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Lunes 20 de octubre de 2014 • www.pulso.cl
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Nuevo proyecto para regular las notarías
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, afirma que el nuevo proyecto a enviar en los próximos tres meses, buscará
responder a “asuntos que afectan directamente” a los chilenos. La iniciativa contemplará aumentar la competencia,
nuevas funciones, mayor fiscalización y responsabilidades de quienes detentan la fe pública en el país.
Reforma a notarios elevará competencia y
obligará a permanecer en sitio de postulación
“Quien se incorpore al sistema
notarial ya no va a entrar a una caja
pagadora, ni a un negocio, sino que
tendrá ciertas obligaciones”.
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
Ministro de Justicia
OSCAR GALAZ
DIALOGO PRELEGISLATIVO. Para sacar adelante un proyecto tan “complejo” y que no se repita lo de anteriores oportunidades, el ministro
parte diciendo que están trabajando por lograr “los mayores consensos posibles” y que un 90% de la iniciativa ya está lista.
Reconoce que en este tema existe un fuerte y poderoso lobby de
parte de los directamente involucrados : “Los notarios han intentado mantener el status quo, porque
es un lugar donde tienen asegurado un cierto ingreso y cuando uno
quiere romper eso empiezan las
conversaciones en torno a que ese
cambio produce un problema de
fondo en la fe pública”.
Iniciaron un trabajo transversal a
diferencia de las anteriores iniciativas, en cuanto a participantes,
porque han conversado con los involucrados, notarios y conservadores, instituciones y el gobierno.
“Podremos tener tropiezos en la
discusión parlamentaria, pero el
proyecto como tal y la estructura ,
lo vamos a impulsar con toda la
fuerza del mundo”, comenta.
PERMANENCIA Y UBICACION. El proyecto aborda varias áreas: una se refiere al ingreso, permanencia y expulsión de quiénes ostentan estos
cargos. Adelanta que van a establecer un sistema de concurso público, donde se evalúe un cierto conocimiento del sistema para poder
integrarlo. Para ello, el equipo que
elabora la iniciativa está analizando con la Academia Judicial si pueden ofrecer la capacitación correspondiente.
Lo segundo, explica el ministro, es
exigir permanencia a los notarios
en los lugares donde postulan, porque generalmente ingresan por los
lugares más pequeños pero van escalando rápido hacia otros más
grandes: “La idea es que quien postule a Chile Chico se quede tres
años allá y cumpla”, afirma.
En esta misma línea, la iniciativa
buscará que el sistema notarial y re-
P
b ¿Qué ha pasado? El Ministerio
de Justicia está elaborando un
proyecto de ley para modificar la
normativa que hoy regula a los
notarios y conservadores de bienes raíces.
b ¿Por qué ha pasado? Lo que
se busca, según el ministro de
Justicia, José Antonio Gómez, es
modernizar este sector, darle
nuevos lineamientos, responsabilidades y transparencia.
b ¿Qué consecuencias tiene? Al
ampliar las oficinas disponibles
la ciudadanía accederá de forma
más rápida a realizar sus trámites. Asimismo, se busca potenciar la fiscalización para que los
cobros por los documentos solicitados tengan el mismo valor
monetario en cualquier parte y
no como sucede hoy, dice la autoridad.
plan los deberes”, asevera Gómez.
Añade que esperan contar con
sistemas de fiscalización reales.
“Hoy día existe en el Poder Judicial
con los ministros visitadores, pero
la verdad es que si uno mira las estadísticas no existe un correlato
real entre lo que ve y vive la opinión
pública en este sistema de registro”,
precisa.
Para hacer frente a esto, el gobierno está analizando junto al Poder Judicial la alternativa de que los
fiscales judiciales creen una especie de “procuraduría” que se encargue de fiscalizar a los notarios y
conservadores.
Esta institución, asegura, sería
también la encargada de recibir
los reclamos de los usuarios, con
un mecanismo de resolución para
sancionar si cometen irregularidades.
“Esta instancia contaría con una
rigurosa determinación de sanciones, desde la amonestación a la expulsión del notariado, si sus faltas
así lo ameritan”, recalca el ministro.
COBROS. Respecto a los costos aso-
Lobby
Para el ministro, el lobby ha
permitido que los notarios
mantenga el “statu quo,
donde tienen asegurado
cierto ingreso”.
ciados a los trámites ejecutados
por notarios y conservadores, el
secretario de Estado observa que
establecerán un sistema claro de
cobro donde no se puedan exceder
los montos acordados. “Si no, va a
haber sanciones pecuniarias o administrativas que lo pueden llevar
incluso hasta salir del sistema.
Todo esto lo hemos estado trabajando con la Asociación de Notarios
y Conservadores, donde quizás hay
alguna resistencia, pero no será la
misma que ha existido otras veces”, puntualiza.
Para renovar el
sistema de Conservadores de Bienes Raíces, el ministro es concreto:
“Vamos a hacer algo que nunca se
ha logrado, que es dividir el Conservador. En el caso de la región Metropolitana tenemos dos conservadores y lo vamos a dividir en siete u ocho. También vamos a hacer
asociación de comunas, lo que va a
permitir que si en la zona norte tenemos un conservador, las personas van a poder ir allá a hacer sus
trámites y no tener que ir a la comuna de Santiago. La idea es que haya
una diversidad mayor ”, dice.
CONSERVADORES.
gistral crezca para que existan más
posibilidades de acceso a estos servicios. Esto, a juicio de la autoridad,
va a permitir también “democratizar el uso de las notarias, porque
hoy día vemos 40 notarías en la
comuna de Santiago, cuando hay
otras comunas de la región Metropolitana que no tienen ninguna.
La idea es poner asientos obligatorios en las comunas. No que se
nombren y luego se instalen en el
centro de la capital”, ejemplifica.
FISCALIZACIÓN.
Otro tema no menor, precisa la autoridad, es la fiscalización de la actividad.
Para ello el proyecto contempla
dos líneas de control. La primera es
interna: “Con procesos de auditoría cada cierto tiempo y según se
acuerde en la ley o el reglamento,
para ver el desarrollo de la actividad
tanto en recursos, atención, demora o tecnología que se les exigirá
implementar. Y lo segundo, tiene
que ver con un riguroso sistema
de sanciones cuando no se cum-
Gómez califica
como “bien” el trabajo que lleva
adelante el Ministerio de Justicia
con las directivas de las instituciones involucradas.
“Diría que hay un preacuerdo,
por ejemplo, en hacer modificaciones. No están en desacuerdo -a
pesar de los controles- de las limitaciones que se les impondrían”,
comenta.
Esta nueva mirada, dice la autoridad, considera también que la
opinión pública quiere un cambio,
“hoy día es más difícil de resistir estas modificaciones”, destaca.
TEMAS SENSIBLES.
FOTO: AGENCIAUNO
—Varios han sido los intentos de gobiernos y parlamentarios en la última década para reformar la actual
normativa que rige a los notarios y
conservadores de bienes raíces en
el país que data del siglo XIX.
Todas las tentativas han fallado.
Ahora, por tercera vez, La Moneda enviará a fines de año o inicios
del próximo a la agenda legislativa
una nueva reforma al sistema notarial de Chile, respondiendo a una
necesidad “ya” ciudadana y comprometida en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet,
anticipa el ministro de Justicia,
José Antonio Gómez.
“Queremos hacer un cambio realmente importante en este tema,
porque es uno de los asuntos que
afectan más directamente a la ciudadanía”, precisa.
División. De los actuales 2
Conservadores de Bienes
Raíces que hay en Santiago,
se pasaría a tener 7 ú 8
según el proyecto de ley.
Al respecto, uno de los temas que
podría generar más controversia
es la duración de los notarios en sus
cargos. En este aspecto, señala, no
hay plazos aún determinados, sólo
aproximaciones.
Se ha planteado en las discusiones
que las autoridades de fe pública se
mantengan 10 años en el cargo,
“pero eso es complejo porque si un
abogado decide ser notario, va a
tener que ir a concurso público y
dedicarle tiempo a esto”.
Sí, destaca que se incorporarán
obligaciones ciudadanas. “Probablemente vamos a poner algunas
actuaciones que sean gratuitas en
consideración a ciertos parámetros.
Entonces quien se incorpore al sistema notarial hoy día ya no va a entrar a una caja pagadora, ni a un negocio, sino que va a tener ciertas
obligaciones. Si ese objetivo se logra,
no creo que sea razonable que uno
le diga dure 10 años y luego se va. Lo
que sí , hay que obligarlos a cierta
permanencia en los lugares donde
decidan postular “, comenta.
El gobierno busca que los notarios
se vinculen con la comunidad, “no
sólo pasar a firmar y que la caja registradora suene. Si soy notario y no
me gusta lo que estoy haciendo,
renuncio; pero si quiero seguir el
sistema debería permitirlo hasta
cierto límite de edad”, la cual aún
no está fijada, pero se piensa hasta los 75 años de edad.
Un último tema que podría ser más
discutido es lo relacionado con la incorporación de una plataforma electrónica, y reemplazar de a poco el acto
de firma presencial por uno “on line”.
El ministro reconoce la importancia de la modernización computacional de este rubro- y valora
la nueva plataforma que instaurará la Asociación de Notarios y Conservadores y Archiveros Judiciales a partir del 22 de noviembre
próximo - pero igual tiene dudas.
“Es complejo, porque el sistema
necesita ciertas certezas, porque si
el notario hace algo irregular le van
a caer sanciones pecuniarias, penales. Por ejemplo, cuando está en
juego el patrimonio o una situación
familiar determinada, creo que debería ser obligatoria la presencia física” de un notario, explica.P
Las fallidos proyectos de 2008 y 2012
bbb En abril de 2008 la Presidenta Michelle Bachelet envió
un proyecto para modificar el
actual sistema de notarios y
conservadores. La iniciativa
buscaba mejorar la calidad del
servicio, disminuir los costos y
crear un mecanismo de designación en el cargo competitivo
y transparente, entre otros aspectos. Se establecía, por ejemplo, que los conservadores se
determinarían por licitación
realizada por la Superintendencia de Quiebras; que el cargo duraría entre 6 y 10 años no
renovables con la exigencia de
haber ejercido como abogado
por 5 años, como mínimo. Asimismo, reconocía validez legal
a instrumentos otorgados con
firma electrónica avanzada. El
proyecto, calificado en dos ocasiones con urgencia simple, no
avanzó ni un trámite.
En 2012, la administración de
Sebastián Piñera ingresó otra
iniciativa. Contemplaba entre
otros aspectos, transparencia,
mayor preparación para optar a
los cargos de notarios y conservadores y más monitoreo. Se
otorgaba injerencia al Servicio
Nacional del Consumidor (Sernac) para poder controlar el desempeño de funciones y los
precios cobrados a los usuarios.
Así también, proponía que el
Poder Judicial y el Ministerio
de Justicia establecieran las tarifas de los servicios del sector,
y que se aumentara de tres a
cinco el número de candidatos
que la Corte de Apelaciones envía al Ministerio de Justicia
para nombrar a un notario.
Este mensaje llegó en agosto de
2012 y nunca se discutió en la
Comisión de Constitución de la
Cámara de Diputados. OG
Gómez y delitos
económicos: “Hay que
subir las penas y tener
criterios de multas reales”
OSCAR GALAZ
—Las últimas noticias sobre colusiones y fraudes al sistema financiero chileno tiene atento al Ministro de Justicia, José Antonio
Gómez.
Considera que si bien los fallos de
los tribunales se ajustaron a la ley,
cree que las multas podrían ser
mayores, tal como ocurre en otros
países. Comenta que en la ciudadanía queda una sensación de “impunidad” por el bajo nivel de las
multas.
Por lo mismo, los expertos que
actualmente estudian las modificaciones al Código Penal están revisando estos antecedentes para sancionar con mayores multas o castigar con cárcel este tipo de delitos.
A propósito de las penas conocidas por delitos como colusión
o el Caso Cascada, ¿cómo calificaría las multas que el sistema
judicial chileno contempla para
ellos?
—En la modificación al Código Penal que estamos trabajando, y luego de conversar con expertos que
trabajan en ello, se ha mencionado
que los delitos relacionados con los
temas económicos tienen bajas penas, y como el sistema permite la
irreprochable conducta anterior,
etc., (la justicia) baja más la pena,
entonces, nadie termina preso. Lo
que vamos a hacer en la discusión
con los expertos es que los delitos
económicos también van a cambiar su penalidad.
¿Con qué fundamentos se elevarían?
—Porque todos los delitos económicos y de corrupción tienen baja
penalidad, y son delitos graves desde el punto de vista del sistema penal. Como dije, tienen penas que
son bajas y que además, con todas
las fórmulas (atenuantes) terminan sin sanción efectiva, entonces
en el análisis que se ha hecho es que
hay que corregir esta situación.
Además, hay una sensación pública de absoluta impunidad. Ahora,
no todo tiene que terminar en la
cárcel, eso es verdad, pero en ese
caso hay que establecer parámetros. De hecho, los expertos dicen
que la sensación de impunidad es
tan grande y efectiva que es necesario establecer cambios que puedan ir desde la aplicación de la
pena de cárcel, como de elevar los
montos que se cobran.
¿Lo dice por los últimos fallos
conocidos por colusiones?
—Piense frente al fallo que se dictó, que las empresas lograron
US$300 millones de ganancias con
el tema de los pollos y la multa fue
de US$60 millones. En otros países se aplica como multa el doble de
lo que ganaron, que en este caso
serían una multa de US$600 millones y además se les aplican penas de
cárcel. Entonces, esa conjunción
es la que queremos analizar en el
nuevo código.
¿Hay consenso entonces en
elevar las sanciones para estos
delitos?
DELITOS ECONÓMICOS
“Hay una sensación
pública de absoluta
impunidad...porque
todos los delitos
económicos y de
corrupción tienen baja
penalidad”.
SANCIONES
“En otros países se
aplica como multa el
doble de lo que
ganaron”.
—He escuchado de los expertos
que hay opinión, pero no dije consenso. Lo que he escuchado sí, es
que el sistema no está bien estructurado.
¿Y usted qué piensa?
—Creo que hay que subir las penas
y hay que establecer criterios de
multas que sean reales. Mi opinión
es clara . Pero como hay un grupo
de expertos que están discutiendo
el tema, tengo que respetar su opinión. Después nosotros tomaremos las decisiones políticas.
¿Se buscará que todos estos delitos vayan a la cárcel?
—Depende. Hay delitos económicos
que son complejos y además tienen
un efecto social tremendo. Otros
sólo efectos económicos, pero esa es
la discusión interna que llevaremos.
¿Cómo va la reforma al Código
Penal. Para cuándo habrá más
detalles?
—Bien. Es una reforma integral,
pero en el caso del Código Penal están trabajando los cinco comisionados y el compromiso es que a finales de marzo tengamos las propuestas . La idea es ingresarlo a fines
de ese mismo mes o principios de
abril al Parlamento. P