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FETE-UGT denuncia que la Consejería continúa con
su despilfarro económico en la prueba CDI de Madrid
y su desconsideración al trabajo docente
Nuestra Federación ha exigido un año más la retirada de la prueba CDI de la Comunidad
de Madrid pues es ineficaz desde el punto de vista pedagógico y supone un despilfarro
económico en una Comunidad que ha realizado y continúa realizando brutales recortes
en Educación en aspectos esenciales.
La consejería de Educación pagará 90.750, 00 euros a la entidad adjudicataria del contrato de “Apoyo
didáctico y técnico para la realización, tabulación, documentación y análisis de los resultados de la
prueba de conocimientos y destrezas indispensables (CDI) para los alumnos de sexto curso de
Educación Primaria y tercero de Educación Secundaria Obligatoria, y la prueba para los alumnos de
tercer curso de Educación Primaria, de la Comunidad de Madrid, en el año 2015” como figura en el
BOCM de 6 de febrero de 2015.
Ya en 2010 realizamos una estimación económica de la misma cuyos cálculos arrojaban la cifra total de
903.799 € (cuadernillos, aplicadores y correctores) gastada por la Administración madrileña en esta
prueba a todas luces innecesaria, ineficaz y sin garantías de calidad y objetividad. Añadíamos a esta
suma los gastos de seguridad privada en la custodia de los exámenes, así como los gastos de
organización o gestión que hubiera podido asumir la propia administración. Cinco años después, la
Administración madrileña continúa malgastando el dinero de los contribuyentes y obligando a
los centros educativos y al alumnado de la comunidad de Madrid a realizar pruebas externas que
luego utiliza para montar un espectáculo mediático, rueda de prensa incluida, a partir de sus
resultados y el famoso ranking de centros.
Desde FETE-UGT Madrid hemos criticado en numerosas ocasiones el uso que cada año la Comunidad
de Madrid hace de la prueba de destrezas, ya que permite e incita a la opinión pública y a los medios de
comunicación a realizar y establecer comparaciones entre los centros escolares, utilizando como base
una prueba que, a juicio del sindicato, ni sirve para evaluar el sistema educativo, ni la calidad de los
centros de nuestra región. El diseño de la prueba no sirve para valorar la calidad del centro educativo y
por ende, del sistema, puesto que su grado de dificultad cambia notablemente de unos años a otros. Por
tanto, no es de extrañar que varíen también los resultados individuales de los centros. Estos exámenes
no evalúan si el alumnado ha adquirido las competencias básicas que, según marca la propia Ley, son
las que deben ser referente sobre “la situación del alumnado, de los centros y del propio sistema
educativo y permitirá adoptar las medidas pertinentes para mejorar las posibles deficiencias”, pues
pretende evaluar exclusivamente conocimientos de algunas áreas. Por tanto, sus resultados no ofrecen
ninguna información global del sistema educativo en su conjunto. Quienes esencialmente disponen de
esa información son los propios docentes que, en el ejercicio directo de sus competencias, pueden
evaluar procesos y no únicamente resultados.
De ahí que nuestro sindicato se manifieste absolutamente en contra de que estas pruebas se
realicen y utilicen como paradigma de evaluación del sistema y para hacer media en las
calificaciones finales de los alumnos. No es de recibo que se implante una selectividad en Educación
Obligatoria. Del mismo modo, es la Inspección educativa, junto a los profesionales de los centros,
quienes deberían participar en el análisis de los resultados y proponer medidas concretas y
diferenciadas para mejorar la calidad y la evolución en los procesos de aprendizaje de los alumnos.
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