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Punto de Acuerdo
De los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Alejandro
Encinas Rodríguez, Layda Sansores San Román, Luis Sánchez Jiménez,
Manuel Bartlett Díaz, Fernando Mayans Canabal, Octavio Pedroza Gaitán,
Francisco Salvador López Brito, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis
Hidalgo y Víctor Hermosillo y Celada, con punto de acuerdo que exhorta
a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco
de México a realizar las investigaciones y fincar las responsabilidades
penales y administrativas correspondientes, derivado de la participación
del gobernador del estado de Chihuahua en supuestos delitos de
enriquecimiento ilícito.
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Compañeras senadoras y compañeros senadores:
México vive un momento complejo, un momento delicado.
La debilidad institucional está a la vista del mundo, ese mundo al que
temporalmente se logró embaucar con el cuento de que aquí surgía una clase
política renovada y un presidente moderno y reformador.
A menos de 2 años, el régimen está exhibido en su agotamiento; el gobierno al
borde del colapso, y aquel Presidente de la República, poco a poco desaparece.
Lo sustituye un presidente amenazador, al que le brota rápidamente un tufo
autoritario que anticipa la represión como una muestra más de la incapacidad
para comprender lo que está pasando en las calles de México; un reclamo de
justicia; una exigencia social en contra de la impunidad.
Es un momento de enorme vulnerabilidad para el país, porque al horror de
Iguala, a los fusilamientos de Tlatlaya, se suman ahora escándalos de
corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias y ocultamientos
patrimoniales que tocan al más alto nivel del poder público en México, como es la
mismísima Presidencia de la República.
Blanco de la nueva indignación nacional desde la revelación de existencia de esa
mansión, de mal gusto, conocida como la “casa blanca”, y más ahora, frente al
intento de engatusamiento nacional, que vimos anoche, para explicar su
existencia.
En un momento como éste, estoy convencido que es fundamental que el Senado
de la República, pero particularmente el Partido del Gobierno, valore la
importancia de apoyar la propuesta con punto de acuerdo, que 43 senadores de
la República, hemos suscrito y planteado para darle seguimiento puntual a las
denuncias penales, que el licenciado Jaime García Chávez, interpuso en contra
del gobernador del estado de Chihuahua, César Horario Duarte Jáquez, de Jaime
Herrera Corral, –no es pariente mío—secretario de Hacienda del gobierno del
estado y Carlos Gerardo Hermosillo, presidente de la Junta Central de Aguas y
Saneamiento, derivado de su participación en la creación del nuevo Banco
Progreso de Chihuahua, y de la que resultan hechos que pueden constituir
diversos delitos, como: peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de
funciones, uso indebido de atribuciones y facultades.
¿Por qué es importante apoyar este punto de acuerdo?
¿Y por qué debemos exhortar a una autoridad a que cumpla con lo que es su
deber constitucional y legal?
¿Por qué tenemos que hacer un exhorto?
Lo voy a explicar. Primero. Es importante apoyar el punto de acuerdo, porque la
denuncia, que ha sido respaldada ya por miles de ciudadanos de Chihuahua, con
su firma, y yo soy una de esas firmas, es una denuncia sólida, con elementos
probatorios muy importantes para el Ministerio Público.
Plantea con toda claridad, una larga y sofisticada maquinación fraudulenta de la
ley y de los recursos económicos que administra el gobernador Duarte y varios
de sus más cercanos colaboradores.
La denuncia, aporta pruebas contundente de la manera en la que el gobernador
de Chihuahua, decidió hacerse, al mismo tiempo, banquero y gobernador;
convirtiéndose en el socio con mayor participación accionaria del Banco Unión
Progreso, con el 15% de las acciones, mediante un contrato de fideicomiso, el
744 mil 743, por 65 millones de pesos, que constituyó con su señora esposa
Bertha Olga Gómez Fon.
Aquí tengo, el contrato de fideicomiso, con la fiduciaria Banorte. Contrato de
administración e inversión, con la instrucción a la fiduciaria, de depositarse 65
millones de pesos en el capital de Banco Progreso de Chihuahua.
Banco que fundó, que es socio, que dirige, ni más ni menos, que el secretario de
Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, Jaime Herrera Corral.
Aquí tengo conmigo, el Diario Oficial de la Federación, del 21 de marzo del 2014,
en el que funge como promotor y director.
Pero para quien esta doble actividad, no constituye ningún conflicto de intereses,
no obstante que tenemos documentado. Aquí tengo la lista, que del 2012 a
octubre del 2014, el gobierno del estado ha realizado 381 depósitos de fondos
públicos al Banco Progreso de Chihuahua o Unión Progreso de Chihuahua, porque
es la institución que el gobierno del estado escogió para su flujo de capital.
Tengo en mi poder, los 381 registros de transferencias del gobierno del estado, a
Unión Progreso de Chihuahua. En un solo día, el 2 de diciembre del 2013, el
gobierno del estado, depositó al banco, del que es socio el gobernador, la
cantidad de 1,208 millones de pesos. Escucharon bien.
En tres depósitos, uno de 400 millones de pesos.
Otro de 408 millones 157 mil pesos.
Y un tercero, de 400 millones de pesos.
Suman, 1,208 millones 157 mil pesos.
Debemos apoyar este punto de acuerdo. Porque la denuncia es una apuesta por
el Estado de derecho.
Es una apuesta por las instituciones. En un momento en el que diversos
radicalismos, plantean otras vías para dirimir nuestras diferencias y solucionar
nuestras problemas…
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Permítame, senador Corral.
Les pido a las y los senadores pongamos atención al orador.
Disolvamos los grupos de conversación y nos incorporemos a los planteamientos
que está haciendo el senador en tribuna. Gracias.
Adelante, senador Corral.
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, por la atención que me
presten.
Creo que es un asunto que debiera interesarles.
Porque además, no los prestigia, toda vez que el gobernador de Chihuahua, es
uno de los miembros distinguidos del PRI.
Creo que por lo menos atención, debiera ponerse a este tema, que tendrá
enormes consecuencias.
Muchas gracias.
Insisto, que la denuncia es una apuesta por el Estado de derecho. Es una
apuesta por las instituciones, en un momento, digo, que radicalismos diversos
plantean otras vías.
La gente se desespera, y lanza convertida en piedra su indignación; cuando los
cauces legales no funcionan, no sirve, no son eficaces.
Por eso es importante sumarse, apoyar el punto de acuerdo. Para no ser aval ni
comparsa de nadie; para que no se reproduzca el sistema de las tapaderas. En
donde se funda la base de la cultura y del pacto de impunidad.
Este punto de acuerdo, compañeras y compañeros, tiene elementos probatorios
de enorme valor para el Ministerio Público, que debiera originar, incluso, la
licencia inmediata del gobernador del estado de Chihuahua, de César Duarte.
Para enfrentar el juicio, la denuncia de carácter penal. Como otras de carácter
administrativo, porque se han puesto denuncias de carácter penal y
administrativo.
La pregunta que nos tenemos qué hacer en este Senado.
¿Es si denuncias de este calado? ¿Si denuncias robustas, con elementos, como
los que estamos planteando, pueden tener no consecuencias o puede no pasar
nada?
Eso es lo que suscita la indignación de la gente.
Esta denuncia no es un rumor como el que corría hace años en Chihuahua,
donde se advertía que el gobernador incrementaba exponencialmente su fortuna,
sin actividad empresarial o herencia que la justificara.
Porque en el centro, está el enriquecimiento ilícito del gobernador de Chihuahua.
Si el patrimonio de una persona, es la suma de los ingresos del comercio, de la
actividad empresarial, del salario, de la herencia, de la donación, a Duarte, no le
dan todas juntas, para verse convertido en el nuevo rico de nuestro estado.
¿Y por qué debemos exhortar a una autoridad a que cumpla su deber?
¿Por qué tenemos que hacerlo?
Porque desde el pasado 22 de septiembre, se presentó esta denuncia penal y no
han movido un dedo.
Ni en la PGR, ni en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ni el teléfono
contesta el secretario de Hacienda.
¿Saben por qué?
Porque hoy mismo ya, el gobernador de Chihuahua, dijo en una entrevista
publicada en el Sol de México, que el secretario de Hacienda, está enterado de
todo. Pues fue el que le autorizó el banco, y lo menciona, Luis Videgaray está
enterado de todo.
Fue el que le autorizó el banco, y lo menciona, Luis Videgaray está enterado de
todo. Pues cómo nos va a contestar el teléfono el Secretario de Hacienda.
¿Quién es el Procurador General de la República? El licenciado Jesús Murillo
Karam, un personaje al que yo aposté hace mucho tiempo. Incluso cuando aquí
se le propuso como Procurador yo voté por su ratificación, pensé que a Murillo le
iba a ganar el deber constitucional sobre su militancia partidista; pero es el ex
Secretario General del PRI, es el ex delegado de la campaña de Enrique Peña
Nieto en el Estado de México, es el ex gobernador del estado de Hidalgo.
No puede Murillo Karam sobreponer al interés del país su filiación política
partidista, ni siquiera a abierto un expediente, una indagatoria, no le ha dado un
número de oficio; es más, no ha ni siquiera llamado a ratificar la denuncia. Por
eso necesitamos exhortarlos a que hagan las indagatorias y las pesquisas, las
averiguaciones pertinentes con autonomía, con independencia, con
imparcialidad.
Que tenga consecuencias jurídicas, que pasen cosas cuando un ciudadano con
valor civil, como lo ha hecho Jaime García Chávez, decide presentar una
denuncia de este calado. El Senado no puede reforzar la cultura de la impunidad
ni la cultura de la complicidad.
Señoras senadoras; señores senadores:
Aunque la alternancia ha traído un mayor juego de la representación popular en
el Congreso, ciertos equilibrios y nuevas formas de participación ciudadana,
todos lo sabemos, el régimen es exactamente el mismo, está intacto en sus ejes
de funcionamiento esencial. Y el más importante de ese sistema, corrupto y
corruptor, es el pacto de impunidad entre la clase política gobernante.
Reforzado como nunca antes en nuestra historia reciente por la convivencia
misma del sistema de partidos en el ejercicio del poder, porque en estricto
sentido no hay una voluntad política para acabar con ese pacto. Porque incluso
aquí mismo, cuando uno plantea puntos de acuerdo el otro partido amenaza con
sacarle al otro partido sus trapitos al sol.
Pues qué bueno, vengan de ahí, los estamos esperando al debate para ver si de
una vez por todas le ponemos un hasta aquí a la cultura de complicidad al
sistema de tapaderas, al pacto de impunidad. Lanzo dos retos: a la bancada del
Grupo Parlamentario del PRI en el mejor sentido de un lance parlamentario, aquí
no se trata de envalentonadas, lanzo dos retos.
Discutamos este tema hoy, discutámoslo, planteen sus dudas, nieguen los
elementos que estoy diciendo, desmiéntanme en la tribuna del Senado, vengan y
defiendan a Duarte, y luego votemos por obvia y urgente resolución el exhorto a
Murillo Karam. Murillo Karam debe saber que el Senado ha decidido poner en la
mira de su atención esta denuncia penal, somos 43 senadores de la República,
del PAN, del PRD, del PT.
No les llama al Grupo Parlamentario del PRI un punto de acuerdo respaldado por
43 senadores en el momento actual que vive México, en el escándalo
internacional por la Casa Blanca, en el dolor que provoca Iguala. Ustedes tienen
la palabra, y espero que, por lo menos, discutamos el asunto.
Por su atención, muchas gracias.