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Negocios
Diario del Istmo ■ Viernes 14 de Octubre de 2016 / Página 4
ACCIONES
Las que más
subieron
DIVISAS Y
TASAS
MONEX B
10.20
-4.49% -0.48
7.49
-3.85% -0.30
TMM A
HOMEX *
DÓLAR
EURO
LIBRA
19.35
0.51% 0.10
0.91
-0.37% -0.00
2.07
-2.82% -0.06
0.82
-0.40% -0.00
AXTEL CPO
4.90
-2.58% -0.13
COMPART O
35.99
-2.39% -0.88
TASA LIBOR
0.53
0.00% 0.00
ACCIONES
Las que
más bajaron
BOLSAS
TMM A
COMPART O
LIVEPOL 1
IPC
DOW JONES
S&P 500
4.33
-3.78% -0.17
47,741.54
18,098.94
-0.36% -173.58 -0.25% -45.26
“Nos equivocamos dar nuestro apoyo en el 2012”
El presidente de Coparmex,
Gustavo de Hoyos, exigió que
el combate a la inseguridad y
violencia ya no sea responsabilidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) y sea creada
una nueva dependencia enfocada exclusivamente a eso.
A 4 años de distancia del
diseño institucional para el
combate a la inseguridad, la
Iniciativa Privada reconoce
que se equivocó al respaldar
que la Segob tuviera en sus manos el combate a la corrupción,
sea en cuestión de meses.
Además, De Hoyos, a nombre de todo el organismo, propuso otras cuatro acciones.
Una de ellas es la aprobación de la iniciativa del mando
mixto policial presentada por
el Ejecutivo, para que haya un
cuerpo policial capacitado.
También pidió la discusión
de la iniciativa de seguridad
interior que se discutió en el Senado, así como la ampliación
de fuerzas armadas del País.
Asimismo, solicitó la aprobación de una Ley de Seguridad que garantice operación
homogénea y regulada en todo
el País, pues actualmente cada
estado tiene sus propias leyes y
reglamentos, lo cual no da certezas al momento de impartir
justicia.
Por último, exigió la crea-
Agencias
Ciudad de México
Agencias
dijo en conferencia de prensa.
“Hoy con la misma convicción que hemos mantenido el
respaldo a la mayoría de reformas estructurales que impulsó
el Presidente y aprobó el Congreso, debemos reconocer que
en materia de seguridad nos
equivocamos”, admitió.
En noviembre de 2012,
la Coparmex dio un voto de
confianza a la aprobación de
la extinción de la Secretaría
de Seguridad Pública e incorporó sus funciones a la Segob,
recordó.
“(Eso) fue, sin dudas, así lo
dicen los hechos: un error”,
aseveró.
Por ello, de manera urgente,
integrantes de Coparmex exigen que sea creada esta nueva
dependencia y aunque no dio
tiempos exactos, sí exigió que
Gustavo de Hoyos,
presidente de Coparmex.
ción de un plan emergente
para Tamaulipas, Guerrero,
Michoacán y Sinaloa ante los
niveles de violencia e inseguridad que esas entidades viven.
“A fondo estudiar causas
de esto y acciones puntuales e
inmediatas de los tres órganos
de Gobierno”, dijo.
203.00
-3.33% -7.00
2,132.55
-.0.31% -6.63
ICH B
54.00
-3.12% -1.74
LAB B
10.48
-3.05% -0.33
NASDAQ
5,213.33
-0.49% -25.69
RIESGO DE INGOBERNABILIDAD
Exige IP sacar a
Segob de seguridad
Integrantes de
Coparmex exigen
que sea creada esta
nueva dependencia
33.72
-3.35% -1.17
Los presidentes de organismos empresariales, encabezados por el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), urgieron a un pacto por
la seguridad ante el incremento de delitos, de crimen y
descontento social, que pueden llevar a la ingobernabilidad en el
país.
Los representantes empresariales pidieron al Congreso de la
Unión legislar para darle facultades plenas al Ejército en el
combate a la inseguridad.
En conferencia, dijeron que las cifras muestran la urgencia de
tomar medidas, porque los costos para las empresas son de 9%
del Producto Interno Bruto (PIB) o siete veces mayor de lo que
indican datos oficiales.
Los presidentes del CCE, Juan Pablo Castañón; de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra),
Enrique Guillén, y de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana
Sentíes, afirmaron que el Inegi cuantifica la cifra en 236 mil
millones de pesos, aunque realmente el problema es mayor.
La estimación de la iniciativa privada es que los ilícitos generan
costos de un billón 652 mil millones de pesos.
Castañón afirmó: “Es la primera vez que se da de esta forma tres
fenómenos en esta magnitud y esto nos preocupa, delincuencia
organizada, delitos comunes y descontentos social que nos lleva a
ingobernabilidad en algunas zonas del país, no queremos que se
generalice y necesitamos un pacto por la seguridad de la justicia
en México”.
Se hace por eso un llamado a los tres niveles de gobierno,
municipal, estatal y federal, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a la
sociedad y a todo el país.
Mientras en 2014 se registraron 262 movilizaciones, de enero a
julio de 2016 la cifra llegó a 350, detalló Castañón.
Gustavo de Hoyos resaltó
que tales propuestas se hacen
ante los hechos observados en
materia de seguridad pública
en el País.
Por ejemplo, el año pasado se registraron más de
102 mil secuestros, las tasas
de homicidio doloso van al
alza, lo que significa que la
violencia no sólo prevalece,
sino que se agudiza, expuso.
Todo ello ha provocado una
vulnerabilidad de la paz so-
cial, advirtió.
El 72 por ciento de la población se siente insegura en
la ciudad donde habita y en
algunas el 85 por ciento vive
con el temor de ser víctima de
algún delito, según cifras a
septiembre de la Encuesta de
Seguridad Pública Urbana del
Inegi, alertó.
“Se está poniendo en duda
la capacidad de Gobierno para
dar resultados”, expresó.
Aprueban nuevo sistema
de justicia laboral
Ciudad de México.
Agencias
El Senado de la República
aprobó por unanimidad reformas al artículo 123 Constitucional, para establecer un
nuevo sistema de impartición
de justicia en materia laboral,
que elimina las juntas de Conciliación y Arbitraje y pasa la
solución de conflictos obrero
patronales a tribunales sociales, dependientes del poder
judicial.
De la reforma se eliminó
la pretensión de los empresarios de restringir el derecho
de huelga y el intento de los
senadores del PRI, que son
al mismo tiempo dirigentes
sindicales, de quitar el voto
secreto y directo para la elección de sus dirigencias y la
firma de contratos colectivos
de trabajo.
El coordinador de los
senadores del PRD, Miguel
Barbosa, comentó que no fue
fácil la negociación de esa
propuesta de reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto, dados los
intereses que estuvieron en
juego. Al final, dijo, se logró
modificar la fracción XIII de
ese artículo 123 para quitar
el añadido propuesto por la
Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) que vulneraba el
derecho de huelga.
Además, recalcó, se mantuvo a nivel de la Carta
Magna, el derecho de los
trabajadores al voto secreto
y directo.
Al respecto, el presidente
de la Comisión de Puntos
Constitucionales, el priísta
Enrique Burgos, expuso que
durante los trabajos de dictamen se formularon “propuestas y contrapropuestas
que podrían implicar alguna
confusión, pero al final en
el texto constitucional “se
refleja la libertad de sindicación y de autonomía de los
trabajadores” para la elección de sus dirigentes.
El senador del PRI, Tereso
Medina, dirigente cetemista,
fue el encargado de presentar los cambios a la Fracción
XVIII del 123 Constitucional,
que finalmente aceptó el
PAN, después de la rebelión
del sindicalismo oficial e independiente.
El modificado es el siguiente: “las huelgas serán
lícitas cuando tengan por
objeto conseguir el equilibrio entre los diversos
factores de la producción,
armonizando los derechos
del trabajo con los del capital, u obtener la celebración
de un contrato colectivo de
trabajo, en cuyo caso el
sindicato deberá acreditar,
previo al emplazamiento, la
representación mayoritaria
de los trabajadores”.
La nueva redacción aprobada eliminó estas últimas
cuatro líneas y se agregó al
final este texto: “Cuando
se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá
acreditar que se cuenta con
la representación de los trabajadores”.
Con ese cambio, expuso
en tribunal senador del
PRD, Luis Sánchez, se evitó
“un golpe mayor a la clase
trabajadora”, toda vez que
se hubiera condicionado el
derecho de huelga y habría
dejado a los sindicalizados
“a merced de los patrones,
en condiciones de vulnerabilidad para defender sus
derechos”.
El perredista agregó que
es importante que tampoco
prosperara la pretensión de
“los dirigentes oficialistas”
de suprimir la última parte
de la fracción XXII bis,
en la que se establece que
“la ley garantizará el voto
personal, libre y secreto
de los trabajadores para la
elección de sus dirigentes, la
resolución de conflictos entre
sindicatos y la solicitud de la
celebración de un contrato
colectivo de trabajo”.