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GASTOS DE COMUNIDAD Y EL CONCURSO DE ACREEDORES.
ESPECIAL REFERENCIA AL ARTÍCULO 9.1.E) DE LA LEY DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.
1. INTRODUCCIÓN.
La presente exposición se compone de dos partes claramente diferenciadas:
En la primera de ellas, más breve, analizaremos el artículo 9.1.e) de la Ley de
Propiedad Horizontal, así como su naturaleza jurídica y los mecanismos para reflejar en el
Registro de la Propiedad tal afección real.
En la segunda parte, analizaremos el concurso de acreedores, partiendo de su
regulación y los presupuestos necesarios para que la autoridad judicial proceda a la
declaración de concurso, tratando también las diversas fases que lo integran (fase común,
fase de convenio y fase de liquidación) y sus efectos, y finalizando con el análisis de la
calificación del mismo.
2. LOS CRÉDITOS DERIVADOS DE LA OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR AL
SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL: CONCEPTO,
NATURALEZA JURÍDICA Y CONSTANCIA REGISTRAL.
2.1. CONCEPTO Y REGULACIÓN.
Entre las preferencias crediticias se encuentra aquélla que en favor de la comunidad
de propietarios, y dentro del seno del régimen de propiedad horizontal, establece la Ley
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, en su artículo 9.1.e) párrafos primero y
segundo, la cual determina que todo piso o local integrado en la misma quede afecto, con
carácter real, al pago de una determinada cuantía de las cuotas de gastos comunes concretamente, al pago de las cuotas correspondientes a la parte vencida de la anualidad en
curso y del año natural inmediatamente anterior-; así, del citado precepto resulta literalmente
lo siguiente:
“Son obligaciones de cada propietario:(…)
e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo
especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento
del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de
individualización.
Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al
sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la
parte vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores tienen la condición
de preferentes a efectos del artículo 1923 del Código Civil y preceden, para su
satisfacción, a los enumerados en los apartados 3, 4 y 5 de dicho precepto, sin
perjuicio de la preferencia establecida a favor de los créditos salariales en el
Estatuto de los Trabajadores (…)”.
Por tanto, el crédito preferente derivado de la obligación de pago de los gastos
generales derivados del régimen de la propiedad horizontal goza de prelación respecto de los
créditos hipotecarios, refaccionarios y anotados preventivamente a que se refieren los
números tercero, cuarto y quinto del artículo 1923 del Código Civil; en cambio, frente a él
prevalecerán tanto el crédito salarial del artículo 32.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores (los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que
no supere el doble del salario mínimo) como los créditos en favor del Estado y de los
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Gastos de comunidad y el concurso de acreedores.
Especial referencia al artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
aseguradores a que se refieren los números primero y segundo del citado artículo 1923 del
Código Civil.
2.2. FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL PRIVILEGIO DEL ARTÍCULO
9.1.E) DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL.
El fundamento del privilegio crediticio a que se refiere el artículo 9.1.e), párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Horizontal se encuentra, según Álvarez Caperochipi, en una
consideración de justicia objetiva distributiva en la medida que tiene por objeto hacer viable
el régimen de la comunidad y la satisfacción ordenada de las cuotas; por su parte, Pérez
Pascual considera que la razón de tal privilegio estriba en el hecho de que tiene por objeto los
gastos originados por la conservación y mantenimiento del edificio y, por tanto, para el
mantenimiento del valor del mismo.
En cuanto a su naturaleza jurídica, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia en
diversas resoluciones, dicho privilegio se configura como:
1º Una afección real preferente: en este sentido se manifiesta la Dirección General de
los Registros y del Notariado en Resolución de 9 de febrero de 1987.
2º Una obligación con dos responsables: en este sentido, la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Sevilla de 16 de enero de 1981.
3º Acción de carácter real: la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 8 mayo
1982 declara que la acción derivada del art. 9 de la LPH es de indudable carácter real por la
afección que del piso o local determina el párrafo 2 de dicha norma.
4º Garantía real «ob rem»: así la califican diversas sentencias como las Sentencias de la
Audiencia Provincial de Madrid de 16 de junio de 1976 y de 13 de noviembre de 1985, y la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 25 febrero de 1984.
5º Obligación subjetivamente real «propter rem» o ambulatoria: así la configura la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 29 marzo de 1989.
6º Obligación personal sin proyección real: es la tesis de la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 28 de julio de 1990.
7º Afección real limitada que ampara un crédito preferente: en este sentido, la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 16 de julio de 1987.
8º No es una hipoteca legal, sino una garantía real de origen legal: ésta es la tesis
seguida por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 17 de abril de 1998.
9º Obligación «propter rem» y gravamen real preferente: ésta es la posición mantenida
por la Dirección General de los Registros y de Notariado en Resoluciones de 27 de junio, 30
de junio y 7 de julio de 1986, de 9 de febrero y 18 de mayo de 1987 y de 1 de junio de 1989.
Como conclusión, partiendo de la doctrina fijada por la Dirección General de los
Registros y del Notariado, la obligación de pago de los gastos generales de la
propiedad horizontal puede calificarse como una obligación “propter rem”; por su
parte, la afección del piso o local –aun en caso de transmisión y con los límites cuantitativos
que resultan del artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal– se configuraría como una
garantía legal derivada de dicha obligación, garantía que puede calificarse como una
afección real cuya efectividad requiere la previa concreción a través del
correspondiente procedimiento, es decir, su realización procesal y registral.
2.3. CONSTANCIA REGISTRAL DE LA AFECCIÓN REAL DEL PISO O LOCAL AL
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Gastos de comunidad y el concurso de acreedores.
Especial referencia al artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
PAGO DE LOS GASTOS DERIVADOS DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL A
QUE ALUDE EL ARTÍCULO 9.1.E) DE LA LPH.
2.3.1. Durante la tramitación del procedimiento judicial en su fase declarativa,
puede instarse:
por un lado, la práctica de una anotación preventiva de demanda en la medida
que, como pone de manifiesto la Dirección General de los Registros y del Notariado en
Resolución de 15 de diciembre de 1999.
no obstante, también puede instarse la práctica de una anotación preventiva de
embargo preventivo: en este sentido, artículo 21.5 de la Ley de Propiedad Horizontal.
2.3.2. Durante la tramitación del procedimiento judicial en su fase de
ejecución, podrá instarse la práctica de anotación preventiva de embargo, tal y como resulta
de los números segundo y tercero del artículo 42 de la Ley Hipotecaria.
No obstante, si además se pretende que dicha anotación preventiva de embargo
tenga un carácter preferente es preciso que la demanda sea dirigida no sólo contra el
titular registral, sino también, en su caso, contra los titulares de los derechos inscritos o
anotados en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la anotación de embargo
pretendida: en este sentido se manifiesta la citada Dirección General de los Registros y del
Notariado en Resolución de 26 de diciembre de 1999.
3. EL CONCURSO DE ACREEDORES.
3.1. EL CONCURSO DE ACREEDORES: CONCEPTO, EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y
SITUACIÓN ACTUAL.
3.1.1. Concepto.
En primer término, el concurso de acreedores puede definirse como “un proceso de
naturaleza universal cuya finalidad es la aprobación de un convenio con los acreedores para la
rebaja o aplazamiento de los créditos, y únicamente cuando no pueda llegarse al convenio o
éste resulte incumplido, la liquidación ordenada del patrimonio del concursado”.
Por tanto, el efecto fundamental del concurso consiste en someter a los acreedores a
unas normas ordenadoras de la clasificación y prelación de los créditos -lo que, a su vez,
supone una excepción al principio de “pars conditio creditorum”-.
Así, partiendo de dicho precepto resulta que los procesos de ejecución contra los bienes
singulares de un mismo deudor –como, por ejemplo, la ejecución hipotecaria- se regirán por
lo dispuesto en los artículos 1921 a 1929 CC; en cambio, en caso de concurso, será preciso
acudir a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
3.1.2. Evolución histórica.
En el siglo XX surgió el interés por la conservación de la empresa lo que determinó que
tratándose de deudor no comerciante surgiera junto con el concurso -y como procedimiento
que trataba de evitarlo- la quita y espera (procedimientos ambos regidos por la LEC de 1881
en su aspecto procesal, y el Código Civil, en el ámbito material); en cambio, tratándose del
deudor comerciante se aplicaría la quiebra (regida por LEC de 1881, el CCom de 1829 y el
CCom de 1885) y como procedimiento que trataba de evitarla, la suspensión de pagos (regida
por la Ley Suspensión de Pagos de 26 julio de 1922).
Dicha situación legislativa originó la existencia de toda una serie de críticas por parte
de la doctrina, fundamentadas en su arcaísmo, en el establecimiento de normas distintas
para comerciantes y no comerciantes (diversidad de disciplina) así como en la diversidad legal
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Gastos de comunidad y el concurso de acreedores.
Especial referencia al artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
existente, dado que los aspectos procesales y sustantivos del concurso aparecen regulados en
normas distintas -los primeros, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y los sustantivos, en
el Código Civil o en el Código de Comercio-.
Como consecuencia de ello, se hizo patente la necesidad de llevar a cabo una profunda
reforma en la materia, para lo cual la Sección Especial para la Reforma Concursal de la
Comisión General de Codificación elaboró un proyecto que constituye el antecedente
inmediato de la vigente Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
3.1.3. El sistema concursal español.
Como hemos indicado anteriormente, en la actualidad el concurso se rige por la citada
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que no supone una ruptura con la larga tradición
concursal española, pero sí una profunda modificación del derecho vigente, teniendo en
cuenta las aportaciones doctrinales y prelegislativas realizadas en el ámbito nacional, las más
recientes concreciones producidas en la legislación comparada, así como los instrumentos
supranacionales elaborados para la unificación y la armonización del derecho en esta materia,
entre las que destacamos la Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza y su Guía para la
Incorporación al Derecho Interno -elaboradas por la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) aprobadas por Resoluciones 52/158, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1997- y, en el ámbito
comunitario, el Reglamento (CE) 1346/2000, de 29 de mayo, del Consejo, sobre
Procedimientos de Insolvencia.
La vigente Ley Concursal consta de nueve títulos -divididos, a su vez, en 230 artículos-,
y se caracteriza por los siguientes principios:
Principio de unidad de disciplina, que implica el establecimiento de un único
régimen jurídico -concurso- para todo tipo de deudor, sea comerciante o no comerciante.
Principio de unidad legal: se trata de recoger, en una sola ley, todos los aspectos
procesales y sustantivos del concurso, sin más excepción que aquellas cuestiones que, por su
naturaleza, exijan una norma con rango de Ley Orgánica, para lo cual se dicta la Ley
Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la LOPJ.
Principio de unidad de sistema o procedimiento: se establece un único
procedimiento -el concurso-, que se iniciará con el auto judicial de declaración de concurso el
cual, a su vez, supone el inicio de la fase común o de tramitación del concurso, la cual puede
desembocar bien en una fase de convenio, bien en una fase de liquidación (asimismo, se
articula un procedimiento abreviado para aquellos supuestos en que la estimación inicial del
pasivo del deudor no supere un millón de euros -art. 190 LC-).
3.2. PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA DECLARACIÓN DE CONCURSO.
En cuanto a su presupuesto subjetivo (art. 1 LC), la declaración de concurso podrá
dirigirse contra cualquier deudor, sea persona física o jurídica.
Desde una perspectiva objetiva (art. 2.1 y 2.2 LC), tal declaración procederá en
caso de insolvencia del deudor común: dicha situación de insolvencia, a su vez, puede ser
actual, en todos aquellos supuestos en que el deudor no pueda cumplir regularmente sus
obligaciones exigibles, o inminente, que tendrá lugar en aquellos casos en que el deudor
prevea que no va a poder cumplir, regular y puntualmente, sus obligaciones.
Desde un punto de vista procedimental, la declaración de concurso podrá ser
instada por los acreedores o por el propio deudor lo que, a su vez, permite distinguir, como
regla general y respectivamente, entre un concurso necesario y un concurso voluntario.
Concurriendo los presupuestos anteriores, el Juez de lo Mercantil -que es el
competente para conocer del concurso, de acuerdo con el art. 8 LC-, dictará, en su caso,
auto judicial de declaración del concurso que implica, a su vez, el inicio de la fase
común o de tramitación, la cual pasamos a analizar.
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Especial referencia al artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
3.3. FASE COMÚN O DE TRAMITACIÓN DEL CONCURSO.
3.3.1. Formación de la masa activa y pasiva del concurso; créditos contra la
masa.
Como acabamos de indicar, esta fase común o de tramitación comienza con el auto
judicial de declaración del concurso, que contendrá los siguientes pronunciamientos:
El nombramiento de los administradores concursales, sus facultades y, en su caso,
las medidas cautelares que el Juez considere necesarias para asegurar la integridad, la
conservación o la administración del patrimonio del deudor hasta que aquéllos acepten el
cargo.
Los efectos sobre las facultades de administración y disposición que corresponden al
deudor concursado respecto a su patrimonio.
El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde
la última de las publicaciones obligatorias acordadas en el auto.
En cuanto al concurso, su carácter necesario o voluntario (con indicación, en su
caso, de que el deudor ha solicitado la liquidación).
La publicidad que haya de darse a la declaración de concurso.
A) Formación de la masa activa (arts. 76 y ss. LC).
Una vez declarado el concurso en virtud del auto judicial anteriormente indicado, se
procederá a la formación de la masa activa, que estará integrada por los bienes y
derechos integrados en el patrimonio del deudor en la fecha de declaración del concurso, así
como aquellos otros que hubieran sido adquiridos con posterioridad a la fecha de dicha
declaración y hasta la conclusión del procedimiento (quedando excluidos aquéllos que, aun
teniendo carácter patrimonial, sean inembargables).
Para la delimitación final de la masa activa podrán realizarse una serie de operaciones
de signo inverso:
o Unas, tendentes a integrar en la masa activa aquellos bienes que salieron
indebidamente del patrimonio del concursado como son las denominadas acciones de
reintegración, dentro de las cuales cabe distinguir (art. 71 LC): las acciones de rescisión, y las
acciones de impugnación.
o Otras acciones tienen por objeto excluir de la masa activa aquellos bienes que no
sean de titularidad del concursado y que, por consiguiente, no pueden dirigirse a la
satisfacción de los acreedores del mismo.
B) Formación de la masa pasiva (arts. 84 y ss. LC).
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 84.1 LC, la masa pasiva estará constituida por
todos aquellos créditos existentes contra el deudor común que, conforme a la Ley Concursal,
no tengan la consideración de créditos contra la masa. Dichos créditos se clasificarán, a
efectos del concurso, como sigue: créditos con privilegio especial (art. 90 LC), créditos con
privilegio general (art. 91 LC), créditos ordinarios que son todos aquéllos que no merezcan la
consideración de privilegiados ni de subordinados (art. 89.3 LC) y créditos subordinados (art.
92 LC). Dicha clasificación de los créditos podrá ser impugnada por los interesados.
C) Créditos contra la masa.
A diferencia de los anteriores, los créditos contra la masa pueden ser definidos como
aquéllos que han de satisfacerse de un modo inmediato o a la fecha de su vencimiento y, en
caso de liquidación, con preferencia sobre los créditos concursales (arts. 84 y 154 LC).
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Gastos de comunidad y el concurso de acreedores.
Especial referencia al artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
3.3.2. Efectos de la declaración de concurso.
A) Efectos en las facultades de administración y disposición del concursado
(arts. 40 y ss. LC):
El auto judicial de declaración del concurso ha de determinar si el deudor concursado
queda sometido a un régimen de intervención o de suspensión en el ejercicio de las
facultades de administración y disposición de su patrimonio; así:
Si el régimen es el de intervención, el deudor conserva las citadas facultades sobre
sus bienes, si bien: para llevar a cabo actos de administración sobre los mismos, el
concursado requerirá la autorización o conformidad de los administradores concursales; en
cambio, para realizar actos de carácter dispositivo, además de la autorización o conformidad
de los administradores concursales, se requerirá autorización judicial (salvo excepciones –art.
43.3 LC-).
Si el régimen es el de suspensión, el deudor concursado no conserva las facultades de
administración y disposición, sino que será sustituido en el ejercicio de las mismas por los
administradores concursales, de modo que: tratándose de actos de administración, éstos
serán directamente realizados por los administradores concursales; en cambio, tratándose de
actos de disposición, igualmente serán llevados a cabo por los administradores concursales, si
bien éstos necesitarán autorización judicial (salvo excepciones –art. 43.3 LC-).
Pues bien, según Curiel Lorente, los actos otorgados por el deudor infringiendo
las limitaciones antedichas serán anulables y, por tanto, en principio, no pueden ser
inscritos.
B) Efectos de carácter procesal (art. 55 a 57 LC).
Con carácter general, una vez declarado el concurso en virtud del correspondiente
auto judicial de declaración del mismo, no podrán iniciarse ejecuciones singulares,
judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el
patrimonio del deudor, y los que se hallaren en tramitación quedarán en suspenso (y todo
ello, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos).
Las actuaciones que se lleven a cabo en contravención de lo anteriormente dispuesto, serán
nulas de pleno derecho.
No obstante, y como excepción, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Concursal
podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se
hubiere dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran
embargado bienes del concursado, siempre que ello haya tenido lugar con anterioridad a
la fecha de declaración del concurso y los bienes objeto de embargo no resulten necesarios
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor concursado, todo ello
hasta la aprobación del plan de liquidación.
En el caso de acreedores con garantía real, debemos distinguir dos supuestos:
o que se trate de bienes no-afectos al ejercicio de la actividad profesional o
empresarial del deudor concursado, en cuyo caso los acreedores con garantía real podrán
iniciar o continuar la ejecución o realización forzosa de la garantía;
o en cambio, si se trata de bienes afectos al ejercicio de la actividad profesional o
empresarial del deudor concursado, los acreedores con garantía real no podrán iniciar ni
continuar la ejecución o realización forzosa de la garantía –puesto que la facultad de iniciar
la ejecución queda paralizada y la ejecución ya iniciada con anterioridad queda en
suspenso-, y ello hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte a esa cuestión
(esto es, hasta la apertura de la fase de convenio), o hasta que transcurra un año desde la
declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la fase de liquidación.
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Especial referencia al artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
3.3.3. Conclusión de la fase común o de tramitación del concurso.
La conclusión de la fase común del concurso determinará la apertura de la fase
de convenio o de liquidación -que son las dos soluciones previstas para el concurso en la
LC, de acuerdo con el artículo 98 LC- y que pasamos a analizar.
3.4. FASE DE CONVENIO.
3.4.1. El convenio de acreedores: concepto, forma y contenido.
En primer término, el convenio de acreedores puede definirse como un acuerdo
entre el deudor concursado y sus acreedores para la satisfacción de sus créditos, el cual
deberá ser aprobado por la autoridad judicial.
Por lo que se refiere a los requisitos formales de la propuesta de convenio (art. 99 LC),
dicha propuesta deberá constar por escrito y habrá de ser firmada, en su caso, por el
deudor, por todos los acreedores proponentes o por sus respectivos representantes con poder
suficiente; por su parte, el art. 100 LC recoge el contenido de la propuesta de convenio:
Con carácter preceptivo, deberá contener proposiciones de quita y/o de espera pudiendo acumularse ambas- (no obstante, y tratándose de créditos ordinarios, existen
determinados límites).
Con carácter facultativo podrá incluir: proposiciones alternativas para todos los
acreedores o para los de una o varias clases; así como proposiciones de enajenación.
En ningún caso podrá consistir: en la alteración de la clasificación de créditos
establecida por la Ley Concursal, en la alteración de la cuantía de los mismos fijada en el
procedimiento, en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago de
sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación global del patrimonio del concursado para
satisfacción de sus deudas.
3.4.2. Efectos del convenio (art. 133 LC).
El convenio de acreedores adquirirá plena eficacia desde la fecha de la sentencia de su
aprobación. Tales efectos son los siguientes:
Los administradores concursales cesarán en su cargo.
Cesarán los efectos derivados de la declaración del concurso, quedando sustituidos por
los establecidos en el convenio: de este modo, el deudor recupera sus facultades
patrimoniales; asimismo, el convenio no afectará a los acreedores posteriores a la declaración
de concurso, en la medida que éstos no tienen la consideración de acreedores concursales.
3.4.3. Cumplimiento e incumplimiento del convenio.
A) El cumplimiento del convenio.
El deudor informará al Juez del concurso acerca del cumplimiento del convenio, con una
periodicidad semestral -computado dicho plazo desde la fecha de la sentencia por la que se
aprueba el convenio- (art. 138 LC) y, una vez que estime íntegramente cumplido el mismo,
solicitará la declaración judicial correspondiente.
B) Incumplimiento del convenio (art. 140 LC).
En estos casos, la autoridad judicial dictará la correspondiente resolución por la que
se declare incumplido el convenio –resolución que tendrá carácter constitutivo- y, una vez
firme la misma, procederá a la apertura de la fase de liquidación (art. 143.1.5° y 143.2,
párrafo 2º, LC).
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Gastos de comunidad y el concurso de acreedores.
Especial referencia al artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
3.5. FASE DE LIQUIDACIÓN.
3.5.1. La liquidación del concurso: concepto y desarrollo.
La liquidación, ésta puede ser definida como aquella fase del concurso de acreedores
dirigida a convertir en dinero los bienes y derechos que integran la masa activa para el pago
a los acreedores por el orden legalmente establecido; dicha liquidación del concurso puede
dividirse en dos fases: la de realización de las operaciones de la liquidación conforme a un plan
elaborado por la administración concursal o, en su defecto, conforme a las reglas legales
supletorias; y la de pago a los acreedores -si bien el reparto podrá comenzar aunque no
estén terminadas las operaciones de liquidación (artículo 157.3 LC)-. Ello nos conduce a
analizar una serie de cuestiones.
A) Apertura de la fase de liquidación (arts. 142 a 144 LC).
La apertura de la fase de liquidación del concurso puede decretarse por el Juez del
concurso bien a instancia de parte –ya del deudor o de los acreedores-, bien de oficio;
asimismo, y de acuerdo con el art. 144 LC, a la resolución judicial que declare la apertura de
la fase de liquidación, se le dará la publicidad prevista en los arts. 23 y 24 LC.
B) Operaciones de liquidación (arts. 148 a 153 LC).
La realización de las operaciones de liquidación corresponde a la administración
concursal -la cual, como es lógico, actuará bajo la vigilancia del juez del concurso-; así:
tales operaciones pueden llevarse a cabo conforme a un plan de liquidación, el cual
deberá ser elaborado por la administración concursal, estará sometido a la consideración del
deudor, de los acreedores y, en su caso, de los representantes de los trabajadores y deberá
ser aprobado por el Juez;
en defecto de aprobación de dicho plan –y en todo aquello no previsto en el mismo,
en caso de su aprobación- se aplicarán las reglas legales supletorias previstas en el art. 149
LC.
No obstante, cualquiera que sea la forma seguida para la liquidación, los artículos 150
a 153 LC establecen determinadas normas de carácter imperativo.
C) Pago a los acreedores (arts. 154 a 162 LC).
En primer lugar, el pago de los créditos con privilegio especial será siempre
preferente respecto a los bienes y derechos afectos a los mismos (art. 155 LC),
preferencia que se ejercerá con relación a los demás créditos concursales e, incluso, respecto
de los créditos contra la masa -artículo 154.3 LC-.
En segundo término, los créditos contra la masa gozan de prioridad respecto
de los créditos concursales que no disfruten de privilegio especial.
En tercer lugar, una vez satisfechos los créditos con privilegio especial y los
créditos contra la masa, se atenderá al pago de los créditos con privilegio general
(art. 156 LC) por el orden establecido en el art. 91 LC y, en su caso, a prorrata dentro
de cada número del mismo.
En cuarto lugar se procederá, en su caso, al pago de los créditos ordinarios (art. 157
LC).
En último término se satisfarán, en su caso, los créditos subordinados (art. 158 LC) por el
orden legalmente establecido en el art. 92 LC y, en su caso, a prorrata dentro de cada
número.
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Gastos de comunidad y el concurso de acreedores.
Especial referencia al artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
Pues bien, en cualquier estado del procedimiento, una vez se compruebe el
pago de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los
acreedores por cualquier otro medio, concluirá el concurso y se procederá al
archivo de las actuaciones.
3.5.2. Efectos derivados de la apertura y conclusión de la fase de liquidación.
3.5.2.1. Efectos derivados de la apertura de la fase de liquidación:
Son los siguientes:
A) Efectos sobre el concursado (art. 145 LC).
La situación del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del
ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio; asimismo,
habrá que tener en cuenta que:
si el concursado fuese persona natural, la apertura de la fase de liquidación
producirá la extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa activa;
si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de
liquidación contendrá la declaración de disolución de dicha persona jurídica, si no estuviese
acordada y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos
por la administración concursal para proceder de conformidad con lo establecido en la Ley
Concursal.
Igualmente, cuando los administradores concursales hubieran cesado en el ejercicio de
su cargo como consecuencia de la aprobación judicial de un convenio, de acuerdo con el art.
133.2 LC –y sin perjuicio de las funciones que dicho convenio pueda encomendar a todos o
alguno de ellos-, el juez del concurso, una vez acordada la apertura de la fase de liquidación,
los repondrá en el ejercicio de su cargo o nombrará a otros nuevos para que se encarguen de
la liquidación.
B) Efectos sobre los créditos concursales (art. 146 LC).
La apertura de la fase de liquidación producirá el vencimiento anticipado de los créditos
concursales aplazados y la conversión, en dinero, de aquéllos que consistan en otras
prestaciones; además, subsistirán los efectos generales que sobre los créditos del concursado
produce la declaración de concurso -efectos que vienen establecidos en el capítulo II del título
III de la LC (arts. 49 y ss. LC) que hemos examinado con anterioridad, al tratar la fase común
o de tramitación del concurso-.
C) Efectos generales (art. 147 LC).
Asimismo, durante la fase de liquidación seguirán aplicándose las normas contenidas en
el título III de la LC (arts. 40 y ss. LC) relativas a los efectos de la declaración de concurso,
en cuanto no se opongan a las específicas sobre la liquidación –anteriormente vistas-.
3.5.2.2. Efectos derivados de la conclusión de la fase de liquidación y,
consiguientemente, del concurso:
En primer término, cesarán las limitaciones de las facultades de administración y
disposición del concursado, salvo las que se contengan en la sentencia firme de
calificación del concurso; asimismo, en caso de que la conclusión del concurso tenga
lugar por insuficiencia de bienes:
• el deudor seguirá siendo responsable del pago de los créditos restantes;
• por su parte, los acreedores que no hayan sido totalmente satisfechos
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podrán iniciar las pertinentes ejecuciones singulares.
3.6. CALIFICACIÓN DEL CONCURSO.
La calificación del concurso puede ser definida como una operación eventual del
procedimiento concursal destinada a sancionar civilmente aquellas conductas del concursado,
de sus representantes legales, de sus administradores o liquidadores e incluso de terceros que
hubieran provocado o agravado el estado de insolvencia que determina la declaración de
concurso; así, de acuerdo con el art. 163 LC, procederá la formación de la sección de
calificación del concurso (Sección 6ª), procedimiento -regulado en los arts. 167 y ss.
LC- que culminará con la calificación del concurso como fortuito o como culpable (arts. 163.1
y 172.1 LC).
Pues bien, la sentencia que califique el concurso como culpable expresará la causa
o causas en que se fundamente la calificación y, además, deberá contener los
pronunciamientos a que se refiere el artículo 172 LC.
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