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13 de Octubre de 2015
Resumen de Prensa
Material recopilado por el Departamento de Prensa
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0 2015
Macri sumó su tercera condena por el abandono de edificios en Soldati | Política | INFOnew
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Macri sumó
su tercera condena por el
abandono de edificios en Soldati
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Domingo 11 de Octubre | 06:23
EL ARGENTINO
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Claudio
Mardones
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justicia porteña volvió a ordenarle refacciones urgentes en los
La
monoblocks donde murió un joven y otros dos sufrieron heridas de
gravedad al ceder una baranda. Se dispuso una multa de $ 30 mil
diarios al titular del IVC. Además, el otro "error de carga" que detectaron
en una radio de Pilar.
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Macri sumó su tercera condena por el abandono de edificios en Soldati
En la misma semana que eligió Mauricio Macri para relanzar su plataforma electoral sobre vivienda, la gestión porteña que tiene baj
a o su
mando hasta el 9 de diciembre le devolvió una noticia amarga. El lunes, cuando se disponía a lanzar un millón de créditos hipotecarios y un
plan de escrituración para 750 mil viviendas, la justicia porteña lo notificó de la tercera sentencia en su contra que lo obliga a realizar
refacciones urgentes en el Complej
e o Urbano de Villa Soldati, el conglomerado de edificios donde tres jóvenes cayeron al vacío desde un
sexto piso hace un mes. Uno de ellos murió instantáneamente el 4 de septiembre y sus dos amigos siguen desde entonces en grave estado.
La noche de ese viernes una escalera desvencijiada terminó de ceder, dej
e ó caer a los tres pibes y desnudó el pronunciado estado de
abandono y deterioro que padecen los monoblocks integrados por 3201 departamentos, donde late la vida cotidiana de 18 mil vecinos.
Según consignó Tiempo Argentino, de acuerdo al fallo firmado el 2 de octubre por el magistrado porteño Pablo Mántaras, titular del tercer
juzgado contencioso y administrativo, el presidente del IVC, Emilio Basavilbaso tenía plazo hasta el viernes pasado para garantizar la
seguridad de los vecinos en los edificios 7, 12, 13 y 17 del nudo 9 del complej
e o. El juez concedió el amparo en respuesta a un reclamo que
presentaron cinco habitantes de esos edificios. La resolución le ordenó al funcionario porteño, y uno de los principales asesores de Macri en
materia habitacional, que cumpla con seis prioridades: un informe urgente sobre riesgos de derrumbe, garantizar la seguridad de los
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Macri sumó su tercera condena por el abandono de edificios en Soldati | Política | INFOnews
residentes ante los riesgos eléctricos, verificar el funcionamiento de los ascensores debido a la cantidad de abuelos que lo necesitan,
adecuar las instalaciones contra incendios que no funcionan, refaccionar las escaleras y barandas que se están cayendo, evitar los riesgos
por las fugas de gas natural y despejar las salidas de emergencia de cada monoblock. Por cada punto y día de incumplimiento, Mántaras le
aplicó una multa de 5000 pesos al salario de Basavilbaso, es decir, una sanción diaria, o astreinte, de 30 mil pesos cada 24 horas.
Ya son tres jueces, en distintos casos, que confirman el pésimo estado
de todo el complejo.
El embargo sobre el salario del presidente del IVC es la segunda multa de este tipo que le aplica la justicia capitalina, y el tercer fallo que
recibe en su contra debido al avanzado deterioro del complejo de Soldati. La otra multa ya acumula un total cercano a los 60 mil pesos, y
comenzó a correr el 6 de agosto, por decisión de la jueza Paola Cabezas Cescato, titular del juzgado 11 del mismo fuero. El cuentagotas que
cae sobre el bolsillo de Balsavilbaso corre desde que vencieron los plazos para cumplir una orden similar, pero sobre el nudo 11, ubicado a
metros del 9. En el caso del expediente 43621-2014/1 el castigo es de 1000 pesos diarios, por desconocer la resolución judicial que la
magistrada le concedió a la vecina Stella Maris Márquez. La vecina recurrió a la justicia el año pasado. En esa oportunidad, como reveló este
diario, la mujer accionó contra la Ciudad y el IVC "por su propio derecho y en representación de los habitantes del edificio 26, ex 18, nudo 11".
Ese conglomerado de edificios es contiguo al nudo 10, el lugar donde una baranda cedió desde el sexto piso y despidió a los tres chicos al
vacío.
Embargos e imputaciones penales
Dentro del equipo de campaña del Frente Cambiemos los planes habitacionales son diseñados desde el corazón del IVC por Basavilbaso y
por uno de sus directores: Ivan Kerr, legislador electo por el PRO y numerario de la Fundación Pensar para el área de vivienda. Ambos
desarrollaron un minucioso estudio sobre el plan nacional Pro.Cre.Ar. y promovieron las bases para la promesa que lanzó Macri esta semana
sobre el millón de créditos a 30 años financiados por la ANSES. Los dos funcionarios reportan al actual jefe de Gabinete y alcalde electo
Horacio Rodríguez Larreta, pero desde comienzos de septiembre afrontan momentos complejos, especialmente por las implicancias penales
que puede tener para ellos la muerte del joven de 17 años y el delicado estado de sus otros dos amigos, cuya evolución es mantenida en
reserva, incluso por sus propias familias.
La investigación sobre la muerte de Cristián Crespo, de 17 y los daños sufridos por Gastón Salinas y Nihuel Ávalos, también menores de edad,
no está en manos de la justicia porteña sino en el fuero correccional nacional. Estela Andrades, subrogante de la Fiscalía Criminal de
Instrucción 1, analiza la responsabilidad penal de Basavilbaso y de otros directores del IVC por un tercer fallo que el IVC también desconoció
y que fue confirmado en segunda instancia. El expediente 34250/0 fue abierto hace siete años por dos vecinas del nudo 10 que exigieron
mejoras a sus edificios por el mismo riesgo que luego desembocó en la triple caída al vacío. Dos días después de la Navidad de 2011, el juez
subrogante del tribunal contencioso y administrativo 6, Hugo Ricardo Zuleta ordenó al gobierno porteño y al Instituto de Vivienda de la
Ciudad (IVC) a "dar estricto cumplimiento" a las mismas refacciones que la semana pasada el juez Mántaras ordenó en un tercer caso. Sin
embargo, en el expediente más viejo, la decisión de 2011 fue ratificada el 30 de abril de 2014 por los miembros de la Sala III de la Cámara de
Apelaciones Contenciosa y Administrativa. Los camaristas Gabrielas Seijas y Esteban Centenaro confirmaron la orden que la comuna
desconoció en primera instancia y que, al día de la caída de los tres pibes, ya acumulaba un año y medio de incumplimiento. A diferencia de
los dos castigos salariales, la sentencia de Cámara se transformó en una prueba penal desde que falleció el joven Crespo. Apenas intervino
Andrades, el asesor tutelar de segunda instancia Gustavo Moreno le giró a la funcionaria correccional el oficio ACCAyTN Nº 1096/15, donde
detalló un decena de pruebas sobre los incumplimientos, para que analice las responsabilidades penales sobre Macri, Larreta, y a siete
directivos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), copropietario del complejo de Soldati. Ellos son Basavilbaso, Kerr, Roberto Fernández,
Martín Garcilazo, el gerente general, Gonzalo Estivariz Barilati; la coordinadora general de Obras, Claudia Penna; y el gerente técnico, Oscar
Castro. Ante las consultas de este diario, fuentes judiciales anticiparon que la fiscal evalúa las imputaciones penales contra Basavilbaso, Kerr
y Castro, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia y homicidio culposo".
"El gobierno porteño no tiene política de vivienda"
El caso que originó la decisión de Mántaras tiene el patrocino de la defensora oficial ante el fuero contencioso porteño Lorena Lampolio, bajo
la coordinación del defensor general Horacio Corti. En diálogo con este diario el titular del ministerio público de la defensa consideró que "el
gobierno porteño no tiene política de vivienda. El desinterés por la problemática habitacional es total y se refleja en la falta de proyectos, en
el abandono de los complejos construidos por el IVC para la relocalización de las familias del Riachuelo, en la falta de mantenimiento del
complejo de Villa Soldati, en el incumplimiento de las leyes de urbanización en distintos barrios de la Ciudad. Son años de desidia, desinterés
y abandono. La Defensa Pública hará sus máximos esfuerzos para garantizar los derechos de los vecinos de Soldati. La tragedia ocurrida en
el nudo diez pudo evitarse si el GCBA hubiera actuado en el momento en que la Justicia ordenó medidas concretas de mantenimiento." Para
el asesor tutelar Moreno, las pruebas que tiene la justicia desmienten al alcalde electo Rodríguez Larreta quien había asegurado, hace un
mes, que se habían realizado los arreglos requeridos. "En el nudo diez dijo que estaba todo arreglado, incluso mandó a sus abogados a insistir
con el mismo argumento en el expediente. Ahora se suman otras dos órdenes judiciales sobre el mismo vecindario. Ya son tres jueces, en
distintos casos, que confirman el pésimo estado de todo el complejo. Además de las respuestas penales, considero que el gobierno tiene
que pedir disculpas públicamente por negarse a reconocer un proceso de deterioro que afecta a casi 20 mil personas en el sur de la Ciudad
y que ya se cobró una vida, y golpeó duramente a otras dos", opinó el miembro del ministerio público tutelar.
Resistencia
Al cierre de esta edición, la comuna ya resistió un allanamiento, ordenado por la jueza Patricia López Vergara y se niega a aportar información
a la fiscal correccional sobre las responsabilidades administrativas de cada funcionario del IVC. Otra forma de ganar tiempo ante un caso
http://www.infonews.com/nota/255100/macri-sumo-su-tercera-condena-por-el-abandono-de-edificios-en-soldati
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Macri sumó su tercera condena por el abandono de edificios en Soldati | Política | INFOnews
penal que sigue la misma ruta que derivó duras condenas para funcionarios porteños por el caso Cromañón, como el caso de Fabiana
Fiszbin, cuyo procesamiento estuvo basado en la serie de alertas que había desconocido sobre el pésimo estado del boliche que terminó
con la vida de 194 pibes.
http://www.infonews.com/nota/255100/macri-sumo-su-tercera-condena-por-el-abandono-de-edificios-en-soldati
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Ciudad | Politica
El PRO no avaló el dictamen de la
urbanización de la villa 31 y 31Bis
Por Antonio Lizzano / 05 de octubre 2015
La reunión de la Comisión de Vivienda terminó con insultos, luego de que los
legisladores del Pro se negaran a firmar el dictamen en favor de la urbanización de
la villa 31 y 31 Bis.
La Villa 31
El pronóstico no falló. La reunión de legisladores de la comisión de Vivienda fue
agitada y terminó con un grupo de vecinos insultando a los diputados del
oficialismo.
Entre las 12 y las 14.30, se desarrolló el Salón Juan Domingo Perón de la
Legislatura porteña la reunión de Vivienda, que trató el dictamen de urbanización
de la villa 31 y 31 Bis que finalmente no prosperó, debido a que los legislados del
Pro no lo apoyaron.
Para ser aprobado, el dictamen en favor de la urbanización debía contar con
la aprobación de la mayoría de los legisladores de la comisión, pero los
macristas se negaron a aprobarlo.
De esta manera, el dictamen contó con cinco firmas, la del presidente de la
comisión, Javier Gentilini (Frente Renovador); la de la vicepresidente segunda,
Paula Penacca (FPV) y la de los legisladores, Jorge Aragón (Frente para la
Victoria); Gustavo Vera (Bien Común) y Marcelo Ramal (Frente de Izquierda y los
Trabajadores).
Paralelamente, los siete diputados del Pro: Cecilia de la Torre, Paula Villalba,
Alejandra Caballero, Lía Rueda, José Luis Acevedo, Cristian Ritondo y Christian
Bauab, se negaron a votarlo.
De la reunión participaron algunos vecinos del barrio, que hicieron uso de la
palabra y reiteraron sus quejas contra el gobierno de la Ciudad y sus reclamos en
favor de la urbanización.
El clima tenso en el que transcurrió la reunión, llegó a su clímax luego de que
el dictamen no avanzara, provocando la ira de los vecinos, que reaccionaron
insultando a algunos legisladores.
Una vez que los diputados se levantaron de sus asientos, Ricardo Capelli, militante
histórico de la izquierda peronista en la villa 31, expresó su enojo gritándole a
Gentilini: “Sos un ladrón. Yo milité con el padre Carlos Mugica y a él lo
mataron por esto. No puedo entender como no aprueban la urbanización”.
Por su parte, el autor de ley a favor de la urbanización de la villa, el exlegislador y
actual integrante del Partido Social, Facundo Di Filippo, luego de terminada la
reunión, dialogó conNoticias Urbanas.
“Pasó lo que sabíamos que iba a pasar. Mauricio Macri dijo en el debate
presidencial que va a urbanizar las villas, pero la prueba de que miente es
que nunca avanzó con la urbanización de la 31, a pesar de que hay una ley
aprobada y un dictamen acordado luego de un año y medio de trabajo”, señaló Di
Filippo.
ARGENTINA
Denuncian al gobierno PRO por no presentar el
Presupuesto
Néstor Espósito
13 de Octubre de 2015 | 12:00
Una ONG estrechamente vinculada con el control de las garantías constitucionales pidió a la
justicia porteña que ordene al Ejecutivo macrista la inmediata presentación del Presupuesto
2016, cosa que debió haber hecho (y no hizo) como plazo máximo el 30 de septiembre pasado.
Una ONG estrechamente vinculada con el control de las garantías constitucionales pidió a la justicia porteña que ordene al Ejecutivo macrista la
inmediata presentación del Presupuesto 2016, cosa que debió haber hecho (y no hizo) como plazo máximo el 30 de septiembre pasado.
Tras señalar que está "amplia y notoriamente vencido el plazo" para presentar el Prespuesto 2016 –omisión, vale destacar, que no tiene
precedentes en la historia del distrito–, la "medida autosatisfactiva", intentada por la apoderada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ), advierte que ello "puede corroborarse sencillamente, con una consulta a la página web oficial de la Legislatura, que muestra que entre los
proyectos de ley presentados en el último mes no se encuentra el correspondiente a la Ley de Presupuesto", sostiene la ONG.
La causa quedó registrada con el número de expediente A38856-2015/0, ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, a cargo de
Elena Liberatori.
¿A qué se debe aquella omisión? El interrogante deberá ser develado por la justicia. Pero la ACIJ deslizó una teoría: el escrito, al que accedió
Tiempo, sugiere "una mera especulación política circunstancial, sobre la conveniencia o inconveniencia de iniciar determinados debates en un
tiempo determinado".
No contará, según la ACIJ, una presentación tardía. Incluso el escrito contempla la posibilidad de que en las próximas horas o días el gobierno
porteño presente el proyecto en la Legislatura. "Para el caso hipotético de que al momento de resolución de la presente el proyecto ya haya sido
presentado en forma completa, con todos los documentos que lo integran, solicito que se declare la inconstitucionalidad de la omisión (...) y que
declare que el Poder Ejecutivo violó sus deberes constitucionales, al no respetar el plazo normativamente fijado para la remisión del proyecto de
ley en cuestión", propone la demanda.
La presentación en tiempo y forma del Presupuesto es un "deber en cabeza del jefe de Gobierno" (Mauricio Macri) y se fundamenta "no sólo en
ciertos postulados de la división de poderes, sino también en el carácter participativo que tienen el Presupuesto y la democracia en la Ciudad".
Afectación a la ciudadanía
Añade el escrito que "la omisión del Poder Ejecutivo (...) tiene consecuencias graves, en cuanto impide a la ciudadanía conocer con la antelación
necesaria cuáles son las previsiones de ingresos y gastos que (se) proyecta para el próximo ejercicio, frustrando su derecho a peticionar a las
autoridades y participar de los asuntos públicos".
La demora en la presentación no es un tema menor. "Es que la complejidad y amplitud de la información que se presenta junto con el proyecto
de Presupuesto hacen que acceder a ella de manera tardía equivalga a no acceder a ella; pues, de ese modo, sólo se podría obtener un
conocimiento superfluo de los datos, que no podrían evaluarse y así, tampoco, sería factible participar seriamente en el proceso presupuestario",
resume ACIJ.
"El Poder Ejecutivo vulnera de manera indubitable una disposición constitucional que le impone una obligación de hacer; y, cuanto más se
prolonga el estado de incumplimiento, mayor es la afectación de derechos", entre ellos, "el derecho de acceso a la información pública".
Para la ACIJ, "cuando el Poder Ejecutivo no hace pública información de indudable interés general, como es la información contenida en el
proyecto de Presupuesto, en el plazo normativamente determinado para ello, no garantiza el acceso oportuno a la información pública".
El escrito concluye pidiendo a la jueza Liberatori que "haga lugar, en el más breve plazo posible, a la medida solicitada". «
http://tiempo.infonews.com/nota/190350/denuncian-al-gobierno-pro-por-no-presentar-el-presupuesto
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Página/12 :: El país :: Una denuncia por demorar el presupuesto
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El país | Lunes, 12 de octubre de 2015
Presentaron un recurso de amparo contra Macri por incumplir con la Constitución porteña
Una denuncia por demorar el presupuesto
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia se presentó ante la Justicia para
exigirle al jefe de Gobierno de la Ciudad que eleve a la Legislatura el proyecto de
presupuesto para 2016. Según fija la Constitución, debería haberlo enviado antes del
fin del mes pasado
Por Werner Pertot
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un recurso de amparo para exigirle al gobierno
de Mauricio Macri que ingrese a la Legislatura el Presupuesto 2016, que según marca la Constitución porteña
debería haber sido enviado a fin del mes pasado. “Dilatar intencionalmente la presentación del presupuesto no
sólo es violar la Constitución –advirtió el codirector de ACIJ, Sebastián Pilo, a Página/12–, implica impedir que
obtengamos información clave que nos permitiría estar discutiendo las prioridades del gobierno y el modo en
que se propone proteger los derechos de los habitantes de la Ciudad durante el año próximo.”
La Constitución porteña y la Ley de Administración porteña indican que la Ley de Presupuesto debe ser
presentada antes del 30 de septiembre de cada año. Ante la demora del gobierno de Macri, ACIJ pidió al Poder
Judicial que dicte una cautelar y le ordene a la gestión PRO entregar el proyecto de ley de inmediato. La
demanda recayó en el juzgado contencioso administrativo de Elena Liberatori. “La omisión de presentar el
proyecto le impide a ACIJ y a todos los ciudadanos el debate en tiempo oportuno de las proyecciones
presupuestarias del próximo año. Ante dicha violación del mandato constitucional, que lesiona el derecho a la
información, a la participación y al debido proceso presupuestario, resulta imprescindible la intervención del
Poder Judicial”, indicó la ONG.
En el texto de la denuncia de ACIJ, advierten que el gobierno porteño “ha violado sus deberes constitucionales
al no respetar el plazo normativamente fijado para la remisión del proyecto de presupuesto, violando los
derechos constitucionales de los y las habitantes de la Ciudad”. Indican que el artículo 53º de la Constitución
porteña fija claramente que el proyecto de presupuesto debe ser enviado a la Legislatura antes del 30 de
septiembre de cada año. “Este deber no sólo tiene asidero en ciertos postulados de la división de poderes, sino
también en el carácter participativo que tienen el presupuesto y la democracia en la Ciudad de Buenos Aires”,
indicó.
La ONG advirtió que “se encuentra amplia y notoriamente vencido el plazo y esa omisión no tiene antecedentes
en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En lo que va del actual gobierno porteño, de hecho, es
la primera vez que no lo presentan a tiempo. Sólo en 2010 hubo una polémica en torno de su aprobación –
cuando ya estaba en la Legislatura– de la mano de la decisión de la oposición nacional de no aprobarle el
presupuesto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El de Macri, en esa oportunidad, se aprobó en el
verano. En un gesto republicano, el procesado jefe de Gobierno amenazó a sus opositores con convocar las
elecciones porteñas de 2011 en marzo si no le aprobaban el presupuesto.
La demora “frustra toda posibilidad de que los integrantes del Poder Legislativo debatan en el plazo
constitucionalmente previsto. La complejidad y amplitud de la información que se presenta junto con el proyecto
de presupuesto hace que acceder a ella de manera tardía equivalga a no acceder a ella”, remarcó la ONG.
Sobre la posibilidad de que la gestión PRO esté especulando con presentar el proyecto después de las
elecciones nacionales, ACIJ argumentó que “el plazo constitucional tiende a evitar que la presentación sea
demorada debido a una mera especulación política circunstancial sobre la conveniencia o inconveniencia de
iniciar determinados debates en un tiempo determinado”. Por lo tanto, ACIJ pidió que le ordene al gobierno
porteño que entregue de inmediato el proyecto presupuestario con todos sus anexos y planillas de cálculos. La
jueza Liberatori deberá resolver cuáles son los pasos a seguir.
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Ciudad | Politica | Revista
Festival por el derecho a la vivienda
Por Romina Sánchez / 11 de octubre 2015
Inquilinos Agrupados realizó, en las puertas de la Legislatura, un recital contra los
atropellos del mercado inmobiliario y la falta de políticas públicas que garanticen los
derechos habitacionales.
Inquilinos Agrupados, por el acceso a la vivienda.
La estampa de un Don Ramón gruñón, acaso molesto por la insistencia del Señor
Barriga para que le pague la renta de la vivienda que habita en la vecindad más
famosa de México, es también la estampa, todo un símbolo, de Inquilinos
Agrupados (IA). Una organización que, el último lunes, en las puertas de la
Legislatura porteña, festival mediante, hizo que la imagen mutara de posible
estigma a probable emblema. Es que, en coincidencia con el Día Internacional del
Inquilino, la organización llevó a cabo una actividad que incluyó performances
actuadas y musicales, destinada a denunciar “los atropellos del mercado
inmobiliario”. Además, sus miembros pidieron a los diputados porteños la creación
de una ley que establezca una Defensoría del Inquilino, un espacio de
asesoramiento y asistencia a quienes alquilan cuya cifra, solo en la Ciudad de
Buenos Aires, rondaría el millón de personas. Gervasio Muñoz, de IA, expresó
entonces que “los inquilinos no tienen un lugar adonde dirigirse ante los atropellos
y abusos del mercado inmobiliario”, y también que la agrupación contempla “recibir
reclamos de residentes de hoteles familiares y de pensiones, para promover la
participación de la Ciudad en la proyección de sus derechos”. Es que, soltó una de
las principales razones de tanta movida, uno de cada tres porteños alquila. Y las
condiciones en que lo hace, claro, son el eje del reclamo.
Cuando Pamela Suárez decidió pasar la avenida General Paz y buscarse un
departamento chiquito, cuyo alquiler le permitiese seguir estudiando Relaciones
Públicas, se ubicó en Flores, en un monoambiente. Pero el trato fue por medio de
una inmobiliaria y, según expresa, la jugada le salió bastante mal. “No conseguí
lugar de dueño directo, me cobraron dos meses más de comisión además de todo
el papelerío y sellado que siempre cobran”. Marcelo, Juan y María representan, por
su parte, el testimonio de aquellos que pagan el ABL aunque la obligación, en
teoría, corra por cuenta de los propietarios del inmueble de Palermo que habitan
cerca de avenida Las Heras. Mientras la multifacética Rosario Bléfari daba su
show, Liliana narraba a NUque al poco tiempo de mudarse al dos ambientes de
Caballito en el que vive con su novio, tuvieron que responsabilizarse por la pintura
nueva que tapara las manchas de humedad. “Pero era como querer tapar el sol
con un dedo, el problema volvía. Fue más lo que renegamos con la dueña que lo
que nos llevó encarar los arreglos que, por supuesto, no nos correspondían”, dice.
Sin embargo, las situaciones que atraviesa una persona que alquila su vivienda no
se agotan en los dichos expuestos, sino que derivan, también, en depósitos que,
con mil excusas, no se devuelven, en garantías con requisitos improcedentes y
casi imposibles o en aumentos fraccionados y muy seguidos bajo la siempre
rendidora excusa de la inflación. “Hoy alquilar es aguantar el maltrato, y esto no
tiene que ser así. Nos organizamos porque queremos poner sobre la mesa los
problemas de los que alquilan, y el Gobierno porteño nos tiene que escuchar”,
manifestó el mismo lunes a Noticias Urbanas Gervasio Muñoz, referente del
colectivo formado para poner freno al abuso inmobiliario, que sería también una de
las formas de atender seriamente a la política pública de vivienda, uno de los
históricos talones de Aquiles de la administración Pro.
Inquilinos Agrupados empezó brindando asesoría jurídica de manera gratuita a
aquellas personas que pedían ayuda, y el lunes, mientras los artistas se sucedían
en el escenario, hicieron lo mismo con quienes se acercaban a plantear
inquietudes. “Hay que notificar todo por escrito. Es fácil: una hoja y la firma del
propietario”, le explicaba Marcos Quintulen, otro integrante de la agrupación, a un
joven preocupado por los problemas que tiene con el dueño del lugar que alquila.
Y así, las consultas se multiplicaban, casi por efecto contagio: mismos problemas,
mismas respuestas. “Lo que falta es, sin duda, una respuesta del Estado”,
concluía, a modo de resumen, el militante.
“La Ciudad de Buenos Aires tiene dos récords: es el distrito del país que más
inquilinos tiene y, a la vez, el que más viviendas vacías mantiene”, aseguró el
legislador del Frente para la Victoria Fernando Muñoz, quien impulsó el proyecto
de ley 3.381/14 que establece la creación de la Defensoría del Inquilino como “un
organismo público que funcione en el ámbito de la Defensoría del Pueblo y que se
encargue de asesorar, proteger y elaborar políticas públicas para los inquilinos”.
Presentado en noviembre, aún espera tratamiento en comisión.
La iniciativa consiste, básicamente, en tres ejes: ayuda jurídica gratuita, recepción
de reclamos e instancias de conciliación. Para concretar el trabajo en tal sentido,
se pretende crear la Oficina de Atención a Inquilinos, que tendrá por objetivo “el
asesoramiento y defensa de los inquilinos de locaciones residenciales y residentes
en hoteles familiares y pensiones de la Ciudad de Buenos Aires”. Asimismo, busca
sistematizar un registro voluntario de inquilinos y propietarios. La Defensoría está
pensada, señala Muñoz, como un espacio donde las asociaciones de inquilinos y
las inmobiliarias puedan sentarse a discutir un contrato tipo. “El mercado es muy
exigente y la corporación inmobiliaria es muy fuerte. No cumple ni siquiera con la
Ley 2.340, que es la que regula las comisiones que tiene que cobrar”, agrega.
Muñoz, a su vez, cuestiona las políticas públicas de la gestión de Mauricio Macri
ante la problemática habitacional: “Cuando en enero el Gobierno de la Ciudad
lanzó el programa ‘Alquilar se puede’, denunciamos que era un programa que ya
existía, ya que había sido votado en 2010 y en 2011 se había implementado. El
macrismo lo relanzó en plena campaña electoral”. El legislador del FpV también
refiere que el Ejecutivo local “gastó aproximadamente 80 millones de pesos en
publicidad para entregar nada más que diez créditos. ‘Alquilar se puede’ fue un
fracaso”.
El festival del lunes se llevó adelante en el marco de una movilización que dio pie a
las manifestaciones artísticas a partir de las 18, con el apoyo de los diputados
Paula Penacca y Jorge Taiana, del mismo espacio que Muñoz, quienes avalan el
proyecto legislativo. Además de la cantante oriunda de Mar del Plata, se
presentaron Rodiyon Radio, que rapeó “Basta de mafia inmobiliaria”, el grupo de
danza CID Danza, Sonora Porteña, artistas del Centro Cultural de la fábrica
recuperada Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA) y Sara Hebe,
cuyo arte está íntimamente vinculado a la cuestión de la vivienda: “Asado de Fa”,
justamente, habla de la resistencia de un grupo de vecinos de Almagro, de la calle
Gascón, a quienes querían desalojar del edificio que habitaban.
Pasadas las 21, cuando la jornada llegaba a su fin, el stencil con el rostro fruncido
del personaje que nunca llegaba a pagar la renta se cargaba de tinta, como se
carga esta lucha que, según advierten, recién está empezando.
IA, algunos datos de interés
Inquilinos Agrupados es una organización que defiende a los inquilinos de la
Ciudad de Buenos Aires, promueve la reforma de la ley de alquileres y lucha por
un acceso a la vivienda más justo e igualitario. Brinda asesoramiento de forma
gratuita en Emilio Lamarca 860, los jueves de 16 a 20, o a través del correo
electrónico [email protected]. También tiene cuenta en Twitter y
Facebook con nombre homónimo.
13/10/2015
Página/12 :: El país :: Las páginas amarillas
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El país | Martes, 13 de octubre de 2015
Macri acumula 214 denuncias en su gestión
Las páginas amarillas
Aunque acusa a las últimas denuncias de “electoralistas”, la administración macrista
ya cuenta con una larga lista de cuestionamientos. Además, el jefe de Gobierno está
procesado.
Uno de los argumentos que más utilizaron Mauricio Macri y sus
principales candidatos en las últimas semanas es que las denuncias
en su contra tenían un contenido electoral porque en ocho años de
gestión en la ciudad de Buenos Aires nunca había recibido
cuestionamientos. Sin embargo, en los hechos, el candidato
presidencial de Cambiemos y jefe de Gobierno porteño acumula 214
denuncias en su contra desde que asumió, en 2007, la gestión al
frente de la Ciudad de Buenos Aires hasta la actualidad.
Entre las acusaciones que pesan sobre el candidato presidencial de
Cambiemos hay presentaciones que le adjudican la comisión de
“estafa y asociación ilícita. abuso de autoridad y violación de deberes
de funcionario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de
documentos públicos, y amenazas y abandono de personas”, según
consigna un informe del portal El Destape.
La administración de Mauricio Macri en
el Gobierno de la Ciudad mereció
denuncias por varios delitos.
La semana pasada, Macri resultó denunciado otra vez, en esta
ocasión por la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien considera que el titular del Ejecutivo
porteño incurrió en “omisión maliciosa y falsedad ideológica” al presentar su declaración jurada patrimonial ante
la Oficina Anticorrupción (AO). Cerruti sostiene que la documentación oficializada por Macri, en su condición de
postulante presidencial, es distinta de la declaración jurada del ejercicio 2014 de su gestión en la Ciudad.
Macri sigue procesado en una causa por escuchas ilegales en la que está involucrado desde mayo de 2010
como integrante de una “una asociación ilícita” abocada a espiar a particulares. Por esta causa se encuentran al
borde del juicio oral el ex espía y ex empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad Gerardo Ciro James, el
ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, el comisario Jorge “Fino” Palacios y su sucesor Osvaldo
Chamorro. Palacios, quien fue designado por Macri para poner en funciones la Policía Metropolitana, es juzgado
en la actualidad por el encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994.
En el informe se reseña que tanto Macri como la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, y el responsable de
prensa del Ejecutivo porteño, Miguel de Godoy, se encuentran denunciados por “lavado de activos, peculado y
falsificación de documentos” por Carlos Valenzuela, titular del Canal 4 de Posadas. Valenzuela ratificó ante la
fiscalía federal 1 de Posadas que su emisora no recibió dinero por parte del Gobierno de la Ciudad, tal como
surge de los documentos de la propia administración.
En tanto que en el Juzgado de Instrucción Nº 18, se tramita una causa en la cual se investiga al ministro de
Seguridad, Guillermo Montenegro, por contrataciones por parte de la cartera que dirige con una consultora.
Otros de los integrantes del gabinete de Macri que están investigados por la Justicia son el ministro de Cultura,
Hernán Lombardi, y el director de la Fundación Ceppa, Matteo Goretti, por lavado de activos. Además en la
fiscalía de instrucción 14 de Pablo Recchini se cursa una investigación contra Juan Pablo Piccardo, titular de
Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), por “administración fraudulenta, cohecho e incumplimiento de los
deberes de funcionario público en la compra de 86 vagones del Subte de Buenos Aires al Metro de Madrid”.
Otro caso es el del candidato a intendente de Morón por el PRO, director asociado de la consulta Poliarquía y
esposo de Vidal, Ramiro Tagliaferro. Esa consultora fue contratada por el Gobierno de la Ciudad, lo que
resultaría incompatible por tener en su directorio al marido de la vicejefa porteña. Todos estos casos se suman
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-283715-2015-10-13.html
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Página/12 :: El país :: Las páginas amarillas
además a las imputaciones que pesan sobre el periodista Fernando Niembro por contrataciones irregulares que
su productora, La Usina, efectuó con la Ciudad por un monto de $ 21 millones. Las repercusiones de este caso
y sus derivaciones judiciales, determinaron que el periodista deportivo resignara la candidatura a diputado
nacional por el PRO en la provincia de Buenos Aires.
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Página/12 :: El país :: Los errores de carga ya se hacen en paralelo
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El país | Martes, 13 de octubre de 2015
Las contrataciones irregulares se extienden por todo el gobierno porteño
Los errores de carga ya se hacen en
paralelo
El Ministerio de Educación aprobó dos pliegos idénticos por montos diferentes, con
apenas una semana de diferencia. En las empresas ganadoras aparecen los mismos
bolseros y aportantes a la campaña de Macri ya denunciados en otras causas.
Por Werner Pertot
“Los problemas se van a resolver si terminamos de afanar la guita
que nos estamos llevando a los bolsillos”. La llamativa frase salió de
la boca del ministro de Educación, Esteban Bullrich, hace poco más
de un mes en un programa de televisión al que asistió junto a
Mauricio Macri. Es dudoso que sus funcionarios estuvieran
escuchando el programa. En el Ministerio de Educación aprobaron
hace un mes una licitación privada y una contratación con dos
pliegos idénticos y con una semana de diferencia. Fue para organizar
reuniones de hasta 15 personas de empleados del ministerio. Las
empresas ganadoras son Reale-Dalla Torre Consultores –uno de los
bolseros investigado por las maniobras por la pauta porteña y al que
Página/12 identificó como aportante para la campaña de Macri– y La
Usina Digital, conducida también por otros dos aportantes de la
campaña de Cambiemos. La gerente de La Usina fue hasta hace dos
años empleada de otra empresa de Reale y Dalla Torre. Las dos
empresas tienen la misma dirección. Todos los caminos conducen a
Roma.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio
Macri, y el ministro de Educación,
Esteban Bullrich, envueltos en
contrataciones irregulares.
Los datos surgen de una investigación de la jefa de bloque del
kirchnerismo en la Legislatura, Gabriela Alegre. “Este tipo de situación, además de que amerita una
investigación para establecer si hubo cohecho o lavado de dinero, demuestra el descontrol administrativo del
ministerio dirigido por Esteban Bullrich. Es inconcebible que ni siquiera se molesten en guardar las formas, ya
que utilizaron exactamente el mismo pliego de condiciones para contratar a dos empresas amigas por dos
montos completamente diferentes”, indicó Alegre.
Pliegos idénticos
Según descubrió el equipo de Alegre, el Ministerio de Educación hizo dos contrataciones por el mismo servicio
y por distintos montos. Los pliegos son idénticos, letra por letra. Ambos plantean que la empresa ganadora debe
prestar el servicio de organizar encuentros de empleados públicos “de carácter confidencial” en los que se
hablará del “plan de comunicación sobre acciones y proyectos”, que tiene como objetivo “la difusión de acciones
y programas con destino a agentes docentes y no docentes de la Subsecretaría de Políticas Públicas y Carrera
Docente dependiente del Ministerio de Educación”.
La primera fue adjudicada a Reale-Dalla Torre Consultores por 568 mil pesos. Fue una contratación menor a la
que llamaron el 25 de agosto de este año y se autorizó el 25 de septiembre. La segunda fue preadjudicada a La
Usina Digital SRL por un millón 880 mil pesos el 23 de septiembre. Fue una licitación privada y había sido
llamada el 2 de septiembre.
La única que compitió con La Usina fue Praxis SRL, pero ni siquiera presentó el monto mínimo de la garantía.
La trama se complica. Existen presuntas vinculaciones entre Praxis y los ganadores de la primera contratación,
Reale-Dalla Torre: según una nota del diario Río Negro, en 2007 Praxis consiguió 11 millones de pesos de pauta
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-283714-2015-10-13.html
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Página/12 :: El país :: Los errores de carga ya se hacen en paralelo
publicitaria del gobierno de Jorge Sobisch que habrían sido desviados a la campaña presidencial del ex
gobernador neuquino. Esa campaña fue llevada adelante por la consultora de Reale y Dalla Torre. Los dueños
de Praxis eran Jorge Cuni y Dardo Lucero. “La realidad es que tanto Cuni como Lucero eran empleados de
Reale-Dalla Torre, presumiblemente la verdadera beneficiaria de los once millones pagados a Praxis”, aseveró el
diario Río Negro. En el informe que presentó Sobisch sobre los aportes de campaña en lugar de Reale-Dalla
Torre, aparecía Praxis como responsable de su campaña.
Casualmente, esto mismo es lo que ahora investiga la denuncia penal contra el Gobierno porteño: un desvío de
fondos de la pauta publicitaria para la campaña de Cambiemos. Reale-Dalla Torre era una de las encargadas de
ubicar la pauta publicitaria en el interior. Ante una denuncia de una de las radios, Ahijuna, el fiscal Federico
Delgado impulsó la acción penal y remarcó que “los fondos fueron falsamente consignados como pauta
publicitaria, cuando en realidad fueron llamativa y burdamente desviados”.
Los que ganaron
Los afortunados ganadores de la primera contratación son los dueños de Reale-Dalla Torre Consultores, Jorge
Reale y Adrián Dalla Torre. Como informó este diario, dos radios de La Pampa los acusaron de ser los
encargados de mover la pauta porteña, por la que luego aparecieron importantes diferencias. Las radios eran FM
Del Sol, de Macachín (facturó 33 mil pesos y aparece con 63 mil en la web del Gobierno porteño) y LU 37, de
General Pico (figura con 161 mil, cobró 25 mil). Los dueños de Reale-Dalla Torre figuran entre los aportantes de
campaña de Cambiemos con 95 mil pesos cada uno. También varios de los empleados de la agencia, hasta
alcanzar por los menos 345 mil pesos. No fueron los únicos servicios que le prestó al PRO: en Mendoza, de
donde son oriundos, Reale-Dalla Torre hizo encuestas para el macrismo en la última elección provincial.
Los ganadores de la segunda contratación, socios en La Usina Digital, son Pablo Miranda Vidal y Mariela
Soledad Giorgi. Esta última fue hasta 2013 empleada de RDT Media, una empresa de Reale y Dalla Torre. Las
coincidencias no terminan allí: al igual que Reale y Dalla Torre, Vidal y Giorgi figuran entre los aportantes de
campaña de Cambiemos. Aportaron cada uno 20 mil pesos a la campaña de Cambiemos. En efectivo. Fue el 29
de julio de este año: exactamente después de los aportes de ellos, aparece el de otro empleado de Reale-Dalla
Torre, Hernán Prado, por otros 20 mil.
Además, el 24 de febrero de 2015, La Usina Digital le facturó a Reale-Dalla Torre 498 mil pesos. Para mejorar
las cosas: los ganadores de las dos contrataciones tienen la misma dirección, Humboldt 1550. Así como Praxis
estaba presuntamente vinculada con la consultora de Reale y Dalla Torre, también lo estaría La Usina. Todas
las empresas que se presentaron quedarían, entonces, en la órbita del mismo grupo RDT, que fundaron los dos
empresarios mendocinos.
Pero esto no es todo: La Usina Digital tiene otras contrataciones del Gobierno de la Ciudad entre enero y agosto
de este año que alcanzan los 23 millones de pesos, además de otros 7 millones al PRO por acciones de
campaña. La mayoría son de la Secretaría de Comunicación Social. Sus integrantes cruzan de un lado al otro
del mostrador de la gestión PRO con una facilidad alarmante (ver aparte).
Riobó para la corona
Las dos contrataciones del Ministerio de Educación tienen el mismo pliego y un mismo objetivo: consiste, en
concreto, en organizar 30 reuniones de 15 personas máximo entre el personal del Ministerio de Educación. Si la
primera costó 1262 por empleado público convocado, la segunda le implicó al ministerio 4178 pesos per cápita.
La Ley de Compras y Contrataciones prohíbe específicamente el desdoblamiento en dos contrataciones de un
mismo servicio.
En todas las maniobras estuvo involucrado el director de Administración de Recursos, Gonzalo Riobó, que
depende del subsecretario de Gestión Económica, Carlos Regazzoni. Regazzoni es candidato a intendente de
Almirante Brown por Cambiemos y depende, a su vez, del ministro de Educación Esteban Bullrich. El trabajo
fue pedido por la dirección de Relaciones Institucionales, que conduce Hugo Martini, y estaba destinado a la
Subsecretaría de Políticas Educativas, que maneja Alejandro Finocciaro. Hoy Regazzoni presenta un libro sobre
la Ley de Compras y Contrataciones porteña, comentada y concordada. Lo va a acompañar Riobó, que firmó
todas las contrataciones.
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Página/12 :: El país :: Otra Usina de negocios
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El país | Martes, 13 de octubre de 2015
Cobró 23 millones sólo en este año
Otra Usina de negocios
Por Werner Pertot
No es la de Fernando Niembro, aunque sus nombres se parezcan. Y también las cifras: La Usina Digital cobró
23 millones de pesos en contrataciones del gobierno porteño sólo este año, lo mismo que la de Niembro.
Además, se parecen en el hecho de que ninguna de las contrataciones figura en el Boletín Oficial. La Usina
Digital fue creada en octubre de 2013 y tiene como socios fundadores a Mariela Soledad Giorgi y Pablo Damián
Miranda Vidal. Su objeto es la comercialización de pauta publicitaria en medios electrónicos y marketing online.
Además de los contratos con el gobierno porteño, La Usina Digital le facturó otros siete millones al PRO por
acciones para la campaña.
La locutora Mariela Giorgi fue directora de Prensa y Ceremonial del municipio de Avellaneda desde 2003 hasta
2012, cuando fue desplazada de su cargo. En tanto, Vidal fue inspector de la Dirección General de Fiscalización
del Ministerio de Espacio Público entre octubre y diciembre de 2013. Vidal forma parte de otra empresa, WIA
Consulting SRL, que fundó con Carlos Gabriel Rivas en 2013. En enero de este año, el Ministerio de Espacio
Público le otorgó la zona 3 de la auditoría de los servicios de higiene urbana por 80,7 millones de pesos en
cuatro años.
La Usina Digital también viene siendo afortunada a la hora de las contrataciones: ya se llevó 16 en lo que va del
año. La directora de Planificación de la Usina Digital es Guillermina Piazza, que hasta 2013 era planificadora de
Medios en la Secretaría de Comunicación Social del gobierno porteño, que conduce Pablo Gaytán.
Casualmente, la mayor parte de la facturación de su empresa al gobierno porteño, cerca de 22 millones, fue a la
“dirección general de Medios” (así figura en el listado de ventas de la empresa, aunque sería la Dirección de
Planeamiento de Medios).
Según figura en su cuenta de LinkedIn, Piazza es “responsable del área de planificación de Medios Online”,
aunque en el gobierno porteño indicaron que fue administrativa junior en Comunicación Social y renunció hace
algunos años. Entre 2008 y 2010, Piazza informa que fue asistente de prensa en el gobierno porteño y antes de
eso hizo una pasantía en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(Cippec). Piazza aportó otros 20 mil pesos a la campaña de Cambiemos.
El resto de la facturación de La Usina Digital al gobierno porteño, unos 1,3 millones, fue a la Secretaría de
Gestión Comunal, que conduce Eduardo Macchiavelli. Las dos dependencias, Comunicación Social y Gestión
Comunal, fueron objeto de denuncias penales en las últimas semanas. A la Secretaría de Comunicación Social
se la investiga por el presunto lavado de activos en el manejo de la pauta porteña, de donde desaparecieron
más de 9 millones de pesos. En tanto, la Secretaría de Gestión Comunal fue denunciada por la comunera
kirchnerista Julieta Costa Díaz por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la
función pública. Es por la contratación directa de dos empresas para la refacción de veredas por más de 47
millones de pesos. Las empresas, que no figuran como empleadores ante la AFIP, se alternaban para ganar las
contrataciones.
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13/10/2015
Página/12 :: El país :: “No muestran un papel”
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El país | Martes, 13 de octubre de 2015
“No muestran un papel”
“Ante las denuncias de irregularidades tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal sostienen que el PRO no
ha tenido denuncias de corrupción durante ocho años. Esto es falso”, advirtió la jefa de bloque del kirchnerismo,
Gabriela Alegre. “Sucede que el interés de los medios y de la opinión pública por estas denuncias es ahora
mucho mayor debido a que Macri es candidato a presidente y Vidal a gobernadora. Debo decir, como ejemplo de
esta situación, que en el último mes se han acercado personas a mi despacho para aportar datos y hacer
denuncias”, indicó. “Más allá de argumentos genéricos e inconsistentes, el gobierno de Macri no ha mostrado un
solo papel referido a las denuncias. Si los papeles estuvieran en orden, con una reunión de un par de horas en la
Legislatura hubieran puesto punto final a todas las acusaciones –indicó la legisladora–. Tanto en el caso
Niembro como con las irregularidades de la pauta publicitaria, no han mostrado un solo documento. Ante esta
falta de respuesta, me veo como legisladora obligada a difundir nuevos datos a través de los medios, pues el
PRO ha ignorado sistemáticamente los mecanismos institucionales previstos para estos casos”.
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ARGENTINA
Perfil de un gestor de cuentas
Leandro Renou
13 de Octubre de 2015 | 12:00
El histórico "family office" de Fortabat y la trastienda de la operación de fuga de los dólares de
la venta de la cementera Loma Negra.
Mientras tenía curso la Bicameral del Congreso que investigaba comportamientos sistémicos de fuga y evasión, se citó a prestar declaración a
Prat - Gay: no asistió. El ahora referente PRO figura en el escándalo mundial de las cuentas suizas en HSBC como el gestor de los patrimonios
externos de la familia Fortabat. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el conglomerado que centralizó y distribuyó la
información de Swiss Leaks, mostró documentación que prueba los manejos: en su sitio web cuenta que "Amalita" heredó en 1976, tras la
muerte de su esposo, la empresa Loma Negra. "Incrementó los fondos de la empresa hasta transformarse en la mujer más rica de la Argentina,
con U$S1,8 billones", reza la reseña y agrega que "Fortabat tenía cerca de U$S 100 millones en sus tres cuentas en el HSBC, correspondientes al
período 2006-2007." El texto continúa diciendo que esas cuentas estaban numeradas bajo la denominación "44022 PG", y la "Dama del
Cemento" era titular de las mismas con su nieta y su cuñada. El perfil de estas cuentas se abrió en el año 2005, justo después de que Amalita
vendiera Loma Negra a la brasileña Camargo Correa. El ICIJ, reconocido mundialmente por la precisión de sus datos, especifica que un vocero de
Prat-Gay, quien tenía el manejo de las cuentas de Fortabat, le confirmó a ese grupo de periodistas que las cuentas suizas de Amalita se abrieron,
no casualmente, en junio de 2005, al momento de la venta de la cementera.
La trastienda de esa operación la contó este diario en el año 2012. En 2005, cuando se vendió Loma Negra a Camargo Correa, Amalita lo eligió a
Prat Gaypara manejar el esquema de cobro del dinero: la friolera de U$S 1025 millones. Esa elección no fue al azar. La Dama del Cemento estaba
molesta por la operación de venta de la firma, que justamente había gestionado el Morgan. Para Amalita, ese banco había "malvendido" su activo
más preciado, para cobrar en forma expres la comisión. Ante este escenario, Prat-Gay se presentaba como la opción más transparente para
http://tiempo.infonews.com/nota/190349/perfil-de-un-gestor-de-cuentas
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gestionar la administración de semejante fortuna.
Una práctica habitual en la gestión de grandes activos es que el banco de inversión encargado de la venta de una empresa, sea designado
también para administrar los fondos producidos por dicha operación. Sin embargo, no fue este el desenlace en la venta de Loma Negra,
básicamente por dos razones: el descontento de Amalita con el Morgan ya señalado y las ya existentes cuentas de Fortabat en la Unión de
Bancos Suizos (UBS). Este último, otro de los bancos observados por presunto lavado.
A pesar de ello, el nombramiento de Prat-Gay llevó al Morgan a realizar un último intento por quedarse con ese preciado cliente.
"Apenas quedó al frente del dinero de Loma Negra, dos importantes ejecutivos del Morgan fueron a verlo. Se trataba de dos viejos conocidos
suyos. Luke Palacio, jefe de banca privada para el Cono Sur, y Alfredo Nachman, encargado, en ese momento, de captar nuevos clientes en la
Argentina", detalló por entonces a este diario un ex directivo de un importante banco de inversiones extranjero con operaciones en el país. Prat
Gay-rechazó "de manera soberbia" hacer partícipes a sus ex socios en el millonario negocio que se le presentaba. ¿Por qué lo hizo? El dinero ya
estaba saliendo del país hacia cuatro emblemáticos paraísos fiscales. «
http://tiempo.infonews.com/nota/190349/perfil-de-un-gestor-de-cuentas
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ARGENTINA
Prat-Gay, el nuevo economista de Macri,
envuelto en otro caso de lavado de dinero
Leandro Renou
13 de Octubre de 2015 | 12:00
La justicia le da las puntadas finales a la confirmación del nexo entre el ex JP Morgan con una
nueva cuenta sin registrar de argentinos en el banco HSBC de Ginebra.
En las últimas horas, los secretarios de la jueza María Verónica Straccia empezaron a atar cabos para evaluar y definir el nivel de responsabilidad
de Alfonso Prat-Gay, flamante economista del PRO, con los titulares de otra de las cuentas suizas sospechadas de lavado de activos en la sede
del banco HSBC sucursal Ginebra: las de los propietarios del Grupo Supervielle. La idea es poner blanco sobre negro el vínculo para analizar la
posibilidad concreta de una citación judicial para el propio Prat-Gay.
Hasta el momento, el ex Golden Boy que supo tener un paso importante por el JP Morgan estaba apuntado por haber gestionado y administrado
la fortuna de Amalia Lacroze, dineros incluidos en el listado de 4000 cuentas de argentinos en la sede helvética del HSBC. Según datos de la
causa a los que accedió Tiempo, de las 52 personas citadas a declarar por la titular del Juzgado en lo Penal Tributario 3, sólo 19 asistieron. Entre
las que no se presentaron estaban los familiares de la Dama del Cemento, y Pilar Isabel Estella Supervielle, titular de ese grupo financiero. Con
ese grupo en particular Prat-Gay prestó el mismo servicio que con Fortabat, el de medición de riesgo y recomendación de manejo de activos. El
problema radica en que Pilar Supervielle aparece en el listado de las 4000 cuentas ilegales de argentinos con U$S 19,6 millones, dinero que se
envió a Suiza sin registrarse previamente en organismos de control en la Argentina.
En paralelo, las pesquisas descubrieron que a la mujer se le atribuyen los hechos que consisten en la evasión del pago de Impuesto a las
Ganancias de los ejercicios anuales de 2005 y 2006, sumado el pago del Impuesto sobre los Bienes Personales del 2006, todo a través de las
cuentas ocultas en la sede del HSBC. La recomendación de no declarar, además de haber partido de los abogados de Supervielle, fue idea de
Prat-Gay, que se metió a operar de lleno en la causa. Es que la situación del nuevo alfil económico de Mauricio Macri es compleja, porque
cualquier persona medianamente habituada a estudiar comportamientos de gestores de cuentas sabe que, por el nivel de información que
manejan estos cuadros, era imposible que el también ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Néstor Kirchner no supiera qué
hacían con el dinero sus clientes. Justamente, su rol era eso, recomendar qué hacer con los dólares, tal como lo hizo con lo producido de la venta
de Loma Negra por parte de Fortabat a la brasileña Camargo Correa.
Prat-Gay se pasó recientemente a las filas del tándem PRO-Cambiemos tras un paso relevante por el variopinto frente denominado
"Progresistas", donde convivieron personajes políticos de tendencias poco conservadoras con ex banqueros de la talla de Prat-Gay. ¿Cómo se
vincula Supervielle con Prat-Gay? La relación es sencilla, común en cualquier causa de presunto lavado de activos. Vale decir que Prat-Gay
jamás se desprendió de sus negocios en la esfera privada, ni siquiera cuando fue funcionario, y mucho menos mientras ocupaba una banca en el
Congreso Nacional. Así las cosas, y de acuerdo a datos del Fisco Nacional que constan en la causa, la conexión existente entre APL Economía –la
http://tiempo.infonews.com/nota/190348/prat-gay-el-nuevo-economista-de-macri-envuelto-en-otro-caso-de-lavado-de-dinero
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firma de Prat- con el Supervielle es la pista de la ilegalidad. En el mes de agosto del año 2006, hubo movimientos importantes hacia la cuenta,
que engrosaron el volumen de dinero de Pilar Supervielle. Los fondos entraron indirectamente a través de Exprinter Uruguay y Exprinter
International Bank, bajo los conceptos "fund subscriptions" y "liquid assets". El dato fuerte de esta operatoria es que APL le prestaba servicios de
asesoramiento en manejo de activos a Exprinter Bank. Exprinter se creó en el seno del Grupo Supervielle como una agencia de turismo, pero
luego mutó a agencia de cambios y terminó siendo una subsidiaria dedicada a negocios cuestionados. Una búsqueda rápida en archivos permite
ver algo que Prat-Gay no podía ignorar: que el Supervielle basaba buena parte de sus operaciones en terminales off shore y paraísos fiscales,
guaridas para evasión de impuesto y ocultamiento de titularidad de activos cuestionadas a nivel global por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI). En 2011, Supervielle rubricó un memorando con los bancos Exprinter de Uruguay y Exprinter International Bank de Curazao
(Antillas Holandesas), un paraíso fiscal. La operación la validaron, justamente, Pilar y su hermano Patricio, según un informe elevado a la Bolsa de
Comercio porteña.
APL es sólo un capítulo en la doble vida de Prat-Gay. Mientras era funcionario manejó, junto a su par en el BCRA Pedro Lacoste, la consultora
Tilton Capital, firma que asesoraba a grandes empresas. En 2006, el ex Morgan creó además la Fundación Andares, centrada en el "Desarrollo de
las Microfinanzas". Poco tiempo después se cerró, pero en un informe elevado en 2010 a Help Argentina, una red que cobija a las organizaciones
con objetivos sociales, Andares reportó como primer financista a la Fundación Fortabat; en segundo lugar al Fomin del Banco Interamericano de
Desarrollo, y en último lugar a la Fundación Ford. Prat-Gay presidía Andares rodeado con un núcleo duro de expertos en finanzas: el
vicepresidente era Gabriel Castelli, director ejecutivo de Caritas Comisión Nacional; y por debajo aparecía Lacoste; Sebastián Reynal, por
entonces director del Deutsche Bank; y Luis Cedrola, que se desempeñó en la dirección de compañías como Arcor, Bunge, Molinos, Siderar y
Austral. El director ejecutivo de Andares era Pablo Caride, quien por años fue uno de los hombres fuertes del Citibank en Argentina. Además, en
el directorio figuraba Orlando Salvestrini, reconocido dirigente de Boca Juniors. El contacto con Prat-Gay nació, justamente, a través de Macri.
Salvestrini trabajó en Socma, la empresa familiar, y además fue el cerebro de la red de cobro de impuestos y servicios Pago Fácil, también de los
Macri. «
http://tiempo.infonews.com/nota/190348/prat-gay-el-nuevo-economista-de-macri-envuelto-en-otro-caso-de-lavado-de-dinero
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13/10/2015
HOSPITAL DE CLÍNICAS | Suman reclamos por falta de transparencia - Miradas al Sur
Argentina
Latinoamérica
Mundo
Cultura
Sociedad
Revista
 Jorge Geffner* : “Hacen falta recursos con más garantías”
Archivo
Contacto
Explotó la salud de Cambiemos 
HOSPITAL DE CLÍNICAS | Suman reclamos por falta de
transparencia
Martes 13
Octubre de
2015
fl
NOTAS DE LA EDICIÓN 386
Del 11 de octubre al 18 de octubre
TEMA DE TAPA
FELIPE DESLARMES · 11/10/2015 · 151 VISUALIZACIONES
6
Explotó la salud de Cambiemos
GRACIELA PÉREZ El PRO cambió y
dejó de negarlo. CABA : crisis en el
Clínicas, desinversión del ...
HOSPITAL DE CLÍNICAS | Suman
reclamos por falta de transparencia
FELIPE DESLARMES El viernes 25 de
septiembre explotó un laboratorio en
el piso 12 del Hospital de...
Jorge Geffner* : “Hacen falta recursos
con más garantías”
Jorge Geffner es profesor en la
facultad de Medicina, doctor en
Bioquímica (UBA)...
Los estudiantes se suman al reclamo
El viernes 25 de septiembre explotó un laboratorio en el piso 12 del Hospital de Clínicas José de San Martín, ubicado en Avenida
BELÉN DE MARÍA Y NICOLÁS
Córdoba 2351, en el porteño barrio de Recoleta. Y aunque no hizo falta evacuar a todos los pacientes ni se vio afectada la estructura
MACCIA. ALUMNOS | Una de las tres
del hospital, hubo tres heridos con quemaduras leves, notorios desprendimientos en la mampostería, quedó inutilizado el laboratorio
grandes actividades ...
de esterilización y el estruendo fue tan grande que por momentos se pensó que se había vuelto a caer un ascensor, como ocurrió en
ARGENTINA
agosto de 2013. Una parte importante del personal y algunos pacientes se autoevacuaron y permanecieron en la puerta del hospital
por varias horas mientras Bomberos y Policía Federal chequeaban el estado del edificio.
Un autoclave, un aparato que trabaja a muy alta presión para esterilizar los elementos quirúrgicos, fue el origen de la explosión, aunque
parte de la comunidad hospitalaria del Clínicas identifica que esto era de esperarse en cualquier momento, dado el abandono en el que
se encuentra el edificio.
En el piso 12 del Clínicas está el laboratorio de esterilización en cuestión, tiene también varios quirófanos y el aula de la cuarta cátedra
de la facultad de Medicina del hospital, con espacio para 80 alumnos, aunque allí suele haber 150; muchos de ellos estudian sentados
DESEMBARCO EN LIMA | El FMI quiere
recolonizarnos
Una cita como la reunión anual del
en el suelo.
Fondo Monetario Internacional y el
Todo lo ocurrido alrededor de la explosión vuelve a presentarse como una parte del total de la corrupción que ronda a ciertos sectores
Banco Mund...
de la Universidad de Buenos Aires y que involucra a varios partidos.
A menos de dos meses de las denuncias por presuntas maniobras de vaciamiento del Hospital de Clínicas que involucraba a tres
CIVILES Y DICTADURA | Complicidad
civil: la verdad a fondo
integrantes del equipo de asesores de Martín Lousteau, ex candidato a Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Eco (socio
FELIPE DESLARMES Héctor Recalde
del PRO a nivel nacional).
revisa el proyecto que impulsó el
La investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que llevó al fiscal federal Franco Picardi
a imputarlos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, había surgido de una denuncia periodística realizada por el periodista
Alejandro Bercovich y emitida en el programa Minuto Uno, por C5N.
pedido de conformación de una c...
CIVILES Y DICTADURA | Economía y
dictadura
WALTER BOSISIO* | En estas
Los imputados por la Procelac por el “desvío de millonarias contrataciones entre el Hospital de Clínicas y diversas proveedoras
de insumos y medicamentos de su propiedad”, entendiendo que utilizaron su cargo jerárquico para
semanas se ha dado a conocer la
aprobación plena del ...
realizar numerosos negocios espurios a través de las firmas Medipack S.A., American Salud S.A. e Inmu
Ideas S.A., son: José Luis Giusti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE); Sergio Gastón
COYUNTURA | La serenidad de los
números
Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA, y Emiliano Yacobitti, secretario
C. VILLALBA Finalmente los planetas
de Hacienda de la UBA y presidente de la UCR porteña. Según denunció Bercovich, luego de la emisión
encajaron y el tiempo electoral
del programa, Juan Manuel Oro, dirigente de alto rango en la agrupación Nuevo Espacio (que responde a
empezó el recorrido de u...
Yacobitti) envió a Bercovich un mensaje mafioso a través de dos docentes: “Al periodista lo vamos a
hacer reventar como una rata”.
Sin embargo, las tramas son más complejas y no terminan ahí. Una auditoría de la UBA presentada al consejo superior hace dos
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SOCIEDAD
semanas, que fue calificada como “de bajo nivel profesional” por una fuente de este medio que pidió la reserva de su nombre. Allí, en la
página 15, menciona gastos pero no los ingresos, por lo que resulta difícil identificar la sustentabilidad del organismo. No revisa cuál
fue el total de ventas de las empresas ni qué porcentual de las mismas corresponde a la universidad, tampoco si se trata de
laboratorios importados o revendedores, o la cantidad de personal en relación de dependencia o su capital social. No menciona los
nombres de los directivos ni de sus socios, requerimiento fundamental en una auditoría para determinar cruces de intereses. Además,
realiza una comparación de precios respecto de una base de datos de acuerdo con los precios de venta al público cuando un hospital
no utiliza esos parámetros y ni siquiera contempla que cualquier farmacia ofrece descuentos que rondan el 27% por pago en efectivo.
Patricio De Urraza: “Los laboratorios
públicos garantizan que los
medicamentos sean un bien social”
Según lo revelado, el informe resulta muy poco serio y no responde el reclamo social de trasparencia. Resulta notorio, entonces, que el
propio rector de la UBA, Alberto Barbieri, muy ligado a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, hubiera aceptado este informe tal
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/10/11/revista/hospital-de-clinicas-suman-reclamos-por-falta-de-transparencia/
DANIEL CECCHINI “Partimos de una
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