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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN
Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación:
Expediente:
Actor:
Demandado:
Referencia:
730012331000200502702 01
35.029
ESPERANZA MOLINA GUIZA Y OTROS
NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA– EJÉRCITO NACIONAL
APELACIÓN SENTENCIA – REPARACIÓN DIRECTA
Temas: Responsabilidad del Estado por falla del servicio en casos de
ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”. Aplicación de la responsabilidad
agravada del Estado por violaciones graves a derechos humanos o al derecho
internacional humanitario. Reparación integral del daño antijurídico.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 7 de diciembre de
2007, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1.- La demanda y su trámite
En escrito presentado el 31 de octubre de 2005 por intermedio de apoderado
judicial, la señora Esperanza Molina Guiza, quien actúa en nombre propio y en
representación de sus hijos menores de edad Cristian Camilo Pulido y Paola
Andrea Pulido Molina; Alba Odilia Pulido; Pedro Pablo Pulido, actuando en
nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Adriana Lucía,
Alfonso, y Jenny Paola Pulido Pulido; María Nancy, Giovanny, Pedro Pablo, Julio,
Miguel Ángel, María Janeth, Luz Marina y Leidy Johana Pulido Pulido,
interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la
Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se la
declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos
como consecuencia de la muerte del señor Camilo Pulido Pulido, en hechos acaecidos
el 3 de noviembre de 2003 en la vereda Potosí, municipio de Cajamarca, departamento
del Tolima, así como por el posterior desplazamiento forzado del que fueron víctimas
los demandantes.
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Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la
demandada a pagar a su favor, por concepto de indemnización de perjuicios
morales por la muerte del señor Camilo Pulido Pulido la suma equivalente en
pesos a 100 SMLMV para cada uno de los demandantes; asimismo, por
indemnización de perjuicios morales como consecuencia del desplazamiento
forzado que debieron sufrir, deprecaron la cantidad de 600 SMLMV a favor de
cada uno de ellos; por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente solicitaron la suma de $ 10’000.000 y, en la
modalidad de lucro cesante, la suma que resultara probada en el proceso y que
sea liquidada conforme a las fórmulas utilizadas por la jurisprudencia del Consejo
de Estado a favor de la compañera permanente e hijos de la víctima directa.
Como fundamentos fácticos de sus pretensiones narró la demanda que el día 3
de noviembre de 2003, en la finca Semillas de Agua, ubicada en la vereda Potosí,
corregimiento de Amaine, departamento del Tolima, varios hombres armados
vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares que usaban
pasamontañas y que se identificaron como paramilitares, sacaron de su casa de
habitación al señor Camilo Pulido Pulido, junto con otra persona, y les dispararon
causándoles la muerte.
Agregó la demanda que al día siguiente, el periódico El Nuevo Día de Ibagué hizo
referencia a tales hechos, pero en el sentido de indicar que las personas que
resultaron muertas eran miembros de la comisión de finanzas del frente 21 de las
FARC y que fueron dados de baja en medio de un enfrentamiento armado con un
grupo de militares pertenecientes a la Sexta Brigada del Ejército Nacional en el
corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca. Sin embargo, aducen los
actores que el señor Camilo Pulido antes de su muerte se dedicaba a labores
agrícolas y de minería en esa zona, y que no tenía vínculo alguno con grupos
armados al margen de la ley.
Agregó el libelo que como consecuencia de la ejecución del señor Camilo Pulido,
al igual que la desaparición, tortura y muerte de varios campesinos de la región
en hechos acaecidos entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, su núcleo familiar se
vio en la inminente necesidad de desplazarse forzadamente y de abandonar sus
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Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
pertenencias y cultivos, afrontando una situación económica extremadamente
precaria.
Afirma la parte actora que los hechos recogidos en el aparte anterior son
constitutivos de “una falla probada del servicio”, puesto que los miembros del
Ejército Nacional involucrados en ellos pervirtieron las funciones del servicio del
cual se hallaban investidos, puesto que, mediante la utilización de uniformes y de
armas de fuego de dotación oficial, cometieron varios crímenes de lesa
humanidad, como fueron homicidios, desapariciones forzadas, hurtos y el
desplazamiento forzado de los habitantes de esa región, al tiempo que ofendieron
la dignidad de la víctima al presentarlo como un subversivo muerto en combate 1.
La demanda así planteada fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima
mediante proveído de fecha 10 de noviembre de 2005, el cual se notificó en legal
forma a la entidad demandada y al Ministerio Público 2.
1.2.- El Ministerio de Defensa -Ejército Nacional- contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas en ella; para tal efecto, se limitó a manifestar que
correspondía a la parte actora acreditar los elementos que sirven de fundamento
para derivar responsabilidad al Estado, máxime cuando no se allegó con la demanda
prueba alguna que acreditara la participación de miembros de esa institución en los
daños que originaron la presente acción3.
1.3.- Vencido el período probatorio dispuesto en providencia proferida el 5 de
septiembre de 2009 y fracasada la etapa de conciliación, mediante auto de 22 de
octubre de 2007 el Tribunal de primera instancia dio traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto4.
En sus alegatos, la entidad pública demandada sostuvo que, de conformidad con
los elementos de convicción allegados al proceso, podía inferirse que en el
presente caso se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en
el “hecho de un tercero”, comoquiera que fueron miembros de un grupo al margen
1
Fls. 111 a 169 C. 1.
Fls. 171 a 175 C. 1.
3 Fls. 181 a 18 C. 1.
4 Fls. 193 y 250 C. 1.
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Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
de la ley, los que cometieron los delitos a los que refiere la demanda, por manera
que tales actos no comprometían la responsabilidad del Estado 5.
La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio dentro de la respectiva
oportunidad procesal6.
1.4.- La sentencia de primera instancia.
Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo del Tolima
profirió sentencia el 7 de diciembre de 2007, oportunidad en la cual denegó las
pretensiones de la demanda.
Para arribar a esa decisión, el Tribunal de primera instancia puso de presente,
básicamente, que a partir del acervo probatorio arrimado al proceso, únicamente
se tenía prueba de la muerte del señor Camilo Pulido Pulido, pero no se tenía
noticia alguna de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se
produjo, así como tampoco se aportó prueba válida respecto que comprometiera
a algún miembro del Ejército Nacional con la muerte de la referida persona,
menos aún, en las circunstancias descritas en la demanda, y ello en virtud de que
los documentos que se allegaron al proceso fueron aportados en copia simple 7.
1.5.- El recurso de apelación
Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso oportunamente recurso de
apelación, el cual fue concedido por el Tribunal a quo el 11 de febrero de 2014 y
vino a ser admitido por esta Corporación el 28 de marzo de esa misma
anualidad8.
La parte actora insistió en que en el presente asunto se configuró una falla del
servicio imputable el Ejército Nacional, comoquiera que en el proceso se probó
que miembros del Batallón de Contraguerrilla “Pijaos” de la Sexta Brigada del
Ejército, con sede en Ibagué, hicieron presencia en la vereda Potosí del municipio
de Cajamarca, y que lo hicieron en el marco de unas operaciones militares
5
Fls. 251 a 252 C. 1.
Fl. 252 C. 1.
7 Fls. 253 a 264 C. Ppal.
8 Fls. 162 y 166 C. Ppal.
6
5
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Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
concertadas para combatir a grupos insurgentes que operaban en esa región.
Indicó que durante la época en que se efectuaron tales operativos, los militares
perpetraron varios homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas y
desplazamientos en contra de la población civil, para lo cual se hacían pasar por
grupos paramilitares, tal y como lo estableció la Fiscalía General de la Nación
dentro de los procesos penales adelantados por tales hechos.
Agregó que, en el proceso penal se acreditó que en ese contexto de vulneración
múltiple y sistemática de derechos humanos perpetrada por miembros del Ejército
Nacional, entre los días 2 a 6 de noviembre de 2003, se produjo la ejecución del
señor Camilo Pulido Pulido y de otras personas, así como también se probó que
al día siguiente de la muerte de la referida persona, según declaraciones
ofrecidas a medios de comunicación por el Comandante de la Sexta Brigada del
Ejército Nacional, los hicieron pasar por subversivos abatidos en combate, todo lo
cual obligó a su familia a desplazarse forzadamente y a dejar sus pertenencias y
cultivos abandonados, circunstancia que les ocasionó graves perjuicios del orden
material e inmaterial 9.
1.6.- Una vez se dio traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera concepto si lo consideraba del caso, éste
último guardó silencio10.
La parte actora replicó íntegramente los argumentos que había expuesto en el
recurso de apelación e insistió en la configuración de una falla del servicio por
parte del Ejército Nacional, dada la participación de miembros de esa institución
en la comisión de los daños antijurídicos que originaron la presente acción 11.
A su turno, la parte demandada manifestó que en el presente caso se configuró la
causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un
tercero, toda vez que la muerte de la citada víctima directa fue cometida por
miembros de la organización criminal denominada Autodefensas Unidas de
Colombia -AUC-12.
9
Fls. 276 a 288 C. Ppal.
Fls. 373 y 434 C. Ppal.
11 Fls. 385 a 392 C. Ppal.
12 Fls. 381 a 384 C. Ppal.
10
6
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Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo
actuado, procede a resolver de fondo el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1.- Competencia de la Sala
2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en
razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida el 7 de diciembre de 2007, por el Tribunal Administrativo del Tolima,
comoquiera que la demanda se presentó el 31 de octubre de 2005 y la pretensión
mayor se estimó en la suma de 600 SMLMV por concepto de indemnización de
perjuicios morales para cada demandante, derivado del desplazamiento forzado
del que habrían sido víctimas, la cual supera el monto exigido -500 SMLMV-, para
que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera
vocación de doble instancia ante esta Corporación 13.
2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción
indemnizatoria, según se indicó, su ejercicio tuvo por origen la muerte del señor
Camilo Pulido Pulido ocurrida el 3 de noviembre de 2003, así como por el
posterior desplazamiento forzado del cual habrían sido víctimas los demandantes,
razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 31 de octubre de 2005, se
impone concluir que se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8
del artículo 136 del C.C.A.
2.2.- Acerca de las pruebas trasladadas del proceso penal.
En los cuadernos 4 a 17 se aprecian copias de varias piezas del proceso penal14
tramitado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, adelantado con ocasión de los
hechos acaecidos entre los días 2 a 7 de noviembre de 2003 en las veredas de
Potosí y El Oso, El Palomar y Semillas de Agua, del municipio de Cajamarca,
Tolima, pruebas que fueron decretadas y debidamente incorporadas al expediente,
13
Artículo 40, Ley 446 de 1998.
Se aclara que las copias simples gozan de mérito probatorio conforme a lo decidido por el pleno de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.
14
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Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
no obstante lo cual, habida cuenta que fueron solicitadas única y exclusivamente por
la parte demandante15, no cumplirían con la regla de traslado contenida en el artículo
185 del C. de P. C.16 por lo que, en principio, de dicha actuación sólo sería posible
valorar la prueba de tipo documental que contuviera. Sin embargo, la Sala advierte
que se está frente a un caso de violación grave de derechos humanos y que, por
ello, la valoración probatoria debe ser más flexible dadas las circunstancias de
indefensión en que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos y la renuencia
que ha exhibido en este asunto la entidad demandada para permitir la acreditación
los hechos, razones por las cuales la Sala, en acatamiento a los principios de justicia
material y de acceso a la Administración de Justicia, dará valor probatorio a la
totalidad de los elementos de convicción que obran en dicho encuadernamiento, lo
que hace con estricto apego a lo precisado por la jurisprudencia del Consejo de
Estado17, en la que se ha razonado sobre estos aspectos de la siguiente manera:
“Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente
a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones
de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en
Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en
zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo
anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta,
queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a
su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria
por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se
traduce en una expresa denegación de justicia.
Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá
acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e
inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de
reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos
fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.
Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de
derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe
el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes
“Lo anterior, como quiera que la prueba trasladada, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta
Sala, sólo es susceptible de valoración, en la medida en que las mismas hayan sido practicadas con presencia
de la parte contra quien se pretenden hacer valer (principio de contradicción), o que sean ratificadas en el
proceso contencioso administrativo. Es posible, además, tenerlas en cuenta, si existe ratificación tácita, esto es
que la demandada las haya solicitado, al igual que el demandante; lo anterior conforme al principio de lealtad
procesal, como quiera que no resulta viable que si se deprecan… con posterioridad, esa parte se sustraiga frente
a los posibles efectos desfavorables que le acarree el acervo probatorio.” Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia de 5 de junio de 2008, exp. 16174. De igual manera se pueden consultar las sentencias de 20 de
febrero de 1992, expediente 6514 y de 30 de mayo de 2002 expediente 13476.
16 A cuyo tenor: “Las pruebas prácticas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y
serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de
la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.”
17 Ver también: Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso No. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M. P.
Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.
15
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Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las
víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba;
estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la
situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios. (…).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en
casos de violaciones a derechos humanos es el Estado quien tiene el control de los
medios para desvirtuar una situación fáctica: “a diferencia del derecho penal
interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del
Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar
pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar
hechos ocurridos dentro de su territorio”18.
Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de desaparición forzada y
ejecuciones sumarias, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la
Corte Interamericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya
consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le
asiste una carga probatoria mayor: “La Corte no puede ignorar la gravedad
especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de
haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello
obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este
extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la
verdad de los hechos alegados”19.
En consideración a los criterios de valoración expuestos, la Sala, teniendo en
cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos,
adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por
los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva”20
(negrillas originales).
Así las cosas, se tendrá en cuenta para la resolución del presente caso la totalidad
de los medios de convicción que en el proceso penal se encuentran contenidos, así
como las copias simples21 de las providencias dictadas dentro de ese mismo
proceso por el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, las cuales, si bien fueron
allegadas por la parte actora después de fenecida la oportunidad para pedir y/o
aportar pruebas, lo cierto es que hacen parte del mismo encuadernamiento penal
que solicitó en primera instancia, por lo que se les dará acogida en este proceso en
estricto apego de la aplicación de los principios de flexibilización en la apreciación y
valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos
18
Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y
otros vs. Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135;
sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia del 3 de abril del 2009,
caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 95.
19 Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135.
20 Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28 de
agosto de 2014, dentro del proceso No. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M. P. Ramiro De Jesús Pazos
Guerrero.
21 Se aclara que las copias simples gozan de mérito probatorio conforme a lo decidido por el pleno de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.
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Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario a que se ha hecho
referencia.
2.3. Los hechos probados.
A partir de los elementos de convicción arrimados al proceso en legal forma, la
Sala tiene por establecidos los siguientes hechos:
i) Que, de acuerdo con el certificado de defunción obrante en el proceso, el día 3 de
noviembre de 2003 el señor Camilo Pulido Pulido murió de forma violenta en el área
rural del municipio de Ibagué22.
ii) Que el levantamiento del cadáver del antes mencionado se llevó a cabo el 4 de
noviembre de 2003 por parte del Fiscal 24 de Ibagué en las instalaciones del
Batallón Jaime Rook del Ejército Nacional de esa ciudad23, diligencia en la que se
concluyó que el occiso murió como consecuencia del impacto de proyectil de armas
de fuego y de explosivos, tal como lo consignó la siguiente información:
“Fecha: 4 de noviembre de 2003.
Lugar de los hechos: Municipio de Cajamarca, Corregimiento de Anaime, en área
despoblada.
Fecha de los hechos: 3 de noviembre de 2003.
Identificación indiciaria: occiso NN masculino de 25 a 30 años.
Lesiones observadas: heridas múltiples y abundantes con exposición de tejido
óseo y blando, intercostal, abdominal y fosa ilíaca; herida abierta de 2 cm de
diámetro con exposición de masa encefálica en región temporal izquierda a 5 cm
del pabellón auricular; herida grande y abierta con destrucción de bóveda craneana
y exposición de masa encefálica en región temporo occipital derecha.
Hechos: muerte por proyectil de arma de fuego, se presentó combate entre la
Compañía Búfalo del Batallón Contraguerrilla No. 6 “Pijaos” con el frente 21
de las FARC.
Hipótesis formulada: Homicidio por proyectil de arma de fuego y explosivos”
(negrillas y subrayas adicionales).
iii) Que, en relación con las circunstancias en las cuales acaeció la muerte del señor
Camilo Pulido Pulido, el Capitán del Ejército Nacional Juan Carlos Rodríguez
Agudelo, el 3 de noviembre de 2003, presentó ante sus superiores un informe oficial,
22
23
Fl. 24 a 25 C. 2.
Fl. 19 C. 12.
10
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
correspondiente al denominado “patrullaje Omega”, en el cual manifestó (Se
transcribe de manera textual):
“Por medio del presente me permito informarle al señor Mayor Cdte. del Batallón
No. 6 Pijaos los hechos ocurridos el día 3 de noviembre de 2003 en la vereda Los
Valles, perteneciente al corregimiento de Anaime, así:
Se encontraba la Compañía Búfalo del batallón No. 6 Pijaos acantonada en el
corregimiento de Anaime, se tuvo la información que en un vehículo campero los
terroristas de la cuadrilla 21 de las FARC iban a recibir comida para abastecerse
por 5 días, en el sitio ‘Semillas de agua’, de inmediato se planea una maniobra
relámpago de ofensiva para capturar y/o dar de baja a los terroristas, se alista el
cuarto destacamento de la Compañía al mando del señor SS. Casallas Suescum
Wilson, se inicia el desplazamiento a las 04:30 a.m., al punto denominado semillas
de agua y se toma posición de las coordenadas. El comandante del
destacamento observa movimientos de los terroristas que se van
desplazando en Dirección a donde se encuentra el cuarto destacamento, se
da cuenta que vienen de 7 a 15 aproximadamente a las 14:00 h. Terroristas
vestidos en uniforme camuflado de Policías y de Civil, cargando armas de
largo alcance (fusiles), traían un caballo de carga, se da la voz de alto y los
terroristas abren fuego contra la tropa, las tropas reaccionan a la amenaza y
abren fuego y posteriormente inician la persecución de los terroristas.
En los registros son encontrados un terrorista vestido de civil y al lado una
pistola Browin junto a él se encuentra un caballo muerto, más adelante es
hallado otro terrorista vestido con camuflado con chaleco para portar proveedores y
una pistola 9 mm, marca Ruger (sic).
Posterior a los hechos los terroristas son recogidos y transportados a un lugar
seguro ya que por inteligencia técnica al parecer se estaban reorganizando para
tratar de golpear a las tropas. Todas las actividades realizadas fueron informadas
al Comando Superior.
Los terroristas fueron trasladados al municipio de Cajamarca y entregados al Sr.
CT. Mora, cdte. De Ibagué. Personal distinguido en la maniobra:
SS. Casillas Suescun Wilson,
C.P. Blanco Steban Francisco,
C3. Ángel González Oscar,
SLP. Rodríguez Bermúdez Elepifen,
SLP. Weche Pérez Marco,
SLP. Marín Malatesca Gilberto,
Resultados: Dos terroristas dados de baja, uno en camuflado, uno de civil”24
(negrillas adicionales).
Debe anotarse finalmente que obran en el proceso penal varias fotografías
presentadas a los medios de comunicación de los cuerpos de las personas dadas de
baja con el rótulo: “Fotografías resultados operacionales Operación Omega,
Batallón Contraguerrillas No. 6 Pijaos”.
24
Fl. 292 a 296 C. 12.
11
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
iv) Que el día 7 de noviembre de 2003 el periódico El Nuevo Día de Ibagué publicó
la noticia de la muerte de las referidas personas, abatidas por el Ejército Nacional,
con el siguiente titular: “Ejército confirmó que guerrillero muerto en Anaime era el
segundo en finanzas del Frente 21 de las FARC”. Asimismo, informó que “El
segundo hombre de las finanzas del frente 21 de las FARC, conocido con el alias de
‘Mauricio’ fue abatido en la vereda Semillas de Agua en el corregimiento de Anaime,
jurisdicción de Cajamarca, en combates sostenidos con el Ejército (…)”25.
v) Que el 3 de diciembre de 2003, el Oficial de Derechos Humanos de la Sexta
Brigada del Ejército formuló denuncia en contra de los miembros del frente 21 de las
FARC ante la Fiscalía Seccional del Tolima por los hechos ocurridos entre los días 2
y 6 de noviembre de ese mismo año en la zona rural del municipio de Cajamarca. En
ese documento el oficial del Ejército Nacional refirió que ese grupo subversivo había
cometido varias desapariciones forzadas, torturas y homicidios selectivos en contra
de la población civil, todo lo cual había provocado el desplazamiento masivo de un
gran número de habitantes de esa región26.
No obstante lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, en la investigación
adelantada por tales hechos –los denunciados como de autoría de las FARC-,
estableció la posible participación de miembros de la compañía Búfalo de la Sexta
Brigada del Ejército Nacional que intervinieron en la denominada operación
“Omega”, razón por la cual profirió medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en contra de los señores Juan Carlos Rodríguez Agudelo,
Francisco Blanco Esteban y Albeiro Pérez Duque, como presuntos autores
responsables de los delitos de “homicidio múltiple agravado, desaparición forzada
agravada, tortura agravada, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y
agravado, falso testimonio, falso testimonio, falso testimonio, falsedad ideológica en
documento público y fraude procesal”.
25
Fls. 46 a 47 C. 1. Sobre la utilidad de dichos medio de prueba esta Sección del Consejo de Estado ha
considerado que: “Es necesario dilucidar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa, ya que
el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la verosimilitud que pueda ofrecer de la
ocurrencia de los hechos. Más aún, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como
prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas
procesales excesivamente rígidas. De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala tendrá en cuenta la
información consignada en tales informes de prensa”. Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 7 de octubre de 2015, Exp. 34.677.
26 Fl. 118 a 119 C. 8.
12
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
De la referida providencia resulta pertinente citar las siguientes conclusiones (se
transcribe de manera textual):
“Es necesario advertir que al menos por ahora, mientras la responsabilidad del
capitán Rodríguez Agudelo aparece acreditada en su calidad de comandante de la
Compañía, como gestor a título de dolo del plan criminal de ‘Semillas de Agua’ y
como evidente determinador en varios de los hechos de sangre cometidos con
aquellos parceleros, para aparentemente sacar provecho económico personal -a
través de su suegro-, con el ganado despojado de aquellas víctimas, el presunto
compromiso penal del cabo Blanco Esteban, como en el caso de los demás
soldados y suboficiales detenidos, radica en que efectivamente estuvieron en
Semillas de Agua el día en que se presentaron esas dos supuestas ‘bajas’, en que
con su declaración aparentemente falsa colaboró con la ‘legalización’ de
esas muertes ante las autoridades militares y que como miembro de la
compañía Búfalo hizo parte del grupo de hombres que por esos días
previamente concertados al efecto, cometieron toda suerte de vejámenes y
crímenes sin ninguna justificación y sin relación alguna con las
responsabilidades confiadas a la Tropa”27 (se ha resaltado).
vii) Que, luego de surtirse el proceso penal en contra de los referidos militares, la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia
proferida el 25 de octubre de 201128, decidió confirmar la condena en contra de los
referidos militares procesados por los crímenes cometidos entre el 2 y el 6 de
noviembre de 2003 en la zona rural del municipio de Cajamarca.
De la citada providencia resulta pertinente citar los siguientes apartes relacionados
con la participación de los militares en la consumación de tales delitos, por cuanto no
solamente pone de presente la manera como los crímenes se ejecutaron, sino la
pasmosa degradación moral en que habían caído esos miembros del Ejército
Nacional (se trascribe de forma literal)29:
“Se trató de varios homicidios cometidos en la primera semana de noviembre de
2003, en la región del Cañón de Anaime, en las veredas de Potosí, y Semillas de
Agua, de Cajamarca Tolima.
27
Fls. 254 a 276 C. 14.
Debe señalarse que al presente proceso contencioso administrativo, únicamente, se allegó la mencionada
sentencia de segunda instancia.
29 Con relación al alcance probatorio de este tipo de decisiones, la Sala ha precisado que “… si bien la sentencia
penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa,
no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la
sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única
prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos
de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio;
pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa
juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el
proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad” (negrillas
adicionales). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16.533, M.P. Ruth
Stella Correa Palacio, y del 28 de enero de 2009, Exp. 30.340, M.P. Enrique Gil Botero.
28
13
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
El día 2 de Noviembre de 2003 desconocidos llegaron a la finca El Palomar, donde
se encontraban ordeñando JHON JAIRO IGLESIAS SALAZAR y su esposa
ARACELLY LONDOÑO VARONA. Allí legó su hijo menor de edad con dos hombres
uniformados que lucían brazaletes negros en el brazo izquierdo con las siglas
ACCU, y dijeron pertenecer a las Autodefensas del Bloque Tolima, les dieron la
orden de regresar a su residencia, donde estaban otros tres uniformados, uno de
ellos dijo ser el Comandante TOÑO BRAVO, quien mediante amenaza con arma de
fuego sometió y amarró a JHON JAIRO IGLESIAS para llevárselo.
Avanzaron por la región y en el camino otro grupo de uniformados traían amarrado a
su vecino JESUS ANTONIO CESPEDES SALGADO, lo trasladaron a la casa de
ANAIS MOJICA, donde torturan a JESUS CESPEDES SALGADO.
El 3 de Noviembre de 2003 los uniformados y sus retenidos se desplazaron a la
vereda Semillas de Agua, ingresaron a una cabaña ubicada en el páramo, donde a
las 11:00 am llegó el transporte conocido como la línea, un Jeep particular
procedente de Cajamarca con la remesa del mercado, conducido por MARCOS
DUARTE, dos mujeres y un niño de 3 años de edad. Cuando ya se habían
desmontado los ocupantes y estaban en la cabaña, escucharon gritos de los
presuntos paramilitares en los que se indicaba que venía la guerrilla, acto
seguido se escuchó una explosión y luego una balacera, y los que habían
salido, regresaron y dijeron que habían matado a dos guerrilleros, les
ordenaron a las mujeres y a los secuestrados JHON JAIRO IGLESIAS y JESÚS
ANTONIO CÉSPEDES subir al carro con 7 uniformados y desde allí pudo
observarse el cadáver de CAMILO PULIDO, joven minero de la región, y el de
alias MAURICIO, aparente guerrillero de las FARC.
Los ocupantes del automotor fueron llevados hasta la cabecera de la parcelación La
Florida, donde se bajaron, excepto las mujeres, el niño y el conductor, a quienes se
les ordeno guardaran silencio, las personas que bajaron del vehículo, incluyendo los
secuestrados, entraron al monte, separaron a IGLESIAS de CESPEDES, y hacia las
2:00 pm se escuchó un disparo.
El 6 de noviembre de 2003 un grupo uniformado de las mismas características
incursionó en la parcela de MARCO ANTONIO RODRIGUEZ, quien fue torturado en
presencia de sus hijos y le hurtaron una máquina de coser SINGER, y $2.000.000. A
las 6:00 PM fue retenido por este mismo grupo GERMAN BAQUERO BERNAL
cuando esperaba la línea para hacer la remesa del queso en la Vereda Potosí.
El 7 de Noviembre de 2003 los agresores arribaron a la finca de HERMINSO
ARAGONES CELIS y como él no se encontraba, se llevaron el ganado. Igual ocurrió
en la finca de GLADYS GOMEZ y después en la de RICARDO ESPEJO GALINDO,
a quien sacaron atado con los brazos a la espalda, y le dieron la orden a IGLESISA
SALAZAR de sacar el ganado de HERMINSO ARAGONEZ y BLANCA DAMRIS
MOLINA DE CESPEDES, apropiándose de 60 cabezas de semovientes,
aproximadamente.
El 11 de noviembre de 2003, en el sector de la Palizada, Vereda de Potosí, fue
encontrado en una fosa el cadáver descuartizado de MARCO ANTONIO
RODRIGUEZ, afiliado al sindicado de San Miguel de Perdomo, y en otra fosa se
encontró el cuerpo de RICARDO ESPEJO GALINDO, Fiscal del Sindicato
SINTRAGITOL. Y en una tercera fosa se hallaron los restos de GERMAN
BAQUERO BERNAL.
El 13 de noviembre de 2003, entre la 1:00 y 2:00 am, miembros de la Policía de
Carreteras de Quindío que se encontraban haciendo un retén en el Kilómetro 4+800
en la vía Armenia Alto de la Línea, sitio Glorieta Versalles del Municipio de Calarcá,
14
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
en la y retuvieron dos camiones que transportaban 28 cabezas de ganado, una de
las personas que viajaban en el primer camión presentó documentación
aparentemente falsa y otro de los ocupantes que se presentó como el soldado
profesional ALBEIRO PEREZ DUQUE, aseguró que el ganado iba a ser llevado a la
finca del suegro del Capitán JUAN CARLOS RODRIGUEZ AGUDELO, ganado que
se determinó que hacia parte del que fue hurtado a las víctimas de estos hechos de
la Vereda Potosí.
El 17 de enero de 2004, en la finca la Florida de la Vereda Potosí, personal de la
defensa civil y bomberos de Cajamarca encontraron en una fosa el cadáver de
JESUS ANTONIO CESPEDES SALGADO.
“(…).
“CONSIDERACIONES:
“… En este caso no existió vinculación o acuerdo entre los miembros del Ejército de
Colombia y los integrantes del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de
Colombia, pues el material probatorio recaudado y que será analizado a
continuación indica que los atroces hechos que dieron lugar a la presente
actuación fueron efectuados por miembros del Ejército Nacional sin
participación de los miembros de las AUC.
“(…). Los procesados para la fecha de los hechos, eran militares de diversos
rangos, pertenecientes a la Compañía Búfalo del Batallón del Contraguerrillas
No. 6 Pijaos, adscrito operativamente al Batallón de Infantería Coronel Jaime
Rooke, Orgánico de la Sexta Brigada, del Ejército Nacional con sede en Ibagué,
y que por orden de sus superiores fueron desplazados a Cajamarca y su zona rural,
en misión operacional.
Obra la orden de Operación Omega, en la que se estableció como misión que
el Batallón de Infantería No. 18 Jaime Rooke, partir del 27 de Octubre de 2003,
con la agregación de la Compañía Búfalo, al mando del procesado JUAN
CARLOS RODRIGUEZ AGUDELO, efectuara un movimiento táctico a pie hasta
el área general de Anaime, Palomar, Potosí y Semillas de Agua, municipio de
Cajamarca, para ubicar, capturar y dar de baja si oponen resistencia armada, a
grupos de narcoterroristas.
“(…).
RESPONSAIBILIDAD DEL PROCESADO JUAN CALOS RODRIGUEZ AGUDELO.
Obran en su contra el informe rendido al Batallón No,. 6 Pijaos, sobre los
hechos del 3 de noviembre de 2003, en los cuales indicó que obtuvo
información de que los terroristas de la cuadrilla 21 de las FARC iban a recibir
comida de un vehículo campero para abastecerse 5 días, en el Sito Semillas de
Agua, que el cuarto destacamento, al mando del enjuiciado WILSON
CASALLAS SUESCUN, inició el desplazamiento hacia el mencionado lugar,
observando movimiento y verificando las presencia de entre 7 a 15 hombres
vestidos con uniforme de camuflado de policías y de civil, portando armas y
un caballo, y que a la voz de alto los terroristas abrieron fuego contra la tropa,
que esta reacciono dando de baja a dos terroristas, uno de ellos de civil, bajas
que el ejército presentó como terroristas muertos en combate.
Pero el civil CAMILO PULIDO no pertenecía a algún grupo ilegal sino que era
un habitante de la vereda, era minero, y que el día de los hechos bajaba a la
carretera por donde pasaba el carro que le llevaría la remesa que le había enviado
su padre, como lo informó MARIA NANCY PULIDO, hermana suya y que prueba que
15
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
no es cierto que el estuviera armado ni que abriera fuego contra el
destacamento dirigido por el procesado WILSON CASALLAS SUESCUN, y si bien
la otra víctima era alias MAURICIO, guerrillero del frente 21 de las FARC, no obra
prueba de que haya opuesto resistencia armada, condición fijada en la misión de la
Operación Omega para poder darlo de baja. Como lo analizó el juzgado este se
dirigía también a recoger sus alimentos, pues en la región era costumbre que los
campesinos bajen cada uno o dos veces al pueblo a recogerlos en los almacenes en
los vehículos veredales.
Se observó que los homicidios cometidos entre el 2 y el 7 de noviembre de
2003, en el área rural del municipio de Cajamarca, veredas Potosí y el Oso,
fueron perpetradas de manera selectiva y sistemática por miembros del
Ejército Nacional, y si bien en apariencia se presentaron dos episodios
independientes, las pruebas analizadas en precedencia vincularon lo ocurrido
el 3 de noviembre de 2003 en la Vereda Semillas de Agua, referente a la llegada
del transporte o línea, en que resultaron (sic) muerto alias MAURICIO, CAMILO
PULIDO, y el segundo episodio que comprende la muerte de cuatro vecinos”30
(negrillas y subrayas adicionales).
En esa misma providencia penal se ordenó al Ejército Nacional la adopción de
medidas de reparación integral en favor de las víctimas de tales hechos. Sobre el
particular se dispuso lo siguiente:
“10. Con fines de reparación, y con el propósito de satisfacer derechos de las
víctimas, la Sala ordenará, de acuerdo con los precedentes expuestos en este
mismo sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunas medidas
que honren la memoria de las víctimas directas pero que también implique dentro de
lo que es posible, impedir que conductas semejantes a estas en atrocidad y en
agresión al conjunto de valores y principios que conforman la dignidad humana,
como la suma de todos los derechos reconocidos a las personas por el solo hecho
de serlo, no vuelvan a ocurrir, dentro del concepto de proscripción de repetición de la
ofensa, se dispone:
10.1 Ordenar publicar esta sentencia por el término de un año en las páginas web
del Ejército Nacional y del Ministerio de la Defensa como un ejemplo de lo que no
debe hacer la Fuerza Pública.
10.2. Enviar copia de la sentencia ante el Tribunal de Conocimiento de Justicia y
paz, y a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, que
adelanta las actuaciones en contra de los paramilitares que rindieron declaración en
este juicio y contra los cuales esta corporación les compulsó copias por el delito de
falso testimonio en providencia del 1º de diciembre de 2010 dentro del radicado
11001 3107 011 2009 00035 02.
10.3 Ordenar al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL COMANDANTE DE
LAS FUERZAS MILITARES, EL COMANDANTE DEL EJERCITO NACIONAL, EL
COMANDANTE DE LA BRIGADA SEXTA y EL COMANDANTE DEL BATALLON
ROOKE celebren un acto público en Cajamarca pidiendo perdón a la comunidad por
los hechos ejecutados por miembros de esta Fuerza Pública, que implicaron una
grave transgresión al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
30
Fls. 569 a 611 C. Ppal.
16
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
10.4 Ordenar que ninguna unidad militar, comando, destacamento, patrulla o
compañía en el futuro se llame Búfalo, ni que tengan los nombres de militares
condenados por estos hechos.
10.5 Exhortar al Gobierno Nacional para que la ejecución de la pena que se imponga
en este caso se cumpla de un modo que no ofenda el dolor de las víctimas y de la
comunidad a la que ellos pertenecen”31.
viii) Que en el acta realizada por la Personería Municipal de Ibagué el 7 de
septiembre de 2015, se hizo constar el cumplimiento del fallo proferido el 15 de julio
de 2014 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el cual fueron parte algunas
personas víctimas de los hechos descritos en esta providencia entre el 2 y el 6 de
noviembre de 200332. Dicha orden se trató de la elaboración de una placa
conmemorativa con el siguiente contenido:
“EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE CAJAMARCA - TOLIMA
La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional reconoce su
responsabilidad por los hechos ocurridos en el mes de noviembre del año
2003 “Masacre de Cajamarca”, y pide perdón por las graves violaciones contra los
derechos humanos, por el secuestro y la tortura del señor Jhon Jairo Iglesias
Salazar, y por la tortura, desaparición y posterior asesinato de las siguientes
personas: JESÚS ANTONIO CÉSPEDES SALGADO, MARCO ANTONIO
RODRÍGUEZ, GERMÁN BERNAL BAQUERO, RICARDO ESPEJO GALINDO O
JUAN CARLOS GARCÍA, CAMILO PULIDO PULIDO Y HERMINSON ARAGONÉS
CELIS.
Con este reconocimiento en donde se establece la verdad, plasmamos la memoria
de lo ocurrido y buscamos que las futuras generaciones conozcan los hechos y se
dignifique el nombre de las víctimas quienes eran campesinos y mineros
cajamarcunos, así como a sus familiares víctimas de esta masacre y del
desplazamiento forzado” (negrillas adicionales).
ix) Que dentro de los procesos contencioso administrativos iniciados por algunas
víctimas de los hechos conocidos como la “masacre de Cajamarca”, mediante
sentencias de primera instancia del 19 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima y del 27 de febrero de 2008 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Ibagué, se declaró la responsabilidad del Estado
colombiano representado por el Ejército Nacional a título de falla del servicio33.
31
Fls. 610 C. Ppal.
Debe señalarse que al proceso únicamente se aportó dicha acta, pero no la sentencia que ordenó esa
condena. Fls. 568 C. Ppal.
33 Las referidas sentencias fueron proferidas en primera instancia en los procesos radicados con los Nos. 200502712 y 2005-02715. Dichas sentencias fueron allegadas en copia simple por la parte actora durante el trámite
de segunda instancia ante esta Corporación -Fls. 289 a 324 y 326 a 369 C. Ppal-.
32
17
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
x) Que en el registro expedido el 10 de mayo de 2004 por la Unidad de Atención a
Población Desplazada por la Violencia de la Presidencia de la República se hizo
constar que los señores Esperanza Molina Guiza, Cristian Camilo Pulido Molina,
Paula Andrea Pulido Molina, Pedro Pablo Pulido, Giovany Pulido y Alfonso Pulido,
fueron víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Cajamarca34.
2.3.- El daño antijurídico en el presente caso es constitutivo de violaciones
graves a derechos humanos
De conformidad con el material de convicción allegado al proceso, se encuentran
plenamente acreditados los daños antijurídicos sufridos por las demandantes, en
tanto la ejecución extrajudicial de la cual fue víctima su compañero permanente, hijo
y padre, señor Camilo Pulido Pulido, así como el desplazamiento forzado del cual
fueron víctimas los demandantes constituye una afectación múltiple de distintos
bienes jurídicos, amén de que tales hechos configuran una vulneración grave,
flagrante y sistemática de derechos humanos, tal como pasa a explicarse.
2.3.1. Ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida
En el presente asunto, a partir de los hechos que fueron relacionados
anteriormente, puede concluirse que el señor Camilo Pulido Pulido fue ultimado por
miembros del Ejército Nacional el día 3 de noviembre de 2003 utilizando explosivos
y armas de fuego -pues así lo reflejan sus heridas-, y que luego su cuerpo fue
presentado por esas mismas autoridades ante la opinión pública en general, a
través de medios de comunicación, como el de un subversivo del frente 21 de las
FARC dado de baja en combate, hecho que, según quedó establecido en el proceso
penal, está alejado de la realidad, dado que la víctima se trataba de una persona
dedicada a labores de minería, sin vinculación alguna con ese grupo subversivo.
Todo lo anterior permite a la Sala concluir que el fallecimiento del señor Camilo
Pulido se enmarca dentro del fenómeno denominado por los medios de
comunicación como “falso positivo”, pero que, desde el punto de vista jurídico
corresponde con lo que técnicamente se designa como ejecución extrajudicial u
homicidio en persona protegida; en efecto, el homicidio en persona protegida se
34
Fl. 46 C. 1.
18
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
encuentra tipificado en Colombia en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000 (Código
Penal) de la siguiente manera:
“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de
persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho
Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta
(40) años”.
“… PARAGRAFO. Para los efectos de este artículo y las demás normas del
presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho
internacional humanitario:
1. Los integrantes de la población civil.
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la
parte adversa.
3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
“(…)” (negrillas adicionales).
En cuanto tiene que ver con el concepto de ejecución extrajudicial de personas,
según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, se configura bajo el siguiente tenor (se transcribe de forma
literal):
“Norma básica 9. (…). El concepto de ejecución extrajudicial se compone de
varios elementos importantes: es un acto deliberado, no accidental, infringe
leyes nacionales como las que prohíben el asesinato, o las normas
internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas. Su
carácter extrajudicial es lo que la distingue de: - un homicidio justificado en defensa
propia, - una muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
que han empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales, - un
homicidio en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el
derecho internacional humanitario. (…).
En lo referente al homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a
la víctima en situación de indefensión o inferioridad, es de precisar que esta
conducta se identifica con lo que en el derecho internacional de los derechos
humanos recibe el nombre de ejecución extrajudicial.
Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la
responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que
representa los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida.
Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la
muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada. La ejecución
extrajudicial debe distinguirse, pues, de los homicidios cometidos por los servidores
públicos que mataron: a. Por imprudencia, impericia, negligencia o violación del
reglamento. b. En legítima defensa. c. En combate dentro de un conflicto armado.
d. Al hacer uso racional, necesario y proporcionado de la fuerza como encargados
de hacer cumplir la ley”35 (negrillas adicionales).
35
Ver: CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser. L/V/II., Doc.
69, 30 diciembre 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
19
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
Así las cosas, las circunstancias que rodearon la muerte del señor Camilo Pulido
Pulido, tal y como quedaron demostradas, avala la calificación que del hecho se hace
como constitutivo de una grave violación de derechos humanos.
2.3.2. Desplazamiento forzado.
La Constitución Política de 1991 consagró expresamente el derecho de todos los
colombianos “a circular libremente por el territorio nacional”36, lo cual, como resulta
apenas natural, incluye el derecho a escoger voluntariamente el lugar del territorio
en el cual cada persona decide habitar, residenciarse o establecerse, de manera
temporal o con vocación de permanencia37.
De igual forma, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos
el derecho a la circulación y residencia se encuentra consagrado en el artículo 22 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica,38 a cuyo tenor:
“1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene
derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones
legales. (…)”.
El derecho en mención también está consagrado en el artículo 12 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,39 del cual se deriva, de una parte,
la facultad que asiste a las personas para elegir voluntariamente el lugar de su
residencia dentro del territorio nacional y, en consecuencia, a no ser desplazado en
forma violenta y, de otra, la correlativa obligación del Estado consistente en evitar
que ocurra el fenómeno del desplazamiento forzado, es decir, garantizar la efectiva
protección de ese derecho40.
Humanos 2010, OEA/Ser. L/V/II., 7 marzo 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 2009, OEA/Ser. L/V/ II, 30 diciembre 2009, Capítulo IV. Colombia; CIDH,
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, OEA/Ser. L/V/II.134, 25 febrero 2009,
Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007,
OEA/Ser. L/V/II.130, 29 diciembre 2007, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 2006, OEA/Ser. L/V/II.127, 3 marzo 2007, Capítulo IV. Colombia.
36 C. P. Artículo 24, norma que además señala que dicho derecho sólo puede ser limitado por el legislador.
37 Territorio, patrimonio y desplazamiento, Procuraduría General de la Nación, Consejo Noruego para
Refugiados, Tomo II, p. 13.
38 Aprobado mediante la Ley 16 de 1972.
39 Aprobado mediante la Ley 74 de 1968.
40 Decreto 2569 de 2000, artículo 12.
20
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
El artículo 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra suscrito el 12 de
agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional41, prohíbe el desplazamiento forzado de la siguiente manera:
“1º No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las
personas civiles o razones militares imperiosas.
2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por
razones relacionadas con el conflicto”.
En el ordenamiento jurídico interno, el Legislador colombiano expidió la Ley 387 de
1997, mediante la cual
“…. se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia”. En esa normatividad
se define desplazado como “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público”42.
Según uno de los principios consagrados en dicha ley, los colombianos tienen
derecho a “no ser desplazados forzadamente”43 y, de manera correlativa, se ha
establecido que constituye “responsabilidad del Estado colombiano formular las
políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección y consolidación y estabilización socioecómica de los
desplazados internos por la violencia” (se destaca).
Para el caso sub examine, se tiene que los señores Esperanza Molina Guiza,
Cristian Camilo Pulido Molina, Paula Andrea Pulido Molina, Pedro Pablo Pulido,
Giovany Pulido y Alfonso Pulido, como consecuencia de la ejecución extrajudicial del
señor Camilo Pulido Pulido y de los graves crímenes cometidos por parte de
41
Aprobado en Colombia por la ley 171 de 16 de diciembre de 1994.
Ley 387 de 1997, artículo 1°.
43 Ley 387 Artículos 2-7.
42
21
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
miembros del Ejército Nacional entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003 en la zona
rural del municipio de Cajamarca, donde ellos residían, se vieron obligados a
desplazarse forzadamente, tal y como lo certificó la Unidad de Atención a Población
Desplazada por la Violencia44, dado que su vida, su integridad, su seguridad y su
libertad personal fueron gravemente amenazadas, circunstancia que lleva, también,
a que ese ese hecho deba calificarse por parte de la Sala como una vulneración
grave, múltiple y sistemática de derechos humanos.
Establecida la configuración de las violaciones graves de derechos humanos
constitutivas del daño antijurídico en el presente asunto, corresponde ahora a la Sala
la tarea de abordar el análisis de imputación a partir del concepto de responsabilidad
agravada del Estado.
2.4.- La responsabilidad agravada del Estado colombiano por violaciones
graves de derechos humanos45
Mediante sentencia proferida el 27 de abril de la presente anualidad, la Sala que
integra esta Subsección del Consejo de Estado precisó que, en aquellos casos
sometidos al conocimiento del juez contencioso administrativo, en los cuales se
encuentren configuradas violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos o al
derecho internacional humanitario, específicamente, delitos de lesa humanidad46 y
crímenes de guerra47, resulta procedente -y en los términos de la Convención
Americana, obligada- la declaratoria de la “responsabilidad agravada del estado
44
Fl. 46 C. 1.
Sobre el particular consultar las consideraciones expuestas en la sentencia proferida por esta misma Sala el
27 de abril de 2016, Exp. 50.231.
46 De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, “se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera
de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o
traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado
en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de
personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
47 De conformidad con el literal C del artículo 8 del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de guerra: “las
violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber,
cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades,
incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de
combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: i) Los atentados contra la vida y la
integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles
y la tortura; ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y
degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un
tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como
indispensables”.
45
22
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
colombiano”, habida consideración de la naturaleza de las normas imperativas de ius
cogens que resulten vulneradas48, amén de que la Corte IDH ha realizado un
desarrollo jurisprudencial en tal sentido que resulta vinculante para los jueces
colombianos49.
En relación con el contenido y alcance del concepto de responsabilidad agravada del
Estado, la Sala en sentencia del 27 de abril de la presente anualidad, precisó lo
siguiente:
“El juez de lo contencioso administrativo es, a su vez, juez de convencionalidad
en el ordenamiento interno, es decir un juez que integra la normatividad interna con
los estándares y reglas de protección del SIDH y que, por lo mismo, tiene como
deber no sólo verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de
respeto y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas
internas, sino, también, fundamentar, a partir de esa clase de normas
supraconstitucionales, el juicio de responsabilidad estatal, cuando se produzca un
daño antijurídico derivado de la vulneración grave y sistemática de derechos
humanos.
“(…). En línea con el anterior razonamiento, viene a ser claro que en un
determinado caso, en el cual se acredite violaciones graves a derechos
humanos que impliquen la infracción flagrante y sistemática de normas ius
cogens, (delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra), los jueces
colombianos pueden y deben, por una parte, llevar a cabo un análisis de
convencionalidad sobre la conducta del Estado, de lo cual se podría concluir
por un lado, un quebrantamiento normativo internacional, y por otro lado,
tienen la posibilidad de declarar en esos eventos -al igual que lo ha hecho la
Corte Interamericana de Derechos Humanos-, la configuración de la
responsabilidad internacional agravada.
En este punto, la Sala estima necesario precisar a efecto de resaltar que no en
todo caso de violación de derechos humanos viene a ser procedente una
declaración como la que acaba de indicarse, toda vez que una declaratoria de
responsabilidad de esa índole sólo resulta procedente en aquellos casos en los
cuales concurran los siguientes elementos:
- Que las acciones/omisiones que hayan generado el daño constituyan violaciones
graves o flagrantes de normas imperativas de derecho internacional de ius cogens,
específicamente, delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra y;
- Que tales violaciones sean atribuibles o imputables, según las normas del
derecho interno e internacional, al Estado colombiano”.
Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, “La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado Colombiano”.
Colección textos de jurisprudencia, Ed. Universidad del Rosario, Bogotá D.C., 2016, p. 146.
49 Al precisar el concepto de la responsabilidad agravada, la Corte IDH ha dicho que “[e]l Estado incurre en
‘Responsabilidad Internacional Agravada’ cuando la violación concreta al derecho de la víctima se suscita en el
marco de una práctica sistemática vulneratoria de normas jus cogens, que constituyen crímenes de lesa
humanidad o crímenes de guerra”. CrIDH, Caso Myrna Mack Chang v Guatemala, sentencia de 25 de noviembre
de 2003, párr. 140; Caso de la Masacre de Plan de Sánchez v. Guatemala, sentencia de 29 de abril de 2005,
párr. 51; Caso Goiburú y Otros v. Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr. 122; Caso la Cantuta v.
Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 115; Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de
15 de septiembre de 2005, párr. 241, entre otras sentencias.
48
23
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
2.5.- Caso concreto.
En primer lugar, conviene precisar que si bien por estos mismos hechos conocidos
como la “masacre de Cajamarca”, algunas de las víctimas -diferentes a las del
presente asunto- iniciaron procesos contencioso administrativos en los cuales se
declaró la responsabilidad del Estado colombiano representado por el Ejército
Nacional a título de falla del servicio50, lo cierto es que tales providencias fueron
proferidas en primera instancia y no se tiene noticia de su resultado definitivo,
circunstancia que impide la aplicación de la denominada cosa juzgada material51, por
manera que la Sala procederá a ocuparse de la imputación de los referidos daños
antijurídicos sufridos por los demandantes en el presente asunto.
Ahora bien, en el caso sub examine, a partir del examen detallado de los medios
probatorios a los cuales ya se hizo referencia, forzoso resulta concluir que con la
comisión de tales violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho
internacional humanitario se configuró una ostensible falla del servicio por parte de la
demandada -tanto por acción como por omisión-, como pasa a explicarse.
2.5.1. Falla del servicio por acción
De acuerdo con lo establecido en el proceso, en la comisión de la ejecución
extrajudicial del señor Camilo Pulido Pulido y el posterior desplazamiento forzado de
sus familiares, participaron directamente los señores Juan Carlos Rodríguez
Agudelo, Francisco Blanco Esteban y Albeiro Pérez Duque, miembros de la
Compañía Búfalo del Batallón de Contraguerrillas No. 6 “Pijaos” de la Sexta Brigada
del Ejército Nacional, los cuales para el momento de los hechos se encontraban en
servicio activo y en cumplimiento de la denominada “Operación Omega” en esa
zona, con la misión de combatir a grupos delincuenciales que operaban en la región.
50
Sentencias del 19 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, y del 27 de febrero
de 2008 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué. Fls. 289 a 324 y 326 a 369 C. Ppal.
51 “El concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su equivalente en
firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación, objeto y causa,
debatida en la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos similares, en los cuales se ha presentado identidad de
causa y objeto –aunque no de partes–, ha declarado la existencia del fenómeno de cosa juzgada material y,
en consecuencia, ha acogido los planteamientos y fundamentos expuestos en las oportunidades anteriores para
efectos de analizar en el caso posterior, la responsabilidad del Estado frente a esos mismos hechos ya debatidos
y decididos”. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero
del 2009, expediente No. 34.239 y sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 18.676, entre otras.
24
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
Sin embargo, los militares antes señalados, no empero conocer sus obligaciones,
desviaron y pervirtieron de manera deliberada y voluntaria el servicio que les fuera
encomendado por la Constitución y las leyes, como lo pone de presente la sentencia
penal proferida dentro del proceso penal iniciado por tales hechos, en la que se
estableció que, prevalidos de su condición de militares planearon y perpetraron
delitos tipificados como graves violaciones de los derechos humanos y, por ello, se
los condenó penalmente. Asimismo, se estableció que para perpetrar tales crímenes
se hicieron pasar por miembros de grupos paramilitares -AUC- y cubrieron sus
rostros con pasamontañas, pero luego de perpetrar tales asesinatos, presentaron a
sus víctimas como subversivos dados de baja en combates con el Ejército Nacional.
Ciertamente, el oficial encargado de la unidad militar, Capitán Juan Carlos
Rodríguez Agudelo, señaló en su informe oficial de los hechos que culminaron con la
muerte de Pulido, que los uniformados, cuando realizaban un patrullaje en desarrollo
de la operación “Omega por la zona conocida como “Semillas de Agua” en la zona
rural del municipio de Cajamarca”, observaron que se movilizaba el hoy occiso Camilo
Pulido, junto a otra persona que vestía de camuflado, con armamento de largo alcance,
por lo cual, al acercárseles, se les dio la voz de alto, pero que éstos abrieron fuego,
ante lo cual la tropa reaccionó dándolos de baja. Así fueron presentados por esos
mismos militares como miembros de la comisión de finanzas del frente 21 de las
FARC.
Debe señalar la Sala, que ninguna de las razones que habrían llevado a los
militares a la utilización de las armas de fuego en contra del señor Pulido Pulido está
acreditada en el presente proceso, tal como también concluyó el proceso penal
adelantado por tales hechos. Ciertamente, el operativo militar y el supuesto
enfrentamiento armado que se habría producido –según el informe oficial- resultó
huérfano de respaldo probatorio.
Tampoco se acreditó que el hoy occiso hubiese hecho uso del arma de fuego que
supuestamente portaba, ni -mucho menos- obra prueba respecto de su pertenencia
a grupo subversivo alguno o, de lo que resulta esencial, que hubiera representado
peligro para los uniformados cuando fue abatido mediante la utilización de explosivos y
armas de fuego.
25
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
Todo lo anterior permite a la Sala concluir que, en el asunto sub examine, el daño no
tuvo origen en el ámbito privado, personal, ni aislado por completo del servicio, toda
vez que, según quedó establecido, miembros del Ejército Nacional que se hallaban
en servicio activo y en desarrollo de una operación militar, procedieron a perpetrar
delitos que terminaron con la muerte del señor Camilo Pulido Pulido y el posterior
desplazamiento forzado de sus familiares, así como la desaparición forzada, tortura
y ejecución extrajudicial de otras personas de la región, hechos que ocurrieron entre
el 2 y el 6 de noviembre de 2003 y por los cuales se condenó penalmente a sus
autores y se ordenó al Ejército Nacional la adopción de medidas de reparación
integral en favor de las víctimas, en razón, precisamente, a que algunos de sus
miembros fueron los responsables de tales crímenes.
2.5.2. Falla de servicio por la omisión del Ejército Nacional respecto del control
y vigilancia sobre los hombres a su cargo
En este punto resulta menester señalar que los militares referidos fueron
condenados penalmente por perpetrar los delitos a los cuales ya se ha hecho
referencia y que tuvieron lugar entre los días 2 y 6 de noviembre de 2003 en la zona
rural del municipio de Cajamarca, con lo cual se concluye también que la muerte del
señor Camilo Pulido Pulido y el posterior desplazamiento forzado de sus familiares,
no se trató de un hecho aislado, sino que hizo parte de una cadena de hechos
delictivos cometidos durante varios días por miembros de la Compañía Búfalo de la
Sexta Brigada del Ejército Nacional, sin que hubiese existido algún tipo de control
efectivo por parte de la institución demandada.
En efecto, resalta la Sala que la conducta irregular de los miembros del Ejército
Nacional, tuvo como antecedente determinante la ocurrencia de varias fallas de
vigilancia y control de los mandos de esa institución sobre el desarrollo de la
operación Omega, en la circunstancia de no haber adoptado medida alguna de
coordinación, seguimiento y verificación sobre la actividad que deberían desplegar
los uniformados que realizaban esa misión, todo lo cual permitió que, en el momento
mismo en que los uniformados lo quisieron, pudieron pervertir las funciones a su
cargo y así lograr perpetrar los gravísimos delitos que cometieron (ejecución
extrajudicial, desaparición forzada, tortura, hurtos, etc.).
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Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
En este caso, se echa de menos la adopción de medidas efectivas de vigilancia y
control por parte de los superiores del Ejército Nacional, tendientes a lograr la cabal
ejecución de la misión encomendada a sus subalternos, lo que denota indiferencia o
tolerancia frente al comportamiento de los uniformados, hecho que resulta
contradictorio si se considera que los mandos superiores de la institución deben
realizar un constante monitoreo de sus posiciones y de sus movimientos, dado que
sus misiones de campo son precisas y concretas; no obstante lo cual, en el presente
caso quedó demostrado que durante los días 2 a 6 de noviembre de 2003 el grupo
de militares precedidos por el Capitán Juan Carlos Rodríguez Agudelo cometió
graves crímenes en contra de la población civil de la zona rural de Cajamarca desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, hurtos de ganado, etc-, sin
que durante ese lapso -5 días- hubiese existido por parte de los mandos militares un
mínimo control de sus actividades.
En casos similares al que hoy corresponde decidir a esta Sala y en los cuales se ha
declarado la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de los deberes control
respecto del personal y los instrumentos de dotación oficial, la Sala que integra esta
Subsección del Consejo de Estado ha razonado bajo el siguiente tenor:
“Resalta la Sala que la Fuerza Pública ostenta la custodia y resguardo respecto de
los hombres e instrumentos destinados a la prestación del servicio a ella
encomendado en la Constitución Política y en el ordenamiento jurídico, por tal
razón, debe existir un grado notable de disciplina y control estricto sobre sus
agentes, su armamento y sus vehículos automotores, ello con el fin de
impedir que tales instrumentos -los cuales per se comportan un riesgo-, sean
utilizados para causar daños a los particulares y, más aún, que se destinen a
la comisión de actividades delictivas, todo lo cual lleva a deducir, como se
indicó, la configuración de una falla en la vigilancia sobre los hombres e
instrumentos a cargo de la Policía Nacional, falla que está relacionada
directamente con el hecho dañoso por cuya indemnización se demandó 52 (negrillas
adicionales).
52
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015, Exp. 35.574. en
ese mismo sentido consultar sentencia de 24 de julio de 2013. Exp 23.958. En aquella oportunidad la Sala
declaró la responsabilidad del Estado por el hurto de unas esmeraldas a un particular por parte de un agente de
Policía que utilizó un vehículo oficial para perpetrar ese delito; para tal efecto, se consideró que en virtud de la
‘posición de garante’ frente a los objetos de dotación oficial (armas, vehículos u otros elementos que impliquen
peligro), los cuerpos de seguridad del Estado deben impedir que se cometan daños y/o ilícitos con tales
instrumentos de dotación y, en consecuencia, deben responder por los daños que se cometan con los mismos;
en tales eventos, no importa si se actuó o no con diligencia y, por lo tanto, basta probar que se hubiere cometido
el daño que estaba obligado a impedir para declarar la responsabilidad del Estado.
De igual forma en sentencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 27.193, esta Subsección del Consejo de Estado
declaró la responsabilidad de la Policía Nacional en un caso en el que se probó la muerte de un particular dentro
de la Estación de policía del municipio de Zipaquirá, en esa providencia se precisó que “la muerte de una
persona dentro de la estación de Policía en la cual se vio involucrado de forma directa el oficial de la Policía
Wilson Bustamante Cardona, más allá de un juicio de responsabilidad netamente fáctico, le resulta imputable
jurídicamente a la entidad demandada, toda vez que dentro del proceso se encuentra acreditado el
comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en el control y custodia tanto del personal a
su cargo como de las personas y vehículos automotores que ingresan a esa institución, lo cual propició -sin
27
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
Todo lo anterior permite a la Sala imputar también tales daños antijurídicos a la
demandada a título de falla del servicio por omisión, en consideración a que el
Ejército Nacional tenía la obligación de ejercer control sobre el comportamiento y
actuar de su personal, todo ello con el fin de evitar que los hombres e instrumentos
perviertan el servicio a ellos encomendado, como en este evento aconteció.
Preocupa profundamente a la Sala el crecido número de casos en los cuales
miembros de la Fuerza Pública encubren bajo la apariencia de muertos en combate,
homicidios que obedecen a diversas circunstancias distintas a esa, la de un
combate, por lo cual debe decirse que se trata de una práctica sistemática y
generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos.
En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha debido condenar en
diversas ocasiones a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por
víctimas del conflicto armado que, inexplicablemente, perdieron la vida en presuntos
operativos militares o en imaginarios combates con grupos organizados al margen
de la ley, que al examinarse los hechos, estos muestran otras realidades nacidas de
los excesos de la guerra y de una lógica aborrecible que encuentra enemigos en
quienes solamente son civiles que habitan en los lugares de conflicto. De estas
situaciones fácticas se ha derivado la responsabilidad del Estado bajo el título
jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes funcionales
de origen convencional, constitucional y legal.
Así por ejemplo, en sentencia del 22 de junio del 201153, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Estado por la muerte de un
ciudadano, que fue retenido por miembros del Ejército Nacional y, horas después,
dado de baja bajo la justificación de un supuesto enfrentamiento guerrillero. En esta
decisión se precisó:
“En cuanto a las declaraciones de los soldados que participaron en el operativo
contraguerrilla y en los retenes que se realizaron en el sector, éstos sólo se limitaron
a señalar que luego del enfrentamiento armado encontraron un cadáver que al
parecer era de un subversivo, sin embargo, esto no es prueba suficiente que permita
duda-, la comisión de actividades irregulares dentro de la estación de Policía de Zipaquirá, incluido, claro está, el
homicidio del señor Rigoberto Hernández Barrios”.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio del 2011, rad. 20706, M.P.
Enrique Gil Botero.
28
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
concluir que la entidad demandada no estuviera implicada directamente en los
hechos. Es así como, los miembros de las autoridades públicas que detuvieron a
Jesús Antonio Higuita Larrea, tenían el deber constitucional y legal de devolverlo en
las mismas condiciones en las que fue retenido, o entregarlo a las autoridades
correspondientes, si era requerido por la justicia. Del acervo probatorio, no se puede
desconocer que en desarrollo de un operativo contraguerrilla se ordenó la instalación
de retenes para monitorear el sector, en donde se detuvo a Jesús Antonio Higuita
Larrea, quien posteriormente apareció muerto, y aún cuando se le quería hacer
pasar como subversivo dado de baja en combate, del acta de levantamiento de
cadáver y de la declaración del inspector que realizó esta diligencia, es fácil concluir
que esta afirmación no es cierta, pues el occiso vestía de civil y no se le encontró
armamento alguno”.
En otra decisión, fechada a 29 de marzo del 201254, la Subsección B de la Sección
Tercera declaró la responsabilidad patrimonial del Estado y condenó a la NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional, por cuanto en la noche del 30 de marzo de
1998, en el corregimiento La Aurora, del municipio de Chiriguaná (Cesar), un joven
campesino fue secuestrado por desconocidos y trasladado hasta un lugar
despoblado, en donde integrantes del Ejército Nacional lo ejecutaron, luego de
haberlo obligado a vestir prendas de uso privativo de las fuerzas armadas. Al día
siguiente, su cadáver fue presentado ante los medios de comunicación como un
guerrillero muerto en combate. En aquella oportunidad se dijo:
“En el presente caso se encuentra demostrado (i) que Juan Carlos Misat fue
secuestrado por desconocidos la noche del 30 de marzo de 1998 en el
corregimiento La Aurora del municipio de Chiriguaná; (ii) que su cadáver apareció
al día siguiente en las instalaciones del batallón La Popa de Valledupar con varios
disparos de arma de fuego y vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas
armadas; (iii) que los informes oficiales indicaron que la víctima había fallecido
durante un enfrentamiento armado con miembros del batallón de contraguerrillas
n.º 40 adscrito al Comando Operativo n.º 7 de la Segunda Brigada del Ejército y;
(iv) que sus familiares recibieron presiones y amenazas para que se abstuvieran de
denunciar lo sucedido. // 22. La valoración conjunta de estos hechos permite
concluir que Juan Carlos Misat Camargo fue víctima de una ejecución extrajudicial,
perpetrada por integrantes del Ejército Nacional, que lo presentaron
fraudulentamente como un guerrillero muerto en combate”.
Así mismo, en decisión del 13 de marzo del 201355, la Subsección A condenó
patrimonialmente al Estado por haber dado muerte el Ejército Nacional a tres
personas dedicadas a labores del campo, desarmadas, vestidas de civil, sin nexos
con grupos subversivos, uno de ellos ultimado a corta distancia, a lo que se agregó
una serie de irregularidades en el manejo de los cuerpos tendientes a encubrir la
verdad de lo acontecido. Entonces se discurrió como sigue:
54
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de marzo del 2012, rad. 21380, M.P.
Danilo Rojas Betancourth.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de marzo del 2013, rad. 21359.
29
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
“La Corporación ha establecido que es posible inferir la responsabilidad del Estado
en aquellos casos en los cuales el detallado análisis del acervo probatorio
demuestra la existencia de un hecho previo (en este caso concretado en el último
avistamiento de los jóvenes en la vereda La Arroyuela) y uno posterior
(aparecimiento de los cuerpos sin vida en la vereda Monteredondo), sin que exista
ningún otro elemento probatorio que indique que dichos decesos fueron ocasionados
por terceros ajenos al proceso, sino que, por el contrario, existen elementos que
señalan que la muerte de los jóvenes obedeció a un comportamiento anómalo y
altamente irregular por parte de los miembros de la demandada”.
Más recientemente, la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 11 de
septiembre del 201356 condenó al Estado por la muerte de un campesino
ocasionada por integrantes del Ejército Nacional, quienes presentaron al occiso
como un guerrillero dado de baja durante un combate librado con la guerrilla en el
municipio de Tello, Huila. Al respecto, se afirmó:
“Para la Sala es claro que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al
propinar la muerte a personas no combatientes que se encontraban en estado de
indefensión, hecho que además encuadra con lo que el derecho penal, el D.I.H. y el
derecho internacional de los derechos humanos tienen señalado como un
comportamiento totalmente proscrito y reprochable, que lo es la ejecución
extrajudicial y sumaria de personas para hacerlas aparecer como combatientes
“dados de baja”. En el caso concreto, el Estado colombiano no cumplió con la
obligación que le asistía en relación con el caso del señor Italo Adelmo Cubides
Chacón pues, además de que se le quitó la vida, no se adelantó una investigación
seria y dedicada para efectos de establecer la verdad sobre las circunstancias en
que se produjo su muerte, falencia que a su vez implicó que no fuera posible la
reparación adecuada de los familiares del fallecido y la imposición de sanciones y
castigos para los agentes estatales involucrados en el hecho, según pasa a
explicarse”.
De igual forma, se tiene que en el informe del 2010, el Relator Especial sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas sobre los
denominados “falsos positivos” en Colombia, afirmó57:
“[Son] ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de
seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrillero o delincuentes
ocurridas en combate”. En ese sentido, la Comisión entiende que los casos de
falsos positivos constituyen casos de ejecuciones extrajudiciales. Las denuncias
sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Fuerza Pública
han sido materia de preocupación de la CIDH en sus informes anuales de los años
56
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre del 2013, rad. 20601, M.P.
Danilo Rojas Betancourth.
57 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Philip Alston. Adición. Misión a Colombia, 14º período de sesiones, A/HRC/14/24/Add.2,
31 de marzo del 2010. Al respecto se puede consultar:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2791 consultado el 7 de agosto del
2014.
30
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
2006, 2007, 2008 y 200958.
El esclarecimiento de estas denuncias y el
seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado a fin de juzgar a los
responsables y prevenir incidentes futuros, sigue siendo materia de especial
interés de la CIDH y de la Comunidad Internacional” (negrillas adicionales).
De igual forma, en 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDHdio a conocer el Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en
Colombia, y sobre las ejecuciones extrajudiciales sostuvo59:
“La información disponible revela que los casos de ejecuciones extrajudiciales
abarcan una serie de supuestos tales como: i) ejecución de miembros de la
guerrilla fuera de combate; ii) ejecución de líderes comunitarios acusados de ser
colaboradores; iii) transferencia de cuerpos de grupos paramilitares a unidades
del Ejército; iv) ejecución de informantes y miembros desmovilizados para
encubrir crímenes anteriores, negar vinculaciones y destruir evidencia; v)
ejecución de personas que mantienen lazos con organizaciones criminales como
resultado de alianzas y corrupciones; vi) ejecución de personas que fueron
intencionalmente reclutadas o detenidas (personas vulnerables, personas con
discapacidad, adictos, personas en situación de calle y con antecedentes
criminales); y vii) “errores militares” encubiertos por la simulación de un
combate” (negrillas adicionales).
El anterior cúmulo de casos sobre ejecuciones extrajudiciales u homicidios en
persona protegida, o los mal denominados “falsos positivos”, pone de presente una
falla sistemática y estructural relacionada con la comisión de tales violaciones graves
a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza
Pública del Estado colombiano, aunada a la ausencia de un riguroso control dentro
de la institución militar, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en
la permanencia y en el funcionamiento o ejercicio de funciones por parte de los
miembros de la Fuerza Pública, falencias éstas que debilitan la institución militar y
que dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es
propio, de paso, se pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del
Estado y de la sociedad60.
En este punto cabe precisar que, a pesar de que las instituciones judiciales cumplen
con sus deberes en cuanto tienen que ver con la investigación y la sanción de los
responsables de delitos cometidos por miembros de la Fuerza pública -como
58
Ver CIDH, Capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2006; Capítulo IV - Colombia en el Informe
Anual de la CIDH 2007; Capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2008; y Capítulo IV - Colombia
en el Informe Anual de la CIDH 2009.
59 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos
en Colombia, Verdad, Justicia y reparación, OEA/Serv. L/V/II, Doc. nº 49, 2013, p. 79. Al respecto se puede
revisar: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf (consultado el 27 de agosto del
2014)
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia proferida el 27 de abril del 2016, Exp. 50.231.
31
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
aconteció en el presente caso con la condena penal en contra de los militares
responsables-, lo cierto es que ello, junto con la labor disciplinaria desplegada en el
interior de la institución, han sido insuficientes, tardías e inanes para la resolución de
tal situación que, como se advirtió, amenaza con la estabilidad misma de la
institución.
Con fundamento en todo lo anterior, se hace imperiosa la revocatoria de la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, declarar la responsabilidad agravada del Estado
colombiano representado por el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, dada la
violación grave de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
2.6.- Reparación integral del daño antijurídico
Estima la Sala necesario precisar que si bien mediante sentencia proferida el 25 de
octubre de 2011 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la
condena contra el grupo de militares por la comisión de los delitos antes referidos, lo
cierto es que en esa misma sentencia se dejó constancia que las víctimas de tales
hechos no tenían deseo de promover incidente alguno de reparación integral dentro
del proceso penal, pero que acudirían a la jurisdicción de lo contencioso
administrativa para reclamar la indemnización correspondiente, por manera que la
Sala procederá a establecer en esta oportunidad la reparación integral de los
demandantes.
2.6.1.- Perjuicios morales por la muerte del señor Camilo Pulido Pulido.
Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario
precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los
respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de
una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la acreditación de
tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres,
hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión,
a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política61 y de las máximas de la
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El
Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.
61
32
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya
reparación demanda.
Agréguese a lo anterior que resulta apenas natural y evidente que los seres
humanos sientan desolación, depresión, zozobra, miedo y otras afecciones cuando
se produce la muerte de un ser querido de forma violenta; asimismo, la tasación de
tal perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser
sino compensatoria, razón por la cual, corresponde al juzgador, con fundamento en
su prudente juicio, establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda,
para cuyo propósito debe tenerse en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción
y de sus secuelas, todo ello de conformidad con lo que se encuentre demostrado en
el proceso y lo que la experiencia humana indique.
Teniendo en cuenta que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el
juzgador, en cada caso concreto, según su prudente juicio, en el presente asunto
se considera que la ejecución extrajudicial del señor Camilo Pulido Pulido mediante
la utilización de explosivos y armas de fuego, así como el hecho de que se lo
hubiera hecho pasar como subversivo muerto en combate, evidencian el profundo
padecimiento moral que padecieron sus familiares dada la crueldad y barbarie de los
hechos, lo cual permite inferir una mayor afectación moral, razón por la cual se
impone acceder al reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de
esta providencia, en favor de los padres, de la compañera permanente e hijos de la
mencionada víctima directa, así como se reconocerán cincuenta (50) SMLMV a favor
de cada uno de sus hermanos, monto que de acuerdo con la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 201462 resulta procedente en casos de violaciones
graves a derechos humanos.
Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos
registros civiles nacimiento de los demandantes, los cuales dan cuenta de la relación
de parentesco existente entre el señor Camilo Pulido Pulido y quienes acudieron al
proceso en calidad de sus padres Alba Odilia Pulido y Pedro Pablo Pulido, sus hijos
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
62
33
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
Cristian Camilo y Paola Andrea Pulido Molina, sus hermanos Adriana Lucía, Jenny
Paola, Alfonso, Julio, Miguel Ángel, María Janeth, Luz Marina, Leydy Johana, María
Nancy, Giovany y Pedro Pablo Pulido Pulido; asimismo, respecto de la compañera
permanente, señora Esperanza Molina Guiza, dentro del proceso obran varios
documentos en los que figura como desplazada de la violencia junto con sus hijos,
dada la muerte de su compañero permanente Camilo Pulido Pulido63.
2.6.2. Perjuicios morales por el desplazamiento forzado de los demandantes.
Respecto de la prueba del daño moral padecido por las víctimas del desplazamiento
forzado, la Sala de esta Sección ha manifestado que constituye un hecho notorio
que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen, por lo cual
no es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se
ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su
actividad económica. En ese sentido se ha precisado que “[q]uienes se desplazan
forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración
múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado
reiteradamente la Corte Constitucional”64.
En este caso, según fue establecido, las condiciones en que se produjo el
desplazamiento forzado revelan tanto la atrocidad y barbarie de los hechos, como
también el sufrimiento resultante de las ejecuciones, las detenciones arbitrarias, la
pérdida de sus hogares, ganado y otros bienes, por la acción criminal de miembros
del Ejército Nacional y el miedo a verse indefensos; todo lo anterior, además de
haber afectado sus bienes materiales, ha generado, sin duda, un perjuicio moral que
debe ser indemnizado.
En efecto, cuando una persona bajo amenazas y tratos crueles, inhumanos y
degradantes, sometida a múltiples atropellos, humillaciones y vejámenes se ve
impelida a abandonar sorpresivamente el lugar donde reside de manera habitual,
donde tiene asiento en ese momento su vida, donde el afectado y su familia
63
Fls. 43 a 46 C. 1.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de enero de 2006, Radicación
25000232600020010021301 y del 15 de agosto de 2007, Rad. 190012331000200300385-01, M.P. Ruth Stella
Correa Palacio.
64
34
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
desarrollan sus respectivos proyectos de vida, donde echan raíces las personas que
integran una determinada comunidad –grande, mediana o pequeña–, resulta
evidente que quien padece esa atroz circunstancia, sufre un profundo estado de
miedo, angustia e impotencia, lo cual deviene en un grave perjuicio moral65.
De acuerdo con lo anterior, resulta viable el reconocimiento de una indemnización
equivalente al valor de doscientos (200) SMLMV a favor de los señores Esperanza
Molina Guiza, Cristian Camilo Pulido Molina, Paula Andrea Pulido Molina, Pedro
Pablo Pulido, Giovany Pulido Pulido y Alfonso Pulido Pulido, puesto que de acuerdo
con el certificado expedido por la Unidad de Atención a la Población Desplazada por
la Violencia66, se probó que tales personas resultaron víctimas del desplazamiento
forzado.
Adicionalmente, debe precisarse que el reconocimiento de un monto mayor a 100
SMLM, de acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 67
resulta procedente en casos de violaciones graves a derechos humanos, en la cual
se indicó que, en tales eventos, podrá otorgarse una indemnización mayor de los
100 SMLMV, cuando existan circunstancias debidamente probadas que permitan
inferir una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el
monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos
indemnizatorios -300 SMLMV-.
Lo anterior en virtud de que ante la imposibilidad de garantizar la restitutio in
integrum del daño, el juez de lo contencioso administrativo, en aquellos casos de
afectación grave a derechos humanos, atendiendo las particularidades de cada caso
en concreto, puede decretar las medidas pecuniarias y no pecuniarias que sean
necesarias para la consecución de la reparación integral del daño.
Finalmente,
debe
señalarse
que
en
relación
los
perjuicios
morales
por
desplazamiento forzado respecto de los demás demandantes, se negarán sus
pedimentos resarcitorios por este concepto, toda vez que no se encuentra en el
65
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 18.436, M.P. Mauricio Fajardo
Gómez.
66 Fl. 46 C. 1.
67 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
35
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
expediente la prueba alguna que permita acreditar su condición de desplazamiento,
amén de que no obran en el proceso testimonios, documentos o algún otro medio de
prueba que permita suponer que tales demandantes hubieren sufrido dicho perjuicio,
hecho que correspondía acreditar exclusivamente a la parte actora.
2.6.3. Perjuicios por violación a bienes o intereses constitucional y
convencionalmente afectados.
Tal y como se dejó establecido en el capítulo precedente de esta sentencia, como
consecuencia de los graves hechos perpetrados entre el 2 y el 6 de noviembre de
2003 por miembros del Ejército Nacional, en los cuales resultó muerto el señor
Camilo Pulido Pulido, los referidos demandantes se vieron obligados a abandonar
forzadamente su hogar y sus cultivos, lo cual significó la afectación grave, múltiple y
continua de sus derechos fundamentales.
En efecto, en la Sentencia T-025 de 200468 se destacaron los principales derechos
fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de
desplazamiento forzoso, como son: i) el derecho a la vida en condiciones de
dignidad; ii) los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los
discapacitados y de las personas de tercera edad y de otros grupos especialmente
protegidos; iii) el derecho a escoger el lugar de domicilio; iv) el derecho al libre
desarrollo de la personalidad; v) la libertad de expresión; vi) la libertad de
asociación; vii) los derechos económicos, sociales y culturales; viii) el derecho a la
unidad familiar y a la protección integral de la familia; ix) el derecho a la salud; x) el
derecho a la integridad personal; xi) el derecho a la seguridad personal, “puesto que
el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos,
presentes,
importantes,
serios,
claros
y
discernibles,
excepcionales
y
desproporcionados”; xii) la libertad de circulación por el territorio nacional y xiii) el
derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; xiv) el derecho al trabajo y la
libertad de escoger profesión u oficio; xv) el derecho a una alimentación mínima;
xvi) el derecho a la educación; xvii) el derecho a una vivienda digna “puesto que las
personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios
hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas
68
Corte Constitucional, sentencia del 22 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
36
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden
conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie”; xviii) el derecho a la paz, “cuyo
núcleo esencial abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de
la guerra, y mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados por el
derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques
contra la población civil” y xix) el derecho a la igualdad.
Así las cosas, la Sala, en aplicación del principio de reparación integral, y en lo
consagrado en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, decretará unas medidas de
carácter pecuniario -indemnización- y no pecuniario, para resarcir o restablecer los
bienes constitucionales afectados con ocasión de la falla del servicio que produjo el
daño que originó la presente acción, teniendo en cuenta que debe ceder el
fundamento procesal del principio de congruencia o, incluso, de la “no reformatio in
pejus”, ante la primacía del principio sustancial de la “restitutio in integrum”, máxime
cuando se establece la responsabilidad agravada del Estado como consecuencia de
violaciones graves a derechos humanos.
Ciertamente, en cuanto hace a las consecuencias de dicha declaratoria de
responsabilidad agravada del Estado, la referida sentencia del 27 de abril de 2016
precisó que lo que se pretende mediante dicha declaratoria de responsabilidad
agravada -además de realizar un juicio de reproche más severo al actuar del Estado
en esos casos de vulneración a normas ius cogens-, es permitirle al juez de la
Administración la adopción de medidas de reparación integral del daño antijurídico,
ello con el fin de garantizar que tales conductas constitutivas de vulneraciones
graves a derechos humanos o al derecho internacional humanitario no se vuelvan a
producir. Así lo señaló la Sala:
“… Así las cosas, siempre que se produzca la declaratoria de la responsabilidad
agravada del Estado, se deberá otorgar, además de las indemnizaciones
correspondientes en cada caso, una indemnización adicional por concepto de
daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados a
favor de las víctimas en cada caso, así como también se deberán adoptar
medidas de reparación integral que resulten pertinentes y necesarias, dado que las
medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición,
tienen efectos expansivos y universales, es decir, no solamente están destinadas a
tener incidencia concreta en la víctima y su núcleo familiar cercano, sino a todos los
afectados y a incidir más allá de las fronteras del proceso: a la sociedad en su
conjunto y al Estado, amén de propender porque dichas conductas lesivas no se
vuelvan a producir, es decir, que se propende por su no repetición”.
37
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
En cuanto al reconocimiento de dicho perjuicio inmaterial, la sentencia unificación de
28 de agosto de 2014 precisó que podrá otorgarse una indemnización, única y
exclusivamente a la víctima directa del daño antijurídico, mediante el establecimiento
de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso69.
Así las cosas, comoquiera que en el presente caso -según se indicó-, como
consecuencia del desplazamiento forzado de que fueron víctimas los señores
Esperanza Molina Guiza, Cristian Camilo Pulido Molina, Paula Andrea Pulido Molina,
Pedro Pablo Pulido, Giovany Pulido Pulido y Alfonso Pulido Pulido, se vulneraron de
forma múltiple y masiva sus derechos humanos, se impone la necesidad de
reconocer una indemnización a su favor equivalente a 70 SMLMV a favor de cada
uno de ellos. Sin embargo se denegará dicho perjuicio respecto de los demás
demandantes, dado que no acreditaron dicha condición de desplazados.
2.6.4. Medidas de reparación integral no pecuniarias.
En cuanto a las medidas de carácter no pecuniario, se tiene como un hecho cierto
que en la sentencia proferida en el proceso penal por el Tribunal del Distrito Superior
de Bogotá, Sala Penal, se decretaron varias medidas de reparación integral a favor
de las víctimas de tales hechos, razón por la cual la Sala considera que tales
medidas, si bien son idóneas y necesarias para reparar el daño infringido a las
víctimas, se hace necesario decretar algunas medidas adicionales de no
repetición70, como las siguientes:
69
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 32.988, M.P.
Ramiro Pazos Guerrero.
70 Acerca de la Garantía de No Repetición, a la que se alude en la presente providencia, se ha hecho referencia
dentro del siguiente contexto: “En cuanto a la obligación de no repetición: El Estado está obligado, “en virtud de
los deberes generales de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno (Arts. 1.1 y 2 de la
Convención) a adoptar las medidas necesarias para asegurar que violaciones como la que han sido declaradas
en la presente sentencia no se producirán de nuevo en su jurisdicción. Este deber de no repetición se desprende
directamente de las obligación de garantizar los derechos contenida en el Art. 1.1 de la CADH, por lo tanto el
Estado debe tomar por iniciativa propia todas aquellas medidas necesarias para que los hechos violatorios no se
vuelvan a repetir en su territorio, en virtud de la obligación contenida en el mencionado Art. 1.1 y del principio
Pacta Sunt Servanda contenido en el Art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados”. Pizarro
Sotomayor Andrés y Méndez Powell Fernando, Manual de Derecho Internacional de Derechos Humanos,
Primera Ed., Universal Books, Ciudad de Panamá, 2006, pág. 28.
38
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
i) Se dispondrá que en el término de dos (2) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, el Ministerio de Defensa Nacional deberá diseñar entre
los Comandantes de las Brigadas y de los Batallones del País un plan integral de
inteligencia, tendiente a lograr un control estructural efectivo respecto de la
incorporación, permanencia y funcionamiento u ejercicio de funciones de los
miembros del Ejército Nacional y prevenir con ello la comisión de delitos como los
que dieron origen a la presente acción.
ii) El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional establecerán un link con un
encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta
providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a
partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta
decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período
de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva
carga de la información en la página web de esa institución.
iii) Teniendo en consideración que en el presente caso se infringieron obligaciones
convencionales de protección de los derechos humanos, se enviará al Director del
Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación, copia de
la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la
construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia
generada por el conflicto armado interno en Colombia.
iv) A título de garantías de satisfacción se ordenará como una medida de
satisfacción dirigida a restablecer la dignidad, la honra, el buen nombre y la
reputación de la familia del señor Camilo Pulido Pulido, que el Ministerio de Defensa
Nacional publique en un periódico de amplia circulación nacional y en uno de amplia
circulación local en el departamento del Tolima –y específicamente de Cajamarca, si
existiere- el aparte correspondiente al caso concreto de este fallo y rectifique la
verdadera identidad de la víctima directa. Dicho escrito deberá informar que la
muerte del señor Camilo Pulido Pulido no ocurrió como consecuencia de un combate
entre soldados del Ejército Nacional y las FARC, sino que fue ejecutado
extrajudicialmente por actos perpetrados por los efectivos militares destacados en la
39
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
zona rural de Cajamarca, hecho que hizo parte de una cadena de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y hurtos, entre el 2 y el 6 de
noviembre de 2003 en la zona rural del municipio de Cajamarca.
2.6.5.- Perjuicios materiales
-
Daño emergente
En cuanto hace al reconocimiento indemnizatorio por este concepto, se tiene que en
la demanda se solicitó que se condenara al pago de la suma de $10’000.000 por
concepto de gastos funerarios y de honorarios de abogado que debieron sufragar los
demandantes para que los representara dentro del proceso penal adelantado por la
muerte del señor Camilo Pulido Pulido.
Resulta pertinente en este punto recordar que el artículo 1614 del Código Civil define
el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse
cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse
retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la
Sección, la cuantificación de este tipo de perjuicios se traduce en las pérdidas
económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación
administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la
reparación y que, en consideración al principio de reparación integral del daño,
consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1.998, se concreta que solamente
pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente
empobrecieron a la víctima o que éstos debieron sufragar como consecuencia de la
ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.
Ahora bien, para acreditar en este específico caso la ocurrencia de tales gastos
funerarios, se aportó con la demanda copia auténtica de recibo de pago de fecha 6
de noviembre de 2003 expedido por la Funeraria e Inversiones La Paz de Ibagué71,
en el cual se hace constar que el señor Pedro Pablo Pulido pagó la suma de
$600.000 por concepto de “servicio funerario integral”. Adicionalmente, se tiene que
dicha prueba fue decretada por el Tribunal a quo mediante auto del 5 de septiembre
71
Fl. 45 C. 1.
40
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
de 2006 y no fue tachada de falsa por la parte demandada, por lo cual la Sala
reconocerá la indemnización correspondiente a esa suma de dinero que será
actualizada de conformidad con la siguiente fórmula:
RA = VH
Ind. final – junio (132,58)
------------------------------------------------Ind. Inicial – noviembre 2003 (75,56)
RA = $ 600.000 x 1.754
RA = $ 1’052.400
De otra parte, se advierte que no obra prueba alguna respecto de que la parte actora
efectivamente se hubiera pagado sumas de dinero por concepto de honorarios
profesionales dentro del proceso penal en el cual intervinieron como víctimas, razón
por la cual la Sala negará el reconocimiento de dicho perjuicio material.
-
Lucro cesante
Respecto de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al lucro
cesante a favor de los demandantes, la Sala estima que dicho reconocimiento
resulta procedente, en consideración a que si bien no se probó la cantidad de dinero
que ganaba la referida persona como producto de la actividad agrícola y de minería,
la Sala aplicará la presunción de que dicha actividad le generaba por lo menos el
salario mínimo legal mensual vigente para aquella época.
De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicha
indemnización del perjuicio. Entonces:
Ingresos de la víctima al momento de su muerte: $ 332.000
Expectativa de vida total de la víctima: 52.3 años (627,6 meses)72
Período consolidado: 151 meses
Período futuro: 476,6 meses
Índice final: mayo de 2016 -último conocido- (131,95)
Índice inicial: noviembre de 200373: 75.56
72
De conformidad con el registro civil de nacimiento de la referida persona, se tiene que nació el 22 de diciembre
de 1975 (fl. 13 C. 1), mientras que su compañera permanente señora Esperanza Molina Guiza nació el 27 de
octubre de 1978, por lo cual se tendrá en cuenta la vida probable del mayor de ambos.
41
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
Actualización de la base:
RA = $ 332.000 VH
ind final (132.58)
---------------------------ind inicial (75.56)
RA = $ 579.769, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el
año 2016 ($ 689.454), se tomará éste último para la liquidación. Adicionalmente, el
mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales
($861.818). No obstante, de dicha suma se descontará el 25% por concepto de
gastos personales, lo cual arroja el resultado de: $646.364; sin embargo, dicho
monto será repartido en un 50% para la compañera permanente (323.182) y el otro
50% para sus dos hijas (323.182).
Lucro cesante para Esperanza Molina Guiza (compañera permanente).
Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Camilo Pulido Pulido
(noviembre de 2003) hasta la fecha de esta sentencia (junio de 2016), esto es 151
meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $ 323.182; I = Interés puro o técnico: 0.004867
S = VA
S = VA
(1+i)n -1
------------i
(1.004867)151-1
--------------------0.004867
S = $ 323.182 x 222,230
S = $ 71’820.832
Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima, esto es 476,6
meses, aplicando la siguiente fórmula:
73
Fecha de muerte de la referida persona según el registro civil de defunción (fl. 2 C. 2).
42
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
S = VA
(1+0.004867)n-1
-----------------------i (1+0.004867)n
S = VA
(1.004867)476 - 1
-------------------------i (1.004867)476
S = VA
9.0852
---------------0.0490
S = $ 323.182 X 185,412
S = $ 59’921.900
Total perjuicios materiales para la señora Esperanza Molina Guiza: ciento
treinta y un millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos
($131’742.732).
Lucro cesante para Paola Andrea Pulido Molina (hija)
Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Camilo Pulido Pulido
(noviembre de 2003) hasta la fecha de la presente sentencia, esto es (junio de
2016), esto es 151 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $ 161.591, I = Interés puro o técnico: 0.004867
S = VA
S = VA
(1+i)n -1
------------i
(1.004867)151 -1
--------------------0.004867
S = $ 161.591 x 222,230
S = $ 35’910.416
43
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
Futuro: Desde la fecha de esta sentencia hasta que la demandante cumpla 25 años
de edad (21 enero 202774), esto es 126 meses, aplicando la siguiente fórmula:
S = VA
(1+0.004867)n-1
-----------------------i (1+0.004867)n
S = VA
(1.004867)126 - 1
-------------------------i (1.004867)126
S = VA
0.1909
---------------0.00579
S = $ 161.591 X 94,053
S = $ 15’198.201
Total perjuicios materiales para Paola Andrea Pulido Molina: cincuenta y un
millones ciento ocho mil seiscientos diecisiete pesos ($51’108.617).
Lucro cesante para Cristian Camilo Pulido Molina (hijo)
Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Camilo Pulido Pulido
(noviembre de 2003) hasta la fecha de la presente sentencia, esto es (junio de
2016), esto es 151 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $ 161.591, I = Interés puro o técnico: 0.004867
S = VA
S = VA
74
(1+i)n -1
------------i
(1.004867)151 -1
--------------------0.004867
Según el registro civil de nacimiento, se tiene que la demandante nació el 21 de enero de 2002 (fl. 17 C. 1).
44
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
S = $ 161.591 x 222,230
S = $ 35’910.416
Futuro: Desde la fecha de esta sentencia hasta que el demandante cumpla 25 años
de edad (diciembre 202275), esto es 78 meses, aplicando la siguiente fórmula:
S = VA
(1+0.004867)n-1
-----------------------i (1+0.004867)n
S = VA
(1.004867)78 - 1
-------------------------i (1.004867)78
S = VA
0.86165
---------------0.00906
S = $ 161.591 X 64,843
S = $ 10’478.152
Total perjuicios materiales para Cristian Camilo Pulido Molina: cuarenta y seis
millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho pesos
($46’388.568).
2.7.- Condena en costas
Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna
procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.
75
Según el registro civil de nacimiento, se tiene que el demandante nació el 4 de diciembre de 1997 (fl. 16 C. 1).
45
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima el 7 de diciembre de 2007.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE la responsabilidad
agravada de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por las graves
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en
perjuicio de los demandantes señalados en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero:
3.1.- Por concepto de indemnización de perjuicios morales por la muerte del señor
Camilo Pulido Pulido, la cantidad de 100 SMLMV para cada uno de los señores
Pedro Pablo Pulido, Alba Odilia Pulido, Esperanza Molina Guiza, Cristian Camilo y
Paola Andrea Pulido Molina; y 50 SMLMV a favor de cada uno de los señores Miguel
Ángel, Adriana Lucía, Jenny Paola, Alfonso, Julio, María Janeth, Luz Marina, Leydy
Johana, María Nancy, Giovany y Pedro Pablo Pulido Pulido.
3.2.- Por concepto de indemnización de perjuicios morales por el desplazamiento
forzado de que fueron víctimas los señores Esperanza Molina Guiza, Cristian
Camilo Pulido Molina, Paula Andrea Pulido Molina, Pedro Pablo Pulido, Giovany
Pulido Pulido y Alfonso Pulido Pulido, la cantidad de 200 SMLMV a favor de cada
uno de ellos.
3.3. Por concepto de indemnización de perjuicios por la violación grave a bienes o
intereses constitucionales por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los
46
Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
señores Esperanza Molina Guiza, Cristian Camilo Pulido Molina, Paula Andrea
Pulido Molina, Pedro Pablo Pulido, Giovany Pulido Pulido y Alfonso Pulido Pulido, la
suma equivalente a 70 SMLMV a favor de cada uno de ellos.
3.4. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante, las siguientes cantidades de dinero:
3.4.1. Para la señora Esperanza Molina Guiza la suma de ciento treinta y un
millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos
($131’742.732).
3.4.2. Para Paola Andrea Pulido Molina la suma de cincuenta y un millones ciento
ocho mil seiscientos diecisiete pesos ($51’108.617).
3.4.3. Para Cristian Camilo Pulido Molina la suma de cuarenta y seis millones
trescientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho pesos ($46’388.568).
3.5. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente, la suma de un millón cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos
$1’052.400 a favor del señor Pedro Pablo Pulido.
3.6. Como medidas de reparación integral se ordena a la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional, a adoptar las siguientes medidas de naturaleza no
pecuniaria:
3.6.1. En el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, el Ministerio de Defensa Nacional deberá diseñar entre los Comandantes
de las Brigadas y de los Batallones del País un plan integral de inteligencia,
tendiente a lograr un control estructural efectivo respecto de la incorporación,
permanencia y funcionamiento u ejercicio de funciones de los miembros del Ejército
Nacional y prevenir con ello la comisión de delitos como los que dieron origen a la
presente acción.
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Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
3.6.2. El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional establecerán un link con un
encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta
providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a
partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta
decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período
de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva
carga de la información en la página web de esa institución.
3.6.3. Teniendo en consideración que en el presente caso se infringieron
obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, se enviará al
Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la
Nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y
contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de
la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.
3.6.4. Como una medida de satisfacción dirigida a restablecer la dignidad, la honra,
el buen nombre y la reputación de la familia del señor Camilo Pulido Pulido, el
Ministerio de Defensa Nacional publicará en un periódico de amplia circulación
nacional y en uno de amplia circulación local en el departamento del Tolima los
apartes pertinentes de este fallo y rectifique la verdadera identidad de la víctima
directa. Dicho escrito deberá informar que la muerte del señor Camilo Pulido Pulido
no ocurrió como consecuencia de un combate entre soldados del Ejército Nacional y
las FARC, sino que fue ejecutado extrajudicialmente por actos perpetrados por los
efectivos militares destacados en la zona rural de Cajamarca.
CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos
en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTO: Sin condena en costas.
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Expediente: 35.029
Actor: Esperanza Molina Guiza y otros
Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa
SEPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para su cumplimiento; expídanse a la parte actora las copias auténticas con las
constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE
HERNÁN ANDRADE RINCÓN
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA