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COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN
PERÍODO LEGISLATIVO 2014 – 2018
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 64, DE LA 363ª LEGISLATURA,
CELEBRADA EL MIÈRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE 17.21 a
18.58 HORAS.
SUMARIO: Orden del día: La comisión se reunió con el objeto de
continuar con la discusión general del proyecto de ley, de origen en
mensaje y en segundo trámite constitucional, que regula los servicios
sanitarios rurales (boletín N° 6252-09).
I.- PRESIDENCIA
Presidió la sesión, la diputada señora Yasna Provoste Campillay.
Actuó como Secretario de la Comisión el señor Juan Carlos Herrera
Infante, y como abogada ayudante, la señora Carolina Andrea Aqueveque
Lopehandía.
II.- ASISTENCIA
Asistieron los diputados integrantes de la Comisión, diputados señores
Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Loreto Carvajal Ambiado, Cristina
Girardi Lavín, Luis Lemus Aracena, Jorge Rathgeb Schifferli, Gaspar
Rivas Sánchez y Raúl Saldívar Auger.
En relación al tema de la orden del día, asistieron el Director de la
DOH, don Reinaldo Fuentealba; el asesor jurídico de la misma repartición,
don Mauricio Lillo; el asesor del MOP, don Pablo Aranda; y el Delegado
Presidencial para los Recursos Hídricos, don Reinaldo Ruiz. Además
asistieron los siguientes invitados: don Abel Painefilo Barriga, alcalde de la
Municipalidad de Curarrehue (en representación del Presidente de la
Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche); don Roberto León,
Presidente, Cecilia González, Directora Ejecutiva, y Fanny Alvarez, todos de
APRIN Chile (Asociación de Agua Potable Rural de la Región
Metropolitana); y doña Paula Zúñiga, Consejera Regional de Melipilla.
Además asistieron las siguientes personas: Yasna Bermúdez, asesora
diputado Saldívar; Iván Oyarzun, asesor diputada Girardi; Francisco Castillo,
asesor Comité PPD; Sara Larraín, Pamela Poo y Patricio Segura, Directora
Ejecutiva y asesores de Chile Sustentable y Daniel Portilla, asesor
SEGPRES.
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III.- ACTAS1
El acta de la sesión 62ª especial se da por aprobada por no haber sido
objeto de observaciones.
El acta de la sesión 63ª ordinaria se pone a disposición de las señoras y
señores diputados.
IV.- CUENTA
Se recibieron los siguientes documentos:
1.- Oficio N° 1232-363 de S.E. la Presidenta de la República, mediante el
cual retira la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula los
servicios sanitarios rurales (boletín N° 6252-09).
2.- Comunicación de representantes de la Asamblea Autoconvocada de
Organizaciones de los Pueblos Indígenas de la comuna de Arica, por el cual
hacen transmitir su preocupación por la postergación de la sesión que esta
Comisión tenía contemplado celebrar en Arica.
3.- Comunicación del Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas
de Servicios Sanitarios Ltda. (FESAN), señor Guillermo Saavedra, por la cual
solicitan asistir a la Comisión a fin de participar en la discusión del proyecto
de ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6252-09).
4.- Comunicación de la Presidenta de FENAPRU, señora Gloria Alvarado por
la que solicitan a la Comisión poder asistir a las sesiones en que se trate el
Proyecto de Ley de Servicio Sanitario Rural (boletín N° 6252-09).
5.- Comunicación del señor Juan Pablo Díaz de Valdés, Presidente de la
Asociación Chilena de Abogados del sector sanitario, quien hace llegar sus
excusas por su inasistencia a la presente debido a que dicha asociación
gremial no ha abordado aún los alcances del Proyecto de Ley de APR, por lo
que no se encuentran en condiciones de poder manifestar una opinión sobre
la materia.
6.- Comunicación del señor Juan Carlos Araya González, abogado
encargado de la Unidad de Tierras y Aguas de la Subdirección Norte de
CONADI, quien hace llegar sus excusas por su inasistencia a la presente ya
que se encontrará participando en el II Congreso Internacional de Derecho
Indígena.
7.- Se han recibido una serie de indicaciones al proyecto de ley que crea los
servicios sanitarios rurales (boletín N° 6252-09), de las diputadas señoras
Yasna Provoste y Cristina Girardi.
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Las actas de las sesiones de la comisión se encuentran disponibles en el siguiente link:
http://www.camara.cl/trabajamos/comision_sesiones.aspx?prmID=720
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Respecto del punto N° 3 de la cuenta, los diputados acordaron
aceptar la solicitud de la peticionaria para exponer en relación con el
proyecto de ley de la referencia.
V.- ORDEN DEL DIA
La comisión se reunió con el objeto de continuar con la discusión
general del proyecto de ley, de origen en mensaje y en segundo trámite
constitucional, que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N°
6252-09)2.
Cecilia González, Directora Ejecutiva de APRIN Chile (Asociación de
Agua Potable Rural de la Región Metropolitana)
La representante de APRIN señaló que la referida asociación trabaja
con 38 servicios de la región Metropolitana, principalmente de las provincias
de Melipilla, Talagante y Maipo.
Junto con dejar a disposición de los miembros de la comisión un
documento con las observaciones al proyecto de ley en análisis3, rescató
como algo positivo que el espíritu del texto legal no altera la esencia de los
APR, ya que estos siguen siendo organizaciones con un enfoque social y no
mercantil. Además, entre los aspectos valorables de la iniciativa legal y
sobretodo de las indicaciones presentadas recientemente por el Ejecutivo,
destacó los siguientes:
1.- La transferencia de los bienes indispensables para el funcionamiento de
los servicios, lo que implicará que estos estén siempre provisionados para
salvaguardar la integridad del servicio.
2.- Que se terminen las licencias y permisos, quedando todos los servicios
en las mismas condiciones ante la ley.
3.- Que quien no realice bien su labor en la administración de los servicios y
no cumpla con las exigencias mínimas, tenga un plazo para subsanarlas.
4.- La creación de la Subdirección con más personal por región dedicado a
prestar asesoría, fiscalizar y controlar el accionar de los APR, lo que sin duda
hará que haya un solo delineamiento en la toma de decisiones. Lo que existe
actualmente es un programa de la DOH con muy poco personal, y al no
tener la capacidad técnica para resolver los problemas, se termina
recargando el trabajo a los funcionarios de los DOH Regional, que en la
mayoría de los casos no alcanzan a ser más de cuatro.
5.- Tarifas reguladas, es fundamental que los servicios puedan fijar tarifas
que le permitan ser autosustentables y gestionables.
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Proyecto de ley tratado anteriormente en las siguientes sesiones de comisión: sesión Nº 7, del 11 de
junio de 2014; sesión Nº 8, del 18 de junio de 2014; sesión Nº 9, del 9 de julio de 2014; sesión Nº 10,
del 23 de julio de 2014; sesión Nº 11, del 6 de agosto de 2014; sesión N° 61, del 21 de octubre de
2015 y sesión N° 63, del 4 de noviembre de 2015.
3 Disponible en https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=41388&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
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6.- Que los APR que se encuentren en algún momento en un área urbana
por modificaciones de los planos reguladores, puedan seguir funcionando
como tales, ya que el proceso y los riesgos que se corren al querer
concesionar las áreas son de alto costo para la realidad de algunos servicios.
7.- Que no se haya alterado la esencia de los APR. Si bien hay situaciones
en algunos servicios que hay que regular y corregir, la gran mayoría de ellos
realiza un trabajo serio, comprometido y solidario con sus comunidades,
permitiendo contar con agua potable a más de 1.600.000 personas.
Sin perjuicio de lo anterior, existen algunos aspectos a considerar que el
proyecto de ley no contempla, tales como:
1.- Fondos permanentes para capacitación. Es una necesidad el poder
contar con una escuela para dirigentes de carácter permanente, para que
éstos puedan adquirir conocimientos e ir mejorando su rol al interior de las
comunidades. La mayoría de los dirigentes tienen bajos niveles de
escolaridad, por tanto se les debe dotar de las herramientas, sobre todo para
poder administrar bienes del Estado. Opinó que sería interesante generar
una alianza estratégica entre CORFO y SENCE para estos efectos.
2.- Regular el valor de las cuotas de incorporación. La diferencia en el cobro
que hacen los servicios por este concepto es abismante (diferencias de entre
$5.000 y $2.000.000), limitando así la posibilidad de quienes no cuentan con
los medios económicos de ingresar a los servicios y contar con agua potable
en sus hogares.
3.- Mediación en los conflictos. Debiese existir un órgano competente cuyas
decisiones sean vinculantes, para poder resolver conflictos internos entre
dirigentes o bien entre dirigentes y socios, evitando de esta manera
judicializar los conflictos.
Finalizando su exposición, la señora González enfatizó en que para las
organizaciones que representa, el agua es un bien social, no un bien de
mercado, solicitando a los miembros de la comisión aprobar a la brevedad
posible un marco regulatorio para esta actividad, que les permita seguir
prestando este servicio a la comunidad.
Abel Painefilo Barriga, alcalde de la Municipalidad de Curarrehue (en
representación del Presidente de la Asociación de Municipalidades con
Alcalde Mapuche)
Respecto al ámbito de vigencia establecido en el artículo 1° del
proyecto de ley, y específicamente en relación a la excepción en él
contemplada para que un servicio pueda ser operado por otra persona
natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo
informe favorable de la autoridad sanitaria regional, el alcalde Painefilo
manifestó que es necesario tener la certeza de que esta excepción no abre
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la puerta al ingreso de entidades con fines de lucro a la administración de los
sistemas de APR.
Por otra parte, opinó que se requiere una precisión respecto de lo
prescrito en el artículo 7° del proyecto, que contempla la posibilidad de que
existan distintos operadores para las diferentes etapas de los servicios.
En cuanto a la licitación de nuevas licencias o permisos, reparó que
siempre un llamado a licitación está sujeto a la mejor oferta, perdiéndose en
este caso el carácter de “no lucro” en estos procesos.
Respecto a las tarifas, señaló que existe preocupación por la geografía
que tiene nuestro país y cercanía o lejanía de los comités en relación con los
centros urbanos, y por ello planteó que debiese existir una diferenciación
entre los servicios, puesto que los gastos de operación pueden ser muy
distintos entre un comité y otro.
Asimismo, hizo hincapié en que va a ser muy difícil establecer una
política tarifaria de autofinanciamiento en zonas extremas, en zonas con
familias de condición socioeconómica desmejorada o donde la dispersión de
la población es importante. Por ello sería importante aclarar que ocurrirá con
el subsidio al agua potable rural en esos casos.
Respecto a la autoridad encargada del cálculo de las tarifas, indicó que
muchos APR pertenecen a comunidades indígenas, pero no todas las
familias de dicho territorio son indígenas. Por ello, solicitó que se explicite el
grado de autonomía que tendrán esas comunidades para poder operar.
En relación a la autosustentabilidad, planteó la interrogante de como
impedir que el mercado opere en este nuevo sistema, ya que, según reiteró,
con los procesos de licitación ya hay un riesgo desde el punto de vista de la
oferta y la demanda, y aparece sin duda el concepto de lucro.
En otra línea, comentó que en la actualidad existen comunidades
indígenas que son propietarias de derechos de agua con las características
que se requiere para operar un servicio de APR, pero que han tenido que
traspasar sus derechos a los comités para efectos de poder operar.
Finalmente, el alcalde Painefilo señaló a los miembros de la comisión
que una de las cosas que mueve a las naciones pre existentes y a los
pueblos indígenas, es un principio de orden natural en virtud del cual ellos
son parte de un sistema, son parte de la naturaleza y no dueños de ella, lo
que redunda directamente en el cuidado del entorno y del medio ambiente.
Por ello, cualquier proyecto que atente contra este principio contará con el
rechazo de las comunidades originarias.
*****
Concluida la intervención de ambos invitados, se dio lugar a la siguiente
ronda de comentarios, preguntas e intervenciones:
En primer lugar, la diputada Girardi precisó que la indicación
presentada recientemente por el Ejecutivo establece expresamente que las
cooperativas que presten los servicios que establece esta ley, serán sin fines
de lucro. También hay otros aspectos mencionados por los invitados que ya
fueron considerados en las indicaciones parlamentarias que se han
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presentado a este proyecto. Con todo, sí considero relevante lo apuntado por
APRIN respecto a la necesidad de mediación en los conflictos y a la
regulación de las cuotas de incorporación, indicando que presentará
indicaciones en relación a dichos temas.
Por su parte, el diputado Rathgeb planteó que actualmente el agua
potable rural es una necesidad de primer orden en la región de la Araucanía,
y los recursos no son suficientes para cubrirla. Por ello agradeció la
presencia del alcalde, puesto que permitió sensibilizar respecto a esta
problemática.
A su turno, la diputada Carvajal opinó que el agua potable rural debe
ser una prioridad nacional y para equiparar las condiciones de vida de los
habitantes de nuestro país, lo mínimo es poder contar con acceso al agua
para el consumo humano, indicando que en esa línea se aprobaron
recientemente las modificaciones al Código de Aguas analizadas en esta
comisión. Sin perjuicio de ello, manifestó que es importante preguntarse
cómo se va a implementar la nueva normativa una vez que sea despachada
por el Congreso, cuando es sabido que los recursos son escasos, solicitando
al director de la DOH, presente en la sesión, una respuesta para su
interrogante. Finalmente, consultó a los dirigentes de APRIN como se
visualiza la sensibilidad de las personas respecto a esta problemática que
requiere de una solución urgente y a la participación que como dirigentes les
cabe en la comunidad frente a estos temas.
La diputada Provoste consultó tanto a APRIN como al alcalde
Painefilo cuál es la situación actual de los sistemas de agua potable.
Respondiendo a la consulta anterior, la Consejera Regional por la
provincia de Melipilla, doña Paula Zúñiga, quien acompañó a los
dirigentes de APRIN, señaló que en la región Metropolitana se ha avanzado
bastante durante el último año, puesto que en el gobierno regional se ha
priorizado el tema del agua potable, generándose un convenio con el
Ministerio de Obras Públicas en virtud del cual se desarrollarán un sinnúmero
de obras entre 2015 y 2018. Esto permitirá disminuir el déficit
considerablemente, sin perjuicio de lo cual es una realidad que la necesidad
de agua en los sectores rurales se profundiza cada vez más. Por otra parte,
tampoco se alcanzan a cubrir todas las situaciones de “emergencia”
(refiriéndose a la falta de agua) que, atendida la realidad actual, ya dejaron
de ser tales para convertirse en una normalidad.
Respecto a la capacitación a los dirigentes, señaló que estos dedican
prácticamente todo su tiempo a esta actividad, sin contar con apoyo ni
incentivos. Por ello se requiere de una escuela de capacitación permanente,
ya que si bien los operadores se mantienen, son los dirigentes los que van
rotando de manera constante.
Finalmente, se refirió a la necesidad de facilitar la implementación de
energía renovable para la operación de los sistemas de APR, destacando
que si bien este es un programa que lleva 50 años funcionando de buena
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manera y que ha sido valorado internacionalmente, todavía queda mucho
por avanzar en materia de política pública de agua potable rural.
Por su parte, al alcalde Abel Painefilo puntualizó que en la región de la
Araucanía se está realizando un trabajo bastante intenso para solucionar el
problema de la cobertura. En efecto, se desarrolla una actividad permanente
con la DOH de la región, pero, la demanda supera la disponibilidad de
recursos por parte del Ministerio de Obras Públicas. También se ha
mantenido conversaciones con el gobierno regional para poder acelerar la
inversión que sea necesaria para otorgar mayor cobertura a la población. Por
otra parte, se refirió al grave problema de abastecimiento de agua que tienen
en la región producto de las plantaciones de monocultivos de pinos y
eucaliptus, denunciando que la mayoría de los pozos construidos para poder
acceder al agua carecen de este recurso, lo que ha llevado a que
prácticamente el 100% de las comunas de la Araucanía operen con
camiones aljibes en época de verano. Finalmente, comentó que durante su
gestión creo en el municipio la Unidad de Gestión Local de Agua, gracias a
la cual se ha podido pesquisar la demanda real que existe, la cobertura
insatisfecha y aquella demanda que no podrá tener solución por sistema de
APR.
Respecto de lo planteado por el señor alcalde, la diputada Girardi
advirtió sobre la necesidad de contemplar en la legislación una solución al
problema que se está produciendo con las plantaciones de pinos y
eucaliptus, que va más allá de evitar la prórroga del decreto ley N° 701. En
efecto, a su juicio mediante una indicación debiese limitarse el recurso
hídrico para este tipo de plantaciones, dejando con ello agua disponible para
los sistemas de APR.
El diputado Rathgeb opinó que el decreto ley N° 701, en sus inicios,
cumplió su objetivo, cual era forestar terrenos erosionados. Pero finalmente
se terminó afectando muchos terrenos de bosque nativo. Además,
argumentó que la bonificación que se establece para el bosque nativo es
levemente superior a la de bosques exóticos, y ello sumado a que la
producción de estos últimos es mucho más rentable en el corto plazo, no
existen incentivos para preferir las plantaciones de bosques nativos. Por ello,
a su juicio una regulación en materia de subsidios que establezca los
incentivos correctos para ambos casos es clave en la solución de esta
problemática.
En la misma línea, la diputada Carvajal agregó que la nueva ley de
servicios forestales debiese garantizar un piso mínimo de forestación
respecto de árboles nativos y que, en general, es indispensable fortalecer la
legislación respecto de todas las plantaciones forestales, más allá de si
están beneficiadas o no con algún subsidio estatal. Finalmente, consultó a
los dirigentes y a las autoridades presentes si existe alguna estimación
respecto de cuanta es la cantidad de agua mínima a que debiese tener
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acceso cada persona, y como nos encontramos como país en relación con
esa cifra.
Luego de escuchar los comentarios y consultas, y específicamente
refiriéndose a las observaciones de APRIN, el director de la DOH señaló
que la capacitación para dirigentes es un desafío pendiente, comentando
que actualmente existe un proyecto piloto en marcha que se hizo en alianza
con la División de Organizaciones Sociales, que podría convertirse en una
experiencia positiva para mejorar en un futuro cercano.
Por otra parte, respecto de las cuotas de incorporación, efectivamente
hay diversidad de criterios y esto normalmente se refleja en los estatutos de
cada organización. La idea es que no se trate de cuotas prohibitivas o
restrictivas para el ingreso de los vecinos al comité, por tanto es un tema que
hay que revisar.
En relación a la mediación de conflictos, lo que se contempla en el
proyecto es la intervención del comité en situaciones de crisis, pero
efectivamente es probable que se requiera de alguna instancia previa de
solución, por lo que se comprometió a analizar las diversas alternativas que
puedan existir para atender a esta observación de APRIN.
Respecto a la intervención del alcalde Abel Painefilo, el director de la
DOH precisó que en el proyecto de ley no tienen cabida las instituciones con
fines de lucro, por tanto aquello está totalmente garantizado, y los que se
encuentren en esa condición, tendrán que adecuarse a la nueva normativa.
En relación a las distintas etapas de los servicios, explicó que algunas
son excluyentes porque existen servicios de APR que no tienen
alcantarillado, otros que están en condiciones de hacerse cargo solo de la
distribución y no de la producción, etc. Asimismo, hay servicios de APR que
tienen alcantarillado, pero dada su cercanía con la zona urbana se optó por
entregar el tratamiento a las sanitarias. Por tanto, al momento de analizar
una modificación en este aspecto del proyecto, hay que tener en
consideración todas estas situaciones, procurando no encarecer el costo del
servicio.
Refiriéndose a los subsidios, aclaró que hoy día todas las familias que
no pueden pagar la tarifa tienen acceso al subsidio a través del municipio.
Además, con este proyecto se podrá aspirar a tener un 100% de subsidio en
zonas rurales atendido que ahora se contará con una tarifa regulada.
Contestando la interrogante de la diputada Carvajal en relación al tema
del acceso al agua, el titular de la DOH recordó que hoy se está operando
con el actual Código de Aguas, por tanto efectivamente existen problemas
con la regularización de los derechos de agua, y también con la
regularización de la propiedad de los terrenos. Por ello es que las
modificaciones al Código de Aguas debiesen asegurar que el consumo
humano sea prioritario. En esa línea, señaló que las recomendaciones
básicas en cuanto al consumo mínimo estándar es de 40 litros habitante/día,
pero en general los APR operan con una cantidad que fluctúa entre los 80 y
los 120 litros habitante/día dependiendo si disponen o no de alcantarillado.
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Por otra parte, el director de la DOH opinó que hay que avanzar en el
tema de la energía renovable ya que, por ejemplo, después del terremoto del
27 de febrero de 2010 hubo más de 1.000 sistemas de APR con problemas
eléctricos sin poder operar por casi 30 días.
El asesor jurídico de la DOH, señor Mauricio Lillo, intervino solo para
precisar que respecto de los derechos de aprovechamiento de las
comunidades indígenas no existe ninguna obligación de traspaso al
respectivo comité. Por el contrario, las aguas podrán utilizarse en cuanto la
comunidad así lo permita y los beneficiarios estén de acuerdo en aquello.
Por ello el artículo primero del proyecto otorga al MOP la facultad de
autorizar a un operador distinto de un comité o cooperativa, pensando
precisamente en situaciones excepcionales como ésta.
Finalmente, el Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos,
don Reinaldo Ruiz, señaló que este proyecto de ley y las indicaciones
presentadas por parte del Ejecutivo forman parte de un conjunto de
iniciativas que el actual gobierno está implementando, no solo en materia
legislativa sino que también en el plano de las inversiones. En el marco de
las iniciativas legales, el delegado para los recursos hídricos destacó las
siguientes: reforma al Código de Aguas; proyecto de ley que permite la
reutilización de las “aguas grises” y proyecto de ley en materia de
fiscalización y sanciones. Asimismo, se refirió a algunas iniciativas que aún
no ingresan al Parlamento y se encuentran en etapa pre-legislativa, tal como
la que busca implementar una nueva institucionalidad pública y precisar el rol
del Estado frente a la gestión del recurso hídrico, y aquella que permite la
gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca.
VI.- ACUERDOS
1.- Respecto del punto N° 3 de la cuenta, los diputados acordaron aceptar la
solicitud del Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de
Servicios Sanitarios Ltda. (FESAN), para exponer en relación al proyecto de
ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6252-09).
2.- Recibir en audiencia a la alcaldesa de San Pedro de Atacama y a los
integrantes del Concejo Municipal a fin de dar a conocer el plan de manejo
de recursos hídricos que han implementado en dicha comuna (solicitud del
diputado Marcos Espinosa Monardes).
3.- Respecto del proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales
(boletín N° 6252-09):
a) Extender el plazo para la presentación de indicaciones, hasta el viernes 4
de diciembre respecto de los primeros 30 artículos del proyecto, y hasta el
viernes 11 de diciembre para el resto del texto legal.
b) Comenzar con la votación del proyecto el miércoles 16 de diciembre, o
bien, el miércoles 9 de diciembre en el evento que a dicha sesión no
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concurran las autoridades que se invitarán, por última vez, para efectos de
pronunciarse respecto de esta iniciativa legal (Director Nacional de la
CONADI y Encargado de la Unidad de Tierras y Aguas de la Subdirección
Norte de CONADI).
El debate habido en esta sesión queda
archivado en un registro de audio digital, conforme a lo dispuesto en el
artículo 256 del Reglamento.
YASNA PROVOSTE CAMPILLAY
Presidenta de la Comisión
JUAN CARLOS HERRERA INFANTE
Abogado Secretario de la Comisión