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22 al 28 de febrero de 2016
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EMPRESAS
EUROPA PRESS
Activistas de Greenpeace piden el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
La oposición en pleno está que echa chispas, pues temen
que el Gobierno en funciones, en una decisión sin precedentes, pueda acabar aprobando la reapertura de la
central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos,
parada desde hace tres años y pendiente del informe
técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El organismo, en pleno proceso de evaluación, ha recibido una carta en la que nueve partidos, un 65% del Parlamento, le piden que paralice el proceso hasta la formación de un nuevo Gobierno al que corresponda la decisión final. Una paralización que, responden, no está en
su mano.
La oposición en pleno teme que las presiones eléctricas y del Gobierno
en funciones aceleren su reapertura
Alta tensión en Garoña
■ Nuria Díaz
Garoña ha sido uno de los grandes
asuntos energéticos que quedaron
sin resolver durante la pasada legislatura porque, al margen de los aspectos técnicos, el tema nuclear arrastra
mucha carga política.Y por eso, en
los últimos días, ha vuelto a convertirse en arma arrojadiza. La razón: los
partidos de la oposición y las asociaciones ecologistas están convencidos de que, aprovechando el impass
político, el Gobierno -abiertamente a
favor del alargamiento de la vida útil
de las centrales-, avanza hacia la reapertura de la planta burgalesa, pese
a que está en funciones y a que el
resto de las fuerzas políticas se han
mostrado partidarias de su cierre definitivo. En la pasada legislatura, todos
los grupos parlamentarios, a excepción del PP, UPyD y CiU, firmaron una
declaración en la que se comprometían a cerrar definitivamente Garoña
en caso de llegar al poder tras las
elecciones del 20 de diciembre.
Mayoría popular en el CSN
Uno de los primeros movimientos
que levantaron las suspicacias de la
oposición fue el que el pasado mes
de octubre, el Gobierno aprobara unilateralmente el nombramiento de
Javier Dies Llovera, vinculado al PP
en Barcelona, como nuevo consejero del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), el organismo encargado de elaborar el informe técnico
preceptivo para aprobar una reapertura de Garoña. Entonces se acusó
al gobierno del PP de tratar de politizar el organismo con un nombramiento que había sido rechazado el
29 de septiembre en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados.
Con este nombramiento in extremis al final de la legislatura, se rompe el equilibrio de fuerzas de manera que, en estos momentos, los
populares controlarían el órgano regu-
lador, con tres representantes afines
sobre cinco: además del citado Dies,
el presidente del consejo, Fernando
Martí –ex secretario de Estado de
Energía- y Fernando Castelló. Por
parte del PSOE, se sientan Rosario
Velasco, vicepresidenta del consejo, y la ex ministra de medio ambiente socialista, Cristina Narbona que,
en más de una ocasión ha emitido
un voto particular en contra del proceso de evaluación para la reapertura de Garoña. Concretamente lo hizo
en el pleno del pasado 3 de febrero,
pidiendo que se paralice cualquier
decisión sobre la reapertura hasta
que se analicen y difundan a la opinión pública, las implicaciones en
seguridad nuclear de autorizar hasta los 60 años el funcionamiento de
un reactor nuclear. “Que una central
nuclear pueda operar hasta los 60
años de actividad es una circunstancia inédita en España -señala”. Garoña rebasaría los 40 años que operó,
por ejemplo , la central de Jose
Cabrera (Zorita)”. También es inédito -recuerdan fuentes del sector. que
se solicite “una autorización administrativa de 17 años consecutivos,
porque las renovaciónes se vienen
haciendo de diez en diez años”.
Iván Calvo, miembro del área de
Economía de Podemos, asegura
que “hay una voluntad política clara de reabrirla. En el último pleno del
CSN se aprobaron algunos informes
previos, no suficientes, pero necesarios para avanzar en la decisión de
la reapertura”. Concretamente, y
según las actas de la reunión, se trataron cinco modificaciones eléctricas, de ampliación del edificio de
almacenamiento y del aislamiento.
El informe es preceptivo, y vinculante en el caso de que arroje dudas
sobre la seguridad de la planta y
aconseje su cierre definitivo, pero no
hay plazos ni legales ni técnicos que
obliguen al CSN a emitirlo en un tiempo determinado.
PSOE, Podemos,
Ciudadanos, ERC, PNV,
Bildu, IU, Compromís y
Democrácia i Llibertat, el
64% de la Cámara,
enviaron una carta al
presidente del CSN,
pidiéndole paralizar el
proceso de evaluación
Este es el argumento que esgrimía
la propia Narbona en su voto particular, y también la oposición en el
Congreso, que considera que podría
sencillamente aplazar sus deliberaciones sobre este tema hasta que
haya un gobierno formado, porque
éste –como señala el portavoz de
Podemos “no es un asunto ordinario”. Y eso es precisamente lo que
hae unos días le han pedido al organismo en una carta dirigida al presidente del CSN, Fernando Marti, nueve partidos (PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Bildu, IU,
Compromis y Democrácia y Llibertat, que suman 225 diputados, el
64% de la Cámara).
Sin embargo, en el CSN creen que
no entrá entre sus atribuciones paralizar el proceso, y así lo hacen constar en un comunicado señalando que
“en los procesos de licenciamiento
(como puede ser una renovación de
la autorización de explotación) la
labor regulatoria del organismo está
reglada y se limita a la emisión de
informe preceptivo (y vinculante de
ser negativo) al órgano competente
para resolver el procedimiento, que
es el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo. (...).Es el Ministerio, por lo
Tres años parada, pero siempre en el candelero
■ Garoña está parada
desde hace tres años,
ya que cumplió los 40
años de
funcionamiento, la vida
útil para la que, en
principio, estaban
preparadas las
centrales españolas.
Después de que el
gobierno aprobara un
paquete fiscal que
gravaba la energía
nuclear, los
propietarios, la
sociedad Nuclenor, al
50% entre Endesa e
Iberdrola, desestimaron
pedir la renovación,
decisión de la que
finalmente se desdijeron
y ahora quieren que el
Ministerio de Industria
les conceda 17 años
más de funcionamiento.
Industria ha dado varios
pasos para permitir esa
ampliación, pero el
principal es que el CSN
conceda la autorización
final y para eso hace
falta que previamente el
pleno vaya aprobando
los requisitos que le
impuso en el verano de
2014.
Los ecologistas
utilizan un argumento
clave para pedir que
continue cerrada:
durante los tres años
que ha estado sin
generar electricidad no
ha habido problemas,
ya que en estos
momentos el sistema
energético español está
sobredimensionado y
cuenta con más
potencia instalada que
la energía que se
consume.
tanto quien, en su caso, puede analizar o tener en cuenta cuestiones de
oportunidad política, criterios económico-financieros, sociológicos o de
política energética”.
En el acta del pleno del congreso
del 3 de febrero publicada el pasado
18 de febrero, figura también una
explicación del voto del consejero
Fernando Castelló en el que se manifiesta en este mismo sentido, señalando que “el cauce de relación
está perfectamente definido en el
artículo 11 de la Ley de Creación del
CSN y es la Comisión Parlamentaria
de Industria, Energía y Turismo. Este
sería el entorno parlamentario en el
que los grupos parlamentarios deberían, si así lo acordasen, hacer un
requerimiento al Gobierno para que
el Ministerio de Industria acordase la
suspensión del procedimiento de
evaluación de Garoña, para serle luego comunicada con carácter oficial
al CSN. Solo entonces el CSN estaría legalmente habilitado para proceder a suspender el procedimiento”.
En una nota sobre las propuestas
analizadas sobre Garoña , el organismo señala que “todas estas actuaciones estaban previstas en la guía
de evaluación preparada por el cuerpo técnico para la evaluación y emisión del informe solicitado por el
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo” y añaden, en contra de las
críticas sobre que el proceso se esté
acelerando que “está previsto que la
remisión de dicho informe al Minetur
se produzca durante el segundo
semestre del presente año”.
La secretaria de Cambio climático del PSOE, Pilar Lucio, señala
en cualquier caso a El Nuevo Lunes
que “hemos pedido la comparecencia de Martí en la Comisión de Industria que se constituyó hace unos días.
Martí ha pedido motu proprio comparecer, pero para hablar sobre el
balance del año y sobre la central de
Almaraz, que ha tenido algunos problemas técnicos”.
Precedente para el resto
Si la oposición se ha movilizado, aseguran, no es solo por el propio hecho
de una posible reapertura aprovechando el momento político, -aseguran fuentes del sector- sino también
por el precedentes que se sienta y
por la posibilidad de que las dueñas
de la central pudieran pedir una compensación si un nuevo gobierno cierra la planta.
Respecto a lo primero, Lucio
(PSOE) señala que Garoña lleva
cerrada mucho tiempo pero “si se
reabre porque hay más centrales del
parque nuclear que cumplen 40 años
en la próxima década”.
Por us parte, Iván Calvo (Podemos)
señala además que que “un informe
favorable del CSN y una aprobación
del gobierno en funciones daría argumentos a las dueñas de la planta,
Endesa e Iberdrola, para solicitar
una indemnización por lucro cesante si un nuevo gobierno, siguiendo
su programa electoral, dedice retirar
la licencia a Nuclenor”. Una indemnización que podria alcanzar los 900
millones de euros, si se toma como
referencia que esa fue la cantidad
que Endesa e Iberdrola relamaron
cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012, aunque fue rechazada por los tribunales
de justicia.
Sin embargo, y de nuevo según las
actas que el organismo ha colgado
en su página web, algunos consejeros dudan de que pudiera haber
reclamaciones de este tipo por el
mero hecho de haber un informe
favorable. Las expresa concretamente la vicepresidenta del organismo
por proposición del PSOE, Rosario
Velasco, que señala que “la simple
emisión del informe técnico del CSN
de ningún modo puede generar ningún tipo de derechos ni lucro cesante en los titulares”. La tensión política va en aumento.