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Lic. Jorge Velázquez Hernández
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DESDE EL TRONO FEDERAL ES UN MAMEY
Jorge Velázquez Hernández
© 2016
En su discurso del 10 de septiembre de 2016 ante la Asamblea del Colegio de
Abogados, el Honorable Juez Federal Juan Torruella exhorta a los puertorriqueños
a la desobediencia civil, mientras todavía ejerce el puesto de Juez Federal del
Primer Circuito de Estados Unidos. Tengo que quitarle al Honorable Juez
Torruella 10 puntitos (no dos, diez) por pretender bailar con Laura y Georgina
simultáneamente. El Juez Torruella baila con Laura al exhortar a la desobediencia
civil contra la Ley federal PROMESA, y baila simultáneamente con Georgina, al
ejercer su función jurídica de interpretar la Ley PROMESA, cuando inevitablemente
sea impugnada en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico y en revisión
judicial, al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, donde ejerce funciones.
Si el Honorable Juez Torruella ejerciera como abogado en Puerto Rico, podríamos
solicitar su inhibición en un pleito, al incurrir en representación simultánea adversa,
bajo el Canon 21 de Etica Profesional. Como saben, el Canon 21prohíbe a un
abogado a representar a partes contrarias en un mismo pleito; al representar a
ambas partes, el abogado incurre en un conflicto de intereses, ya que “su deber
era abogar por aquello a que debía oponerse.” In re Gordon Menéndez, 183
DPR 628 (2011).
El Juez Torruella, al exhortar enérgicamente a la desobediencia civil de una ley
federal que tiene la obligación ética, legal y constitucional de defender, incurre en
un claro y craso conflicto de interes entre su obligación juridica y su pasión
patriótica de abogar por los derechos de los puertorriqueños. Por más loable
que sean sus expresiones en el Colegio de Abogados en contra de la opresión
federal de la Ley PROMESA, simplemente no puede usar los dos sombreros a la
vez. Su aclaración (o “disclaimer”, como dicen los americanos), de que está
hablando en su carácter personal, y no en su carácter judicial, es extremadamente
ingenua, ya que está criticando una ley que con toda certeza, le va a tocar
interpretar judicialmente. No es una controversia abstracta (de hecho, ya hay
varios pleitos sobre la Ley Promesa que prontamente llegaran al Primer Circuito).
Si el Juez Torruella fuera guapo, y verdaderamente creyera en la injusticia de dicha
ley, debería renunciar a su puesto como Juez Federal, diciendo las siguientes
palabras:
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“I can no longer tolerate being an instrument of judicial
oppression of my people. I must practice what I preach, in order
to give an example to those whom I counsel to challenge the
federal law PROMESA. I must follow the example of the Founding
Fathers of the U.S. Constitution, and “pledge my life, my fortune,
my judicial position, and my sacred honor” for the dignity and
autonomy of the Puerto Rican people.” 1
Sin embargo, el Juez Torruella, en vez de practicar la desobediencia civil que
predica y poner su puesto a la disposición del Presidente Obama, decide, desde
la comodidad de su trono federal, exhortar a los boricuas a ser “carne de cañón”
en la desobediencia civil. Me pregunto: ¿dónde estará el Juez Torruella cuando
arresten a dichos boricuas, si dichos boricuas bloquean la entrada al correo
federal, al aeropuerto Luis Munoz Marin, y la base militar Buchanan? Estará
en su oficina en el Viejo San Juan o en Boston con sus tres oficiales juridicos,
interpretando (y validando o rechazando) la misma ley que causó el arresto
de dichos boricuas, la misma ley que él exhortó a desobecer. Si llegan a pasar
estos eventos, no le quedaría más remedio al Juez Torruella que inhibirse, porque
tendría un conflicto de interés sobre la validez y equidad de dicha ley, lo cual
socavaría su capacidad de evaluar imparcialmente la validez (o invalidez) de la Ley
PROMESA.
En adición, si el Juez Torruella fuera abogado en Puerto Rico, también tendría que
quitarle dos puntitos adicionales, por violar el Canon 7 de Etica Profesional, el cual
lee:
“Será altamente impropio de un abogado dar consejo legal a una
persona o entidad para facilitar o encubrir la comisión de un
delito público. Si un abogado es informado por su cliente de su
intención de cometer un delito público, tiene el deber de adoptar
aquellas medidas adecuadas para evitar la comisión de tal delito.
Ello no impide que un abogado exprese su opinión honesta sobre la
ilegalidad de un estatuto, pero en caso de así hacerlo debe advertir
1
Estoy parafraseando el texto de la Declaracion de Independencia de los
Estados Unidos, la cual lee, en parte pertinente:
But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the
same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism,
it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to
provide new Guards for their future security...And for the support of this
Declaration, with a firm reliance on the protection of divine Providence, we
mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes and our
sacred Honor.
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al cliente sobre las consecuencias legales de una violación a la
ley y las posibilidades de éxito del planteamiento.”
Fíjense que el llamado del Juez Torruella a la desobediencia civil, puede
interpretarse como un llamado a violar la ley. Por definición, la palabra
“desobediencia” quiere decir “desafío” o “reto”. Por tanto, el llamado del Juez
podría incluir un llamado a bloquear las calles o entradas al tribunal federal, en
violación a la ley de tránsito (lo que ya están haciendo), el hacer protestas dentro
del correo, lo cual constituiría una violación de ley federal (“trespassing in federal
territory”) o cualquier interferencia con agencias federales, en violación de la ley
federal o estatal. El Juez Torruella no está meramente exhortando a impugnar
judicialmente la ley en los tribunales; está llamando a un desafío ilícito de la ley
federal, en violación de su mandato constitucional prescrito por el Artículo VI de la
Constitución Federal.
Dicho Artículo VI lee:
“This Constitution, and the laws of the United States which shall be
made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be
made, under the authority of the United States, shall be the supreme
law of the land; and the judges in every state shall be bound
thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the
contrary notwithstanding.
The Senators and Representatives before mentioned, and the
Members of the several State Legislatures, and all executive
and judicial Officers, both of the United States and of the
several States, shall be bound by Oath or Affirmation, to
support this Constitution; but no religious Test shall ever be
required as a Qualification to any Office or public Trust under
the United States.”
En adición, en vez de arengar a los boricuas a incurrir en desobediencia civil (i.e.
actos ilícitos e ilegales contra las autoridades públicas federales y estatales), si
fuera abogado en Puerto Rico, bajo el Canon 7 tendría una obligación ética de
informarle las consecuencias jurídicas de dicha desobediencia civil. Sin embargo,
el Juez Torruella ha optado, desde las alturas de su poltrona federal imperial,
a exhortar a los boricuas a violar la ley, exponiéndolos a sanciones civiles y
criminales que el mismo (o sus colegas del Primer Circuito) tengan que
imponer. (Volvemos a su baile simultáneo con Laura y Georgina). Me parece que
las declaraciones del Honorable Juez Torruella son ingenuas en el mejor de los
casos y anti-éticas en el peor de los casos. Por tales razones, me reitero en
quitarle diez (10) puntitos al Honorable Juez Federal Juan Torruella.