1. Educación

DECLARACIÓN PÚBLICA: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN EN CONTEXTOS
DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
La Mesa Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN, el Comité Departamental
de Impulso al Año Internacional de la Agricultura Familiar y la Mesa Rural del Oriente, junto con
otras organizaciones de Antioquia, en ocasión de la celebración del Día Mundial de la mujer
rural y campesina (15 de Octubre), la Alimentación (16 de octubre), dedicada este año a la
Agricultura Familiar por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y considerando los trascendentales momentos que atraviesa el país y
Antioquia, en especial el compromiso de la Gobernación de Antioquia en "Preparémonos para
la Paz", y teniendo en cuenta los avances de las negociaciones (en aparente punto de no
retorno), y según preacuerdo de la Habana “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural
integral”, reclama la atención pública de los antioqueños y antioqueñas y del país, sobre las
comunidades y organizaciones campesinas en los municipios y subregiones del departamento,
ya que es allí donde se materializa la paz, territorios mayoritarios rurales, espacios donde se
conjuga el trabajo de miles de familias campesinas, los recursos naturales y la biodiversidad, y
con ellos, nuestra Seguridad y Soberanía Alimentaria (SSA), y por esto, llama la atención de las
ciudadanía, organizaciones sociales y políticas sobre lo siguiente:
1. El conflicto armado y el proceso de paz en Colombia, se ha expresado con especial crudeza
en el campo: territorio de desesperanzas y esperanzas, donde viven millones de familias
campesinas (agricultores, silvicultores, pescadores, artesanos y comunidades étnicas
afrocolombianas e indígenas), cuyo trabajo, accionar y productos, incide y compromete a
otros millones de ciudadanos y ciudadanas en pueblos y ciudades. Se hace necesario
apoyar y continuar el Proceso de Paz y vislumbrar la Seguridad y Soberanía Alimentaria de
la Nación, al futuro de estos, como aporte a la paz de Colombia.
2. Reconocemos que la Seguridad y Soberanía Alimentaria está asociada a una clara política
de reconocimiento de los derechos ante todo de los campesinos y campesinas, quienes
son los más vulnerables sociopolítica y económicamente, por lo que exhortamos al
Congreso de la República a mejorar y adoptar la propuesta del Comité Consultivo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conocida como "Texto preliminar de la
Declaración Internacional de los Derechos de los campesinos", para que sea aplicada en
Colombia, o en su defecto, a la Asamblea Departamental de Antioquia para que la asuma
en una sola política o en los diferentes proyectos de ordenanza relacionadas con el mundo
rural y el campesinado en Antioquia. Si desaparecen los campesinos y campesinas está en
riesgo nuestra Soberanía y Seguridad Alimentaria.
3. Con un promedio de cuatro miembros por hogar, el campesinado estaría conformado en
Colombia por algo más de 7,1 millones de personas. Es decir el 64,6% de la población
“resto” registrada por el censo de población de 2005. (PNUD. El campesinado:
reconocimiento para construir país, 2011). En Antioquia, las proyecciones censales,
establecen que para el año 2012, se tenía una población de 6.066.003, de la cual
4.834.074 habitan las cabeceras municipales, y 1.387.743 el resto (22.9%), es decir, en las
áreas rurales; la población indígena asciende a 28.914, es decir, el 0,53% del total; los
afroantioqueños (raizales, palenqueros y negros), 593.726, 10,88%; 5.OOO familias
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derivan su sustento exclusivamente de la pesca (Memorias Foro: De qué Vivirán los
pobladores Rurales, Agosto de 2013), el 20% de las familias campesinas del país. Ellos
deben ser los sujetos de las políticas agrarias del país y el departamento.
La Seguridad y Soberanía alimentaria es la capacidad que tiene una sociedad o grupos
poblacionales y étnicos o Estados, de definir sus políticas y de proveerse
permanentemente de alimentos, basados en sus propios recursos y producciones,
garantizando que estos sean de calidad e inocuos, culturalmente apropiada y de
accesibilidad a todos sus habitantes (FAO y otros). Así, en Antioquia nuestra canasta
familiar básica se estima que proviene en más del 50% (documento interno Secretaría de
Agricultura de Antioquia, 2012) de renglones productivos característicos de la economía
campesina tales como el maíz, el fríjol, el plátano, los tubérculos (papa), raíces (yuca,
ñame, y arracacha), las hortalizas y legumbres, las frutas, así como una buena parte del
arroz, el pescado y la leche. Otros alimentos como los pollos, cereales y productos de
panadería, frutas, carnes y derivados de la carne, pescado y otras comidas de mar, huevos
y grasas, son producidos por inversionistas agroempresariales y en conjunto, ambas
economías generan los productos que determinan la dieta de los consumidores urbanos
del país. Según Ecofondo, en Antioquia el 72% de los hogares se encuentra en estado de
inseguridad alimentaria (Aportes para la Construcción Participativa de una Propuesta de
Política Pública en Soberanía, Seguridad y Autonomía Alimentaria y Nutricional –SSAN - en
Colombia).
La lucha por erradicar el hambre y la desnutrición (primer objetivo del Milenio), así como
la pobreza en Colombia y Antioquia, pasa desde lo político y lo social por un entorno de
reconocimiento, investigación y apoyo a las producciones campesinas familiares, el acceso
a la tierra y demás factores de la producción, la asociatividad y la solidaridad con equidad
territorial; y en lo ambiental, por la disposición en cantidad y calidad de las aguas, la
protección de los suelos, el adecuado manejo y disposición de los residuos y aguas
residuales, el flujo de nutrientes y energía en sus predios o fincas campesinas: “Alimentar
al mundo, cuidar el planeta”.
Para ello, debe atenderse con prontitud la mejora integral del sistema productivo finca de
todos los campesinos y campesinas de Antioquia, que inicie desde la planificación de su
predio con enfoque de cuenca, incorporando la implementación de herramientas de
manejo del paisaje, acciones de protección y conservación del ambiente que contribuyan a
la restauración de redes ecológicas y de recursos naturales. Así mismo la planificación de
siembras, las cosechas, transporte y comercialización de los productos; el acceso a
créditos blandos con fondos especiales y las entidades financieras - Ministerio de
Agricultura y al seguro de cosecha; realizar las acciones de protección y conservación del
ambiente en la producción, con estrategias de producción agroecológica y sana de
alimentos, de insumos y el autoconsumo.
Es de común aceptación y reconocimiento social, el trascendental papel que juegan las
economías campesinas y sus familias en la producción de alimentos (más del 50%) en los
entornos locales, subregionales y nacionales, siendo producidos con mínimos suministros
o sin insumos químicos y por tanto, sanos, por lo que se hace necesario protegerlos. Por su
íntima relación con la cultura y tradición gastronómica de las comunidades, los sistemas
de producción campesina son garantes de nuestra seguridad y soberanía alimentaria,
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requiriéndose que sus productos sigan siendo mejorados y sanos, que sean
comercializados a precios accesibles y justos, además de continuar cuidando los
agrosistemas y demás recursos naturales, que representan nuestro patrimonio ambiental
colectivo. Se requiere nutricionalmente, que sean alimentos sanos, frescos o poco
procesados y de preferencia los que se producen y preparan en las regiones, teniendo en
cuenta aquellos que están en cosecha y se pueden comprar a precio justo en diferentes
épocas del año. Por esto, es esencial la definición de una orientación política nacional por
la Agroecología para las producciones campesinas.
La educación rural debe obedecer y tener en cuenta los contextos locales y regionales, de
manera que el diálogo intercultural, de saberes, de campesino a campesino, permita a las
nuevas generaciones y a la juventud, encontrar su espacio de permanencia, de
productividad, de trabajo y generación de ingresos, lograr sus aspiraciones y alcanzar sus
sueños en la ruralidad. Las universidades públicas nuestras (Universidad de Antioquia,
Politécnico Colombiano JIC y Universidad Nacional principalmente), deben dedicar su
capacidad investigativa, participativa, de extensión y asistencia técnica, a atender los
múltiples requerimientos y necesidades de las familias campesinas y la solución a
problemas de la producción rural. Es necesario mejorar y promover otras metodologías
pedagógicas y la descentralización de sus programas en las subregiones y corregimientos
que reconozcan y cualifiquen los valores del conocimiento ancestral y las experiencias
productivas y de manejo acopiadas desde hace siglos por las comunidades campesinas,
afrodescendientes e indígenas.
Nuestra Seguridad y Soberanía alimentaria depende en un todo de nuestra capacidad de
proteger y garantizar la existencia de las semillas criollas y nativas en los territorios,
adaptadas, cultivadas e intercambiadas o comercializadas por las familias campesinas de
productores así como del gusto, demanda y decisión de los consumidores, principalmente
los citadinos. También de la inocuidad y condición de alimento sano, por lo que se debe
hacer énfasis por la Vida y las producciones sanas, con conocimiento de la ecología, de
nuestros agrosistemas. Es fundamental que se reoriente la agricultura química por una
agricultura de base ecológica. Así mismo se hace necesario, implementar una política
pública en defensa de las semillas y genes criollos y tradicionales, por lo cual es
indispensable que se garantice su uso prioritario sobre otras semillas y además que se
proteja contra la contaminación con transgénicos
La actual crisis alimentaria de comunidades rurales, étnicas y mestizas de Antioquia, está
asociada en buena parte a la pérdida y destrucción de nuestra capacidad productiva
pesquera (proteína animal) y por tanto de escasa oferta de pescado de los grandes ríos,
debido a la contaminación doméstica e industrial, la deforestación generalizada, la
potrerización, la minería irresponsable y el permanente declive económico y cultural de las
familias de pescadores en zonas como Valles del Atrato, Bajo Cauca, Nechí y Magdalena
medio, principalmente. Requerimos planes e intervenciones específicas, con recursos
suficientes hacia ellos, especialmente en el cuidado y producción pesquera de ríos,
ciénagas y humedales y en el aprovechamiento múltiple del agua.
Importante re-significar la función y papel del bosque natural, las selvas, como
proveedores de alimentos y otros servicios ecosistémicos, su contribución a la Seguridad y
Soberanía Alimentaria pero además como fuente de servicios directos (especialmente
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agua para riego, control biológico y provisión de genes) que favorecen y garantizan una
producción sana y abundante de cosechas, y por tanto, hacer los esfuerzos de protección,
conservación e incremento de la producción de almendras, palmito, frutos, hongos,
insectos, proteína animal, etc., en beneficio de las comunidades que la habitan,
principalmente de comunidades indígenas y afrocolombianos.
Consideramos necesario fortalecer una Política Rural que propicie el desarrollo territorial y
el desarrollo de competencias regionales, que incorpora la nueva ruralidad incluso en
áreas y regiones metropolitanas con estrategias de contención de la expansión urbana y
del reconocimiento de las interfases y difusiones urbano-rurales, según dinámicas del
sistema urbano-regional y el rol estratégico, social, económico y cultural de la base
económica productiva; que diversifica los mecanismos e instrumentos de Gestión del
Desarrollo Rural: Distritos Agrarios, Rurales, Reservas Campesinas, Distritos de Manejo
Integrado etc. Se debe encontrar un lugar y un hacer desde las agriculturas urbanas y la
educación ambiental, de manera que se optimicen los aprendizajes y los recursos públicos
destinados a la producción de alimentos, así como a determinar su contribución a la
organización social y la seguridad alimentaria de las familias citadinas y a la mitigación del
cambio climático.
Garantizar la continuidad, cantidad adecuada y la calidad de los alimentos en la mesa de
las familias colombianas, también debe tener en cuenta el tamaño de la propiedad rural,
el cumplimiento de su función social y ecológica, mantener su capacidad productiva, por lo
que respaldamos la definición de una Unidad Agrícola Familiar UAF por municipio en
correspondencia con la unidad agrológica regional, que sea capaz de generar ingresos
estables a la familia y la permanencia de los recursos naturales que la hacen posible.
Consideran estos colectivos, que el latifundio debe tener un tamaño máximo y unas
exigencias de producción en las áreas aptas para ello así como de protección ambiental,
definidas en las escrituras del predio. En concordancia con la realidad productiva, diversa e
integral, deben reconocerse como actividades productivas valorables y reconocidas
económicamente, aquellas derivadas de la protección de ecosistemas que proveen
servicios a la sociedad y permiten la sostenibilidad de los territorios.
Adaptarnos ante las variaciones climáticas y el cambio global para la Soberanía y la
Seguridad Alimentaria, debe tener en cuenta a los campesinos, las comunidades, sus
organizaciones y el Estado, de manera que se protejan y mantengan en las fincas y veredas
las variedades agrícolas agrícolas y los sistemas productivos resistentes a dichos cambios,
se incentive con mecanismos de compensación y estímulo y se incentive y no se penalice
su producción y conservación, se prevean los movimientos de especies y cultivos entre
regiones y pisos altitudinales y se faciliten las condiciones e institucionalidad de
producción, transformación y comercialización social de productos alimenticios.
Es necesario el aprovechamiento creativo e innovador sostenible de la Bioenergía, la
Biodiversidad y el diálogo intercultural para el cuidado del agua y la permanencia de las
familias campesinas. En concordancia con la realidad productiva, diversa e integral, deben
reconocerse como actividades productivas valorables y reconocidas económicamente,
aquellas derivadas de la protección de ecosistemas que proveen servicios a la sociedad y
permiten la sostenibilidad de los territorios. Debemos desarrollar los instrumentos de
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pago por servicios Ambientales a familias campesinas que los lleve a cuidar las aguas, los
bosques y los suelos y a no perder sus predios ni sus culturas.
El 80% de los municipios de Antioquia y del país con Categoría 6, con poblaciones de 30
habitantes o menos que generan en promedio 15 ton o menos/día de residuos, de los
cuales, 7 o 8 ton son residuos orgánicos completamente transformables en abonos
orgánicos de alta riqueza nutritiva para los suelos y cultivos. En Antioquia se generan
1.100.000 ton/año de los cuales se pueden obtener 500.000 ton/año de compost o
abonos orgánicos, con los cuales se pueden recuperar o mejorar 40.000 ha de suelos con
aplicación de 5 ton/ha/año para producciones agroalimentarias sanas, por lo cual se debe
lanzar una política departamental de cero orgánicos a los rellenos sanitarios. Todos al
aprovechamiento y producción de abonos y el 25% al reciclaje. Al relleno sanitario sólo el
25% del total.
Evidenciamos la necesidad desde las economías campesinas de desarrollos
socioempresariales autónomos, en especial, aquellos relacionados con la economía
solidaria y el apoyo del Estado, de manera que se puedan construir y fortalecer canales de
mercadeo asociativos y solidarios (circuitos económicos solidarios) para sus productos,
desde los municipios donde se realiza la producción, hasta los mercados de las ciudades.
Afirmamos el rol fundamental de las mujeres rurales y campesinas, en la producción
agroalimentaria, en la preservación ambiental y de la biodiversidad, así como su aporte a
la autonomía, la seguridad y la soberanía alimentaria y en la construcción social y cultural
de los territorios. Por lo que planteamos, que se debe aplicar efectivamente la
transversalidad del enfoque de género en los proyectos, programas y planes articulados a
la política pública rural. En el país y en los departamentos se aplicará plenamente, con
recursos económicos y sin recortes, la política pública de las mujeres rurales y se
desarrollarán programas sistemáticos o continuos orientados a corregir los factores que
condicionan su situación de subordinación. En especifico lo relacionado con: el derecho a
la tierra y la propiedad, a una vida libre de violencias, la educación, la salud y a la
participación, en condiciones de equidad y calidad. La política de ruralidad abrirá diálogos
con las organizaciones y movimientos de mujeres, y aprovechará el inmenso acumulado
organizativo de las mujeres rurales y campesinas; posibilitará la participación plena de sus
diferentes expresiones organizativas y en las instancias de consulta, dirección y aplicación
de la política pública.
Las cadenas de comercialización, plazas mayoristas y minoristas, centros comerciales,
grandes superficies, hipertiendas y empresarios de los alimentos, deben tener en cuenta
nuestra propia base y oferta productiva, investigarla, adaptarla y extenderla de manera
que, con nuestros campesinos, conocimientos, puedan decir "Soy Capaz de..." atender los
requerimientos gastronómicos y demás demandas alimentarias del pueblo colombiano,
sin ponerlo a depender de importaciones y producciones externas y entrando con claridad
en mercados de pago justo a los campesinos.
Con el fin de garantizar la generación de ingresos sostenibles a las personas que habitan
en la zona rural, se deben establecer regulación a los precios de los alimentos a los cuales
el sector comercial y empresarios de los alimentos, entre otros, compran los productos o
insumos al campesinado. Se debe establecer precios de sustentación en especial a
aquellos alimentos que tienen grandes fluctuaciones para impedir los cambios dramáticos
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o establecer una política de precios que permita que ello incluya los costos de producción
más un margen justo de utilidad para la productores.
Resaltamos el esfuerzo de algunas entidades públicas y privadas de promover y hacer
compras de alimentos locales para la alimentación escolar e institucional. Instamos a toda
la institucionalidad para que haga lo mismo de manera más eficiente y directa con las
asociaciones de productores campesinos y en alianzas público-privada y sociales.
Igualmente, a no utilizar empaques sintéticos en los recipientes y contenedores de
entrega o venta al público de alimentos.
Se requiere de un gran esfuerzo informativo e ilustrado, destinado a formar conciencia
nacional sobre los valores nutricionales de la comida tradicional colombiana y en especial
de las formas de preparar los alimentos que aportan los agrosistemas locales, sus
posibilidades e integración a la gastronomía sana (Antioquia: Bandeja Paisa, el sancocho,
sudados, sopas y caldos, el consumo del pescado) y una gran variedad de productos
hortícolas de gran adaptación a nuestro medio. Alimentación sana con alimentos sanos y
ambiente sano, con ciudadanos sanos y felices.
Invitamos a las escuelas gastronómicas y a las formaciones gastronómicas para el trabajo,
que realiza el SENA, para que se investigue, desarrolle y popularice conocimientos,
técnicas y expresiones regionales y locales de alimentación y promueva la recuperación
con creatividad, de los consumos alimentarios apropiados, sanos y de alto valor nutricional
a partir de nuestras propias producciones.
Consideramos esencial que las tierras planas, bajas, de pendientes suaves de Antioquia,
con posibilidades de agroindustrialización y que están en producciones de ganadería
extensiva u ociosa, se orienten y definan hacia la producción de alimentos bajo esquemas
de mayor eficiencia ambiental y social, especialmente a los que están siendo importados
como soya, sorgo, maíz, arroz, frijol. Llamamos la atención sobre cuál es el modelo de
agricultura, en beneficio de quiénes y su aporte a la Seguridad y Soberanía alimentaria y el
lugar del campesinado, con el que se está incentivando la propiedad, la ocupación e
implementación de agriculturas y silviculturas en baldíos públicos del país, un debate que
debe involucrar a toda las organizaciones sociales públicas y privadas del país. Así mismo,
exhortamos a que se promueva y se afiancen las producciones integrales especialmente
en zonas de montaña con pendientes que exigen este manejo (agroforestales).
Estos momentos de Nación obliga a rediseñar la institucionalidad pública nacional,
departamental y municipal para la atención y apoyo en todos los aspectos al campesinado
del país. Con la actual estructura administrativa no se está en capacidad de afrontar los
retos de la producción y la comercialización para la Seguridad y la Soberanía alimentaria
del país. Se respeta y acoge la legalidad del Decreto 1777 de 1996 sobre Zonas de Reserva
Campesina ZRC y, se apoya la iniciativa de aprobar los Distritos Agrarios Supramunicipales
que discute la Asamblea de Antioquia con el fin de garantizar territorios y culturas
campesinas para la Seguridad y soberanía alimentaria de buena parte del país.
Requerimos que las iniciativas del Ministerio de Agricultura y Secretarías de Agricultura de
Antioquia y de los municipios (UMATAs), se “campesinicen”, entendiendo por esto, la
atención preferencial y prioritaria de intervención presupuestal, organizativa y productiva
a la familia campesina, mejorando sustancialmente lo definido en la Resolución 267 de
junio de 2014 (Programa de Agricultura Familiar), con atención a sus propias seguridades
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alimentarias y a las producciones agroalimentarias que cualifiquen y agreguen valor
nutricional a la canasta familiar (paisa: Frijoles, maíz, yuca, plátanos y bananos, papa,
arroz, gallinas criollas, pescado, variedad y multiplicidad de hortalizas y frutas para jugos
naturales, el uso de la miel de abejas y de la panela como endulzantes de nuestras
bebidas, entre otras).
27. Los recursos del presupuesto nacional, departamental y municipal de 2015 y años
subsiguientes, para atender las demandas del sector agropecuario expresado en las
movilizaciones campesinas del 2013, para la actual política agraria, debe encontrar un
equilibrio armonioso entre inversiones a familias campesinas y productores de
comercialización y exportación (Commodities) ya que se observa que va dirigido y
mayoritariamente, sólo hacia los grandes productores gremiales e inversores de renglones
específicos (grandes propietarios locales y regionales: café, cacao, arroz, papa, panela,
leche, huevos, pollos, etc), en desmedro de los primeros y de la soberanía alimentaria del
departamento y el país. No se está de acuerdo con los subsidios a sectores gremiales
productivos y sí a la financiación familiar productiva.
28. Se requiere seguir avanzando en la construcción e implementación de un Modelo de
Desarrollo Rural sustentable, integral y con equidad territorial, del orden nacional,
referencia para los desarrollos rurales departamentales y regionales, que le dé un justo
lugar a las familias campesinas del país, quienes a su vez, garantizarán la Soberanía y
Seguridad Alimentaria, adecuada social, ambiental y culturalmente, según nuestras
tradiciones.
Medellín, Octubre 16 de 2014.
Suscriben esta declaración organizaciones de Antioquia.
Mesa Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN.
Jardín Botánico de Medellín, Fundación Alpina, Fundación Compañeros de las Américas,
FUNDAUNIBAN, Comité Científico del Foco Agua, Alimentación y Territorio Universidad
Pontificia Bolivariana, Gestiagro Politécnico JIC, Mekasaraba, Mesa intercorregimental de
Medellín, Unidad de Seguridad Alimentaria de Medellín, CORBANACOL, Fundación
Salvaterra, Secretaría del Medio Ambiente -Gobernación de Antioquia, Corporación
Ambiental U de A y CORANTIOQUIA.
Comité Departamental de Impulso al Año de la Agricultura Familiar. Red Colombiana de
Agricultura Ecológica RECAB, Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional
CIER, Corporación para la Educación Integral y el Bienestar Ambiental CEIBA; Corporación
GAIA, Colectivo de apoyo a la vía campesina.
Mesa de Desarrollo Rural del Oriente Antioqueño. Corporación de Estudios, Educación e
Investigación Ambiental CEAM, COREDI, Universidad Católica, Corporación Vida Justicia y
Paz.
Colectivo Ambiental Pantágoras: Fundación ConVida, Corporación Comité Pro Romeral
para la Recuperación y Preservación de Microcuencas, Corporación Ciudad, Corporación
Ecológica Biosanar, Conexión Agroambiental, CorpoGedi, Corporación HAMM
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Colectivo AgroAmbiental de Antioquia. Corporación GAIA, Corporación TERRHA, Colectivo
de Mujeres, Corporación Vamos Mujer.
Otras organizaciones: PNUD Antioquia, ACODAL, ASPROFRUTO, Fundación Solidaria
Oriente Antioqueño - FUSOAN, Asamblea Provincial del Oriente, CONCIUDADANÍA,
Asociación de Mujeres del Oriente AMOR. Red de Consejos Municipales de Desarrollo
Rural del Oriente - CMDR, Red de Biocomercio del Oriente, Asociación de Promotores del
Oriente ASPRORIENTE, Corporación Ambiental Municipal de Marinilla - TAFA, Asociación
de Organizaciones Ambientalistas de Valles de San Nicolás AVANS, ASEMAR, Revista
Ambiental El Reto.
Voceros de esta declaración:
Hernán Porras Gallego
Tel. 3104082775
E-mail: [email protected]
Tarsicio Aguilar Gómez
Tel. 3105003004
E-mail: [email protected]
Doris Elena Suaza Suescún
Tel: 3146309224
E-mail: [email protected]
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