistir en la necesidad de mantener una verdadera
autonomía en la acción sindical en las actuales circunstancias.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Por una parte, nada garantiza que quienes hoy se oponen al gobierno, el día de mañana
asumirían el diálogo social como norte de las políticas públicas. Ello dependerá de las fuerzas
de los actores que aspiran ser parte de ese diálogo y en la medida en que su propio
fortalecimiento quede relegado ante la preeminencia de los dirigentes políticos, difícil será que
logren hacerse oír en un nuevo escenario, por más que se supone que será más propicio para el
diálogo social. El corporativismo del pasado bastantes ejemplos puede brindar al respecto.
Por otra parte, las bases trabajadoras que aún hoy apoyan al gobierno, sólo se verán ganadas
para un proyecto que de alguna manera les garantice la defensa de sus intereses en el futuro. La
vinculación popular con el presidente no es obra de un acto de magia o sólo producto del
magnetismo y del carisma que éste posee. Es también el resultado de una experiencia previa y
de un sistema político cuyas promesas no cumplió y en el que los pobres se sintieron
marginados; el populismo autoritario127 que se vive en Venezuela no es solamente un discurso
y menos aún cuando posee tantos recursos para repartir. Un movimiento que logre demostrar
que su interés es mejorar hoy las condiciones laborales y no una promesa para el mañana, y
que ello exige del derecho al diálogo y a la participación real desde ahora, estará mucho mejor
equipado para ganar nuevas voluntades a un cambio democrático, así como para defender el
día de mañana sus derechos, que no son otros que el de acceder a un trabajo decente, tal como
lo ha denominado la OIT. Es decir, una vez más es mucho más productivo prefigurar el
mañana que agudizar la lucha de intereses.
Para complicar aún más el panorama, muchos de los dirigentes que promueven un nuevo
sindicalismo ocupan, a su vez, posiciones de liderazgo dentro de sus organizaciones y algunos
hasta responsabilidades de primera línea. Ello ha conducido a que en sus apariciones públicas
en los medios de comunicación social se suela confundir su rol como dirigentes políticos y
como dirigentes sindicales, bien sea por parte de los entrevistadores o porque ellos mismos se
ven impelidos a asumir posturas propias en temas que trascienden lo laboral o los consensos
alcanzados. A menudo dichas apariciones constituyen vías de comunicación que favorecen el
contacto con la sociedad civil opositora pero no necesariamente con el mundo obrero y
sindical de base, lo que termina fortaleciendo más su condición de dirigentes políticos que la
de sindicales. Esto mismo, a su vez, colide con el establecimiento de prioridades en el
momento de la acción política e, incluso, con algo tan elemental como la distribución de los
tiempos personales para abordar las tareas concretas.
Las transformaciones del mercado de trabajo
El proceso de desindustrialización del país, cuyo aparato industrial siempre fue reducido, es
difícil de revertir y su reactivación, probablemente se intentará bajo las modalidades de
tercerización y trabajo flexible, predominantes en la actualidad. Ello ha ocurrido en diversas
partes del mundo, afectando la base tradicional del sindicalismo. Semejante escenario exigirá
de una dirigencia sindical con gran capacidad propositiva, para lo que el movimiento sindical
deberá revisar sus propias nociones dentro de una economía como la venezolana. Siempre tuvo
una fuerte presencia en el sector público y por tanto muchas de sus reivindicaciones tienen que
ver con las necesidades de esos trabajadores, y en cuanto al sector industrial, se concentró en
las grandes empresas públicas y privadas, razón por la que la tasa de sindicación no superó en
127
.El populismo, como imaginario político, se despliega a través de un discurso que divide la sociedad entre poderosos y
débiles, éstos representados en el pueblo. El líder se proclama como su encarnación, desconociendo así la legitimidad de
aquellos actores sociopolíticos o visiones del mundo que escapen a esta lógica maniquea. En casos como el venezolano,
posturas como ésta ha propiciado formas autoritarias de gobierno, minando la pluralidad política que identifica a todo sistema
que se precie de democrático (Arenas, 2007).
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
sus mejores momentos el 40% de los asalariados. El empleo por cuenta propia y las empresas
con menos de 5 trabajadores, es decir, la economía informal, sigue rondando el 50% del
empleo del país. Si a ello se le suma el trabajo en cooperativas, existe un considerable
segmento de trabajadores sin acceso a los beneficios que implica la sindicación.
Las principales bases sindicales del MSL y del FADESS se encuentran en el sector privado
y en las grandes empresas públicas, como PDVSA y las de Guayana. Podríamos decir que
tiene una cierta presencia en el sindicalismo industrial y en menor medida en el sector
servicios y agroindustrial. Por tanto, por su origen, es un sindicalismo con un radio de
influencia limitado. Modificar esa situación implica romper con viejas creencias que apuestan
su revitalización a la reindustrialización del país, y descuidan lo que son las particularidades
del aparato productivo venezolano. Los trabajadores de las microempresas y los trabajadores
autónomos requieren el diseño de una estrategia de captación y una agenda distinta a las de las
necesidades del sector industrial y público, y en cambio en el MSL se sigue haciendo énfasis
en un modelo de sindicalismo basado en una realidad minoritaria del mercado de trabajo.
----------------En síntesis, con la creación del MSL y posteriormente del FADESS se han dado pasos
importantes para la generación de un referente sindical nacional clasista, plural y autónomo,
pero el camino aún es largo y con una serie de obstáculos que deberán ser identificados por
quienes aspiran desarrollarlo, lo que requerirá más tiempo de maduración. Algunos son lastres
del pasado; otros son los retos que surgen ante un proyecto novedoso que se ha colocado
grandes desafíos como resultado de una profunda revisión de lo que es y debe ser el
sindicalismo, visto desde la experiencia no solo nacional sino también internacional. No
obstante, no se puede dejar de reconocer que la situación general del país, conducido por un
gobierno enemigo del diálogo social, es poco propicia para una verdadera refundación del
movimiento sindical.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Una propuesta desde los trabajadores para la reconstrucción del
país con base en el diálogo social
Rodrigo Penso
La propuesta que presentamos a continuación es el resultado del Encuentro: Diálogo Social.
Hacia Un Acuerdo Nacional, realizado por el MSL- FADESS (Movimiento de Solidaridad
Laboral y Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato) y el
Vicerrectorado Académico de la Universidad de Carabobo, entre el 7 y 8 de Mayo de 2012 en
el Colegio de Abogados de la ciudad de Valencia.
El MSL es una confluencia de fuerzas y corrientes sindicales con una visión de largo aliento
y un programa común, que se plantea la refundación del movimiento sindical sobre nuevas
bases y que viene trabajando en la construcción de una propuesta de programa de los
trabajadores venezolanos.
El FADESS, por su parte, es un frente muy amplio de corrientes que se define sobre la base
de un programa mínimo: empleo decente, salario suficiente y sindicalismo autónomo.
En evento mencionado, en el cual participaron dirigentes sindicales y académicos de
diversas partes del país, se discutió durante dos días, acerca de cuáles deben ser las cuestiones
fundamentales que los trabajadores manuales e intelectuales deben presentar al país para poder
superar los problemas más críticos que atravesamos en la actualidad. Las principales
propuestas que surgieron del debate fueron:
1. Le proponemos al país, a los diversos factores de la producción, a la academia, a las
organizaciones sociales todas, que el punto de partida para recomponer la economía, avanzar
en una más equilibrada relación de las fuerzas sociales y una nueva institucionalización
plenamente compartida, parta del reconocimiento y respeto de la Constitución vigente de
República Bolivariana de Venezuela.
2. Proponemos que asumamos en forma consensuada que en democracia y solo en democracia,
podemos avanzar en las reformas, rectificaciones, correcciones y cambios que la realidad
económica y social demanda con urgencia. Pero, la democracia, para ser verdadera, además de
exigir elecciones periódicas, partidos políticos y división de poderes, requiere de la activa
participación de todos los actores que se desenvuelven en la sociedad.
3. Consideramos que, la crisis actual es tan amplia, profunda y compleja, tanto en su
dimensión política como en la económica y social, que solamente, con la concurrencia de los
factores de la producción, trabajadores, empleadores y el Estado en sus diferentes niveles, es
posible su superación sin traumas sociales lamentables. Es por ello que proponemos, como
primer paso, institucionalizar el diálogo social.
4. Proponemos la creación en Venezuela del Consejo Económico y Social (CES), con base en
una ley que le dé piso jurídico, a fin de institucionalizar el diálogo social como mecanismo
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para buscar los consensos necesarios que permitan abordar y resolver problemas y
controversias, así como manejar adecuadamente los disensos.
5. Proponemos formal y resueltamente al país, a los factores de producción, a las
Organizaciones Gremiales, Sociales y al Estado, que asumamos todos juntos el programa
bandera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de Trabajo Decente,
como un gran Compromiso Nacional, que permita modernizar y actualizar las relaciones de
trabajo en Venezuela y orientarnos hacia una economía productiva, sustentable y sostenible,
con mayor justicia social.
6. Proponemos una Mesa Técnica de Trabajo, que asuma la evaluación de los Pasivos
Laborales. Primero hay que cuantificar el monto total de la deuda con trabajadores del sector
público y empresas del Estado, luego individualizar la deuda, determinar cuánto se le debe a
cada trabajador, certificar el monto y decidir finalmente la forma de pago a cada uno junto con
la fijación de un cronograma para hacerlo efectivo.
7. Proponemos al País un Plan Nacional de Rescate de la infraestructura que comprenda la
infraestructura vial, la hospitalaria, la educativa, los puertos y aeropuertos, el Sistema
Eléctrico Nacional, el Sistema Nacional de Telecomunicaciones y el Sistema Nacional de
Aguas. Este Plan permitiría la generación de empleo masivo a corto plazo y los consecuentes
estímulos a la Industria y a la economía en general.
8. Proponemos al País un Programa de Recuperación Industrial y Agroindustrial basado en
estímulos fiscales y en el incremento de la demanda Nacional, sincronizando este plan con una
disposición acordada de reducción progresiva de las importaciones y su sustitución por
producción nacional.
9. Proponemos asumir en el País, partiendo de los actores socio-económicos, una muy amplia
discusión sobre la ley del trabajo y la reforma necesaria. Esto vale para la nueva o reformada
ley del trabajo. Para ello, la elaboración de un ante Proyecto-Borrador resulta imprescindible.
10. Proponemos la aprobación a corto plazo de las leyes de Seguridad Social pendientes, la
Ley de Salud y la Ley de pensiones; de igual manera, la aprobación de los instrumentos de la
Seguridad social en mora:
- La Superintendencia de la Seguridad Social
- La Tesorería de la Seguridad Social
Una agenda de asuntos por abordar 13 problemas prioritarios:
UNO: LA INDUSTRIA PETROLERA. Atender y dar respuestas a su crisis operativa, a su
poca transparencia financiera, a los 20 mil despedidos, a su inepta gerencia de personal y a
los asuntos pendientes con el Contrato Colectivo.
DOS: LAS EMPRESAS BÁSICAS DE GUAYANA. Evaluar su dramática situación,
determinar las opciones y concertar un plan de relanzamiento.
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TRES: LAS EMPRESAS EXPROPIADAS Y/O ESTATIZADAS. Evaluar y cuantificar las
empresas expropiadas, clasificar las que han sido pagadas y las que no. Determinar
criterios y procedimientos en cada caso.
CUATRO: FORMAS DE PROPIEDAD. Promover la coexistencia y articulación armónica de
las diversas formas de propiedad: propiedad estatal, propiedad privada, cooperativas,
autogestión, cogestión, etc.
CINCO: PARTICIPACIÓN LABORAL Y COGESTIÓN. Ponerla en práctica en el sector
Público y en el Privado, trascendiendo a la mera participación accionaria.
SEIS: LAS MAL LLAMADAS MISIONES. Evaluarlas con sus propios actores, ¿Cómo se
mejoran?, ¿Cómo articularlas con los entes Estatales ordinarios y cómo direccionarlas en
función de la generación de empleo productivo?.
SIETE: LA TERCERIZACIÓN LABORAL. Analizar Sus formas diversas y sustituir las
formas precarias de trabajo por mecanismos legítimos de relación laboral que faciliten el
manejo de las empresas preservando los intereses de los trabajadores.
OCHO: EL INCE (S). Reconvertirlo para que sea un verdadero ente de entrenamiento y
reentrenamiento de los trabajadores en función de la reconstrucción del aparato productivo
y de su desarrollo profesional, y aprovechando la alta calificación de sus recursos
humanos.
NUEVE: LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y NIVELES SALARIALES DE LA
ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA. Equilibrarlas, tanto en Gobernaciones
como Alcaldías, corrigiendo los graves desajustes que se presentan en la actualidad.
DIEZ: EL MEDIO AMBIENTE. Diseñar un plan general para su preservación que
comprometa a todos los actores sociales. Elaborar un plan nacional para atender los
parques nacionales y las zonas protectoras.
ONCE: LA CORRUPCIÓN. Crear mecanismos contra las diversas formas de corrupción y
extorsión para el adecentamiento de la República.
DOCE: EL DERECHO A LA INFORMACIÓN. Definir, estructurar y organizar mecanismos
de acceso a la información que sirva de base tanto a trabajadores como empleadores y sus
organizaciones representativas en aras de unas relaciones laborales transparentes.
TRECE: LA ECONOMÍA INFORMAL. Abordar los diferentes problemas que supone: su
tratamiento, la corresponsabilidad, las cadenas de sub-contratación, los mayoristas
importadores. Y asumir como plan, el objetivo de encadenar la producción nacional con la
red de comercialización de la economía Informal.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Estado comunal y relaciones de trabajo en Venezuela
Froilán Barrios
I. Introducción
El tema de estudio seleccionado, “El Estado Comunal y Relaciones de Trabajo en
Venezuela”, se propone analizar las políticas laborales auspiciadas en el contexto de las
instituciones públicas y empresas privadas, impulsadas desde los niveles del Alto Gobierno en
relación con el proyecto político actualmente gobernante.
Estas directrices que forman parte de la propuesta gubernamental de implantar un nuevo
modelo económico y social denominado oficialmente Socialismo del Siglo XXI, propugnan
públicamente cambios estructurales en el modelo tradicional de trabajo dependiente, donde la
relación patrono y trabajador, bien sea público o privado, está determinada por la prestación de
labor remunerada por el salario y con la existencia de actores reconocidos como
representantes de los trabajadores: los Sindicatos. Éstos, mediante el diálogo social con los
patronos Estado y Patronos Privados, convienen las condiciones de trabajo a través de los
contratos colectivos y la administración de las relaciones de trabajo.
Esta relación predominante en nuestra economía durante casi ocho décadas desde el siglo
pasado hasta el presente, está siendo hoy puesta en entredicho bajo la supuesta pretensión de
promover modelos de trabajo diferentes a los ya señalados, a partir de los cuales se
impulsarían modelos asociativos, modelos de gestión, actores laborales diferentes al sistema
de relaciones de trabajo establecido en la CRBV y regulado por la Ley Orgánica del Trabajo y
un amplio cuerpo normativo laboral.
A partir de estas consideraciones se analizarán las directrices del Poder Ejecutivo con
relación a modelos de trabajo asociado como las Cooperativas y Empresas de Producción
Social (EPS) y su supuesta relación con políticas de flexibilización laboral, identificando, de
ser necesario, la relación de estos con las leyes emanadas desde la Asamblea Nacional,
señaladas como componentes del Estado Comunal.
El propósito de esta investigación determina profundizar y analizar el vínculo existente
entre estas políticas laborales y la estructura del sistema económico y político expresado en el
Poder Popular y las leyes del Estado Comunal, dentro del cual se destaca el Sistema
Económico Comunal, aprobados recientemente en Diciembre 2010 por el Parlamento
Nacional. De allí la necesidad de identificar y clasificar un conjunto de documentos
emanados de diferentes niveles del Alto Gobierno y de Empresas del Estado, de la Asamblea
Nacional, determinando, a partir de su relevancia, el vínculo de estas políticas con la
promoción de los modelos de trabajo asociado, modelos de gestión y nuevos actores y su
relación con el sistema de relaciones de trabajo dependiente aún predominante en nuestra
economía.
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II. Identificación de las políticas laborales gubernamentales y su relación con los
modelos de trabajo asociado
El contexto en el cual se sitúa esta investigación es el de la reorientación de las políticas
laborales desarrolladas en los años de gestión del actual gobierno nacional, en el marco de un
nuevo modelo de desarrollo económico y social. Dichas políticas están determinadas por una
redefinición desde el Ejecutivo Nacional de las Relaciones de Trabajo y del control de los
actores de los procesos económicos a partir de la propuesta de implantación de un sistema
político, económico y social diferente al actual sistema capitalista.
Esta orientación reguladora del Estado no es nueva en las relaciones de trabajo en
Venezuela. Desde la aprobación de la primera ley del trabajo en 1936 en nuestro país, se ha
identificado un acentuado sesgo regulador del Estado en las relaciones laborales, con marcados
matices, acordes a los niveles de influencia de los actores, es decir, Estado, Partidos, Patronos
y Sindicatos, a lo largo de nuestra evolución histórica del mundo del trabajo, durante el resto
del siglo pasado, tal como lo señalan Irantzo y Richter (2005), al identificar los rasgos de
neocorporativismo y sus modalidades de articulación. (1)
Esta caracterización podemos observarla en la tutela que ejerce el Ministerio del Trabajo en
la Ley Orgánica del Trabajo vigente desde 1990 en la Sección Tercera, Del Registro y
Funcionamiento de las Organizaciones Sindicales, (artículos 420 al 436) donde se indica la
obligatoriedad del registro para ejercer las funciones como representantes de los trabajadores.
Citamos, entre otros, el Artículo 420 LOT:
“las organizaciones que aspiren organizarse regional o nacionalmente deberán
registrarse ante la Inspectoría Nacional del Trabajo. Los sindicatos que se organicen
local o estatalmente deberán registrarse ante la Inspectoría del Trabajo de la
Jurisdicción”.
En ese mismo orden, agregamos el artículo 430 de la referida LOT, aún mas explícito en la
actual relación de los sindicatos con el Estado:
“Los sindicatos están obligados a:
a.- comunicar al Inspector del Trabajo dentro de los diez días siguientes, las
modificaciones introducidas en los Estatutos y acompañar copias autenticas de los
documentos correspondientes.
b.- Remitir anualmente al Inspector del Trabajo informe detallado de su administración
y nómina completa de sus miembros, con las indicaciones señaladas en el artículo 424;
c.- Suministrar a los funcionarios competentes del Trabajo las informaciones que les
soliciten en lo pertinente a sus obligaciones legales; y
d.- Cumplir las demás obligaciones que les impongan esta u otras leyes.”(2)
Al establecerse desde el nacimiento de la organización sindical esta relación, el desarrollo
de la libertad sindical transcurre bajo la aprobación del Poder Ejecutivo de todos los
procedimientos administrativos laborales. Situación diferente en otros países como Uruguay,
donde los sindicatos se originan a partir de la constitución libre de la organización, invocando
el convenio 87 de libertad sindical establecido por la OIT sin la previa aprobación del Estado.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
En el caso venezolano, vale la pena mencionar, en el contexto de relaciones, como lo
plantea Álvaro Comin, referente a los orígenes del sistema de relaciones de trabajo brasileño,
lo siguiente: “este modelo de regulación de las relaciones laborales quedó definido
clásicamente como “corporativo” por la intensa presencia del Estado en la estructuración tanto
de las relaciones de uso y remuneración de la fuerza de trabajo, como de los propios actores
sociales.” (3)
Es fundamental señalar que para Juan Carlos Rey (1991) los gobiernos de AD y Copei
consolidaron una especie de semi-corporativismo en su modelo populista de conciliación, al
institucionalizar mecanismos de participación de las élites empresariales y sindicales en la
toma de decisiones potestativas del Estado. (4)
Esta tendencia histórica se ha acentuado y reforzado en la actual Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999), donde se establece el control del poder electoral
sobre la existencia de los sindicatos, como lo indica el artículo 293 numeral 6:
“Organizar las elecciones de los sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con
fines políticos en los términos que señale la ley…. (5)
Esta normativa constitucional que faculta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para
aprobar la renovación de las autoridades sindicales y el mantenimiento de la regulación
establecida por la Ley Orgánica del Trabajo y su órgano administrativo el Ministerio del
Trabajo refuerza aún más la presencia del Estado en las Relaciones de Trabajo en Venezuela.
La orientación mencionada anteriormente vino a ser el resultado de las contradicciones y
ejecutorias aprobadas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, donde se aprobaran los
decretos de suspensión de directores laborales designados por la central mayoritaria,
convocatoria a elecciones para la CTV, investigación de los bienes de los sindicalistas y la
suspensión temporal del contrato colectivo petrolero, citados en el texto Crónica de una
Victoria – 1998- 2001 (Freddy Rincón Noriega). (6)
En esa misma dirección se ubicó la convocatoria al Referendo Sindical de diciembre de
2000 aprobado por la Asamblea Nacional; como lo manifestara León Arismendi: “Cuando se
aprobó la convocatoria al referendo sindical de diciembre de 2000 ya la mayoría de las
tendencias sindicales del país habían comenzado un importante giro contra esa iniciativa y los
peligros en ella implícitos. La sociedad civil y los gremios profesionales por su parte,
expresaban señales de alerta frente a lo que se anunciaba como un intento oficial por suprimir
cualquier manifestación de autonomía.” (7)
III. El Estado Comunal, relaciones de trabajo y modelos de trabajo asociado
Esta Relación entre el Estado y el Sistema de Relaciones de Trabajo en nuestro país conoce
un nuevo curso bajo la actual gestión gubernamental, la cual presupone no sólo la injerencia
corporativa de los poderes públicos en la interrelación de actores laborales bajo el modelo de
trabajo dependiente; al mismo tiempo la implantación de un sistema político y económico
estructurado a un nuevo Estado, con diferentes actores, modelos de trabajo y una relación
supeditada al proyecto político gobernante, denominado oficialmente Socialismo del Siglo
XXI.
La orientación ya descrita se observa en el texto de Reforma Constitucional propuesto al
país en 2007. Determina el establecimiento del Poder Popular Presidencial a todos los niveles
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
de la sociedad, en el contexto de los 5 motores. A través de la Nueva Geometría del Poder, y el
Poder Comunal: “Nosotros, que es lo que somos, debemos ir transfiriéndole poder político,
social, económico, administrativo al poder comunal para que marchemos rumbo al Estado
social, al Estado Comunal y salgamos de las viejas estructuras del Estado capitalista burgués.”
(8)
Esta línea de acción del Ejecutivo Nacional fue mencionada con anterioridad por el
Presidente de la República, en el Aló Presidente de 02-03-2003, Diario La Verdad: “ vamos a
cambiar el rancio capitalismo por la cogestión obrera.. vamos al cooperativismo, porque hay
que transformar las estructuras. El pueblo se va a adueñar de los factores de producción..
vamos a impulsar la economía endógena.. y .. Quiero y exijo que se aplique el modelo de
cogestión obrera, que los obreros sean parte de la junta directiva.” (9) Como se observa en el
texto se identifican múltiples conceptos sobre organización del trabajo, donde se identifica el
trabajo asociado y la toma de decisiones en la gestión, como conceptos similares, siendo
fundamentalmente diferentes.
Este modelo de desarrollo económico determina la convivencia del socialismo pregonado
por el Estado con la propiedad privada, tal como lo establece el Ministro de Finanzas Rodrigo
Cabezas (2007): “la vía socialista venezolana no negará la propiedad privada. Pero el Estado
indicará claramente que lo estratégico es la construcción de nuevas formas de propiedad
colectiva. Para comenzar las cooperativas, las empresas de producción social y las formas de
cogestión y autogestión se incluirán en la constitución y en el nuevo código de comercio”.
(10)
El curso definitivo establecido por el Ejecutivo Nacional desde 2007 luego de no haber sido
aprobada la Reforma Constitucional el 02-12 de ese año, ha sido ratificado en la Asamblea
Nacional en diciembre 2010, determinando para esta investigación analizar una serie de
documentos, textos y el ordenamiento jurídico para identificar las características generales del
Estado Comunal y las políticas dirigidas hacia las relaciones de trabajo, los actores que
participan en el sistema, en particular los trabajadores y sus organizaciones sindicales, y su
relación con los Modelos de Trabajo Asociado.
Aún cuando establecemos que el objetivo de esta investigación no es el análisis de la
estructura del Estado Comunal, presentamos un listado de documentos, cuyo contenido a
nuestro criterio constituyen el soporte teórico de la propuesta de Estado Comunal y su visión
de las relaciones de trabajo, los cuales no forman parte de una estructura conceptual orgánica,
sino propuestas desconectadas entre sí, más bien proyectos, proyectos de leyes, planes
vinculados y contextualizados alrededor del concepto del Socialismo del Siglo XXI.
De estos documentos señalados a continuación, resaltamos las experiencias de PDVSA en
materia de modelos de trabajo asociado y las Leyes de Poder Comunal citadas, siendo a
nuestro criterio las propuestas que han alcanzado altos niveles de concreción observables:
1.- Proyecto de Reforma Constitucional 2007
2.- Proyecto Nacional Simón Bolívar – Primer Plan Socialista 2007 – 2013
3.- Políticas Laborales y Negociación Colectiva – 2009
4.- Proyecto de Ley Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras 2007
5.- Plan Socialista Guayana 2019 Período 2009 – 2012
6.- Caso PDVSA y creación de cooperativas y Empresas de Producción Social
7.- Las Leyes del Poder Popular promulgadas en Diciembre 2010
- Ley Orgánica del Poder Popular
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
- Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
- Ley Orgánica de las Comunas
- Ley Orgánica de Contraloría Social
- Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal
- Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
8.- Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo
Describimos resumidamente algunos de ellos, para luego analizar las leyes del Poder
Popular promulgadas en diciembre 2010, soporte jurídico del Estado Comunal. Estos textos,
al alcanzar el nivel de leyes definen las orientaciones definitivas del Proyecto Político
gobernante, ante la profusión de documentos y propuestas que son aplicadas a título de
experiencias en Empresas del Estado y organismos públicos. Veamos algunos de ellos:
Proyecto Nacional Simón Bolívar: Primer Plan socialista 2007 – 2013. En este documento se
identifican los siguientes conceptos:
Las relaciones sociales de producción socialista caracterizadas por:
Formas de propiedad social (autogestionaria, asociativa y comunitaria) permaneciendo
formas de propiedad individual y pública.
El trabajo es la única actividad que genera valor y por lo tanto legitima el derecho de
propiedad.
Las relaciones sociales de producción basadas en la propiedad social.
Apoyar la organización y participación de los trabajadores en la gestión de las
empresas.
Participación organizada del pueblo en la planificación de la producción y la
socialización equitativa de los excedentes.
Incrementar la participación de los Consejos Comunales en la planificación y control
de la economía.
Más adelante continúa con la descripción del Modelo de Producción Socialista:
Autonomía descentralizada para la toma de decisiones que alcance a las comunidades
locales.
Conformado básicamente por las EPS
Trabajo no alienado, auténtico, sin discriminación, sin privilegios asociados a la
posición jerárquica.
Los trabajadores se apoderarán del excedente.
EPS surgen a partir de la acción del Estado, de la transformación de empresas del
estado o de empresas capitalistas privadas. (11)
A partir de este resumen comentamos:
La orientación del Proyecto Nacional Simón Bolívar indica su objetivo fundamental, es la
sustitución progresiva de la propiedad privada, por formas de propiedad socializada o mixta,
donde el capital privado sea minoritario. Destaca la participación de los trabajadores en la
gestión de las empresas, donde la plusvalía es administrada por ellos y la forma de
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
organización predominante de la producción serían las EPS, modelos de trabajo asociado sui
géneris ya que no están normados por la LEAC, sino por normativas internas de PDVSA.
Con relación al documento Políticas Laborales y Negociación Colectiva (2009)
Consolidar la noción que las convenciones colectivas son un compromiso con los
derechos de todo el pueblo.
Ampliar la participación protagónica de los trabajadores con el pueblo y la comunidad
organizada (consejos comunales y demás organizaciones populares).
Formación política y teórica de los trabajadores para la construcción del socialismo.
Énfasis en el empleo, el incremento del salario mínimo nacional y eliminar los
privilegios.
Centralizar las políticas laborales y la CC y transformar las relaciones de producción
fortaleciendo el vínculo de pertenencia de los trabajadores. (12)
En este texto resaltamos como análisis la orientación de las políticas estatales, promotoras
de la relación laboral insertada a la comunidad en un contexto diferente a la relación típica de
trabajo dependiente. Las ideas presentadas en este papel de trabajo del Alto Gobierno sugieren
la revisión del concepto del contrato colectivo, en el sentido de eliminar privilegios expresados
en determinadas cláusulas sociales o económicas, contradictorias según esta visión con el resto
de la población.
Quizás estas orientaciones sean el reflejo de la suspensión de las contrataciones colectivas
desde 2006, situación que ha originado miles de conflictos laborales desde 2008, con un
promedio anual aproximado de 2000 paros, manifestaciones, protestas extremas como huelgas
de hambre, huelgas de sangre, y la represión jurídica de los sindicalistas del sector público en
demanda de cumplimiento de los derechos laborales en dicho sector.
Proyecto de Ley Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras (2007)
En la exposición de motivos de este Proyecto de ley de los CSTT se mencionan los
siguientes conceptos:
El desmontaje del Estado basado en la explotación del ser humano y máxima ganancia
de la burguesía.
El fomento del trabajo con valores igualitarios y de solidaridad
El trabajo como preparación educativa para la felicitad colectiva
El sustento jurídico basado en los artículos 2,3,4,62,70,132,204 de la CRBV
Conceptos y artículos que presuponen la conformación de un sistema socialista y de un
sistema de relaciones de trabajo diferente al actual marco de la Ley Orgánica del Trabajo y de
la CRBV.
En segundo lugar, entre los fundamentos políticos se destaca:
El proceso de tránsito al socialismo acelera la lucha de clases
Ganar la conciencia de los sectores de la clase obrera para el socialismo
Superar la división orgánica del movimiento obrero y sindical
Crear las condiciones materiales, objetivas y subjetivas para el socialismo
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Los CSTT por encima de su condición gremial y sindical actuarán de manera
revolucionaria en el control de los centros de trabajo.
Implantar el control obrero como transición del capitalismo al socialismo
Impedir acciones desestabilizadoras de los patronos
Los CSTT lucharán contra monopolios y oligopolios y revertirán los valores
capitalistas de la producción.
Nuevos conceptos: control obrero y administración obrera
La propiedad de la industria no puede seguir en manos capitalistas
Los CSTT trascienden los límites de la cogestión obrera y la contraloría social
Amplía el ámbito de la estabilidad laboral en la empresa. (13)
Es fundamental destacar la conexión como lo demostraremos en el articulado de estos
organismos políticos con el Poder Presidencial Popular, conjuntamente con los Consejos
Comunales e instituciones de los Poderes Públicos.
Desde el artículo 1, Objeto de la Ley, se destaca el rol protagónico de los CSTT en las
relaciones de trabajo y en los procesos de gestión, igualmente se indica el ámbito de aplicación
en los sectores público y privado. En el artículo 5, entre los principios de los CSTT, se indica
su participación en la organización como clase. En el Artículo 6 donde se indican los fines:
señala el parágrafo 1: La defensa de los derechos, de las reivindicaciones e intereses supremos
de los trabajadores/as.
En el artículo 7 se indica los organismos integrantes de los CSTT: La Asamblea General de
Trabajadores, El Órgano Ejecutivo y los comités de Gestión y la Unidad de Control y
Disciplina. Cada uno con atribuciones específicas y similares a las organizaciones sindicales y
de control de los procesos de producción.
En el artículo 8, en lo referente a atribuciones, se establece lo siguiente:
Parágrafo 1.Promover y articular las diversas organizaciones de base de los
trabajadores/as en cada centro de trabajo con el fin de incorporarlos activamente en el
control social en la gestión del proceso productivo y distribución de bienes y servicios Las
organizaciones de base son los sindicatos, delegados, asambleas de trabajadores, comités
de seguridad industrial pasarían bajo el control directo de estos organismos.
Parágrafo 2. Impedir la paralización o el cierre total o parcial de los centros de trabajo
con claros fines especulativos, desestabilizadores o políticos. Es evidente la interferencia a
la acción sindical en el trámite de pliegos conflictivos ante las instancias estatales, entre
otras funciones sindicales como es la aplicación del contrato colectivo o la seguridad
industrial.
Plan Socialista Guayana 2019. Período 2009 – 2012
“Los trabajadores del aluminio, del hierro y el acero de Guayana, junto al gobierno
bolivariano han decidido dar un paso adelante en la construcción del socialismo, al asumir de
manera directa el control de la producción de las Empresas básicas de la región. Este anhelo
que se ha venido labrando a través de luchas de muchos años hoy tiene una posibilidad cierta,
en parte producto de las consecuencias de la crisis estructural que vive el capitalismo, y por la
otra, dada la firme determinación del gobierno bolivariano de apoyar y hacer realidad, como
paso necesario, que los trabajadores de Guayana adquieran conciencia de su propio destino y
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
sean ejemplo para el resto del país, como lo fueron las gestas que se dieron y se iniciaron en
esa región hace ya casi doscientos años.
La elaboración del documento ¨Plan Socialista Guayana 2019¨ ha sido producto de una
serie de encuentros realizados por los trabajadores del aluminio, del hierro y el acero de
Guayana, donde los propios trabajadores han sintetizado su experiencia de lucha y los
conocimientos que le son propios, como productores directos de una riqueza que proviene del
trabajo y de la existencia de recursos naturales en la zona” (14). Estas orientaciones del Plan
Socialista Guayana han constituido el soporte teórico de la promoción del Control Obrero en
las Empresas Básicas, modelo de gestión que otorgaría la contraloría de gestión a los
trabajadores, mas no de la Dirección de las Empresas como estaba planteado en el Plan
Nacional Simón Bolívar, las cuales continúan dirigidas por los Presidentes o Gerentes
designados desde el Poder Ejecutivo Nacional.
Políticas de PDVSA en la promoción de Cooperativas y EPS
Se puede identificar en material difundido internamente en la industria petrolera donde se
describe la dimensión de las EPS en la planificación de PDVSA, como también de las
Cooperativas de Trabajo Asociado, modelos laborales a los cuales se integra a miles de
trabajadores ubicados en la industria petrolera nacional. Citamos a continuación la dimensión
conceptual elaborada por PDVSA y su relación con éstas:
“las EPS fueron definidas como “entidades de interés público, de propiedad colectiva,
jurídicas o naturales, de cogestión y autogestión, las cuales podrían realizar/ejecutar
obras, prestar servicios profesionales/comerciales, producir y suministrar bienes, a través
de los procesos de contratación desarrollados por PDVSA y regidos por la normativa legal
que le sea aplicable, y se caracterizaban esencialmente por cuanto las utilidades generadas
estaban dirigidas a la búsqueda del bienestar de las comunidades, como un fin distinto a la
apropiación egoísta de la plusvalía capitalista”.(15)
Las EPS son la expresión del protagonismo popular en el ejercicio de su soberanía, en lo
económico y social, e incluían la autogestión, la cogestión, las cooperativas, las empresas
comunitarias, las empresas familiares y demás formas asociativas”.
La promoción de estos Modelos de Trabajo Asociado determina que no es una política
aislada de PDVSA, está engranada con las definiciones señaladas en el Plan Nacional Simón
Bolívar, donde se propone un nuevo orden económico y social, siendo las Cooperativas y las
EPS el modelo propuesto en el contexto acertadamente mencionado por las investigadoras
Iranzo y Richter (2006).
“La misma gerencia a cargo del departamento de cooperativas reconoce que su
implantación comenzó a partir del paro (o huelga) petrolero, producido entre diciembre de
2002 y febrero de 2003 como mecanismo para atender las áreas paralizadas y para ir
sustituyendo de manera definitiva a las contratistas que se sumaron al paro y con las cuales la
empresa rompió toda relación”. (16)
Pudiéramos concluir que la decisión de implantar los modelos de trabajo asociado cumplen
variados objetivos, uno el ideológico vinculado a la propuesta ideológica de sustituir las
asociaciones mercantiles por modelos identificados con el proyecto político gobernante, y en
segundo lugar introducir en lo posible en los procesos de trabajo modelos diferentes a la
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
organización tradicional característica de PDVSA desde su nacionalización, anteriormente ya
descritos en diferentes áreas de la industria petrolera.
Las Leyes del Poder Popular promulgadas en Diciembre 2010.
A nuestro criterio este conjunto de leyes constituyen el basamento jurídico de la propuesta
gubernamental en torno al establecimiento del Estado Comunal. Identificaremos en primer
lugar las definiciones en torno al concepto de Estado y en segundo lugar la relación de los
Modelos de Trabajo Asociado con las instituciones emanadas de este cuerpo jurídico hoy
vigente:
Ley Orgánica del Poder Popular
Esta ley marca el inicio de aplicación de políticas públicas orientadas a la
conformación del Estado Comunal, aprobada en 2006 y denominada Ley Especial de
los Consejos Comunal, y reformada luego en el 2007 y finalmente elevada a la
categoría de Ley Orgánica en 2010 con el paquete de leyes integrantes del Estado
Comunal.
Dicha Ley tiene como objetivo organizar a la población por cada doscientas familias
se erige un Consejo Comunal, quienes realizan actividades similares a las Juntas de
Vecinos o Juntas Parroquiales. En el caso del artículo 4 hace un llamado a conformar
los Comités de Trabajos, labores que las personas de la comunidad realizan en las
distintas áreas de gestión de las comunidades. El numeral 11 de este artículo establece
la economía social, basada bajo la forma de propiedad social al servicio de sus
necesidades como bienes y servicios. Por otra parte, el artículo 13 de la Ley expresa
que los voceros electos de los CC tendrán un carácter voluntario no se les cancela
ningún tipo de remuneración y se desarrollarán con espíritu unitario y el compromiso
con los intereses de la comunidad y de la patria.
El artículo 56 de la LOCC determina la rectoría de estos organismos por parte del
Poder Ejecutivo:
“El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación
ciudadana dictará las políticas estratégicas, planes generales, programas y proyectos
para la participación comunitaria en los asuntos públicos y acompañará a los
Consejos comunales en el cumplimiento de sus fines y propósitos, y facilitará la
articulación entre éstos y los órganos y entes del Poder público”. (17)
Esta LOCC promulgada en diciembre 2010, viene precedida por la resolución de la
Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social según el decreto
6627, 03 – 03 – 2009, donde expresa que se aplicaran mecanismos para que el pueblo
organizado ejerza el gobierno comunitario a través de los Consejos Comunales para la
construcción del nuevo modelo de sociedad socialista.
En esa dirección, la Ley Orgánica del poder público Municipal, en la reforma
aprobada en 2010, establece lo siguiente: “Además de los municipios, son entidades
locales territoriales: 1. la comuna, 2. los distritos metropolitanos, 3. las áreas
metropolitanas, 4. las parroquias y demás demarcaciones dentro del territorio del
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
municipio”… igualmente, en el artículo 276 establece las competencias que tienen los
ciudadanos y ciudadanas y expresa: “Los Consejos comunales de la parroquia tienen el
derecho y el deber de ejercer la acción del control social en la gestión local de los
servicios públicos, y otros de su competencia”.
La presencia de los CC en la vida del ciudadano, del trabajador y la familia es
inobjetable, la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad,
sancionada por la AN y promulgada por en 2007 indica en el artículo 1: Su objetivo es
establecer los mecanismos de desarrollo de políticas para la protección integral de las
familias; en el artículo 6 de la Ley está previsto “los consejos Comunales, con el apoyo
de los organismos públicos y de la sociedad organizada, elaborarán financiarán, y
desarrollarán proyectos sociales de las familias de su comunidad, especialmente en el
área de la salud, educación, vivienda, recreación, y deporte”.
Por consiguiente, en el artículo 7 se establece en el 2do aparte: “los consejos
comunales incentivaran la incorporación de las familias de su comunidad, a los
programas de familias sustitutas promovidos por los órganos competentes”.
Finalmente en la Ley de Protección a la Lactancia Materna (2007), se señala, en el
artículo 4, lo siguiente: la participación y corresponsabilidad social, donde exigen el
cumplimiento de la misma los consejos comunales y los comités de salud y demás
organizaciones ejercen la contraloría social sobre la lactancia materna y el
amamantamiento, para que se cumpla ese derecho.
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
El propósito de la Ley es desarrollar y consolidar el poder popular (pueblo) representado en
todos los grupos organizados. Este consiste en organizar la sociedad en diversas formas que
edifican el Estado Comunal, siendo aplicable a todas las organizaciones y expresiones y
ámbito del poder popular.
En el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular se define al Estado Comunal como:
“Forma de organización político social, fundada en el Estado democrático y social de
derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es
ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de
desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los
venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de
conformación del estado comunal es la Comuna.”
En el siguiente parágrafo señala las instancias del poder popular:
“Constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal y sus articulaciones,
para ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal: consejos comunales,
comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y las
que, de conformidad con la Constitución…”
En cuanto al sistema económico comunal, es definido como: “conjunto de relaciones
sociales de producción, distribución e intercambio y consumo de bienes y servicios, así como
de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones productivas, bajo formas de
propiedad social comunal” (18)
Finalmente, en el artículo 25 se establece que el Ejecutivo Nacional conforme a las
iniciativas de desarrollo y consolidación asignadas desde el Poder Popular, planificará,
articulará y coordinará acciones conjuntas con las organizaciones sociales.
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal
En su extenso articulado se desarrollan las características del Modelo Económico hoy
vigente, destacando, como lo señala el artículo 2 de la ley, el carácter asociativo de las
organizaciones productivas.
“Sistema Económico Comunal
Artículo 2. Conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y
consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrolladas por las
instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de
organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal.”
Dentro de las finalidades de esta ley se define en el artículo 4 numeral 3: “Fomentar el
sistema económico comunal en el marco del modelo productivo socialista, a través de diversas
formas de organización socio-productiva, comunitaria y comunal en todo el territorio
nacional.”
En el numeral 14, en la definición de Productores y Productoras, señala:
“Integrantes de las organizaciones socio-productivas que conforman el sistema económico
comunal, que ejercen el control social de la producción, de manera directa o en conjunto con la
representación del Poder Público según la organización, sea de propiedad directa comunal o de
propiedad indirecta comunal; y cuyas relaciones de trabajo se basan en la igualdad de derechos
y deberes, sin ningún tipo de discriminación ni de propiedad jerárquica.”
En estas organizaciones socio-productivas se clasifica a las Empresas de Propiedad social
en directa e indirecta. Las primeras son constituidas directamente por los Productores y las
segundas son empresas emanadas del Poder Público. El artículo 17 expresa el rol asignado a
las Empresas de Producción Social:
“Obligación de Identificación del Carácter de Propiedad Social
En la denominación de toda empresa de propiedad social deberá indicarse tal carácter,
bien sea mediante la mención expresa de “Empresa de Propiedad Social” o abreviación
mediante las siglas “EPS”.” (19)
Finalmente, se indica que los integrantes de las organizaciones socio-productivas,
cualquiera sea su forma, son designados por las instancias del poder popular
Ley Orgánica de Contraloría Social
Esta ley establece que el ámbito de actuación del Poder Popular es el ejercicio de la
vigilancia, supervisión y control sobre la gestión del Poder Público y las actividades del Sector
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Privado que afecte el bienestar común. Por otra parte, el artículo 11 indica que quienes ejerzan
la contraloría social no podrán percibir ningún beneficio económico en el ejercicio de sus
funciones, son de carácter ad honorem. (20)
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
El contenido de la ley se orienta a organizar un sistema de planificación, que tenga como
propósito el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución, coordinación y
armonización de los planes, programas y proyectos en función de la justa distribución de la
riqueza mediante una planificación estratégica, democrática y de consulta abierta para la
construcción de la sociedad socialista de justicia y equidad.
El sistema nacional de planificación coordina todas las políticas públicas y está integrado
por: a.- el consejo federal de Gobierno, b.- los consejos estadales de planificación y
coordinación de políticas públicas, c.- los consejos comunales, d.- los consejos de
planificación comunal, y, e.- los consejos locales de planificación pública.
La estructura de estas leyes en cuanto a la relación con la Presidencia de la República al
establecer el artículo 28 que la Ejecución del Plan Desarrollo Económico y Social es dirigido
por el Presidente de la República. (21)
Ley Orgánica de las Comunas
El objetivo de la Ley es fortalecer el poder popular mediante la creación de la célula del
Estado Comunal, en este caso la Comuna. Organismo que contactará con recursos propios y un
parlamento comunal. Se establece que el Estado Comunal es la forma de organización
político-social, fundada en el Estado Democrático y Social, donde el poder es ejercido por el
pueblo a través de los autogobiernos comunales, soportado con un modelo económico de
Propiedad Social y de Desarrollo Económico. Finalmente, la Ley expresa que la finalidad de la
Comuna es desarrollar y consolidar el Estado Comunal para la construcción de la Sociedad
Socialista. (22)
IV. Caracterización del Estado Comunal y su relación con el Neocorporativismo
Lo descrito en el aparte anterior determina que las instituciones emanadas del Estado
Comunal, descritas en los documentos citados, no coinciden a nuestro criterio con las
definiciones de Estado establecidas en la CRBV, Carta Magna que señala en el Título I,
Principios Fundamentales en los artículos 2 y 4, las características conceptuales vigentes del
Estado Venezolano:
Artículo 2:
“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y justicia, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida,
la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social
y , en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”
Consecutivamente, el artículo 4 reafirma el ordenamiento constitucional vigente:
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
“La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal Descentralizado en los
términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integralidad
territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.
Más adelante, el artículo 7 expresa:
“La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas
las personas que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución.”
Entre estas definiciones es fundamental agregar el artículo 136:
“El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder
Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial,
Ciudadano y Electoral…”(26)
Como se puede observar, en estos artículos no aparece el concepto de Estado Comunal,
como tampoco el de Socialismo o el de Poder Popular. Sus antecedentes teóricos se ubican en
definiciones y tendencias de voceros del Poder Ejecutivo, ubicadas, la mayoría de ellas, en la
perspectiva de la construcción del socialismo del siglo XXI, como proyecto político a largo
plazo, determinando para los trabajadores, por lo señalado por el Ministro del Trabajo para la
fecha: “la transición hacia el socialismo y su papel en la historia es el de conducir a los
trabajadores y a las empresas hacia el camino de la izquierda”. (27)
De igual modo destacamos la opinión emitida por el Ministro de Participación y
Desarrollo, para la fecha, David Velásquez: “El Socialismo del siglo XXI no debe ser la
misma propuesta de Marx”..El tipo de socialismo de hoy debe obedecer a las realidades,
particularidades y características venezolanas, a las razones económicas nacionales e
internacionales y también a la realidad política internacional de este siglo…el fondo es el
control de los medios de producción, de la explotación, de la dependencia económica…Para el
PCV el modelo de sociedad rentista que existe en Venezuela es una ventaja porque no tienes
una burguesía nacional de tal nivel que te obligue a expropiarla...” (28)
Estas declaraciones públicas, el contenido de las leyes del poder comunal y las posiciones
del Jefe de Estado, señalan la orientación expresa de consolidar un Estado Centralizado
alrededor del Poder Ejecutivo cuya máxima figura es el Presidente de la República, de la cual
emana un poder decisorio y controlador de la sociedad, vinculado más a las experiencias
corporativistas desarrolladas el siglo pasado, bajo gobiernos caracterizados como fascistas en
el occidente europeo o estalinistas en la Europa del Este, calificados como Estados Neocorporativos que a sistemas democráticos descentralizados.
En tal sentido, Phillipe Shmitter define al Corporativismo como: “El sistema de
representación de intereses en el que las unidades constitutivas, factores económicos y sociales
son organizados en un número limitado de categorías singulares, compulsivas, no competitivas
y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o licenciadas por el Estado y dotadas de un modo
representacional en sus respectivos ámbitos, a cambio de observar ciertos controles”. (29)
La expresión de esta organización de Estado es percibida en las cámaras del Estado
Franquista o en el fascismo italiano donde la estructura organizativa de cada sector formaría
parte del engranaje del estado totalitario mussoliniano.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
La definición de Corporativismo de Shmitter, la complementamos con la planteada por
Robert París:
“Doctrina Económico-social basada en el principio de la organización de la profesión en
corporaciones donde participan todas las categorías sociales: patronos, empleados,
técnicos y obreros integrados en un fin común. Las corporaciones son creadas por el
Estado que visualiza en ellas un instrumento dócil, donde la afiliación es obligatoria. Los
sindicatos están integrados y los obreros, ya que el Estado pretende dominar los
antagonismos de clases. Este define las estructuras de la corporación; los gerentes y los
mandos medios, bajo un poder vertical de decisión. En el Corporativismo sólo a los
sindicatos reconocidos por el Estado se les reconoce existencia legal.” R. París, Orígenes
del Fascismo, 1978.(p.192) traducción del autor. (30)
Esta caracterización no sólo es aplicable a proyectos políticos de origen fascista, lo es
también para las experiencias socialistas o comunistas de inspiración estalinista en el siglo
XX, donde el grado de control y apropiación de las relaciones de trabajo sobre los actores
primordiales es característico, en este caso los trabajadores, ya que el capital fue expropiado a
través del partido, la sociedad controlada a partir del aparato estatal soviético, siendo los
consejos obreros y los sindicatos el medio de control del sistema sobre los trabajadores.
Estas experiencias citadas no pueden suscitar analogías, en todo caso puntos de referencia
para el análisis de las experiencias neo-corporativas de diferente origen. Estas comparaciones
son complementadas por lo que hemos conocido en América Latina, como lo han sido los
gobiernos de Velasco Alvarado en Perú (1968), Juan Domingo Perón en Argentina (1945),
Getulio Vargas en Brasil (1930), Fidel Castro en Cuba (1959), todos procesos políticos más
cercanos a la experiencia gubernamental que se desarrolla actualmente en Venezuela.
Podríamos establecer que el análisis del Estado Comunal en proceso de implantación en
Venezuela y su efecto en las relaciones de trabajo pudiera concretarse, entre otros, a partir de
estos conceptos: relación Jefe de Estado- Sociedad, niveles de participación de la sociedad en
la gestión, integración de modelos económicos en la gestión y participación social. En este
sentido:
1.- La Relación de Jefe de Estado Sociedad se establece a partir de la existencia de un líder
carismático, expresión de la nación y de la patria (31). En este contexto, definido en la Carta
Laboral de Italia (1927): “la nación italiana es un organismo que posee un propósito, una vida
e instrumentos de acción superiores en poder y duración que los poseídos por los individuos o
grupos de individuos que la conforman. La Nación es una unidad moral, política y económica
encarnada integralmente en el Estado Fascista”. (32)
2.- Esta relación entre Jefe de Estado y Sociedad es vertical, centralizada en forma directa,
de las instituciones con el Jefe de Estado, quien posee a toda instancia la decisión. En tal
sentido, las experiencias corporativistas toman como referencia la democracia, pero son
radicalmente antiparlamentarias.
3.- El concepto de pueblo elimina las diferencias sociales e institucionales, estableciendo un
interés común en torno al líder y a la nación y supeditando los intereses individuales a los
colectivos. En tal sentido, Mussolini, en discurso pronunciado en Milán 1934 anunciaba que
los conflictos laborales y gremiales nunca debían ser resueltos por la huelga, y que la
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definición más exacta de los conflictos individuales y colectivos, sólo podrían derivar en una
reelaboración del derecho al trabajo. (33)
4.- La participación de los modelos económicos en los estados neo-corporativos está
supeditada a los planes políticos e ideológicos emanados del Alto Gobierno y su proyecto
hegemónico.
5.- La libertad de expresión es de absoluto control del Estado, como también la libre
existencia de los partidos políticos.
6.- La existencia de los sindicatos está supeditada a su integración al modelo político
gobernante de caracterización autoritaria, eliminando o mediatizando la autonomía y la
libertad sindical.
7.- La conformación de organizaciones políticas y sociales, como fuerza de choque contra la
disidencia al proyecto político.
V. Conclusiones
A partir del texto desarrollado señalamos los rasgos neo-corporativos del Estado Comunal,
los efectos en las Relaciones de Trabajo y el rol asignado a los Modelos de Trabajo Asociado.
Resaltamos las siguientes características:
1.- La orientación del Proyecto Político gobernante en Venezuela es configurar un Estado
de relación vertical con la sociedad, a través de la configuración del Poder Popular y sus
órganos de base los Consejos: Comunales, Trabajadores, Campesinos, Estudiantiles. Éstos
últimos en marcha a partir de la iniciativa de recolección de 5 millones de firmas en apoyo al
Proyecto de Ley de Consejos Estudiantiles a ser consignados en el despacho presidencial para
la aprobación del texto a través de la Ley Habilitante. (34)
2.- La existencia de una normativa jurídica integral paralela a la CRBV y a la vez soporte
de la estructura política, económica y social denominada el Estado Comunal. En dicha
normativa los Poderes Públicos de gestión directa con el ciudadano señalados en la CRBV no
son tomados en cuenta, como es el caso de las Gobernaciones, Alcaldías, Juntas Parroquiales,
al ser sustituidos por las Comunas, Consejos Comunales, Parlamentos Comunales, en relación
directa con el Poder Popular ejercido por el Presidente de la República.
3.- El vértice del Estado Comunal lo constituye el Presidente de la República, a partir de la
relación Caudillo–Sociedad. Como expresión de la Nación, de éste depende la dinámica y
conducción de los Poderes Públicos estructurados alrededor del Estado desarrollado a partir
del concepto del Poder Popular y el Socialismo del siglo XXI.
4.- La participación protagónica establecida en la CRBV se desarrolla con elementos
excluyentes, denominada parlamentarismo de calle, donde sólo participan quienes apoyan las
iniciativas gubernamentales. Esta exclusión característica contrapone una parte de la sociedad
apoyo del orden establecido contra otra opositora a las políticas gubernamentales.
5.- Con relación a los modelos de Trabajo Asociado en el contexto de las leyes
mencionadas, se aprueba la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, donde se
identifica la existencia del Trabajo Asociado bajo diversas modalidades, que prefiguran la
conformación de un sistema de producción distinto al sistema de relaciones de trabajo
dependiente, sustituido por un modelo de distribución del excedente hacia las comunidades.
Las Cooperativas y las Empresas de Producción Social (EPS) son parte esencial del Modelo
Económico Social promovido por el Estado Comunal. En el modelo citado las organizaciones
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de los trabajadores, sindicatos, centrales sindicales y el contrato colectivo como relación de
trabajo y de diálogo social, no aparecen en artículo alguno de la normativa del Estado
Comunal.
Estableceríamos que la promoción de las Cooperativas y las EPS como política de Estado,
determina la relación entre el surgimiento y utilización de estos modelos, como parte de la
conformación del Estado Comunal, identificación dada a conocer en forma acabada desde
2010 a partir de la aprobación de un conjunto de leyes que reorganizan institucionalmente la
relación entre Estado y Sociedad.
6.- Se destaca entre los textos descritos en este trabajo de investigación, las políticas
emanadas desde el Poder Ejecutivo orientadas hacia el desmantelamiento de los actores
sindicales: la sustitución de contratación colectiva por decretos, el desconocimiento de la
estabilidad laboral, la promoción de consejos de trabajadores, la creación de milicias obreras,
la implantación del Control Obrero en las Empresas Básicas de Guayana, la preeminencia de
los delegados de prevención sobre los sindicatos, el encausamiento ante tribunales de la
República a dirigentes sindicales en defensa de los sindicatos y contratos colectivos, entre
otras directrices para impulsar los nuevos actores laborales señalados en detrimento de los
actores tradicionales. Las experiencias de esta orientación de confrontación hacia los actores
laborales tradicionales se observan en el sector público, en Empresas del Estado,
específicamente en Guayana, en el Petróleo, Hidrológicas y en el sector de la Construcción y
en el sector privado con el rol promovido por el INSAPSEL y del Ministerio del Trabajo de
coerción y penalización permanente en las relaciones de trabajo en el sector. Finalmente, estas
observaciones contienen la determinación a crear organismos sustitutivos de los actores
tradicionales del proceso económico, empresarios y trabajadores, con políticas concretas desde
el Estado y en concreto del Poder Ejecutivo.
7.- La determinación de centralizar la actividad económica privada bajo control y
reforzamiento del Estado, por la vía de expropiaciones sin indemnización, o a través de un
conjunto de leyes coercitivas de la actividad productiva.
8.- Establecemos que en la dinámica de las relaciones de trabajo en el proceso de
conformación del Estado Comunal, coexisten múltiples desarrollos en el sistema de relaciones
de trabajo. En primer lugar, políticas orientadas a la flexibilización laboral, cuyo origen y
significado no proviene sólo de la tecnología, también de procesos ideológicos para la
redefinición de los sistemas de trabajo y modificación del rol de los actores de estos procesos.
En segundo lugar, promoción de políticas reguladoras orientadas a eliminar la tercerización en
algunos sectores como es el caso de las Empresas Básicas y en la Industria Petrolera en el
contexto de las Estatizaciones. Curso contradictorio con el punto citado anteriormente, al
regularizar la mano de obra y al mismo tiempo mantener áreas de trabajo bajo la modalidades
de trabajo asociado ya citadas. En tercer lugar, el desmantelamiento progresivo de los
sindicatos y contratos colectivos en pro de los nuevos actores laborales integrados al Estado
Comunal: Consejos de Trabajadores, Milicias Obreras, Control Obrero y la creación de una
Central Sindical Oficialista. En cuarto lugar, la aprobación de un marco normativo orientado al
control político de los actores del sistema de relaciones de trabajo.
Finalmente, afirmamos, en el marco de esta investigación, que nos ubicamos en una fase de
transición de las Relaciones de Trabajo, donde se observa la orientación desde el Estado, de
implantar un nuevo sistema de relaciones de trabajo, donde se reconozca sólo a los actores,
bien sea sindicales o del sector privado, concatenados al modelo político gobernante
identificado en el Estado Comunal. Esa fase de transición que observamos determina una alta
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
conflictividad laboral debido a la resistencia de los actores del sistema de relaciones de trabajo
vigente, ante la pérdida de la libertad sindical, conquistas laborales y del desarrollo económico
que promueva empleos dignos, elementos característicos de un sistema democrático.
VI. Referencias
(1) Iranzo, C. y Richter, J. (2005). Relación Estado Movimiento- Sindical en Venezuela.
Ponencia – Caracas. Venezuela.
(2) Ley Orgánica del Trabajo (2000). Legislación Laboral Práctica. Caracas: Ediciones Juan
Garay.
(3) Comin, A. (2001). Desregulación del Mercado de Trabajo y Acción Sindical en Brasil.
Caracas: Cuadernos Cendes.
(4) García Larralde, H. (2009). El Fascismo del Siglo XXI. Colección Actualidad. Caracas:
Editorial Melvin.
(5) Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela (2010). Caracas:
Ediciones Juan Garay.
(6) Rincón, F. (2005). Crónica de una Victoria 1998 – 2001. Instituto de Altos Estudios
Sindicales. Caracas: Editorial Torino.
(7) Rincón, F. (2005). Crónica de una Victoria 1998 – 2001. Instituto de Altos Estudios
Sindicales. Caracas: Editorial Torino.
(8) Proyecto de Reforma Constitucional. Folleto. Caracas, 2007.
(9) Diario La Verdad. Reportaje Aló Presidente . 02-03-03. Maracaibo – Edo. Zulia.
Venezuela.
(10) Diario El Nacional. Entrevista al Ministro de Finanzas. Rodrigo Cabezas 21-01 -07,
Caracas. Venezuela.
(11) Proyecto Nacional Simón Bolívar. Folleto. Caracas, 2006.
(12) Documento Políticas Laborales y Negociación Colectiva. Caracas, 2009.
(13) Proyecto de Ley de Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras. Folleto.
Caracas, 2007.
(14) Plan Socialista Guayana. Período 2009 – 2012. Folleto. Caracas, 2009
(15) Empresas de Producción Social y Cooperativas en PDVSA. Documento Digital, Caracas,
2008.
(16) Iranzo, C. y Richter, J. (2005). La Subcontratación Laboral. Bomba de Tiempo contra la
paz social. Ediciones Facultad de Ciencias Jurídicas. Caracas: Cuadernos Cendes.
(17) Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Caracas, 2009.
(18) Ley Orgánica del Poder Popular. Caracas, 2010.
(19) Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Caracas, 2010.
(20) Ley Orgánica de Contraloría Social. Caracas, 2010.
(21) Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Caracas, 2010.
(22) Ley Orgánica de las Comunas. Caracas, 2010.
(23) Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela (2010). Caracas:
Ediciones Juan Garay.
(24) Consejos Socialistas de Trabajadores. Declaraciones de Prensa de Eusse Pedro. Consulta
Página Web. Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo 23-01-2012.
(25) Diario El Mundo, Economía y Negocios. Declaraciones de Antonio Espinoza Prieto.
Comisión Presidencial de la Reforma de la LOT. 26-01-2012.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
(26) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Op cit.
(27) Diario El Universal. Entrevista Ministro del Trabajo. J. R. Rivero, 26-04-07. Caracas,
Venezuela.
(28) Diario El Nacional. Entrevista al Ministro de Participación y Desarrollo David
Velásquez. 04-02-07. Caracas, Venezuela.
(29) García Larralde, H. (2009). El Fascismo del Siglo XXI. Colección Actualidad. Caracas:
Editorial Melvin.
(30) Paris, R. (1978). Les fascismes. Les dictionnaires du savoir moderne. Volume I.
L’Histoire, de 1871 a 1971: les idées, les problèmes.
(31) Pérez, E. (2010). Socialismo del Siglo XXI. Hegemonía, Destrucción, Miseria y
Dominación. 1ra. Edición, Maracay.
(32) García Larralde, H. (2009). El Fascismo del Siglo XXI. Colección Actualidad. Caracas:
Editorial Melvin.
(33) Pérez, E. (2010). Socialismo del Siglo XXI. Hegemonía, Destrucción, Miseria y
Dominación. 1ra. Edición, Maracay.
(34) Consejos Estudiantiles. Diario El Nacional. 28-01-2012.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Aproximación a los lineamientos generales
que anticipan el diseño de un programa de formación
socio-laboral para dirigentes sindicales y colectivos de
trabajadores/as en América Latina y el Caribe
Carlos Navarro y Gustavo García Chacón
I. Introducción
La realidad social, económica y laboral que sufren nuestros trabajadores y trabajadoras en el
continente y su expresión en cada uno de nuestros países demanda un cuerpo de políticas,
estrategias, planes de trabajo y acciones concretas, coherentes, contundentes y sostenibles por
parte del movimiento sindical local, regional y global.
Ese desafío debe corresponderse con una profunda auto-reforma sindical, con el
relanzamiento de un nuevo proyecto sindical en todos los ámbitos y, desde nuestro punto de
vista, con la formación de una nueva generación de dirigentes sociales y sindicales capaces de
interpretar la realidad, sus condiciones y de conducir esta nueva etapa de la historia del
movimiento organizado de los trabajadores/as. Hablamos de una respuesta formativa de
alcance continental para hacer frente también y con la misma fuerza a la crisis institucional,
orgánica, estructural, política y de líderes que atraviesa la clase trabajadora en todas las
regiones.
El sindicalismo Latinoamericano y del Caribe, como todo el sindicalismo en el mundo, es y
será lo que sean sus organizaciones nacionales. La situación en la mayoría de los países es de
debilidad y de parálisis en las propuestas, en los contenidos y en la capacidad de convocatoria,
pero también de desarticulación y ausencia en el relevo generacional.
El desafío es complejo, de allí la importancia estratégica de la formación sindical y sociolaboral para incorporar a los puestos de conducción a contingentes de líderes nuevos, a la
mujer trabajadora y a los jóvenes sindicalistas, quienes sólo esperan su oportunidad para
dirigir. En este escenario es imperativo comprender la importancia de iniciar cambios
profundos en las formas, modos y contenidos de los programas formativos. Los procesos de
enseñanza y aprendizaje deben responder a nuestro tiempo, pero no sólo el que nos presenta el
mundo del trabajo, la globalización, la nueva estructura del poder mundial, los avances
tecnológicos, las comunicaciones y el asalto diario a nuestros derechos y reivindicaciones,
sino también a los que exige la propia crisis del movimiento sindical y la necesidad de
refundarlo, formando una nueva generación de dirigentes sindicales.
Proponemos un camino hacia un sistema de formación que llene el vacío que hoy existe
producto de la desconcentración, desarticulación y atomización de las políticas de formación,
información e investigación de nuestras organizaciones sindicales supranacionales y
nacionales que, en la mayoría de los casos, se han visto sin un proyecto educativo y
condicionadas a la agenda de otras organizaciones e instituciones no sindicales, gobiernos y
ONG´s internacionales, todas con un alto grado de solidaridad internacional, pero con la
debilidad de no ser los protagonistas de nuestra lucha sindical.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Este trabajo pretende privilegiar la importancia estratégica de la formación para los
trabajadores/as; nos hemos planteado estudiar la posibilidad de un sistema regional de
formación en tres tiempos: un tercer tiempo que mira el objetivo en el mediano y largo plazo
con la constitución y desarrollo de un Centro de Formación Socio-laboral para América Latina
y el Caribe imaginado y conducido por los colectivos de los trabajadores en una alianza
estratégica con el sector académico y universitario; un segundo tiempo que lo precede cuyo
objetivo es investigar y trabajar en la planificación estratégica del centro, su proyecto
formativo y su plataforma programática en la que se resumen los principios de identidad, los
objetivos del centro, el organigrama general y donde se responden a interrogantes claves como:
¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué pretendemos y ¿Cómo nos organizamos?, y un
primer tiempo para el corto plazo, el inmediato, para identificar los lineamientos generales que
anticipan y deben ser asumidos para poder diseñar con éxito un programa de formación sociolaboral para dirigentes sindicales y colectivos de trabajadores/as en América Latina y El
Caribe. Nuestro aporte a este desafío es trabajar sobre el primer tiempo e identificar los
lineamientos generales que anticipan el diseño de un programa de formación socio-laboral en
la perspectiva de continuar investigando para responder a la constitución y desarrollo de un
Centro de Formación Socio-laboral para América Latina y el Caribe.
Esta propuesta formativa integral, sistematizada y a tres tiempos tiene que partir de la
región, su historia, identidad y sus especificidades; nacer del esfuerzo responsable de todas las
organizaciones sindicales nacionales afiliadas a la Confederación Sindical de las Américas,
incorporando a un debate creativo, político y académico a sus mejores talentos, con alianzas
estratégicas. Teniendo como objetivo la conformación de un sistema de formación sociolaboral realista, coherente, dinámico, actualizado, integrado, gradual, planificado, con los
mejores y más modernos recursos auxiliares de formación para trabajar por nuestros
trabajadores/as, simpatizantes, cuadros, dirigentes, partiendo siempre de la realidad y
complejidad de las responsabilidades de los sujetos de formación.
II. Justificación y utilidad del estudio
El trabajo como hecho social está siendo fracturado en su naturaleza, características,
dimensiones y en su valoración humana como fuente de realización individual, familiar y
social. Son cambios estructurales originados y conducidos por la nueva arquitectura del poder
económico y político trasnacional que está transformando no sólo los modos de producir
bienes y generar servicios sino las exigencias del mercado de trabajo, las relaciones de control
y de poder en el sistema productivo, la organización del trabajo, los sistemas de producción y
los marcos normativos y legislativos que regulan las relaciones de trabajo y los mecanismos de
diálogo social.
En fin, se está sustituyendo en forma acelerada la relación de trabajo por contratos
mercantiles, haciendo de la flexibilización laboral una plataforma económica, técnica y
deshumanizante que desmonta la normativa laboral que protege los derechos colectivos del
trabajo.
La capacidad de respuesta frente a esta realidad por parte de la clase trabajadora local y
supranacional es lenta, débil y, en algunos casos, invisible y ambivalente, dejando en el
ambiente humano de las bases sindicales y de los trabajadores/as no organizados, una
sensación de impotencia e intemperie frente la pérdida progresiva de sus derechos y
reivindicaciones.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Es urgente, entonces, repensar y ejecutar una auto-reforma sindical profunda, dirigida a
todos los niveles de la estructura, la organización y al funcionamiento del movimiento sindical
en sus diferentes ámbitos y desplazar a algunos dirigentes sindicales cuya conducta y
comportamiento es contrario a los valores y principios históricos de la lucha de los
trabajadores/as.
En esa tarea la formación representa un área estratégicamente vital para captar,
concientizar, incorporar y comprometer a miles de trabajadores/as en la conducción de la lucha
que hoy representa la vida o la muerte para las organizaciones sindicales.
Este desafío requiere de nuevos enfoques, contenidos, técnicas, métodos y conocimientos y
de un verdadero sistema de formación socio-laboral que se imagine y ayude a conformar una
nueva inteligencia sindical capaz de torcer la historia, el presente y avanzar en la consolidación
de la fuerza sindical local, nacional y regional que se necesita para detener y revertir el drama
social que sufre la clase trabajadora.
En perspectiva, la utilidad de este trabajo se concentra en identificar los lineamientos
generales que se anticipan al diseño de un programa de formación socio-laboral para dirigentes
sindicales y colectivos de trabajadores/as en América Latina y El Caribe, sin el cual no
tendríamos los elementos indispensables para la formulación de un proyecto educativo, un
diseño programático y posteriormente no contaríamos con las condiciones objetivas para crear
y desarrollar de un Centro Regional de Formación Socio-laboral.
Este análisis pretende abrir un camino hacia un nuevo sistema de formación sociolaboral regional que desde la perspectiva de los trabajadores/as dirija su misión, por un lado,
hacia la formación sindical para optimizar la calidad del liderazgo y la eficiencia de las
organizaciones sindicales y, por otro, que constituya un centro de información, de
investigación y de elaboración de una plataforma de estrategias, programas y propuestas
alternativas hacia un nuevo desarrollo más humano e integral. Hablamos de un nuevo sistema
de formación coherente, creativo, sistemático, abierto, flexible y eficiente de capacitación
socio-laboral.
Un camino que se imagine una formación sindical y socio-laboral para la región con
objetivos definidos que deben dirigirse en primer lugar hacia el reforzamiento sindical,
ideológico y político con temas como: 1.- El patrimonio ideológico y doctrinario del
movimiento sindical autónomo y democrático. 2.- El internacionalismo sindical. 3.- La
conducción, organización y la acción sindical. 4.- La formación sindical como componente
clave en la lucha de los trabajadores/as. 5.- El mapeo y análisis de la crisis del movimiento
sindical (historia, realidad y perspectivas). 6.- Análisis de su estructura actual y capacidad de
respuesta. 7.- El papel de los sindicatos en la reconstrucción del movimiento sindical. 8.- La
problemática del mundo del trabajo actual, el papel del movimiento sindical en este contexto y
la elaboración, planificación y operacionalización de la lucha sindical. 9.- Análisis de los
instrumentos de lucha y su reformulación. 10.- Formación en lo coyuntural para la atención
pedagógica de problemas cotidianos e inmediatos.
El proceso formativo debe concebirse además como un instrumento para avanzar hacia el
proyecto político-sindical, por lo que debe ocuparse al mismo tiempo de: 1.- Optimizar la
capacidad de análisis. 2.- Convertir el sistema en un lugar para el debate objetivo sobre los
rasgos centrales del proceso globalizador. 3.- Identificar y analizar las causas y consecuencias
de la relación existente entre democracia efectiva y gobernabilidad, crecimiento y desarrollo,
productividad y equidad, igualdad de oportunidades y justicia social. 4.- Colocar a la
formación sindical como un recurso que retroalimenta el propio proceso para optimizar
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sistemas, políticas y la preparación técnica que mejoré la capacidad de lucha y la negociación
social.
Simultáneamente, en los desafíos de la formación sindical y socio-laboral tenemos que
incluir la elaboración de respuestas estratégicas frente al marco global que nos impacta. Es
importante también incorporar al sistema las demandas programáticas (trabajo digno, empleos
de calidad, seguridad social, seguridad Jurídica, trabajo seguro, poder adquisitivo, trabajo
infantil, temas de género, pensionados, jubilados, sector informal, entre otros) y, el plano de
las exigencias reivindicativas, es decir, los temas diarios sobre conquistas y violaciones a los
derechos de los trabajadores/as, los programas de lucha y los planes de acción del movimiento
sindical.
III. Aspectos metodológicos
El presente trabajo de investigación posee, en una primera etapa, rasgos de un estudio de
tipo documental o bibliográfico, aunque en una segunda etapa ha considerado también el
desarrollo de un trabajo de campo con fines descriptivos.
Como estrategia metodológica para la definición de algunos aspectos relacionados con el
diseño de un programa de formación socio-laboral, se consideró, además de una revisión
bibliográfica profunda sobre aspectos teóricos relacionados con el alcance, la naturaleza y las
propiedades de este tipo de programas, el levantamiento de información adicional mediante la
aplicación de encuestas auto-administradas a tres grupos diferenciados que conforman la
unidad de análisis.
Estas encuestas constituyen una herramienta válida en la medida en que nos permitieron
recolectar información relacionada con categorías vinculadas al fenómeno, logrando una
aproximación amplia y obteniendo detalles ricos en lo que se refiere al propósito descriptivo.
En estas encuestas se consideraron preguntas abiertas, lo cual permitió dejar al criterio de
quien responde la posibilidad de incluir respuestas amplias acerca de las categorías
consideradas en dichas interrogantes. Igualmente, el procesamiento y análisis se efectuó
mediante la elaboración de matrices de vaciado de información y el análisis de contenido.
Dichas encuestas fueron aplicadas a tres grupos, partiendo de tres objetivos diferenciados:
a. Responsables de programas de formación dirigidos a trabajadores o dirigentes
sindicales: Oscar Martínez (Director del Instituto Nacional de Estudios Sociales en
Venezuela), Amanda Villatoro (Secretaria de Política Sindical y Educación de la CSA
en Costa Rica), Víctor Vega (Coordinador del Programa de Educación de la CSA en
Costa Rica), Eliécer Ortega (Director General del Instituto Andino de Estudios Sociales
en Colombia), Miguel Padilla (Directivo del Instituto de Altos Estudios Sindicales en
Venezuela), Jesús García (Centro Internacional de Formación de la OIT).
b. Dirigentes sindicales: Martha Ayala (Coordinadora de Cooperación Sindical para el
Desarrollo de la CSA en Brasil), Carlos Salguero (Directivo de la Federación
Internacional de trabajadores del Transporte en Panamá),
Orlando
Chirinos
(Coordinador del Movimiento de Solidaridad Laboral en Venezuela), Froilán Barrios
(Miembro del Comité Ejecutivo de la CTV en Venezuela), Marcela León (Directora del
Departamento de Relaciones Internacionales de la Alianza Sindical Independiente en
Venezuela).
c. Expertos en el área laboral (educadores o investigadores): León Arismendi (Profesor de
la Universidad Central de Venezuela), Héctor Lucena (Profesor de la Universidad de
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Carabobo), Consuelo Iranzo (Profesora de la Universidad Central de Venezuela),
Enrique Marius (Director General del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, la
Integración y Cooperación), Carmen Veleros (Profesora del Programa del Máster de
Formación de formadores Socio-laborales en la Universidad de Alcalá de Henares),
Giovanna Larco (Profesora del Programa del Máster de Formación de formadores
Socio-laborales en la Universidad de Alcalá de Henares).
IV. La formación socio-laboral: un nuevo concepto integrador
“La formación socio-laboral es un concepto nuevo que busca integrar a un conjunto de
modalidades formativas que tienen al trabajador como sujeto y al mundo del trabajo como
preocupación central” (Universidad de Alcalá de Henares, 2010, p. 1). “Las ciencias sociales
han tendido, al igual que las ciencias naturales, a segmentar los campos de conocimiento y a
promover especializaciones que terminan por ocultar las interrelaciones y la integralidad de los
procesos sociales. La dimensión laboral es un subcomponente de la dimensión social, sin
embargo, su estudio específico desde la sociología del trabajo, el derecho laboral y la
economía laboral ha derivado en propuestas de acción que solo atienden parte de los
problemas del mundo del trabajo y del trabajador como ciudadano. Es probablemente desde
estos nuevos enfoques multidisciplinarios que nace el adjetivo socio-laboral, buscando
recuperar las dimensiones sociales que explican los conflictos y realidades del mundo del
trabajo”. (Universidad de Alcalá de Henares, 2010, p. 21).
Aunque estamos frente a un nuevo concepto el consenso apunta hacia una modalidad
educativa en la que se combinan los tres procesos de capacitación: la formación sindical, la
formación profesional y la formación para el desarrollo humano. Es una oferta formativa más
integrada, adecuada a las necesidades actuales y unificadoras de la dimensión laboral y social
del trabajo humano.
Desde nuestra perspectiva la formación socio-laboral coloca al trabajador, al militante, al
dirigente sindical o social frente a su organización de base, su sindicato, sus federaciones y
centrales y frente al desafío de transformarlas para generar cambios reales, auto-reformas
sindicales estructurales y profundas que nos permitan un sindicalista polivalente, eficiente y
comprometido, con organizaciones cada día más democráticas, legítimas, con capacidad de
respuesta y con herramientas modernas, solidas y masivas de lucha.
Por otro lado, lo sitúa frente al país, su sistema político, su estado de derecho, sus
libertades, derechos ciudadanos, la democracia, su participación protagónica y las fortalezas
que le permitan participar en la elaboración de las políticas públicas.
Esta formación le define un camino en el plano económico, el valor del trabajo, del
desarrollo humano integral, la visión equitativa del crecimiento, la participación en la gestión
de las empresas, la democracia económica, un modelo alternativo de desarrollo económico,
productividad con equidad social. Una formación que en lo social nos enseña la vinculación
permanente con la comunidad y su desarrollo, la valoración social del trabajo, la superación de
la pobreza y la equidad social, el empleo, los programas de inclusión y el compromiso con una
sociedad más justa y libre. Un sistema educativo comprometido con la cultura, la identidad de
nuestros pueblos, la dimensión medioambiental del desarrollo y la integración en una
comunidad latinoamericana de naciones. Una propuesta formativa que prepare al dirigente
para la conducción de procesos como la privatización, la desestatización, la reconversión
tecnológica, el redimensionamiento laboral, la formación profesional de sus trabajadores y la
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carrera profesional. Una formación para crear pensamiento crítico, significados sociales y
políticos, vencer incapacidades aprendidas, construir análisis, diagnóstico, estrategias y
propuestas.
V. Perspectivas y aportes de los entrevistados
Es evidente el reconocimiento por parte de los dirigentes sindicales, expertos en materia
laboral y responsables de programas de formación de una nueva realidad en el contexto de las
relaciones humanas, sociales, económicas y específicamente en la lógica de las interrelaciones
que se producían en el mundo del trabajo.
Una arquitectura de poder desconocida hasta ahora ha surgido y se magnifica gracias a una
nueva y compleja multiplicidad de formas, fuerzas, alianzas, intereses y relaciones que hoy
monopolizan el mercado, controlan la tecnología y manejan los flujos internacionales de
divisas.
Este conjunto de novedosos componentes y propósitos ha impactado con la misma fuerza al
trabajo como valor humano, al trabajador como persona y a sus condiciones laborales.
Estamos frente a una nueva tipología del trabajo, a una heterogeneidad funcional y a un
transformado perfil del trabajador/ra.
Cambios estructurales que no pueden interpretarse bajo la lectura que caracterizó la
revolución cultural que le dio origen a la organización del movimiento obrero local e
internacional, o explicarse bajo las líneas que contextualizaron el proletariado fabril o a los
sistemas que explicaban la disciplina del trabajo industrial, estamos ante una fotografía en
evolución que necesita nuevos lentes para su análisis.
Es el avance de una nueva revolución, la del conocimiento, controlada por las fuerzas del
poder globalizador que en su consecuencia más próxima al hombre del trabajo está
mercantilizando el vínculo laboral y desplazando la relación de trabajo, en otras palabras
descolectivizando para individualizar, desregulando para flexibilizar.
Al igual que los entrevistados coincidimos en afirmar que es un nuevo modelo global,
neoliberal, que levanta la primacía del mercado y lo coloca sobre los tejidos jurídicos, sobre el
patrimonio de reivindicaciones laborales conquistadas y sobre los propios derechos humanos.
Es una nueva arquitectura del poder con sus fuerzas actuando para la exclusión y la
dominación.
Es en este contexto donde se fabrican los grandes desafíos para las organizaciones
sindicales. Son amenazas que demandan respuestas más planificadas, certeras, sistemáticas,
articuladas y contundentes desde los escenarios de los trabajadores/as organizados para detener
y revertir la parálisis intelectual de la dirigencia y evitar la desintegración, la desmovilización,
o la desaparición en la región de los sindicatos como instrumento de lucha de la clase
trabajadora.
Para irrumpir desde el terreno del trabajo, las respuestas sustentables y de largo aliento
deben surgir en el plano de las reivindicaciones pero esencialmente en la elaboración
programática y en el desarrollo estratégico. En ese camino la formación socio-laboral tiene un
papel protagónico. No se trata de la misma formación sindical dada por nuestras instituciones
en los últimos cien años, esa formación que respondió a otro tiempo, otros actores, otras
relaciones laborales, otros adversarios, enemigos y a otro proceso, sino a una nueva y más
integral propuesta formativa que prepare a generaciones de dirigentes para escribir una nueva
historia.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Tampoco se trata de una formación insuficiente, desarticulada, oportunista, desactualizada
o precaria en su cobertura como se extrae de los actuales programas de formación sociolaboral. El camino de los programas educativos que planteamos, pasan por entender que los
objetivos de la formación deben distinguirse de los objetivos políticos y conducirse con
independencia y autonomía administrativa, pasan además por una clara dirección horizontal y
democrática, por formadores bien capacitados, comprometidos políticamente, equipados con
material didáctico adecuado y dotados de habilidades para construir colectivamente,
conocimientos, pensamiento crítico, aprendizaje significativo y debate político.
Se espera una “formación socio-laboral entendida como una modalidad educativa en la que
se combinan los tres procesos de capacitación de los trabajadores/as: la formación sindical, la
formación profesional y la formación para el desarrollo humano. Una oferta formativa integral,
sistematizada, sustentable, construida para responder a los nuevos desafíos en el mundo del
trabajo, unificadora de la dimensión laboral y social del trabajo humano y que sea la expresión
educativa de un proceso que sitúa al trabajador/ra en su organización sindical, en la
comunidad, en la política, la economía, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, la
cultura, en el destino de su país y ante la solidaridad que exige lo internacional”.
Esta formación socio-laboral debe responder a nuevas y más complejas exigencias como a
la heterogeneidad, la nueva tipología de relaciones pseudo-mercantiles, la propia concepción
del trabajo, a la economía informal, al trabajo no dependiente, al laboratorio global neoliberal
y sus prácticas flexibilizadoras, al empleo precario, la tercerización y a los nuevos modos de
explotación y exclusión.
Una formación socio-laboral que atienda con responsabilidad académica lo pedagógico,
metodológico, las innovaciones educativas, la tecnología, los recursos auxiliares del proceso
enseñanza-aprendizaje, cuyo éxito este íntimamente asociado a los contenidos y diseños de los
programas educativos, a los docentes como actores claves del proceso y a los colectivos
receptores es su multiplicidad, multiculturalidad, estructura de necesidades y en la ruta hacia el
logro de sus objetivos colectivos.
Asumir los nuevos contenidos también es un imperativo que supone el tratamiento
científico y práctico de temas como: metodología para el análisis científico de la realidad; la
planificación estratégica como herramienta permanente en la elaboración de políticas
sindicales; el manejo adecuado de las técnicas de negociación y diálogo; el desarrollo de la
capacidad de gestión y de manejo organizacional; economía y macro-economía; lectura de
indicadores e índices socio laborales; las nuevas formas de relaciones de trabajo; mecanismos
participativos para la promoción del debate y puesta en marcha de las decisiones colectivas;
elementos para la definición de las características e implicaciones del cambio tecnológico y
organizacional; el manejo de herramientas informáticas y aprovechamiento de las redes
sociales; la estructuración de nuevos diseños basados en el aprendizaje progresivo y acreditado
de competencias y todos los temas vinculados a los principios y derechos fundamentales del
trabajo con prevalencia del trabajo decente y sus indicadores estratégicos y transversales, entre
otros temas.
Es notorio que la dependencia del financiamiento externo también tiene sus riesgos y
esencialmente cuando los recursos llegan primero y después se adaptan los programas de
formación, práctica que desvirtúa el proceso formativo, desconoce la importancia estratégica
de la planificación y lo desliga de los objetivos de mediano y largo plazo. De allí que el
autofinanciamiento de los programas de formación debe ser uno de los objetivos
institucionales más importantes y el financiamiento externo un recurso complementario. Las
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alianzas estratégicas son parte vital del nuevo proyecto educativo por lo que es necesario
abrirse a otros sectores no gubernamentales o de representación gremial y popular para
articularse en la defensa de los derechos sociales y laborales. Al mismo tiempo, se deben
enriquecer las relaciones de interés con otras instituciones como las académicas y
universitarias porque le aportarían al proceso educativo: conocimientos, tecnología, recursos
profesionales, académicos, método, experiencia en la relación enseñanza-aprendizaje, el
mundo de los contenidos y los recursos audiovisuales para darle calidad a la formación de
adultos.
La planificación educativa en la formación de los trabajadores/as no es, lamentablemente,
ni condición ni práctica común en nuestra región. Existe un déficit de planificación cuando se
trata de proyectos de formación en las organizaciones sindicales del continente. Es imperativo
comprender, entonces, que todo ambiente de aprendizaje exige una planificación eficiente y la
ponderación de varias condiciones entre las que se destacan: el conocimiento del contexto en
el cual se ubica la situación a desarrollar, el diagnóstico de necesidades hecho previamente
para determinar los colectivos prioritarios y sus demandas, fijar metas alcanzables y realistas,
evaluar los resultados a fin de determinar si las estrategias han sido correctas o si es necesario
modificarlas y otros procedimientos que permitan colocar a la planificación formativa como
una herramienta estratégica clave de la conducción sindical.
En el desafío de este nuevo tiempo histórico la valoración de la formación socio-laboral
tiene un carácter estratégico y determinante. El futuro del movimiento sindical y de los
derechos que aun no han perdido los trabajadores/as está dependiendo de la madurez,
responsabilidad y rapidez con la que asumamos estos propósitos y la propuesta educativa
apenas insinuada en esta investigación.
No entender que en una nueva generación de dirigentes y en su formación altamente
calificada está parte importante de la salida a la crisis que sufre el pueblo trabajador y sus
organizaciones, es quedarse en un tiempo que ya no existe y ser cómplice del asalto a nuestra
dignidad.
VI. Propuestas generales vinculadas al desarrollo de un programa de formación
socio-laboral
a) Lineamientos políticos e ideológicos
La definición de algunos lineamientos de carácter político e ideológico parte de la
formulación de algunas interrogantes claves. ¿Sin una formación adecuada, los sindicatos y los
trabajadores/as podrán responder a la amenaza y a las consecuencias de un proceso de
globalización en desarrollo que es violento, masivo e influye de manera determinante en lo
tecnológico, financiero, científico, social, cultural, en las formas de producción, en los
componentes de los mercados laborales, en el estatus jurídico y en los derechos colectivos?
¿Podemos responder a ese proceso globalizador y a todos los cambios que están en desarrollo
en el mundo del trabajo con los mismos esquemas de lucha que funcionaron relativamente
durante la revolución mercantil y durante la revolución industrial? ¿La formación sindical que
hemos tenido sin muchos cambios desde el nacimiento de los sindicatos, puede detener la
desaparición progresiva de los derechos colectivos del trabajo y de los sindicatos como
instrumentos de lucha de la clase trabajadora?
Es evidente que estamos perdiendo la batalla, entre otras razones porque no tenemos una
formación adecuada; en la mayoría de los casos, los esquemas de lucha son los mismos que se
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utilizaban a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Además, salvo algunas
excepciones, la formación sindical se paralizó, se quedó en los programas de origen, casi
vírgenes, sin variaciones y no se enriqueció, no evolucionó y ahora el enemigo es otro, mucho
más grande, más complejo, más poderoso y universal.
El movimiento sindical desde cada uno de sus ámbitos de lucha (base, local, nacional,
regional, continental e internacional) tiene que comprender que la respuesta política e
ideológica a este desafío nacerá de sus afilados, y esencialmente de la formación, de programas
adecuados de formación socio-laboral, innovadores, sistémicos, flexibles y conectados en
redes. Es primordial hacer uso de las nuevas tecnologías de la comunicación con esquemas
democráticos, participativos y horizontales de formación, en el que la formación es una acción
política, ideológica y educativa a la vez.
Esta revolución del conocimiento encontró a los sindicatos sin respuestas elaboradas. Su
impacto es tan grande que en algunos países los sindicatos fueron desplazados y las relaciones
de trabajo sustituidas por contratos mercantiles. Los sindicatos y los sindicalistas
contemplaron la transición sin respuestas eficaces, sin movilización sindical y sin propuestas
sobre la mesa.
Frente a la ausencia de respuestas eficaces, se unió en nuestra región de América Latina y el
Caribe una debilidad estructural que en los sindicatos ya existía como es la atomización y el
fraccionamiento sindical con países con una población económicamente activa cercana a los
2.000.000 de trabajadores/as y ocho centrales sindicales. Esto indica que no hay poder real
para detener el poder del proceso globalizador o para enfrentar con éxito social y laboral a la
flexibilización laboral y sus consecuencias jurídicas, sociales, sindicales y económicas.
La formación socio-laboral debe ser una respuesta desde lo ideológico que junto a los
principios y valores de lo doctrinario debe capacitar a los trabajadores/as con nuevas
herramientas que respondan políticamente a esa realidad que impacta las relaciones de trabajo,
las relaciones de poder en lo económico, en lo político y en consecuencia a la naturaleza, las
características y las dimensiones del nuevo trabajador.
Hablamos de un programa formativo que nos fortalezca políticamente y nos convierta en
dirigentes eficaces que conozcan la profundidad de las implicaciones que generan los cambios
del contexto socio-laboral. Los nuevos dirigentes sindicales deben manejar los conocimientos
técnicos del sector que representan, la naturaleza y el desarrollo estratégico de los conflictos,
deben haber mejorado su capacidad de negociación y tener respuestas claras para los
problemas de los trabajadores. Hablo de dirigentes polivalentes y calificados.
Desde nuestra perspectiva, la formación socio-laboral debe colocar al trabajador, al
militante y al dirigente sindical o social frente a su organización de base, su sindicato, sus
federaciones y sus centrales y frente al desafío de transformarlas para generar cambios reales.
Es necesario realizar auto-reformas sindicales estructurales y profundas que permitan un
sindicalista auténtico, eficiente y comprometido con organizaciones cada día más democráticas
y legítimas, pero también con capacidad de respuesta y con herramientas modernas, sólidas y
masivas de lucha.
Deben ser dirigentes y sindicatos con nuevos esquemas de organización y nuevas
estructuras sindicales. Lo que se quiere es renovar los mecanismos de financiamiento con
técnicas eficaces que mejoren la captación y la afiliación de militantes y que presenten nuevas
ofertas en materia de servicios y sistemas electorales que garanticen el relevo generacional.
Los dirigentes deben mostrar un sindicalismo realmente reformado y renovado que pueda
responder a su realidad diaria de privatizaciones, desestatizaciones, reconversión industrial,
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cambios tecnológicos, despidos masivos, inseguridad laboral y de flexibilización del empleo,
del salario y de las condiciones de trabajo.
Una formación que asume las claves del trabajo decente y sus indicadores estratégicos y
transversales y que, al mismo tiempo, defina un camino en el plano económico, reivindicando
el valor del trabajo, la participación en la gestión de las empresas, la democracia económica,
planteando y defendiendo un modelo alternativo de desarrollo económico en el que la
productividad se mide por la equidad social y el crecimiento por su capacidad distributiva.
Una formación que en lo social enseñe la vinculación permanente con la comunidad y su
desarrollo, la valoración social del trabajo, la superación de la pobreza, los programas de
inclusión, la participación comunitaria y el compromiso con una sociedad más justa y libre.
Por otro lado, que sitúe al trabajador y al sindicato frente a su comunidad y a su país, ante el
sistema político, el estado de derecho, las libertades democráticas y políticas, los derechos
ciudadanos y civiles y en las que las organizaciones sindicales se convierten en una referencia
insustituible a la hora de elaborar, conformar y desarrollar las políticas públicas.
b) Lineamientos estratégicos
El movimiento sindical en la región con la excepción de algunos casos, apenas resiste y
sobrevive. Se mantiene con crisis de identidad, representatividad, legitimidad, afiliación,
convocatoria, movilización y con incapacidad de respuesta ante los problemas laborales. ¿En
ese escenario la formación socio-laboral sería una respuesta estratégica para las organizaciones
sindicales? ¿Frente a las consecuencias del proceso globalizador, el desarrollo de programas de
formación socio-laboral podría mejorar las prácticas sindicales ante el Estado y el patrono
privado? ¿Los programas de formación socio laboral podrían mejorar al sindicato como
herramienta de lucha de los trabajadores/as y como instrumento de servicios adecuados,
eficientes y sustentables? ¿A través de la formación socio-laboral como una herramienta
estratégica se podrían alcanzar mejores resultados en los objetivos políticos?
El movimiento sindical está impactado por un conjunto de debilidades internas que
lamentablemente están en crecimiento, de éstas, tres exigen urgente tratamiento. Una de ellas
es que estamos paralizados como instrumento de cambio, de transformación y como hacedores
de justicia laboral nacional e internacional.
Nuestros instrumentos de lucha regional e internacional pueden ser fuertes ante sus
contrapartes (agencias multilaterales; multinacionales; gobiernos; organismos comerciales,
monetarios y financieros supranacionales; bloque geopolíticos y ante la propia OIT), si las
organizaciones nacionales son fuertes, legítimas, representativas y reconocidas en el país de
origen por todos los actores del proceso productivo.
La segunda es la desaparición de los sindicatos como interlocutor legítimo de los
trabajadores/as frente al patrono público y privado lo que determina la ausencia y exclusión de
los trabajadores/as en la definición, control, desarrollo y seguimiento de las políticas públicas
y de la discusión de las condiciones de trabajo. Si no hay respuesta para los trabajadores/as
afiliados, el sindicato desaparece y con él la contratación colectiva y viceversa; es decir, si
desaparece la contratación colectiva desaparecerá el sindicato.
Y la tercera debilidad que exige tratamiento urgente es la desaparición de la fe y la
confianza de los trabajadores/as en sus dirigentes y en el sindicato.
Sin el apoyo de las bases, militantes, afiliados y los colectivos de trabajadores, las
organizaciones sindicales pierden toda su fuerza humana, espiritual, su esencia y razón de ser y
el resultado es su parálisis y desaparición.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Perder la confianza y volver a creer es un círculo continuo perverso que debemos enfrentar,
dominar y vencer. Sólo resistir y sobrevivir no es suficiente.
Frente a los profundos cambios que se desarrollan en el mundo del trabajo y ante las
desafiantes realidades que ha generado el proceso globalizador, la formación socio-laboral
para el movimiento sindical y, específicamente, para el sindicato, es más que una simple
responsabilidad organizacional, es una herramienta estratégica para resistir, sobrevivir, detener
la caída, responder y resurgir con mayor fuerza. No existe una mejor herramienta distinta al
sindicato para defender los derechos colectivos e individuales de los trabajadores/as.
La formación socio-laboral debe estar dirigida esencialmente a esos colectivos afiliados al
sindicato, los cuales incluyen a: trabajadores/as; delegados; directivos; militantes; estructuras y
organizaciones de base, federales, regionales, confederales, centrales, y estas a su vez a sus
diferentes expresiones: trabajadores urbanos, rurales, cooperativas, pobladores, jubilados y
pensionados, trabajadores/as informales y desempleados.
La estrategia es el camino inmediato a transitar en la consecución de los objetivos políticos
e ideológicos, la estrategia determina las prioridades organizacionales y la ruta para el trabajo
colectivo.
Atender las tres debilidades que exigen tratamiento urgente como la paralización del
sindicato, su desaparición como interlocutor legítimo de los trabajadores/as y la pérdida de fe y
confianza de los afiliados, constituye el reto estratégico más importante de los programas de
formación socio-laboral.
c) Lineamientos académicos y programáticos
Aunque estamos frente a un nuevo concepto, la formación socio-laboral, en la formación de
los trabajadores/as, el consenso apunta hacia una modalidad educativa en la que se combinan
los tres procesos de capacitación: la formación sindical, la formación profesional y la
formación para el desarrollo humano. Es una oferta formativa más integrada, adecuada a la
necesidad actual y unificadora de la dimensión laboral y social del trabajo humano.
Una formación cuyo éxito está asociado a los contenidos y diseño de los programas; al
cuerpo docente y facilitador; a la participación democrática de los asociados y colectivos de
trabajadores receptores; a la gestión del programa; a los recursos educativos, medios didácticos
y a los materiales didácticos que se utilicen para la construcción del conocimiento; al proyecto
de dirección; a la eficacia del liderazgo que la conduce; a la calidad de los mecanismos de
evaluación; a las alianzas estratégicas y a la sostenibilidad de la innovación educativa.
Un programa de formación socio-laboral tiene que desarrollarse a partir del aporte de cada
una de las personas y de los compromisos sindicales, políticos e ideológicos que lo sustentan;
además, de pensar su identificación con conceptos claves como eficacia, utilidad y
funcionalidad educativa.
Son programas dirigidos a lo cognoscitivo, lo cual se refiere a conocimientos y habilidades,
al área psicomotriz en lo que se refiere a destrezas y al área afectiva en la que están presentes
las motivaciones y las actitudes para actualizar y desarrollar competencias básicas y
transversales.
Los contenidos y diseños de los programas de formación socio-laboral deben distinguir
entre los objetivos políticos que busca la organización, los objetivos que propone la institución
educativa y la estructura de necesidades de los sujetos de formación. Deben ser contenidos
para una formación teórico-práctica con actividades presenciales y no presenciales, de
autoformación e investigación y con estrategias adecuadas de evaluación.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Un diseño programático en el que los dirigentes sindicales deben estudiar los cambios que
se están ejecutando en la actividad productiva; las nuevas formas de organización del trabajo;
la tercerización, sus causas y consecuencias; las respuestas sindicales a esos procesos; la
planificación estratégica; los derechos colectivos y los cambios en las plataformas jurídicas; la
contratación colectiva desde la perspectiva del conflicto, la inteligencia emocional y la
capacidad de negociación; la formación para el trabajo y su incorporación a la negociación
colectiva.
Desde otro punto de vista, el diseño programático debe incluir también contenidos de
formación humana integral que contribuyan para que los trabajadores/as actúen con sentido
ético y democrático, para recuperar su credibilidad frente a las bases; para adquirir una
profunda formación en materia de valores, principios, desarrollo personal y comportamiento
ciudadano y para que además se permita la participación real a lo interno de las organizaciones
con rotación permanente de los dirigentes.
Un programa de formación socio-laboral no debe ser producto de la improvisación o de la
respuesta a la exigencia apresurada de un proyecto de cooperación internacional o local con
docentes sin preparación y contratados horas antes del curso.
Desde nuestra perspectiva el docente de un programa de formación socio laboral y como
facilitador del proceso de aprendizaje debería estar preparado intelectualmente, anímicamente
y políticamente para lograr en los trabajadores/as y en los colectivos receptores, aprendizaje
crítico, capacidad creativa y transformadora, compromiso y militancia, generando en el aula de
clases un entorno de formación reflexivo.
Es determinante en este proceso de formación tener suficiente claridad sobre el papel que
representa los colectivos de trabajadores receptores de los programas de formación sociolaboral y la necesidad de interpretar acertadamente su participación para que los sujetos de
formación se identifiquen y apropien del proceso educativo y de los objetivos estratégicos de
la institución.
En esta etapa debemos contar con la diversidad de tipologías, la heterogeneidad de los
oficios, los perfiles y las funciones de los/las destinatarios, con los trabajadores no formales
(contratados, subcontratados y tercerizados) y los líderes sindicales en acción. También con el
grado de desarrollo organizativo, urgencias estratégicas y sectores en conflicto.
Por otra parte, los programas de formación socio-laboral exigen para su conducción un
liderazgo eficaz, claro e irrebatible que le permita dirigir con absoluta eficiencia el desafío
generando una atmósfera de trabajo cálida y agradable, un clima de trabajo con un tono
emocional interno. Estudios que se han desarrollado en este sentido han determinado que el
clima de trabajo es una herramienta muy completa para determinar soluciones que modifiquen
los procesos organizacionales y cuantifiquen la percepción de los integrantes acerca de la
organización. En sí, el clima es el resultado de la comparación entre lo que el equipo operativo
espera de una institución (expectativas) y lo que siente que recibe (percepciones).
La importancia de la evaluación es una etapa insoslayable y determina la retroalimentación
de la calidad educativa. Debe asumirse como un proceso permanente, reflexivo; facilitador de
la coordinación vertical y horizontal y, comprensivo al impulsar el diálogo y la participación.
La evaluación permite tomar decisiones racionales, contribuye con la coherencia al equipo
docente y se convierte en un ejemplo para los alumnos y ayuda al perfeccionamiento del
profesorado.
Finalmente, esta innovación educativa debe asumirse como un proceso necesario,
intencionado, conducido, masivo e indetenible por medio del cual las fuerzas humanas,
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
sociales y sindicales pueden cambiar, transformarse y perfeccionar las prácticas educativas a
través del empeño creativo de los equipos humanos, profesores, agentes de la educación, pero
también de la utilización eficiente de herramientas, recursos y de la infraestructura adecuada.
Estamos planteando una aproximación a un programa de formación socio-laboral de
cobertura regional que puede y debe sustentarse en la participación social, sindical y política;
en la movilización de recursos desde el país de origen hasta de la cooperación internacional.
Se busca un proyecto que se pueda sostener y sustentar en el plano académico, científico y
técnico para construir colectivamente una nueva época en las relaciones de producción y para
que las condiciones de trabajo y de vida de millones de seres humanos sean distintas, mejores
y justas.
VII. Referencias
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Estado, empresas y sindicatos: una nueva relación
Alberto Quirós Corradi
I. Las relaciones obrero-patronales
Si se quisieran simplificar los esquemas de las relaciones obrero-patronales en el mundo, se
podrían extraer tres modelos.
El capitalista “puro”
Los roles están muy bien definidos en cuanto al capital y al trabajo. En las empresas la
gerencia y los sindicatos tienen, cada uno, sus responsabilidades muy claras. No hay problemas
ideológicos sobre la naturaleza de la relación ni sobre la propiedad de los medios de
producción. El rol del sindicato es el de mejorar las condiciones de trabajo en todos los frentes
y el de extraer de los beneficios de la empresa la mayor proporción posible para sus afiliados.
Este modelo es típico de los Estados Unidos y aparte de lo ya señalado se diferencia de los
otros dos modelos en que su vinculación con partidos políticos es lejana, no tiene como
objetivo cambiar la naturaleza de la relación entre el capital y el trabajo, no depende para su
supervivencia de un complicado tejido legal y utiliza como instrumento regulador de las
relaciones entre las partes a la contratación colectiva.
El modelo participativo
Por lo general está representado por sindicatos de origen político. Bien como apéndices de
partido o como partidos políticos con todas las de la ley. Aunque no tiene como objetivo la
propiedad de los medios de producción por el sector laboral, busca compartir el control de esos
medios con la gerencia, representante del capital. Aunque hay variados modelos de
participación del sector laboral en la gerencia de la empresa el más emblemático y el de mayor
éxito ha sido el de la “cogestión”. Sobre todo en la forma que se ha aplicado en Alemania y
Suecia. El secreto del éxito de la “cogestión” en estos dos países se debe a: 1) La existencia de
un marco legal que define las áreas de la relación en forma amplia y clara. Esto es importante
porque compromete al Estado con el modelo. 2) La presencia de una infraestructura formal e
institucional para resolver los conflictos que puedan presentarse entre las partes (gerencia y
representación laboral) no sólo por el marco legal existente sino por la presencia de
instituciones de mediación tales como tribunales y juntas de arbitraje especialistas en la
materia. 3) La experiencia acumulada de muchos años que tienen las partes bajo este modelo
que ha permitido ajustarlo constantemente, mediante cambios en la estructura legal, a los
nuevos tiempos. Así en Alemania se ha estimulado la participación de la mujer, la de los
aprendices y trabajadores temporales en la “cogestión”. 4) Los modelos alemán y sueco no han
estructurado la “cogestión” como un modelo de participación exclusiva de “arriba hacia abajo”
como había sido lo tradicional en otros casos. (Participación de los trabajadores en las juntas
directivas de las empresas). El modelo exitoso es aquel que además estructura la “cogestión”
de “abajo hacia arriba”. (Creación de comités mixtos de cogestión a nivel de planta). 5) La
“cogestión” busca el control compartido de la administración de la empresa más no la
sustitución de la gerencia por un sistema de autogestión el cual requeriría la transferencia de la
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
propiedad de las empresas al Estado bajo el supuesto de que si éste es el dueño, también lo
serán los trabajadores, premisa que, hasta ahora, no se ha cumplido en ninguna parte y que nos
llevaría al próximo modelo.
La autogestión
Carlos Lanz Rodríguez escribió un folleto (CVG, sin fecha) sobre “La cogestión como
cambio en las relaciones de producción (El nexo entre cooperativismo, cogestión y
autogestión)” en el cual define a la autogestión así: “En este proceso no sólo se trata de un
control transitorio sobre la producción, sino que implica un cambio en el modelo de gestión
global de la empresa”. “Posesión por parte de los trabajadores de la propiedad de los medios
de producción, sin la mediación del Estado. Esta es una diferencia clave con la cogestión y el
control obrero”. “Los productores directamente se apropian del producto de su trabajo”.
“Desarrollo de la democracia directa y de los mecanismos de la planificación participativa, con
una lectura anti-burocrática”. “Responde a una etapa donde predomina relaciones de
producción no capitalista”
La definición viene al caso porque se pretendió implantar este modelo en las empresas de
Guayana primero, tomando como plan piloto Alcasa (aluminio) para después,
presumiblemente, aplicar este modelo al aparato productivo nacional, para lo cual habría que
eliminar la propiedad privada. Esto último no lo dice Lanz pero lo afirmamos dado que sería
muy difícil que en un sólo país coexistieran dos modelos económicos enfrentados como lo son
el capitalismo y el modelo “revolucionario” propuesto por Lanz.
Se presentan otros problemas en lo inmediato. Desde el punto de vista conceptual Lanz
afirma que “el control obrero es una consigna transitoria que enlaza la lucha coyuntural con las
transformaciones estructurales, preparando el terreno para autogestión, como autonomía
política organizativa de los trabajadores”. Lo cual lo lleva (a Lanz) a redefinir la cogestión
como “revolucionaria” a fin de poder integrarla como elemento de transición para llegar a la
autogestión. Pero no hay escapatoria posible al hecho de que la “cogestión” que tiene nombre y
características propias no es un paso hacia la autogestión, sino un modelo de participación
laboral en la gerencia de la empresa dentro de un sistema capitalista y no hay malabarismos
verbales que cambien esa realidad. (Lanz así lo reconoce al establecer que “la cogestión es un
tipo de participación que no apunta hacia el cambio de estructura”).
Además, en un mundo globalizado hasta países marxistas comunistas como China, andan
en una carrera acelerada en el rescate de la propiedad privada como instrumento efectivo e
imprescindible para impulsar al desarrollo económico, ¿Qué sentido tiene ir en la dirección
contraria? Este contraste lo señaló Andrés Openheimer en artículo aparecido en el Washington
Post en el cual destaca que en algunos países de América Latina hay “una corriente inversa a la
que está produciendo prosperidad en China” y advierte que “a no ser que los latinoamericanos
pongan mayor atención a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, no encontrarán la
salida de su estancamiento actual”.
Creo necesario también hacer algunos comentarios sobre el concepto de “competitividad”.
Para el régimen esta es una mala palabra. Como lo colectivo priva sobre lo individual, todo lo
que tienda a impulsar la preeminencia de un individuo sobre otro atenta contra el dogma del
colectivismo. Pero esto es una tesis anti-natura como se ha demostrado a través de los siglos.
Bien está aceptar que el bienestar colectivo, en algunos casos, está por encima del interés
individual, pero de allí a suponer que se puede ahogar el impulso natural del hombre de
proyectarse por encima de sus congéneres hay un salto cuántico artificial. ¿Cómo se elimina el
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deseo de competir para sobresalir? ¿Acabamos con el deporte? ¿No estimulamos a la
Vinotinto a que le gane a Colombia? Bien está, como sugiere Lanz que se le dé “dignidad
teórica al trabajo manual”. Que se reduzca la diferencia entre el trato al obrero y al gerente. En
la cogestión alemana y sueca tienen representación proporcional de acuerdo al número de
obreros y gerentes. Lo cual me lleva quizás a la conclusión más importante de todas. La
autogestión, tal como la propone Lanz, no es viable en Venezuela y sospecho que en ningún
otro país. La colectivización de la propiedad no ha dado resultados positivos en parte alguna.
Otros países ya hicieron el experimento y fracasaron. No tiene sentido repetir lo negativo de
experiencias ajenas. Pero lo más importante es que las nuevas tendencias que afectan a las
relaciones obrero- patronales han logrado, para el sector laboral, todos los beneficios que Lanz
pretende obtener bajo la autogestión. La cogestión, bien administrada, busca en efecto, una
coherencia dentro de la empresa entre los gerentes y los trabajadores. Más aún, las grandes
empresas de hoy son de propiedad colectiva mediante millares de accionistas y los gerentes
son asalariados como lo son los demás trabajadores. Hay, de hecho, una autogestión que
trabaja para favorecer a sus accionistas que, en muchos casos, son los mismos trabajadores sin
distinción de rango. Si el objetivo de este régimen es, como debe ser, mejorar la calidad de
vida del trabajador, acabar con los monopolios, lograr para el trabajador una participación en
los mecanismos de decisión de las empresas, hacerlo partícipe en un grado mayor de las
ganancias que produce el capital, democratizar el saber, reducir la brecha entre trabajador y
gerente, dignificar el trabajo manual, asegurar la instrucción y el entrenamiento necesario para
el aprendizaje de nuevos oficios, aumentar el conocimiento del trabajador sobre la realidad
económica de la empresa y otras modernizaciones de la relación laboral con el capital, hay
dentro del modelo capitalista una total posibilidad de lograr lo anterior y algo más. Como se
evidencia de experiencias exitosas en otros países, en Alemania, por ejemplo, 87% de los
empresarios entrevistados han manifestado su acuerdo con la cogestión y su disposición a
continuar dentro del modelo modernizándolo progresivamente. Todo esto se complementa con
un sistema de seguridad social solidario y de amplísima cobertura. No hay, pues, que cambiar
el modelo del capitalismo para mejorar y dignificar al trabajador de hoy, acelerar el
crecimiento económico, implantar sistemas solidarios de seguridad social y lograr el máximo
de felicidad posible para todos nuestros ciudadanos.
II. La autogestión en ALCASA
Parece ser que el mecanismo para implementar lo que en Alcasa se llama “autogestión” es
la celebración de asambleas de trabajadores en el portón de la empresa. Allí se les explica a los
trabajadores el nuevo principio de la relación obrero-patronal a desarrollar.
En estas asambleas los trabajadores escogen a sus gerentes por votación popular. Todo lo
cual luce muy revolucionario y democrático además de totalmente improvisado. Veamos
algunas preguntas: ¿Quién es el patrono? ¿Quién el trabajador? ¿Cómo se evalúa la gestión de
los nuevos gerentes seleccionados por la Asamblea de Trabajadores? ¿Cómo se sustituye a un
gerente ineficiente? ¿Hasta qué nivel se permite la selección de los gerentes por parte de la
Asamblea? ¿Podrán seleccionar al presidente de la empresa y a la junta directiva? ¿Cómo
queda la subordinación de Alcasa a la CVG? ¿Quién le aprobará el presupuesto? Y, si la
aprobación presupuestaria y el control de la gestión continuará en la CVG, ¿Cuánta
“autogestión” quedará en Alcasa? Algunas de estas preguntas, las responderá la ley de
cogestión y autogestión para empresas mixtas, aprobada por el Presidente de la República
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
mediante ley habilitante el 15 de junio 2012. Esta ley requerirá, para ser coherente con la
nueva ley del trabajo, modificaciones en algunos de sus artículos.
Se debe suponer que las inversiones necesarias para convertir Alcasa en empresa rentable
vendrán exclusivamente del estado. Es difícil suponer que una empresa privada, nacional o
extranjera, estuviera dispuesta a aceptar que le gerencien su dinero mediante decisiones
asambleístas en el portón de la empresa.
Por último, un problema ideológico. Al enunciar las características que debería tener un
gerente a ser seleccionado por la Asamblea, el presidente de Alcasa incluyó la de
“comprometido con la revolución” lo cual es discriminatorio ¿Se le preguntó a los
asambleístas si estaban de acuerdo con esta condición?
En Venezuela se requiere una revisión a fondo de las relaciones obrero-patronales. Las
tendencias modernas apuntan hacia una mayor participación de los trabajadores en el manejo
de la empresa. Pero el tránsito hacia ese objetivo, lamentablemente, no pasa por el anárquico y
peligroso experimento que se pretendió realizar en Alcasa.
III. El futuro de las Empresas Básicas de Guayana (viaje en máquina del tiempo
imaginaria)
Antes de entrar en el tema quisiéramos aclarar unas ideas sobre el concepto de empresas
básicas. Consideramos un anacronismo el enfoque que se le da en Venezuela a estas empresas.
Pensar que, por importantes, algunas actividades sólo pueden ser ejecutadas por el Estado con
la exclusión del sector privado y los ciudadanos del país, es un salto atrás heredado de la
influencia que sobre el desarrollo de nuestros partidos políticos tuvo la ineficiente ideología
izquierdista de la primera mitad del siglo XX. El modelo operativo de las empresas básicas
colapsó. Todas las del Estado que hoy operan en Guayana están técnicamente quebradas.
Por otra parte, el enamoramiento con el rol excesivo del Estado provocó un enfrentamiento
con el sector privado que, con el tiempo, degenerará en un ataque a la propiedad privada de
toda actividad, incluyendo eventualmente la prohibición de que los ciudadanos tengan
cualquier tipo de bienes a su nombre. En eso estamos y por “eso” es imprescindible tener bien
estudiados los pasos que daremos cuando concluya este régimen para implantar un modelo
político-económico que se base en la democracia, la libertad, el derecho de los ciudadanos a
participar en la explotación de todos los recursos del país y la propiedad privada.
Cualquier nuevo gobierno, en su primer año de gestión deberá tomar las siguientes
medidas:
•
•
•
•
Someter a todas las empresas de Guayana a auditorias financieras y técnicas para
establecer si son o no recuperables.
Analizar el costo de la mano de obra como porcentaje del costo operativo a fin de
conocer si la productividad del personal y su número requerían o no de cambios
drásticos (se encontrará baja productividad y un exceso de personal en la mayoría de las
empresas).
Estimar el monto de las inversiones necesarias para modernizar sus plantas (los montos
resultantes obligarán a buscar la participación del sector privado en las empresas).
Poner en venta al capital internacional y nacional, el 60% de las acciones de las
empresas. La Nación como propietaria del otro 40% de las acciones, entregará 20%
para crear un fideicomiso propiedad de los trabajadores activos de las empresas con
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
cinco o más años de servicio. El fideicomiso invertirá por los primeros cinco años lo
que reciba como dividendos o exceso de caja (Para esto último se aplicará la fórmula
que utilizó Sidor privatizada). Después de este período se repartirá todos los años el
promedio anual de lo recibido en los cinco años anteriores. Así se le garantizará a los
trabajadores que siempre recibirán un aporte importante. Este modelo hará socios a los
trabajadores durante su permanencia en la empresa. Con una representación en la junta
directiva. Podrá contratar a un ente profesional para administrar el fideicomiso. Los
aumentos de capital se harán mediante financiamiento para mantener sin
modificaciones la participación de los trabajadores. Eventualmente el 20% de las
acciones de la Nación se colocarán en la Bolsa de Valores a disposición de los
inversionistas nacionales.
El nuevo modelo establecerá una relación obrero patronal mucho más moderna y productiva
que el fallido experimento que pretendió aplicar el régimen actual, que no contemplaba ni
nuevos contratos colectivos ni aumentos negociados de salarios ni bonos. O sea la muerte del
movimiento obrero organizado y la no participación de los venezolanos en la explotación de
sus recursos naturales, propiedad de todos.
Año 2048
Venezuela: un país de ciudadanos accionistas
En 2020 Venezuela tomó una decisión trascendente. Creó un Fondo Mutual cerrado con el
40% de las acciones de PNSA (Petróleos Nacionales. S.A la nueva empresa estatal que en ese
mismo año sustituyó a la antigua PDVSA). Por su parte, los trabajadores y ex-trabajadores del
hierro, aluminio, acero e hidroelectricidad colocaron todas las acciones que tenían en las
originalmente empresas del Estado, después de abrirse estos sectores a la inversión privada, en
otro Fondo Mutual cerrado. Mediante un acuerdo especial entre los dos fondos, éstos se
colocaron en un Fondo Mutual abierto a otros inversionistas. Después de 17 años transcurridos
(2037), el valor de los fondos cerrados se ha multiplicado y tanto los trabajadores de Guayana
como todos los venezolanos mayores de 18 años, a quienes se le cedió gratuitamente un
derecho de participación en el Fondo Petrolero, han recibido dividendos anuales, cada vez más
atractivos. Como esos dividendos pagan impuestos nacionales y regionales, los fiscos se han
beneficiado con estos crecientes ingresos. Los ciudadanos ahora, verdaderos propietarios de las
empresas básicas, vigilan cuidadosamente la gestión gerencial de esas compañías y los
políticos -por fin- han podido armonizar los intereses de su sector con los de los ciudadanos.
Ahora todos “juegan para el mismo equipo”. Por otra parte, las regalías petroleras desde el año
2022, se destinan a fondos de educación, salud y pensiones, ayudando, de esta manera, a
reducir las contribuciones individuales ciudadanas necesarias para financiar un sistema de
seguridad social solidario. Sólo hubo que lamentar el colapso del Fondo de Guayana, creado a
raíz de la privatización de Sidor, por haber gastado su capital en proyectos pocos productivos,
en lugar de haberlo convertido, antes de agotarlo, en un instrumento financiero que generara
intereses y apreciaciones de capital. Esa experiencia, sin embargo, sirvió de lección para tomar
las decisiones aquí descritas.
A finales de 2022 se incorporaron a la directiva de PNSA dos representantes del Fondo
Mutual, propiedad de todos los venezolanos, donde reposan, como ya hemos dicho, 40% de las
acciones de PNSA. Aunque por los primeros cinco años estas acciones delegaron su derecho al
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
voto en el Estado, como representante de la Nación (los ciudadanos), desde el principio se le
permitió a ese Fondo Mutual presencia formal en la directiva de la corporación. A partir del
2027 las acciones del Fondo tuvieron derecho a voz y voto en la asamblea de accionistas. En
cuanto a la necesidad de cubrir aumentos de capital estos se harán mediante financiamiento de
proyectos específicos, garantizando así la composición accionaria original. El concepto de la
participación directa en las ganancias generadas por la industria petrolera ha sido objeto de
propuestas más audaces que la presente128.
Un país de emprendedores
En lo empresarial, el sector productivo aprovechó -a partir del año 2020- las nuevas
tendencias mundiales para la organización de la industria y el comercio. Se crearon redes
interactivas entre empresas. Se cruzaron acciones corporativas. Se aplicó el principio de la
fortaleza relativa para lograr la cadena productiva y comercializadora más eficiente. Se
optimizó el uso del capital y se le extrajo el máximo beneficio. El entorno político social
reconoció la importancia de la propiedad documentada, como palanca para lograr el efecto
multiplicador de los activos anteriormente improductivos. El sueño de Hernando de Soto
empezó a tomar cuerpo real en Venezuela a partir del año 2022. El Estado reinventó su rol y
de gran obstaculizador del progreso pasó a ser, por arrepentido de la burocracia de la
permisología, a gran facilitador del esfuerzo individual y colectivo. Se multiplicó el trabajo
desde el hogar y el paso de asalariado puro a asalariado accionista se dio aceleradamente.
Capital y trabajo: una sola dirección
Los sindicatos pasaron, en lo institucional, a ser socios de las empresas. La frontera entre
intereses, hasta entonces contrapuestos, empezó a diluirse. La creación de fondos, cuyas
acciones se cruzaban entre ellos, le dio al trabajador la oportunidad de tener un interés real y
concreto en sectores que iban mucho más allá de las actividades de sus empresas.
La Nación entendió que sin un marco normativo flexible en materia laboral no era posible
financiar el desarrollo. Se reconoció el derecho de todo ciudadano al trabajo y se eliminó de la
legislación el derecho patronal, mediante pena pecuniaria, al despido de sus trabajadores por
capricho y sin causa justificada. Ahora una Sala Laboral permanente de Arbitraje decide sobre
el ejercicio de la facultad de despedir, que mantiene el patrono en casos especiales,
identificados en la legislación vigente (reducción o reestructuración de operaciones y faltas
graves por parte del trabajador a la obligación que le impone su contrato de trabajo). Se
permite además, la reducción de la nómina por razones comerciales justificadas, con la
obligación de darle preferencia para el empleo a aquellos cuyos contratos de trabajo fueron
suspendidos temporalmente. La normativa legal, la ley del Trabajo, se limitó al
establecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para regular la relación entre el
capital y el trabajo. La contratación colectiva es el instrumento regulador de esas relaciones. A
su vez, esta contratación colectiva también se ha simplificado al pasar los trabajadores, en casi
todas las empresas, a la condición de accionistas. Más que el sindicato en el antiguo sentido de
la confrontación, como mecanismo para resolver las diferencias obreros patronales, existen
ahora “Comisiones” que representan a diferentes sectores. Todos agrupados en la asamblea de
accionistas. El viejo dilema de la repartición de los beneficios entre el capital y el trabajo se
resolvió mediante la estrategia de tener representación de los dos sectores en cada uno de ellos.
128
.Para un ejemplo de estas nuevas proposiciones, véase a “El petróleo como instrumento de progreso” de Pedro Luis Rodríguez y Luis
Pedro Rodríguez, Ediciones IESA, 2012.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
La fe requiere pruebas
Ray Bradbury, cuenta la historia del único hombre que había viajado al futuro y le trajo al
mundo una buena noticia. El ser humano había triunfado sobre sus propias debilidades. El
futuro conquistó el medio ambiente. Limpió a las ciudades de contaminación. Salvó a las
especies en extinción. Produjo comida y bienestar para todos. Acabó con las guerras. Cerró la
brecha entre las sociedades políticas. Rediseñó una nueva igualdad económica, étnica, cultural.
Ante la noticia, los países y los ciudadanos del mundo empezaron a trabajar para lograr el
futuro, que ya les había sido anticipado. Y lo lograron. Un día, el único viajero del futuro,
accedió a una entrevista. Escogió a un alma afín. Un joven periodista dispuesto también a
construir el futuro. Le confesó que nunca había viajado. Todo había sido un fraude. El viajero
del tiempo, escogió la entrevista para morir en paz y dejarle al reportero las pruebas de su
fraude y la responsabilidad de utilizarlas como mejor le pareciera. El reportero, tomó todas las
pruebas del fraude que para él eran los instrumentos del éxito. Las destruyó una a una. El
mundo podía continuar, ahora, con una visión optimista de lo posible.
Confianza en el futuro
En la medida que la sociedad pierde la confianza en el futuro, en la misma medida le
pondrá menos valor a sus esfuerzos. La mejor forma de perder el futuro es menospreciar el
presente. La máquina del tiempo sólo funciona cuando se tiene confianza, porque se sabe,
repito se sabe, cuál es el futuro brillante que nos espera. No podemos permitir que la coyuntura
frustre nuestro viaje. No podemos permitir que esta coyuntura nos cambie el futuro que nos
merecemos. El pesimismo sólo es justificable en aquellos a quienes se le acabó el tiempo para
construir el futuro o en aquellos que tardan demasiado en aprender que el futuro no se decreta.
Ni se logra gobernando por el capricho de alguien. La administración por capricho es la
antesala de un desastre anunciado y, sociedad que no se oponga con vigor en el presente, a ser
destruida por el capricho de algunos tendrá el futuro que merece su indiferencia.
El problema es que esa falta de acción la pagarán las generaciones que ya no serán del
futuro. Serán...sin futuro.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
SIDOR: el regreso al pasado
Maritza Izaguirre
A continuación se presenta en forma resumida lo ocurrido con la estatización de la Empresa
Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, empresa perteneciente al Grupo Ternium, quién ejerció el
control accionario de dicha empresa y fue responsable por el desempeño de la misma entre los
años 1998 y 2008, diez años de aprendizaje y esfuerzo destinado a demostrar que el negocio es
factible y rentable mediante una gerencia profesional y comprometida con el cambio y
transformación de la práctica productiva.
Hace algunos años escuché una interesante exposición de dos profesores del IESA, los
cuales resumieron las conclusiones de una investigación basada en datos suministrados por
algunas de las empresas exitosas que habían decidido permanecer en el país, a pesar del difícil
entorno institucional que distingue a la Venezuela de hoy. Las conclusiones apuntan acerca de
una estrategia, en la cual destacan elementos comunes, entre ellos: la diversificación del riesgo
mediante el inicio de operaciones en otros países; la adquisición de unidades complementarias
a la línea de producción original; nuevas inversiones destinadas a la producción doméstica
atendiendo demandas puntuales; el aprovechamiento del ciclo, ajustando la gama de productos
a las características del mercado, en especial aquellos orientados a la población de menores
ingresos; especial atención al cumplimiento estricto de las normas y regulaciones en materia
social y ambiental, entre otros.
Sin embargo, a pesar de actuar tal como lo indica lo señalado, algunas, por pertenecer a lo
que el ejecutivo denomina sector estratégico, operan bajo acoso constante, reciben con
frecuencia visitas de los organismos de control y regulación del Estado, y, en algunos casos,
han sido presionadas por diferentes agentes para la venta de activos. A tal punto que un
empresario expresó que la intervención se aplica como en un juego de azar, donde se asigna
un ticket numerado y en un momento, gracias a la presencia de ciertos elementos,
desconocidos para el empresario, la autoridad decide y súbitamente sin previo aviso recibe el
premio: la intervención oficial de su propiedad.
De otro lado, consecuencia del elevado gasto público y del crecimiento económico de los
últimos años, los resultados económico-financieros de las empresas de la muestra, fueron
buenos, por lo que la decisión de permanecer a pesar de los inconvenientes rindió sus frutos,
al aprovechar la coyuntura y obtener beneficios. Su preocupación: la incertidumbre, basada en
el creciente autoritarismo, intolerancia y concentración de poder; el eventual descenso de los
precios de los hidrocarburos; el deterioro de la organización laboral, sindicatos infiltrados,
costo de la mano de obra y la baja productividad, factores que juegan un papel relevante en sus
decisiones de gasto e inversión en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, al no percibir
claramente cuando la fiesta llega a su final, concluyen que merece la pena resistir e intentar
sobrevivir. De allí la profundización de algunas líneas que dieron buenos resultados, entre
ellas explorar asociaciones estratégicas domésticas o internacionales.
El relato anterior ocurre antes de conocer la decisión de revertir la propiedad de la industria
del cemento y la siderúrgica, por lo que el hecho concreto comprueba que se puede sobrevivir
con buenos resultados, pero que esto no impide la súbita decisión de estatizar, cuando ésta, a
juicio de la autoridad, es acertada tal como lo demuestran los acontecimientos posteriores,
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
asociados a la adquisición del Banco de Venezuela al Grupo Santander y de otras unidades
productivas en los últimos años. Hay que señalar la continua adopción de decretos, leyes y
otras medidas, que claramente restringen las libertades económicas e impiden el
desenvolvimiento normal de una economía de mercado.
Las medidas adoptadas demuestran que en situaciones de alto riesgo institucional, la
concentración del poder, el carácter autoritario, y la fuerte convicción de que el capitalismo es
malo, conducen tarde o temprano a la decisión de estatizar. Así un exitoso ejemplo de
privatización -SIDOR- regresó a la propiedad del Estado venezolano.
A mi juicio los elementos que desencadenan la medida fueron entre otros: la falsa acusación
de incumplimiento de las leyes laborales; la percepción de inflexibilidad de la empresa ante las
solicitudes de la dirigencia sindical; los paros parciales y la amenaza de una huelga indefinida,
con graves repercusiones en el suministro al mercado interno y en la paz laboral de la zona,
que por su importancia incide en toda la Nación. Así la decisión se toma en función de la
coyuntura política -elecciones regionales a fin de año- la convicción personal sobre las
ventajas de la propiedad social, el impacto inmediato de una medida populista dirigida a
satisfacer viejas aspiraciones de la clase obrera y de la izquierda tradicional a objeto de
reforzar su base política en la región. Todo ello pesó más que el origen del capital privado
afectado, procedente de países latinoamericanos signatarios de acuerdos bilaterales y
multilaterales de protección de inversiones.
La decisión aplaudida por los seguidores más radicales de la revolución bolivariana,
criticada por los entendidos, pero tal como sucedió en las nacionalizaciones del 2007, sin
grandes manifestaciones de rechazo de la sociedad en general. Prueba de nuestra cultura
paternalista, la gente común aprecia más el potencial distributivo de la medida, que el daño al
patrimonio y a la generación de riqueza y bienestar mediante el trabajo. Se repite el mensaje
del Jefe de Estado: la empresa ahora es de todos.
El contexto de la privatización
La privatización de la Siderúrgica del Orinoco en el año 1997 tuvo profundas
repercusiones en la vida económica y social de la Guayana venezolana, en especial en aquellos
habitantes, que directa o indirectamente, se habían visto beneficiados por la presencia de la
empresa pública.
Los grupos integrados, entre otros, por políticos, dirigentes sindicales, trabajadores,
contratistas y miembros de la sociedad civil, beneficiarios históricos de la empresa estatal,
ejercieron públicamente su derecho a disentir argumentando que la privatización no era lo más
conveniente. Estas personas, a lo largo de los años alertaron a la opinión pública sobre, lo que
según su criterio, constituían efectos malignos de la privatización. La posición, en sintonía
con el mensaje del Socialismo del Siglo XXI, justificaba la intervención y control del Estado
sobre el aparato productivo.
La estrategia utilizada para combatir lo señalado, consistió en identificar puntos de apoyo
en la comunidad asociados al mundo empresarial, políticos de oposición, intelectuales amigos,
formadores de opinión, los cuales contando con información detallada sobre el proceder de
la gerencia contrarrestaron los ataques, pero la opinión negativa permaneció inalterable en los
grupos opuestos ideológicamente. En una encuesta realizada hace algunos años, se observa que
a pesar del tiempo trascurrido, una buena parte de los encuestados no percibía que el control
de la gestión estaba en manos particulares. En el 2010, la percepción era diferente, incluso,
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tanto nacional como regionalmente los mejores rendimientos se atribuyen al esfuerzo privado
y se reconoce la contribución social de la empresa en beneficio de la comunidad.
La radicalización de la revolución (2006), y los cambios al interior del poder ejecutivo,
donde logran posicionarse funcionarios que comparten la visión del Presidente, refuerzan la
aplicación de rígidos controles sobre los medios de producción, lo cual conduce a la
disminución progresiva del papel del sector privado en la producción de bienes y servicios.
Ello lleva en el 2007 a decisiones tales como la adquisición de las acciones de la CANTV y de
la Electricidad de Caracas, en clara demostración de poder ante el capital trasnacional
imperialista.
De allí en adelante se inician acciones que afectan no sólo al sector energético y de las
comunicaciones, sino a la producción y distribución de alimentos y al continuo
cuestionamiento público y mediático a la propiedad privada. Por lo tanto las probabilidades
que SIDOR fuese sujeto de una medida similar, crecía día a día.
Camino a la estatización
Las dificultades de comunicación. En ese sentido hay que destacar la dificultad creciente de
mantener una comunicación abierta con las autoridades, en contraste con el nivel de
interacción lograda en los primeros años del proceso, donde la contraparte, menos radical y
más operativa, veía las ventajas de mantener en operación una empresa que superada las
restricciones de mercado y precios de los primeros años, iniciaba una etapa de crecimiento y
expansión.
En ese entorno varios elementos inciden en la administración del negocio, entre ellos: las
regulaciones para acceder al sistema de control de cambios y los tiempos para aprobar las
solicitudes; las quejas acerca de la atención al mercado interno y los precios; la incomodidad
ante los reclamos en relación a los volúmenes y calidad del mineral de hierro; las demandas
originadas por el marco normativo del sector laboral, que concede claras ventajas a los
trabajadores versus el patrón; las condicionantes ambientales; la vigilancia fiscal y los escasos
logros para acelerar quejas y reclamos en cuanto a lo adeudado por el fisco, entre otros.
A lo anterior hay que añadir reclamos laborales, entre ellos: el cálculo de las utilidades, el
trato a jubilados y pensionados, la contratación de terceros, el sistema de salud, seguridad
industrial, impactos en el medio ambiente y los retrasos en la discusión de la contratación
colectiva.
Todo lo anterior afectó la calidad de la relación entre la empresa y el gobierno, el cual no
privilegia en la toma de decisiones argumentos basados en la estructura de costos,
productividad y competencia, e insiste en la redistribución de los beneficios, en especial hacia
los más pobres.
Por otra parte, en diferentes oportunidades el Gobierno trasmitió el mensaje de que deseaba
una mayor participación accionaría y un mayor control sobre el negocio, en línea con lo que
venía sucediendo con el sector petrolero, en al menos dos oportunidades, el accionista
mayoritario rechazo la propuesta.
Participación en la Junta y Asamblea Ordinaria de marzo 2008.
En el último año, se observó que la participación de los representantes de los accionistas
clase C, especialmente uno de ellos, insistentemente cuestionaba asuntos relativos a los
incumplimientos del contrato de suministro del mineral de hierro por parte de Ferrominera; los
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precios internos; la atención al mercado doméstico; el destino y precio de las exportaciones;
los contratos con relacionadas; las contrataciones locales y las actividades destinadas al
desarrollo endógeno, entre otros. En cada oportunidad se respondió a cada una de las
inquietudes y tal como consta en las actas dichas respuestas fueron acogidas positivamente,
puesto que no hay menciones en contrario.
Sin embargo dos incidentes ocurridos al inicio del año merecen destacarse, puesto que
reflejan la descomposición progresiva de la relación. El primero se refiere a la actitud asumida
por los representantes de los accionistas clase C en la Junta del mes de marzo, donde fueron
considerados el informe anual y los estados financieros del año precedente. En la reunión, los
Directores representantes del Ejecutivo cuestionaron el contenido de algunos párrafos del
informe, haciendo notar que la redacción no reflejaba adecuadamente los resultados de la
gestión oficial y, el apoyo que el Gobierno daba mediante los contratos de suministro de
mineral de hierro, gas y electricidad y otros beneficios, además de un conjunto de comentarios
relativos a la relación laboral.
Por otra parte, dejaron claro que se eximían de aprobar los estados financieros,
argumentado no estar de acuerdo con su contenido. El informe fue aprobado por la mayoría.
Posteriormente se recibió una comunicación dónde se explicaba en detalle el por qué de la
posición asumida. La comunicación fue refutada enviando copia al Presidente de la CVG y
Ministro de Industrias Básicas. En ella se dio respuesta a cada uno de los argumentos
levantados en la carta, el texto fue consultado con un representante de los auditores externos y
los dos comisarios, de los cuales uno de ellos representaba a la CVG.
El segundo elemento a destacar, se refiere a que el Ministerio no respondió a la
comunicación donde se le invitaba a la Asamblea Anual, donde además se mencionaba la
necesidad de designar el representante de la CVG a la asamblea y la confirmación o el
nombramiento de los directores representantes de la de la Clase C en la Junta, la cual, de
acuerdo a los estatutos debería ser renovada. El Bandes, quien ejercía la representación de uno
de los Directores del Ejecutivo, respondió y designó un representante. Hecho que nos extraño,
puesto que en la Asamblea se nombrarían los dos directores principales y los dos suplentes,
representantes de la clase B, proceso que se había llevado a cabo entre los meses de diciembre
2007 y febrero de 2008 y que obligaba a una consulta entre ellos, para nombrar a los
Directores, más aún cuando con el ingreso de los directores clase B, la representación oficial
perdía una posición. La Asamblea se realizó con la presencia de los representantes de la Clases
A, B y la representación del Bandes.
De manera, que luego de nueve años de amigable relación entre los socios, el principal
accionista público no hacía acto de presencia en la Asamblea, negándose a participar en el
órgano máximo de decisión, evitando un pronunciamiento acerca de los puntos de la Agenda,
entre ellos la aprobación del informe anual y los estados financieros, la designación de los
nuevos representantes a la Junta por las clases A, B y C y la elección del Presidente.
La dinámica del conflicto laboral.
Otra estrategia gubernamental ha sido el debilitamiento progresivo de la estructura sindical
tradicional, de modo que el modelo que operó por cuarenta años en la región, conformado por
sindicatos dominados por una fuerza sindical vinculada a un partido político, con liderazgos
claros y bien identificados, fue perdiendo fuerza, consecuencia entre otros de la casi
desaparición de los partidos tradicionales y del surgimiento de nuevos grupos, entre ellos los
partidarios del modelo propuesto por el Presidente.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Como resultado de lo anterior, en la última elección de la junta directiva del sindicato de la
empresa, la votación refleja la existencia de tres grupos, ninguno de ellos con suficiente fuerza
como para dominar los procesos que se avecinaban, entre ellos la discusión de una nueva
convención colectiva. Esto complicó la formulación de la propuesta, es así que la discusión
oficial, sólo se inició a mediados del año 2009, basada en una propuesta confusa, integrada
por múltiples solicitudes, viejas aspiraciones y nuevos planteamientos, que la hacían inviable.
Su costo superaba las ganancias de la empresa en el año 2007.
A lo largo de toda la discusión se mantuvo un fuerte tono de controversia a lo interno del
sindicato, de éste con la empresa y con los representantes del Ministerio del Trabajo. Luego de
meses de discusión las diferencias entre los negociadores se estrechan y se centra en la
discusión de las cláusulas que recogen los beneficios económicos. En ese período ocurren
paros intempestivos, que afectan los resultados del último trimestre del 2007 y más aún el
primer cuatrimestre del año en curso.
Hay que recordar que en la cultura sindical venezolana y más aún en la local, el obrero
siempre tiene la razón, las decisiones en los tribunales laborales favorecen al movimiento
sindical, incluso, calificaciones de despido ampliamente justificadas se retrasan
innecesariamente y no se logra sentencia firme sobre ellas. Por otra parte el conflicto es lo
normal, no así la negociación.
En ese contexto se agrega la lucha por el control político de la dirigencia sindical en la
zona, donde cada grupo o partido presiona por lograr resultados y ganar espacio en la política
local. De allí que la situación conflictiva en SIDOR se convierte en motivo de interés regional
y nacional, cuando coincide con el interés particular del Jefe de Estado de conservar el papel
hegemónico de su movimiento en la región.
Las intervenciones para tratar de solucionar el impase ocurren en el primer trimestre del
año, superando el ámbito de acción de la representación local del Ministerio del Trabajo, al
intervenir los Viceministros y el propio Ministro, más tarde el Gobernador y el Ministro
Presidente de la CVG, y al fracasar esta instancia, a solicitud del Presidente de la República, el
Vicepresidente actúa con instrucciones de resolver el conflicto. Éste, bajo el argumento del
irrespeto y mal trato de la trasnacional a sus obreros e incumplimiento con las leyes
venezolanas, corta abruptamente la negociación en curso e informa en la madrugada del 9 de
abril la nacionalización. El Presidente ratifica posteriormente lo dicho por el Vicepresidente
en acto público.
Avanza así en lo enunciado en enero del año 2007, todo lo privatizado se nacionaliza,
profundizando la aplicación de los principios rectores del Socialismo del siglo XXI.
La estatización
La transición. El proceso se inicia con la instalación de una comisión de transición
coordinada por el MIBAN, en la cual la parte operativa recae en el Viceministro de Minas, e
integrante de la JD representando al poder ejecutivo, quien es acompañado por dos
representantes de los accionistas clase B; tres sindicalistas integrantes de la junta directiva del
sindicato y otros funcionarios de la CVG y el ministerio. Esta integración, en la cual se
incluyen conocidos representantes de la oposición tradicional a la privatización, refleja la clara
intención de auditar a la gestión privada, justificando los argumentos que se esgrimen, en
cuanto a la dudosa calidad de la administración de la trasnacional.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
En paralelo otro grupo estima el valor de adquisición de la participación accionaría, en ella
actúan funcionarios de Petróleos de Venezuela y otro personal técnico. La información
solicitada fue suministrada oportunamente. En medio de la negociación, el Presidente de la
República, HCF de nuevo interviene el domingo 27 de abril, y anuncia al país en tono fuerte y
agresivo, que puesto que el valor sugerido por la empresa era inaceptable procedería a la
expropiación. El día anterior el Ministro del MIBAN había mencionado una valoración
equivalente a 800 millones de dólares americanos, justificado por la existencia de pasivos
laborales, ambientales, fiscales y otros pendientes no reconocidos por la empresa.
En esa oportunidad, el Presidente emplaza a la empresa a aceptar la propuesta e instruye al
VP a cerrar la negociación. Sin embargo, la ley establece que como paso previo a la
expropiación, se hace necesario que la Asamblea Nacional declare de utilidad pública al bien
sujeto a la expropiación. Siguiendo instrucciones se agenda para el día martes 29 de abril la
discusión del punto. En paralelo se acuerda una reunión de negociación en la Vicepresidencia.
El Jefe de Estado, en una intervención televisada desde el Consejo de Ministros, modera el
lenguaje, desaparece el vocablo expropiación, regresa a la nacionalización y habla de acordar
el valor. Los resultados son conocidos, luego de largas horas de discusión, no hay
entendimiento, pero se informa que el decreto-ley se haría público en ocasión del primero de
mayo.
El miércoles 30 de abril firma el decreto-ley, que por su carácter orgánico debe ser
refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia. En el mismo acto formalizó la solicitud ante
el TSJ. Entre los presentes una comisión de SUTISS y su presidente quien recibe el
reconocimiento público por su coraje ante la trasnacional, así mismo exigió el compromiso de
convertir a la empresa en una empresa socialista.
Firmas del Contrato Colectivo y de la Ley.
El día lunes 12 de mayo, en Matanzas, el Presidente y sus ministros firman conjuntamente
con la directiva del sindicato la nueva convención colectiva, la cual otorga los beneficios
solicitados por el Sindicato, ratifica la incorporación ya acordada de trabajadores amparados
por la cláusula 97 y no contempla lo requerido en cuanto a la masiva afiliación de la mano de
obra contratada a terceros. Con la firma, el costo de la mano de obra se incrementa
sustancialmente.
En cuanto a la Ley, ésta pretende ordenar el sector, y el Presidente mencionó la formación
de una Corporación donde, a semejanza del sector petrolero, se integrarían todas las empresas
del sector, posiblemente bajo un esquema de asociación similar al impuesto a las petroleras, ya
que en el caso de la energía eléctrica, al adquirir la mayoría de las acciones, de hecho pasaron
a ser empresas controladas por el Estado. En el caso del acero, el decreto ley, al ser orgánico,
le otorga la capacidad de ejercer el control total sobre el sector, mediante la expropiación por
razones de utilidad pública.
La comisión ministerial.
El decreto establece que a partir de esa fecha y hasta el 30 de junio del 2008, una comisión
ministerial presidida por el Ministro presidente de la CVG, ejercería la presidencia de la
empresa y tomaría progresivamente el control sobre la gestión. En paralelo continuarían las
negociaciones sobre el valor, se menciona que de no finalizar la negociación en ese período
éste podría extenderse.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Esta etapa se caracterizó por la presencia de un equipo de contraparte con poca experiencia
en el manejo de un proyecto industrial de la complejidad de la SIDOR bajo gestión privada.
Las designaciones iniciales quizá no fueron las más afortunadas en cuanto a experiencia y
conocimientos, por lo que fue difícil la transferencia ordenada de la gestión operativa, unidad
por unidad. Se observó al interior del equipo seleccionado problemas de comunicación entre
ellos. El protagonismo sindical generó tensiones entre los grupos, lo que evidentemente
complicó la designación de los responsables, especialmente en las áreas relativas al proceso
industrial. De otro lado, el sindicato renovó su aspiración de ser consultado en la designación
de las posiciones directivas, incluso en declaración pública el Presidente de la República
mencionó en una oportunidad, que el Vicepresidente sería escogido mediante votación.
Así mismo, dos de los presidentes de las asociaciones de accionistas clase B, elegidos
representantes ante la JD, el 31 de marzo, expresaron públicamente su descontento por que la
comisión ministerial no los tomaba en cuenta y, su preocupación por lo desordenado del
proceso de transición, hecho que eventualmente podría repercutir en los rendimientos a futuro.
Por otra parte, la comisión trato de obtener pruebas de conductas incorrectas en la gestión,
entre ellas, el incumplimiento de obligaciones fiscales y otros eventuales pasivos pendientes,
lo que fue utilizado para respaldar el valor propuesto por el gobierno venezolano.
La negociación. La empresa argumentó que el valor estimado debería responder a un precio
de mercado, para cuyo cálculo podrían aplicarse diversas metodologías. Sin embargo, una
aproximación fácilmente comprobable sería la de comparar el precio establecido en la venta de
plantas similares ocurridas en los últimos meses en el mercado internacional. Se habló de
magnitudes en el rango de los tres mil millones de dólares americanos, número que se repetía
al utilizar otras aproximaciones.
El equipo negociador oficial no aceptó los argumentos y presentó la contraoferta ya
mencionada, ochocientos millones, la cual fue rechazada por el socio mayoritario, insistiendo
en que dicha oferta no respondía al valor real de la planta. Se suministró información
adicional, los representantes oficiales presentaron una segunda propuesta, sin embargo, todavía
muy por debajo de los valores de mercado. En intervenciones sucesivas realizadas los días 10
y 11 de junio, el Presidente de nuevo menciona que lo que hay que reconocer son valores
inferiores a lo estimado por la empresa.
Por otra parte, el sindicato y sus representantes legales insisten en los reclamos relativos al
cálculo de las utilidades liquidas, y advierten de la conveniencia de que el Estado retenga lo
por ellos calculado que se acerca a los 800 millones de dólares, advierten además de otros
reclamos, entre ellos obligaciones relativas al cambio en el cálculo de las prestaciones,
ocurridas en el año 1997, que sumarían otros 500 millones de dólares. A esta altura
representantes gubernamentales de alto nivel se involucran en la negociación y logran acordar
un precio aceptable, tanto para el comprador como para el vendedor.
La incertidumbre del cierre.
El día 26 de junio, los negociadores acuerdan que el valor del 50 por ciento de las acciones
a vender sería el equivalente de 1.650 millones de dólares. En la propuesta, Ternium
conservaría un 10 por ciento y se procedería a firmar un acuerdo de accionistas, el cual
establecería las condiciones que regirían las relaciones entre los socios propietarios. Una
primera versión fue rechazada por el vendedor al no reflejar lo discutido previamente, los
asesores legales recomiendan no firmar.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
El día 30 de junio en la cita presidencial del MERCOSUR, se entrevistan los Presidentes de
Argentina y Venezuela, en esa oportunidad la prensa cita al mandatario venezolano, afirmando
su deseo de alcanzar una solución amistosa, sin embargo, ratificó los reclamos acerca de la
gerencia y mencionó que había que acordar las formas de pago y una necesaria auditoria
previa a la cancelación.
La discusión sobre los términos del acuerdo de compra venta, se prolonga por dos semanas,
con diferencias de opinión en cuanto al trato a dar a las indemnizaciones cruzadas, la eventual
utilización del arbitraje internacional para resolver la disputa y, la justificación del monto a
cancelar, vinculando éste último a los resultados de una auditoría que sólo podría ser realizada
luego de la toma de la planta el día 12 de julio. Esto condujo a varios intercambios de
opinión, finalmente se llega al acuerdo de ceder la gestión en la fecha mencionada. De allí en
adelante la responsabilidad quedaría en manos de una comisión mixta integrada por cuatro
funcionarios representantes de la CVG y dos de Amazonía. De esta manera el control de las
operaciones estaría en manos del Estado, la comisión sustituye a la Junta Directiva en las
áreas de su responsabilidad.
El día viernes 11 de julio, se firmó el acuerdo y se procedió al acto de entrega formal, el
cual se llevó a cabo en Matanzas el sábado 12 de julio. En el evento, los Directores y Gerentes
en funciones, procedieron a consignar sus respectivos informes, quedando constancia de la
documentación entregada ante los funcionarios judiciales, responsables por la inspección.
Firman el acta de entrega el presidente ejecutivo saliente, la autoridad designada, los asesores
legales y el personal directivo involucrado.
En la semana siguiente se realizan dos sesiones del comité operativo, en las cuales se toma
conocimiento del plan de negocios 2008, el cual resume el presupuesto aprobado por la Junta
Directiva en funciones en marzo de 2008; se autoriza la continuación de su ejecución y se
delegan los poderes correspondientes al Director Ejecutivo, así mismo se le dio el visto bueno
a una propuesta de organigrama y a la designación de la nueva plantilla ejecutiva. Los
representantes de Amazonía dejaron constancia de su voto salvado en materia de la nueva
estructura organizativa y las designaciones de personal.
Una nota de prensa publicada el 14 de agosto hace saber, que se había elevado a la
consideración de la Vicepresidencia de la República una solicitud para incorporar
modificaciones al presupuesto de gasto, entre otras, el ajuste de los precios internos,
desfasados en comparación de los precios internacionales; el incremento en los recursos
destinados a financiar programas comunitarios; la creación de una cadena de ferreterías a fin
de vender directamente a los consumidores, en especial los representados por los Consejos
Comunales y la adquisición de una fábrica de cabillas en la región central.
Se informó que los contratos de compra venta y el acuerdo de accionistas sería negociado
por el MIBAN. El día 14 de agosto, el equipo gubernamental suministró un documento
relacionado al contrato de compra venta, donde se especifican las condiciones de la
adquisición. El documento fue revisado y se identificaron diez temas dónde se ubicaban
diferencias de interpretación entre las partes. Se descartaron siete, quedando en consulta tres.
Una nueva versión del documento sería negociado y si hubiese consenso sobre el texto se
procedería a su firma el lunes 18. Ante la persistencia de las diferencias, se procedió a extender
el plazo por 72 horas, se argumentó que era necesario realizar consultas adicionales, entre ellas
obtener la opinión oficial de la Procuraduría General de la República.
En lo conversado se establecería una prorroga de 30 días para la cancelación de la
adquisición del porcentaje acordado. Igualmente con posterioridad sería discutido un acuerdo
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
de accionistas, los nuevos estatutos, la composición de la Junta, y eventuales acuerdos
comerciales.
La negociación se suspende el 25 de agosto ante el no reconocimiento por parte de los
compradores de algunas de las propuestas, entre ellas, el trato a las indemnizaciones cruzadas
propuesta por el vendedor.
El miércoles 27 en intervención ante el Consejo de Ministros, el Presidente anuncia que las
condiciones que solicita el vendedor en cuanto a las indemnizaciones son inaceptables, por lo
tanto ordena a que se proceda unilateralmente. La decisión en relación a los montos a cancelar,
cuándo y cómo, serían establecidos por la República. Esto lleva a la suspensión temporal de la
negociación. Posteriormente se anuncia que la empresa continuaría con la negociación,
afirmando al mismo tiempo, que no renunciaría a la posibilidad de recurrir al arbitraje
internacional, si fuese necesario para resolver la disputa.
Los representantes sindicales, declaran en pleno proceso de elección de su nueva directiva,
la necesidad del reconocimiento de las insuficiencias en la cancelación de las utilidades
liquidas por parte de la empresa, en especial insinúan de que el monto estimado por ellos,
debería ser deducido del monto a cancelar.
Comentarios de prensa, el día 17 de septiembre, señalan que existen problemas operativos
que inciden en los volúmenes y calidad de la producción, reclamos de los contratados a
terceros por su lenta incorporación y una declaración del Ministro mencionando que se acerca
la fecha límite establecida para el término de la negociación.
Finaliza el mes de septiembre con la ocurrencia de dos accidentes laborales, uno de ellos
fatal. En declaraciones públicas el Director Ejecutivo afirma que bajo la privatización se había
reducido el número de inspectores de seguridad.
Nota de prensa aparecida el día 9 de octubre informa acerca de una declaración del Ministro
señalando que la negociación continúa, y que el grupo optaría por la venta de la totalidad de
las acciones de su propiedad o sea el 60 por ciento.
Por otra parte, siguen apareciendo en los diarios de la zona información sobre la presencia
de problemas operativos que contribuyen a una acentuada baja en la producción, achacándola
a dificultades en la administración y en la toma de decisiones altamente centralizada. Como
consecuencia de lo anterior, se registra el descenso de las toneladas de acero líquido
producido, baja en los productos elaborados y por lo tanto menos ventas al mercado local y a
las exportaciones. Se habla de que la empresa enfrenta problemas de caja.
El cierre de la negociación, posiblemente afectada por la brusca caída del precio de los
hidrocarburos, la volatilidad del mercado bursátil, la recesión global y su eventual impacto en
la economía venezolana a corto y mediano plazo se prolongó en el tiempo. Las autoridades
hablan de ajustes en el gasto y la revisión de las prioridades de inversión.
De otro lado, la problemática sindical prosigue, en especial los obreros de las contratas, se
quejan de que todo lo prometido no se cumple y aspiran a la igualdad de condiciones con la
nómina de convenio, ampliamente favorecida con el mejor contrato de su historia. Ello ha
generado malestar y movilizaciones callejeras. De nuevo se involucra a la Vicepresidencia en
la solución del problema.
Se registran acciones de sindicatos afectos al régimen solicitando la intervención del Estado
para la toma de otras empresas privadas de la zona.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Aprender de la experiencia
La negociación con estilo propio. Con SIDOR se establece un procedimiento caracterizado
por la cesión progresiva de la gestión, mediante la designación de una junta de transición, la
cual asume el control, transfiriendo la autoridad al socio público sin que ocurra la cancelación
de lo acordado. Así ejercen las funciones administrativas en forma previa al cierre de la
operación de compra venta. Asume el control sin la convocatoria y celebración de una
Asamblea General de Accionista, responsable por la designación de los integrantes de la nueva
Junta Directiva, elección del Presidente y aprobación de estatutos. Es por lo tanto una
modalidad particular, que toma el control como paso inicial y luego prolonga la negociación
hasta cuándo las circunstancias del entorno le sean propicias. De otro lado, a pesar de la
estatización, en esa etapa la mayoría del capital accionario sigue en manos privadas, de allí que
la gestión se vea afectada por la incertidumbre originada en la indefinición legal. En
circunstancias similares, para la fecha se encontraban las empresas productoras de cemento
intervenidas y el Banco de Venezuela.
En el caso SIDOR, la cancelación de las obligaciones vinculadas a la adquisición del 60 por
ciento privado, se llevó a cabo entre los años 2009 y 2012, de esta manera en octubre de ese
año se hace público el pago, el cual se acercó a los 1.990.798 millones de dólares americanos.
El estado propietario.
Dado los objetivos y metas que persigue la propuesta oficial, el Decreto Ley lleva al control
total del sector, por lo tanto progresivamente, las transformadoras del mineral en pellas y
briquetas fueron invitadas a sumarse al proyecto socialista, migrando a un esquema de
empresas mixtas o de común acuerdo con el propietario, a la adquisición por parte del Estado
de la mayoría de las acciones. El manejo del concepto de empresas básicas estratégicas parece
cubrir tanto la propiedad pública de la materia prima como la fase de transformación primaria,
operando bajo las reglas del modelo impuesto. Esto reduce considerablemente el papel del
capital privado en el sector, al minimizar su posible participación en la oferta de bienes y
servicios, al favorecer empresas integradas bajo el esquema de la propiedad social. El paquete
de leyes (26) aprobadas en el contexto de la Ley Habilitante, fortalece aún más al poder central
y al propio Presidente al otorgarle poderes especiales en sectores estratégicos y reducir
considerablemente el ámbito privado del sector productivo nacional.
La participación laboral.
El planteamiento no deja claro el futuro del programa de participación laboral, definido en
los contratos de compra venta de los años noventa, y, que luego de un largo proceso logró
ejecutarse a partir del año 2003, mediante el cual, 15.095 ex trabajadores, jubilados,
pensionados y trabajadores activos, adquirieron acciones cuyo valor representa alrededor del
20 por ciento del capital accionario. Se encuentra pendiente todavía, la reclamación de los
accionistas, clase B, los cuales reclaman al Estado la cancelación del valor de sus acciones al
precio acordado con los tenedores de las acciones Clase A, ya que consideran injusto el trato
recibido, al no recibir remuneración alguna por sus acciones.
Por lo tanto surge la inquietud acerca del futuro de la experiencia, puesto que a pesar de la
insistencia de los accionistas B, no ha sido definido. Si el planteamiento propuesto no acepta
la integración de accionistas individuales, en minoría, pero con derechos y deberes
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
establecidos, se acelerará el proceso de control total y se eliminará la posibilidad de aplicar un
programa de democratización del capital, al parecer opuesto a la propuesta oficial.
La eficiencia operativa y el rendimiento.
Las declaraciones iniciales de los involucrados en la transición, han expresado su deseo de
que la nueva empresa socialista, conserve las ganancias productivas derivadas de la gestión
privada. Sin embargo, los nombramientos, comenzando por la primera comisión de transición,
dan señales de la falta de experiencia y conocimiento en la gestión operativa de una planta
muy diferente a la existente el año 1997, lo que seguramente afectará la eficiencia y eficacia
del complejo industrial, tal como lo recogen los diferentes comentarios de prensa aparecidos
en los diarios de circulación local y nacional, los cuales señalan una caída en la producción y
el rendimiento, ha disminuido la producción de acero liquido, los accidentes laborales se han
incrementado, las fallas de mantenimiento impiden la marcha regular de una empresa compleja
que requiere de una gestión profesional.
Por lo tanto es de esperar una baja en los resultados, lo que se reflejará en las cuentas de
participación, hecho especialmente sensible para los accionistas B. Por otra parte, se mantiene
sin definir la conceptualización de la nueva empresa socialista y cómo el paradigma sustituye
los mecanismos de asignación del mercado por la justicia y solidaridad, sin generar pérdidas.
La administración de los recursos humanos.
Uno de los grandes desafíos de la nueva administración será retener a los jóvenes
profesionales incorporados a la plantilla en los últimos años, los cuales ingresan al negocio,
bajo el supuesto de que iniciaban una carrera profesional en una organización productiva,
reconocida por ofrecer oportunidades de trabajo estable, bien remunerado y con posibilidades
de progresar en el marco de las normas establecidas por la corporación. Por lo tanto puede
darse el caso de que si la empresa socialista no llena las expectativas generadas al ingreso,
algunos de ellos decidan retirarse del proyecto, lo que implica perder un recurso valioso
entrenado y con experiencia.
El poder de la dirigencia sindical.
Indudablemente que el movimiento sindical obtuvo lo que quería, logró el mejor contrato
colectivo de su historia y actúa de acuerdo al poder acumulado. Insiste en mejoras adicionales
y exige el cumplimiento inmediato de las promesas. Se queja de falta de control por parte de la
comisión designada y reclama más atención del Presidente, más aún expresan su descontento
por que la gerencia no ha sido sustituida con la debida celeridad. Se vislumbra un período
complicado, marcado por la concesión de un mayor número de ventajas para los
sindicalizados, el encarecimiento de la mano de obra, y la consolidación de una brecha
creciente entre el salario de los protegidos por el convenio, la nómina de conducción y las
condiciones de los contratos a terceros.
De acuerdo a cálculos preliminares el nuevo contrato cuesta 1.813 millones de bolívares
fuertes en 24 meses, en comparación con los 488 millones de bolívares fuertes en 28 meses del
contrato anterior. Por lo tanto el incremento supera el 271 por ciento y obliga a una pronta
corrección de la nómina de conducción, puesto que alrededor del 86 por ciento del personal de
dicha nómina devenga salarios inferiores al personal de convenio. Los retrasos observados en
resolver el atraso salarial de dicha nómina, ha llevado a reclamos y renuncias. Por otra parte, el
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Presidente de la República en distintas apariciones le ha reclamado a la cúpula sindical
tradicional, su apego a las prerrogativas obtenidas mediante el uso de la contratación colectiva
y su escaso compromiso con la revolución, al no rechazar los privilegios del viejo
sindicalismo. Sin embargo, en una visita a la planta, en presencia del Presidente Correa del
Ecuador, insistió en la importancia del movimiento sindical en la Venezuela socialista. No
obstante, los reclamos sindicales han continuado, se quejan de incumplimientos en la
contratación, retrasos en los pagos y gestión ineficiente de los cuadros administrativos.
El contexto internacional.
En la América Latina, luego de las privatizaciones sucedidas en los años ochenta y
noventa, la producción de acero líquido es responsabilidad en un 99 por ciento de la empresa
privada, en contraste, con el año 1987, dónde el 96 por ciento de la producción estaba en
manos de empresas estatales. Las tendencias del mercado global, han llevado a fusiones y
adquisiciones entre empresas, a fin de maximizar el potencial, producir con eficiencia y ejercer
mayor control sobre la oferta, un ejemplo de ello es Ternium. Este es el contexto en el cual le
tocará operar a la nueva empresa socialista, marcado por la presencia de grandes
conglomerados, eficientes y de alta productividad, compitiendo por un mercado regido por
normas internacionales del comercio, dónde se cuestiona la protección y el subsidio, que
algunos países otorgan a la producción.
En las cuentas públicas.
Según el comportamiento histórico de las empresas públicas venezolanas, éstas han sido
deficitarias, o sea que generan menos ingresos de lo que requieren para cubrir sus gastos
operativos, resultado, entre otros, de las abultadas nóminas, generosos contratos colectivos,
interferencia de criterios políticos en la toma de decisiones y la histórica incidencia de la sobre
valoración del bolívar en los precios. Esto impide mantener un programa regular de
inversiones a mediano y largo plazo, lo cual contribuye, en el tiempo, al desfase tecnológico y
a la pérdida de productividad. En estas circunstancias la empresa incurre en pérdidas
crecientes, lo que obliga al uso generalizado del endeudamiento y al rescate, en última
instancia por el Estado. Por lo tanto no es de extrañar que a mediano plazo, la eficiente
empresa de hoy, con un bajo nivel de endeudamiento, se vea obligada a recurrir a los
empréstitos, lo que obligará más temprano que tarde a su rescate mediante transferencias
directas del gobierno central.
La crisis global.
Lo acontecido en las últimas semanas del 2010: el derrumbe del mercado de valores y la
creciente amenaza de una contracción de la actividad económica mundial, pondrá a prueba la
capacidad de la nueva administración, para lidiar con una crisis de mercado, caracterizada por
baja en los precios, reducción de la demanda y altos costos asociados a los compromisos
laborales y sociales, vinculados a la nueva visión. De otro lado, la elevación del riesgo país,
complicará las posibilidades de obtener financiamiento externo, ya sea asociado a los créditos
de proveedores, cartas de crédito u operaciones externas, todo lo cual se hará más costoso y,
elevará considerablemente los gastos de financiamiento en un ambiente marcado por la
inseguridad tanto personal como jurídica.
Un comentario final.
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Los párrafos precedentes recogen que en el caso SIDOR, interviene entre otros, el
sentimiento muy arraigado de que la empresa nunca debió ser privatizada; el rechazo de las
autoridades a una gestión bajo el control del capital extranjero, a pesar de que fuese un
ejemplo de integración regional latinoamericana; los altos rendimientos del negocio en
contraste con el fracaso de la gestión pública en el aluminio y otras empresas del Estado; el
creciente carácter autoritario del régimen, el cual genera un marco legal, que presiona por la
desaparición de la presencia privada en el aparato productivo y promueve abiertamente el
control del Estado sobre la economía lo que se traduce en inseguridad jurídica, en especial en
relación a la inversión privada ya sea nacional o extranjera. Todo lo anterior operando en un
ambiente marcado nacional e internacionalmente por la desaceleración de la economía real,
enrarecido por la contracción del crédito y el alto riesgo país, lo que complicará aún más la
gestión para la empresa estatizada.
En muchas oportunidades he repetido que los años de contacto con una industria compleja,
que para su administración requiere conocimiento, tecnología y compromiso personal de los
responsables por su gestión a todos los niveles, me demostraron, que para operar con éxito se
requiere no sólo de la motivación al interior del proyecto, sino alcanzar una comunicación
directa y abierta, con los actores que juegan un papel clave, entre ellos: clientes, proveedores y
entorno comunitario. Sin conocer y apreciar la opinión de los involucrados es difícil entender
el negocio, sin embargo para formular estrategias, planes, programas y proyectos viables, es
indispensable el diálogo con los responsables por la política económica, cuyas decisiones
pueden afectar el desenvolvimiento de la industria, restringiendo su capacidad para generar
empleo estable y bien remunerado, creando así riqueza y bienestar no sólo para los
directamente involucrados sino para la sociedad en general.
En lo personal, la experiencia de entrar en contacto directo con el proceso productivo, luego
de años de actividad pública nacional e internacional, resultó reveladora, por lo que siempre
agradeceré la oportunidad de haber colaborado en un esfuerzo compartido para generar riqueza
en la Guayana venezolana.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Reflexiones sobre el socialismo del siglo XXI
y los cambios en las relaciones laborales
Teodoro Petkoff129
El país necesita un movimiento sindical, así como un movimiento empresarial
organizado, pero en este caso quisiera enfatizar la necesidad que tienen los
venezolanos y los trabajadores en particular de un movimiento sindical fuerte,
organizado, competente y combativo. Un movimiento sindical a la altura de los
tiempos que tenemos, y de los desafíos particulares que las reformas profundas
nos encaminaran hacia una economía de mercado moderno, planteada para todos
los sectores del país y en particular, desde luego, para los sectores laborales.
Palabras pronunciadas por Teodoro Petkoff, Ministro de Estado - Jefe de
Cordiplan, al informar al país sobre los acuerdos logrados por la comisión tripartita
en 1997
Bajo el titulo ¨Reflexiones sobre el Socialismo del Siglo XXI y los Cambios en las
Relaciones Laborales¨ se presentan opiniones y críticas que forman parte del debate sobre
diversos temas laborales y sindicales en estos últimos 14 años.
I. ¿Qué debería Entenderse por Socialismo?
Hoy ya no es posible sostener que la mera existencia de relaciones de producción no
capitalistas constituya per se un socialismo. Si por éste vamos a entender una nueva forma de
civilización, una totalidad político-institucional, económica y cultural, entonces la visión
estrechamente económica de sus características esenciales resulta poco satisfactoria. Y mucho
menos útil resulta cuando la lógica interna de la aproximación economicista al socialismo
termina por reducir sus logros a los índices estadísticos de producción. Esto es lo que ha dado
origen, por cierto, a ese curioso "desarrollismo de izquierda", con su correspondiente gusto por
las magnitudes faraónicas, que finaliza objetivamente, por considerar al socialismo apenas
como un método de organización económica más eficiente, para producir acero o electricidad.
Bien sabemos de dónde procede ese modo de valorar las cosas. Durante demasiado tiempo
el marxismo estuvo lastrado por una interpretación mecánica de las categorías "estructura" y
"superestructura", que concediendo a la primera tal primacía en el ordenamiento de los asuntos
sociales, reducía la segunda a una mera excrecencia adjetiva. La idea de totalidad social y de
interdeterminación entre sus partes componentes fue sacrificada en el altar del determinismo
económico, así fuera, "en última instancia", según reza la célebre expresión de Engels.
Hasta hace poco se pensaba que la creación de un poder político revolucionario era apenas
el medio para reorganizar las relaciones de producción y que era de estas, de las relaciones de
producción no capitalistas, de donde brotaba el socialismo. Por eso se podía producir esa
129
.Este trabajo fue realizado a partir de algunos editoriales y trabajos previamente realizados por el Dr. Teodoro Petkoff; recuperados,
compilados y organizados por el Prof. Teodoro Campos y el Prof. Luis Lauriño, y finalmente revisados y aprobados por su autor.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
dicotomía del pensamiento que llevaba a creer que la naturaleza no democrática del nuevo
Estado no tenía por qué afectar la naturaleza de la sociedad, cuyo carácter socialista estaba
asegurado por la fábrica. Hoy, gracias sobre todo a una práctica social concreta, descubrimos
que el poder político revolucionario es, desde luego, un medio, pero también un fin en sí
mismo, tanto más importante cuanto que el Estado ha adquirido hoy contornos que Marx no
pudo sospechar y que ponen en entredicho también la noción clásica de su extinción. De allí
que tanto como en las relaciones de producción, en el Estado mismo debe condenarse la
naturaleza socialista de la nueva sociedad. La socialización de las palancas de la economía
debe correr pareja con la socialización de las palancas de decisión política.
Caso de que no sea así, y que los centros de decisión política sean "apropiados" por
camarillas burocráticas y/o policiales, la propia socialización de los medios de producción
acaba por ser una forma burocrática de propiedad no capitalista. Los productores directos están
tan lejos de los centros de mando de la economía, tan alienados respecto del producto de su
trabajo y tan ausentes de toda posibilidad de intervenir en las decisiones sobre la plusvalía,
como en el capitalismo.
De modo, pues, que en rigor, el socialismo debe significar la transferencia del poder
político a los sectores sociales no capitalistas, para que sea ejercido por ellos, directamente, a
través de diversos niveles de autogobierno y a través de los órganos representativos, de modo
que todas las decisiones, incluyendo las referidas a la socialización de la economía, sean
expresión del mayor grado de participación ciudadana.
En otras palabras, el socialismo debe hacer verdad la bella definición lincolniana de la
democracia: gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo.
La instancia política, pues, resulta de primordial importancia para establecer la identidad de
un régimen socialista. Si ella no es democrática, si, por no serlo, y por ello mismo, el pueblo,
supuesto sujeto del proceso revolucionario, no tiene acceso a los centros de toma de decisiones
ni modo de controlar a quienes las toman en su nombre, por muy liquidadas que estén las
relaciones de producción capitalistas, no se puede hablar, sin embargo, de socialismo.
Que las cosas hayan ocurrido de otro modo en el mundo socialista tiene diversas
explicaciones históricas y sociológicas, que no vienen a cuento en este momento. En cambio,
sí importa mucho considerar, aunque sea brevemente, esa racionalización teórica de los
autoritarismos socialistas que es la dictadura del proletariado, porque ella inspira con
demasiada fuerza todavía a distintos movimientos revolucionarios en todo el mundo y porque,
además, todavía posee cierta eficacia como coartada.
Aunque no fuera sino por el hecho de que ella ha servido para dar cartas de nobleza a
algunas perversiones monstruosas y a tremendas iniquidades, no debería otorgársele a la
"dictadura del proletariado" ninguna pertinencia histórica ni política. Pero esta no es la razón
de fondo, desde luego, para considerarla como una categoría teórico-política es imposible en
ningún país del mundo, comenzando precisamente por aquellos donde se dice que existió o
existe. A menos que nos refugiemos, para darle beligerancia, en la noción, completamente
inocua, de que toda hegemonía clasista es una dictadura. Pero, el modelo teórico que dividía a
la sociedad en dos grandes bloques antagónicos - burgueses y proletarios - no posee
contrapartida real y la hegemonía de la burguesía no puede ser suplantada por la de un
proletariado que en muchos países no existe y en otros, incluyendo a los más avanzados en el
capitalismo, está acompañado de muchos otros sectores no capitalistas, cuya presencia no
puede excluirse a priori de un nuevo bloque social hegemónico. "Dictadura del proletariado",
pues, aún en su prístino sentido marxista, - que, por cierto, tiene poco que ver con la existencia
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de formas dictatoriales de gobierno – es una fórmula carente de contenido real, e inservible,
por tanto, para ningún propósito de movilización política y transformación social.
Hablemos, entonces, de la dictadura. De la dictadura sin apellidos. Lo grave no es que ella
haya existido. En fin de cuentas, las circunstancias históricas pueden haber hecho forzoso el
recurso a la dictadura en determinados casos, el establecimiento de estados de excepción;
práctica, por lo demás, no ajena a ningún Estado. Lo grave es que, por una parte, los que
debieron ser momentos de excepción se transformaron en rasgos estructurales de la sociedad y
contribuyeron a conformar un modo de vida social general crónicamente autoritario. Por otra
parte, lo que debió ser un momento de excepción y, por lo mismo, sumamente cuidado en el
manejo de las restricciones a la libertad, para que los medios no negaran a los fines, dio pie - y
da aún, si nos atenemos a los relatos sobre las tropelías de la famosa "banda de los cuatro" o a
los casi surrealistas acontecimientos de Kampuchea - para aberrantes violaciones de los
derechos humanos y de la dignidad de la persona.
Cualquier debate serio sobre el socialismo no puede hacerse como si estuviéramos en el
siglo XIX, cuando no se había dado ninguna experiencia concreta de aquel en ninguna parte.
Ahora no. Es imposible, en este amanecer del siglo XXI, hablar de socialismo haciendo
abstracción de lo que en nombre de éste fue adelantado a lo largo del siglo XX.
¿Qué lecciones nos arroja la historia? Por un lado, en el antiguo imperio zarista ruso, la
práctica leninianostalinista hizo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas un
monstruoso aborto de la historia, que terminó hundiéndose víctima de sus contradicciones —
en irónica contrapartida del inefable “hundimiento del capitalismo”, que en algún breve
momento Marx mismo llegó a plantearse como posibilidad. También en China, la práctica
maoísta condujo a otro “museo de horrores” y casi al colapso del país, en tanto que en Cuba, la
práctica fidelista ha dado como resultado una sociedad enferma, moralmente trastornada,
social y económicamente arruinada y férreamente sometida durante medio siglo a la voluntad
de su todopoderoso “comandante en jefe”.
Los tres casos, a los cuales hay que sumar todos los que le fueron afines, condujeron a la
bancarrota económica y al empobrecimiento social, a la tiranía y al totalitarismo.
Las viejas contradicciones sociales fueron sustituidas por nuevas contradicciones sociales.
La nomenklatura ocupó el espacio de la burguesía y de los terratenientes, en tanto que obreros
y campesinos pasaron a ser vasallos del Estado, tan explotados como siempre. Nuevos
privilegios y abusos de poder ocuparon el lugar de los antiguos; nuevas desigualdades
sustituyeron a las que se pretendió superar; la chatura y la pobreza cultural se hicieron
proverbiales y el deporte fue transformado en un peculiar sucedáneo del “opio del pueblo” que
Marx veía en la religión, sustituida esta, además, por su versión laica, el marxismo-leninismo.
Todo esto sustentado por aparatos policíacos y militares que hicieron del terror el eje de la
política interna en cada uno de esos países, anulando derechos humanos y conquistas
democráticas que eran producto del secular proceso civilizatorio de la humanidad, así como de
las luchas populares.
El balance global de estos modelos se cuenta entre las más grandes tragedias de un siglo
como el pasado, que fue particularmente pródigo en ellas.
Por otro lado, también en nombre del socialismo, hemos conocido las experiencias de
reformismo avanzado de la socialdemocracia, en particular en Europa, que si bien no han
“volteado la tortilla” sí han aportado importantes avances, cada vez más altos, en la calidad de
vida material y espiritual de toda la sociedad, ampliando y profundizando la democracia y con
ella el poder de decisión de los trabajadores y de los humildes en general. No tuvieron ni
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tienen el romántico atractivo de las aventuras revolucionarias, pero cuando se comparan sus
logros con los alcanzados por sus “hermanos-enemigos” bolcheviques, maoístas o fidelistas
viene a la memoria la genial paradoja de Bertolt Brecht: felices los pueblos que no tienen
héroes.
II. “Socialismo del Siglo XXI”
La sombra de estas experiencias históricas planea sobre quienes en este siglo XXI se
ocupan de estos temas. ¿Lo que estamos viviendo en Venezuela hacia cuál de estas versiones
podría estarse orientando?
Chávez suele decir que “su” socialismo va a construirse en la propia marcha y que no
repetirá ni el modelo soviético ni el cubano. Los hechos, sin embargo, parecen desmentirlo. Lo
que viene ocurriendo en nuestro país apunta más hacia las experiencias totalitarias y fracasadas
del siglo XX que hacia las democráticas y exitosas. No importa lo que digan Chávez y sus
pocos voceros en esta materia. Son palabras, sólo palabras.
Los hechos son mucho más elocuentes.
Aparte de las nacionalizaciones anunciadas (que pueden ser llevadas a cabo por cualquier
clase de régimen) y los patéticos y naufragados experimentos cooperativistas y de cogestión,
por lo que respecta a la economía, el proyecto es todavía altamente confuso y gaseoso. Pero no
lo es en cuanto se refiere al marco institucional y político que Chávez considera necesario para
la meta que se propone. En este particular sí existe una política concreta, incluso si esta
inicialmente no se orientaba de manera explícita hacia el objetivo socialista y teniendo en
cuenta que bastante de lo que ha ocurrido obedece a las contingencias de la dura confrontación
política de estos años y a sus resultados.
El conjunto anterior nos estaría llevando a la reproducción de lo que en involuntaria ironía
fue llamado “socialismo real”. Puede ser que Chávez insista de palabra en que no es esto lo
que quiere, pero la inercia de sus actos lo conduce, si el país no se lo impide, a materializar
esta sombría perspectiva. La conjunción de la naturaleza militarista del régimen con los
náufragos de la izquierda marxista-leninista —que de suyo es autoritaria e incluso
dictatorial—, unida a la cada vez más visible inspiración fascistoide, marca indeleblemente el
proyecto chavista. De esa amalgama no puede surgir ningún diseño democrático.
Y resulta que la experiencia histórica demuestra clamorosamente que sin los instrumentos
de la democracia, incluyendo los llamados despectivamente “formales”, el poder del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo, que se supone consustancial al socialismo, se vuelve una
ficción. Peor aún, siendo ficticios los mecanismos representativos y/o participativos, no hay
manera de corregir errores, sobre todo los económicos, que tan graves suelen ser. Cada
“colectivización”, cada “revolución cultural” dejó pueblos más pobres. El poder sólo se oye a
sí mismo y sólo oye lo que le gusta. De allí las catástrofes económicas y sociales que han
caracterizado a los “socialismos” totalitarios. No hay democracia y tampoco hay bienestar. No
hay libertad y tampoco hay justicia. La pobreza, el atraso, el subdesarrollo, la desigualdad, la
injusticia, el Estado policial, el miedo, han sido constantes históricas en países donde en
nombre del socialismo se quiso formar esa mítica abstracción denominada “hombre nuevo”.
Que, en definitiva, ha resultado ser el mismo de siempre, pero peor.
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III. Hacia un Modelo Socialista de las Relaciones Laborales
En la economía, el “Socialismo del siglo XXI” tiene dos vertientes. Una, es la expansión
del estatismo y la asfixia del sector privado; la otra, la liquidación del movimiento sindical
como objetivo de mediano plazo. Por un lado, se estatizan empresas de todos los tamaños, al
mismo tiempo que se rodea al sector productor privado de una espesa alambrada de púas,
compuesta de toda clase de leyes, decretos, resoluciones y arbitrariedades, reduciéndolo a una
suerte de vida vegetativa, en la cual decae día tras día. Por el otro, a los sindicatos de las
grandes empresas, desde Pdvsa hasta las de Guayana, pasando por contratistas petroleras y
supermercados e, incluso, torrefactoras de café, así como a los de la administración pública, se
les ningunea sistemáticamente, con el claro propósito de sacarlos de la escena, liquidando,
como prioridad “revolucionaria”, la contratación colectiva. A los sindicatos que operan en el
sector privado se les viene creando una red de organizaciones paralelas, dirigida por activistas
del oficialismo, que, finalmente, debilita al conjunto, haciendo irrelevante la presencia
sindical, que es el objetivo último.
A la estatización de las contratistas venezolanas de Pdvsa en la Costa Oriental del Lago, ha
seguido, en Guayana, la de cinco empresas procesadoras de hierro, suministradoras de Sidor.
Aunque toda estatización constituye, obviamente, una acción política, suele suceder, en no
pocas oportunidades, que ellas posean una determinada pertinencia o justificación puramente
económica, además de la política. No es este el caso de estas últimas estatizaciones en nuestro
país. De hecho, en estricto sentido económico, no sólo son completamente innecesarias sino
que, muy probablemente, terminen siendo altamente contraproducentes desde aquel punto de
vista.
La estatización de casi todo cuanto tiene que ver con la industria petrolera, al igual que todo
lo que atañe al hierro y la siderurgia, a la electricidad, a la columna vertebral de las
telecomunicaciones, al aluminio, da al Estado, de entrada y entre otros objetivos, una
capacidad de controlar y, eventualmente, silenciar, a los núcleos laborales más concentrados,
más modernos y más organizados de toda la economía. Lo más importante de la organización
laboral venezolana está concentrado en esos sectores. De hecho, en éstos, los niveles de
sindicalización son muy superiores al promedio nacional, que hoy es bastante bajo.
De esta forma, es forzoso concluir, pues, que la razón de ser de las estatizaciones es
exclusivamente política. Forman parte de una concepción estatista, centralista y autocrática de
las relaciones entre el Estado y la sociedad, que se acerca a la que fue propia de los regímenes
comunistas que se hundieron con la Unión Soviética y que sobreviven en Cuba y NorCorea y
han mutado, en lo económico -que no en lo político-institucional-, en capitalismo salvaje en
China y Vietnam. El estatismo en lo económico, el centralismo y el autocratismo en lo
político-administrativo, son mecanismos, -además de los represivos,- para la afirmación y
consolidación de un poder político (personal o de partido), no democrático y con la pretensión
de controlar, más allá de los poderes públicos, a la propia sociedad.
Para un proyecto totalitario es esencial anular la capacidad de acción de esos trabajadores.
Todo el poder del Estado será puesto al servicio de ese objetivo. Desde el chantaje del despido
masivo ("Lo hice con Pdvsa, no me cuesta nada hacerlo con ustedes", amenazó Chávez a los
obreros de Guayana), jugando, como el capitalismo más salvaje, con lo que Marx denominara
"ejército industrial de reserva", esto es, los miles de desempleados disponibles para sustituir a
los despedidos; hasta la reformulación primero y la liquidación después, de la contratación
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colectiva, pasando por la neutralización de los sindicatos mediante los inefables "consejos
obreros" y la criminalización de la protesta obrera, con tribunales complacientes que cumplirán
las órdenes. Todo, pues, será lanzado contra el movimiento obrero de las empresas estatales.
El caso es que las relaciones obrero-patronales no se reducen a la cuestión de sueldos y
salarios, por importante que sea esta, sino que abarcan un amplio y variado conjunto de
reivindicaciones atinentes a las condiciones generales del desempeño laboral y de las
obligaciones de los patronos para con los trabajadores. El mecanismo del decreto anual o
bianual (como en el caso de los médicos), con prescindencia de la discusión con los
trabajadores, los cuales dejan de ser sujeto activo del proceso que los involucra para ser
reducidos a la condición de sujetos pasivos de las decisiones presidenciales, no sólo vulnera
una conquista histórica del movimiento obrero mundial, debida en mucho a las luchas de los
grandes movimientos obreros de orientación socialista, en la Europa de la segunda mitad del
siglo XIX y la primera del siguiente también en nuestro país, sino que transforma en puro
gamelote toda la retórica chavista sobre la “democracia participativa”. A esos trabajadores
simplemente se les “participa” cuál será el incremento salarial que Chávez se digna
concederles, con prescindencia de toda otra reivindicación contemplada en la contratación
colectiva tradicional y sin que ellos tengan arte ni parte en el asunto.
Pero el fenómeno tiene una implicación más profunda. No se trata sólo de liquidar la
contratación colectiva sino de cambiar completamente la naturaleza del movimiento sindical.
El gobierno apunta a barrer con el sindicalismo independiente, tanto del Estado como de los
patronos privados, y sustituirlo por organizaciones de fachada laboral, cuyo rol es el de
representar al Estado ante los trabajadores, tanto en el sector público como en el privado, y no,
como debe ser, a los trabajadores ante sus patronos públicos y privados, porque siempre
existirán contradicciones y enfoques diferentes entre patronos y trabajadores, que deben ser
resueltos en la mesa de negociaciones y, eventualmente, mediante la presión huelguística, que
tampoco, por cierto, admite el régimen, bloqueándola por todos los medios.
Determinados aspectos del documento titulado "Políticas Laborales y Negociación
Colectiva", producido en una encerrona ministerial en Abril de 2009, ya permitían comprender
que existe una disposición en el gobierno a producir cambios de mucha monta en las
relaciones obreropatronales, sin tomar en cuenta precisamente a la otra gran variable de la
ecuación: la clase obrera y los trabajadores en general. No existe disposición al diálogo ni a la
negociación y ni siquiera al reconocimiento de la clase obrera como interlocutor válido, sino a
la imposición del modelo staliniano y antidemocrático (lo cual es una redundancia) de lo que
Chávez denomina Socialismo, pero que, precisamente por esas características, nada tiene que
ver con una idea de cambio social basado en el rol protagónico de la propia sociedad y, en este
caso, de sus sectores laborales.
Todo esto tiene su origen en la concepción, acuñada por Lenin, de que la clase obrera, por sí
sola, no es capaz de producir sino ideas "sindicalistas" y meramente "reformistas" y que toca,
por tanto, a una "vanguardia esclarecida" de la clase obrera (autodesignada como tal), esto es,
al propio partido "socialista", "inyectarle" las ideas revolucionarias. A esto se referían los
ministros en su encerrona cuando asentaban lo siguiente: "Articulación del Partido, del Frente
Socialista de Trabajadores y del Gobierno en relación al papel de los trabajadores en la
construcción del socialismo". A esto apunta esta otra conclusión: "Los contratos colectivos
deben ser instrumentos para la construcción del socialismo", proponiéndose, por tanto,
cambiar el actual modelo de contratación, que se supone dirigido, modestamente, a normar las
relaciones obreropatronales en la empresa, por otro, nada menos que para "consolidar la
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noción de que las convenciones colectivas en el sector público son un instrumento de
compromiso con los derechos de todo el pueblo".
El contrato colectivo dependerá, pues, de lo que el gobierno decida son "los derechos de
todo el pueblo". En otros términos, el gobierno se propone "inyectar" pensamiento
"revolucionario" en esta clase obrera nuestra, "reformista" y "sindicalista", para dotarla de
"conciencia de clase", lo cual, como bien revela la experiencia histórica del modelo
"socialista" que el chavismo pretende copiar, significa la reducción de la clase obrera a una
suerte de zombi, totalmente sometida y subordinada al gobierno y a su burocracia "sindical".
Curiosamente, el propio Lenin, ya tomado el poder, polemizaba con Trotsky, quien
proponía "militarizar" los sindicatos, aduciendo Lenin que, aun siendo soporte del régimen
bolchevique, la clase obrera poseía reivindicaciones específicas que eventualmente podían
oponerla a su propio Estado-patrono y ello hacía indispensable la existencia de un movimiento
sindical independiente.
IV. Destrucción del Movimiento Sindical Tradicional
Desde que el chavismo escogió el camino de destruir el movimiento sindical tradicional, se
dio a crear sindicatos paralelos a los antiguos, tanto en el sector público como en el privado.
Primero fueron paralelos a los viejos sindicatos cetevistas, después comenzaron a ser paralelos
respecto de sí mismos. Eso desató la guerra por el control de los puestos de trabajo, de los
contratos y de los afiliados. Guerra librada por la interpuesta persona de sicarios, contratados
para eliminar rivales, y por tanto guerra especialmente sangrienta. Por ejemplo, en Guayana,
donde existía un solo sindicato de la construcción, ahora hay once, cuyos "dirigentes" se dicen
seguidores del "proceso".
Los sindicatos paralelos a los antiguos tratan, y muchas veces logran, imponer su
supremacía a tiros. En la industria de la construcción, la contratación colectiva impone al
empleador solicitar del sindicato el 75% de los trabajadores que requiera, lo cual, como no es
difícil entender, transforma a los sindicatos en verdaderas agencias de empleos. Más
importante que la defensa de los intereses de sus agremiados es, para esos "sindicalistas",
asegurarse el control de los cupos, por cada uno de los cuales reciben una "comisión" del
trabajador que por esa vía logra una chamba. Entre junio de 2008 y agosto de 2010 han sido
asesinados 122 sindicalistas en Venezuela. Una cifra escalofriante, cuya particularidad es que
tales crímenes son producto de las luchas intersindicales, sobre todo en el sector construcción
y en el petrolero. Por asombroso que parezca, la razón última de esta matanza se encuentra en
la lucha por los puestos de trabajo. El desempleo, pues, subyace en este baño de sangre
"sindical".
Aunque no se trata de crímenes políticos, propiamente dichos, la responsabilidad general
del gobierno es imposible de desestimar. En un estudio realizado por Provea y la Vicaría de
Derechos Humanos, entre 1997 y 2007, cuando "sólo" se produjeron 52 asesinatos de
sindicalistas, apenas 3 de ellos fueron investigados y sancionados sus autores. En los 122 casos
habidos en los dos últimos años, el porcentaje de investigados, y sancionados sus autores, es
aún menor. Es obvio que el Estado y el gobierno no cumplen con sus obligaciones. La
impunidad sube de punto porque en el caso de los sindicalistas asesinados, tanto las escenas de
los crímenes como los motivos y la naturaleza de las confrontaciones entre los "dirigentes
sindicales" hacen mucho menos complicada la investigación y el reconocimiento de los
autores ¬al menos los que pagan a los sicarios- que en los episodios prácticamente anónimos
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de la hecatombe en los barrios populares, donde ya es evidente que la policía ni siquiera se
toma la molestia de simular una investigación -salvo que la víctima sea miembro de un cuerpo
de seguridad- en cuyo caso, la movilización policial da con los culpables casi de inmediato.
Es obvio, entonces, que la impunidad que cubre a los asesinos de sindicalistas se inscribe
dentro del marco de la impunidad general existente en el país frente a toda clase de delitos, en
particular los homicidios. Pero a la impunidad general habría que añadir otro factor
específicamente sindical, cuya responsabilidad también atañe a las políticas oficiales hacia el
sector laboral. Como señala Provea, no sin razón, la política oficial de estimular el
"paralelismo sindical", es decir, la creación de sindicatos paralelos a aquellos ya existentes y
cuyas directivas no pueden ganar electoralmente, tiene mucho que ver con la existencia de un
clima verdaderamente mafioso en la confrontación intersindical.
Para remate, la debilidad general del movimiento sindical, cuya destrucción es uno de los
objetivos del chavismo, impide que éste actúe autónomamente en la salvaguarda de un
laboralismo clasista y serio, ajeno a las prácticas mafiosas y criminales.
V. Conflictividad Laboral
Hubo una época, no hace tanto, en que visitar Guayana constituía una estimulante y diríase
que hasta gozosa experiencia. En cierto modo, y durante un tiempo, Guayana fue la imagen del
país que queríamos ser.
Sin embargo, no siempre la realidad se ajustaba a la imagen. Sidor, buque insignia de la
industria pesada guayanesa, estatal, era una empresa subproductiva y, paradójicamente,
sobrecargada de personal. En las empresas del aluminio, siempre Alcasa daba la nota falsa,
esperando eternamente por la Quinta Línea. Pero, en general, el complejo alumínico de
Guayana había hecho de Venezuela el séptimo productor mundial de ese metal, pero el
deterioro de las empresas ya era visible hacia finales de los 90 y se planificó su privatización,
para seguir el ejemplo de Sidor.
En 1997, Sidor había sido privatizada. De allí en adelante, la siderúrgica comenzó a echar
pa`lante. El chavismo le puso la mano a la empresa a principios de 2008, y un año antes su
producción alcanzaba los 4.3 millones de toneladas anuales. En 2010, la producción de Sidor
cayó a 1.8 millones de toneladas y en 2011 siguió en el foso: 2.4 millones de toneladas. Entre
2009 y 2010 la siderúrgica dejo de producir 11,5 millones de cabillas. Simultáneamente,
recomenzó el perverso proceso de meterle gente a la empresa. Total, Sidor ha vuelto a ser la
empresa fallida que era hasta la fecha de su privatización.
La fuente de materia prima de Sidor, el hierro, producido por Ferrominera, ha seguido,
como la cola al perro, la caída de la primera. Normalmente la empresa minera producía entre
22 y 23 millones de toneladas por año; los últimos tres años la producción estuvo oscilando
entre 12 y 13 millones de toneladas. Producidas en 70%, vaya ironía, por dos contratistas
privadas, en tanto que era entregada a una empresa china el rol de agente de compras en el
exterior para la minera "venezolana".
Bauxilum, la minera de la bauxita, cayó en 2011 a 2.4 millones de toneladas anuales, desde
una producción tradicional de unas 6 millones de toneladas. La producción de alúmina
descendió de 2 millones de toneladas a 1.2 millones. La producción de aluminio se ha venido
en picada. Alcasa, mal que bien y pese a sus dolencias, producía 200 mil toneladas anuales; en
2011 su producción cayó a 60 mil. Venalum descendió en 2011 a 270 mil toneladas anuales
contra su nivel normal de 430 mil.
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Los platos rotos los paga la nación entera, pero quienes están resultando más directamente
afectados son los trabajadores. Estos, sin embargo, a la hora del reclamo, colocan por delante
no sus propias reivindicaciones sino las que atañen a la superación del desastre técnico y
financiero en el que Chavez ha sumido a las enormes plantas. Es una demostración de
responsabilidad patriótica que enaltece a estos obreros. Es la defensa de los intereses de la
nación, pero también la de sus fuentes de trabajo.
Las reivindicaciones incluyen no sólo el pago regular de los salarios -amenazado por la falta
de recursos- sino también la recuperación de sus prestaciones sociales y de los intereses que
estás generan -cuyo destino no se conoce, malbaratado como ha sido ese dinero por la gerencia
"socialista"-; también el derecho a las vacaciones anuales, insólitamente negadas "porque no
hay plata para pagarlas" y, en particular, la depuración de la pésima gerencia de todas las
empresas.
El epicentro de la agitación sindical está en Guayana porque en esta región, la destrucción
de las empresas básicas por la mezcla corrosiva de ineficiencia y corrupción mafiosa que
impera en la CVG y en las directivas de las propias empresas, y que las ha llevado
prácticamente a la quiebra, amenaza hoy las propias condiciones de trabajo, así como las
conquistas establecidas en los contratos colectivos. Los legendarios “matanceros” de Sidor se
sienten robados por la CVG, que no les entrega las acciones de la empresa ni les paga los
dineros que sobre ellas les debe; los enfermos del aluminio se cansaron de acampar en
múltiples oportunidades en la CVG sin que las autoridades se hubieran dado por enteradas. La
protesta ha unido a trabajadores y sindicalistas de todas las corrientes políticas, incluyendo las
que se identifican con el gobierno, porque la mortal guillotina de la gerencia depredadora e
incapaz no hace distingos políticos.
¿Cuál ha sido la respuesta de Chávez? La que le es típica. El insulto y la agresión a los
trabajadores, la descalificación, la amenaza y el reto. El Presidente constantemente desafía a
los trabajadores a que vayan a paro ("el que pare una empresa del Estado está contra el jefe del
Estado", vociferó una vez en Ciudad Piar, cuando colocaba, ¡por quinta vez!, la primera piedra
de la nueva siderúrgica). Los provoca con los insultos, deseando que le den el pretexto para
proceder a despidos masivos y al establecimiento de un nuevo modelo de relación obreropatronal, sin la intermediación de sindicatos y sin contratos colectivos discutidos con estos.
Desde luego, la amenaza implica también la liquidación del derecho de huelga.
Pero los sindicalistas no se le han quedado callados. Sus respuestas han sido directas y
duras. Señalan la responsabilidad del gobierno y de las mafias corruptas en el brutal deterioro
de las empresas del aluminio; desmienten las falsedades que ha soltado Chávez ("horas extras
que se cobran por diez"; "carros que se les subsidian",…) y no mordieron el peine de la
provocación ("¿Qué vamos a parar, si las empresas están paradas como producto de la
desinversión de todos estos años?"). Algún sindicalista señaló en una oportunidad el contraste
entre lo que ganan los trabajadores y los sueldos de la alta burocracia: "Él considera
corrupción que un trabajador (...) quiera ganar tres mil bolívares fuertes, pero los magistrados
y ministros ganan 25, 30 y 40 millones de bolívares de los viejos". Algún otro apuntó,
irónicamente: "Cuando yo vea al Presidente y a sus ministros mandando sus hijos a colegios
bolivarianos, yo voy a mandar los míos también. Que arregle las escuelas públicas en lugar de
criticar las oportunidades que hemos conquistado para los hijos de los trabajadores".
Ese postulado estúpido de que la empresa socialista no tiene que ocuparse de zarandajas
como la productividad y la ganancia es la cínica hoja de parra con la cual Chávez, y la manada
de hampones e incapaces que ha colocado como gerentes, racionalizan su abismal incapacidad
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para dirigir algo más que la cantina de un cuartel ¿Qué diría Marx de una "revolución" que se
ensaña contra la clase obrera? A Chávez se le podría definir con el verso de la vieja canción
comunista la joven guardia: "El burgués insaciable y cruel".
VI. Criminalización de la Protesta Sindical
Siete años, seis meses y 21 días: tal fue la sentencia que un tribunal chavista dictó en
febrero de 2011 contra el sindicalista Rubén González, secretario general del sindicato de
Ferrominera, por el "horrendo delito" de haber dirigido un paro de esos obreros, reclamando
pagos pendientes, establecidos en el contrato colectivo, así como otras reivindicaciones
laborales derivadas del incumplimiento del mencionado contrato.
O sea, que Rubén González fue condenado simplemente por actuar conforme a lo que se
espera de quien ejerce el cargo para el cual fue elegido por sus compañeros de trabajo:
colocarse a la cabeza del reclamo de una masa laboral cuyo contrato colectivo no era respetado
por la empresa para la cual prestan sus servicios.
No fue la acción de Rubén González la primera de los combativos obreros de Ferrominera,
empresa estatal nacionalizada en 1975 por el gobierno de Carlos Andrés Pérez que tiene a su
cargo la producción de mineral de hierro en las minas de Cerro Bolívar, en Guayana. Los
obreros del hierro poseen una larga tradición de lucha y han protagonizado, a lo largo de los
años, muchos paros y huelgas en reclamo de las que consideran sus justas aspiraciones.
Pero el patrono estatal de ahora no es el mismo que tuvieron entre 1975 y 1998.
Hubo conflictos severos en esos años, algunos muy prolongados, pero nunca se libró ningún
tipo de represión contra los obreros del hierro por ejercer sus derechos sindicales. El nuevo
patrono, personificado en el gobierno de Hugo Chávez, no acepta reclamos laborales, no
discute contratos colectivos, está empeñado en destruir el movimiento sindical y sustituirlo por
una organización denominada "control obrero", integrada por sus perros de presa (que nunca
faltan) en las empresas. El experimento antisindical comenzó en las empresas básicas de
Guayana y la prisión y condena de Rubén González forma parte del mensaje que se envía a los
sindicalistas y trabajadores de la región y de todo el país: no reclamen, no luchen contra el
Estado-patrono porque les puede pasar lo mismo que a Rubén González.
La sentencia no tiene precedentes en nuestro país, porque es la primera vez que un
sindicalista es condenado a prisión por el mero hecho de actuar conforme a las
responsabilidades de su cargo. El tribunal guayanés que dictó el monstruoso veredicto, debió
estar presidido por un juez que seguramente es uno de esos típicos sicarios judiciales que
Chávez tiene a su servicio. Hay muchos otros sindicalistas sometidos a juicio y con la
sentencia a Rubén González se retrocede más de medio siglo, a la Venezuela gomecista y
perezjimenista, donde la organización sindical era perseguida y hostigada tal como hoy
pretende hacerlo Chávez.
VII. Reunificación Sindical (Neosindicalismo)
Durante décadas, como consecuencia de una concepción que subordinaba desde las
organizaciones estudiantiles hasta la sociedad del Santo Niño de Atocha, pasando en particular
por los sindicatos, dado su peso específico en la vida social, al "control" de los partidos
políticos. Si durante una época inicial se podía entender que en un país donde los partidos
fueron primero que prácticamente todas las organizaciones civiles y que el sindicalismo
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organizado debió mucho al activismo político y los partidos literalmente "parieron" a los
sindicatos, pocos años después lo que fue virtud y necesidad se transformó en un vicio que
despojó al movimiento obrero de su especificidad y de su autonomía, haciéndolo mera "correa
de transmisión de la voluntad del partido", como rezaba la conocida locución de Lenin acerca
del rol de las organizaciones obreras. Eso los fue matando. Con la crisis de los partidos
políticos, el sindicalismo también se desplomó. Afortunadamente, el neosindicalismo ha
metabolizado esa experiencia y si algo defiende fieramente es su independencia y autonomía.
Lo importante es que en los últimos años, una combinación de antiguos y nuevos
luchadores obreros ha venido dando vida a organizaciones proletarias de base, que poco a poco
van configurando nuevos organismos de conducción global. Lo interesante es que la política
antiobrera del gobierno nacional ha producido un encuentro entre sindicalistas que desde
siempre estuvieron colocados en un postura crítica respecto del gobierno, y dirigentes
sindicales que fueron, e incluso lo son todavía, afectos al gobierno, pero que han venido
encontrándose con sus compañeros políticamente diferentes en el terreno de la defensa de los
intereses clasistas y en la defensa de los meros fueros del sindicalismo.
Muchos luchadores obreros que confiaron en el gobierno están descubriendo que este tiene
el proyecto de destruir el movimiento sindical tradicional, para sustituirlo por organizaciones
estrechamente dependientes del gobierno, cuyo rol no es propiamente la lucha por los intereses
de los trabajadores sino acompañar al gobierno en su intención de destruir el movimiento
sindical organizado. Esto explica la particular reacción producida en Guayana, donde
confluyen sindicalistas de uno y otro sector político, pero unidos hoy por el reclamo
estrictamente sindical y reivindicativo.
Así, uno de los más prometedores acontecimientos habidos en los últimos tiempos lo
constituyó la marcha de los trabajadores reorganizados sindicalmente el sábado 5 de febrero
del 2011. No por su magnitud, que sin ser enorme reunió, sin embargo, varios miles de
trabajadores provenientes de todo el país, sino por lo que marca como un paso firme hacia la
reunificación de las diversas corrientes sindicales que poco a poco han ido reconstruyendo, con
paciencia y tenacidad, las bases de un nuevo sindicalismo. Un sindicalismo realmente
independiente, no "controlado" por ningún partido político.
La marcha de los obreros del 5 de febrero de 2011 ha sido la primera manifestación pública
de un movimiento de base, no subterráneo pero sí localizado en las meras empresas, allí donde
se bate el cobre real de la lucha obrera, con un criterio unitario construido desde abajo,
tratando de superar la dispersión que lo caracterizaba hasta esa fecha.
VIII. Desempleo
El empleo asalariado, estable y de calidad constituye una condición fundamental para las
relaciones de trabajo. De acuerdo con un cierto análisis en profundidad realizado por el Centro
Gumilla, resulta que a los sectores populares (llamados por los encuestólogos D y E) el
problema que más les preocupa, contrariamente a la opinión más generalizada (y más
difundida por las encuestadoras convencionales) es el del desempleo. Ante todo habría que
señalar que el concepto de desempleo que maneja el INE (y no sólo desde ahora) no es el que
se utiliza en el barrio. Oficialmente, el INE habla de una cifra de desempleo que se mueve
entre 8% y 10%, pero, simultáneamente, informa que la población que se mueve en el sector
informal de la economía fluctúa entre el 45% y el 48%. Pues bien, ese venezolano que el INE
considera “empleado” porque trabaja, por ejemplo, vendiendo chucherías en una autopista, se
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
ve a sí mismo como un desempleado que sorteando carros en la autopista apenas si se
“resuelve”.
De igual manera ese venezolano que informa haber trabajado dos horas durante la semana
previa a la encuesta tampoco es calificado como desempleado. En definitiva, el alto volumen
de trabajadores en el sector informal oculta la realidad de un nivel de desempleo muchísimo
mayor que el oficialmente presentado por el INE. De no ser así no se entendería por qué para
los venezolanos de los sectores más humildes la calamidad más acuciante es la falta de un
trabajo que ellos puedan considerar como tal: uno con su horario y su salario, amén de la
cobertura que suponen les presta la legislación laboral. En otras palabras, los llamados
trabajadores informales se conceptúan a sí mismos como desempleados.
Un desempleado o un trabajador informal no es sólo una persona que muy precariamente
puede atender las necesidades de su familia sino que además su propia autoestima está
severamente lastimada por una percepción de inutilidad o de vivir al margen de la vida. Por
eso, la mayoría de ellos responde que las “misiones” están muy bien pero que ellos preferirían
un trabajo estable y digno. Que es precisamente lo que la chavoeconomía no es capaz de
proporcionar.
En este campo, el de la creación de empleos, el fracaso de la “revolución bonita” es
francamente estruendoso. Es cierto que ha elevado la nómina pública de 900 mil a 2,3
millones de trabajadores y que en este sentido, por muy improductivo, burocrático o
simplemente ficticio que sea, puede jactarse de haber “creado” empleo. Por supuesto, esa ha
sido la respuesta de un régimen sin idea de qué hacer con la economía: desarrollar un inmenso
sector público, que “ocupa” casi el 20% de la población activa del país, pero que no añade ni
un centésimo de punto al Producto Interno Bruto, no produce nada. Los precios del petróleo
explican el sostenimiento de esa enorme burocracia. No es la economía nacional. En la esfera
productiva la destrucción de puestos de trabajo, no sólo de empleos, ha sido catastrófica. Por
eso las cifras reales de desempleo permanecen prácticamente estables desde hace años. La
economía productiva, la creadora de empleos formales, no sólo no crece sino que ha venido
siendo destruida sistemáticamente.
IX. Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT)
En dos de las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 se establece la
obligación de la Asamblea Nacional de aprobar “dentro del primer año a partir de su
instalación” una reforma de la Ley del Trabajo para establecer un nuevo régimen de
prestaciones sociales, así como normas que regulen la jornada laboral, disminuyendo en forma
progresiva la duración de ésta; en otra se dispone la aprobación de una Ley Orgánica Procesal
del Trabajo.
En dos platos, el gobierno concedía tanta importancia a la legislación laboral que se ocupó
de ella en dos de las disposiciones transitorias, tratamiento que no se dio a ninguna otra
materia. En particular, exigía que en menos de un año fuera reformado el régimen de
prestaciones sociales. Como es sobradamente conocido, ninguna de estas disposiciones ha sido
cumplida en trece años. Por supuesto que no se trata de un descuido; ha sido una política
deliberada dirigida a no menear ese tema. El gobierno no ha querido reformar la Ley del
Trabajo porque tiene atravesado el hueso de las prestaciones sociales.
Ha estado perfectamente consciente de que el sistema aprobado en la reforma de la Ley del
Trabajo en 1997, pese a toda la demagogia, la ignorancia y la mala fe que ha derramado sobre
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aquél, la práctica ha enseñado que éste, aunque menos costoso para los patronos, sobre todo
para el Estado-patrono, resulta más beneficioso que el anterior para los trabajadores. Estos han
descubierto que dos meses de prestaciones por cada año trabajado, calculados anualmente,
ponen más plata en su bolsillo que sólo un mes, calculado retroactivamente. Por eso el
gobierno ha ido dejando pasar el tiempo. Sabe que restaurar el antiguo régimen de prestaciones
sociales le crearía un mayúsculo problema fiscal.
La opinión pública ha recibido ya abundante información y opiniones sobre los acuerdos
alcanzados por la comisión tripartita en materia de salarios y prestaciones sociales. Me
correspondió participar en dicha comisión con el patriótico desafío de trabajar sin desmayo
hasta alcanzar los entendimientos que el país aguardaba con impaciencia.
La labor fue ardua y compleja, pues, se trataba de conciliar en función del bien común,
visiones, culturas e intereses diferentes. No obstante, gracias a la voluntad de diálogo y
desprendimiento de las partes, fue posible ofrecer al país un acuerdo que permitiera modificar
el cálculo de las prestaciones por antigüedad respetando los derechos acumulados conforme a
la ley de 1990 e impulsar la salarización de los ingresos y el incremento del salario mínimo.
Como todo acuerdo en materias tan sensibles, ello implicó cesiones y costos que nunca
gozan de la aprobación unánime. Las mayorías nacionales aguardaban este acuerdo por cuanto
entendían que sin ello continuaría el deterioro del salario, un clima desfavorable a la
recuperación y al desarrollo del país, y el empobrecimiento y malestar que venía palpándose en
el país durante la década previa a dicho acuerdo.
Vale la pena una breve disertación acerca de lo que habría sido el 'costo del no acuerdo'. La
retroactividad de las prestaciones sociales en épocas de inflación represó el salario real,
impulsó la informalización de la economía y la búsqueda de mecanismos que permitieran
mejorar el ingreso del trabajador sin impactos apreciables sobre los pasivos laborales para el
empleador público o privado. Ello explicaba la proliferación de los bonos, fondos de ahorro o
'cestas ticket', que respondían a necesidades del momento pero que erosionaron el salario (no
el ingreso) y con ello la base de cálculo de las horas extras, bonos vacacionales, utilidades y
prestaciones.
El acuerdo tripartito logró impulsar la salarización del ingreso en dos etapas: una primera
etapa al aprobarse la reforma para los bonos gubernamentales y, la segunda, en un año, para el
resto de ingresos que para ese momento no eran parte del salario. Por otra parte, se eliminó la
retroactividad de las prestaciones pero se elevó el derecho por antigüedad a 60 días de salario
por año en lugar de los 30 días establecidos antes de la reforma, más dos días por año de
servicio a partir de la reforma hasta 30 días más, vale decir, un techo total de 90 días anuales
que deben ser acreditados mensualmente en la cuenta del trabajador, devengando tasas de
interés mayores a las actuales si se mantienen en la empresa, a razón del promedio de tasas
activas y pasivas del mercado.
El corte de cuenta de las prestaciones acumuladas se hace sobre el salario vigente el día de
la reforma y pagado en 25% en efectivo antes de 180 días con variantes para el sector público
y el 75% restante en no más de 5 años, en lugar de la situación que se generaba anteriormente
que establecía el cálculo al término de la relación laboral. El pago de intereses por el saldo de
prestaciones en manos del empleador se hace también al promedio de tasas activas y pasivas
del mercado. El trabajador es quien decide si sus prestaciones permanecen en la empresa, en
fideicomiso o en fondos de pensiones o entidades financieras.
En cuanto al premio o compensación por transferencia decidido en la tripartita, de carácter
gracioso, si bien favorece a todos, beneficia más a los estratos bajos de salarios, para los cuales
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equivale al doble o más de las prestaciones con un techo en función del salario y de la
capacidad de la empresa de hasta Bs. 1,4 millones (Bs. 200.000 x 7 años), respetando la
contratación colectiva cuando recoja condiciones más favorables para el corte de cuentas. Se
penaliza el despido injustificado a razón de 30 días por año de servicio con un tope de 150
días, más el preaviso establecido por ley.
Hete aquí, sin embargo, que Chávez, empeñado en una batalla electoral que considera
crucial para él, no ha vacilado en rescatar del degredo donde ha tenido sepultada la Ley del
Trabajo para anunciar que él personalmente se ocuparía de reformarla. Chávez no permitió a la
Asamblea Nacional y ahora, presionado por el susto electoral, cometió el insólito desafuero de
hacerla él solo.
El más elemental sentido común conduce a preguntarse por qué el régimen ha demorado
tanto tiempo para reparar esa supuesta injusticia.
Así, finalmente, el mandato de la Constituyente fue cumplido en la friolera de ¡más de trece
años después! El presidente forzó prácticamente a mandarriazos la terminación del larguísimo
proceso de legislar para los trabajadores.
La Ley del Trabajo puede ser considerada como la ley más importante después de la propia
Constitución, por la obvia razón de que regula nada menos que la quintaesencia de las
relaciones sociales, que son las laborales, las relaciones entre patronos y trabajadores. Si en
Chávez, con su revolución dizque socialista, hubiera existido un mínimo conocimiento de la
historia de las luchas sociales y obreras, en el mundo y en nuestro país, habría ordenado
prioridad A1 para la Ley del Trabajo.
Pero nunca fue un tema que le interesara particularmente.
Por otra parte, nunca en nuestra historia contemporánea se ha fabricado una ley en tan
absoluto secreto como lo ha sido la del Trabajo. Una ley, que por su propia naturaleza obligaba
a la más amplia discusión pública, tanto en el Parlamento como fuera de este, es conocida
apenas por el minúsculo cogollito que la elaboró.
El secretismo, el mismo que rodea la enfermedad de Chávez y muchos otros de sus actos,
envolvió también a la LOT. Y sin embargo, este increíble fabulador que es el Presidente, ha
tenido los riñones de afirmar "que no hubo nunca antes Ley del Trabajo tan discutida como
esta". Es más, no sólo la oposición sino ni siquiera la misma fracción chavista en el
Parlamento, conocía la ley hasta el día en que fue firmada, lo cual ya es el colmo del abuso de
poder de Chávez y de la abyecta sumisión de la mayoría de la AN.
Aprobada por vía Habilitante, la Asamblea Nacional fue también marginada del debate, al
igual que los 12 millones de venezolanos que componen la Población Económicamente
Activa, destinatarios directos de la ejecución de la Ley.
Con su acostumbrado estilo hiperbólico Chacumbele ha calificado la Ley del Trabajo como
una "ley para la historia". En verdad, se trata más bien de un parto de los montes, por lo menos
en lo que se refiere a algunos temas particulares, comenzando por el de las prestaciones.
La piratería y la demagogia durante años estuvieron satanizando el cálculo de prestaciones
según la reforma Caldera de 1997, que consistió en eliminar la retroactividad y sustituirla por
dos meses anuales, al salario de cada año, más dos días adicionales por año, hasta llegar a
treinta, lo que termina por otorgar tres meses anuales por año trabajado. La demagogia y la
piratería nunca se tomaron el trabajo de sacar cuentas, sino hasta ahora, cuando para su
sorpresa descubrieron que el régimen vigente es más ventajoso para el trabajador.
Ahí se subió la gata en la batea. Meses tardaron viendo cómo resolver el embrollo que creó
la Constituyente, es decir Chacumbele ¬porque suya era la promesa¬, cuando ordenó al
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Parlamento restituir en el primer año de sus actividades la retroactividad en el cálculo de las
prestaciones.
Cumplir el mandato, eliminando el sistema vigente, habría significado una desmejora de las
condiciones de trabajo y remuneración (menos plata), que, sin duda, no iba a ser pasada por
alto por los trabajadores, de modo que después de mucho exprimirse los sesos optaron por una
fórmula salomónica: establecer los dos sistemas, dejando a criterio del trabajador cuál de los
dos le conviene más. ¡Así, así, así es que se gobierna! Tanto nadar para ahogarse en la orilla.
Catorce años de una campañita sobre el supuesto "robo de las prestaciones", del cual este
editorialista habría sido el responsable, es decir el ladrón, en tanto que coordinador de la
Comisión Tripartita que reformó la ley en 1997. Ahora vienen a descubrir que no sólo no hubo
tal robo sino que el régimen establecido era claramente ventajoso con respecto al de la
retroactividad. Deberían pedir perdón.
Peor aún. Han producido una desmejora en el pago de intereses a las prestaciones.
Hasta ahora esos intereses se calculaban por el promedio de las tasas activas y pasivas de
los seis bancos más importantes. En la "mejor ley del mundo" se pagarán los intereses
apelando sólo a la tasa pasiva, que como es lógico es menor que la activa, la cual ya no entrará
en el cálculo y eso significa menos efectivo para el trabajador.
Ahora bien, esta ley gatopardiana ("cambiar para que nada cambie") es francamente
inconstitucional. En primer lugar, la Constituyente ordenó a la Asamblea Nacional la
elaboración de la reforma sobre el cálculo de las prestaciones restableciendo la retroactividad.
Bueno, la restablecieron de esta manera maliciosa. Pero la AN no hizo la ley, sino Chávez,
burlando así el mandato constituyente. En segundo lugar, una ley orgánica debe ser aprobada
por una mayoría calificada de dos terceras partes de la AN. Esto no ocurrió porque la AN no
discutió la ley. Y en tercer lugar, Chávez utiliza una Ley Habilitante que se extinguió cuando
finalizó su periodo la AN que la aprobó. Que quede constancia en el acta.
Finalmente, y para decirlo sumariamente, la libertad sindical está fuertemente aporreada en
una ley, la LOT, cuyo promotor y virtual autor la considera fundamental para el proyecto
socialista. No deja de ser paradójico que sea precisamente al referirse a la organización de los
trabajadores cuando más desnudamente aparece la naturaleza NO socialista del proyecto
chavista, sino más bien su parentesco con los modelos también NO socialistas sino
autocráticos y totalitarios que florecieron -y se desplomaron- en el siglo XX, y de los cuales
apenas sobreviven -más muertos que vivos- Cuba y Corea del Norte.
Se mantuvo en la LOT la misma estructura de la Ley del Trabajo de 1936, promulgada por
el gobierno del general Eleazar López Contreras, cuyo poder estaba pesadamente lastrado por
los largos años de mando gomecista y naturalmente su esfuerzo democratizador no dejaba de
tener un fuerte sesgo conservador. Una de las características de la ley lopecista es la exagerada
intervención del Estado en el ejercicio de los derechos colectivos, típicos de la organización
sindical.
Para la Venezuela cuyos sectores dirigentes formaban parte del legado del general Gómez,
la Ley del Trabajo era aceptable siempre que restringiera lo más posible la libertad de acción
de los sindicatos. Hoy, la ley de Chávez refuerza los mecanismos de control sobre los
sindicatos. Casi ochenta años después de la legislación laboral lopecista, el "revolucionario"
Hugo Chávez se aparta de todo criterio de progresividad en el reconocimiento de los derechos
humanos y hace suyo el criterio conservador de López Contreras, que en el caso de Chávez,
precisamente por el tiempo transcurrido y dados los cambios en el mundo, más que
conservador es absolutamente reaccionario.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Hugo Chávez desestimó completamente las exigencias de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el sentido de que nuestra legislación laboral se adapte a los mandatos del
Convenio 87 de la OIT, relativos a la libertad sindical. Por su parte, la OIT ha cuestionado los
siguientes puntos: la excesiva reglamentación establecida en la LOT respecto al derecho de
constituir sindicatos, marcado por una abundancia de vallas burocráticas que lo hacen casi
imposible; la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales, lo cual
somete éstas a la voluntad del Estado; la negativa del gobierno a negociar contratación
colectiva con los sindicatos del sector público.
Pues bien, en la LOT reformada tales aspectos no sólo no se resuelven sino que se agravan.
Por ejemplo, se ordena a los sindicatos incorporar en sus estatutos normas electorales
establecidas por Chávez, que transgreden lo que señala no sólo el convenio 87 sino la tradición
sindical nacional: la redacción de sus estatutos y la elección de sus directivas son de su estricta
potestad y el Estado no tiene nada que buscar allí. En este sentido a Chávez le encanta el
modelo fascista mussoliniano y comunista stalinista.
Los sindicatos como instrumentos del poder político y al servicio de éste. Una vez el
Presidente dijo que la autonomía sindical es un chantaje y que los sindicatos deben estar
sometidos a la línea de su partido. Lo ratificó en su LOT.
Trabajos publicados utilizados por temas:
¿Qué debería Entenderse por Socialismo?
Hacia un Nuevo Socialismo en: Revista Nueva Sociedad Nro. 56-57 SeptiembreOctubre/Noviembre-Diciembre 1989, pp. 37-52
Editoriales utilizados por temas:
“Socialismo del Siglo XXI”
o Socialismo del Siglo XXI (I). ¿Socialismo o Sociabismo?
o Socialismo del Siglo XXI (II). SocialChavismo.
o Socialismo del Siglo XXI (III). “El Poder sin Máscara”.
o Socialismo del Siglo XXI (y IV). Zoocialismo Real.
Hacia un Modelo Socialista de las Relaciones Laborales
o Socialismo Salvaje
o La Mutilación del Sindicalismo
o Sindicálatela
o Neoliberalismo del Siglo 21
o Socialismo Antiobrero
o La bota contra los sindicatos
o Mar de Fondo
Destrucción del Movimiento Sindical Tradicional
o Sindicariato
o Baño de sangre sindical
Conflictividad Laboral
o Se alzó Guayana
o La Demolición de Guayana
o El Explotador
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Criminalización de la Protesta Sindical
o 7 años, 6 meses, 21 días
Reunificación Sindical (Neosindicalismo)
o Revira el proletariado
Desempleo
o Desempleo es lo que abunda
Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT)
o Ratificó el “Robo” de las Prestaciones
o La Ley Misteriosa
o Chávez Contra los Sindicatos
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José Ignacio de Urquijo: semblanza biográfica
Por los Editores
No resulta sencilla la presentación de la trayectoria personal y profesional de José Ignacio
de Urquijo, por el contrario, resulta fácil pecar por omisión cuando hacemos referencia a dicha
trayectoria. En esta semblanza biográfica trataremos de incluir aspectos relevantes sobre su
vida personal y profesional que lo han vinculado al mundo de las relaciones de trabajo.
A su llegada a Venezuela, en el año 1957, se inició como profesor de bachillerato en el
Colegio San Ignacio de Caracas. En el desempeño de estas funciones fue testigo del
derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez y de la instauración de la democracia en el
país, mientras paradójicamente, en España, se mantenía en el poder el general Francisco
Franco.
Culminados sus estudios de Teología, en Oña, facultad adscrita a la Universidad de Deusto,
realiza, por recomendación del padre Plaza, a quien conoció en España, sus estudios de
Maestría en Relaciones Industriales en la Universidad de Loyola, Chicago, (USA), motivado
especialmente, de acuerdo a sus propias palabras, por el eslogan con el cual se ofrecía esta
disciplina "The Industrial Peace Makers" (literalmente “los hacedores de la paz industrial”).
Comparte su dedicación académica trabajando en una parroquia de puertorriqueños del West
Side de Chicago y con actividades de comunicador a través del programa “Hoy Domingo”,
transmitido por la WGN de la misma ciudad, destacando como productor y conductor.
Acompaña estas actividades con entrenamiento vocacional (Vocational Training) a militantes
hispanos de la American Federation of Labor (AFL-CIO), publicando al mismo tiempo un
periódico hispano de enfoque sindical y étnico-social, “Palabra Latina”.
Con orgullo explicaba siempre que su vocación por la cuestión social se inició con ocasión
de haber participado en el programa, impulsado por el padre jesuita José María De Llanos,
“Servicio Universitario del Trabajo (SUT)”, en tres ocasiones: primero como peón en las
minas de carbón de Asturias (España) regentadas por la Compañía Eléctrica ENDESA, de
Ponferrada; en segundo lugar, como bracero en la temporada de la recolección del trigo en
Briviesca (Castilla) y, finalmente, en la Fábrica de Baldosas Jiménez, de Tudela (Navarra). En
todas ellas se desempeñó como trabajador no cualificado, de acuerdo al esquema de los curas
obreros franceses. Estas experiencias las llevó a cabo en las vacaciones de verano de sus
estudios de Filosofía, con gran motivación.
A su llegada a la Universidad Católica Andrés Bello, en 1968, dedicó todos sus esfuerzos a
impulsar la carrera en Relaciones Industriales, orientada a analizar y solucionar la
problemática del Sistema de relaciones de trabajo de Venezuela. Primero, como Director
Adjunto de su Fundador, el Dr. Arístides Calvani, y, posteriormente, asumiendo múltiples
roles y responsabilidades tanto a nivel administrativo (Coordinador de la Especialidad de
Relaciones Industriales, Director de Escuela, Director y Fundador del Post-Grado) como
académicos (profesor de las Cátedras de Automatización y Cambio Tecnológico, Sociología
Industrial, Remuneración del Trabajo, Teoría de las Relaciones Industriales y de Sistemas
Comparados de Relaciones Industriales).
Su dinamismo y compromiso personal e institucional lo llevan a emprender varias
actividades, la mayoría de las cuales se mantienen, contribuyendo positivamente a la
consolidación de la Disciplina. Entre sus obras sociales más importantes de estos momentos,
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cabe destacar las actividades en los Barrios de Antímano (Caracas) mediante la fundación de
un organismo denominado Cooperación Universitaria Popular (CUP), que logró un notable
desarrollo social desde Mamera hasta Carapita, con iniciativas musicales, deportivas,
culturales, de alfabetización, y asistenciales (dispensario médico, caja de ahorro, etc.). En ese
tiempo publicó en la revista SIC un breve estudio sobre “Los Barrios de Caracas”, fruto de su
investigación y sus experiencias, con el fin de alertar sobre esta problemática.
Su labor inicial como Directivo y Docente en la especialidad, las complementó con la
Fundación del Departamento de Estudios Laborales en el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales (1979) y con la Fundación de la Revista sobre Relaciones Industriales y
Laborales (1979), como principal órgano de difusión de dicho Departamento, que para la fecha
actual acumula 33 años y 47 números. A esto debe sumarse las Asesoría Tutoriales a las
empresas, privadas y estatales, en materia salarial y la fundación de la Maestría en Relaciones
Industriales (1976) y su posterior transformación veinte años después en Maestría en Gerencia
de Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
No obstante, su labor de profesor e investigador no se restringe solo a actividades
administrativas y académicas, especialmente resulta conveniente destacar la cosecha de
publicaciones resultante de tantos años de dedicación, sin duda una de las más representativas
y emblemáticas dentro del área de Relaciones Industriales y Laborales, en Venezuela y
América Latina. Cabe mencionar sus libros de texto sobre esta temática: Teoría de las
Relaciones Sindicato Gerenciales (con más de 8000 ejemplares publicados), La Remuneración
del Trabajo (9.000 ejemplares en varias ediciones), la historia de El Movimiento Obrero de
Venezuela (año 2000 y reedición del 2005), que han sido utilizados por cada uno de los
egresados en Relaciones Industriales no sólo de la UCAB sino también de otras Instituciones
Educativas nacionales e internacionales. A esto se puede añadir la Crónica Laboral
Documentada, publicada por varias décadas. y un gran número de artículos y estudios sobre
cuestiones sociales
Su mística, su capacidad de trabajo y su profesionalismo, lo han convertido en referencia
importante de todos y cada uno de los egresados de la Carrera de Relaciones Industriales, los
cuales no solo le reconocen como el principal exponente e impulsor de la disciplina en
Venezuela sino que guardan, con gran cariño y respeto, un recuerdo imborrable de él,
incluyendo su estilo un tanto “regañón”, que él lo atribuía a su talante (y tono de voz) ibérico.
Aunque el año 2005 tomó la decisión de jubilarse, retirándose de la actividad académica, se
mantiene todavía trabajando, con disciplina y constancia. Y así, paralelamente a las
“Memorias”, que dice estar escribiendo, continúa sus investigaciones en el área de Relaciones
Industriales y Laborales, como miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales de la UCAB, siendo sus proyectos más importantes: el desarrollo técnico e industrial
de Venezuela desde la Independencia y los antecedentes del movimiento obrero del país
durante el siglo XIX. Esta labor reafirma su espíritu y preocupación por la educación, además
de su carácter polifacético.
Durante su trayectoria debe destacarse su vinculación y desinteresado acercamiento al
mundo sindical, sirviendo de apoyo, como asesor, a trabajadores preocupados por la
problemática socio-económica del país y por las exigencias de formación técnica y
humanística de las nuevas tecnologías. Buena parte de esta actividad la llevó a cabo
manteniendo contacto permanente con las Centrales Obreras y, muy en especial, con el
Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (INAESIN). De la misma manera ha
mantenido relaciones excelentes con empresarios del sector público y privado del país,
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
planteando una armónica cooperación de todos los actores productivos que conforman el
Sistema de Relaciones Industriales y Laborales. Buena parte de sus relaciones con el mundo
empresarial tuvieron lugar a través de la Asociación Internacional de Relaciones Industriales
(ANRI), desde mediados de los años 1970, y los Symposiums Internacionales de esta
disciplina.
Al crearse, en el año 2001, el Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos
Humanos del Área Metropolitana; si bien no participó en el proceso de fundación de este
organismo gremial, por haberse mantenido siempre como Residente (extranjero) durante sus
años de permanencia en Venezuela, fue nombrado Miembro Honorario del mismo por sus
fundadores, quienes, en el pasado, fueron discípulos suyos.
Estas no son las únicas actividades que han posibilitado que el Profesor José I. Urquijo
transcienda el ámbito universitario. Desde su llegada al país, ha sido excursionista, educador,
historiador y comunicador, es decir una persona de múltiples facetas.
So pena de ser un tanto repetitivos, a continuación destacamos algunos detalles de su
trayectoria profesional.
Primer período (1930-1968). Primeros pasos de su carrera profesional
José I. de Urquijo García S. J. nace en San Sebastián, Guipúzcoa, España, el 17 de
noviembre de 1930.
Se gradúa de Bachiller en el Colegio San Ignacio de San Sebastián, con reválida del mismo
en la Universidad de Zaragoza (1948).
En seguimiento de su vocación. ingresa en la Compañía de Jesús en el Noviciado de Loyola
en 1949, cursando a continuación los Estudios de Humanidades, en el Juniorado de la misma
localidad.
Obtiene la Licenciatura en Filosofía en Oña (Burgos), en 1957, avalada por la Universidad
de Deusto, Bilbao, que emite su título.
Una vez culminada su Licenciatura llega a Venezuela, en 1957, para cumplir la etapa de
Magisterio, en el Colegio San Ignacio de Loyola de Caracas, donde dicta dos asignaturas
(Biología y Literatura), se ocupa de la Revista EDASI; y destaca por su colaboración con el
Centro Excursionista Loyola (CEL), al que se adscribió, fascinado por la belleza de la Serranía
del Avila (Guaraira Repano), donde curiosamente hoy día existe un manantial, cercano al Pico
de Naiguatá, que el descubrió y lleva su nombre, “El Urquijo”.
En 1963, bajo la orientación del Padre Plaza, quien conociendo sus inquietudes sociales, lo
invitó a incursionar en una nueva disciplina profesional centrada en la problemática del mundo
del trabajo, inicia el Master en Relaciones Industriales (Master in Industrial Relations) en la
Loyola University de Chicago, el cual culmina en 1966. Durante sus estudios de Master se
desempeña en varias actividades a nivel formal e informal muy vinculadas al desarrollo de la
comunidad Hispana en la ciudad.
Entre 1964 y 1967, las autoridades eclesiásticas de Chicago, conocedoras de su liderazgo
sacerdotal entre los hispanos, le encargan la Dirección del Programa de Televisión “Hoy
Domingo”, trasmitido por la WGN de Chicago y patrocinado por “The Cardinal’s Comitte for
Spanish Speaking People” (Comité del Cardenal para los Ciudadanos de Habla Hispana), la
“American Federation of Labor (AFL-CIO)” y la oficina estatal “Public Affairs”, orientado
hacia las minorías hispanas. Esto le permite hundirse más aún en la problemática del
desarrollo comunal popular y del mundo del trabajo, la cual se convertiría en la vocación
fundamental de su vida y de su carrera profesional.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Segundo Período (1968- actual). Una carrera profesional al servicio de una disciplina
La carrera profesional del Padre Urquijo, puede ser presentada desde diversos ámbitos, en
principio utilizaremos tres: el administrativo, el académico y el de investigación.
Ámbito administrativo
Desde el año de su ingreso, 1968, hasta el año 2000, el Padre Urquijo desempeñó diversas
responsabilidades de tipo administrativas que compaginó con sus actividades académicas y de
investigación.
El año 1968, durante el Rectorado del Padre Reyna, ingresa a la UCAB como Director
Adjunto del Dr. Arístides Calvani.
Entre los años de 1969-1975 se desempeña como Coordinador de la nueva especialidad de
Relaciones Industriales en la Escuela de Ciencias Sociales.
Con ocasión de la crisis de 1972, por nombramiento del Dr. Guido Arnal, forma parte de la
Comisión Re-estructuradora de la Escuela de Ciencias Sociales, presidida por la Profesora
Maritza Izaguirre, que reintegró a sus actividades universitarias en la UCAB a los expulsados
por las autoridades anteriores.
Durante los años 1972-1973, juntamente con el Hermano Korta y los Padres Villar, Aldaz,
Basabe, y otros responsables del Jesús Obrero de Catia, colabora en el diseño de un Instituto
Superior, que fue aprobado por el Gobierno en 1974, sirviendo años más tarde (1987) de base
legal para la creación del IUJO, Instituto Universitario Jesús Obrero.
Posteriormente, en 1975, bajo el Rectorado del Dr. Guido Arnal, es nombrado Director de
la Escuela de Ciencias Sociales, cesando a los tres años por voluntad propia (1975-1978).
Durante los años de 1975-1976 funda el Post-Grado en Relaciones Industriales en la misma
Universidad, fungiendo como su Director entre los años 1982 a 1985.
El año 1977, a petición del Padre Finol, por entonces ejecutivo del INCE, participa en la
última fase del Acuerdo INCE-IGLESIA, con los Padres Genaro Aguirre y Jeremiah
O´Sullivan, elaborando el diseño definitivo que se entregó al Gobierno para su aprobación, que
se obtuvo en diciembre de 1977.
A solicitud del Dr. Perret Gentil, integra el primer cuerpo de profesores del Instituto
Universitario de Seguros, manteniéndose catorce años como Profesor de dos materias:
Administración de Empresas y Comunicación Oral y Escrita.
Para completar la labor de consolidación de esta nueva disciplina, durante el año 1979
participa en la creación de un nuevo Departamento de Investigaciones sobre Relaciones
Industriales (Estudios Laborales) que vendría a formar parte del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales. Ese mismo año y como una de sus primeras iniciativas como miembro
del Departamento, funda la Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales, la cual se
convierte en el órgano de difusión de dicho Departamento (que para la fecha acumula 34 años
y 47 números).
Desde 1985 a 1999, bajo el rectorado del Padre Luis Ugalde, se desempeña como Jefe del
Departamentos de Relaciones Industriales (Estudios Laborales).
Ente los años 1996 y 1999 asume nuevamente la posición de Director de la Maestría con el
objetivo principal de liderizar un proceso de Reforma de Pensum, pasando a llamarse
“Maestría en Gerencia Relaciones Industriales y Recursos Humanos”.
Miembro del Consejo Consultivo para la reforma de la CTV, el año 1992.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
Miembro del CONSEJO INTERSECTORIAL DEL TRABAJO. 1993-94. (Cumplió sus
funciones durante el período del Presidente Velázquez).
Además fue miembro del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, del
Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y del Consejo General de Estudios de Postgrado
durante muchos años, hasta su jubilación (1968-2005).
Durante estos más de treinta y siete años de labor contribuyó especialmente a la
consolidación de una nueva disciplina, institucionalizando estudios de nivel de pre y postgrado, así como la investigación y difusión de la especialidad, siendo pionero en el estudio y
análisis sobre este nuevo cuerpo de conocimientos.
Ámbito docente:
Desde su ingreso a la UCAB y hasta el año 2005, el Padre Urquijo se desempeñó como
profesor de las siguientes cátedras.
Cátedra de Sueldos y Salarios, en la Escuela de Ciencias Sociales, UCAB, Caracas,
1969-99.
Cátedra de Introducción a la Programación y la Automación, en el 2º Año del Ciclo
Básico de la Escuela de Ciencias Sociales, UCAB, Caracas, 1970-1971.
Cátedra de Teoría de las Relaciones Industriales, en la Escuela de Ciencias Sociales de la
UCAB, 1970-2005.
Cátedra de Teorías Avanzadas de las Relaciones Industriales, en la Maestría de
Relaciones Industriales de la UCAB, Caracas, 1977-1999.
Cátedra de Sociología Industrial, en la Escuela de Ciencias Sociales, UCAB, Caracas,
1976-93.
Cátedra de Administración de Recursos Humanos, en la Maestría del I.E.S.A., Caracas,
1984-1987
Cátedra de Salarios en el Curso Gerencial de la U.C.V, Universidad Central de
Venezuela, Caracas, 1983-1988.
Cátedra de Salarios, en la Maestría de Relaciones Industriales de la Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas, 1978-88.
Cátedra de Comunicación Social I, en el Instituto Universitario de Seguros, IUS,
Caracas, desde 1974-1988.
Cátedra de Comunicación Social II, en el Instituto Universitario de Seguros, IUS,
Caracas, desde 1974-1988.
Cátedra de Administración de Empresas, en el Instituto Universitario de Seguros, IUS,
Caracas, desde 1974-1988.
Hasta su jubilación (2005), fue profesor de “todos” los egresados de la Carrera en
Relaciones Industriales.
Ámbito de la Investigación
La tercera actividad que compartió con las administrativas y docentes es la de
investigación, destacando sus publicaciones así como su orientación para el desarrollo de una
buena cantidad de memorias de grado vinculadas a las Relaciones Industriales y al Mundo
del Trabajo. Además, tuvo la oportunidad de comprobar su labor de investigación en la
práctica a través de múltiples asesorías a empresas, organizaciones e instituciones del sector
público y privado del país.
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Publicaciones:
Libros
José I. Urquijo y Josué Bonilla, La remuneración del Trabajo (2010). Manual para la
Gestión de Sueldos y Salarios; UCAB; Caracas.
*Después de reproducirse por años en Mimeógrafo, se editó, por primera vez,
conjuntamente con Josué Bonilla García, quien colaboró en varios capítulos, el año 2008. Esta
obra es referencia obligada de los profesionales dedicados a una de las áreas de especialidad de
mayor proyección de la disciplina de relaciones Industriales y se utiliza como libro de texto
básico en varias universidades del país.
José I. Urquijo, Teoría de las Relaciones Industriales. De cara al siglo XXI (2005); UCAB;
Caracas.
*Viene a ser una nueva versión, ampliada y reformulada, de la obra “Teoría de las
Relaciones Industriales (1989), la cual ha sido reeditada en múltiples oportunidades. Esta obra
ha sido reconocida por importantes personalidades del mundo de las Relaciones Industriales y
de la Sociología del Trabajo como uno de los mejores libros de texto sobre la especialidad
elaborado en América Latina”.
José I. Urquijo, Teoría de las Relaciones Sindicato Gerenciales (2004); UCAB; Caracas.
*El texto se publica por primera vez en 1995, posteriormente se publica una segunda
edición en 1998. La tercera edición (corregida y aumentada) se encuentra disponible a partir de
2004.
José I. Urquijo, El Movimiento Obrero de Venezuela”; OIT, UCAB, INAESIN (2000 1ra
ed. y 2005 2da ed).
*Publicación sobre el desarrollo de las centrales sindicales de Venezuela, con énfasis en su
estructura y su historia. Se trata de un libro importante de consulta.
José I. Urquijo, Teoría de las Relaciones Industriales. (1989); CEPET-UCAB; Caracas.
*Primer esfuerzo por construir un cuerpo teórico sobre la disciplina en un libro de texto,
recogiendo y presentado sobre el eje de la teoría de sistemas los modelos de Relaciones
Industriales y Laborales desde distintos enfoques.
Libros en preparación
José I. Urquijo, Enfoque Comparativo de las Relaciones Industriales (en preparación). La
trilogía desarrollada por el profesor Urquijo, se completa con este tercer libro.
José I. Urquijo, Evolución Técnica e Industrial de Venezuela desde el siglo XIX hasta
mediados del siglo XX.
José I. Urquijo, Antecedentes del Movimiento Obrero en Venezuela (1830-1936). También
en desarrollo.
Todos y cada uno de estos libros se han convertido en referencia OBLIGATORIA para los
estudiantes y profesionales de la disciplina en Relaciones Industriales. Estas publicaciones se
complementan con la Serie de Cuadernos Universitarios, coordinada y editada por el Pfr.
Urquijo para ayudar a los estudiantes a la comprensión y análisis de la problemática
derivada de las relaciones sociales de trabajo, como objeto de la disciplina en Relaciones
Industriales.
Colección Cuadernos Universitarios, que incluye las siguientes publicaciones:
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
José I. Urquijo, "El Movimiento Obrero Venezolano", UCAB (Dep. de Estudios Laborales),
Cuadernos Universitarios, Caracas, Venezuela. 1988. (Breve trabajo de 50 páginas)
José I. Urquijo, "La Gerencia de Relaciones Industriales", UCAB (Dep. de Estudios
Laborales), Cuadernos Universitarios, Caracas, Venezuela. 1989.
José I. Urquijo, "Elaboración de Escalas Salariales en la Hoja Electrónica de Cálculo y las
Posibilidades de Simulación", UCAB (Dep. de Estudios Laborales) y UCAT (Táchira),
Cuadernos Universitarios Caracas, Venezuela. 1990. (Siete ediciones desde 1990 a 2006)
José I. Urquijo, "El Sistema de Relaciones Laborales de Alemania", UCAB (Dep. de
Estudios Laborales), Cuadernos Universitarios, Caracas, Venezuela. 1992.
José I. Urquijo, "La Remuneración del Trabajo", UCAB, (Dep. de Estudios Laborales),
Caracas, 1989. (Manual de Sueldos y Salarios en Fotolito). Quince o ediciones de 1989 a
2006.
José I. Urquijo, "La Disciplina de las Relaciones Industriales y el Problema de la Inflación y
los Sueldos", en LAS RELACIONES DE TRABAJO EN LOS NOVENTA, ILDIS, ART, UCFACES, Caracas 1990.
José I. Urquijo y Aurora Brito, "Evolución de las Escalas de Sueldos de la Administración
Pública de Venezuela (1958-1993)", UCAB (Dep. de Estudios Laborales) en colaboración con
la OCP, Cuadernos Universitarios, Caracas, Venezuela. 1993.
José I. Urquijo, "Lectura Crítica del Industrialismo y el Hombre Industrial", UCAB (Dep.
de Estudios Laborales) Caracas, Venezuela. 1994, Cuadernos Universitarios, (14 ediciones de
1994 a 2006)
José I. Urquijo, "La Evolución Histórica de la Administración de Personal", Cuadernos
Universitarios, Maracaibo, Fundei, 1995.
Monografías
José I. Urquijo, "Más allá del Salario: las prerrogativas gerenciales", en las Cuartas
Jornadas de Administración de Personal y Relaciones Industriales, que fue seleccionado por la
Asociación Nacional de Relaciones Industriales para ser llevada al IV Congreso
Latinoamericano de Administración de Personal, celebrado en Acapulco, Méxicoosé I. José I.
José I. Urquijo,"Etica y Gerencia: La Teoría Z", Estudio elaborado para un Curso de Etica
Gerencial, dictado en el Centro de Formación y Adiestramiento Petrolero y Petroquímico de
Petróleos de Venezuela, Caracas, 13 de abril de 1984. Publicada por PDVSA y posteriormente
en la Revista Internacional de Seguros, Números 73-76, 1984.
José I. Urquijo, "La Evolución de las Relaciones Laborales (desde 1900 al año 2000)",
UTAL, San Antonio de Los Altos, 1996
José I. Urquijo, “Intentos de Diálogo Social en la Crisis Sindical de Venezuela”, Informe
para la OIT presentado ante su sede en Lima, Perú, el año 2001.
José I. Urquijo, "El Obrerismo de Finales del Siglo XIX en Venezuela y el Congreso de
Obreros de 1896", en el “Libro de homenaje al P. José Del Rey Fajardo S. J.”, Coordinadores
Allan R. Brewer Carías y Alberto Baumeister Toledo, Editorial Jurídica Venezolana, Tomo I,
Caracas, 2005.
Mención especial merecen dos trabajos publicados en la Revista SIC en 1971:
José I. Urquijo,“Los Barrios de Caracas”, SIC, Caracas Año XXXIV, N. 340, 1971
(pp.460-472).
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
José I. Urquijo.“¿Cómo ven los no marginados de Caracas los barrios y su gente?”,
publicado con el seudónimo Juan S. Martín, en la Revista SIC, Número 340, 1971 (pp. 473474).
Artículos
En cuanto a los artículos, destaca su labor como Director por veinte años (1979-1999) de la
Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales siendo responsable de secciones que
ameritaron una labor constante de investigación. Puede verse[
.
José I. Urquijo, "El Concepto de tensión en las relaciones industriales", Ponencia ante el I
Congreso de Psicología Social de Venezuela, publicado en la Revista Internacional de
Psicología Social, 1978.
José I. Urquijo, "Declaración de Avenimiento Obrero Patronal de 1958", Comentario
publicado en la Rev. sobre Relaciones Industriales y Laborales, Nº 1, Julio-agosto de
1979.
José I. Urquijo, "El Primer Contrato Colectivo en Venezuela: Convenio Colectivo del Gran
Ferrocarril Alemán Caracas-Valencia, con sus Trabajadores, en 1919", investigación
publicada en la Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales, Nº 2, septiembreoctubre de 1979.
José I. Urquijo, "Decreto sobre Reducción de los Sueldos de los Empleados Públicos",
(durante el Gobierno de Juan Vicente Gómez, en 1914), publicado en la Revista sobre
Relaciones Industriales y Laborales, Nº 7, 1980.
Chi-Yi-Chen, J. Urquijo y M. Picouet; "Los movimientos migratorios internacionales en
Venezuela: políticas y realidades", en Rev. sobre Relaciones Industriales y Laborales Nº
10/11
José I. Urquijo, "La Clase Trabajadora de Venezuela en el Siglo XIX", Ponencia en el
Symposium sobre Sindicalismo Venezolano, UCAB, 1982.
José I. Urquijo, "Primer Proyecto de Ferrocarril de Venezuela 1824-1825", (sobre el
proyecto de Ferrocarril Caracas-La Guaira, de Robert Stephenson), publicado en la
Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales, Nº 12/13, enero-diciembre de 1983.
José I. Urquijo, "IX Congreso de la CTV: CRONICA", en Rev. sobre Relaciones
Industriales y Laborales Nos. 16/17, 1985.
José I. Urquijo, "Una entrevista con el General Juan Vicente Gómez (donde refiere sus
propósitos gubernamentales y su actitud ante los extranjeros e inmigrantes)", en Rev.
sobre Relaciones Industriales y Laborales. No. 18, 1986.
José I. Urquijo, "Avance de Bibliografía sobre las organizaciones patronales y
empresariales de Venezuela", José I. Urquijo, en Rev. sobre Relaciones Industriales y
Laborales. No. 21, 1987.
José I. Urquijo y Josué Bonilla, "Crónica Laboral Documentada: 1991-92", en Rev. sobre
Relaciones Industriales y Laborales. No. 28, 1992.
José I. Urquijo y Josué Bonilla, "Crónica Laboral Documentada: 1992-93", en Rev. sobre
Relaciones Industriales y Laborales. No. 29, 1993.
José I. Urquijo y Josué Bonilla, "Crónica Laboral Documentada: 1993-94", en Rev. sobre
Relaciones Industriales y Laborales. No. 30, 1994.
José I. Urquijo y Josué Bonilla, "Crónica Laboral Documentada: 1994-95", en Rev. sobre
Relaciones Industriales y Laborales. No. 31, 1995.
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
José I. Urquijo y Josué Bonilla, "Crónica Laboral Documentada: 1995-96", en Rev. sobre
Relaciones Industriales y Laborales. No. 32, 1996.
José I. Urquijo, Josué Bonilla y Gabriela Santana, "Crónica Laboral Documentada: 199697", en Rev. sobre Relaciones Industriales y Laborales. No. 33, 1997.
José I. Urquijo, y Gabriela Santana, "Crónica Laboral Documentada: 1996-97", en Rev.
sobre Relaciones Industriales y Laborales. No. 34, 1998.
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS
Durante su trayectoria profesional, el profesor Urquijo participó en los Congresos
Mundiales sobre Relaciones Industriales celebrados en las ciudades de Londres, Ginebra y
Bruselas. Además de formar parte del Congreso Mundial de Gerencia de Recursos Humanos
(Global RH98), en calidad de ponente con la conferencia “Informática y Recursos Humanos”
(en este evento se le otorgó una placa de reconocimiento por sus 30 años de dedicación a la
Investigación y Docencia en el campo de las Relaciones Industriales y los Recursos Humanos).
Por otra parte asistió consecutivamente a los Congresos de Trabajadores de Venezuela,
asumiendo diferentes roles y propiciando un acercamiento entre la universidad y la clase
trabajadora. Entre otras cosas, participó de manera muy activa en la propuesta de un proyecto
cogestivo de las relaciones laborales en el Congreso de Porlamar (1980).
Durante los últimos años ha presentado diversas conferencias sobre la Transformación y
Evolución del Sistema de Relaciones Industriales, destacando sus exposiciones en los
Congresos Internacionales del Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero celebrados en
Venezuela (1999) y Perú (2001).
ASESORÍAS MÁS IMPORTANTES
Participó en asesorías tanto a Micro como a Macro nivel en el ámbito de las Relaciones
Industriales y de Recursos Humanos, destacando entre otras:
Asesoría en Gerencia de Personal para la Elaboración de Escalas y Tabuladores de Sueldos
y Salarios en más de quince (15) empresas del sector público y privado del país; destacando el
Sistema de Compensación de Petróleos de Venezuela y sus propuestas sobre una sistema
basado en la meritocracia dirigido al personal de base.
El padre Urquijo se encargó de promover la figura de “asesorías tutoriales” mediante las
cuales se lograba una transferencia del conocimiento a los miembros de la institución,
organización o empresa donde se desarrollaba el proyecto. En este sentido y bajo esta figura se
encargó de asesorar en una gran cantidad de empresas en materia de Relaciones Industriales y
Recursos Humanos, haciendo especial énfasis en el subsistema de formación y desarrollo de
personal y en los procesos de la negociación colectiva, que el consideraba punto focal de las
relaciones obrero patronales.
Muchos y variados fueron los cursos que se encargó de dictar a estas Instituciones con el
objeto de transferir conocimiento y mejorar el desempeño individual y organizacional.
OTRAS ACTIVIDADES (FUERA DE LA UCAB)
Durante el año 2000 se desempeñó como Miembro de la Junta de Conducción Sindical
Nacional de la CTV como “observador imparcial” o “de buena fe” (bajo el término jurídico
internacional conocido como “amicus curiae”), con el fin de facilitar los cambios directivos y
tratar de realizar las elecciones de la CTV con participación de todas las fuerzas sindicales del
LIBRO HOMENAJE al Padre José I. de Urquijo
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El movimiento sindical venezolano: distintas aproximaciones, un diagnóstico.
país, que fueron realizadas aunque luego no llegaran a ser plenamente implementadas. Este
esfuerzo fue realizado bajo la inspección del CNE, con la colaboración de INAESIN y la Junta
de Conducción Sindical Nacional de la CTV.
En 2001 funge como moderador de la Comisión Intersindical (Junta de Conducción
Sindical de la CTV, CODESA, CUTV, FBT, CGT, Nuevo Sindicalismo) para la unificación,
democratización y desarrollo del movimiento obrero venezolano, establecida bajo la
inspiración de la OIT.
Este año además es promotor y moderador de las Mesas de Diálogo Intersindical, también
bajo la coordinación de la OIT. A través de estas mesas se sentaron las bases para tratar de
llegar a acuerdos unitarios mediante el diálogo y la concertación. Como resultado fundamental
de este seminario se llegó a la firma de un pre-acuerdo para la unificación sindical entre el
sindicalismo oficialista y el de oposición.
Durante el año 2001, elaboró el informe para la OIT sobre los “Intentos de Diálogo Social
en la Crisis Sindical de Venezuela”, el cual fue presentado en Lima, Perú.
Fue Miembro del Consejo Intersectorial del Trabajo entre los años 1993 y 1994.
Fue Miembro del Consejo Consultivo para la Reforma de la CTV (1992), del cual derivó un
documento donde se presentaban propuestas y recomendaciones para una profunda reforma del
movimiento obrero de Venezuela, que de haberse implementado con seriedad y firmeza
hubieran librado a la Central Obrera de muchos problema posteriores..
Fundador e inspirador del Centro de Cooperación Universitaria Popular (1968 a 1972), este
centro tuvo su sede en la calle Cruz Verde de Antímano y se ocupó del desarrollo social y
cultural de los barrios de esta parroquia, con la cooperación de estudiantes de la Escuela de
Ciencias Sociales y de Ingeniería de la UCAB. Allí cubrió áreas como el deporte, la música, la
atención médica y los cursos de formación.
Estas actividades le merecieron reconocimiento a nivel nacional el cual se materializa
formalmente luego de la entrega de importantes condecoraciones, entre las cuales destacan:
DISTINCIONES
Orden de la Universidad Católica Andrés Bello. Clase Única . Por sus méritos como
investigador y docente..
Orden Francisco de Miranda, en su Primera Clase: otorgada por el presidente de la
República J. J. Velásquez, en 1993, en reconocimiento a la labor realizada en el campo de las
Relaciones Laborales en el país.
Orden Alejo Zuloaga, en su Primera Clase: otorgada por el Rector de la Universidad de
Carabobo en acto celebrado en su Paraninfo el año 1989.
Orden al Mérito en el Trabajo, en su Primera Clase, otorgada por el Presidente de la
República, en 1983.