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III- FUNDAMENTOS:
La sentencia apelada causa a mi parte los siguientes agravios:

El fallo “Isla” que V.S. ha citado para fundar su resolución, al día de su dictado e
inclusive al día de la fecha, no se encuentra firme, no constituye doctrina legal, por lo
que el art. 54 inc. b) de la Ley 8904 se encuentra plenamente vigente. El Sr. Juez debió
ordenar aplicar la tasa activa en las sumas reclamadas por el suscripto en concepto de
honorarios profesionales ya que así lo establece la normativa vigente.

Asimismo el Art. 622 del Código Civil establece que "el deudor moroso debe los
intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si
no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales
hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán
el interés que debe abonar". Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial, vigente a
partir del 1/8/2015, en su Art. 768 establece: “Intereses moratorios. A partir de su
mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo
que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales. c) en subsidio,
por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”. Por lo tanto,
debe estarse a lo establecido en la ley especial de honorarios profesionales en la
provincia de Buenos Aires Nº 8904. Es la propia SCBA quien en autos ·Ponce, Manuel
Lorenzo y otra c/ Sangalli, Orlando Bautista y otros s/ Daños y perjuicios” SCBA, C
101774 S 21-10-2009, se había expedido respecto de la tasa activa “…Más allá de los
fundamentos utilizados por el juez de grado para seleccionarla (art. 622, Código Civil),
la aplicación de una tasa de interés de mercado -la denominada activa- no importa
quebrantar la prohibición de indexar, ya que esto último ocurre fundamentalmente
cuando se revalúa el capital de una deuda en dinero en función de determinados
índices oficiales (costo de vida -precios al consumidor-, precios mayoristas, costo de la
construcción, etc.) que dan una pauta indirecta acerca de las variaciones
experimentadas por el poder adquisitivo de la moneda..”.

Por su parte, a los abogados que litigan en la justicia nacional, por ley se les aplica la
tasa pasiva para actualizar sus honorarios, ya que así lo determina el Art. 61 de la Ley
21.839, y a quienes lo hacen en la Provincia de Buenos Aires, se les aplica la tasa
activa, ya que así lo determina la Ley 8904 en su Art. 54. Lo paradójico de tal situación,
es que mientras la SCBA con fecha 10-6-2015, dicta el Fallo “Isla” derogando la tasa
activa, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal, el 29-5-2015
en autos "Arasanz, Antonio Domingo c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina
s/ Cobro de sumas de dinero", resolvió la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley
21.839 y admitió la aplicación de la tasa activa para actualizar honorarios
profesionales. En su sentencia los Camaristas Graciela Medina, Alfredo Gusmán y
Ricardo Guarinoni, hicieron lugar al planteo de los letrados que solicitaron la no
aplicación de la tasa pasiva sobre sus honorarios ya que ante las situaciones
económicas reinantes, la misma no cumple con el objetivo de resarcir la mora en el
pago de sus honorarios. Recordaron los magistrados que " si bien la variación de la
tasa bancaria tiene en cuenta -entre otras razones- la pérdida del valor adquisitivo de
la moneda, no se debe confundir la repotenciación de la deuda, cuyo objetivo es
mantener intangible el crédito, con la aplicación de los intereses moratorios, que
presupone compensar al acreedor por la demora en el cobro de ese crédito. De lo que
aquí se trata es de esto último, de manera que la circunstancia de disponerse el pago
de intereses moratorias a una tasa que supera la medida del envilecimiento de la
moneda, no significa que se esté indexando la deuda, sino que tan sólo se decide, en
un lapso en que la ley no tolera repotenciaciones, cuál es el interés moratorio
aplicable, para lo cual es menester recurrir al precepto vigente del arto 622 del Cód.
Civil". Sobre ese punto, los jueces señalaron que la aplicación de la tasa activa no
debía entenderse como prohibida, en razón de que ley 23.928 no admite "la
indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra
forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes,
obras o servicios; pero no refieren a las tasas de interés moratorio que se aplica a una
situación especial, tan particular como el caso de las obligaciones de dar sumas de
dinero otrora pactadas en dólares para cuya devolución resulta aplicable la normativa
vigente en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o el Coeficiente
de Variación de Salarios (CVS), o el que en el futuro los reemplace, ambos de neto
contenido indexatorio y que la misma Ley de Emergencia Pública y Reforma del
Régimen Cambiario establece". Además de ello, precisaron que la tasa activa ya se
estuvo aplicando "a diversas relaciones jurídicas por los Tribunales cuando deben fijar
la tasa en ausencia de alguna disposición legal o particular", por lo que los magistrados
se preguntaron "¿cuál es la razón para fijar régimen especial a las deudas de los
honorarios de los abogados, y que los desiguale con otros acreedores de intereses
moratorios en períodos de distorsión económica?". Los jueces se adentraron en el
contexto histórico en el que se dictó la Ley 24.432, que introdujo la tasa pasiva al
artículo 61, y dedujeron que la finalidad de la reforma introducida por la Ley era
"Impedir que el profesional acreedor sufra una merma en el capital como
consecuencia de todo proceso inflacionario y por eso se enfatiza en el texto del arto 61
de la Ley 21.839, la vigencia de la actualización con anterioridad a la fecha de corte de
la Ley de Convertibilidad", segundo "evitar la incertidumbre que por la aplicación de
disímiles criterios interpretativos podría traer aparejada la pauta de dejar librada a la
discrecionalidad del juez la fijación de una tasa, que impone como única (la pasiva)" y
por último "propender a la solución del problema que trae aparejado el tema central
del proyecto de “Disminución del costo de los procesos judicial'". Con todos estos
elementos, los integrantes de la Sala concluyeron que "encorsetar la decisión judicial a
la fijación de una tasa de interés con sustento en un criterio jurisprudencial que rigió
para otras circunstancias económicas del país constituye una verdadera situación
paradojal, en la que se termina por generar el efecto injusto no deseado, ya con en el
pretexto de la seguridad jurídica se atenta contra el derecho que con esa garantía se
quiere proteger al no contemplar la realidad económica y desconocer la necesidad de
armonizar las disposiciones aplicadas que se vinculan con el patrimonio del profesional
afectado". Además, expusieron como fundamento los criterios de Vélez Sarsfield al
redactar el primer Código Civil, en cuya nota al artículo 622 manifestó haberse
"abstenido de proyectar el interés legal, porque el interés del dinero varía tan de
continuo en la República" y los principios del nuevo Código Civil y Comercial, que
entrará en vigencia el próximo 1º de agosto. Sobre el nuevo Cod. Civil y Comercial, el
fallo recalcó "es flexible a las adaptaciones al medio económico y remite a las
reglamentaciones del Banco Central y a las tasas que sean adicionadas por el juez
"según las circunstancias del caso" para fijar el monto de la indemnización por mora en
las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto (art. 552).
Lo propio hace con los intereses compensatorios en las obligaciones de dar suma de
dinero cuando la tasa no fue acordada por las partes, ni por las leyes (debe entenderse
a aquellas no cuestionadas por su inconstitucionalidad), ni resulta de los usos (art.
767)".

Entendemos que no puede confundirse conceptualmente una tasa de interés cualquiera sea su guarismo- con un mecanismo de repotenciación o indexación de
deudas, tal como lo hace la mayoría en el fallo Isla. La repotenciación de la deuda tiene
por objetivo mantener intangible el crédito. En cambio, la aplicación de los intereses
moratorios presupone compensar al acreedor por la demora en el cobro de ese
crédito. Aunque se dispusiera el pago de intereses moratorios a una tasa que superara
la medida del envilecimiento de la moneda -lo que no necesariamente ocurre en el
caso de la tasa activa- ello no significa que se esté indexando la deuda, sino que tan
sólo se decide, en un lapso en que la ley no tolera repotenciaciones, cuál es el interés
moratorio aplicable (CNCiv. y Com. Fed, Sala I, causa 2094/92 del 26/05/1994 y sus
citas). Así, la función del interés moratorio en las obligaciones de dar sumas de dinero
es compensar al acreedor de los perjuicios e intereses que debe el deudor moroso (v.
nota al art. 622 del Código Civil) de modo tal de cumplir con el requisito la integralidad
del pago plasmado en el texto del Art. 505 del mismo Código. Tanto así que el Art.
1740 del Código Civil y Comercial establece que la plena reparación del daño debe
consistir en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho
dañoso, lo que obviamente incluye el pago de los intereses respectivos a una tasa que
cumpla tal función resarcitoria.

Asimismo no desconoce V.S. que actualmente se aplican tasas muchísimo más altas
que la prevista por el art. 54 inc. "b" de la Ley 8904 sin que resulten tachadas de
inconstitucionales o indexatorias. Por lo tanto, vedar su imposición a los honorarios
profesionales implicaría una violación a las garantías de igualdad ante la ley y
protección de la propiedad (arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional). En efecto, los
artículos 96 y 104 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires imponen intereses
a la tasa activa por sobregiro en cuenta corriente -que es la más alta disponibleincrementada en un 100% y 150% respectivamente. Si se admitiese el criterio de la
mayoría de la Suprema Corte de Justicia (in re"Isla", ya citado) según el cual la
aplicación de la tasa activa a los honorarios profesionales implica una indexación en
razón del porcentaje del interés, con mucho más razón habría que admitir entonces
que las tasas de interés previstas por el Código Fiscal resultarían todavía más
indexatorias e inconstitucionales que la Ley 8904.

Por otro lado, son varias las disposiciones legales que establecen tasas de interés que
exceden incluso a la tasa activa. Además de lo ya expuesto respecto del Código Fiscal,
el art. 552 del Código Civil y Comercial impone a los alimentos atrasados los intereses a
la tasa más alta que se permita a los bancos cobrar, con más la que el juez determine.
Y los arts. 565 del Código de Comercio y 52 del Decreto 5965/63 establecen la
aplicación de la tasa activa, sin que se haya declarado nunca su inconstitucionalidad
por una supuesta colisión con la Ley 23.928.

De su lado, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que los
intereses que cabe reconocer a partir del 1° de abril de 1991 deben calcularse a la tasa
que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de
descuento (Fallos 324:155).

La interpretación sistémica de la norma impone admitir que el inc. "a" del art. 54
citado se refería a la indexación, mientras que el inc "b" alude sólo a intereses,
conceptos que -como se ha visto- no pueden confundirse.

No podemos obviar que la aplicación de la tasa pasiva a los honorarios profesionales
resulta violatoria de la Constitución Nacional en tanto no sólo no alcanza a reparar el
daño moratorio, sino que ni tan siquiera mantiene el valor del crédito alimentario que
los honorarios representan, premiando en cambio al deudor que se beneficia con la
falta de pago a través del "dinero judicial barato" (CNTrab., Sala VIII, causa
34.235/2007, sent.: 34446 del 14/08/2011). Y así se ha dicho que mediante la
aplicación de la tasa pasiva a los honorarios de abogados "…se estaría beneficiando el
interés ilegítimo del deudor moroso en contra del derecho a la dignidad de la persona
del acreedor, manifestada por la expresión y el reconocimiento de la actividad que fue
fuente generadora de los recursos por el trabajo desplegado; acreedor que vería
menguado su patrimonio recibiendo un trato desigual al de otros acreedores de
deudas dinerarias en las mismas condiciones económicas imperantes; todo ello en
clara contraposición a los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 28 y 31 de la Constitución Nacional."
(CNFedCivyCom, Sala II, in re "A., A. D. y Otros c. Estado Nacional Prefectura Naval
Argentina s/ cobro de sumas de dinero", del 29/05/2015, en LL 2015-C, 613). Lo
anterior resulta agraviante a las garantías asignadas por la Constitución Nacional al
trabajo personal, a la igualdad y a la propiedad (arts. 14 bis, 16 y 17). Máxime cuando
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que "... El crédito por
honorarios está amparado por el derecho constitucional a la justa retribución por el
trabajo personal." (art. 14 bis de la Constitución Nacional; C.S.J.N., Fallos 293:239 cons.
7 in fine) y es, por ende, de carácter alimentario (C.S.J.N. Fallos: 294, 434 cons. 10).

Pretender aceptar una actualización de los honorarios a tasa pasiva, consideramos no
resulta razonable ya que –en los últimos tres años- la misma a oscilado entre el 6,5 y el
11% anual (tasa pasiva común) y que -incluso- para algunos períodos se ha situado en
porcentuales por debajo de la evolución de los índices de precios al consumidor
proporcionados por el Indec.

Con la aplicación del fallo “Isla” no solo se afecta de manera directa y flagrante la
retribución profesional, sino también, el patrimonio de la Caja de Previsión Social para
Abogados, violándose lo normado en el Art. 24 de la Ley 6716. Consecuentemente, se
verá perjudicada la jubilación futura del suscripto y los haberes y beneficios que hoy
perciben los abogados en pasividad y prestaciones de los que estamos en actividad.

Reiteramos, la tasa de interés establecida en el art. 54 inc. B del decreto ley 8904/1977
no constituye un mecanismo equiparable a una indexación por precios o actualización
monetaria contrario a las prohibiciones que al respecto establece la ley 23.928 y que
fueron ratificadas por la ley 25.561, ello conforme fuera sostenido también por
mayoría por la SCBA en el precedente “Banco Comercial” (Ac. 77.434) y que ha variado
con el reciente fallo en tratamiento. Asimismo como fundamento de esta postura, me
remito a los argumentos vertidos en el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de
Capital Federal antes citado (punto segundo).

Resulta necesario destacar que, con el fallo dictado por la SCBA, la mayoría de la Corte
Provincial ha entendido justo que Los créditos de todos aquellos que deban recurrir a
la justicia para reclamar se compensen por el tiempo de la mora con tasas pasivas del
11 % anual sin acumular (con alguna excepción), ahora también a pesar de que una ley
especial establece lo contrario, los honorarios de los abogados corren igual suerte.
Mientras tanto los créditos del Poder Financiero, de los poderosos que no necesitan de
los estrados judiciales, se actualizan con tasa activa que representa más del 36% anual
acumulativo. Y más preocupante aún, es que quienes han determinado que la gran
mayoría tenga una actualización por mora del 11% anual, es decir los miembros del
Poder Judicial, poseen salarios que son adecuados en sintonía con la tasa activa (30%
anual acumulativo).

Resulta interesente recordar también, que La Ley 8904, fue dictada en el año 1977, y
respecto de ella el reconocido autor Roberto Berizonce en su artículo “la nueva ley de
aranceles para abogados y procuradores de la Provincia de Buenos Aires Nº 8904 – Sus
principios básicos” publicado en “Jurisprudencia Argentina” el 7-12-1999, pág. 1 a 9,
manifestó “el equilibrio de la ecuación económica entre la labor profesional y su
retribución, había sufrido un duro e insuperable embate, principalmente a partir de la
eclosión del fenómeno inflacionario que erosionó con singular intensidad toda la
economía del país al filo del primer semestre de 1975” . Ahora debemos preguntarnos,
si la Ley 8904 fue creada a los efectos de paliar tales situaciones y garantizar la
retribución de los emolumentos profesionales, porqué en el año 2015, luego de una
ola inflacionaria que lleva varios años, el Alto Tribunal deroga la pauta principal que ha
garantizado -en alguna medida- la retribución de los abogados? El fallo dictado por la
SCBA es un verdadero absurdo.

Es importante destacar que el fallo “Isla” ha sido votado por mayoría, de cuatro a tres,
y sumado a ello, los cuatros votos afirmativos fueron por variados fundamentos, por
lo que entendemos que el mismo no constituye doctrina legal para los tribunales
inferiores.
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La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter
oneroso y el crédito por honorarios profesionales comporta una prestación de tipo
alimentaria, y es la contraprestación que reciben los profesionales independientes por
el ejercicio de su profesión, y en este sentido no difieren, en sustancia, de los sueldos y
salarios que perciben quienes trabajan en relación de dependencia. Lamentablemente,
lo que sí difiere V.S., es que mientras los asalariados poseen paritarias anuales que
determinan la actualización de sus haberes, los abogados deben, en primer término,
obtener el cliente, en segundo término luchar contra la morosidad crónica del Poder
Judicial en la gran mayoría de sus fueros y luego, ver si pueden cobrar los honorarios
por la tarea efectuada, y cuando no nos pagan, soportar –ahora- una tasa del % 11
anual, lo cual entiendo resulta totalmente injusto.

En caso de haber ejercido un tiempo la profesión liberal o simplemente con tener
amigos o familiares que sean abogados de la matrícula, seguramente V.S. conoce las
circunstancias antes señaladas, por lo que entiendo, que el hecho de formar parte del
sistema judicial (quizá privilegiado en el aspecto económico: actualización en
porcentuales similares a
la tasa activa, intangibilidad, estabilidad, etc), por una
cuestión de solidaridad, no debería abstraerse de la realidad que hoy atraviesan
quienes fueran sus colegas. Es por ello que los magistrados, encargados de valorar
pecuniariamente nuestro trabajo en base a la normativa vigente (Ley 8.904), al
momento de analizar cuestiones de trascendencia como la aquí planteada, deben
tener presente conceptos como los vertidos por el Ministro de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Carlos Fayt en su publicación de LA LEY ACTUALIDAD del 3/4/90, pag. 3
donde dijo: "la profesión legal tiene la jerarquía de un verdadero ministerio público,
cuya independencia y libertad aseguran su fuerza y garantizan su virtud. Los abogados
no pueden desinteresarse de la grandeza de la magistratura, como tampoco a ésta
serle indiferente la suerte de la abogacía". Y considero, que aplicar este fallo al cual la
colegiación legal toda ha rechazado enérgicamente, significaría ser indiferente, en
definitiva, a la abogacía.