1. No category

Economía y Sociedad
AÑO XIV/ No. 24 /Julio-Diciembre de 2009
Economía pública,
desarrollo local
y crisis hipotecaria
en Estados Unidos
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Facultad de Economía «Vasco de Quiroga»
Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo
Dra. Silvia Figueroa Zamudio
Rectora
Dr. Raúl Cárdenas Guerrero
Secretario General
Dr. Benjamín Revuelta Vaquero
Secretario Académico
M. E. y A. S. Amalia Ävila Silva
Secretaria Administrativa
Mtro. José Napoleón Guzmán Ávila
Coordinador de Investigación Científica
Dr. Medardo Serna González
Coordinador General de Estudios de Posgrado
Economía y Sociedad
es una revista semestral,
abierta al debate, que
impulsa el análisis y la
discusión permanente
de la realidad económica-social con artículos
arbitrados, publicada
por la Facultad de
Economía de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH). El contenido de los artículos es
responsabilidad única
de los autores. Correspondencia, publicidad
y canje: Edificio «T»,
Ciudad Universitaria,
Morelia, Mich., México.
Tel y Fax: (443) 316 71
52 y 326 16 17. Correo
electrónico:
[email protected]
C.P. Horacio Guillermo Díaz Mora
Tesorero General
Lic. María del Rosario Ortiz Marín
Secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria
F a c u lt a d d e E c o n o m í a
Lic. Heliodoro Gil Corona
Director
M.A. Arturo Álvarez Toledo
Subdirector
M.C. Rodrigo Gómez Monge
Secretario Académico
Lic. Oscar Olivera Reyes
Secretario Administrativo
directorio
Director de la Revista
María de la Luz Martín Carbajal
Jefe de edición
René Colín Martínez
Comité Editorial Externo
Jaime Ros, University of Notre Dame
Theotonio Dos Santos, Universidad Federal Fluminense
Jorge Katz, Universidad de Chile
Fausto Hernández Trillo, Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C., CIDE
Anthony P. Thirlwall, University of Kent, Inglaterra
Arnold Zellner, University of Chicago
Rajah Rasiah, University of Malaya, Malasia
Jorge Mattar, CEPAL, México
Alicia Girón González, IIE-UNAM
Miguel Hernández Madrid, COLMICH
Javier Jasso Villazul, FCA-UNAM
Jorge Carrillo, COLEF
Jordi Molas Gallart, Universidad Politécnica de Valencia
Paulo N. Figueiredo, Escuela Brasileña de Administración Pública
y Empresas
Carlos Montalvo, TNO, Netherlands Organisations for Applied
Scientific Research
Roberto Sbragia, Universidad de São Paulo
Francisco Venegas - Martínez, Instituto Politécnico Nacional
Eliseo Díaz González, El Colegio de la Frontera Norte
Comité Editorial Interno
Andrés Solari Vicente
Salvador Padilla Hernández
Arcelia Gonzáles Butrón
Dante Ariel Ayala Ortiz
Eduardo Nava Hernández
Jorge Martínez Aparicio
Juan José Jardón Urrieta
Pablo Chauca Malásquez
Luis Guillermo Villaseñor Baez
Erika Jenny González Mejía
Revista indexada en:
RedALyC: www.redalyc.org
Publicaciones en red:
http://www.economia.umich.mx
ISSN 1870-414X
Diseño gráfico: Víctor Rodríguez Méndez
Foto:
CONT E NIDO
Presentación
7
Abstracts 11
La falta de gasto público obstaculiza el desarrollo
regional en México
Eudoxio Morales Flores
15
Evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. El caso de los Fondos
Regionales en Zitácuaro (Michoacán)
Marcos Antonio Aldana Sánchez
Andrés Solari Vicente
49
Relación entre el gasto catastrófico en salud
y la ausencia de derechohabiencia de las personas
de la tercera edad en Tzintzuntzan, Michoacán
René Colín Martínez
Cecilia De la Luz Hipólito Olivares
77
Localización de Arreglos Productivos Locales (APL):
contribuciones para el análisis regional
Ma. Beatriz García Castro
Zorayda Carranco Gallardo
Juan Andrés Godínez Enciso
93
Los procesos de descentralización educativa
y sus resultados: Un análisis para Argentina
María Marta Formichella
Natalia Krüger
Mara Rojas
111
La crisis hipotecaria de Estados Unidos
y sus repercusiones en México
María de Lourdes Cárcamo Solís
María del Pilar Ester Arroyo López
127
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
P R E S E NTACI Ó N
E
n esta vigésima cuarta edición de Economía y Sociedad ratificamos el esfuerzo editorial de la Facultad de Economía por
difundir la literatura económica y social que se piensa y escribe en México y en otros países de América Latina.
Con esta actividad estratégica para la Universidad Michoacana
colaboramos con una de las tres funciones esenciales del quehacer
científico: la difusión de la cultura y del conocimiento económico
y social.
Para realizar esta tarea podríamos decir, como lo hizo Henri
Poincairé en su Filosofía de la Ciencia, que la única fuente de la
verdad es la experiencia: sólo ella puede enseñarnos algo nuevo;
sólo ella puede darnos la certeza. Estas son dos afirmaciones que
–quizá- nadie podría discutirle al autor. Sin embargo, él mismo
aclara que no es suficiente observar, es preciso utilizar esas observaciones y para ello es necesario generalizar. Pero ¿qué es entonces
una buena experiencia? Se pregunta y responde: es la que nos hace
conocer algo más que un hecho aislado o es la que nos permite
prever, es decir, una buena experiencia nos permite generalizar.
Pero, ¿nos interesan las generalizaciones, aun la verdad?
¿Tienen alguna importancia? … donde la ignorancia es una bendición es una locura ser sabio, escribió el poeta Thomas Gray.
Pero ¿es así? Edmund Way Teale en el Círculo de las estaciones,
planteó mejor el dilema: moralmente es tan malo no querer saber
si algo es verdad o no, siempre que permita sentirse bien.
Más aún, ¿Qué actitud es la que nos equipa mejor para sobrevivir a largo plazo? ¿Qué nos da una mayor influencia en nuestro
futuro? Y si nuestra ingenua autoconfianza queda un poco socavada
en el proceso, ¿es tan grande la pérdida, en realidad? ¿No hay
motivo para darle la bienvenida como una experiencia que hace
madurar e imprime carácter?
No habría que preocuparse según Sagan (1995), sencillamente,
no hay vuelta atrás. Nos guste o no, estamos atados a la ciencia
… y lo mejor sería sacarle el máximo provecho.
Así, dado que la verdad, la realidad y la experiencia de México
y América Latina es diversa la revista Economía y Sociedad ha
7n
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
dado cabida en sus páginas a estudios e investigaciones multidisciplinarios y, en esta edición: Economía Pública, Desarrollo Local y
Crisis Hipotecaria en Estados Unidos se publican investigaciones
que desde diferentes perspectivas abordan problemas complejos
de economía pública y desarrollo local.
Eudoxio Morales argumenta las razones por las cuales el gasto
público no ha cumplido con la función de ser promotor del desarrollo regional. El gasto público es uno de los instrumentos más
importantes para avanzar en el cumplimiento de los objetivos del
desarrollo regional, pues contribuye no sólo a generar crecimiento económico con equidad y sustentabilidad regional, reducir el
riesgo de crisis sistemáticas, sino a facilitar recursos para reducir
las desigualdades territoriales y sociales, al hacer hincapié en la
disminución de la pobreza y la marginación.
Y no sólo eso, con el gasto público se resuelve importantes
problemas como el de salud. En este caso René Colín y Cecilia
de la Luz Hipólito abordan el tema del gasto en salud para las
personas de la tercera edad en el municipio de Tzintzuntzan,
Michoacán. Desde su perspectiva, la situación es relevante los
adultos mayores presentan, además de crecientes dificultades de
salud, problemas relacionados con bajas oportunidades laborales
y, por lo tanto, de ingreso.
En este mismo espacio, Marco Antonio Aldana y Andrés Solari,
evalúan los programas para el desarrollo de zonas indígenas al
tomar por estudio de caso los Fondos Regionales en Zitácuaro,
Michoacán. La preocupación fundamental de los autores se centra
en explicar cómo es que los proyectos productivos como una estrategia de combate a la pobreza han impactado en el desarrollo
local de las comunidades indígenas en el municipio de Zitácuaro.
El problema no es, a decir de los autores, económico. Más bien
se refieren a la falta de liderazgo para incorporar a dichas comunidades en el manejo de los proyectos productivos para generar
desarrollo.
En este sentido también con la contribución de María Beatriz
García, Zorayda Carranco y Juan Andrés Godínez, se puede
n8
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
descubrir que los arreglos productivos locales, como espacios de
producción sectorial y localmente compartidos, permiten fortalecer
la cohesión social entre los agentes en la medida en que establecen
fuertes relaciones y se generan sinergias que propician la obtención
de ventajas competitivas y favorecen el aprendizaje colectivo.
Incluso, las políticas de educación descentralizadas no sólo
en México sino en América Latina son ahora un incentivo para el
desarrollo de países y regiones, tal como lo señalan María Marta
Formichella, Natalia Krüger y Mara Roja, quienes avanzan en el
conocimiento sobre la expansión del acceso a la educación media
como un importante objetivo de desarrollo para los países de
América Latina.
Finalmente, este número de Economía y Sociedad incorpora el
análisis económico de la crisis hipotecaria en Estados Unidos y sus
repercusiones en México. Desde un punto de vista teórico María
de Lourdes Cárcamo y María del Pilar Ester Arroyo, abordan el
origen inmediato de la crisis enfocándose en el mercado hipotecario
estadounidense, su espiral financiera y los impactos en la actividad
productiva y el empleo en nuestro país.
En los artículos que aquí se presentan el lector encontrará varios
temas y problemáticas sobre la economía pública regional y local,
distintos enfoques para abordarlos y, como diría Francis Bacon
en el Novum Organon: innumerables y a veces imperceptibles
caminos para colorear nuestra comprensión. Así, esperamos que
resulten de interés para nuestros lectores y con ello que nuestra
revista cumpla con la tarea de difundir la cultura y el conocimiento
económico y social.
María de la Luz Martín
Diciembre, 2009
9n
a b st r acts
 Lack of public expenditure hinders
regional development in Mexico
 The U.S. mortgage crisis and its
impact on Mexico
Eudoxio Morales Flores
María de Lourdes Cárcamo Solís
María del Pilar Ester Arroyo López
The purpose of this paper is to argue
from a critical reason why public spending in Mexico has not met the goal of
regional development. To correct market
constraints with regard to endogenous
regional development, the State should allocate more financial resources to regional
and local level. Public spending is a major
regional public policy instruments to
advance the achievement of the objectives
of regional development, contributing
to strengthening economic growth with
equity and regional sustainability and
reduce the risk of systemic crisis as well
as provide resources to reduce spatial and
social inequalities, emphasizing the diminution of poverty and marginalization.
The aim of this paper is the economic
analysis of the mortgage crisis occurred
in the United States and its impact on
Mexico from a theoretical perspective. The immediate origin of the crisis
focuses on the U.S. mortgage market. The
expansion of the housing sector led to a
massive range of mortgages, of which
one fifth was granted to families with
enough income to liquidate only if interest
rates were low. By raising interest rates
and increasing banks’ nonperforming
loans that were granted mortgages they
proceeded to sell mortgage securities to
financial markets leading to a crisis that
spread throughout the financial system,
with the resulting lack of liquidity and
significant reduction in the supply of
credit to consumers and businesses. This
situation resulted in lower investment and
reduction of productive activity not only
in America but also in other countries,
including Mexico where the impacts on
production and employment have been
adverse.
11 n
a b st r acts
 Evaluation of programs for the
development of indigenous areas.
The case of the regional funds in
Zitacuaro, Michoacan
Marcos Antonio Aldana Sánchez
Andrés Solari Vicente
This article explains the impact of
productive projects promoted as a strategy
for poverty reduction on local development. It investigates the Regional Funds
Program (PFR) and develops a methodological proposal to evaluate them, and
then we apply it to the analysis of projects
funded by the Regional Funds program in
indigenous communities in the municipality of Zitacuaro. We hold that the RPF
has failed to incorporate and organize
indigenous communities of Zitacuaro in
respect to the handling and financing of
productive projects, so that the development objectives not have been achieved.
n 12
 Processes and outcomes of
educational decentralization:
An analysis for Argentina
María Marta Formichella
Natalia Krüger
Mara Rojas
Expanding access to secondary education has become an important development goal for the countries of Latin
America. The formulation of a policy
consistent with this goal would require
the completion of a thorough analysis of
the education system, reforms which have
occurred in recent years and the interrelationships with the various social spheres.
This essay will attempt to move forward
on some of the topics relevant to be
considered later in a similar assessment,
conducting a review of what happened
in Argentina and providing some comparisons with the processing carried out in
Mexico in recent years.
a b st r acts
 The relation between catastrophic
health expenditures and the absence
of elderly beneficiaries in
Tzintzuntzan, Michoacán
René Colín Martínez
Cecilia De la Luz Hipólito Olivares
The aging process was initiated in developed countries, and in recent years has
begun to manifest in countries with low
level of welfare. The situation is important because older people have increasing
health problems with declining employment opportunities and income, health expenditure was unavoidable generate a trend
of impoverishment, which can occasionally extend beyond their personal situation.
The article shows, through a Logit model,
if the absence elderly beneficiaries raises
the probability of incurring catastrophic
health expenditure (CHS). The analysis
focuses on a sample of 95 older adults Tzintzuntzan municipality, Michoacan. The
results show that a positive relationship
between the absence of older people health
beneficiaries and the possibility of a GCS.
Also, the treatment of chronic disease is
another factor more weight.
 Location of Local Productive
Arrangements (APL): Empirical
contributions to the regional analysis
Ma. Beatriz García Castro
Zorayda Carranco Gallardo
Juan Andrés Godínez Enciso
Local productive arrangements are
spaces shared sectoral and local production in establishing strong relationships
between the actors involved in them, they
generate synergies that encourage delivery
of competitive advantage and foster collective learning. Therefore, the analysis of
the conditions of its production development is a particularly fertile field to
study its dynamics. This paper reviews
two cases where specific methodology is
applied to identify geographic concentrations of production activities related
dense, which constitute the initial step for
the existence of local productive arrangements. The identification was made in the
states of Hidalgo and Jalisco, and allowed
detection in both the central effects arising
from urban areas is essential.
13 n
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
La falta de
gasto público
obstaculiza el desarrollo
regional de México
Profesor Investigador
Titular del Centro
de Estudios del
Desarrollo Económico
y Social, Facultad de
Economía de la BUAP
Eudoxio Morales Flores
Resumen
Fecha de recepción:
8 de mayo
Fecha de aprobación:
3 de octubre
Ante la falta de gasto público, el Estado mexicano, se ha limitado sólo
a la función principal de paliar el proceso de descentralización, con el
gasto corriente, de tipo asistencialista, la idea central del trabajo, es argumentar de una manera crítica, como el gasto público, no ha cumplido
con la función de desarrollo regional, de ser promotor del desarrollo
regional, destinado más recursos financieros al gasto de inversión del
Estado, en el ámbito regional. El Estado debe -como poder corrector de
las limitaciones del mercado del desarrollo regional endógeno- destinar
más recursos financieros al ámbito regional y local. La búsqueda crítica
y a la vez, propositiva, de cómo, con la crisis hoy, es velar por los menos
tienen debe ser una política de Estado, el que, y el cómo, destinar esos
recursos públicos en el desarrollo regional debe ser una estrategia, tener
más opciones para las mayorías de las zonas marginadas, que son las que
están siendo expulsadas de este sistema elitista del mercado global. El
gasto público en el único instrumento, en políticas públicas regionales
crucial para avanzar en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo
15 n
eudoxio morales flores
regional, ya que contribuye 1) lograr el crecimiento económico con equidad y sustentabilidad regional, 2) reducir el riesgo de crisis sistemáticas, y,
3) facilitar recursos para reducir las desigualdades territoriales y sociales,
poniendo más énfasis en disminuir la pobreza y marginación.
Palabras clave: estado, globalización, desarrollo regional, gasto público.
Clasificación JEL: H750, H760.
Introducción
En América Latina y de manera particular en México, la falta de
gasto público en inversión, en el ámbito regional por parte del Estado
Mexicano, frena el desarrollo en el ámbito regional, de acuerdo a la
clasificación económica del gasto público que indica que en los últimos
8 años del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se erogó el
97% en gasto corriente y sólo el 3% en gasto de inversión.
La preocupación de este trabajo, es señalar que en México, coexiste
una ausencia de políticas públicas regionales en lo que se refiere al
gasto público de inversión a nivel regional y local; junto con una política centralista fiscalista que ha provocado un desarrollo desigual en
el País, al tener una estructura fuertemente concentrada y centralizada
de las políticas públicas regionales y locales.
Estas decisiones de tipo político y económico, son resultado de
procesos de desarrollo histórico, social, político y económico, que
podemos advertir desde los tiempos de la Colonia, cuando México
dependía administrativamente de manera central de la corona española
y el absolutismo, el cuál era ejercido a través instituciones como el
Consejo de Indias. Este centralismo y autoritarismo fue cambiando de
manera gradual, hasta llegar a lo que se conoce hoy como un nuevo
federalismo fiscal del gasto público1 concertando pactos políticos en
Se debe entender al federalismo fiscal del gasto público, como un instrumento para
el despegue de desarrollo nacional, ya que este concepto federativo ayudará a descentralizar de la aplicación de los recursos del fisco, para el desarrollo de los estados y
municipios, pues este sistema postula el derecho de que cada región donde se encuentra
los estados y municipios sea el propio responsable de su inversión en gasto público
en sus políticas públicas regionales, sin la mediación de administradores jerárquicos
o de un supra gobierno, como han sido los gobiernos priistas y panistas siendo mejor
una región independiente, que tiene el deber y derecho de ser el propio constructor de
su éxito o fracaso de desarrollo regional.
1
n 16
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
los tres niveles de gobierno, y las discusiones que en torno a él se
plantean.
En años recientes, una nueva figura política conocida como la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) debate la verdadera
descentralización fiscal de las potestades tributarias, y promueve una
nueva ley de coordinación fiscal, que diseñe una estrategia local, orientada más de acuerdo a las necesidades regionales y locales, impulsadas
en el PND, y retomadas en los planes estatales y municipales, para
que se aterricen políticas públicas regionales, con una consecuente
mayor oficia del gasto público en los ámbitos regional y local, a fin
de ir reduciendo esa incertidumbre y brecha del ámbito del desarrollo
regional con respecto al nacional.
Estas discusiones que han sido ampliadas por análisis de especialistas y académicos, han fortalecido la necesidad de revalorizar el
desarrollo regional local en todas sus dimensiones, entendiendo su
complejidad y abordándolo con una estrategia multi e interdisciplinaria,
de un espacio multidimensional, donde sus actores (sociales e instituciones) sean protagonistas del desarrollo regional, y sean capaces de
tomar sus propias decisiones del desarrollo regional y local.
2. Globalización vs desarrollo regional.
La globalización, dice Octavio Rodríguez en su artículo Agenda
para el desarrollo, debe ser entendida como la otra cara del desarrollo regional. La globalización concierne en parte a la diseminación a
escala mundial de nuevos patrones de producción y de los modos de
organizarla. Materialmente, la globalización vs desarrollo regional
consiste, pues, en una especialización creciente de la producción de
bienes y servicios entre países y entre regiones o bloques económicos,
también entre empresas, y en un incremento paralelo de los intercambios de mercancías.
Desde el ángulo financiero, la globalización entraña el incremento
de los flujos de capital de riesgo, ya se trate de la inversión extranjera
directa en activos nuevos, o en la adquisición de activos físicos preexistentes y, asimismo, la vertiginosa expansión de las transacciones
financieras en sentido estricto”. Todo esto explica, de alguna manera,
el abandono de las políticas públicas del desarrollo regional, que
busque los puntos de anclaje como “La Célula” que son proyectos
de desarrollo regional importante, que existen a lo largo y ancho del
país, en nodos regionales de gran visión, que puedan articularse con
la apertura global, consolidarla y legitimarla, que antepongan los
intereses regionales, al proceso de globalización.
Por otra parte la globalización, puede ser definida como la fase en
que se encuentra el capitalismo a nivel mundial, caracterizada por la
eliminación de las fronteras económicas que impiden la libre circulación de bienes servicios y, fundamentalmente, de capitales.
17 n
eudoxio morales flores
Algunas características de la globalización son: la intensificación de
la competencia mundial por los mercados nacionales (macrocompetencia sustentada en la productividad); el aumento en el volumen y valor
del comercio mundial de bienes y servicios, particularmente de servicios financieros, la creciente parcialización del proceso productivo en
economías de escala y alcance, principalmente en las zonas económicas
especiales; crecientes flujos de migración internacional, la aceleración
de los flujos de capitales entre los países del orbe; la revolución de las
telecomunicaciones (las Tecnologías de la Información y las Comunicación; TIC2) y el avance científico y tecnológico de las economías
desarrolladas y las grandes corporaciones transnacionales.
En especial énfasis se encuentran asincronías entre lo que es y lo que
debe ser el desarrollo, que según diversos autores, encuentran su razón
de ser en las carencias metodológicas, epistemológicas, praxeológicas
e ideológicas de los estudiosos y los planificadores del desarrollo en el
ámbito regional. Lo cierto es que la globalización económica y financiera explica de alguna manera el abandono de las políticas públicas
regionales, debe buscarse el desarrollo económico, entendido este
como el medio para que los habitantes que viven en zonas marginadas,
especialmente en zonas marginadas altas, de los países emergentes de
ingreso bajo y mediano, tengan una vida mejor.
En los contextos de la globalización, el Estado Nación alienta
estructuras subnacionales enfocadas al desarrollo exterior en detrimento de su mercado interno. El modelo exportador a partir de la
especialización en renglones, no puede ser la única vía de desarrollo
de las regiones por cuanto las hace dependientes del mercado internacional, por eso es importante desarrollar las regiones que cuentan
con mayores ventajas comparativas.
Bajo esta premisa, hablar de desarrollo regional y local implica
pensar estratégicamente y articular planes regionales y municipales
con políticas nacionales y globales. Al respecto Vázquez Barquero
(1993) señala: para que “la política sea eficiente es conveniente que
se produzca una sinergia entre las acciones que van de arriba hacia
abajo, promoviendo el desarrollo estructural, y las que van de abajo
hacia arriba, que surgen de la especificidad de cada localidad y de
cada territorio”3.
La política centralista de desarrollo regional, ha respondido más a
intereses del mercado nacional e internacional dentro del contexto de
la globalización económica, que a un entorno y necesidades del desaLos TIC configuran la sociedad de la información. El uso extensivo y cada vez más
integrado (en los mismos aparatos y códigos) de las TIC es una característica y factor
de cambio de nuestra sociedad actual, son incuestionables y están ahí, forman parte de
la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras
capacidades físicas y mentales, y las posibilidades de desarrollo social.
3
Véase a Vázquez Barquero, Antonio, “Política económica Local”, Madrid, España,
Ed. Pirámide. 1993.
2
n 18
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
rrollo regional endógeno. En América Latina el Estado Nación4, debe
tener una participación más dinámica en los mercados regionales y
nacionales, respecto de la política del desarrollo global, principalmente
en aquellas regiones donde “el mercado” no interviene por convenir
a sus intereses capitalistas o de tasas de ganancia.
El Estado Nación proporciona legitimidad social y política a los
entes regionales a través de procesos de descentralización, regionalización local, lo que redunda en su propio debilitamiento. Los Estados han
apoyado la desregulación de los mercados económicos y financieros,
así como la privatización; aspectos en los cuales la globalización prescinde parcialmente del Estado Nación y le da protagonismo a instancias
supranacionales y subnacionales, todo esto a costa del debilitamiento
de las políticas publicas regionales y su desarrollo.
Es importante destacar que en muchos países latinoamericanos, el
Estado debería ser un importante agente económico en el desarrollo
regional, a través de su política de financiamiento de gasto público
regional y local; y bajo esta premisa, se debería reforzar más al Estado
Nación, como un promotor para financiar políticas públicas de desarrollo regional, y de impulsar mas políticas neo-keynesianas5, ante la actual
crisis financiera mundial propiciada por los Estados Unidos, pero con
un efecto de arrastre a todo el mundo, principalmente en países como
México, con una alta dependencia económica y financiera.
La crisis, representa una “oportunidad para desarrollar regiones”,
con una respuesta más a intereses nacionales que a la globalización
económica. Es más importante desarrollar al Estado Nación, que estar
pensando como insertarse en los discursos de la globalización.
3. Desarrollo regional y desarrollo local.
Pero, ¿qué es el desarrollo regional?, “es un proceso orientado
a la organización y transformación de los espacios y los territorios
como concepto, el desarrollo regional tiene atribuciones que definen
un campo de interacción en las dimensiones más importantes del
desarrollo, en lo que concierne a cambios cualitativos en los planos
económico, social, político, ambiental, tecnológico y territorial”6.
Dicho de otra manera, se puede entender como una práctica asociada
a la organización productiva y al progreso técnico con las tareas de
Véase el ensayo, Ruy Mauro Marini con colaboración con Paulo Speller y Ana Rius,
The Brazilian University, Brazilian Studies/Latin American Research Unity (LARU),
Toronto, Canadá, 1977, mimeo.
5
A raíz de la crisis bursátil de 1929, el keynesianismo se impuso como escuela de pensamiento económico en el mundo. Durante los años en que la teoría keynesiana dominó
a la política económica ejercida por los gobiernos, la intervención y la regulación gubernamental aumentaron considerablemente de manera irresponsable, hoy con la crisis
financiera del 2008 el Estado debe aplicar políticas públicas regionales responsables.
6
Véase definición “En el diplomado del desarrollo regional” organizado por la UNAM en
julio y agosto del 2008, http://www.coord-hum.unam.mx/archivos/eventos/1401.pdf.
4
19 n
eudoxio morales flores
gobernabilidad y gestión; la preservación del ambiente y la organización territorial de la sociedad que habita dentro de las mismas.
En este sentido, una teoría del desarrollo regional debe contribuir
a la elaboración de unas políticas para los territorios que fomenten
un auténtico desarrollo de su población y región, haciéndolas sujetos
de su propio desarrollo y no objetos instrumentales de las políticas
nacionales o internacionales.
Sin embargo, para definir un concepto de apariencia compleja
como lo es el término desarrollo, podrá ser útil acercarnos a la visión
metodológica y teórica trabajada por varios autores, como Wences,
(2004, p. 17), para quien el desarrollo “es un fenómeno multifacético,
un fenómeno que tiene que ver con lo ambiental, económico, social,
político y cultural”. Sin dejar de lado el factor conflictividad, que
conlleva las relaciones entre grupos sociales organizados.
Por su parte Boisier, en el artículo “Post-scriptum sobre desarrollo”
(1998) plantea la necesidad de fijar modelos mentales para hacer frente
a los modelos reales. Los modelos mentales son planteados como
representaciones simbólicas de una realidad percibida o construida,
constituyéndose parte de “lo que es” y de “lo que debe ser”, aspectos
y diferencias que en buena medida son empujadas por la tradicional
separación entre sujeto y objeto, teoría y práctica, en el paradigma
del positivismo.
En un sentido diferente quizá, (Amartya Sen, 2000), plantea una
Definición del desarrollo como libertad. El corazón del enfoque de
Sen es su innovadora forma de concebir al desarrollo. En sus propias
palabras, “...el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos.”
(2000, p. 19) es decir, “el desarrollo puede concebirse como un proceso
de expansión de las libertades que disfrutan los individuos, como el
aumento de las rentas personales, la industrialización, los avances
tecnológicos, la modernización social”.
El organismo (A REGIONAL, 2009)7 a través de su actual director
Carrillo Arronte, experto en cuestiones de desarrollo regional en la
formulación de planes de desarrollo regional, señala que “El desarrollo
regional es un concepto inherente a la transición de un nivel económico
concreto a otro más avanzado en una zona geográfica determinada. Es
un proceso de transformación del sistema económico y social de los
habitantes de ese espacio geográfico, que se traduce en un incremento
del bienestar y que debe expresarse en el mejoramiento de los indicadores económicos, sociales y administrativos, entre otros” (2008)8.
En México, ante la falta de políticas de gasto público regional,
los agentes económicos privados y los actores locales, deberían convertirse en una prioridad de política de Estado en la gestión de mayor
Véase, http://www.aregional.com/?target=dregional&lang=es&PHPSESSID=am2ig
kqeb1mecavn33t1c0fdd4.
8
Véase, http://www.amecider.org.mx/node/ 28. 28-11-2008.
7
n 20
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
inversión en gasto público regional. Así mismo, hay que insistir en
que un política de Estado, debe ser una prioridad y una estrategia
permanente, en el desarrollo de políticas públicas regionales.
Para ello se necesitan una serie de elementos, como los que menciona Vázquez Barquero (1993), cuando señala que la región debe de
requerir de ciertos elementos, acumulación de capital regional, recursos, capacidades locales, capacidad de identificar nueva demandas, y
desafíos para relacionarse con la globalización; realizar un diagnostico
estratégico, que se conoce como FODA; involucrar activamente multi
factores y admitir como punto de partida lógicas distintas de solución
de una manera multi e interdisciplinaria a la solución de los problemas
región; desarrollar ámbitos de concertación de políticas privadas a
través de pactos con mucha voluntad política, dando prioridad al ámbito
regional y local para su desarrollo en proyectos comunes9; y por último
poner en praxis las capacidades de movilizar recursos internos de la
región, buscando sus ventajas comparativas, captar recursos externos
y generar recursos nuevos a partir de los propios y externos.
Como se advierte: el desarrollo regional incorpora principios de
equidad y participación, se reconocen las vertientes del desarrollo en
un sentido integral y endógeno; el desarrollo regional opera mediante el diseño de políticas públicas expresadas en planes, programas,
proyectos sectoriales, regionales y municipales, y que aterrizan en
los famosos POA´s que en cierto sentido orientan la organización del
territorio y los procesos económicos de las regiones.
En el caso de México, hemos tenido diversas experiencias de desarrollo regional que han privilegiado en el pasado a nuestro País. Por
ejemplo, en la década de los setentas, el enfoque sectorial; y en los
ochentas, el primer Plan Global de Desarrollo de José López Portillo;
que en conjunto generaron desequilibrios entre las regiones del País.
Si bien la creciente interrelación económica alienta un estrecho
contacto entre diversas naciones, culturas y pueblos, las políticas de
globalización buscan deliberadamente atomizar a las naciones en un
conjunto de regiones, que por su propio tamaño o por la especialización con que se configuran, están impedidas para crear y fortalecer un
mercado interno con cierta autonomía o unas instituciones políticas en
condiciones de ser verdaderamente soberanas en donde los Congresos
de los Estados y cabildos municipales retomen su desarrollo.
Haciendo un poco de historia, en los ochentas y noventas se empezó
con un abandono de políticas públicas regionales, quedando hoy en
día prácticamente en un gasto público asistencialista, y con falta de
gasto público de inversión regional en infraestructura que detone
realmente el desarrollo regional. Ante ello, urge un enfoque regional
de “desarrollo endógeno” que posibilite reducir estos desequilibrios,
y favorecer la integración territorial de una manera planificada en las
Por ejemplo “la célula de Puebla” que ya se vendió a capitalistas españoles para su
continuación, desarrollo y venta entre nodos de desarrollo regional
9
21 n
eudoxio morales flores
regiones como los proyectos del centro sur del país.
Por ejemplo a nivel regional entre Puebla y Tlaxcala hay una evidencia muy clara: la Célula de Tlaxcala, preveía desde su Plan Estatal
de Desarrollo de 2005 “el Puerto Seco de Atlangatepec”, a diferencia
del de Puebla, en donde el proyecto “La Célula” no aparece en algún
Plan Estatal de Desarrollo, hasta que en el 2007, el Gobernador poblano
hace referencia directa a él, cuando señala que el proyecto La Célula
seria “una terminal interior con servicios de transferencia entre nodos
de transporte ferroviario y carretero, con suministro de servicios
logísticos de valor agregado”, y hará de Puebla supuestamente una
región globalmente competitiva, pues brindará servicios a mercados
y puertos de las entidades hermanas del sur - sureste, centro – país
y centro – occidente. Más de 20 entidades federativas del país serán
integradas eficientemente por este eslabón de mercados.
En la praxis, este proyecto se encuentra prácticamente abandonado en su primera etapa con el riesgo de convertirse en un elefante
blanco del Marinismo, por falta de financiamiento público Federal y
de planeación estatal, convirtiéndose en un problema la ausencia de
planeación en el diseño de políticas públicas regionales.
Las políticas de autonomía regional como la célula y de miniaturización nacional buscan que estos territorios compitan entre sí para
atraer capitales, existen alrededor de más 15 nodos de este tipo en
todo México, ofreciéndoles bajos costos de recursos y mano de obra
y facilidades fiscales e infraestructura. Por consiguiente, no procuran
el desarrollo de dichas unidades políticas. A pesar de todo, en el 2009
no hay ninguna empresa interesada en invertir, aún considerando el
cúmulo de recursos financieros destinados para su primera etapa.
Ejemplos como este, permiten señalar categóricamente que la
formulación de las políticas públicas regionales está basada en las
concepciones de desarrollo regional orientadas a preparar a los niveles
subnacionales para competir en el mercado internacional a través de
procesos autonómicos.
Para efectos del presente trabajo, inicialmente se ha tratado de
construir el concepto de desarrollo regional, derivado de los anteriores conceptos, entendido como un proceso que proporciona y distribuye beneficio económico, social y cultural, de manera endógena
y exógena, en un espacio urbano regional determinado, transitando
hacia un destino de bienestar individual, familiar y común a través
de instrumento de financiamiento y gasto público, principalmente en
gasto de inversión en políticas publicas regionales.
Para impulsar estas políticas al nivel local y regional es importante
fortalecer los ingresos fiscales en sus tres niveles de gobierno, acabar
con la alta evasión fiscal que llega a casi un 75% de los ingresos
fiscales y despetrolizar las finanzas públicas, que representa del total
de los recursos públicos, cerca de un 40% de los ingresos totales del
País, ampliar la base de contribuyentes y tener un sistema impositivo
n 22
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
progresivo, acabar con la corrupción del gasto público, para tener
más recursos fiscales que se apliquen al desarrollo y financiamiento
de este en el ámbito regional.
4. Estado y Desarrollo Regional con estabilidad fiscal
El financiamiento público de manera planificada estratégicamente y
de manera táctica, puede convertirse en ese instrumento de desarrollo
regional, que detone el desarrollo regional, de una manera equilibrada, estos recursos públicos, sólo se pueden obtener por la vía de la
política fiscal y del endeudamiento público. Para ello, es importante
que “La descentralización fiscal”, se de en una amplia reforma fiscal
integral por lado de los ingresos y gasto para obtener mas recursos
fiscales para el desarrollo, de darle más potestades tributarias a los
estados y municipios, que tienen la facultad constitucional o legal para
recaudar sus propios tributos y desarrollar sus funciones de gasto, V.
Tanzi, mencionado por Cabrera (2001) menciona que en México, aún
estamos muy lejanos de esa realidad fiscal-presupuestal.
La descentralización fiscal no se menciona como una clase de descentralización sólo fiscal, sino real, para bajar los recursos en el ámbito
del desarrollo regional, ante la actual insuficiencia financiera redunda
en la falta de políticas públicas regionales, para ello, es importante, la
descentralización política y administrativa (aunque en menor grado),
la descentralizaron fiscal, para que se de desarrollen las regiones del
país, en donde se cobren los impuestos en el ámbito regional (estatal
y municipal) y se apliquen allí mismo.
Las prácticas de gestión del gasto público, en el desarrollo regional
son un obstáculo para lograr los objetivos de reducción de la pobreza y
distribución del ingreso en zonas altas de marginación social. Entre los
factores que han debilitado la capacidad de los sistemas presupuestarios,
para disciplinar el establecimiento de políticas y aportar información
sobre su utilidad (con lo que se mejorarían los resultados) merecen mencionarse los presupuestos fragmentados y el excesivo gasto corriente
del gasto público de más del 90 % del PEF, en los últimos 8 años, que
se ha dedicado a este rubro y sólo el 3 % en el ámbito regional, y una
dedicación exclusiva a los factores causales (o insumos).
Se considera la influencia de los acuerdos institucionales en los resultados del gasto público a nivel nacional, sectorial y local, así como el impacto
del diseño del presupuesto en los aspectos distributivos y económicos del
gasto público a nivel regional, que es extremadamente poco.
La propuesta también destaca, posibles soluciones a los problemas
más comunes que deben afrontar los gestores, analistas de presupuestos a la hora de crear métodos para financiar las políticas públicas
regionales, los programas y las prestaciones de servicios orientados
a reducir la pobreza entre regiones ricas y pobres, como política de
Estado distributiva.
23 n
eudoxio morales flores
La obtención del financiamiento público que se da a través del
cobro de los impuestos directos ISR, IETU e indirectos IVA, y los impuestos a las gasolinas, o el IDE (impuesto a los depósitos en efectivo,
aplicando un 2% sobre el remanente de 25 mil pesos acumulables de
manera mensual y aplicable a partir del mes julio del 2008), o bien por
la vía de endeudamiento interno y externo en la colocaron de bonos de
cada uno de los países, o incluso por los gobiernos de los estados con
prestamos a la banca comercial y bursátil para financiar su desarrollo
regional, pero parece que ha llegado a su límite, urgen reformas fiscales
integrales en el ámbito regional (estatal y municipal), para que no se
logre bursátilizar o empeñar los pocos recursos propios con cuenta
los estados y municipios, y pagar altas tasas de interés que le quita
capacidad de aplicar políticas publicas regionales, como el caso de
Veracruz y otros estados y municipios del país.
El mercado, en el neoliberalismo, es considerado como eficiente
instrumento, para asignar recursos económicos y financieros, conforme
al interés de la sociedad, si los precios son “verdaderos”, en el sentido
de que los productores pagan a la sociedad el supuesto verdadero costo
de los recursos que usan y, a la vez, son compensados por la sociedad
de acuerdo con el verdadero beneficio que aportan.
En otras palabras, el mercado regional, en el neoliberalismo es
aparentemente, un mecanismo eficiente en la medida en que los
beneficios y costos sociales se reflejen en los ingresos y costos de
los productores regionales; pero estos sólo se dan en las regiones
“dinámicas” del propio mercado.
Sin embargo, no todos los mercados funcionan eficientemente, y
menos en aquellas regiones que son poco “dinámicas” al mercado que
siguen siendo expoliadas por las regiones más desarrolladas, como
sucedió en el pasado con los países menos desarrollados, la conducta
de los agentes económicos privados, que interactúan en el mercado
en el desarrollo regional, son pocas o nulas.
Desde el punto de vista, de la eficiencia macroeconómica, como del
desarrollo regional en la equidad social no se ve en el corto plazo, poco
interesa la Estado o al mercado. La política fiscal y, dentro de ella, “la
financiación de la descentralización, no existen por sí solas, ni no se explica
con referencia a su propia lógica interna de financiamiento público. Existen
dentro de un contexto socioeconómico que les da sentido y les señala los
instrumentos de los cuales pueden valerse” (Rojas, 1993).
La modernización del sistema financiero Mexicano generalmente
implica atracción de capital foráneo, hay que tomar en cuenta el revés
de la medalla: la apertura puede también ser fuente de una mayor
deuda externa privada, al facilitar el acceso directo a las fuentes de
financiamiento externo en divisas; y sobre todo, fuente de capitales
especulativos de corto plazo que no generan inversiones productivas
para los países emergentes, sólo más pobreza y sujeción de la política
financiera internacional.
n 24
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
Una política que se ha convertido en la columna vertebral de
cualquier proceso de apertura y modernización ha sido la de fomentar el ahorro interno y la inversión extranjera directa como fuentes
fundamentales del desarrollo, el fomento del ahorro interno requiere
un cambio en la mentalidad y los paradigmas de los consumidores y
los demás agentes económicos sociales.
Como se ha señalado anteriormente, el fomento del ahorro interno
debería ser incluido, como un complemento indispensable, en los
procesos de modernización de los sistemas financieros nacionales y
de desarrollo de los mercados regionales y locales.
Al respecto, Rojas (1993) señala que no se pueden deslindar
los aspectos que comprenden la descentralización fiscal y el financiamiento de la descentralización fiscal, abarcando por supuesto el
financiamiento de los gobiernos subnacionales durante y después del
proceso de descentralización regional.
Para precisar un poco más, el concepto de descentralización fiscal,
podemos entenderlo como “...una descentralización fiscal traslada el
manejo y/o problemas de la política fiscal hacia los diferentes gobiernos subnacionales y regionales, reduciendo significativamente la
discrecionalidad o el ámbito de maniobra del gobierno central con el
objeto de estabilizar la economía; haciendo que los gobiernos subnacionales puedan tener a través de sus operaciones fiscales importantes
efectos sobre los ajustes y estabilidad macroeconómica” (M. Bés,
mencionado por Cabrera, 2001). Este método ayuda a desarrollar de
una manera más significativa las regiones.
Todo Estado necesita recursos públicos suficientes, de una política
fiscal progresiva, de unas finanzas públicas sanas, que funcione como
fuentes de financiamiento en la gestión de la política de desarrollo regional. El Estado, debe buscar el equilibrio de sus mercados regionales
y distribuir mejor el presupuesto público, vía gasto público a nivel
nacional, regional y municipal; para ello, urge descentralizar los recursos regionales en una tercera parte de lo que maneja el centro a nivel
nacional, de una manera gradual en un punto porcentual anual, hasta
llegar a ese 33 % deseable como en otros países, se debe buscar una
recaudación fiscal más eficiente y eficaz, que aliente la inversión y el
ahorro y que se traduzca para sociedad civil, en un manejo trasparente
del presupuesto publico, aplicado en políticas públicas sociales.
En este sentido, el Estado debe buscar el funcionamiento de los
mercados regionales, en base en una política social con rostro humano,
que se preocupe y ocupe más de los que menos tienen; lo cual implica,
en primer lugar, unas finanzas públicas sanas, no petrolizadas, con
un alto contenido social, en base en una reforma fiscal integral y no
mediática, que combata la evasión y elusión fiscal, la cultura del no
pago y la devolución de impuestos y acabe con la corrupción del gasto
público en la asignación de obras públicas.
En si, el Estado debe ser un agente más promotor del desarrollo
25 n
eudoxio morales flores
regional, en el marco de interacción colectiva desarrollado por las
sociedades de masa. Es imprescindible para superar este obstáculo la
interacción entre El Estado y el mercado, donde este último, los mercados competitivos son la mejor forma de lograr un sistema eficiente
de producción y distribución de bienes y servicios, pero también, es
importante señalar que el Estado debe jugar ese rol importante en el
ámbito regional de una política económica y fiscal que detonen el
desarrollo regional.
El Estado, está compuesto por territorio, leyes, gobierno (instituciones) y ciudadanos. El gobierno es el garante y administrador del
Estado en la política de desarrollo regional, sus funciones es hacer y
respaldar las leyes y la relación ciudadano-gobierno, que no se da en
la política tributaria aplicada por el órgano recaudador fiscal; SAT.
El mercado no puede quedar fuera del Estado, mercado y Estado
son cara de una misma moneda, como también lo es, el binomio indisoluble entre finanzas públicas y Estado, el Estado, debe propiciar
el desarrollo regional nacional y local, que al mercado no le interesa
desarrollar, por su baja tasa de ganancia, por ello, el Estado debe
realizar un fuerte financiamiento del gasto de inversión pública, para
ir creando las condiciones de un desarrollo sostenido y sustentable de
una manera endógena, que son propios del sistema capitalista.
Una alternativa al mecanismo de mercado, es que el gobierno
junto con la sociedad civil decida a través de una política pública, en
qué deben invertir, cómo invertir, para qué invertir, para desarrollar
regiones que se inserten posteriormente a la propia dinámica del
desarrollo del mercado, pero para eso, se necesita una sociedad civil
que paguen más impuestos, tenemos que revertir el sistema impositivo
regresivo, por uno progresivo, directo y acabar con la evasión, elusión
fiscal y la corrupción.
5. De la falta de financiamiento público en México
El desarrollo del capitalismo mundial obliga a los países y regiones
a reconvertirse modernizarse para ser competitivos, ya que tienen que
ser eficientes y eficaces funcionamiento para reducir los costos de
producción de las empresas y de la reproducción social.
Entonces, los países deben lograr un clima favorable para la inversión, financiamiento público y el crecimiento económico, que incluyen
la ampliación del conocimiento y la incorporación de innovaciones
científico tecnológico, recursos naturales, humanos y económicos
para ser incluidas en los circuitos más dinámicos de la economía
nacional y mundial.
De acuerdo con datos del Sistema de Administración Tributaria
(SAT)10en México, en el 2005 había alrededor de 622 000 personas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la
10
n 26
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
morales y 8 millones 235 mil personas físicas. El 80 por ciento de los
contribuyentes11 paga nada o muy poco, pero además lo hacen mal y
de malas, por el servicio que ofrece el SAT.
A pesar de que la dependencia presuma de estar certificada por
ISO 9001-2000, sus procedimientos administrativos siguen siendo
complejos, lentos, burocráticos y costosos. Y lo peor es que la evasión
fiscal sigue aumentado, a pesar de su supuesta modernización del
SAT, la falta de financiamiento de las regiones en México, tienen una
estructura polarizada de concentración y dispersión de sus regiones
y asentamientos humanos, la cual funciona en el marco de las nuevas
condiciones derivadas de la globalización, la apertura y la integración
comercial, con lo que surgen nuevas oportunidades pero también se
crean o se acentúan algunos problemas económicos, financieros, sociales, demográficos, ambientales, políticos, culturales y étnicos.
El SAT, como organismo encargado de recaudar los impuestos a
los contribuyentes en México, es altamente oneroso, ya que tiene una
plantilla de 32 800 empleados para atender el pago de menos de 20
millones de contribuyentes, y su operatividad cuesta alrededor de 9
340 millones cada año12.
En contra parte, En Estados Unidos por ejemplo, de 360 millones
de habitantes cerca de 200 millones pagan impuestos, y el organismo
recaudador similar al SAT mexicano, es de sólo 7 500 trabajadores
y la recaudación fiscal es altamente productiva y progresiva, de los
impuestos que tributan en el ámbito regional se queda alrededor del
66 % del total, que se recauda en ese país, haciendo mas dinámicas
el desarrollo de sus regiones.
Los retos que deben superar las regiones para continuar siendo
fuerzas motrices que impulsen el desarrollo de sus áreas de influencia
destacan los siguientes:
a) Reestructurar su aparato productivo para que sean competitivas en las nuevas condiciones de acumulación de capital en el
marco de la globalización;
b) Consolidar corredores y parques de desarrollo con sinergias
positivas para reducir las brechas socioeconómicas entre ciudades
legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan
proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para
que cumplan con las disposiciones tributarias su misión es recaudar las contribuciones federales, y de controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional,
garantizando la correcta aplicación de la legislación y promoviendo el cumplimiento
voluntario y oportuno.
11
Para José Luis Flores, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e integrante de la Comisión de Hacienda, ese 20 por ciento de mexicanos, “los que tenemos
que pagar impuestos porque nos lo descuentan de nuestro cheque quincenal, esos están
sosteniendo al país y son los menos”. Véase: http://www.contactopyme.gob.mx.
12
“Recae carga fiscal del país en 20% de contribuyentes”. Véase página electrónica:
http://www.contactopyme.gob.mx/default.asp?gpo=5&lenguaje=0&t=108&user=0&
noticia=2551
27 n
eudoxio morales flores
y regiones y disminuir los riesgos de fractura de la Nación;
c) Atender la creciente demanda, asociada al crecimiento demográfico, por bienes y servicios públicos (vivienda, educación,
salud, agua potable, electrificación, vialidades, seguridad pública,
impuestos, etc.);
d) Controlar la ocupación irregular del suelo en áreas de vulnerabilidad que incrementa los riesgos ambientales; y,
e) Revertir el deterioro en las condiciones de vida de la población expresadas en formas de desigualdad, pobreza, marginación
e inconformidad social, tanto de sus regiones como de ciudades,
entre otros.
Según datos de finales de 200513, México es el peor recaudador
de impuestos entre los 30 países integrantes de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); coincide con la
calificadora Moody’s14, quien señala que “el desempeño de México
en la captación tributaria con relación al tamaño de su economía y su
recaudación de Impuesto Sobre la Renta son de los más bajos” en el
mundo (El Financiero, 2003).
México cayó de la novena economía del mundo a la decimocuarta
del año 2000 al 2005, según datos de la propia OCDE, publicados por
los periódicos Reforma y Monitor con esa política de retroceso en la
captación de impuestos como vamos a destinar más financiamiento
público a las regiones (Monitor, 2005).
Al respecto, la mini reforma fiscal del 2007, aportó en el 2008
apenas 1.4 % al PIB de ese año, se debe empezar por reconocer que
el problema número uno, estructural de México, es la falta de recursos
fiscales traducidos en dineros públicos, que estos de manera ordinaria
disminuye cada vez más, en términos reales para el 2008.
En la ley de ingresos del 2008, se menciona que los ingresos tributarios del Gobierno Federal previstos ascenderán a 1 billón, 224 mil,
960.9 mil millones de pesos, para el 2009 esto representará $1, 916,395.4
millones de pesos el 62.9% del total recaudado para este 2009.
Según la ley de ingresos publicada el 14 de noviembre del 2008,
el ISR perderá importancia relativa frente al IVA en la captación de
impuestos en México en 2007 y para el 2008 el IETU se convertirá
en un impuesto más que apenas recaudara .45 % más de impuestos;
y para el 2009 este será de $55,408.4 el 1.8% de los ingresos totales,
en parte por el menor dinamismo económico, así como, la aplicación
de menores tasas de ese impuesto para personas físicas y morales, ya
acordada desde el 2007.
Dentro de las reformas que México, urgentemente requiere está
Véase Cfr. Página del SAT, apartado de transparencia.
Moody’s Investors Service es una de las mayores agencias de “calificaciones” del
mundo. Monitorea más de 80,000 créditos a nivel global, con análisis completos de
más de 4 500 empresas e instituciones financieras.
13
14
n 28
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
la “desregulación y el fortalecimiento del Estado de derecho” (El
Financiero, 2006) es decir, la reforma del Estado, que incluya la
reforma fiscal, energética y laboral, para obtener más recursos en
términos fiscales, y no reformas mediáticas o seudo reformas que
sólo engañan al pueblo.
Se hace necesario y urgente, entre otras acciones de política
pública:
▪ Ampliar la base de contribuyentes, es decir, que paguen más
personas físicas y morales sus impuestos, y que este sistema impositivo sea progresivo y no regresivo para obtener más recursos públicos
para las regiones;
▪ Dar estímulos fiscales que detone los sectores y regiones menos
favorecidos por el mercado;
▪ Simplificar las disposiciones fiscales;
▪ Hacer más fácil el pago de los impuestos;
▪ Brindar seguridad jurídica al contribuyente;
▪ Mayor civismo fiscal;
▪ Independencia del SAT, en un organismo autónomo;
▪ Crear una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente;
Mayor rendición de cuentas y transparencia en el origen y destino
de los ingresos y egresos en manos de la sociedad;
▪ Crear impuestos ecológicos a las industrias que contaminen suelo
agua y aire en las regiones y que estos recursos fiscales se queden allí,
donde se generan.
Las finanzas y el desarrollo se vinculan mediante los mecanismos
de ahorro e inversión. A su vez, el monto de las inversiones y su distribución son las principales determinantes del ritmo y las modalidades
del crecimiento económico indispensable para lograr el desarrollo.
La mayor parte de los recursos de los países son internos y su movilización depende de políticas nacionales correctas en materia fiscal,
monetaria, comercial y de desarrollo urbano y regional, considerando
la necesidad de integrar las políticas sectoriales y las territoriales para
elevar su efectividad y competitividad. México tiene entre sus políticas
la recaudaciones más baja del mundo “con sólo 15.8% esta lejos de la
media global que es de 26.8%, OCDE Europa 27.7 %, OCDE Pacífico
25.6% OCDE América 21.15%”.15
Las mayores limitaciones que presenta el mercado, en el desarrollo
regional, y que constituyen el principal fundamento de la intervención
del Estado16 en este ámbito regional, a través de política de financiaVer Revista Ejecutivos Finazas No 48, diciembre del 2006. Pág. 32.
Con la intervención del Estado y con el paso del tiempo y ante las numerosas
debilidades de la teoría keynesiana pura, surgen entonces los nuevos keynesianos
(neokeynesianos). Están encabezados por economistas como Gregory Mankiw, Oliver Blanchard, Larry Summers (exsecretario del Tesoro de Bush Jr. y que al parecer
renunció por el keynesianismo exacerbado de su entonces jefe), George Akerlof y por
15
16
29 n
eudoxio morales flores
miento tienen que ver más con regiones pobres, pero muchas veces
los recursos naturales son ventajas comparativas y competitivas de
una región a otra que hace que el mercado o Estado se interese por las
regiones con políticas de financiamiento público, para hacer detonar
el desarrollo regional integral, endógeno.
El Estado, a través del financiamiento de políticas públicas regionales, tienen la obligación de corregir las imperfecciones y desequilibrios
que se observan, frecuentemente, en el ámbito regional; así como,
también la posibilidad de brindar oportunidades a las regiones, con
escasos recursos, por razones de “mercado”, en eso, el Estado con
financiamiento público debería intervenir más en la gestión de políticas
públicas regionales que impacten el desarrollo regional.
Las limitaciones del mercado en relación con las regiones, la
participación del Estado en ese ámbito regional, fenómeno, por lo
demás, común e independiente del grado de desarrollo de los países,
se entiende inspirada en el propósito de potenciar la eficiencia del
mercado y manifestar la solidaridad del Estado, con los sectores
sociales rezagados.
Para lograr estos objetivos, el Estado dispone de una gama
variada de instrumentos de políticas económica, en ellas el gasto
público los cuales destaca: las políticas públicas fiscales regionales,
infraestructura regional realizada con gasto público, parques y corredores industriales, como la célula en Puebla. Todo ello, en suma con
financiamiento público de las actividades regionales que pretenden
modificar el espacio urbano regional que se trate, e incorporarlo más
a un desarrollo nacional.
En los últimos cincuenta años, la participación del Estado en el
financiamiento del gasto público de inversión (formación de capital
fijo) en particular el de inversión, en las regiones menos desarrolladas debe ser fundamental para los países de América Latina, el cual
ha ido adoptando las más variadas formas de planeación estratégica
regional, tanto en relación con las regiones como con las modalidades
de aplicación de los recursos públicos.
La mayoría de los gobiernos estatales y locales presentan una
severa escasez de recursos para financiar su desarrollo, debido al
círculo perverso de: carencia de capital (por presupuesto insuficiente),
elevados costos financieros (por riesgo asociado a un marco jurídico
inseguro e inestabilidad económica), inversión insuficiente, baja
producción, escaso empleo e ingreso, deterioro en las condiciones de
vida, pérdida de capital humano (por emigración) y de capital natural
(por sobreexplotación de los recursos naturales y económicos), falta
supuesto no podemos olvidar al actual Presidente del Banco Central estadounidense
(FED), Ben Bernanke. Estos economistas neokeynesianos están convencidos de que
es necesaria la intervención en los mercados por medio de activas políticas fiscales y
monetarias, hoy con la crisis financiera de los Estados Unidos parece resurgir este tipo
de teorías de una manera responsable.
n 30
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
de proyectos de inversión (por deficiencias técnicas e institucionales),
y carencia de capital.
Es así, como los diversos esquemas de financiamiento oficial que
exhibe el panorama mundial en este campo, este no sólo tienen que ver
con la ideología imperante en cada país respecto al papel del Estado en
la economía, sino también con las circunstancias específicas de cada
una de las regiones, y de los partidos políticos que gobierna en cada
país. Diría: Ruy Mauro Marini “ignorar este conjunto de elementos,
cuando se trata de evaluar el impacto del Estado en el proceso de
realización de mercancías, parece realmente inconcebible”17 en donde
el financiamiento público juega un papel importante “Lo primero a
señalar es que el análisis correcto del gasto público strictu sensu, es
decir, presupuestario”.
En ese sentido, se plantea la hipótesis de que la falta de financiamiento público en políticas de desarrollo regional se debe a la baja
recaudación fiscal que tiene el SAT con respecto al PIB, fenómeno
similar que pasa en América Latina, que es una de las regiones que tiene
una baja recaudación fiscal con respecto a otras regiones del mundo, ya
sea por evasión fiscal y corrupción, o por falta de impuestos.
El problema de la falta de recursos financieros y de una política
de finanzas públicas sanas para el desarrollo regional, tiene que ver
más con cuestiones de combate a la evasión fiscal, casi en todos los
países de América latina, que con el incremento o creación de nuevos
impuestos.
El asunto de fondo de la falta de recursos fiscales suficientes, y
en una reforma fiscal a fondo, tanto por lado de los ingresos, pero
también del gasto, así como, en la aplicación del Estado de derecho.
Si esto se solucionara tanto de lado de los ingresos y egresos traería
como consecuencia, un incremento real en la base de contribuyentes y
por lo tanto, del incremento de los ingresos nacionales, que se podría
traducir políticas de financiamiento regional, dando más potestades
a las regiones en el cobro de los tributos, y estos recursos públicos,
podrían destinarse al fomento de la política del ámbito del espacio de
la configuración desarrollo urbano-regional.
Ante este panorama, en los últimos años se han creado nuevas
alternativas de financiamiento para el desarrollo desde la banca y las
empresas privadas, la bolsa de valores y desde las organizaciones
sociales, evitando prácticas de subsidios y de clientelismo político.
Sin embargo, está pendiente sanear el sistema crediticio y aumentar
la oferta de capital, aunque también se requiere generar proyectos
de calidad para que sean viables los nuevos proyectos de desarrollo
urbano y regional.
Ruy Mauro Marini “Las razones del neodesarrollismo” ver página electrónica http://
www.marini-escritos.unam.mx/007_neodesarrollismo_es.htm, al respeto el autor señala
que “la autonomía relativa del Estado está en razón inversa de la capacidad de la burguesía para llevar a cabo su dominación de clase; en otros términos, un Estado capitalista
fuerte es siempre la contrapartida de una burguesía débil” (30 06-08).
17
31 n
eudoxio morales flores
En el ámbito local se reconoce también la necesidad de la participación social como la base del financiamiento para el desarrollo, tanto
como agentes profesionales de la banca y de las empresas privadas. A
su vez, el financiamiento y el desarrollo tienen como pilares al ahorro
interno y la planeación.
Esto se advierte en el siguiente gráfico, que permite observar que
México se encuentra bajo la lógica y el predominio del mercado; sin
embargo, el Estado debe asumir sus responsabilidades ante los desequilibrios regionales que genera el neoliberalismo en un contexto
mundial dominado por la globalización, la apertura y la integración
regional.
Gráfico 1. Producto Interno Bruto Regional 1993-2001
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Secretaria de Economía.
n 32
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
Cuadro 1.1. Porcentajes medios de Inversión, sobre la Inversión total
Zona
Estado
NORTEBaja California Coahuila Chihuahua
Nuevo León Sonora Tamaulipas CENTRO - NORTEBaja California Sur Durango San Luís Potosí Zacatecas Sinaloa CENTRO
Aguascalientes Colima Distrito Federal Guanajuato Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Querétaro SUR
Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Puebla Quintana Roo Tabasco Tlaxcala Veracruz Yucatán inversión social
infraestructura
28,86
17,09
16,45
25,46
21,36
13,23
20,70
28,17
20,34
34,52
19,54
33,22
24,55
40,48
23,53
15,70
25,20
33,31
14,40
35,97
21,25
24,15
08,13
14,52
33,15
19,68
30,22
26,95
06,97
44,54
07,76
32,28
inversiónOtra inversión
16,12
12,02
18,44
20,15
26,18
15,06
20,31
19,64
24,79
20,71
17,25
21,06
26,46
18,42
19,93
13,55
29,67
24,49
16,29
24,70,
16,00
27,10
04,33
14,98
17,35
18,51
25,21
18,31
03,50
21,62
09,58
17,72
55,60
71,18
67,95
54,98
52,47
71,82
59,21
52,21
54,89
44,78
63,24
45,73
49,04
41,12
56,58
70,78
45,14
42,26
69,45
39,47
62,78
49,93
87,88
70,50
49,52
61,82
44,57
54,83
89,62
33,85
82,96
50,08
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del INEGI.
6. La problemática, desigualdades Regionales, y el motor de
desarrollo regional
Como hemos insistido a lo largo de este trabajo, todo Estado18, debe
buscar el funcionamiento de los mercados, la política de desarrollo
18
“A medida que se ha intensificado la mundialización de la competencia, no faltan quienes han empezado a atribuir un papel más reducido a las naciones. Antes al contrario, la
internacionalización y la eliminación de la protección y de otros factores de distorsión de la
competencia es perfectamente razonable decir que si en algo han afectado a las naciones ha
sido para hacerlas más importantes”. Porter, M. E., La ventaja competitiva de las naciones,
Buenos Aires, Vergara, 1991, p. 59. Esto viene a colación porque a medida que las regiones
menos dinámicas al mercado el Estado se ve reducida a su mínima expresión en estas regiones
pobres y pocas dinámicas, en contexto y entorno nacional e internacional
33 n
eudoxio morales flores
regional, debe ser la base para un desarrollo nacional en México, mientras esto no se entienda en su justa dimensión las regiones seguirán
tratadas “como menores de edad”, en base en una política económica,
que instrumente políticas regionales con rostro humano, que se preocupe y ocupe más en los que menos tienen, en un desarrollo regional
autosostenido e incluyente en el escenario nacional e internacional
por lo que cada Estado debe aspirar a unas finanzas públicas sanas
y suficientes, con un manejo responsable del déficit fiscal, y con un
alto contenido social, que impacte en el desarrollo regional de manera
planificada estratégica y tácticamente.
El financiamiento público para el desarrollo regional, debe darse
en una reforma fiscal integral progresiva por lado de los ingresos y
gasto. Por el contrario, el mayor inconveniente de este esquema es la
incertidumbre fiscal de cada sexenio, con respecto a la posibilidad de
mantener, al margen de las vicisitudes políticas, un flujo de recursos
públicos que permita implementar una estrategia de gestión de políticas
públicas para el desarrollo regional, con una perspectiva de mediano y
largo plazo que impacte en la configuración del ámbito del desarrollo
regional y local de este país.
En Estados Unidos de América como Canadá con la cual México
tienen firmado el TLC, y de la cual podríamos ver su experiencia en
desarrollo regional se caracteriza por su alto grado de desarrollo, un
territorio con un alto grado de cohesión y unidad territorial y en lo
fiscal el 33% de los recursos fiscales (impuestos directos e indirectos)
recaudados se quedan en las regiones que lo “producen”.
La convergencia de sus regiones es muy significativa y son en
gran medida un territorio homogéneo en su grado de desarrollo. Contrariamente, México expresa problemas de abierta desarticulación y
divergencia regional y fiscal ya que solo el 1 o 2 % de lo recaudado a
nivel nacional se quedan en los municipios y 5 y 6 % en los estados,
mientras que los Estados Unidos en este ámbito se quedan alrededor
del 66% de los ingresos fiscales tributarios, lo que comparativamente
con sus socios comerciales de América del Norte agravan sus diferencias fiscales y territoriales: “El PIB norteamericano es 22 veces
superior al mexicano, la tasa salarial diferencial entre ambas naciones
es de 1 contra 11, esto es un norteamericano gana 11 veces más que
un mexicano y la productividad marginal del trabajo es de 1 contra 4,
en este mismo sentido” (Ziccardi, 1995, p. 145).
Por otra parte, el nivel de ingreso per cápita en los Estados Unidos
es más o menos homogéneo, mientras que para el caso de México las
zonas metropolitanas como la zona fronteriza contrasta fuertemente
con el nivel remunerativo del sur del país y el oriente. Situación que
de los 90 a la fecha ha venido a acentuarse, a causa de la globalización
donde los mercados regionales más dinámicos son los más beneficiados de la globalización y los marginados, son mas altos marginados.
Por otra parte, la inversión pública en infraestructura en México,
n 34
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
privilegia a las entidades que logran integrarse al esquema del mercado
internacional, en detrimento de las zonas que no lo hacen, lo que
agrava la situación puesto que las políticas de federalización como
de descentralización no obedecen a tratar de aminorar las diferencias
regionales, sino a fortalecer las regiones que han logrado con mayor
éxito anexarse a los mercados globales a partir de los globalización
de los mercados financieros con el sistema financiero nacional y sus
regiones. La inversión pública regional sigue privilegiando las áreas
metropolitanas, la zona norte, el centro y centro occidente (Distrito
federal, Nuevo León, Jalisco y Puebla). Existe un significativo abandono del resto del territorio especialmente el sur, Oaxaca, Chiapas,
con excepción de Quintana Roo y Tabasco que por cuestiones de
turismo y de la industria petrolera, respectivamente, reciben fuertes
montos de este tipo de inversión de los excedentes petroleros. Aún
así, la inversión pública regional se focaliza con lupa en el territorio.
Por ejemplo, en Jalisco, fuera de la zona metropolitana de la ciudad
de Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno,
el resto de la entidad observa rezago y divergencia, al igual que la
zona metropolitana de Monterrey la capital de nuevo León y zona
metropolitana de la ciudad de Puebla.
Prueba de ello es la migración de trabajadores a la Unión Americana
que viene precisamente de una de las regiones que se supone se articula
con el esquema de “desarrollo exogenista”19 o de apertura económica
no es en sí contraparte respecto a la inmigración que trae el área metropolitana de la ciudad, el occidente del país, región que se compone
precisamente por los estados tradicionalmente más expulsores de
población como lo es Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas.
La necesidad de replantear el sentido de la globalización donde
debe considerarse que ésta no debe ir de arriba hacia abajo, sino en
sentido contrario, La globalización desde abajo representa una nueva y
novedosa visión de la organización del territorio, no en atención de los
intereses de globalización desde el capitalismo central, sino admitiendo
las potencialidades sociales, económicas, ecológicas y culturales a un
nivel local, donde su incrustación en lo global no implica una supresión
de sí misma, sino una contribución a una globalidad no estandarizada,
sino diversa. Al respecto el autor Hiernaux, dice de manera textual que
“El peso ideológico del neoliberalismo ha sido tan abrumador que ha
restado capacidad a las sociedades para diseñar un futuro mejor bajo el
planteamiento de un modelo social diferente, y por diferente queremos
decir radicalmente distinto al actual” (D. Hiernaux, 2005, p. 25)
Se fortalece a los estados con mayores ventajas comparativas y
competitivas en el contexto internacional dejando al margen a las de
Basta con revisar algunos indicadores sociales, especialmente aquellos que sirven
para medir la marginación y el grado de pobreza de la población, para quedar en el
convencimiento de que este esquema exogenista más aporta al desarrollo de las divergencias y de las convergencias.
19
35 n
eudoxio morales flores
menores posibilidades de competitividad. El Plan Puebla Panamá
que revivió Felipe Calderón, supone anexar las regiones del sur de
México y naciones centroamericanas al proceso de desarrollo de
América del Norte del Plan Puebla Panamá, 250 Microregiones,
marchan hacia el sur, etc., es positivo, sin embargo, se deben superar
visiones voluntaristas, sobre todo aplicando enfoques de planeación
de abajo hacia arriba, considerando los potenciales de desarrollo regional y tomando en cuenta los intereses y culturas de las sociedades
locales, quizá este plan sea más beneficioso para estas regiones que
los programas nacionales de fomento y desarrollo ya que en términos
de inversión de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) de los últimos tres años este gasto público de inversión no ha
sido superado en más del 7% anual a infraestructura pública, la mayor
parte del presupuesto anual se destina a gasto corriente en un 93 %.
Puede decirse (Alegría, 1995, p. 58) que mientras en el resto del país
la terciarización es una realidad, en la frontera, a razón de ser la región
segunda receptora de inversión extranjera, después de la ZMCM,
ZMCDG, ZMCM y ZMCP. Para estas regiones marginadas el vínculo
de los Estados–Nación, se diluye y cada día la brecha entre ambas
se agrande de manera peligrosa en materia de bienestar y estabilidad
social, ya que los mercados regionales dinámicos que espolean a las
regiones más pobres, son las que se benefician de la globalización
económica y financiera.
Las “ciudades medias” adquieren recientemente un protagonismo relevante en el crecimiento urbano de México, en gran medida
se explica por las reformas constitucionales a los artículos 27 y 115
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos como
corolario de esto.
El nuevo rol otorgado al municipio con más capacidad de recaudación y gestión administrativa, a la par de la liberación de la población
cautiva por la propiedad ejidal, es la principal causa del crecimiento
en las ciudades medias del país. Se afirma entonces que, y cito de
manera textual: “Los riesgos que implica una transformación de la
función del Estado para las regiones más atrasadas son, hasta cierto
punto, previsibles. La reducción de la intervención del Estado en la
economía por el influjo neoliberal y por las tendencias integradoras,
dejan a la mano invisible la tarea de reducir, y en lo posible suprimir,
las desigualdades.” (Alegría, 1995), Es innegable que para paliar las
desigualdades regionales el Estado es el único agente económico para
distribuir mejor el gasto público en regiones pobres o pocas dinámicas
para el mercado global. La política tributaria precisamente trata de
mediar, regular, disminuir las desigualdades regionales, a través de
mayor financiamiento público en estas áreas y regiones. Su acción
recaudadora y en materia de gasto social atiende a la población más
vulnerable y redistribuye el ingreso de forma progresiva.
Sin embargo, esto sucede así cuando el Estado es del pueblo,
n 36
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
para el pueblo y por el pueblo. Pero en la fase de la globalización y
la producción flexible el Estado es enajenado por la gran burguesía
internacional y siendo del Pueblo, por que lo paga el pueblo, sirve para
la burguesía y hace por la burguesía. Es entonces que la recaudación
es tan regresiva como el gasto público, privilegiando los intereses de
las clases burguesas y en detrimento de las clases trabajadoras.
El desarrollo regional no es algo que pueda dejarse a la mano invisible, implica la atención de un Estado del pueblo, por y para el pueblo,
por ello las tesis socialdemócratas y endogenistas de globalización
desde abajo y de tendencias ideológicas de izquierda aparecen como la
alternativa al actual esquema económico que no solo no ha resuelto las
discrepancias, sino las ha agudizado. La organización del territorio es un
tema especial en esta materia. Transformar el patrón de ocupación del
territorio en la búsqueda de lograr la desconcentración metropolitana y
la descentralización económica, es una prioridad para lograr con éxito
la anexión de las regiones del país al desarrollo globalizado, pero para
ello se necesita políticas de Estado en esta Materia.
El sistema de ciudades actual, parte de la supremacía económica
y primacía urbana de las Zonas Metropolitanas, que espolean a las
regiones poco dinámicas del mercado globalizador. “La globalización
desde abajo representa la articulación de las regiones con mercados
semiautónomos. Semi porque no se niega su articulación al exterior,
pero no por ello los mercados locales deben abandonar las necesidades locales, capaces de vitalizarse por la existencia de su propia
base social y económica, así como a través de sus propios recursos”
(Rionda, 2008). El mismo autor, Rionda Ramírez, expresa que “La
pretensión de desconcentrar de población las grandes áreas metropolitanas se inicia desde los años 70. El ascenso del desarrollo urbano e
industrial de corte fordista, implica un esquema de producción que se
realiza de forma integral en una sola localidad. Por ello, el esquema
fordista se ampara bajo el proteccionismo económico. La localización
de los negocios se daba en respuesta a la propia localización tanto de
sus mercados de destino como de proveeduría. Esto concentraba a su
vez los mercados de trabajo lo que nutre necesariamente el crecimiento
de las ciudades. El efecto del fordismo en su máxima expresión es
que a inicio de la década de los 70 el todo el orbe abrupta y de súbito
habían surgido megametrópolis tales como la ciudad de México que
hoy por hoy concentra en su zona metropolitana aproximadamente, a
mas de 20 millones de personas. El endogenismo económico radica
en la búsqueda de recobrar la autonomía local como fundamento de
la solidez del sistema global (Stiglitz, 2004). Para ello las políticas a
seguir deben ser impulsadas desde lo local para fortalecer lo global
como un esquema integrador y con capacidad de resolver las necesidades diversas que precisamente se viven en lo local, y no tanto en
respuesta a la solución de las necesidades de un capitalismo central.
Las grandes ciudades como áreas metropolitanas y cosmopólítas
37 n
eudoxio morales flores
son a su vez, áreas de conexión con la globalidad. Las ciudades son a
su vez espacios donde se expresa lo nacional su nexo con lo regional.
Por ello la ciudad es un tema relevante para estudiar cómo se expresa
la globalización en su interacción con lo local, regional y nacional,
en un espacio económico. La ciudadanía expresa sus demandas a un
nivel local y es a nivel gobierno local que el Estado entre en contacto
con la ciudadanía. “La revalorización del mercado interno frente al
externo, es también una forma de revalorizar las culturas regionales,
al ofrecerles una base económica para su desempeño.” (Hiernaux,
1995). Esta definición es vital para poder superar el problema semántico relativo al término pues es común hablar de nación sin considerar
que esta es efecto de una identidad cultural que también puede ser un
elemento para definir región. La dimensión de este proceso, tal como
lo indica Tito Alegría, el cual cita en su trabajo Rionda Ramírez debe
concebirse en tres dimensiones:
1. En la reestructuración económica donde la diferencia existente entre lo local y lo nacional es mella clara en el caso de la
región de la frontera norte. La propia terciarización es diferenciada
a nivel regional, donde las condiciones geográficas, potencialidades
sociales, culturales, históricas y económicas que conjugan para
expresar la singularidad regional.
El desarrollo en sí es un proceso diferenciado, no homogéneo,
donde cada localidad vive de manera distinta la terciarización económica. Para el caso de la franja fronteriza los procesos urbanos y
la terciarización20 observan tres variables de interés que determinan
su singularidad respecto al resto del país: la acentuación (sostiene
Alegría) de la división del trabajo al demarcarse cada vez más las
diferencias entre la industria y los servicios.
La segunda variable es el incremento de la productividad del
trabajo en el sector industrial comparativamente a otros sectores de
la economía y por último, el agotamiento del modelo de sustitución
de importaciones que desacelera el crecimiento del sector industrial
nacional al ingresar proveedores industriales como productos de
origen extranjero, lo que le resta dinamismo al sector.
La reestructuración se observa a una escala nacional donde la
tendencia a la terciarización es lo dominante, efecto de la pérdida
del dinamismo del sector industrial nacional a razón del agotamiento del esquema de sustitución de importaciones. A escala
fronteriza donde existe la dicotomías, sino contradicción, entre el
proceso de industrialización especialmente del sector maquilador y
el proceso terciarizador, complementario de una economía fronte20 Es importante decir que hablar de terciarización se hace referencia a la evolución del
sector terciario de la economía, integrado por los servicios a la producción, financieros
y comerciales. Asimismo, cuando se habla de secundarización se refiere a la evolución
de la industria de la transformación de materias primas a bienes manufacturados y procesados para el consumo final o bien como bienes intermedios, insumos industriales
n 38
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
riza. Finalmente la escala local donde la especialización industrial
opera de manera desarticulada del aparato productivo nacional y
con propia autonomía y singularidad.
2. En la reestructuración espacial implica una reconfiguración
del área industrial donde la vocación de las zonas cambia. Existen
un desarrollo industrial periurbano a la par de un desarrollo marginal suburbano y en gran medida irregular. La zona centro de las
ciudades deja de ser habitacional y pasa a hospedar al comercio
formal los servicios de seguros y bancarios como públicos. Y nacen
los clusters en colonias de clases medias y medias altas, polarizados y contrastados con amplias zonas de marginalidad o fabelas
(ciudades perdidas o cartolandia como a veces se nombran).
La conurbación y la metropolización es ahora un fenómeno
latente ante su crecimiento por encima del crecimiento de las ciudades del resto del país. El ordenamiento territorial es rebasado por
el crecimiento de la mancha urbana en gran medida desordenado
y caótico. El centro de la ciudad deja de serlo como gravitacional
de las actividades urbanas, se delega a otras zonas pericentrales
propias del crecimiento periurbano y en atención a la dimensión
de las necesidades locales de cada zona.
Estos nuevos centros normalmente son comerciales como
desarrollos turísticos. El desarrollo de la industria maquiladora es
empleadora en doble sentido, por los empleos directos que generan
el sector, como aquellos colaterales en otros sectores que prosperan
a expensas de la demanda adicional creada por la industria maquiladora, así como, de los concadenamientos industriales con el
resto de las economías locales.
Es por ello que son ciudades que retienen población como la
atraen, razón por la cual son las ciudades con mayor crecimiento urbano y demográfico del país. Paralelo a esto y como parte
también se tiene que las demandas derivadas de un desarrollo
basado en la industria maquiladora ocasiona una fuerte contradicción con la estructura urbana preexistente. Las nuevas demandas de
origen industrial y la estructura urbana preexistente de tipo terciario
indica Tito Alegría, sólo pueden concretarse en una dinámica de
competencia inter-urbana por atraer la inversión de las actividades
que más crecen: la maquila (Alegría, 1995).
3. En el conflicto y política urbana que expresa necesariamente
el rompimiento entre las burguesías nacionalistas social demócratas y las nuevas burguesías no tradicionales, anexadas al capital
extranjero, de corte derechista, extranjerista y demócrata cristiana.
Estas últimas representadas en el PAN con gran vigor.
Las entidades del país más tendientes a la derecha son precisamente aquellas que más nexo tienen con los mercados foráneos:
39 n
eudoxio morales flores
la frontera. Los comicios favorecen gobiernos municipales de tipo
panista y son base para entrar en conflicto con el orden institucional
central (hasta el 2000 priísta y a partir del 2000 con un panismo que
sigue los pasos del centralismo heredado de las administraciones
pasadas). En el resto del país, las llamadas ciudades medias es otro
tema que merece un tratamiento especial.
La política de descentralización siguen vigentes los mismos objetivos que los de hace 2 décadas:
a) Estimular el crecimiento de las localidades urbanas para
equilibrar la desigual distribución territorial de la población.
b) Promover el desarrollo de una red de unidades urbanas que
articulen el crecimiento y desarrollo de las regiones en que se
ubican impulsando un sistema urbano equilibrado.
c) Constituir las ciudades en alternativas de localización de
actividades productivas y de servicios sustitutivos de las grandes
áreas metropolitanas del país.
Por ultimo, durante el pasado sexenio de Fox, el ejecutivo del
Banco Central en México “el gobernador Ortiz aseguró que las crisis
económicas de los últimos 20 años no son la única razón del rezago
de México frente a otras naciones que hace medio siglo tenían un
desarrollo similar o incluso más bajo. El problema adicional, dijo, es
que el país no ha logrado romper las barreras a la competencia, entre
las que ubicó la existencia de monopolios públicos y privados” (La
Jornada, 2006).
Las necesidades regionales contemplan una vigorosa participación
de la Economía social financiamiento privado para atender demandas,
por ejemplo, en materia de vivienda, transporte, agua, desechos sólidos
y peligrosos, comunicaciones, conservación y rescate ecológicos, entre
otros rubros, que puede ser rentable al sector privado, pero también
financiamiento publico.
Asimismo, existen modelos de inversión, donación y financiamiento privado dirigidos a comunidades con escasos recursos pero
con capacidad de organización y con la posibilidad de convertirse en
sujetos de su propio desarrollo. El debate consiste entonces en definir
el sistema regional - local, que se quiere y se puede tener, considerando los intereses y la participación de los distintos sectores y agentes
económicos para lograr consensos sobre lo fundamental, así como los
mecanismos de financiamiento que hagan posible alcanzar esa imagen
objetivo que las regiones necesita.
n 40
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
7. Conclusiones
A modo de conclusión, ha de señalarse que este trabajo exploratorio, no pretende hacer un análisis crítico de las diferentes modalidades
de financiamiento público”21, en el diseño de políticas públicas de
desarrollo regional, sino más bien mostrar en primer lugar, una parte
como los ingresos públicos fiscales en la medida que no se incremente al menos a más del doble, con respecto al PIB, combatiendo
en un 25% la evasión fiscal y en caso de no darse una reforma fiscal
integral por lado de los ingresos y egresos, la falta de financiamiento
público, obstaculizará el desarrollo regional, no pretende dentro de
un espíritu propositivo aportar acerca de cómo sería un nuevo modelo
de desarrollo para las naciones y las regiones.
En la fase actual del capitalismo en que se rearticulan los espacios
globales, regionales y los locales, lo territorial regional adquiere una
importancia estratégica, sobre todo si se pretende ser competitivos,
promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos.
El gasto público en políticas públicas regionales, es un instrumento
crucial para avanzar en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo
regional, ya que contribuye ha: a) lograr el crecimiento económico
con equidad y sustentabilidad regional, b) reducir el riesgo de crisis
sistemáticas, y, c) facilitar recursos para reducir las desigualdades
territoriales y sociales, con énfasis en la pobreza.
El Estado mexicano, se ha limitado sólo a la función principal de
un proceso de descentralización del gasto corriente, la idea central es
procurar el desarrollo regional en base gasto de inversión y legitimación del Estado en el ámbito regional.
En tal sentido considero que cualquier trabajo que contribuya a
establecer una relación entre el proceso y su objetivo, así como el
tratamiento de los diferentes aspectos que intervienen el en proceso
del desarrollo regional actual, contribuirán a un mayor entendimiento
de nuestra realidad y mejor planeamiento del mencionado proceso
descentralizador en distintos regiones y municipios conforme a las
particularidades de sus contextos políticos, institucionales, económicos
y sociales de cada país.
De igual manera la participación del Estado -como poder corrector
de las limitaciones del mercado del desarrollo regional endógeno- ha
sido una constante en los países de América Latina, y de manera particular en México. Por ello, urge una reforma fiscal integral a fondo y
no la que se dio en el 2007, que sólo aportó el 1.42% más con respecto
El déficit de la balanza de pagos norteamericana crearon una enorme disponibilidad
de dólares en el mercado internacional, llevando a que la cantidad de dólares-billete en
circulación pasara de 6.4 a 35.7 mil millones, entre 1949 y 1968, quedando la mayor
parte de esa masa en manos de los bancos privados. Tamames, R., Estructura económica
internacional, Madrid, Alianza, 1974, p. 111, e U. S. House of Representatives, Financial
Institutions and the National Economy. Discussion Principles, Washington, nov. 1975.
21
41 n
eudoxio morales flores
al PIB, que eleve la recaudación fiscal real, para que haya una mayor
financiamiento público a las regiones; pero, es claro que los últimos
gobiernos nada o poco han hecho para aplicar una política de desarrollo
regional autónoma que de más recursos a sus regiones.
Urgente es, de igual manera, un desarrollo de las economías regionales - rurales que aborde los fenómenos de pobreza rural y urbana,
el desarrollo agroalimentario y el manejo sostenible de los recursos
naturales renovables, así como, la competitividad y modernización
del Estado, con el fin de aplicar políticas de Estado, en desarrollo
regional y el sector agrícola, las políticas urbanas adecuadas para
lograr un desarrollo sostenible de las economías regionales-rurales
en la región”22.
Esto implica que el Estado se ponga al servicio del poder popular en
un proyecto democrático, donde el capital no sea altamente especulativo, financializado, y dedicar su capacidad para organizar la producción
y generar empleos, lejos de la especulación, tratar de hacer diferencia:
dinero que produzca dinero público, no riqueza concentrada.
Es necesario, un consenso que logre resultados satisfactorios, en la
reducción de la pobreza, es necesario complementar el marco de políticas
macroeconómicas, con estrategias sociales, institucionales, macroeconómicas y ambientales que logren cambios estructurales en el desarrollo,
del capital humano y en la calidad de vida de la población rural.
Este consenso incluye el concepto, de que para desarrollar las
economías regionales-rurales se requiere de “una estrategia territorial
de desarrollo económico multisectorial (agrícola, pecuario, forestal,
pesquero, agroindustrial y agroalimentario; educación y salud rural;
infraestructura, transporte y actividades financieras rurales, minería y
energía; agro-turismo y otros) que abarca diversas actividades complementarias como el aumento de la competitividad agroalimentaria, el
manejo sostenible de los recursos naturales renovables, el desarrollo
regional y municipal, el desarrollo social rural, la modernización
institucional y de infraestructura física, y la integración económica
subregional y regional”.23
En México, ante la falta de ingresos ordinarios se acude al endeudamiento interno o externo muchos sectores, internos e externos
coinciden como “problema estructural más importante en México” la
baja recaudación fiscal de sólo apenas alrededor del 10%, con respecto
al PIB (El Financiero, 2006, p. 1), lo cual repercute en la aplicación de
Libro de Rubén G. Echeverría: “Desarrollo de las economías rurales en América
Latina y el Caribe” que recopila las principales ideas presentadas durante la Conferencia
“Desarrollo Rural y Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe”, realizada
en el marco de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo
en la ciudad de Nueva Orleans en marzo de 2000. El propósito de la Conferencia fue
discutir una visión amplia del desarrollo rural en la región, así como una nueva agenda
rural para el BID. Dicha agenda se basa en las lecciones de dos décadas de profundos
cambios en la región.
23
Ibíd.
22
n 42
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
políticas públicas nacionales y regionales, en la integración económica
de América del norte.
México expresa una profundización de las diferencias en el
grado de desarrollo regional, con abierta desarticulación y crecientes
asimetrías y divergencias entre las regiones que logran anexarse al
esquema de oportunidades para la producción compartida y globalizada, y aquellas que no aportan una ventaja competitiva al proceso
de globalización.
Los Estados nacionales como México, han venido sufriendo
transformaciones en su estructura centralista, en contraposición, las
regiones cobran protagonismo económico y político. Estos hechos
hacen vulnerables a las naciones dentro de procesos de globalización
ya que se refuerza las tendencias hacia su atomización y desaparición
como regiones que retomen su propio desarrollo.
Aún en las propias regiones que logran aportar ventajas productivas
a los procesos globalizados, existe una focalización del desarrollo
puesto que coexisten zonas de alto dinamismo que colindan con áreas
de abierta marginación, donde estas regiones desarrolladas expolian
a las regiones más pobres de poca riqueza y desarrollo, la dinámica
del crecimiento de las ciudades cambia de patrones.
Se observa una desindustrialización y desconcentración industrial,
acorde al régimen de producción flexible, como aparte la necesidad de
restarle dinamismo al crecimiento de las grandes metrópolis a causa de
la globalización económica y financiera, lo que hay que salvar es a la
sociedad, no a los bancos, éstos son rescatados cada que viene una crisis
como en 1994 con el FOBAPROA que después se convirtió en IPAB.
El neoliberalismo habla de que el Estado no tiene que intervenir, pero
cuando lo necesita para salvar al capital, es lo primero que hace.
El sistema financiero tiene que limpiarse, se está tratando de que
el capital no se devalúe, pero eso solamente es a costa del sufrimiento
de un mayor número de personas, me parece que es muy difícil evitar
que la crisis ocurra, que se pierda una parte importante del valor de
capital acumulado por algunos grupos. Claro, algunos van a ganar en
esto siempre, en las crisis hay unos que ganan y otros que pierden, lo
que tenemos que insistir es construir otra economía, volver a poner el
trabajo en el centro de la economía y ya no verlo como un elemento
más, que se deja de utilizar.
Hay que recuperar la capacidad de trabajo y juntarla con recursos
económicos y financieros y naturales como la tierra, el agua, el conocimiento y producir lo que necesita cada región y país, para ello, se
necesita mas gasto publico en inversión.
Las grandes zonas metropolitanas, especialmente aquellas que
son sede del gobierno central federal, buscan reacomodos propios a
la descentralización regional. El redimensionamiento del aparato de
gobierno genera desempleo así como la relocalización industrial fuera
de la ciudad incrementa el desempleo marginal y la crisis financiera
43 n
eudoxio morales flores
desempleo. Proliferan trabajos propios del sector informal, sobre todo
en el sector terciario de la economía, propiamente el ambulantaje que
se ira incrementado conforme pase los meses del 2009, con la crisis
financiera mundial, así como, también la inseguridad y la migración
de los Estados Unidos de nuestros paisanos.
En México, los programas sociales de atención a los problemas de la
población son insuficientes y su eficacia es corta dado que el régimen de
redimensionamiento del Estado a una expresión menor, el concesionamiento de lo público a lo privado, la cancelación de programas sociales
y el incremento del gasto público corriente sobre el de inversión o bien
su redimensionamiento a una expresión más modesta.
Las políticas de estabilización que suplen a las de crecimiento y
desarrollo, y sobre todo la caída de la inversión pública, son causales
fundamentales para explicar la ineficacia de los programas sociales y
el abandono de las políticas públicas regionales.
Hay que desarrollar formas económicas donde los trabajadores
gestionen los procesos de producción en vinculación con los sectores
que demandan esos productos, esto se puede hacer a nivel local o por
regiones.
El modelo “exogenista” está acelerado el proceso de agotamiento,
los gobiernos no están en condiciones de hacerlo por la vía artificial
de los subsidios, tasas arancelarias compensatorias, valor artificial del
dólar, etc.; tampoco pueden modernizar las regiones exclusivamente a
través del modelo convencional de más gasto público a fondo pedido
como en el pasado porque ese tipo de políticas públicas ya demostraron su fracaso ya no se están en condiciones de proporcionar a la
totalidad de los productores regionales todos los factores clásicos de
modernización que dicho modelo regional exige.
Sin embargo, a pesar de todas sus restricciones, los gobiernos no
pueden olvidarse que la grandeza de la mayoría de los países de la
región fue construida gracias a las generosas transferencias de riquezas
producidas en el pasado por la agricultura y por los agricultores; por
neoliberales que sean, los gobiernos no pueden desobligarse de su
indeclinable deber de proporcionarles hoy como mínimo subsidios.
Por otra parte, la herencia histórica del centralismo explica en
gran manera las desigualdades regionales existentes. No obstante,
las políticas de descentralización se han confundido con acciones de
desconcentración del aparato estatal y algunas industrias susceptibles
de relocalización de la ZMCM a la periferia. La parte fiscal de la
descentralización y el llamado federalismo fiscal pueden ser hoy por
hoy, los principales avances de la descentralización, no obstante aún
insuficientes.
La franja fronteriza de la República Mexicana es una zona que
expresa una singularidad distinta del resto del país, su desarrollo desarticulado del aparato productivo nacional, es distinto en gran medida
de lo que prevalece en la nación, con un mayor nexo a las economías
n 44
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
de las ciudades vecinas norteamericanas, y con un fenómeno industrializador basado en las factorías maquiladoras, aún más dinámico
que la del sector terciario que es bastante fuerte en la frontera.
Esto implica, en palabras de José Luis Coraggio, cada vez más la
necesidad de “tener nuevos enfoques sobre qué hacer con la economía.
Se trata de una nueva búsqueda crítica y, a la vez, propositiva sobre
qué son los recursos, cómo utilizarlos y a favor de quién, pero sobre
todo tener opciones para las mayorías, que son las que están siendo
expulsadas de este sistema elitista del mercado global”. (La Jornada,
Febrero 09)
En la medida en que los gobiernos nacionales y subnacionales y
locales se den cuenta a través de los diagnósticos regionales que realizan de sus planes de desarrollo, de las necesidades de la población
y que manden obedeciendo, obviamente van a tener que hacer este
tipo de cosas, pero si ocupan el poder a favor de grupos concentrados o elitistas, no vamos a salir de la crisis financiera mundial con
recursos propios, cuando tenemos todas las ventajas competitivas y
comparativas para hacerlo.
La convergencia o divergencia del desarrollo regional es un tema
de especial interés para tratarse por las acciones emprendidas a nivel
central a favor de combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida
de las personas. La revisión de programas con fundamentos sociales
en materia deja en claro que se esta muy distante de tener programas
realmente efectivos.
Las referencias citadas de Puebla. Jalisco, Monterrey, entre otros,
son valiosas porque son generalizables para el resto de las entidades
que no se anexan al nuevo esquema de desarrollo exogenista. Con
excepción de de la franja fronteriza del norte del país, el centro y
centro occidente, el resto de la República agranda su divergencia con
respecto a dichas regiones pues no solo su rezago es mayor, sino la
marginación, los procesos de globalización el desarrollo regional de
México enfrenta nuevos desafíos y retos, particularmente en lo que
se refiere a la competitividad de las regiones, su identidad cultural y
sobrevivencia social a partir de sus potencialidades.
Por tanto, un mayor financiamiento público en el ámbito regional
es ahora un proceso mucho más complejo que requiere la concurrencia
de diversos sectores y agentes en aspectos más allá de los estrictamente
económicos y fiscales, para ello el instrumento más importante para
modificar ese espacio urbano regional son más políticas públicas
regionales.
45 n
eudoxio morales flores
8. Referencias bibliográfícas
Alegría, T. (1995), Reestructuración urbana en la frontera norte de
México, en Desarrollo Regional y Urbano (tendencias y alternativas)
Tomo I. Coordinado por el Dr. José Luis Calva. Seminario Nacional sobre
Alternativas para la Economía Mexicana. Instituto de Geografía, UNAM.
Juan Pablos Editor. México. P. 58 – 77.
Boisier S. (1998), “Post-scriptum sobre desarrollo: Modelos reales y
Modelos mentales”. EURE (Santiago) v 24 n 72 Santiago set.
Boisier, Sergio (1997). En busca del esquivo desarrollo regional; Entre la
Caja negra y el proyecto político; Postmodernismo territorial y globalización: Regiones pivotales y regiones virtuales afirma en El vuelo de una
cometa. Una metáfora para una teoría de desarrollo territorial. Dirección
de Políticas y Planificación Regional ILPES, 31 de enero de 1997.
Echeverría R. (2000), “Desarrollo de las economías rurales en América
Latina y el Caribe” que recopila las principales ideas presentadas durante
la Conferencia “Desarrollo Rural y Reducción de la Pobreza en América
Latina y el Caribe”, realizada en el marco de la Asamblea de Gobernadores
del Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Nueva Orleans.
Hiernaux, D. (1995), Desequilibrios estructurales y desigualdades regionales en Desarrollo Regional y Urbano (tendencias y alternativas)
Tomo I. Coordinado por el Dr. José Luis Calva. Seminario Nacional sobre
Alternativas para la Economía Mexicana. Instituto de Geografía, UNAM.
Juan Pablos Editor. México. P. 25 – 41.
Marini R. Speller Paulo y Rius Ana (eds.) (1977), The Brazilian University. Brazilian Studies/Latin American Research Unity (LARU), mimeo,
Toronto, Canadá.
Marini R. (2007) “Las razones del neodesarrollismo”, consultado en:
http://www.marini-escritos.unam.mx_neodesarrollismo_es.htm, fecha
de consulta: agosto 2008, fecha actualización sitio web: 1 de agosto de
2008.
Porter, M. (1991), La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires,
Vergara, p. 59.
Rionda, J. (2008), “Desequilibrios estructurales y desarrollo regional en
México”, consultado en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2006/
jirr-0606.htm, fecha de consulta: septiembre 2008, fecha actualización
sitio web: 1 de septiembre de 2008.
Stiglitz, J. E. (2004), El malestar en la globalización. Ed. Taurus. D.F.,
México.
Tamames, R, (1974), Estructura económica internacional, Madrid, Alianza, e U. S. House of Representatives, Financial Institutions and the
National Economy. Discussion Principles, Washington, p.111.
Ziccardi, A. (1995), Gobiernos locales: entre la globalización y la ciudadanía (reflexiones sobre las transformaciones recientes en el Distrito
Federal) en Desarrollo Regional y Urbano (tendencias y alternativas)
Tomo I. Coordinado por el Dr. José Luis Calva. Seminario Nacional sobre
Alternativas para la Economía Mexicana. Instituto de Geografía, UNAM.
Juan Pablos Editor. México P. 145 – 162.
n 46
la falta de gasto público obstaculiza
el desarrollo regional en méxico
Hemerografía
Cardoso V. (5 de Febrero del 2009), Por burbuja especulativa vendió
el BdeM 700 mdd en forma directa, periódico La Jornada de Oriente,
p. 1.
Garzón, F. (07 de Septiembre de 2005), Prevén descenso de 3.1% en los
ingresos tributarios, periódico El Financiero, p.8-9.
Mayoral I. y Leyva J. (13 de Noviembre de 2003), Aún sin reformas,
México puede mejorar su calificación: Moody’s, periódico El Financiero,
p. 1, 3.
Rodrigues I. (12 de Junio del 2007), Subió 45.88% la cartera vencida de
la banca en enero-marzo La Jornada de Oriente, p. 1.
Salgado A. (02 de Octubre de 2006), Baja tasa de recaudación, problema
estructural más importante de México, periódico El Financiero, p. 1.
Salgado A. (20 de Diciembre del 2006), Baja captación fiscal , el mayor
lastre del país, periódico El Financiero, p. 1
Revista Ejecutivos Finanzas No 48, Diciembre del 2006. p. 32.
Direcciones Electrónicas
Diplomado del desarrollo regional” organizado por la UNAM en julio y
agosto del 2008 http://www.coord-hum.unam.mx/archivos/eventos/1401.
pdf, fecha de consulta: septiembre 2008, fecha de actualización del sitio
web: 15 de septiembre de 2008.
“Recae carga fiscal del país en 20% de contribuyentes”.
http://www.contactopyme.gob.mx/default.asp?gpo=5&lenguaje=0&t
=108&user=0&noticia=2551, fecha de consulta: enero 2008, fecha de
actualización del sitio web, 15 de enero de 2008.
47 n
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
Evaluación
de programas
para el desarrollo
de zonas indígenas
El caso de los Fondos
Regionales en Zitácuaro
(Michoacán)
Marcos Antonio Aldana Sánchez
Andrés Solari Vicente
resumen
El presente artículo busca explicar en qué medida los diversos proyectos
productivos promovidos como estrategia de combate a la pobreza impactan en el desarrollo local. Se investiga el Programa Fondos Regionales
(PFR). Se desarrolla una propuesta metodológica para evaluar estos
proyectos, y luego se aplica en la evaluación de los proyectos financiados
por el Programa Fondos Regionales en las comunidades indígenas del
municipio de Zitácuaro. Se sostiene que el PFR no ha podido incorporar y
organizar a las comunidades indígenas de Zitácuaro en cuanto al manejo
y financiamiento de los proyectos productivos y no se han logrado los
objetivos desarrollo.
Fecha de recepción:
15 de mayo
Fecha de aprobación:
3 de octubre
Palabras clave: desarrollo, fondos regionales, proyectos productivos.
Clasificación JEL: H750, H790.
49 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
El desarrollo local
Distinguimos algunos aspectos de lo que entendemos por desarrollo
local porque varios de estos conceptos forman parte de la metodología
de evaluación que proponemos y aplicamos.
Denominamos “desarrollo local” al proceso de crecimiento y
cambio estructural que mediante la utilización del potencial existente
en el territorio, conduce mejorar el bienestar de una localidad (Vázquez
2000:5-7). Lo fundamental de esta definición estriba en dos conceptos,
por un lado, el de crecimiento con cambio estructural, y por el otro, el
señalamiento sobre el potencial existente en la localidad como base del
desarrollo local. En el primero, nos atenemos a la cualidad que se establece entre el crecer y el cambiar estructuralmente como aspectos de un
mismo movimiento. La localidad crece en la medida en que se cambia
estructuralmente, como aspectos mutuamente condicionados. En el
segundo, el concepto de potencial del territorio expresaría ese conjunto
de peculiaridades locales, siempre basadas en lo endógeno local y en su
entorno, que permiten desplegar los procesos de desarrollo local.
El concepto de desarrollo local para las comunidades indígenas
debe implicar, con mayor claridad que en otras localidades, una visión
integral donde el capital natural, el cultural, el simbólico y el capital
social confluyan en un mismo esfuerzo creciente y sistemático, y
donde la participación de los actores locales, públicos y privados, sea
imprescindible y determinante. Así, sin capital social y simbólico local
en crecimiento, no podríamos hablar de desarrollo local, especialmente
en comunidades indígenas.
En el mismo sentido es importante tener presente que el desarrollo
local es, al mismo tiempo, un proceso de concatenaciones dinámicas
y complejas implicantes entre ellas a todos los niveles locales y comunitarios, lo que significa que los elementos de identidad local y
cultural, del sistema político local, del capital social y simbólico, de
la institucionalidad local, del sistema productivo y otros, entren en
un proceso de engranajes locales múltiples –y con sus contextos– que
se impulsen entre ellos obteniendo en cada fase un nivel superior de
desarrollo. Ahora bien, se entiende que en este proceso de concatenaciones dinámicas uno de los ejes y basamentos previamente dados es
la existencia de una identidad cultural y local (capital simbólico), así
como de un capital social de partida (mínimos si se quiere, pero prerrequisitos implícitos de estas dinámicas), sin los cuales ningún proceso
de desarrollo local –que se articule como tal– puede ser emprendido,
salvo procesos puntualmente focalizados o sectorialmente realizados
que se limitan a acciones desligadas entre ellas, sin contenido holístico
ni estratégico. Asimismo, debe considerarse el sistema local como un
conjunto de relaciones de poder que en el proceso de desarrollo local
debe tender a transformarse en términos de su ampliación y profundización democrática, en nuevos arreglos institucionales locales y en
n 50
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
el fortalecimiento de la ciudadanía de los pobladores –indígenas y
no‑indígenas– locales (Solari 2003). El desarrollo local de las comunidades indígenas requiere de la participación en las iniciativas que
generen un aumento de su bienestar y que conducen al fortalecimiento
de su identidad de grupo étnico y como localidad.
Así, el concepto de desarrollo local subraya el crecimiento acompañado de cambios estructurales y sociales con contenido estratégico
a nivel de la localidad, el fortalecimiento de la identidad cultural y
la participación social como partes del proceso de construcción del
capital social y simbólico.
Las comunidades indígenas
México es el país que concentra el mayor volumen de población
indígena en América Latina seguido por Perú, Guatemala y Bolivia. En
el año 2000 la población indígena en México ascendía a 12’707,000
habitantes, esto es, 13% de la población total1, y se estima que esta
población indígena viene creciendo en forma sostenida. De acuerdo a
cifras de INEGI para el año 2000, en el municipio de Zitácuaro existían 5,544 indígenas, los cuales representaban el 4% de la población
total. No obstante, en base a los censos por municipio y por localidad,
INEGI constata que 48,734 habitantes del municipio de Zitácuaro
viven en zonas indígenas, lo cual representa el 35% del total de la
población del municipio.
Hasta ahora la política indigenista aplicada puede ser calificada
como paternalista e integracionista. Este integracionismo fue planteado en todos los planos: en el socioeconómico con la proletarización
del indio y su inclusión al sistema de mercado; en el cultural con la
aculturación y castellanización; en el plano político por medio de su
participación en las organizaciones políticas no indígenas; a nivel
civil con la llamada “modernización” de las sociedades indias; y con
todo ello, se concibió su introducción casi forzosa en los modelos de
desarrollo y consumo occidentales (Bonfil et al. 1982:43).
En el periodo presidencial de Cárdenas (1934-1940) el indígena
adquirió mayor dignidad con el impulso de la reforma agraria y la
restauración del ejido. En 1940 se celebró en Pátzcuaro el Primer
Congreso Indigenista Interamericano que debatió la creación de
instituciones para atender los asuntos indígenas, la construcción de
una legislación jurídica protectora y el reconocimiento cultural y de
su lengua. En 1948 se creó el Instituto Nacional Indigenista (INI),
institución de exploración, sondeo, consulta y ejecución, creándose
centros coordinadores en las regiones con población indígena.
La estimación de INI-CONAPO considera la población que registra INEGI en su
XII Censo General de Población y Vivienda a las que se le ha añadido las personas
que tienen pertenencia a un grupo indígena, las asociadas a las regiones indígenas con
características indígenas y las que viven en hogares donde los jefes de familia hablan
una lengua indígena.
1
51 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
En 1975 se lleva a cabo el Primer Congreso de Pueblos Indígenas
de donde surge el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Posteriormente se fueron formando organizaciones indígenas como el Frente
Independiente de Pueblos Indígenas que demandaba la autonomía de
los pueblos indígenas hacia finales de 1980 (Barabas 2000:16). Es así
que con el VII Congreso Indigenista Interamericano se reconoce la
capacidad de gestión de las organizaciones indígenas y su derecho a
participar en la gestión pública, y sobre todo, en el diseño y ejecución
de las acciones que a ellos afecta. En 1992 se reformó el artículo 4° de
la Constitución Nacional reconociendo su composición pluricultural,
comprometiéndose el Estado mexicano a respetar y promover las
lenguas y culturas indígenas.
Con el movimiento zapatista en 1994, las demandas de las poblaciones indígenas tomaron relevancia nacional e internacional y
con esto, cierta atención expresada en reconocimiento de derechos
humanos y de la pluralidad cultural expresado en instrumentos jurídicos y en educación. El indigenismo participativo que, supuestamente
se estaba implementando desde los ‘80, adoptó las formas de una
participación de tipo ritualística y manipulada.
Las formas de gestión y los programas que se han venido impulsando pocas veces respondieron a los proyectos y expectativas
comunitarias. En la mayor parte de las localidades, la creación de
los consejos étnicos y de representantes indígenas han terminado
manteniendo y ampliando las redes de poderes locales y regionales
que resultaban favorables a los gobiernos. En cuanto a la educación,
los cambios tampoco han sido sustanciales ya que en la mayor parte
de los casos los maestros no hablan la misma lengua o la variante
idiomática de los alumnos (Barabas 2000:17-18).
Fondos Regionales y el desarrollo indígena local
Aquí mostraremos los rasgos de la evolución de los organismos,
políticas y programas destinados a enfrentar la problemática indígena, para situar al lector antes de presentar la metodología y los
resultados.
A fines del año 2000 se sentaron las bases jurídicas para la consolidación de un nuevo modelo institucional para atender la problemática
indígena. Se aprobó la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que entró en vigor en julio de
2003. Surgió así un organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio
propio, autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.
Este órgano sustituyó al antiguo Instituto Nacional Indigenista, que
operó durante 54 años.
La CDI tiene como objeto orientar, coordinar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones
n 52
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
públicas dirigidas al desarrollo integral y sustentable de los pueblos
y comunidades indígenas. Los programas de la CDI están orientados
a: infraestructura básica, albergues escolares, organización productiva
para mujeres, fomento y desarrollo de las culturas indígenas, promoción de convenios en materia de justicia, fondos regionales, desarrollo
de comunidades Mayas de la península de Yucatán.
La CDI tiene cobertura de delegaciones estatales en 24 estados
a través de 110 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena.
Éstos tienen como objetivo principal la identificación de problemas
que les permita aplicar los programas mediante proyectos. Asimismo,
la CDI contempla varios programas sociales enfocados a la población
indígena, de los que elegimos el estudio del programa Fondos Regionales porque es el único destinado al desarrollo.
En cuanto al programa de Fondos Regionales Indígenas (FRI),
tuvo como antecedente al programa de los Comités Comunitarios de
Planeación (COCOPLA) creados en 1986. Este programa, de reducidos presupuestos, logró avances en la participación social de los
indígenas y en la definición de proyectos para las regiones indígenas
(Sámano 2001:151).
Con el FRI se busca generar el acceso de los integrantes de las
organizaciones indígenas a esquemas de autofinanciamiento que
permitan elevar los niveles de vida. El FRI pretende ser un mecanismo que impulse a las organizaciones comunales para asumir las
decisiones y el manejo de los proyectos que posibiliten su desarrollo,
y que abra oportunidades para la creación de sus propios fondos a
partir de cuotas de recuperación para continuar financiando nuevos
proyectos. Se trata de uno de los pocos programas que ha llegado
a regiones indígenas alejadas. Sin embargo, a 16 años de su puesta
en marcha, no ha logrado superar los rezagos de pobreza, y menos
aún, la equidad prometida. El FRI otorga financiamiento federal para
proyectos productivos orientados al sector indígena atendiendo los
siguientes lineamientos:
▪ La posibilidad de acceder al financiamiento requiere que la
población indígena se organice y conforme Fondos o se integre
a alguno. Cada Fondo constituye una organización general con
representantes y directivos elegidos en asamblea general.
▪ Una vez que los indígenas se convierten en socios de un
Fondo, pueden agruparse y decidir sobre algún proyecto productivo
que les beneficie. Estos grupos, asesorados por la CDI deberán
formular una propuesta de proyecto y presentarlo ante el Fondo.
▪ El Fondo deberá conformar una cartera de proyectos que serán
analizados en asamblea general antes de decidir cuál será materia
de solicitud de financiamiento a la CDI.
▪ La CDI emitirá un dictamen sobre los proyectos que serán
financiados. Los rubros son: proyecto, asistencia técnica, ad53 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
ministración, operación, capacitación, seguimiento, control y
evaluación.
▪ El financiamiento otorgado para cada rubro es recuperable y
reintegrable al Fondo. El objetivo es que se conforme un mecanismo
financiero propio que posibilite el auto-sostenimiento del mismo.
▪ Con los proyectos aprobados se establecerá un convenio entre
el FRI y la CDI relacionado a la transferencia de recursos.
El gasto de los recursos en cada Proyecto deberá ser comprobado mediante facturas y ser sujetos de auditorías.
▪ La CDI brindará asesoría y acompañamiento en el proceso
de acuerdo a las reglas de operación, y también será encargada de
la evaluación, seguimiento y control del programa.
▪ El Centro Coordinador Indigenista es la instancia encargada
de definir el área de influencia del Fondo, ubicar áreas y sectores
prioritarios, identificar los recursos productivos de la región,
diseñar un plan de inversión en proyectos factibles y sustentables,
diseñar una estrategia de difusión, organización, capacitación y
operación del Fondo Regional.
Desde 1990, el programa FRI se encuentra en operación en 24
entidades federativas, donde se han constituido 250 FRI. El número
de proyectos financiados fueron 2,552 en el 2003 y 1,939 en el 2004
lo que significó 266 y 261 millones de pesos respectivamente (CDI
2005:92-93).
El caso de Zitácuaro
Uno de los programas más importantes que ha aplicado el Centro
Coordinador para el Desarrollo Indígena de la región Mazahua-Otomí
en el municipio de Zitácuaro es precisamente el FRI. El análisis y
evaluación de los proyectos productivos, base de operación, de este
programa permite definir el papel que ha cumplido en el desarrollo de
las comunidades indígenas y por lo tanto el grado de efectividad como
política de desarrollo indígena. Sus antecedentes los encontramos en
el inicio de la implementación del programa de Fondos Regionales de
Solidaridad para el Desarrollo Indígena (FORIDESI)2 en 1990. En ese
momento los grupos indígenas de la región Oriente de Michoacán ya
habían experimentado un proceso organizativo con la conformación
de Comités Comunitarios de Planeación (Cocoplas).
La experiencia de los Cocoplas, aunque limitada, facilitó la
marcha del Programa Fondos Regionales. Un requisito para acceder
al financiamiento que ofrecía el PFR fue la conformación de un Fondo
Se trata del mismo programa, el cual ha recibido diferentes nombres a lo largo de
los años: Programa de Fondos Regionales, Fondos Regionales de Solidaridad para el
Desarrollo Indígena S.C. (FORIDESI), Fondos Regionales para el Desarrollo de los
Pueblos indígenas, fondos Regionales Indígenas.
2
n 54
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
Regional. Así surgió el FORIDESI integrado por 34 organizaciones
para beneficiar a productores indígenas de la región Mazahua-Otomí3
y apoyar proyectos productivos y para capitalizar a favor de los integrantes del Fondo. Desde el planteamiento del Fondo, los indígenas
de la región lo asimilaron como un programa netamente paternalista,
y bajo esa perspectiva las comunidades, organizaciones y grupos de
indígenas se acercaron al FORIDESI (obtener recursos sin constituir
unidades productivas de mediano o largo plazo).
El proceso organizativo del FORIDESI ha tendido a constituirse y
consolidarse muy lentamente, debido a los altibajos, intermitencias y
problemas diversos en la participación intra e inter‑comunitaria. Por
otro lado, el FORIDESI se ha caracterizado también por la escasa
funcionalidad y lentitud en sus órganos de gobierno dada la falta de
profesionalización y de experiencia de sus miembros. Un evento recurrente es que en el periodo de captación de recursos se observa una
gran actividad en los representantes e integrantes del Fondo, pero el
fenómeno contrario se verifica en los momentos en donde no hay asignación de créditos. Esto puede juzgarse como una participación puntual
por los recursos diferente a la necesaria participación de largo plazo y
con contenido‑visión estratégica.4 En los últimos años (2003-2005), el
FORIDESI no ha sido sujeto de crédito por el FRI, dados sus escasos
resultados y el grado de cartera vencida que tiene. Esto ha contribuido
a deteriorar las relaciones con la CDI y a buscar otras alternativas de
financiamiento para algunos proyectos. En este contexto, el programa
FRI, destinado a atender la región Mazahua-Otomí, dejó de operar.
En el análisis de congruencia entre los fines para los que fue creado
el PFR y los logros conseguidos, desde la perspectiva del desarrollo
local, se observa que no existen condicionantes vinculados a impulsar
efectos concatenados en espirales virtuosas de desarrollo local (Solari
2003) en la región Mazahua-Otomí. No existen tampoco condicionantes que impliquen la articulación de cadenas productivas como
estrategia de desarrollo de largo alcance dentro de los proyectos. No
está claramente definido si los proyectos deben estar en función privilegiada del número de empresas locales que ayudan a formar como
efecto de sus operaciones, o si deben coadyuvar y basarse en el capital
social existente, tampoco se tiene en cuenta la generación de empleos
que implican (que es la “variable” más comúnmente utilizada).
Por otra parte, el programa muestra serias limitaciones con relación
a la participación de los ayuntamientos y de las organizaciones sociales
Región que incluye a la población indígena de los municipios de Angangueo, Ciudad
Hidalgo, Ocampo y Zitácuaro.
4
Queremos remarcar que esta es una constante en otros procesos estudiados en la región.
Las visiones de largo plazo, que reconocemos como estratégicas, para diferenciarlas de
las de corto plazo más vinculadas al discernimiento sobre problemas específicos dados
en el aquí y el ahora, están ausentes, es muy difícil que se produzcan y/o presenten. De
allí que las necesidades de construir y adoptar visiones estratégicas de largo plazo se
presenta como una necesidad crucial (Solari 2001).
3
55 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
locales en la elaboración y desarrollo de los proyectos. Asimismo, no
se considera la incorporación de nuevas tecnologías y/o la utilización
de tecnologías propias indígenas basadas en el conocimiento local o
en la vocación productiva local. Estas limitaciones nos dan una pauta
para el análisis de los aspectos que se deben evaluar en los proyectos
que fomenta el PFR.
Propuesta metodológica para la evaluación
Para visualizar el efecto del FRI sobre el desarrollo de las comunidades indígenas construimos una metodología con la que luego
realizaríamos una prueba con resultados reveladores. Partimos del
escaso desarrollo que han experimentado las comunidades indígenas
después de obtener el financiamiento de proyectos productivos. A 16
años de operación del PFR y más específicamente del FORIDESI en
Zitácuaro, los resultados no han sido los esperados en cuanto al desarrollo de las comunidades indígenas de la región Mazahua-Otomí.
Es pertinente entonces realizar una evaluación del PFR como política
de desarrollo y combate a la pobreza.
La aplicación de la metodología propuesta sobre los proyectos que
financia y fomenta el PFR ubica dos tipos de elementos (o “factores”), por
un lado, aquellos que han permitido dinamizar y conseguir avances en los
proyectos y, por otro lado, aquellos que han obstaculizado su desarrollo.
Se ha tenido en cuenta, como se expuso, los conceptos básicos de lo que
es el desarrollo local. Es decir, la metodología se dirige no sólo a evaluar
los proyectos en los términos tradicionales en que normalmente se hace,
o sea, basándose en la performance del proyecto respecto a sus propios
objetivos, sino que va más hacia el lado de sus vinculaciones con lo que
sería el desarrollo local como socio‑espacio básico de la comunidad
indígena. En este sentido, consideramos que este tipo de análisis de los
proyectos, que conlleva también la evaluación característica como exitosos
y no‑exitosos, permita un juicio más cercano a lo holístico tanto sobre la
eficacia como sobre la efectividad del programa.
Metodológicamente hablando, las fuentes de los materiales de
trabajo e información (documental y estadística) obtenidos las encontramos en la información de la CDI, así como en las diversas entrevistas
que realizamos con el personal de la CDI, con los representantes del
FORIDESI, con las autoridades comunitarias, con los beneficiarios del
proyecto y con los integrantes de las mismas comunidades implicadas
en los proyectos, incluyendo también a los maestros locales.
La evaluación que se llevó a cabo con la metodología elaborada para
este fin, discrepa de las metodologías de evaluación con fundamentos
provenientes del enfoque neoclásico, basado exclusiva y/o principalmente en el análisis financiero mediante pruebas de liquidez, de apalancamiento, de análisis de eficiencia con respecto a activos e inventarios,
así como de las estimaciones de las tasas de rentabilidad como la TIR y
n 56
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
la VAN. Nuestra evaluación se avocó a los impactos sobre el desarrollo
local, en localidades con poblaciones predominantemente indígenas,
contemplando aspectos sociales, organizacionales y del entorno en el
que se desarrollan los proyectos. El primer paso fue hacer un sondeo
y análisis de los proyectos financiados por el PFR y ejecutados por
el Fondo Regional de Zitácuaro (FORIDESI). Se descubrieron 18
aspectos factibles a evaluar en tres áreas (Cuadro N°1). Estos factores
determinarían el desempeño de los proyectos productivos.
Cuadro 1
Criterios e indicadores para evaluar los impactos de los Proyectos Productivos
que ejecuta el Fondo Regional de Zitácuaro
ImpactosCriterios de evaluaciónIndicadoresInformación
Tipo de empleos que genera el
proyecto
Competitividad del salario
La productividad y competitividad de la mano de obra
Tipo de empleo
Innovación
Capacidad para innovar
Nivel de innovación
Espíritu innovador
Desarrollo
El proyecto ha contribuido
en el desarrollo local de la
comunidad
Disminución de la pobreza
Calidad y nivel de vida
de la comunidad (diversos indicadores)
Inserción
laboral
Comparación del salario
Especialización
A través del análisis
de cada proyecto,
consultando y sondeando información
proporcionada por la
comunidad, los representantes del Fondo
Regional, de la CDI y
su personal.
En un segundo momento se definieron los criterios e indicadores de
evaluación, el procedimiento y los medios para conseguir la información requerida, como se muestra en los siguientes cuadros: 2, 3 y 4.
Cuadro 2
Información incluida en los resúmenes técnicos de los proyectos
Datos GeneralesLocalización
• Nombre del Proyecto
• Estado
• Tipo de proyecto
• Región
• Programa
• Municipio
• Nombre del Fondo Regional
• Comunidad
• Descripción del Proyecto
• Localidad
Financiamiento
• Monto total del proyecto
• Financiamiento Federal y Estatal
• Aporte de la comunidad
• Recuperación (%)
• Plazo de Recuperación
Proyecto
• Sector
• Rama
• Firma Convenio de Concertación
• Beneficiarios Directos
• Beneficiarios Indirectos
EspecificacionesOtras consideraciones
del proyecto
• Duración del proyecto
• Características de la Comunidad
• Tipo de producto financiero
• Iniciativa del proyecto
• Especificaciones del producto
• Vocación productiva
• Volumen financiado
• Oferta y demanda del producto
• Cantidad por beneficiario
• Estimación financiera
57 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
Cuadro 3
Estimadores para evaluar a la comunidad
Aspectos
Estimadores
1. Estructura
organizativa
• Organizaciones previas (al proyecto) existentes en la comunidad.
• Tipo de organización en la comunidad: organización política y territorial.
• Constitución de organizaciones propias.
• Autoridades y representantes: Organización y periodos de elección
• Nivel de participación social en estas organizaciones.
• Papel de estas organizaciones en el desarrollo de la comunidad.
2. Comunicación
y relaciones internas
• Formas predominantes de comunicación entre los miembros de la comunidad:
personal directo, asambleas, etc.
• Tipo de relaciones predominantes entre los miembros de la comunidad: colaboración, enfrentamiento, formas de solución de conflictos.
3. Participación
y cooperación
• Nivel de participación social local en la solución de los problemas locales.
• Trabajos comunales vigentes
• En otras prácticas actualmente vigentes.
4. Liderazgo local
• Tipo de liderazgo dominante: obedece a intereses políticos, familiares, de
grupos; autoritario, democrático-participativo, de estímulo a la colaboración
local, etc.
• Contrapesos a este tipo de liderazgo: inexistentes, nuevos liderazgos existentes
y en desarrollo, etc.
Fuente: Elaboración propia, con base en un primer sondeo sobre los resultados de varios proyectos financiados por el PFR y
ejecutados por el FORIDESI en las comunidades indígenas de Zitácuaro.
Cuadro 4
Estimadores para evaluar a los proyectos
5. Gestión
del proyecto
• El proyecto fue por iniciativa de: grupo de comuneros, oficina pública, etc.
• El proyecto fue conocido desde el inicio por: todos los miembros de la comunidad, sólo por el grupo de interesados, por unos cuantos líderes del proyecto
dentro del grupo firmante, etc.
• ¿El proyecto fue elaborado y discutido por: todos los miembros de la comunidad, sólo por los interesados, por unos cuantos líderes, etc.?
6. Experiencia
en la actividad
• Se ha producido anteriormente este tipo de producto.
• Es compleja la actividad, de no ser, así se puede aprender fácilmente, se cuenta
con capacitación al alcance.
• ¿Cuánto pesan las experiencias previas en proyectos similares?
• ¿Existe vocación productiva local que facilite la marcha del proyecto?.
7. Expectativas
del proyecto
• ¿Qué se espera del proyecto?. Expectativas visibles y encubiertas.
• Realmente se busca un proyecto donde la comunidad pueda aprovechar sus
recursos disponibles locales y a partir de ello traducirse en una oportunidad
para el desarrollo y obtener mejores condiciones de vida.
• Se trata de obtener el crédito, obedeciendo a una actitud de paternalismo donde sólo se busca obtener el máximo beneficio, quedando en segundo término
los fines del programa y de la organización.
• Existe conciencia en la organización, en los beneficiarios, en los dirigentes, de lo
que implica el proyecto.
n 58
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
Cuadro 4 (continuación)
Estimadores para evaluar a los proyectos
Aspectos
Estimadores
8. Financiamiento
del proyecto
• Tamaño del proyecto.
• ¿Puede considerarse como una oportunidad para impulsar la actividad productiva ó se trata de un proyecto temporal de mínimo impacto?
• ¿Se financia lo que se presupuesta en el proyecto?
• Capacidad local para administrar eficaz y eficientemente el proyecto.
• Transparencia en el manejo de los recursos. ¿Existen los mecanismos locales y
comunitarios para asegurar esta transparencia?
9. Viabilidad técnica
del proyecto
• ¿Existen condiciones técnicas en la zona que hacen factible el proyecto?
• ¿Se cuenta con la infraestructura suficiente para operar el proyecto?
• En caso de presentarse dificultades técnicas durante el proceso, ¿se cuenta con
la asesoría o los elementos para resolverlas?
• ¿La capacitación es la adecuada?
10. Disponibilidad
de tecnología
e insumos
• Nivel de requerimiento tecnológico del proyecto.
• Acceso a la tecnología requerida, capacidad para manejarla.
• Dificultad para conseguir materias primas e insumos del proyecto.
• Disponibilidad local de insumos.
11. Factores
externos que afectan
al proyecto
• Climatológicos en el caso de productos agrícolas.
• Fluctuaciones en el precio del producto final.
• Fluctuaciones marcadas en la demanda del producto.
• Incertidumbre en la consecución de insumos externos.
12. Calidad
del producto
• Nivel asegurado de calidad del producto final.
• Cumple con estándares del mercado.
• El producto a obtener es competitivo a nivel local, regional o nacional.
13. Recuperaciones
y Reinversión
• ¿Es rentable el proyecto?
• ¿Se recuperó el monto de la inversión, en caso negativo, por qué no?
• Si se tienen utilidades qué porcentaje de ellas se reinvierten.
• En caso de no ser así ¿por qué no se ha reinvertido?
• ¿Cómo se da la repartición de utilidades entre los beneficiarios?
14. Articulación
local del proyecto
• Articulación con otros proyectos, con el municipio, con el estado.
• Articulación con actividades, productos o empresas locales.
• Articulación con otras instituciones locales y/o regionales, comerciales, públicas, privadas, etc.
15. recimiento
y expansión
del proyecto
• ¿El proyecto permite que se pueda expandir y crecer, ampliarse hacia otras
comunidades, ampliar el número de beneficiarios?
• Si se trata de una planta productiva ¿esta permite su crecimiento, puede expandirse el proceso hacia otra etapa?
• ¿El producto final es susceptible de incrementarle más valor agregado?
• Factibilidad para un seguimiento en apoyos o créditos.
Fuente: Elaboración propia, con base en el primer sondeo sobre los resultados de varios proyectos financiados por el PFR y
ejecutados por el FORIDESI en las comunidades indígenas de Zitácuaro.
59 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
Para definir los aspectos que estimulan u obstaculizan el desarrollo
de los proyectos se llevó a cabo una diferenciación básica de ellos,
separando los que podrían ser considerados exitosos y los no. Para
esto, dados los deficientes resultados del programa, un criterio básico
fue la permanencia del proyecto, esto es, que el proyecto siga o no
operando. Para reforzar este criterio también se consideraron aspectos
como la reinversión de utilidades, las posibilidades de crecimiento y
expansión, el desarrollo y acumulación de capacidades de aprendizaje, la generación de empleo y su contribución en la mejora de las
condiciones económicas de los beneficiarios.
La selección de la “muestra” no se hizo al azar debido a la carencia de recursos, la amplitud de la zona, el tiempo requerido y la
ausencia de financiamiento. No obstante, es necesario precisar que la
realización de algún tipo de muestreo aleatorio habría desencadenado dificultades para acceder a la información requerida, porque era
muy probable que muchos de los proyectos y localidades escogidas
de esta forma hubieran tenido una información incompleta. Parte de
la información esencial se obtuvo de los expedientes técnicos de los
proyectos, los cuales conforman parte del archivo del Fondo, en este
caso, del FORIDESI, sin embargo éstos o no existían en muchos casos
o se mantenían con diversas deficiencias de información.
El método utilizado contempló una mezcla del muestreo intencional y un análisis cualitativo de casos importantes, con información
relativamente completa, dando prioridad a los contactos previamente
existentes y el acceso que permitía la disponibilidad de la información.
Se usó la entrevista como una herramienta para apoyar y complementar el análisis de los expedientes, cuando esto fue necesario (en
la mayoría de las situaciones). En algunos casos se realizó un análisis
particularizado del proyecto que se escogía.
Luego de una exploración inicial buscando un número adecuado
de proyectos de tal manera que brindasen sustento sólido, se decidió
evaluar 10 proyectos en total; 5 exitosos y 5 no exitosos. Con el propósito de concentrar la información de mayor importancia contenida
en los expedientes técnicos de los proyectos, se elaboraron resúmenes
técnicos (Cuadro N°5)
Como se ha señalado, en apoyo a la información obtenida de los
expedientes técnicos de los proyectos, se utilizó la entrevista como un
instrumento fundamental para reforzar y complementar nuestra información (y argumentación). Por otro lado, con estas entrevistas también
se buscó responder a los cuestionamientos y dudas que no quedaban
resueltas en la información proveniente del Fondo y por la CDI.
La elaboración de la entrevista consideró cada una de las áreas
y aspectos a evaluar. Se desarrolló en tres etapas que correspondían
sucesivamente, a la comunidad, a los proyectos, y a los impactos. En
total se realizaron 30 entrevistas, 10 al personal de la CDI, 10 a los
n 60
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
Cuadro 5
Estimadores para evaluar los impactos de los proyectos
Aspectos
16. Inserción laboral
Estimadores
• Tipo de empleos que generan los proyectos: eventual, temporal, definitivo, etc.
• Competitividad del salario.
• Competitividad de la mano de obra que se utiliza.
17. Innovación
• Nivel de innovación resultante del proyecto
• Espíritu innovador, creación de capacidades tecnológicas e innovadoras.
18. Desarrollo de la
localidad y región
• Contribución del proyecto en el desarrollo local y de la región.
• Contribución del proyecto en la disminuido la pobreza y mejoramiento de la
calidad de vida.
• Tipos de beneficios generados por el proyecto.
Fuente: Elaboración propia, con base en un primer sondeo sobre los resultados de varios proyectos financiados por el PFR y
ejecutados por el FORIDESI en las comunidades indígenas de Zitácuaro.
representantes de las comunidades indígenas y 10 a los integrantes
de las comunidades. La información obtenida de las entrevistas, la
contenida en los expedientes técnicos, así como la proporcionada por
la CDI, fueron recogidas en la Matriz de Evaluación (resultante) que
los sintetiza. (Ver Anexo).
El programa de Fondos Regionales en Zitácuaro
En los acápites que siguen presentamos los resultados más relevantes de la Matriz de Evaluación y breves análisis relacionados. Como
se puede apreciar en la Matriz de Evaluación se capturan, ordenan y
sistematizan una serie de informaciones valiosas que podrían dar lugar
a una diversidad de análisis.
Tipos de proyectos y financiamiento
El programa de Fondos Regionales en las Comunidades Indígenas
de Zitácuaro (CIZ) se ha enfocado principalmente a actividades
primarias y mínimamente en actividades industriales o de transformación5. De los proyectos evaluados en Zitácuaro, 60% correspondía
al sector pecuario, 30% al agrícola y 10% al artesanal.
Para financiar los proyectos, el programa FRI se basaba en la propia
y espontánea iniciativa indígena; de ellos surgía la idea y eran quienes
decidían las finalidades de los proyectos. No se daba un proceso de
intercambio de ideas con indígenas de otras localidades con experiencia en proyectos similares, o con profesionales, o académicos,
especialistas y/o empresarios del ramo de otras localidades (siempre
manteniendo el principio de que finalmente serán los propios intere5
Esto está en la mayoría de informes sobre FRI que ha presentado el INI y la CDI.
61 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
sados los que decidan el contenido de los proyectos). Lo que en otros
términos puede denominarse la fusión del saber popular e indígena con
el saber académico. De modo que en la forma de construcción de los
proyectos esto puede ser caracterizado propiamente como seguidismo
de la espontaneidad indígena.
Por tanto, dada la familiaridad existente con las actividades primarias y la carencia de otras opciones, optan por solicitar proyectos
simples de cultivos agrícolas, de cría de ganado o de corte artesanal.
No existe de parte de la institución un esfuerzo destinado a presentar
otras posibilidades y consensuar con ellos otros tipos de alternativas
y de brindar capacitación necesaria.
En cuanto al monto de financiamiento, el importe al que puede
acceder un Fondo tiene como tope $1,000,000 pesos, cantidad muy reducida para un FORIDESI que cubre una región con cuatro municipios
y que alcanza a cubrir alrededor de ocho proyectos de entre $77,000 y
$250,000 (“Financiamiento” en Matriz, pág. 2 Anexo, columna L)6. Por
otro lado, los beneficiarios de los proyectos evaluados oscilan entre 10
y 34 familias (“Benef”, pág. 1 del Anexo), lo que pone de manifiesto
lo limitado de la cobertura del programa ya que por lo regular no se
autoriza más de un proyecto por localidad.
El financiamiento otorgado no significa una alternativa real de
desarrollo para los beneficiarios y menos para la comunidad local.
Como ejemplo podemos tomar un caso típico, como el del proyecto
de adquisición de ganado bovino lechero (Proyecto 06 en la Matriz),
donde 30 familias se benefician con el financiamiento de 30 cabezas de
ganado, una para cada familia. Analizado desde cualquier perspectiva,
una vaca lechera por familia no representa una posibilidad seria de
desarrollo, más aún cuando el proyecto en sí, no estimula, promueve
ni garantiza el manejo en conjunto (comunitaria y colaborativamente) del ganado, ni a mediano o largo plazo, que es por donde quizás
hubiera habido alguna posibilidad de obtener mayores rendimientos
y aprovechar escalas mínimas de producción con mejores niveles
técnicos a incorporarse posteriormente. Desde el punto de vista de los
impactos para el desarrollo local, este proyecto (así como la mayor
parte) no representó ningún tipo de avance (columna BN en Matriz,
pág. 4 del Anexo).
La esencia del programa consiste en otorgar créditos recuperables.
Sin embargo, al respecto, existe un serio problema de cartera vencida
dado que la población indígena asimila el programa al igual que otros
como Procampo o Progresa, esto es, creyendo que se trata de apoyos,
subsidios o dádivas gubernamentales (columnas BJ en Matriz, pág.
4 del Anexo).
Una variante que se aprueba en el programa es la coinversión. Se
busca que los mismos beneficiarios del proyecto contribuyan a fin de
incrementar el monto de utilidades. Sin embargo, dadas las condicio6
n 62
Las columnas se señalan en la parte baja de cada sección de la matriz.
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
nes locales y la carencia de explicaciones y capacitación al respecto,
lo que se observa es la inexistencia de una cultura de coinversión; en
sólo el 30% hay aporte de la comunidad (ver columna P de la matriz).
Esto se debería, igualmente, a la mentalidad filial muy marcada frente
a las políticas de fomento, según la cual todo el aporte lo debe poner
el Estado. Ambas mentalidades, la asistencialista de parte del Estado
y la filial de parte de las comunidades, construyen una ecuación en
la cual la carencia de dinamismo es la resultante. Cuando las políticas públicas avanzan en concepción para promover la participación
comunitaria, ésta se retrae sobre la base del comportamiento filial, y
viceversa, cuando podría ser posible un dinamismo local, los límites
paternalistas dados obstruyen toda iniciativa.
Organización y participación
Las estructuras organizativas de las comunidades indígenas han
perdido en parte el contenido de su origen y ahora se acomodan principalmente a los requerimientos y exigencias del Estado en su afán
de integrarlas a la vida nacional. Cada comunidad tiene sus representantes legales: jefes de tenencia, comisarios de bienes comunales,
comisarios de bienes ejidales, representantes y vocales de proyectos,
etc. Las autoridades y representantes se eligen democráticamente por
un periodo de dos años aunque sucede que no se llegan a respetar los
periodos (Columna W).
El nivel de participación y cooperación social al interior de la
CIZ ha sido de un nivel medio en comparación a otros municipios
de Michoacán (columnas X, Y y AE). Por lo general, se presenta una
nítida correspondencia entre las mejor organizadas y las que muestran
un mayor nivel de participación. Las CIZ se encuentran adscritas
a la Fundación Mazahua Otomí enfocada al aprovechamiento de
los recursos naturales, a la Alianza de Ejidos y Comunidades, y al
FORIDESI. En estas CIZ ha habido muy poca iniciativa para crear
organizaciones sociales propias, cosa que es realmente sorprendente.
El nivel de gestión es también medio (columna X).
En cuanto a la comunicación y a las relaciones comunitarias
debemos destacar el papel que cumplen las asambleas, tanto para tomar
acuerdos de interés para toda la comunidad, como más particularmente
al interior de cada una de las organizaciones, entre ellas el FORIDESI.
Las relaciones al interior de las comunidades son de cordialidad. No
sucede lo mismo con las inter-comunitarias. La gran mayoría de las
comunidades tienen conflictos con al menos una de sus vecinas. Los
conflictos son de años y originados en la tenencia de tierras, controversias por colindancias, los bosques y aguas. Raro es encontrar
una comunidad que esté libre de estos conflictos, y por tanto, pueda
emprender proyectos vertebrados de manera inter‑comunitaria.
En algunas comunidades el liderazgo bien encaminado ha servido
63 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
mucho para realizar gestiones a favor de la comunidad, sin embargo,
en la mayoría de la CIZ, el liderazgo local está fuertemente asociado al
beneficio personal, familiar o de grupos de poder (ver columna AI de
la matriz). Se ha observado también que el nivel de democracia interna
local está directamente vinculado al nivel en que pueden manejarse
de manera eficaz y eficiente los recursos. Lo que estaría diciéndonos
que en las condiciones socio políticas de Michoacán y para el caso
de las comunidades indígenas, las intensidades en que se verifica el
respecto a los demás en cuanto a capacidad de toma de decisiones y los
niveles expansión de la ciudadanía son parte de los “mecanismos” que
permiten una mayor eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos
comunales. Viceversa, autoritarismo organizativo y comunal van de la
mano con ineficiencia, y seguramente, niveles de corrupción.
Aspectos técnicos de los proyectos
Una vez determinado el proyecto por las comunidades, lo solicitan
al Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena (CCDI) previa
aprobación del FORIDESI. Sin embargo, hay que destacar que son los
grupos beneficiarios de los proyectos los que buscan su aprobación y
para conseguirla bastará con la aceptación de los representantes elegidos para esta función. Esto significa que no se lleva a cabo un análisis
de viabilidad, ni entre todos los interesados ni con la participación de
personas experimentadas y profesionales en el tema. Tampoco se invita
a toda la población a presentar proyectos alternativos ni se somete al
juicio de la Asamblea de la comunidad.
Los beneficiarios del proyecto son también los encargados de
efectuar todas las actividades encaminadas a la operación del mismo,
incluyendo las actividades propias del proceso productivo, de la
administración y de la venta del producto final. La mayoría de las
comunidades ven en los proyectos una oportunidad de conseguir un
apoyo gubernamental directo, y estos proyectos financiados a las CIZ
corresponden a actividades cuyo proceso productivo es muy simple y
alrededor de actividades tradicionales: agricultura, ganadería y artesanías. De los proyectos analizados, destacan los siguientes:
▪ Producción de bulbos de gladiola en Santa Cruz.
▪ Elaboración de coronas en Cedano.
▪ Producción de guayaba en Mesas de Enandio.
El monto de apoyo a los proyectos financiados por el programa FR
en las CIZ no representa una oportunidad real y consistente para salir
del atraso y la pobreza. Los niveles de financiamiento son insuficientes
para detonar y mantener las actividades. De los proyectos estudiados,
sólo en tres de los diez evaluados alcanzaban un nivel de financiamiento que podríamos considerar suficiente, en cuanto proporcionaban
n 64
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
recursos para cubrir todo el equipo requerido y demás insumos (Ver
columna AW de la matriz). Hay que considerar que la normatividad del
programa establece topes abstractos de financiamiento, sin considerar
el tipo de proyecto de que se trate, cuyos montos precisos suelen ser
determinados con la intervención de los directivos del Fondo, el apoyo
del personal de CCDI y los beneficiarios.
Se observa que los proyectos generan resultados positivos, casi
de manera invariable, cuando el financiamiento es utilizado para
complementar la inversión en actividades ya encaminadas por los
beneficiarios. Es decir, cuando el proyecto se inserta en una dinámica
preexistente en la comunidad indígena y muy pocas veces cuando la
trata de generar desde el inicio.
Por otro lado, los análisis que se realizan sobre la viabilidad de
los proyectos financiados es superficial, con grandes deficiencias en
los estudios técnicos y financieros, y sin estudios de mercado. Los
argumentos de viabilidad son palmarios y se apoyan en el aprovechamiento de las condiciones y los recursos locales. No se analiza la
compatibilidad entre el perfil del beneficiario y el tipo de proyecto a
ejecutar, menos aún se consideran las potencialidades de cada proyecto en cuanto a la generación del desarrollo local sustentable de
largo plazo. Abundan casos paradójicos, por ejemplo, de proyectos
ganaderos para familias que sólo tienen experiencia de avicultores, o
de proyectos de producción de flores para familias que sólo conocen
de la crianza de cerdos. Esto podría no ser tan problemático si existiese
un conjunto de dispositivos de capacitación, asesoría y seguimiento
permanente del proyecto, pero estos dispositivos no existen por lo que
muchos proyectos llevan el sello de “historia de un fracaso anunciado”
desde la partida.
En cuanto a las disponibilidades de infraestructura, no es mayor
obstáculo ya que se les pide a los beneficiarios que cumplan con requerimientos mínimos y formales al presentar el proyecto. Respecto
a la tecnología, si se trata de proyectos pecuarios no hay problemas
ya que por tratarse de proyectos individuales de mínima escala, la
adquisición de tecnología propia resulta totalmente incosteable. En
casos relacionados con la agricultura es factible la adquisición de
tecnología a nivel comunitario o por localidad.
La mayoría de los beneficiarios de los proyectos se rehúsan a orientar sus acciones para lograr la recuperación del monto de la inversión.
Esto se engrana perfectamente con la mentalidad paternalista según la
cual se da por hecho desde el inicio que se trata de montos (fondos)
perdidos. Como en la mayoría de los casos no se recupera, y como
hay una larga tradición en este sentido, nadie toma la iniciativa para
hacerlo. En el caso de los proyectos que podemos denominar rentables
(con pequeñas ganancias) la respuesta recurrente de los beneficiarios
es que no quieren correr el riesgo de descapitalizarse si someten el
proyecto a la pauta de recuperación de lo invertido. De los proyectos
65 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
evaluados podríamos decir que sólo dos recuperaron el crédito. Aparentemente, el resto de los proyectos presenta ciertos niveles mínimos
de recuperación, sin embargo, ésta situación se explicaría por una estrategia decidida por el Fondo para contrarrestar la imagen negativa que
da una situación generalizada de cartera vencida. Así, el Fondo estaría
condicionando la entrega de los recursos de los proyectos a cambio
de una aportación voluntaria de los beneficiarios bajo la modalidad
de recuperación del crédito (ver columna BJ de la matriz).
Por otra parte, en los proyectos ejecutados en las CIZ no existe
reparto de utilidades a la comunidad. En el caso de que se presenten
utilidades, cada beneficiario decide cuánto designar al gasto familiar y
cuánto para reinvertir (columnas BL y BM). No se estimula la colaboración de la comunidad bajo ninguna modalidad, pudiendo elaborarse
alternativas piloto interesantes que sirvan de modelo y ejemplo para
otras comunidades y proyectos.
Podemos decir que la articulación local de los proyectos es casi
inexistente, si deseamos no ser tan estrictos en la evaluación y dejar
algún resquicio para cualquier excepción. No existe articulación ni
entre productores, ni con las instituciones públicas o privadas, ni con
comerciantes y proveedores de insumos, ni con instituciones académicas o de investigación, etc. (ver columna BN de la matriz). Por un lado,
los proyectos no las contemplan en sus condicionamientos, recomendaciones, formas de operación u objetivos. Por otro lado, quienes los
llevan a cabo no se los plantean y operan como mini-enclaves locales,
como islotes productivos dentro de la comunidad.
Si analizamos los proyectos desde el lado de sus potencialidades, la
mayoría de los proyectos rentables tienen posibilidades de crecimiento.
Pero la concreción de estas posibilidades casi siempre depende en
gran medida de las habilidades y de las condiciones del propio productor, lo que normalmente no se encuentra como capacidades dadas
a priori. Normalmente, estas posibilidades de desarrollo requieren de
capacitación, asesoramiento y seguimiento del proyecto. Pero como
vemos, de los proyectos evaluados, a ninguno se le dio asesoramiento
ni seguimiento en cuanto a financiamiento, e igualmente, tampoco se
buscaron otras vías de financiamiento o de apoyos complementarios
con otras instituciones (ver columna BP de la matriz). En realidad,
los conductores locales de los proyectos no tienen el tiempo para
hacerlo, no conocen de otras alternativas ni disponen de los recursos
para agenciarse por si mismos un asesoramiento de este tipo.
Impacto de los proyectos
Uno de los impactos positivos más relevantes del programa FR
sobre la CIZ ha sido la generación de autoempleo y de mano de obra
eventual en las localidades indígenas. En la medida en que la mano
de obra familiar se hacía insuficiente (ver columna BQ y BR de la
n 66
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
Matriz) en algunos proyectos, se recurría a convenir la contratación
de mano de obra local por determinados períodos. Al contratar esta
mano de obra se facilitaba la compatibilización de los proyectos con
el tipo de actividades que se desarrollaban en la región. Era una forma
de flexibilizar el tejido socio‑productivo local que antes estaba demasiado fijado y anclado a los límites de las posibilidades familiares. No
obstante, esta ha sido una experiencia de corto alcance, no permanente
y limitada a unas pocas localidades.
En cuando a los niveles de innovación que se desarrollan en los
proyectos, la experiencia es mínima. Colateralmente, se observa el
avance de cierto nivel de especialización en los trabajadores y el incremento de la creatividad cuando se trata de la producción de artesanías.
Si bien los proyectos no se han traducido en beneficios directos para
toda la comunidad, sí han contribuido –aunque levemente– a combatir las necesidades de empleo y a mejorar algunos aspectos de las
condiciones de vida de las familias de los beneficiarios.
Resultados de la evaluación
En esta parte presentamos algunos tópicos adicionales de la evaluación:
▪ En cuanto a la gestión de los proyectos: el Programa no ha
estimulado el trabajo comunitario asociativo y colaborativo, en las
fases operativas y de manejo de los proyectos. En esto ha influido
el paternalismo existente, el clientelismo y el tipo de cobertura
del Fondo que reduce las posibilidades de especialización. Sin
embargo, habrían que señalar que existen en las comunidades
diversos elementos positivos estimulantes de la gestión al interior
de las comunidades que no han sido tomados en cuenta ni aprovechados en los proyectos, como la organización, la cohesión social,
la participación, la cooperación comunitaria y la calidad del trabajo
de los representantes y autoridades indígenas locales. Frente a un
esquema de políticas públicas asistencialistas y paternalistas que
no toma en cuenta las potencialidades del capital social local, las
organizaciones tienden a adoptar una cultura de presión política
para allegarse recursos. La articulación y el consenso entre las
partes involucradas queda fuera del panorama posible, por un lado
se dan recursos sin permitir que se involucren los interesados,
y por otro, se presiona para conseguirlos sin tampoco articular
soluciones. El compromiso y la corresponsabilidad quedan fuera
en estas dinámicas.
▪ En relación al ejercicio y resultados de los proyectos, se
observa que las posibilidades de éxito o fracaso dependerían por
igual de los capitales humano y social. El elemento que tendría
una mayor incidencia sobre los resultados es la congruencia que
67 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
pueda darse entre el perfil productivo del beneficiario y el tipo de
proyecto realizado (ver columna AR de la Matriz). Le seguiría
en importancia el nivel de financiamiento: cuando éste es bajo (o
insuficiente) y no se ha explotado la capacidad de organización
local para contrarrestar este problema, los beneficiarios dejan de
considerar como prioritario el proyecto en la medida en que no
representa una alternativa de autoempleo y de sustento familiar
con mínimas perspectivas. Tengamos en cuenta que la generalidad
de las comunidades actúan en base a intereses particulares o de
grupos, de contenido inmediato.
▪ Respecto a la vinculación con el tejido productivo local, la
mayoría de los proyectos autorizados, que son de baja rentabilidad y con muchos problemas para poder pagar los créditos, se
despliegan sin buscar ni lograr de manera colateral ningún tipo de
articulaciones en función de generar desarrollo local. Los proyectos
que han conseguido mantenerse en funcionamiento han quedado
circunscritos a los niveles de la mano de obra familiar sin tampoco
generar innovaciones.
▪ El impacto del Programa es debilitado por problemas adicionales relacionados con las comunidades. Los casos en que éstas no
están constituidas legalmente provoca un descontrol organizativo
favoreciendo prácticas de desgobierno y dificultades para adoptar
prácticas democráticas. Por otro lado, la mayoría de las comunidades indígenas de Zitácuaro sostienen conflictos con comunidades
vecinas minándose así el trabajo del Fondo en cuanto a la regularización de la propiedad de tierras y linderos. Igualmente, la falta
de experiencia de la comunidad en prácticas de programación y
planeación ha generado diversos tipos de incongruencias.
▪ En algunos casos la CDI confundió el respeto a los procesos
democráticos y se mantuvo al margen de las decisiones con el
afán de fomentar la participación comunitaria, reduciendo las
posibilidades de asesoría. Se observa asimismo una notoria falta
de personal capacitado. Por ejemplo, los módulos de apoyo se
convierten en organizaciones meramente administrativas que no
son capaces de explicar directrices básicas.
▪ El Programa de Fondos Regionales nació con una inadecuada
promoción y normatividad que puede explicar que la apropiación
individual haya prevalecido sobre la propiedad común desvirtuándose así el sentido del programa. Por otro lado, la interferencia de
otros programas de subsidio al campo ha confundido a los beneficiarios que continúan sin entender la verdadera estrategia del PFR,
lo que estaría mostrando la carencia de políticas convergentes y
coordinadas. Existen programas de subsidios directos, al lado de
proyectos productivos que deberían tener un retorno pero sin que
se les exija y al lado de otros que se concretizan brindando apoyos
muy puntuales a familias y sin fines productivos, etc., más en la
n 68
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
idea de que cada secretaria de Estado brinde fondos propias antes de
que se conjuguen estos fondos en proyectos estratégicos de mayor
impacto y de acumulación de capital social y simbólico local.
▪ Finalmente, el financiamiento termina sin utilizarse rentable
y productivamente: no se consigue la capitalización del Fondo,
para su reinversión en nuevos proyectos locales indígenas, lo
que representa un incremento constante y recurrente de la cartera
vencida y de pérdidas.
▪ En relación al funcionamiento del PFR, su forma operativa ha
permitido (y facilitado) que unos cuantos miembros (y familias)
locales definan las prioridades sobre el sentir mayoritario de las
comunidades. A esto se le suma que, las asambleas generales se
inclinaron más a satisfacer carencias y necesidades inmediatas,
sin miras a un desarrollo local. El FR se comporta más como una
organización propia e independiente de las dinámicas locales y
no como un instrumento para la organización social indígena y
el desarrollo local. Entre otros ejemplos, el PFR no promueve ni
capacita a las organizaciones para realizar la gestoría correspondiente o de ningún tipo, ni es guiada por una visión de desarrollo
local/regional.
Por estas consideraciones sobre el PFR aparece la necesidad de
realizar una reestructuración de la política de apoyo a proyectos productivos locales/regionales en zonas y comunidades indígenas, sobre
la base de los señalamientos derivados de los indicadores que muestran
las limitaciones de los proyectos y las obstrucciones que se ejercen
sobre estos. Al respecto, en el cuadro N° 6 se hace una propuesta.
69 n
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
Cuadro 6
Propuesta para una reestructuración de Fondos
Indicadores
Fondo Activo
Reestructuración de Fondos
Eficiencia
y Especialización
Operación de un único Fondo que no
cubre eficientemente a toda la región
dada su amplia cobertura
Fragmentar al Fondo para incrementar
su eficiencia, operatividad y especialización
Giros Productivos
El Fondo actual atiende a todas las
comunidades y giros productivos de los
proyectos
Crear Fondos que atiendan a un sólo
giro ó actividad productiva
Participación
Organización
Dificultad y apatía para atender las
actividades del Fondo
Desarrollar una participación directa y
constante del Fondo y sus beneficiarios
Representantes
Desinterés por realizar el cambio de
representantes
Instalar y rotar representantes entre los
productores beneficiarios con fondos
Financiamiento
Alto nivel de cartera vencida dados los
escasos márgenes de recuperación de
créditos
Fomentar la coinversión con aportación
de los beneficiarios, con el objeto de
mantener los proyectos
Articulación
productiva
La forma de operación actual no estimula el trabajo orgánico comunitario y
la articulación con el tejido productivo
local/regional.
Estimular el trabajo asociativo entre productores y su articulación con instituciones, ONG’s, proveedores, vendedores, etc.
Encadenamientos
Productivos
No se han impulsado encadenamientos
productivos
Impulsar encadenamientos productivos
entre proyectos y productores
Innovación
Se ha desarrollado una mínima o nula
innovación en los procesos productivos
de los proyectos
Promover la especialización, acumular
capacidades de aprendizaje, e innovar y
generar nuevos procesos
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la Matriz de Evaluación, observaciones de campo, análisis documental y
entrevistas locales a participantes en proyectos y funcionarios públicos locales.
Referencias, fuentes y bibliografía consultada
Alburquerque, Francisco y Patricia Cortés (compiladores) (2001): Desarrollo económico local y descentralización en América Latina.
Barabas, Alicia M. (2000): La construcción del indio como bárbaro: de
la etnografía al indigenismo, Rev. Alteridades, Año 10, Núm. 19, EneroJunio, UAM Iztapalapa, Editorial Progreso, México, D.F.
Bello, Álvaro (2004), La acción colectiva de los pueblos indígenas, etnicidad y ciudadanía en América Latina, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile.
Bonfil-Ibarra-Varese (1982): América Latina: Etnodesarrollo y etnocidio,
Ediciones Flacso, San José, Costa Rica.
CDI (2005): Acciones de gobierno para el desarrollo integral de los pueblos
indígenas, Informe 2003-2004, Comisión Nacional para el Desarrollo de
n 70
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
los Pueblos Indígenas, México.
CNDI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (2003), La legislación indígena y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos
indígenas en Chile, América Indígena. Volumen LIX, Número 1, Chile.
Díaz Polanco, Héctor (1985): La Cuestión étnico-nacional, Ed. Línea,
México.
Díaz, Bautista Alejandro (2001), Efectos de la globalización en la competitividad y en sistemas productivos locales de México, Artículo alojado
en el “Observatorio de la Economía Latinoamericana”, México.
INEGI (1995; 2000): XI y XII Censo general de población y vivienda.
México.
INI, Fondos Regionales de Solidaridad (1994): ¿Cómo manejar los recursos federales de los fondos?, México D.F.
INI, PNDPI (2002): Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas 2001-2002, México D.F.
Sámano R., Miguel A. (2001): El indigenismo institucionalizado en
México (1936-2000): Un análisis, México, D.F.
Solari, Andrés (2001): Cadenas, eslabones y candados: Integración empresarial y desarrollo económico en Michoacán. Realidad Económica,
Número 11, Octubre 2001. Facultad de Economía, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, México.
Solari, Andrés (2003): Siete teoremas sobre el desarrollo local. Realidad
Económica, Número 14, Abril 2003. Facultad de Economía, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, México.
Vázquez, Barquero A. (2000): Desarrollo económico local y descentralización: aproximación a un marco conceptual. CEPAL/GTZ, Santiago
de Chile.
Velasco, Luisa (2001): Áreas de desarrollo indígena y distritos municipales
indígenas. El desarrollo indígena desde las políticas de Chile y Bolivia,
Revista Mad. No.4., Departo. Antropología, Universidad de Chile.
Páginas Web consultadas:
http:/www.cdi.gob.mx; http:/www.inegi.gob.mx; http:/www.oit.org
71 n
n 72
Sn Juan Zitácuaro
Mesas de Enandio
Crescencio Morales
Crescencio Morales
San Cristóbal
Zit.
Zit.
Zit.
Zit.
Zit.
Abreviaturas:
Curungueo
Zit.
PryEx: Proyecto exitoso
PryNoEx: Proyecto no exitoso
Mpio: Municipio
Zit: Zitácuaro
Manz: Manzana
5ta.
2da.
1a.
4ta.
1a.
1a.
Toma de Agua
5ta.
S. Fco. El Nuevo
1a.
E
F
San Cristóbal
El Lindero
El Tigre
M. de Enandio
Cedano
El Granjeno
2da.
5ta.
Pr
Pr
G
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
ManzTipo
1998
1997
1995
1999
1999
1999
1993
1994
FCnv
Pe
1998
Pe
1999
H
I
Pe
Pe
Pe
Ag
Art
Pe
Ag
Ag
Sec
11 F
10 F
J
16 F
11 F
30 F
10 F
12 F
11 F
15 F
34 F
138 ca
50 ca
K
34 ca
110 ca
30 ca
21 ha
1,600 pz
20 ca
7.5 ha
20 ha
BenefCant. Tot.
Pr: Productivo
FCnv: Fecha en que se firmó el convenio de concertación
Sec: Sector donde se ubica el proyecto
F: Familias beneficiadas
Ag: Agrícola
Ha: Hectáreas
Pe: Pecuario
Ca: Cabezas de ganado
Art: Artesanal
Pz: Piezas (Plantas)
Zit.Rinc. de Nic. Romero
Zit.
Donaciano Ojeda
C
D
Zirahuato
Crescencio Morales
Zit.
Zit.
01 PryEx
Prod. de Bulbos de Gladiola
02 PryEx
Cultivo de Hortalizas
(Papa y Chícharo)
03 PryEx
Adq. de Ganado Bovino
Lechero
04 PryEx
Adq. de Mat. Primas
para Elab. Coronas
05 PryEx
Adquisición de Planta
de Guayaba
06 PryNoEx
Adq. de Ganado Bov. Lech. y Medicamentos
07 PryNoEx
Adq. de Ganado Ovino
para Pie de Cría
08 PryNoEx
Adq. de Terneras
para Pie de Cría
09 PryNoEx
Adquisición de Lechones
10 PryNoEx
Adq. de Ganado Bovino
para Engorda
AB
Sta. cruz
Los Escóbales
MpioComunidadLocalidad
ProyectoNombre
Datos Básicos de los Proyectos Financiados por el FORIDESI
Datos Generales de los Proyectos
Matriz de Evaluación (Resultante)
Anexo
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
Abreviatuiras
OPre: Organizaciones
previas
G: Cantidad de organizaciones gub.
NG: Cantidad de organizac. no gub.
OEx: Organizaciones
existentes
RNA: Respeto a las
normas y acuerdos
Con objeto de simplificación en las respuestas
se utilizara:
1: Si
0: No
Abreviaturas:
FyE: Financiamiento Federal y Estatal
Com: Comunidad
Nota: Con relación al porcentaje sobre el financiamiento FyE, sólo 3 comunidades aportaron una cantidad
adicional al monto FyE, la aportación de las comunidades
restantes se dio en la modalidad de recuperación.
PSO: Nivel de part. social
de las organizaciones.
A: Alto nivel de participación social
M: Nivel medio de participación social
B: Bajo nivel de participación social
COD: Contribución de las
organizaciones al
desarrollo de la comunidad
A: Alto nivel de contribución
M: Nivel medio de contribución
B: Bajo nivel de contribución
3. Partisip.
PSL PyTc
Tbc Car
A 1 1
M 1 1
M 1 1
A 1 1
M 1 1
M 1 1
M 1 1
B
1 1
B
1 1
A 1 1
AE AF AG
FormCom: Formas
de comunicación
Ag: Asambleas generales
Ra: Reuniones de acuerdo
a la organiz. o asunto
1: Si
0: No
ReInt: Relaciones internas
en la comunidad
Da: Divisionismo
y autoritarismo Br: Buenas relaciones
y cordialismo
Cc: Conflictos con otras
comunidades
PSL: Nivel de participación
social local
A: Alto nivel de participación y cooperac. local
M: Nivel medio de part.
y cooperación local
B: Bajo nivel de part.
y cooperación local
2. Com. Rel. Int.
ForComReInt
AgRa DaBr Cc
1 1
1 0 1
1 1
1 0 1
1 1
0 1 1
1 1
0 1 1
1 1
0 1 0
1 1
1 0 1
1 1
1 0 1
1 1
0 1 1
1 1
0 1 1
1 1
0 1 1
Z AA AB AC AD
RPE: Respeto a los periodos de elección
Comunidad
Financiamiento
1. Estructura Organizativa
Tot
FyE
Com
Tot
FyE
Com
OPre
OExRNARPE PSO COD
G NG G NG 225,500
197,500 27,986 100% 88%
12%
1 1
1 2
0
0 M M
138,200
104,200 34,000 100% 75%
25%
1 1
1 2
0
0 A
A
200,000
200,000 50,000 100% 100% 25%
1 1
1 2
1
1 M M
130,000
130,000 32,500 100% 100% 25%
1 1
1 2
1
1 A
A
151,873
151,873 37,968 100% 100% 25%
1 1
1 2
1
1 M M
122,000
91,500
30,500 100% 75%
25%
1 1
1 2
0
0 M M
77,000
77,000
19,250 100% 100% 25%
1 1
1 2
0
0 M M
110,000
110,000 27,500 100% 100% 25%
1 1
1 2
1
1 B
B
107,940
107,940 26,985 100% 100% 25%
1 1
1 2
1
1 B
B
150,000
150,000 37,500 100% 100% 25%
1 1
1 2
1
1 A
A
L
M
N
O
P
QR S
T U
V
W X
Y
Matriz de Evaluación (Resultante)
AM
Vp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PyTc: Prácticas y tipos
de cooperación.
Tbc: Trab. mano de obra
en bene. de la com.
Car: Cooperación en
actividades religiosas
LidDom: Liderazgo
dominante
Pa: Protagonismo
y autoritarismo
Ip: Intereses particulares
Le: Lideraz. eficaz
y favorecedor a la com.
Contrap: Contrapesos
Bac: Buscar acuerdos c
oncensuados
Cr: Cambiar representantes
Vp: Vigilar los procesos
de gestión
1: Si
0: No
4. Liderazgo Local
LidDom
Contrap
Pa Ip LeBac Cr
1 1 0
1 1
0 1 1
1 1
0 1 0
1 1
0 1 1
1 1
0 1 0
1 1
0 1 1
1 1
0 1 0
1 1
0 1 0
1 1
0 1 0
1 1
0 1 1
1 1
AH AI AJ AK AL
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
73 n
n 74
IP: Iniciativa del
proyecto
C: Iniciativa de los
beneficiarios
A: Apoyo de la CDI
DP: Difusión del
proyecto
0: No se difunde
1: Si
PP: Planeación del
proyecto
B-CDI: A cargo de
los beneficiarios con
asesoría de la CDI
1: Si
0: No
Abreviaturas:
Abreviaturas:
EPr: Exper. en la produc. del producto
CpP: Complejidad
para produc. el pto.
VPr: Vocación productiva
A: Alto nivel
M: Nivel medio
B: Bajo nivel
N: Nivel nulo
Abreviaturas:
ExpPry: Expectativas
de proyecto
E: Excelentes expectativas
Be: Buenas expectativas
M: Malas expectativas
P: Pésimas expectativas
ConPry: Niv. de conciencia en el pry.
Am: Amplia conc.
sobre el proyecto
Ap: Conciencia
apropiada clara
Re: Conciencia
relativa
In: Inconciencia
Proyectos
5. Gestión
6. Exp. en la Act.
7. Expectativas
IP
DP PP
EPr CpP VPr
ExPry
ConsPry
B A
B-CDI
1 1
0
1
AB
A
E
Am
1 1
0
1
N
MBBRe
1 1
0
1
M
M
MB
Ap
1 1
0
1
A
M
A
ERe
1 1
0
1
MB
MB
Am
1 1
0
1B
MB
M
In
1 1
0
1B
MB
M
In
1 1
0
1
N
MB
M
In
1 1
0
1
N
M
N
MRe
1 1
0
1B
MB
MRe
AN AO AP AQ
AR
AS
AT
AU
AV
Abreviaturas:
TPry: Tamaño del proyecto
Su: Suf. y adecuado a las
cond. de los benef.
In: Insuficiente de acuerdo a las necesidades de
los beneficiarios
FPr: Nivel de financiamiento del proyecto
Sfp: Se ha financiado lo
que se ha presup.
AdRec: Admón. y manejo de los rec. del pry.
Rb: La realizan los beneficiarios con la vigilancia
del Fondo
1: Si
0: No
8. Financiamiento
TPry
FPr
AdRec
SfpRb
Su
1
1
Su
1
1
In
1
1
In
1
1
Su
1
1
In
1
1
In
1
1
In
1
1
In
1
1
In
1
1
AW
AX
AY
Matriz de Evaluación (Resultante)
Abreviaturas:
VPry: Viabilidad del
proyecto
CTCF: Cond. téc. y climáticas favorables
InCap: Infraestructura y
capacitación
InCaAd: Contó con la
infraestructura y la
capacitación adecuada al
proyecto
1: Si
0: No
Abreviaturas:
PNRT: El pry. requiere de
tecnología de punta
ATR: Acceso a la tecnología
requerida
DspMaPr: Disponibilidad de
materias primas e insumos
1: Si
0: No
9. Viab. Técnica
10. Disp. Tec. e Ins.
VPry
InCa
PRTP
ATR
DspMaPr
CTCF
InCaAd
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
-
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
-
1
1
0
0
-
1
1
0
1
-
1
1
0
1
-
1
AZBABBBCBD
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
FExAPry: Factores externos que
afectan al proyecto
FeCl: Fenómenos climatológicos
FlPr: Fluctuaciones en el precio
del producto e insumos
RiEpEn: Riesgos de epidemias
y enfermedades
1: Si
0: No
Abreviaturas:
CalPr: Nivel
de calidad del
producto
E: Excelente
calidad
B: Buena
calidad
R: Calidad
regular
M: Mala calidad
Abreviaturas:
Abreviaturas:
RPry: Rentabilidad del proyecto
Rec: Recuperaciones del proyecto
SR: Ha recuperado la totalidad
NR: No ha recuperado
In: Ha recuperado un % involuntariamente
Vo: Ha recuperado un % voluntariamente
Reinvpry: Reinversión en el proyecto
RepUtil: Reparto de utilidades
AB: Aportación a la comunidad
BAdUt: Cada beneficiario decide como administrar
sus utilidades
1: Si
0: No ArtPry: Articulación
local del proyecto
0: No se ha articulado
1: Si se ha articulado
Abreviaturas:
Abreviaturas:
CrExPry: Posibilidades de
crecimiento y expansión del
proyecto
SegPry: Seguimiento al
proyecto
1: Si
0: No
Proyectos
11. Fact. Ext. que Afec. al Pry.
12. Cal. Pto.
13. Recup. y Reinversión
14. Articulación
15. Crec. y Expectat.
FExAPry
CalPrRPryRecReinvPryRepUtil
ArPry
CrExPry
SegPry
FeCl
FlPrRiEpEn
ACBAdUt
1
1
0
E
1
0%
1
0
1
0
1
0
1
1
0
M Y B
1
0%
1
0
1
0
1
0
0
1
1
E
0
90%Vo
1
0
1
0
1
0
0
1
0
E
1
98%Vo
0
0
1
0
1
0
1
1
0
B
1
25%In
1
0
1
0
1
0
0
1
1
R
0
0%
0
0
1
0
0
0
0
1
1
M
0
25%In
0
0
1
0
0
0
0
1
1
M
0
25%In
0
0
1
0
0
0
0
1
1
M
0
25%In
0
0
1
0
0
0
0
1
1
M
0
25%In
0
0
1
0
0
0
BEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBP
Matriz de Evaluación (Resultante)
evaluación de programas para el desarrollo
de zonas indígenas. el caso de los fondos regionales
en zitácuaro (michoacán)
75 n
n 76
TiEm: Tipo de empleos que genera el
proyecto
MoF: Se utiliza la mano de obra familiar
MoLC: Se emplea mano de obra local en
la cosecha
CoS: Es competitivo el salario a nivel
regional
1: Si
0: No
CalMaOb: Calificación de la mano de obra
requerida
A: Alto nivel de calificación
M: Nivel medio de calificación
B: Bajo nivel de calificación
N: Nivel nulo de calificación
Abreviaturas:
Abreviaturas:
NiIn: Nivel de innovación que se ha
alcanzado en el proyecto
A: Alto nivel de innovación
M: Nivel medio de innovación
B: Bajo nivel de innovación
N: Nivel nulo de innovación
DyACA: Desarrollo y acumulación
de capacidades de aprendizaje
INP: Se han inventado nuevos
procesos
1: Si
0: No
CA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ObDeLo
Abreviaturas:
MCVFB: Han mejorado las condiciones económicas de las
familias beneficiadas
AuEm: Han contribuido a mantener el empleo familiar de
los beneficiarios
EmpLoc: Han generado empleo local
ObDeLo: Han cubierto los objetivos del desarrollo local
1: Si
0: No
Impactos
16. Inserción Laboral
17. Innovación
18. Sobre el Desarrollo
TiEm
CoS
CalMaOb
NiIn
DyACA
INP
MCVFB
AuEm
EmpLoc
MoF
MoLC
1
1
0BB
1
0
1
1
1
1
1
0BB
1
0
1
1
1
1
0
0BB
1
0
1
1
0
1
0
0
A
M
1
0
1
0
0
1
1
0BB
1
0
1
1
1
1
0
0B
N
0
0
0
0
0
1
0
0B
N
0
0
0
0
0
1
0
0B
N
0
0
0
0
0
1
0
0B
N
0
0
0
0
0
1
0
0B
N
0
0
0
0
0
BQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
Matriz de Evaluación (Resultante)
marcos antonio aldana sánchez
andrés solari vicente
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
Relación entre
el gasto catastrófico
en salud y la
ausencia de
derechohabiencia
de las personas de
la tercera edad en
Tzintzuntzan, Michoacán
* Prof. Inv. Fac.
Economía “Vasco de
Quiroga”, UMSNH
** Estudiante de la
Maestría en Ciencias
con concentración en
Economía de la Salud,
Instituto Nacional
de Salud Pública
Fecha de recepción:
28n de septiembre
Fecha de aprobación:
3 de noviembre
René Colín Martínez*
Cecilia De la Cruz Hipólito Álvarez**
Resumen
El proceso de envejecimiento se inició en los países desarrollados, y en los
últimos años se ha empezado a manifestar en los países con bajo nivel de
bienestar. La situación reviste importancia porque los adultos mayores
presentan crecientes dificultades de salud a la par de oportunidades
laborales decrecientes y de ingreso, los gastos ineludibles en salud le
generan una tendencia al empobrecimiento, que en ocasiones puede
llegar a abarcar más allá de su situación personal.
El artículo pretende mostrar, a través de un modelo Logit, si la ausencia
de derechohabiencia de la tercera edad eleva la probabilidad de incurrir
en gasto catastrófico en salud (GCS). El análisis se centra en una muestra
de 95 adultos mayores del municipio de Tzintzuntzan, Michoacán.
Los resultados muestran que existe una relación positiva entre la
77 n
rené colín martínez
cecilia de la luz hipólito olivares
ausencia de derechohabiencia y la posibilidad de presentar un GCS. El
tratamiento la enfermedad crónica es otro factor de mayor peso.
Palabras clave: gasto catastrófico en salud, tercera edad, proceso de
envejecimiento, derechohabiencia.
Clasificación JEL: I18.
Introducción
El término “tercera edad” es un término que hace referencia a la
población de personas de 65 o más años1. La ONU, en su resolución
50/141 (1996) define una población envejecida si más del 5% de sus
miembros tienen más de 65 años de edad, o si más del 10% tiene 60
años o más.
El incremento absoluto y relativo del número de personas con
edad mayor a los 60 años es el factor poblacional que caracteriza
los cambios demográficos actuales en el mundo. México no escapa
de esta situación, según el INEGI, en el 2000 la población de más
de 60 años correspondió al 7% de la población total, que en el 2005
abarcó el 8.6%. Se trata de un grupo que sigue aumentando además
su esperanza de vida.
Para el estado de Michoacán, el 4.7% de la población tenía una
edad de más de 65 años en 1990, y para el año 2000 se duplicó a 8.2%.
En el 2005, el 9.36% de su población se registraba en el grupo de más
de 60 años; el 6.5% del total tienen 65 años o más. Si recurrimos a
los criterios de la ONU, Michoacán tiene una población envejecida
desde la década pasada. La CONAPO (2000) clasifica a Michoacán
como uno de los siete Estados con mayor población envejecida del
país. En el caso de Tzintzuntzan, el 10.2% era población de 60 años
o más en el 2005.
El problema es que la condición socioeconómica de las personas
de la tercera edad es adversa, no tienen oportunidades laborales debido
a su estado de salud y a su bajo nivel educativo; las que trabajan lo
hacen en el sector informal, sin seguridad social y a cambio de un
Otras fuentes la abarcan desde los 60 años, que en la presente investigación será más
útil y práctico debido a que las estadísticas poblacionales del país así lo presentan.
1
n 78
relación entre el gasto catastrófico en salud
y la ausencia de derechohabiencia de las personas
de la tercera edad en tzintzuntzan, michoacán
bajo ingreso. Siendo el grupo con el índice de desarrollo social más
bajo, la atención a sus padecimientos crónicos le resulta preocupante
y puede optar por posponer su atención en salud. En los casos en los
que su familia enfrenta los gastos, el efecto puede volverse incluso
perjudicial para ésta.
El objetivo del estudio es determinar si la ausencia de derechohabiencia eleva la probabilidad de realizar un GCS por parte de una
persona de la tercera edad, habitante del municipio de Tzintuzuntzan,
Michoacán, sabiendo que el factor llamado “gasto catastrófico” es
identificado como un agente de empobrecimiento. En ese sentido, la
hipótesis se plantea en términos de mostrar la relación directa entre
ambas variables, permitiéndonos conocer la relevancia de la derechohabiencia para este grupo de la población. A la vez, la regresión Logit
permitirá identificar otros factores determinantes del GCS.
El dúo Economía-Salud y la situación del adulto mayor
La bibliografía señala que la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico está en función de una serie de características de los hogares
como la proporción de niños y adultos mayores, el acervo de riqueza
del hogar, la zona de residencia y la condición de aseguramiento. Un
hogar con gasto catastrófico por motivos de salud se define como todo
aquel hogar que destina mensualmente más del 30% de su capacidad
de pago al financiamiento de la salud de sus miembros.
La Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (2004) enuncia
que el hecho de que el principal pilar del financiamiento de los servicios de salud en México sean los nombrados “gastos del bolsillo”gasto proveniente de las familias al momento de utilizar los servicios
de salud- es altamente inequitativo, y coloca a las familias en una
situación de riesgo de empobrecimiento, debido a que: puede ser un
gasto imprevisto e ineludible o previsible pero inevitable, traducirse
en permanente al tratarse de padecimientos crónicos o resultar de la
insatisfacción del servicio público. La consecuencia es que, si el gasto
de bolsillo se convierte en un gasto catastrófico se va mermando la
capacidad para cubrir otras necesidades básicas del hogar como la
alimentación, la educación o la vivienda. De ahí que se identifique tal
gasto privado en salud, como un factor de empobrecimiento.
El modelo que explícitamente estableció una relación entre los
fenómenos demográficos y las variables económicas fue el de Malthus.
Estudios más recientes encuentran una relación positiva entre el nivel
de ingreso de una sociedad y la esperanza de vida (Preston, 1975), y
señalan que un mayor nivel de ingreso aporta mejoras en la nutrición,
acceso al agua potable y saneamiento, así como la posibilidad de una
mejor atención sanitaria. Otras investigaciones afirman que más que el
nivel medio de ingreso, es la desigualdad en la distribución del mismo
lo que explica el nivel de salud (Rodgers, 1979).
79 n
rené colín martínez
cecilia de la luz hipólito olivares
Para Fuentes (1978) , la disponibilidad y la calidad de los servicios
asistenciales, la densidad de la población, los factores ecológicos, las
condiciones de las vías de comunicación, el nivel cultural, el poder
adquisitivo, las condiciones de vida familiar y los hábitos alimentarios, son condiciones socioeconómicas que tienen una correlación
significativa con la esperanza de vida.
Gráfica 1. Relación Salud y Factores Económicos (Fuentes, 1978)
INVERSIÓN ECONÓMICA
FUERZA DE TRABAJO
Y MEDIOS
DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
INGRESO
NIVELES DE PREVENCIÓN
CAPACIDAD DE CONSUMO
Salud
Bienestar
INVERSIONES SOCIALES
Saneamiento, educación,
seguridad social, etc.
Montes (1996) concluye que la relación vejez y salud no solamente
es una combinación de factores biológicos, sino que también es un
proceso que depende del contexto exterior en el que se integra tal
población. En ese sentido, una consecuencia del proceso de envejecimiento en los países menos desarrollados, donde hay altos niveles
de pobreza, inseguridad y deficiente higiene y nutrición y seguridad,
es la acentuación de las manifestaciones patológicas.
Bhargava (2001) por su parte, señala que hay una relación biunívoca entre el ingreso y el nivel de salud. En tanto que para Muening
(2008), es clara la influencia del ingreso sobre la salud, pero no es
tan evidente lo inverso.
La Secretaría de Salud (2001) señala que la salud de los adultos
mayores es resultado de tres factores como las condiciones de salud
de la infancia (perinatal, crecimiento y desarrollo durante los primeros cinco años), los perfiles de riesgos conductuales (tabaquismo,
alcoholismo, régimen alimentario, actividad física) y el uso y acceso
a los servicios de salud (que dependen del nivel de educación y la
participación en el mercado laboral)- la salud del individuo es una
n 80
relación entre el gasto catastrófico en salud
y la ausencia de derechohabiencia de las personas
de la tercera edad en tzintzuntzan, michoacán
derivación de un conjunto de condiciones de vida a lo largo de su
vida, condiciones que dependieron y siguen dependiendo del contexto
económico, cultural y social del individuo.
Cabe señalar que de los municipios del país que están clasificados
con un índice de desarrollo social muy bajo o bajo, el 69.7% de su
población corresponde a la tercera edad. La mayor parte de éstos son
municipios ubicados en áreas rurales, en los que los servicios públicos
son escasos y los índices de marginación son más altos.
Fuente: Elaboración propia con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Refiriéndonos al nivel socioeconómico, el cual abarca los aspectos
de la estratificación heredados o adquiridos como la educación, la
ocupación y el ingreso (Rothschild, 1987), se ha encontrado que el
tipo de ocupación está relacionado directamente con el modo de vida
y con los riesgos ocupacionales. El caso de los adultos mayores se
trata de un grupo vulnerable, pues según estimaciones del CONAPO
(2000), en México existe una alta proporción de adultos mayores que
aún trabaja-a diferencia de los países industrializados-. Del grupo de
60-64 años, el 65% permanece económicamente activo; e incluso a los
80 años, 1 de 4 trabaja. Del 30% del total de los adultos mayores que
permanece activo, más del 80% pertenece al sector informal. El trabajo
de los hombres se vincula estrechamente a actividades agropecuarias,
incluso casi uno de cada 2 adultos mayores del sexo masculino (44.6%)
trabajan en el sector primario, mientras que la relación es 1 de cada
4 si se incluye a todas las edades. Las mujeres del grupo de más de
60 años se concentran más en el sector terciario (74.6%) contra 55%
del conjunto nacional.
81 n
rené colín martínez
cecilia de la luz hipólito olivares
Otra de las situaciones es que (INEGI, 2000) mientras que la población entre 15 y 19 años tiene una tasa de analfabetismo de 3%, la de
los adultos mayores es de 30.1%. Tal rezago educativo le obstaculiza
el poder responder activamente ante cualquier oportunidad laboral. En
cuanto al ingreso monetario, una cuarta parte de los trabajadores con
60 años o más no recibe ningún ingreso por su trabajo; otra cuarta parte
recibe menos de un salario mínimo; y otra cuarta parte recibe entre
uno y dos salarios mínimos (Zúñiga, 2004). Eso significa que el 75%
de esta población activa recibe dos o menos salarios mínimos.
Fuente: Elaboración propia con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Pese a que el ingreso monetario constituye un medio directo de
acceso a muchas de las cosas que contribuyen a la longevidad -como
la atención médica, la nutrición y la habitación-, no es el único fenómeno socioeconómico en la calidad de vida. El índice de desarrollo
social es una medida que identifica la presencia de condiciones que
favorecen el desarrollo pleno de las capacidades y opciones para los
adultos mayores y de cierta manera expresa las condiciones de desarrollo que ofrecen las regiones y municipios del país2 a sus habitantes.
Encontramos que para la población de 60 años y más, en México se
registra el índice más bajo entre las distintas etapas del curso de vida
(0.580). Aparicio (2002) recalca que a partir de los 65 años el índice
baja a 0.492
Comprende seis dimensiones analíticas: la capacidad de adquirir conocimientos, la
de gozar de un nivel de vida adecuado, la de disfrutar de vivienda digna, la proporción
que es atendida en una clínica, centro de salud o consultorio cuando se enferman y la
proporción que no sufre discapacidad.
2
n 82
relación entre el gasto catastrófico en salud
y la ausencia de derechohabiencia de las personas
de la tercera edad en tzintzuntzan, michoacán
Fuente: Elaboración propia con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inequidad financiera en salud y el círculo del empobrecimiento
En México, las cinco principales causas de muerte de las personas de la tercera edad en el año 2000, que identificó la SSA, fueron
las enfermedades cardiovasculares (32%), las neoplasias malignas
(15.1%), la diabetes mellitus (12.6%), las enfermedades digestivas
(8.9%) y las respiratorias (6.8%).
Los costos de atención a la salud de los adultos mayores se incrementan por la generación de estas enfermedades crónico-degenerativas
que se caracterizan por ser de más larga duración que otro tipo de enfermedades, pues implican el uso de terapias basadas en tecnologías y
medicamentos más costosos y se asocian a periodos de hospitalización
más prolongados. Es tan alto el gasto del tratamiento de un adulto
mayor derechohabiente que, por ejemplificar en Michoacán, “el 20%
de adultos mayores que están bajo el cuidado de los 250 médicos familiares con que cuenta el Seguro Social, ocupan 80% del presupuesto
destinado de 600 millones de pesos en medicamentos”(Valencia,
2008). La Evaluación y Perspectiva de la Seguridad Social (1999)
indica que los adultos mayores consumían en ese año más del 30%
del presupuesto de la seguridad social en pensiones y jubilaciones,
y alrededor del 30% del presupuesto en salud, ocupando además el
60% de las camas de hospital.
En 2003 se creó en México el Sistema de Protección Social en
Salud para en el 2004 entrar en operación el Seguro Popular de Salud
(SPS), instrumento que asegura a los ciudadanos que por su condición
laboral o socioeconómica no pueden acceder a las instituciones de
seguridad social, con la finalidad de protegerlos de gastos catastróficos
83 n
rené colín martínez
cecilia de la luz hipólito olivares
por motivos de salud y ampliar el acceso a sus servicios integrales. En
los últimos 5 años en el país la población derechohabiente pasó del 40
al 47% de cobertura total; sin embargo, sólo el 56% de la población
de la tercera edad es derechohabiente.
Los Estados con menos población derechohabiente son los Estados
menos desarrollados del país, a citar en orden descendente: Michoacán,
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las disparidades persisten en las prestaciones de servicios; por ejemplo, la medición nacional del Desempeño
de los Sistemas de Salud señalan que Michoacán tenía hasta el 2005,
sólo el 32% de los hogares asegurados.
Fuente: Elaboración propia con base en el II Conteo de Población y Vivienda. INEGI, 2005.
En el año 2002, México destinó el 6.1 de su PIB para Salud. En
tal cifra, el financiamiento de tipo público fue del 45%, el porcentaje
más bajo de los países de la OCDE (2005).
Michoacán por su parte, destinó por arriba del promedio nacional
a su gasto total en salud, medido con respecto al PIB, en el periodo
2001-2005. Sin embargo, fue el estado con mayor porcentaje con
gasto privado en salud (8.0 % del PIB estatal) en el año 2005, seguido
por Chiapas (6.2 %), Sinaloa (6.1%), Zacatecas (6.1%), Nayarit (5.6%)
y Tlaxcala (5.6%). Este gasto privado de los habitantes, equivale al
72% del total de gasto en salud en el Estado, que a nivel nacional es
de 56%, según la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño
(ENED).
Observando el cuadro 2, a nivel nacional la participación porcentual del gasto Es decir, calcula que, en promedio, el 70% del gasto total
para la atención de una enfermedad3 lo paga el paciente michoacano.
De manera que, siguiendo la definición de gasto catastrófico por la
OMS (2002), en ambos se está trascendiendo a gasto catastrófico, y
a nivel estatal la situación llama la atención.
3
n 84
Incluye servicios médicos y medicamentos.
relación entre el gasto catastrófico en salud
y la ausencia de derechohabiencia de las personas
de la tercera edad en tzintzuntzan, michoacán
Cuadro 2. Gasto total en salud como porcentaje del PIB
(2001-2005)
Gasto TotalGasto PúblicoGasto Privado
México
6.2
2.7
3.5
Michoacán
11.1
3.1
8.0
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Nacional de Evaluación del
Desempeño ENED 2002
El Índice de Justicia en la Contribución Financiera mide el grado
de equidad en el financiamiento de la salud. El sistema de salud es
“justo” o equitativo en la medida en que el gasto en salud se distribuye
proporcionalmente en relación con la capacidad de pago de los hogares.
El Reporte Mundial de Salud (2004) señaló que en el año 2000, México
ocupaba el lugar número 144 de entre 191 países en tal indicador.
A nivel nacional, Michoacán tiene uno de los índices de justicia
la contribución financiera en salud más bajo de todo el país (0.83) y
uno de los más altos porcentajes de hogares con gastos catastróficos
por motivos de salud (6.5%); al contrario, Estados como Yucatán,
Colima y Nuevo León, que evitan pagos regresivos y paga más el
que más tiene y el que no tiene casi no paga o no paga. La Medición
del Desempeño de los Sistemas de Salud basada en la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño (ENED), señala que un hogar
de Michoacán (2002) corre un riesgo 5 veces mayor de empobrecerse
por motivos de salud que uno de Yucatán.
En este contexto económico, social y demográfico caracterizado
por aumentos importantes en la esperanza de vida pero con graves
insuficiencias en la cobertura de los servicios de seguridad y protección
social, la creciente longevidad de los adultos mayores obliga más y
más a la ampliación del número de años en que “un cada vez menor
número de hijos-debido al descenso de la fecundidad- habrán de
velar por la salud y el bienestar de sus padres en edades avanzadas”
(CONAPO, 2001).
Según la CONAPO (2004), el 94.6% de los adultos mayores
residen con otros familiares, por lo que el cuidado de los ancianos
recae en éstos. En tal sentido, la CONAPO (2002) identificó discapacidad motriz entre los adultos mayores: 56% en los hombres y 62% en
las mujeres. La ENIGH (2004) ha calculado que para un aumento de
1% en la proporción de adultos mayores, la probabilidad de incurrir
en un GCS aumenta en 6%. El problema es que los montos resultantes de los familiares “son – por lo general- exiguos e irregulares”
(Morelos, 2004), o insuficientes para el tratamiento de enfermedades
de tipo degenerativo, además del cuidado que éstas requieren, pues
los otros componentes del hogar deben trabajar sin poder dedicarle
tiempo al anciano.
85 n
rené colín martínez
cecilia de la luz hipólito olivares
El aplazamiento de la atención médica que tarde o temprano será
irreversible, generará un gasto mucho mayor que si se hubiera atendido
a tiempo; si la atención resulta urgente, se recurre a préstamos o venta
de activos familiares. De modo que a las enfermedades crónicas- invalidantes, los trastornos mentales, los accidentes, etc., se agregan
los problemas de orden socioeconómico. Se forma un círculo vicioso
donde se agravan los estados de salud de aquél, o en el caso extremo,
el abandono en mayor o menor grado.
De manera que, el envejecimiento de la población, aunque
es una manifestación de progreso tecnológico, en cuestiones de
atención social estará creando tensión en los próximos años. En
palabras de Romo de Vivar (2008): costos financieros que pondrán
en duda la permanencia y viabilidad del sistema de seguridad social
en nuestro país.
Metodología
Por muestreo aleatorio simple, a un nivel de confianza del 90%, se
aplicó una encuesta a 95 adultos mayores de 4 localidades del municipio de Tzintzuntzan, Michoacán, durante el mes de noviembre de 2008.
Se incluyeron individuos de 60 años o más de edad, residentes del
municipio. La variable gasto catastrófico en salud (GCS) es la variable
dependiente en el modelo, cuya dicotomía es: presencia de GCS, no
presencia de GCS. Esta variable se codificó como 1 los casos en los que
el gasto en salud fue del 0.3 o más como proporción del ingreso; y 2 los
casos inferiores a 0.3. Las variables independientes: edad, sexo, sabe
leer y escribir, estado civil, tipo de ocupación, grado de escolaridad,
situación de dependencia, número de personas que dependen parcial
o totalmente de ella, número de hijos vivos, número de personas con
las que vive, tipo de ocupación, ingreso total mensual (derivado de
ingresos propios, subsidios del gobierno, apoyos de la familia u otras
personas), percepción de la salud como su primera necesidad básica,
autoevaluación de su estado de salud, padecimiento de enfermedad
crónica, tratamiento con medicamento permanente, frecuencia con la
que se automedica, situación de derechohabiencia, frecuencia con la
que acude a consulta con el médico cada vez que se enferma, gasto
mensual en salud. Se utilizó la técnica de regresión Logit. El paquete
estadístico para el cálculo de la regresión Logística fue el SPSS 15.0.
El objetivo es identificar las variables que disminuyen o aumentan la
probabilidad de la presencia de un fenómeno y que por lo tanto, explican a la variable independiente. La probabilidad viene dada por:
n 86
relación entre el gasto catastrófico en salud
y la ausencia de derechohabiencia de las personas
de la tercera edad en tzintzuntzan, michoacán
Donde:
p(y)
es la probabilidad de que la variable dependiente tome
un determinado valor.
e
representa a la base de los logaritmos neperianos, su
valor es 2.71828182846…
es la probabilidad de que ocurra un determinado fenómeno.
es la probabilidad de que no ocurra el fenómeno.
Si p(y)≥ 0’5 el individuo se clasifica en la segunda subpoblación.
Fracaso de fenómeno.
Si p(y) < 0’5 el individuo se clasifica en la primer subpoblación.
Éxito del fenómeno.
En cuanto a la regresión, ésta se realiza con la secuencia forwardWald, iteración tras iteración, quedando la combinación lineal:
Donde:
Las variables Xi son las variables independientes.
b0, b1, ... , bk, son los coeficientes del modelo.
b0 es el término independiente o la constante y puede ser igual
a cero.
Los b1 ( i = 1,2, …, k) son los coeficientes de regresión logística
y deben ser significativamente distintos de cero.
El signo del coeficiente indicará la dirección en que se mueve la
probabilidad al aumentar la variable explicativa correspondiente.Cada
variable fue recodificada por el programa estadístico. Con el modelo,
se procedió a estimar la probabilidad de que un individuo pertenezca
al grupo que realiza GCS; o al grupo que no realiza GCS. En el caso
de la variable independiente (GASTOCAT), presencia de GCS y no
presencia de GCS, se recodificó como 0 y 1, respectivamente. Un valor
de 0 o cercano a cero significa presencia de GCS, nombrado como
caso de “éxito”. Al tratarse de un análisis de regresión, nos permitirá
identificar las variables más importantes que explican las diferencias
entre los dos grupos La Odds Ratio (OR) es la medida de riesgo de
presentar GCS si el individuo presenta cierto factor de exposición o
causal. Finalmente, al estimar los parámetros de regresión Bj de las
variables independientes significativas, podremos hacer predicciones
de la probabilidad con la que un individuo de la tercera edad de Tzintzuztzan, bajo ciertas características, presentará un GCS.
87 n
rené colín martínez
cecilia de la luz hipólito olivares
Resultados
Las variables toma de medicamento permanente (MEDICPERM)
y situación de derechohabiencia (SITDERECHOHAB), influyen sobre
la probabilidad de incurrir en GCS.
Variables independientes que determinan la presencia de un GCS
Paso 1(a)
MEDICPERM(1)
Constante
Paso 2(b)
MEDICPERM(1)
SITDERECHOHAB(1)
Constante
B
-2.420
2.657
-2.654
-1.715
4.169
E.T.
.622
.517
.649
.855
.963
Wald
15.144
26.382
16.723
4.025
18.755
gl
1
1
1
1
1
Sig. Exp(B)
.000 .089
.000 14.250
.000 .070
.045 .180
.000 64.624
a Variable(s) introducida(s) en el paso 1: MEDICPERM.
b Variable(s) introducida(s) en el paso 2: SITDERECHOHAB.
La función f(x) queda:
f(x) = 4.169 - 1.715MEDICPERM - 2.654SITDERECHOHAB
Con el modelo hallado, presentamos los siguientes ejemplos con
dos individuos qie toman medicamento permanentemente:
Individuo 1.- Adulto mayor que No es derechohabiente (codificado
como 1) y que toma medicamento permanentemente:
f(x) = 4.169 - 1.715 - 2.654 = -0.2
=
0.45
Individuo 2.- Adulto mayor que es Derechohabiente (codificado
como 0) y toma medicamento permanentemente:
f(x) = 4.169 - 2.654 = 1.515
= 0.8198
Dadas las características de los individuos, es más probable
(próximo a 0) que el Individuo 1 presente GCS que el Individuo 2.
Como 0,81≥ 0’5 el individuo 2 se clasifica en la subpoblación de los
adultos mayores que no presentan GCS, mientras que el individuo 1 se
ubica dentro del grupo de los adultos mayores que presenta GCS. Con
estos dos ejemplos, la ODDS RATIO, apunta –ceteris paribus- que el
ser derechohabiente (SITDERECHOHAB) es un factor de protección
contra la presencia de un GCS, al ser menor que 1 (0.180). En el caso
n 88
relación entre el gasto catastrófico en salud
y la ausencia de derechohabiencia de las personas
de la tercera edad en tzintzuntzan, michoacán
de no ser derechohabiente y pasar a ser derechohabiente, ocurre una
disminución de la probabilidad de un GCS. En el caso de la variable
(MEDICPERM), es de 0.07, esto quiere decir se evita en mayor grado
la probabilidad la presentar un GCS cuando el individuo pasa de tener
un medicamento permanente a no tener dicha prescripción médica,
incluso el impacto es mucho mayor que pasar de No Derechohabiente
a sí serlo. Se considera que el modelo es significativo. El estadístico
Chi-Cuadrado del Modelo es de 0.000. El Porcentaje de Individuos
exhibe que para el conjunto de la muestra el porcentaje de aciertos
del modelo ha sido del 82.1% de los casos. Existen 4 casos Outliers
(casos frontera) en los que el modelo falló.
Conclusiones
El municipio de Tzintzuntzan está clasificado como un municipio
con índice de marginación media y sin embargo, con un 90% de confianza se concluye que la Derechohabiencia de un adulto mayor, le
determina la posibilidad de realizar un GCS. En el caso de los adultos
mayores Derechohabientes se encontró que la probabilidad de evitar
GCS es mayor que la de los No Derechohabientes, 0.19 contra 0.55
de riesgo, respectivamente.
Y por otra parte, encontramos que el estar en tratamiento debido
al padecimiento de una enfermedad crónica, ocupa una elevada
proporción del ingreso personal del adulto mayor. Podemos decir
entonces que si el sistema de salud no brinda gratuitamente los medicamentos, el riesgo de empobrecimiento es alto. Sin embargo, según
los resultados, un adulto mayor que no es derechohabiente y que no
cuenta con la prescripción médica del medicamente permanente por
no padecer enfermedad crónica, tiene una probabilidad del 8% de
presentar GCS, mientras que el adulto mayor con enfermedad crónica
y derechohabiente con enfermedad crónica tiene una probabilidad
doble de presentar GCS (19%).
Los resultados sugieren que para evitar este tipo de gasto, no sólo
es más efectiva una política de ampliación del sistema de seguridad
social, sino una política de salud preventiva de este tipo de enfermedades, capaz de enfrentar el cada vez más creciente proceso de
envejecimiento.
Bibliografía
Aldás, J. y Uriel, E. (2005). Análisis Multivariante Aplicado. Aplicaciones al Marketing, Investigación de Mercados, Economía, Dirección de
Empresas y Turismo. Ed. Thomson.
Aparicio, Ricardo. (2002). Transición demográfica y vulnerabilidad durante la vejez. En La Situación demográfica en México.
CONAPO,México.
89 n
rené colín martínez
cecilia de la luz hipólito olivares
Bhargava, A, Jamison, D, Lau, L,Murray, C (2001). Modeling the effects of
health on economic growth. Journal of Health Economics 20 423–440.
Consejo Nacional de Población (1999). Evaluación y perspectiva de
Seguridad Social. CONAPO. México.
----- (2001) Programa Nacional de Población, 2001-2006. CONAPO.
México.
----- (2003) Índices de desarrollo social en las etapas del curso de vida,
2000. Colección: Índices demográficos. CONAPO, México.
----- (2006) Proyecciones de Población 2000-2050. CONAPO, México.
Demos: Carta Demográfica sobre México. Revista Demográfica Demos.
Año 1991. Núm. 4. México, D.F.
Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares ENIGH (2004). Gasto
catastrófico en salud y elasticidades. México.
Fuentes A, Luis y Fuentes, R (1978). Salud y vejez. Ed, El Caballito.
México.
Grossman, M. (1975). The Correlation between Health and Schooling, en
N. E: Terleckyj (Ed.). Household production and consumption, Columbia
University Press, New York, Estados Unidos.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI (2005).
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI, México.
----(2000) XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI, México.
London S, Formichella M. M. (2006). El concepto de desarrollo de Sen
y su vinculación con la Educación. En Economía y Sociedad. Revista
de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, UMSNH Año 11, Nº 17,
enero-junio.
Montes, V. (1996) Tercera edad: situaciones de los viejos. En Demos:
Carta Demográfica sobre México. Revista Demográfica Demos. Año
1996.Núm. 9. México, D.F.
Morelos, J. (2004). La salud a 30 años de la política de población. En
Reflexiones sobre la transición demográfica y sus aplicaciones sociales.
Elena Zúñiga (Coordinadora). CONAPO, México.
Muening P. (2008): “Health selection vs. causation in the income gradient: What can we learn from graphical trends?” J. Health Care Poor
Underserved 19 (2):574-579.
Organización Mundial de la Salud (2004). The World Health Report
20004. OMS, Ginebra.
Preston, S. (1975): Mortality Patterns in National Populations. Academic
Press, New Cork.
Rodgers, G. B. (1979). Income and inequality as determinants of mortality:
an international cross-section analysis. Population Studies 33, 343-351.
Romo de Vivar, M (2008). Evolución de la seguridad social en México y en
el mundo. En Realidad Económica. UMSNH Año 2, N° 24, junio. 8-11
Rothschild, H. (1987). Factores de riesgo en la edad avanzada. Ediciones
científicas La Prensa Médica Mexicana, S. A. México.
Secretaría de Salud (2002). Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño ENED. Desempeño de los Sistemas de Salud: Gastos Catastróficos
por motivos de Salud. México.
----- (2001) Programa de Acción: Atención al Envejecimiento. SSA,
Subsecretaría de Prevención y Protección a la Salud. México.
----- 2007, 16 de marzo) Foro ciudadano de consulta sobre promoción y
n 90
relación entre el gasto catastrófico en salud
y la ausencia de derechohabiencia de las personas
de la tercera edad en tzintzuntzan, michoacán
prevención para una mejor salud, Informe. (. SSA. Morelos, México.
Valencia, M. (2008, 24 de junio). Adultos mayores ahogan al IMSS. En
Provincia, Morelia, Michoacán.
Wilkinson, R. G. (1992). Income distribution and life expectancy. British
Medical Journal 304, 165-168.
Zúñiga, E. (2004). Envejecimiento de la población en México: el reto del
siglo XXI. CONAPO. México.
Zuñiga, E. y Gómez C. (2002). Pobreza, curso de vida y envejecimiento
poblacional en México. En La situación demográfica en México. CONAPO. México.
91 n
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
Localización
de Arreglos
Productivos
Locales (APL)
* Doctora, profesora–
investigadora del
Departamento de
Economía de la UAM-A,
ARPM. Asesora de Tesis
en el Doctorado en
Ciencia Económicas
de la UAM.
Contribuciones para
el análisis regional
María Beatriz García Castro*
Zorayda Carranco Gallardo**
Juan Andrés Godínez Enciso***
[email protected]
** Maestra, profesora–
Investigadora del
Departamento de
Economía de la UAM-A,
Área de Relaciones
Productivas en México
(ARPM). Alumna del
Doctorado en Ciencia
Económicas de la UAM
y becaria CONACYT.
zorayda.carranco@
gmail.com
*** Doctor, profesor–
Investigador del
Departamento de
Economía de la
UAM-A, ARPM.
[email protected]
Fecha de recepción:
2 de septiembre
Fecha de aprobación:
3 de noviembre
Resumen
Los arreglos productivos locales son espacios de producción sectorialmente y localmente compartidos en los que se establecen relaciones
fuertes entre los agentes que en ellos participan; en ellos se generan
sinergias que propician la obtención de ventajas competitivas y favorecen el aprendizaje colectivo. Por ello, el análisis de las condiciones de
su desarrollo productivo encuentra un campo particularmente fértil al
estudiar su dinámica.
Este trabajo revisa dos casos en que se aplica la metodología específica
para identificar concentraciones geográficas densas de actividades productivas conexas, las que constituyen el paso inicial para la existencia de
los arreglos productivos locales. La identificación se realizó en los estados
de Hidalgo y Jalisco, y permitió detectar que en ambos los efectos de la
centralidad derivados de las zonas urbanas es fundamental.
Palabras clave: Arreglos Productivos, localización, economía regional,
economía mexicana. Clasificación JEL: L23, R11, D86.
93 n
maría beatriz garcía castro
zorayda carranco gallardo
juan andrés godínez enciso
Introducción
El contexto actual de mercados abiertos, en los que compiten
empresas y regiones, exige condiciones que garanticen un eficiente
crecimiento de la productividad de manera sostenida e incluyente.
Para ello es indispensable que se alcance una mayor competitividad
de manera sistémica, para lo cual es fundamental contemplar los
determinantes tanto económicos, como sociales e institucionales que
confluyen para el desarrollo regional y local. Dicho desarrollo requiere
la configuración de sistemas de soporte que conformen un tejido sobre
el cual se sustenten los cimientos de interrelación, que posibiliten la
creación de un amplio rango de servicios y aseguren la coordinación
local. Este sistema es un factor crítico en tanto promueve un flujo
de información más ágil, pero sobre todo articule una estructura de
cooperación, que favorezca los esfuerzos de innovación de los actores
económicos, sin duda uno de los principales motores del cambio social
y económico.
Desde esta perspectiva, el análisis de las condiciones del desarrollo
productivo encuentra un campo particularmente fértil al estudiar la
dinámica económica en espacios sectorialmente y localmente compartidos, ya que en ellos se generan sinergias que propician la obtención
de ventajas competitivas y favorecen el aprendizaje colectivo. A
estos espacios se les conoce con el nombre de Arreglos Productivos
Locales (APL).
En tanto se reconoce el carácter localizado y específico de los
procesos de aprendizaje, la identificación de los APL es fundamental
tanto para el estudio de la dinámica competitiva, como para el diseño
de políticas de fomento.
Este trabajo tiene como propósito mostrar la aplicación metodológica para detectar y clasificar los APL en los estados de Hidalgo y
Jalisco.
En la primera parte del trabajo se analizarán los fundamentos
teóricos que contribuyeron a resaltar la utilización de los Arreglos Productivos Locales como marco de referencia para el análisis empírico
de espacios específicos de desarrollo productivo. Los determinantes
básicos en la formación de una APL son la localidad en la que se
ubica y el sector al que pertenece. Por lo tanto, este corte analítico
intenta resaltar los efectos que la localidad tiene sobre la aglomeración
de empresas en una zona geográfica determinada y la influencia de
los sectores que conforman dicho arreglo. Para ello se recuperan las
aportaciones teóricas referente a las externalidades marshallianas, la
eficiencia colectiva como eje aglutinador de los clústeres, los sistemas
regionales de innovación y los sistemas sectoriales de innovación.
En el segundo apartado se exponen los principales resultados de la
aplicación de la metodología para iniciar la identificación de los principales arreglos productivos en dos estados de la República Mexicana:
n 94
localización de arreglos productivos locales (apl):
contribuciones para el análisis regional
Hidalgo y Jalisco. Esta metodología permite ubicar las actividades que
son de importancia para la localidad y para el sector, y caracterizar a
los APL a partir de su producción y empleo. No obstante ello es sólo
el punto de partida, ya que la definición misma de arreglo productivo
local incluye las relaciones entre sus principales agentes y no sólo la
elección a priori de sistemas estructurados. Esto último será objeto
de otras investigaciones.
Por último, al final del trabajo, se presentan algunas conclusiones
de esta primera aproximación a la identificación de arreglos productivos para el caso mexicano.
La importancia conceptual de los agrupamientos productivos
locales (APL)
El análisis económico y su conexión con la dimensión territorial,
tiene como antecedente fundamental las aportaciones realizadas por
Marshall: la localización de las unidades productivas en un área
determinada genera ventajas potenciales derivadas de la proximidad
(acceso a insumos y personal calificado, presencia de proveedores, y
disponibilidad de información, entre otras ventajas), que redundarían
en reducciones de costos. Es decir, la localización y vecindad de actividades productivas provoca el surgimiento de economías externas.
Estas observaciones son, desde el punto de vista económico, el punto
de partida para el análisis de los trade offs que se generan entre la
actividad económica y los territorios específicos.
La atención sobre los fenómenos que se desprenden entre estas
dos dimensiones (actividad productiva y espacio físico) fue posteriormente confirmada por el notorio desarrollo de los denominados
distritos industriales italianos (Becattini, 1992), los que mostraron
ser una alternativa eficiente de organización para el crecimiento y
la competitividad en los países desarrollados en los años setenta y
ochenta, particularmente con el éxito de los distritos industriales italianos (Belussi, 2004). En ellos se verificaron significativos procesos
de desarrollo local, principalmente en localidades donde predominaban
pequeñas y medianas empresas.1
Las transformaciones suscitadas desde los años ochentas, vinculadas sobre todo a los cambios tecnológicos, las nuevas formas de
integración y competencia mundial, volvieron la vista a la necesidad
de analizar las condiciones del desarrollo regional y local, así como
La ascensión productiva de varias regiones de Italia, hacia finales de los años setenta,
desató un creciente interés por parte de la teoría económica y los policy makers por
estudiar los procesos asociados al desarrollo regional. Asunto que fue enfatizado ante
los nuevos efectos derivados de la globalización, el interés por el papel de las pequeñas
y medianas empresas frente a los procesos de competencia internacional (Piore y Sabel,
1989), la asignación de la dimensión espacial en el mejoramiento competitivo de los
negocios (Porter, 2000), así como en la construcción de capacidades técnico productivas
asociadas al territorio (Pérez, 1994).
1
95 n
maría beatriz garcía castro
zorayda carranco gallardo
juan andrés godínez enciso
los procesos ahí generados. Estudiosos del tema se dieron a la tarea de
profundizar en la comprensión de los fenómenos no sólo económicos,
sino también sociales e institucionales, que envuelven a la actividad
productiva y el entorno territorial.
En el nuevo paradigma técnico-económico, la competitividad, el
desarrollo económico y el bienestar se basan en la innovación y el
conocimiento (Freeman, 1987). Dado que una parte del conocimiento
tiene naturaleza tácita (Jensen, Jonson, Lorenz y Lundvall, 2004), la
posibilidad de su transferencia se relaciona a las demostraciones y a la
experiencia, en la que el contacto cara a cara y la proximidad espacial
entre los agentes es fundamental (Gertler, 2001).
Diversas interpretaciones han sido formuladas procurando abordar
distintas aristas de estos procesos. Una línea de estudio se basa en
la denominada nueva geografía económica, planteada por Krugman
(1990)2, quien argumentó que la determinación de agrupamientos
industriales está regida por la interacción entre factores de atracción
(fuerzas centrípetas) y de expulsión (fuerzas centrífugas) que provocan
procesos de aglomeración regional o bien de convergencia o divergencia de desarrollo regional. El eje central es el papel que juegan los
costos de transporte y los procesos aleatorios generados entre esas dos
fuerzas como determinantes de la concentración. Esta visión recolocó
la relevancia de factores asociados a los territorios en los procesos de
aglomeración industrial. No obstante, presenta una limitación importante al aceptar la existencia de patrones aleatorios o bien derivados de
accidentes históricos, dejando al margen la incidencia de mecanismos
inter-empresariales e institucionales, o de otra naturaleza social, en la
constitución y progresión de los espacios locales.
Otra trayectoria de análisis ha dirigido su atención a comprender
cuáles son los determinantes no sólo económicos, sino también sociales
e institucionales, que promueven la construcción de desarrollo local,
reivindicando la relevancia de las regiones. Existen diferentes contribuciones y aportes en esta ruta: las condiciones que se relacionan con la
flexibilidad productiva y el foco regional (Storper, 1981); los estudios
empíricos del surgimiento de los distritos italianos y la PYMES en
los años ochenta (Becattini, 1990); la visión neoschumpeteriana sobre
procesos de innovación, acotados espacialmente y representado en el
concepto de sistemas nacionales y regionales de innovación (Lundvall,
1992) o sistemas tecno-productivos de innovación (Pérez, 1994); los
estudios que analizan aspectos de conductas asociativas y la formación
de capital social (Cooke y Morgan, 1998; Putman, 2000); la acotación
sobre el papel de la proximidad espacial para la conformación de
interrelaciones (Burges, R. y A. Venables, 2004); la idea de bases de
conocimiento, tecnológicas y de insumo-producto compartidas en los
sistemas sectoriales de innovación (Malerba, 2002) y en este mismo
Esta propuesta sigue la tradición de Perroux (1959), quien reconoce la influencia del
territorio sobre la actividad económica.
2
n 96
localización de arreglos productivos locales (apl):
contribuciones para el análisis regional
camino, la construcción de “economías externas dinámicas” (acción
conjunta y eficiencia colectiva, Humprey y Schmitz, 1995).
El enfoque ha permitido destacar que el fortalecimiento productivo de las empresas que integran un conglomerado (espacial y
sectorialmente definido) se asocia al intercambio de información que
se da como resultado de la colaboración de sus empresas. Este efecto
es el que pretende resaltar el concepto de eficiencia colectiva y que
resulta de la acción conjunta y deliberada de los participantes de un
agrupamiento productivo.
La aportación principal es reconocer que la eficiencia colectiva
incorpora tanto las externalidades de la aglomeración de empresas,
como las de la acción conjunta; la acción conjunta brinda economías
que se asocian a las capacidades derivadas del flujo de información
y conocimiento, el que efectivamente se relaciona con la existencia
de una concentración de calificación, tecnología, infraestructura y
oferentes locales.
La eficiencia colectiva es fundamental en la construcción y fortalecimiento de capacidades competitivas dinámicas, porque permite
mejorar productos, diseños, servicios, mecanismos de comercialización,
de organización productiva y de administración; además incrementa
significativamente las ventajas derivadas de las externalidades que se
originan de la existencia de mercados de trabajo y de materias primas
especializados, de la facilidad de acceso al mercado, de establecer
relaciones horizontales, verticales y con asociaciones e instituciones
y de la posibilidad de aprovechar una mayor división del trabajo (las
que se conocen como externalidades mashallianas o pasivas).
La colaboración entre empresas puede darse en sus relaciones
verticales y horizontales con otras empresas que le abastecen, demandan y compiten, y con instituciones. La colaboración estrecha
de las empresas y con las empresas que las abastecen es una de las
más importantes fuentes de información (Breschi y Malerba 1997;
Malerba, 2001).
La cercanía dada en los grupos de empresas regionalmente y
sectorialmente acotados propicia una conexión extensiva entre los
oferentes y los usuarios (lo que facilita el intercambio de información
y la búsqueda de soluciones compartidas de problemas comunes);
ello propicia colaboración cercana relativa a la calidad, eficiencia e
innovación. Estas relaciones de colaboración son eficaces cuando se
compite basado en la rápida respuesta a los clientes, calidad y rápidos
desarrollos de productos, que son mecanismos que se apoyan en innovaciones continuas y que propician ganancias de competitividad.
Los mecanismos de aprendizaje se aceleran en las aglomeraciones,
dadas las ventajas de proximidad, porque los proveedores aprenden
haciendo y los usuarios aprenden usando. Proveedor y usuario se
favorecen de esta relación porque les permite reducir la amenaza
competitiva de innovaciones realizadas por la contraparte, detectar
97 n
maría beatriz garcía castro
zorayda carranco gallardo
juan andrés godínez enciso
demandas potenciales, mejorar la especificación de los productos y
equipos, resolver cuellos de botella, mejorar calidad y tiempos de
entrega, entre otras cosas. Además, las exigencias de los usuarios
son un elemento importante de la competitividad porque posibilita a
los productores prever las tendencias del mercado global y descubrir
nichos de mercado (Porter, 2000). En los países menos desarrollados,
este tipo de consumidores generalmente provienen de otras regiones;
esto da un carácter crítico a los encadenamientos con compradores
externos y agentes comerciales para construir este puente.
En lo que a las ventajas de la colaboración horizontal se refiere,
el aspecto más destacado es que, en tanto la competencia es fuente
impulsora de la innovación, se convierte simultáneamente en fuente
impulsora de la cooperación. La cooperación horizontal puede darse
principalmente por el intercambio de información e ideas respecto a
investigación y desarrollo, control de calidad, procesos de producción
y comercialización (marketing).
El enfoque de análisis basado en arreglos productivos locales enfatiza que la colaboración institucional refleja un sistema de soporte bien
desarrollado, que provee un amplio rango de servicios y asegura la
coordinación local; lo que es fundamental para el desarrollo de la competitividad, en tanto promueve un flujo de información más ágil. Este
sistema será, en gran medida, el responsable de asegurar que el sistema
de incentivos sea adecuado para el propio mejoramiento productivo.
La convergencia de estas visiones, que han contribuido a resaltar la
importancia de las aglomeraciones productivas locales como espacios
o unidades de observación, está centrada en revelar la importancia de la
localidad y subrayar la presencia de factores tanto económicos, como
sociales e institucionales, para el desarrollo regional y local.
En México existe un gran número de conglomerados de estructuras, tamaños, organizaciones y capacidades competitivas muy
diferentes (García-Castro, 2006). Su existencia responde a factores,
como la posición relativa al mercado final (lo que explica gran parte
de las concentraciones urbanas y el desarrollo de la frontera norte
de nuestro país), la explotación de recursos naturales (ecológicos,
turísticos, minerales, acuíferos, la facilidad de acceder a medios
de comunicación, etcétera), las habilidades, que se relacionan a las
capacidades desarrolladas familiarmente y la infraestructura que las
apoyan en algunas regiones y la aplicación de políticas públicas (que
en algunos casos han logrado reforzar las aglomeraciones resultantes
de alguno de los factores previos).
La diversidad de formas, estructuras, sectores, espacios y agentes
participantes, así como de la profundidad de las relaciones entre sus
componentes, dificulta enormemente la identificación de estos espacios
analíticos. Los arreglos productivos varían desde los más rudimentarios hasta los más articulados. Por ello es importante partir de criterios
claros y procedimientos operativos que permitan identificarlos.
n 98
localización de arreglos productivos locales (apl):
contribuciones para el análisis regional
La identificación de agrupamientos productivos locales (APL)
Toda actividad económica tiene un asentamiento territorial, por
lo que en todo espacio en que hay producción existe un conjunto de
actores y actividades relacionadas con dicha producción. No obstante,
es importante conocer qué tan importante es esta actividad tanto para
la localidad en la que se ubica, como para el sector (mercado) en que
participa En este sentido, la metodología utilizada para la clasificación
de APL tiene como principal contribución detectar y clasificar actividades económicas relevantes en espacios físicos determinados.
El procedimiento para identificar arreglos productivos locales,
al mostrar una “radiografía” ponderada de la importancia relativa de
grupos de actividades en sus zonas de localización; proporciona una
plataforma para avanzar en el estudio de los fenómenos asociados al
ámbito económico regional.
Esta selección busca grupos de actividades que se desarrollan dentro
de un determinado territorio (que puede ser, por ejemplo, un municipio)
y que son relevantes tanto desde el punto de vista de la localidad como
de la propia actividad productiva. Para su selección se establecen niveles
mínimos de indicadores de concentración tradicionales: el coeficiente de
localización industrial (Ql), el de participación relativa (Pr) y el Hischman- Herfindahl (HH). Cada uno de estos niveles proporciona un filtro
que contribuye a seleccionar las actividades relevantes que conforman
el espacio de las dinámicas económicas de producción, competencia,
proveeduría, cooperación e intercambio de información.
La aplicación de los indicadores (García y Carranco, 2008), que
permiten la clasificación de APL ha sido empleada en otros países,
como Brasil (Suzigan, et al 2004; Casiolato y Lastres, 2000); su
contribución ha sido la precisión en estudios de APL relevantes en
diferentes regiones para la formulación de políticas de desarrollo
(Suzigan, et al, 2005). En México, el procedimiento ha sido empleado
para la codificación de APL en los estados de Veracruz, Hidalgo, Jalisco
y la zona industrial de Vallejo en la Delegación Azcapotzalco de la
Ciudad de México (ARIA). Diferentes descubrimientos y niveles de
avance han sido realizados. Para el conjunto fue posible discriminar
agrupamientos por su grado de relevancia local y sectorial; asimismo,
identificar cadenas productivas inter-regionales (o entre localidades)
y, en el caso del ARIA, se diseñó una encuesta para una muestra de 60
empresas ahí establecidas con el propósito de profundizar en el análisis
de los fenómenos productivos, inter-empresariales y de innovación,
en el contexto de dicha área industrial.3
En este estudio, uno de los principales objetivos del proyecto es conocer, a partir de
la información obtenida de una encuesta conformada por 50 preguntas, en qué medida
las condiciones actuales de la zona industrial de Vallejo siguen representando ventajas
para la competitividad de las empresas. De la misma forma conocer aspectos como el
tipo de esfuerzos de innovación, las formas de vinculación empresarial e institucional
y verificar el tejido institucional para el soporte productivo.
3
99 n
maría beatriz garcía castro
zorayda carranco gallardo
juan andrés godínez enciso
La riqueza que brinda esta metodología se debe, principalmente,
a la suma de las ventajas de los análisis regionales, que posibilitan
captar las ventajas derivadas de compartir insumos, cultura, instituciones, etcétera y las especificidades derivadas de las cadenas de
valor y las determinaciones sectoriales referentes a las trayectorias
seguidas por la tecnología, la información y el conocimiento. Esta
visión sistémica es una forma más rica de entender el desarrollo
industrial y tecnológico.
La importancia de la identificación de agrupamientos
productivos locales (APL); algunos resultados para
el caso del Estado de Hidalgo
A seguir se presentan algunos resultados obtenidos de la aplicación metodológica para el caso del Estado de Hidalgo, en específico
para la micro-región I constituida por Pachuca. Uno de los asuntos
que subyace en la identificación territorial y geográfica, como se
indicó, es la necesidad de contar con una “imagen” satisfactoria que
permita, además de una adecuada determinación regional, brindar una
“plataforma” convincente para emprender el estudio de las lógicas
de localización y los patrones de desempeño económico espacial. La
delimitación tradicional de espacios económicos y sociales ha sido
definida a través de criterios geográficos o a partir de configuraciones
político-administrativas. Este tipo de delimitación tiene como principal
restricción, obviar las condiciones y dinámica que se conforman entre
la actividad productiva y los procesos sociales e institucionales, la
mayoría de los cuales trasciende a una determinada localidad.
El mapeo que se obtiene de los indicadores metodológicos,
permite observar grupos de actividades que dan cuenta de posibles
encadenamientos productivos, que trascienden la demarcación local
o municipal. A seguir se expresa con mayor claridad lo anterior en
el caso de la denominada “micro-región I” y “micro-región IA” del
estado de Hidalgo4, regiones que incorporan diez municipios, siendo
Pachuca de Soto la más destacable por su posición como cabecera del
gobierno estatal (Tabla 1 y Mapa 1).
La configuración geopolítica delineada en el estado define dieciséis microrregiones,
integradas por 380 municipios.
4
n 100
localización de arreglos productivos locales (apl):
contribuciones para el análisis regional
Tabla 1
Región I (Pachuca)Región IA (Atotonilco el Grande)
Epazoyucan
Acatlán
Mineral del Monte
Atotonilco el Grande
Pachuca de Soto
Huasca de Ocampo
Mineral de la Reforma
Mineral del Chico
San Agustín Tlaxiaca
Omitlán de Juárez
Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo.
Mapa 1
Hidalgo, delimitación regional, Microregiones I y IA
Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo.
La estimación de los indicadores se basó en información de los
Censos Económicos 2004 (que usan la clasificación SCIAN para las
actividades productivas), considerando fundamentalmente actividades
industriales, a nivel de clase censal. En el estado de Hidalgo existen
194 clases industriales (a nivel nacional, 287). El dato de referencia
para la clasificación es el número de empleados por actividad.5 A partir
de la estimación de los indicadores, se identifican agrupamientos re5
El dato de personal empleado para la estimación de los indicadores, permite considerar
la importancia relativa de los tamaños de establecimiento en la generación de empleo.
Y es el criterio que se emplea como referencia para las estimaciones en otros casos de
estudio (García, R. et al 2005; ISTAT, 1997; Boix y Galleto, 2005).
101 n
maría beatriz garcía castro
zorayda carranco gallardo
juan andrés godínez enciso
levantes para la localidad y el giro de actividad que se realiza (en este
caso por su importancia a nivel estatal). De tal forma, se conforma una
taxonomía de grupos de actividad distinguiendo su relevancia local y
para el sector.6 A partir de la clasificación obtenida, en el caso de las
micro-regiones I y IA de Hidalgo, se obtuvieron 77 grupos de actividades industriales. En este caso sólo se consideraron los resultados
obtenidos para las actividades que son significativas tanto a nivel de
dichas regiones como a nivel de todo el estado de Hidalgo (Mapas 2
y 3). Los resultados fueron:
1. Cuarenta y cinco industrias (clases censales) resultaron significativas, destacando actividades vinculadas con el sector textil,
maquinaria y equipo, alimentos y la construcción.7
2. Cuarenta y una de estas actividades se concentran en tan sólo
dos municipios: Pachuca y Mineral de la Reforma.
3. Dicha concentración está vinculada fuertemente a fenómenos urbanos, provocados por la centralidad de Pachuca, que
históricamente se ha constituido en el espacio de asentamiento
del gobierno estatal, de los principales servicios e infraestructura
pública, escuelas, universidades, etc., así como la actividad comercial, siendo así el centro económico del Estado.
4. De hecho los dos municipios (Pachuca y Mineral de la
Reforma) constituyen el eje de la denominada Zona Metropolitana
de Pachuca.
5. En el caso de los municipios que conforman la región IA,
predominan actividades económicas relacionadas con la agricultura, los recursos forestales y el turismo.
La identificación no sólo permitió detectar actividades económicas representativas localmente, sino también precisar potenciales
encadenamientos de industrias relacionadas en una dimensión intermunicipal. Esto es importante sobre todo a nivel de la configuración
de políticas de fomento de carácter regional.
A partir de ciertos criterios estadísticos se determinan cuatro tipos posibles de agrupamientos: aquellos que son importantes a nivel local y a nivel sectorial (AA); los que
son importantes a nivel local pero no a nivel sectorial (AB); los poco relevantes a nivel
local pero son significativos a nivel sectorial (BA) y los que son poco importantes tanto
a nivel local como sectorial (BB), (García y Carranco, 2008)
7
En la micro-región IA, sólo son representativas dos actividades productivas; producción de otros productos a base de minerales no metálicos (Acatlán) y confección de
bordados y deshilados (Atotonilco el Grande).
6
n 102
localización de arreglos productivos locales (apl):
contribuciones para el análisis regional
Mapa 2
Agrupamientos productivos relevantes a nivel local y sectorial
de la Región I del Estado de Hidalgo
Fuente: Godinez y Castillo, 2008
Mapa 3
Agrupamientos productivos relevantes a nivel local y sectorial
de la Región IA del Estado de Hidalgo
Fuente: Godinez y Castillo, 2008
103 n
maría beatriz garcía castro
zorayda carranco gallardo
juan andrés godínez enciso
En el caso de las regiones de Hidalgo contempladas para los agrupamientos de alta relevancia local y sectorial, se destacan actividades
dispersas en distintos municipios que pueden ser susceptibles de un
tratamiento y definición de medidas de apoyo productivo, que consideren no sólo la acotación en términos municipales. Un ejemplo de
ello, dentro de las microrregiones consideradas aquí, es el de la cadena
textil-vestido, particularmente en la etapa de la confección. Este grupo
de actividades están presentes tanto en Pachuca como en Mineral de la
Reforma (Región I) y en Atotonilco el Grande (Región IA). No sólo
ello, en Hidalgo el grueso de las actividades textil-vestido se encuentran localizadas en Tulancingo en el oriente del estado (Región II).
En este sentido, los resultados de la clasificación de APL, además
de distinguir grupos de actividades relevantes localmente, ofrecen
una “fotografía” de la configuración de reales o potenciales cadenas
de valor inter-municipales. Proporciona, por lo tanto, una herramienta auxiliar para la profundización de estudios sobre el fenómeno
economía-territorio y para la identificación de políticas encaminadas
a fortalecer la integración de espacios económicos y potenciar el
desarrollo regional.
La identificación de agrupamientos productivos locales (APL)
en el caso de Jalisco
La aplicación de la metodología para la identificación de APL
para el caso del estado de Jalisco, se realizó principalmente para las
micro-regiones8 Centro y Valles, en las cuales se encuentra más del
80% del empleo en actividades industriales en el estado. Las microregiones Centro y Valles están formadas por catorce municipios cada
una, entre los cuales se encuentra la capital del estado, Guadalajara y
la zona conurbada, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque (Mapa 4).
Para la aplicación de la metodología a las regiones Centro y Valles
se utilizaron los datos de los Censos Económicos 2004, considerando
los datos de empleo exclusivamente, para 275 actividades industriales
(clases censales SCIAN).
Dentro de estas dos regiones se identificaron 377 APL de los
4939 encontrados en el estado de Jalisco, que representan 70% de las
actividades relevantes tanto para la localidad como para la industria.
Estas actividades pertenecen principalmente a las cadenas de Alimentos
y Bebidas (44 actividades), Tequila (9 actividades), Construcción (42
actividades), Madera (24 actividades), Metalmecánica (78 actividades),
Química (73 actividades) y Textil (37 actividades), entre otras.
La división geográfica del Estado de Jalisco define 12 micro-regiones que abarcan
124 municipios.
9
Las 493 actividades/municipios, se obtuvieron a partir de la aplicación de la metodología
de identificación de APLs, para la cual se utilizó como filtros HH>0, PR>µPR y QL>1
8
n 104
localización de arreglos productivos locales (apl):
contribuciones para el análisis regional
Mapa 4.
Jalisco, delimitación regional, Micro-regiones Centro y Valles
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Estado de Jalisco.
105 n
maría beatriz garcía castro
zorayda carranco gallardo
juan andrés godínez enciso
Se considera la cadena de Tequila como una agrupación importante
a pesar de que sólo concentrar nueve APL, porque éstos resultaron
ser de alta importancia para la localidad. Además se encuentra interrelacionada con las otras APL dentro de las cadenas de Madera en la
fabricación de envases de madera, Química, a través de la fabricación
de agroquímicos, levaduras y fertilizantes, Metalmecánica con la fabricación de maquinaria y equipo para la agricultura y para la industria
alimentaria y de bebidas.
De las 377 APL identificadas, 319 se encuentran en Guadalajara,
Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan (micro-región del Centro) concentrando aproximadamente el 45% del empleo industrial del Estado
de Jalisco. Lo anterior corrobora los efectos centrípetos de las zonas
urbanas como factor dominante; las zonas urbanas concentran la mayor
parte de las actividades industriales en el interior de la República.
La aplicación metodológica permitió subrayar que en la microregión de los Valles destacan las actividades agroindustriales, por
ejemplo, la preparación e hilado de fibras naturales, la elaboración de
bebidas destiladas del agave y la elaboración de azúcar de caña.
Los 377 APL fueron clasificados en cuatro categorías a partir del
grado de importancia local y sectorial (Gráfica 1). Las actividades
que se identificaron como de alta importancia local y alta importancia
sectorial (AA) son 36 actividades pertenecientes principalmente a los
sectores de Alimentos, Textiles y Metalmecánica. Estos agrupamientos
se ubican principalmente en Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan.
Gráfica 1.
Arreglos Productivos Locales en las Micro-regiones
Centro y Valles
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Económico 2004, INEGI
n 106
localización de arreglos productivos locales (apl):
contribuciones para el análisis regional
Las actividades que se identificaron como de baja importancia
local y baja importancia sectorial (207 arreglos) son actividades
principalmente agroalimenticias. Estas se ubican en los municipios
de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Tlaquepaque y
Zapopan. Estos arreglos representan un nicho de oportunidades para
el desarrollo industrial pero son, precisamente, las que deberán ser
apoyadas de manera más directa, por su incipiente desarrollo en el
mercado en que participan.
También se localizaron 31 actividades de baja importancia sectorial
pero de alta importancia para la localidad (BA); este tipo de actividades principalmente pertenecen a sectores tradicionales y altamente
intensivos en mano de obra. Los sectores en los que se encuentran
comprendidas estas APL son el de Alimentos, Textil y Tequila, localizados en los municipios de Acatitlan, Amatitlan, Colula, Magdalena,
Tequila, etc.
Por último se identificó un grupo de 36 actividades de alta importancia sectorial y baja importancia local (AB). Estas agrupaciones
pertenecen a diversos sectores y no muestran un comportamiento
claro.
En específico para el caso de las micro-regiones de Jalisco, que
fueron analizadas mediante esta metodología, se pudo identificar que
las actividades más relevantes se encuentran concentradas espacial en
los municipios que conforman la zona metropolitana de Jalisco y que
las actividades industriales más tradicionales se encuentran concentradas principalmente en la microrregión de Valles y son un nicho de
oportunidad para la generación de desarrollo en la región. Dentro de
estas actividades tradicionales se destacan las actividades agroindustriales relacionadas con la producción y explotación del agave.
Conclusiones
La identificación de arreglos productivos locales es fundamental
en tanto la dinámica que dentro de ellos se desarrolla puede contribuir
a construir capacidades competitivas duraderas (dinámicas) basadas
en la mejoría de productos, diseños, procesos y organización productiva. Este fortalecimiento productivo se asocia a la colaboración
e intercambio de información existente entre las empresa en ellos
participantes.
Con tal objetivo, se estimaron indicadores de concentración geográfica y de participación relativa a las actividades industriales de los
estados de Hidalgo y Jalisco, con el propósito de identificar posibles
arreglos productivos locales. Los casos analizados son una muestra
de que una parte fundamental de los efectos de la concentración geográfica está relacionada a los efectos de escala atribuibles al fenómeno
de la urbanización, que favorecen la concentración espacial por la
obtención de economías asociadas al costo de transporte, montos
107 n
maría beatriz garcía castro
zorayda carranco gallardo
juan andrés godínez enciso
importantes de demanda y concentraciones apropiadas de servicios
e infraestructura.
La aplicación metodológica permitió observar que tanto en Hidalgo
como en Jalisco la presencia de arreglos productivos es muy importante y que los espacios urbanos están conformados por importantes
grupos de arreglos productivos que se complementan. Esta primera
aproximación permite afirmar que en ambos estados gran parte de
la producción y actividad económica se organiza en agrupamientos
productivos, principalmente en los sectores tradicionales.
El procedimiento metodológico para la localización y clasificación
de APL es una herramienta importante; permite, más allá de ubicar
actividades por su grado de importancia a nivel local (municipal, en
este caso) y sectorial para la zona de actuación, diseñar un mapa más
preciso de actividades productivas susceptibles de encadenamientos
regionales o interregionales, que facilite la formulación de medidas
de apoyo estructurado para el estimulo productivo a nivel de cadenas
de valor.
De esta manera el mapeo territorial y económico, configurado con
esta propuesta, representa un punto de partida para el análisis de un
arreglo productivo local, ya que el estudio de su dinámica requiere,
necesariamente, ahondar en la identificación de los agentes participantes y el tipo de las relaciones que se establecen a su interior. El
subsecuente análisis de la dinámica de las relaciones, los mecanismos
de colaboración, competencia y el aprendizaje (reales y potenciales)
a nivel de APL específicos, es el elemento que permitirá plantear
estrategias para su promoción y desarrollo económico-regional.
Bibliografía
Antonelli, C. Collective Knowlendge, “Communication and innovation:
The evidence of technological districts”, in Regional Studies, Vol. 34,
num. 9, 2000, pp. 797- 898
Audretsch, D. B., “Agglomeration and the location of innovative activity”,
Oxford Review of Economic Policy, Vol. 14, num. 2, 1998, pp. 18-29.
Belussi, F., “In search of a useful theory of spatial Clustering”, presented
al the DRUID, in Industrial dynamics, innovation and development,
Elsinore, Denmark, 2004
Boix, Rafael y Vittorio Galleto, “Identificación de Sistemas Locales de
Trabajo y Distritos Industriales en España”, mimeo, Universidad Autónoma de Barcelona, 2005.
Borrar en el texto (pie de página Mundell. Tambíén Malerba, la cita
corresponde al 2002, hay que ajustar en el texto. Con Storper, cambia el
año es (1995) lo mismo ajustar el texto. Venables, es Burges y Venables
(2004), cambiar en el texto.
Breschi, S. y F. Malerba, Sectoral innovation systems: Technological
regimes, schumpeterian dynamics, and spatial boundaries, Londres, Ed.
London: Pinter Publishers, pp.1997, 499.
Burges, R. y A. Venables, “Toward a microeconomics of growth”, in
n 108
localización de arreglos productivos locales (apl):
contribuciones para el análisis regional
World Bank Policy Research, WP núm., 3257, 2004.
Cassiolato, J. E. y Lastres, M. “Local systems of innovation in the Mercosur facing the challenge of the 1990s” Industy and Innovation, vol. 7,
núm. 1, 2000, p.345-51.
Cooke, P. y K. Morgan, The Associational Economy: Firms, Regions and
Innovation, Oxford University Press, Oxford, 1998.
Freeman, C. and Soete, L. “Factor substitution and technical change”,
in Technical Change and Full Employment, New York, Basil Blackwell,
1987, pp. 2187- 2183.
García_Castro, Ma. Beatriz, “La cooperación y el mejoramiento productivo en las aglomeraciones empresariales: el caso de la industria textil y
de la confección en Aguascalientes”, tesis doctoral, UAM, DF., 2006.
García_Castro, Zoraida Carranco, Concentración regional en Veracruz.
Un enfoque de identificación de Aglomeraciones Productivas Locales,
en Análisis Económico, núm.52 vol XXIII, enero-abril, 2008, pp. 291310.
Gertler, Meric, “Tacit Knowledge and the Económic Geography of context
or the undefinable tacitness of being”, Journal of Economic Geography,
Vol. 3, num. 1, 2003, pp. 75-99.
Giuliani, Pietrobelli y Rabellotti , “Upgrading in global value chains:
lesson fron Latín American Clusters”, World Development, Vol. 33, num.
4, 2005, pp. 549- 573.
Godinez, Andrés y Manlio Castillo, “La identificación de agrupamientos
productivos locales (APLs) y la configuración económico-territorial; algunos resultados para el caso del Estado de Hidalgo”, mimeo, Universidad
Autónoma Metropolitana, México, 2008.
INEGI, Censos Económicos, 2004
ISTAT, “Sistemas Locales de Trabajo en Italia”, mimeo, Roma, 1997.
Jensen, Jonson, Lorenz y Ludvall, “Codification and modes of innovation”,
Lead Paper Presented al the DRUID Conference, Industrial Dynamics
Innovation and Development, Elsinore Denmark, 2004.
Krugman, Paul (2000). “Where in the World is the New Economic Geography?, en G. L. Clark et al. (eds.), The Oxford Handbook of Economic
Geography, Oxford:Oxford University Press, pp. 49-60.
Lundvall, B. A., (ed.) National Systems of Innovation: towards a theory
of innovation and interactive learning, London, Pinter, 1992.
Malerba, F., “Sectoral systems of innovation and production”, Research
Policy, Vol. 31, num. 2, 2002, pp. 247-264.
Perez, C., “Technical change and the new context for development”, en
Mytelka, L. (ed.) South-South Co-operation in a Global Perspective,
OCDE, Paris, 1994
Piore, M. y C. Sabel, The Second industrial divide: possibilities for prosperity, Basic Books, New York, 1984.
Porter, M., “Location, Competition and Economic Development: Local
Clusters in a Global Economy” en Economic Development Quarterly vol.
14, núm. 1 (February 2000), pp. 15-34.
Putman, R., Bowling alone: the collapse and revival of American community, Simon and Schuster, New York, 2000.
Schmitz H., “Global Competition and local Coperation: Success and
Failure in the Sinos Valley”, World Development, Vol. 27, num. 9, 1999,
pp. 97-114
109 n
maría beatriz garcía castro
zorayda carranco gallardo
juan andrés godínez enciso
Storper, M., “The resurgence of regional economies, ten years later”,
European Urban and Regional Studies, vol. 2, p.p. 161-221, 1995.
Suzigan, W., João Furtado y Renato García, “Designing Policies for Industrial Clusters: a methodology based on Brazil data and case studies”,
Draft Paper, The Regional Questions in Economic Development, Bellagio,
Italy, 30 august - september 5, 2005.
Suzigan, Wilson, et al., “Sistemas Locais de Produção: Mapeamento,
tipologia e sugestões de políticas”, en Revista de Economia Política, vol.
24, núm. 3, São Paulo, julho de 2004.
n 110
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
Los procesos de
descentralización
educativa y
sus resultados
Un análisis para Argentina
* Licenciada
en Economía.
Departamento
de Economía,
Universidad Nacional
del Sur–CONICET.
María Marta Formichella*
Natalia Krüger**
Mara Rojas**
[email protected]
** Licenciada
en Economía.
Departamento
de Economía,
Universidad Nacional
del Sur–CONICET.
[email protected]
*** Licenciada
en Economía.
Departamento
de Economía,
Universidad Nacional
del Sur–CONICET.
[email protected]
Fecha de recepción:
12 de septiembre
Fecha de aprobación:
13 de noviembre
Resumen
La expansión del acceso a la educación media se ha convertido en un
importante objetivo de desarrollo para los países de América Latina.
La formulación de una política acorde con esta meta, demandaría la
realización de un profundo análisis del sistema educativo, las reformas
acaecidas en los últimos años y las interrelaciones con las distintas esferas sociales. El presente ensayo intentará avanzar sobre algunos de los
tópicos relevantes a ser considerados posteriormente en una evaluación
semejante, realizando una revisión de lo ocurrido en Argentina y estableciendo ciertas comparaciones con las transformaciones llevadas a cabo
en México durante los últimos años.
Palabras claves: educación media – reforma – descentralización – resultados educativos – Argentina – México. Clasificación JEL: I210, I280
111 n
maría marta formichella
natalia krüger
mara rojas
I. Introducción
Durante las últimas décadas, se ha llevado a cabo una serie de
transformaciones radicales a nivel político, económico y social en
toda América Latina. En un marco de deterioro del contexto socioeconómico y de crisis del Estado de Bienestar, las reformas, guiadas
por criterios que pregonaban la búsqueda de una mayor eficiencia,
replantearon el funcionamiento de los diversos sectores de la economía y la sociedad. La anhelada modernización alcanzó a los sistemas
de educación, los cuales fueron objeto de la aplicación de políticas
similares, bajo los lineamientos de organismos internacionales como
el Banco Mundial y la OCDE.
Entre las principales estrategias, se encontraba la descentralización
de los servicios educativos que determinaba la transferencia del poder
central a las colectividades regionales. Este proceso asumió diversas
modalidades entre los distintos países, según el nivel de gobierno
hacia donde se delegó la toma de decisiones, el tipo de decisiones
traspasadas y la orientación de la descentralización. Sin embargo, es
posible identificar múltiples puntos de contacto en torno a las metas,
las lógicas de las políticas subyacentes o los resultados obtenidos.
El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de los
principales rasgos asumidos por la transformación del sistema educativo en Argentina a partir de la década de los 90. Interesa estudiar si,
en líneas generales, las medidas de reforma aplicadas han permitido
alcanzar las metas propuestas. Asimismo, con el propósito de ofrecer
algunos puntos de comparación en este tema, se expondrán a lo largo
del trabajo algunas características generales que el proceso análogo
de reforma educativa ha tenido en México.
En la siguiente sección se resumen las principales tendencias
registradas en el contexto socioeconómico argentino en la etapa analizada. En el apartado III, se analiza el proceso de reforma educativa,
con énfasis en la estrategia de descentralización de responsabilidades
desde el gobierno central hacia los estados federales. En la sección IV,
se presentan algunos indicadores que permiten evaluar la evolución
de los resultados internos del sistema durante los últimos años, los
cuales reflejan algunas de las deficiencias del proceso de reforma. En
función de este análisis, se esbozan, en el apartado V, algunas posibles
implicancias de la nueva etapa de reforma educativa iniciada en el año
2006 con la sanción de dos leyes: la Ley de Financiamiento Nº 26.075
y la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. Por último, se presentan
las consideraciones finales.
II. Contexto socioeconómico
El representar al sector educativo como sistema supone un reconocimiento de que su desempeño se encontrará fuertemente condicionado
n 112
los procesos de descentralización educativa
y sus resultados: un análisis para argentina
por las características de su entorno socioeconómico. Esta afirmación
cobra especial relevancia en las últimas décadas, ya que las sociedades
latinoamericanas han experimentado profundas transformaciones, en el
marco de un mundo globalizado y a partir de la aplicación de medidas
de reforma estructural, algunas veces establecidas casi de manera
forzosa. En Argentina, en base a un diagnóstico que señalaba como
ideal a una economía de mercado, plenamente integrada al mundo y
con estricta disciplina fiscal, toda política aplicada se vio estructurada
en torno a tres ejes principales: i) Ley de Convertibilidad; ii) Reforma
del Estado; iii) Reforma del mercado.
La convertibilidad de la moneda a partir de un tipo de cambio
competitivo y unificado funcionó como regla disciplinadora para
evitar la financiación monetaria del déficit fiscal y así combatir la
inflación. A su vez, el margen de acción del Estado se vio restringido
a través de estrategias tendientes a reducir su participación, tales como
la privatización masiva de empresas públicas, el reordenamiento de
prioridades y la descentralización del gasto. La mayor apertura de la
economía fue garantizada por la eliminación de trabas al comercio
de bienes y servicios, la liberación del movimiento de capitales y
la atracción de inversión extranjera directa. Por otro lado, bajo el
pretexto de la búsqueda de competitividad y eficiencia, se adoptó
un proceso de desregulación de los mercados de bienes, servicios y
factores, destacándose entre ellos el mercado laboral y los sectores
de salud y educativo.
Bajo aquel esquema, se habría logrado en un primer momento el
objetivo de recuperar la estabilidad macroeconómica y entrar en una
senda de fuerte crecimiento. Sin embargo, tras los primeros años de
bonanza, el modelo mostró serias contradicciones internas concluyendo en la ruptura del equilibrio social preexistente y erosionando
la sustentabilidad del equilibrio económico alcanzado.
Durante la llamada “época de oro de la convertibilidad” (entre
1990 y fines de 1994), se logró impulsar la expansión de la actividad,
se concretó la reducción de la inflación, se logró una masiva entrada
de capitales extranjeros y un saneamiento de las cuentas públicas. Una
primera dificultad se enfrentó ante el contagio de la crisis financiera
mexicana, que generó una breve fase contractiva durante el año 1995.
Aunque una nueva disponibilidad de liquidez internacional permitió
lograr una rápida salida de la crisis, retomando tasas de crecimiento del
PBI vigorosas hasta mediados de 1998, la acumulación de contradicciones internas y el empeoramiento del contexto externo, determinaron
un deterioro sostenido del desempeño del producto culminando en una
mega-crisis durante el período 2001-2002.
El saldo social de estos procesos fue altamente desfavorable.
La reconversión transformó profundamente la relación Estadoeconomía-sociedad, atenuando sus posibilidades de actuar como red
de contención social, cuando la desregulación de las relaciones labo113 n
maría marta formichella
natalia krüger
mara rojas
rales y la mayor fragmentación del sistema productivo debilitaron el
sistema previsional y el mercado de trabajo. La fuerte precarización
del empleo condujo a una situación en la cual, aproximadamente, la
mitad de la población activa tiene como destino el segmento informal
del mercado.
La crisis del empleo alcanzó una virulencia inusitada durante el
régimen de convertibilidad. La tasa de desempleo total prácticamente
se duplicó entre 1992 y 1994, a pesar del marco de fuerte crecimiento
anual del PBI. Durante la breve recesión luego del “efecto Tequila”
la desocupación trepó a niveles superiores al 17%, y aunque en los
años posteriores las cifras disminuyeron, se mantuvieron en los dos
dígitos. Según el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS)1, sólo a partir del año 2003 el desempleo registró
una caída sostenida, aunque no lo suficiente como para alcanzar los
valores de principios de los años 90.
Las mencionadas transformaciones no pueden sino estar acompañadas por una distribución más regresiva del ingreso. No sólo han
disminuido las remuneraciones reales en promedio, sino que se verifica
una mayor polarización de los salarios. Gasparini (2003), señala que
durante las últimas tres décadas se ha registrado una tendencia creciente de la desigualdad en el país, empeorando su posición relativa
dentro de Latinoamérica. En particular, entre 1992 y 2006 el ratio de
ingresos entre el decil más rico y el más pobre ha crecido en un 50%,
y el coeficiente de Gini se elevó de 0,45 a 0,483. En lo que respecta
a la pobreza, ésta profundizó su cronicidad como consecuencia del
aumento en la desigualdad. Luego de una moderada reducción o estabilidad durante los primeros años de aplicación de las reformas, la
pobreza y la indigencia crecieron significativamente. Así, en el año
2006, un 27% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza,
mientras que casi un 9% no podía acceder a una canasta básica de
alimentos.
Estas tendencias determinaron que la Argentina, tradicionalmente
uno de los países con mejores indicadores socioeconómicos dentro
de América Latina, perdiera posiciones durante el período analizado.
La combinación de fenómenos como inestabilidad en el crecimiento,
distribución más regresiva del ingreso, profundización de la pobreza,
períodos de altísimo desempleo y precarización de los vínculos salariales, ha configurado un panorama social de amplio retroceso en
materia de desarrollo económico, difícil de revertir aún después de
varios años de recuperación económica. Los rasgos cohesivos e integradores que poseía tradicionalmente la sociedad argentina se han
debilitado, redundando en una estructura social dual, donde abundan
los espacios de exclusión y confrontación.
El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata mantiene estadísticas socioeconómicas actualizadas en www.depeco.econo.unlp.edu.ar/declas
1
n 114
los procesos de descentralización educativa
y sus resultados: un análisis para argentina
Sin hacer una descripción detallada de los sucesos en México
durante el mismo período puede decirse que, en el marco de shocks y
posteriores resultados, la evolución económica y política ha sido muy
similar. Según el informe del Instituto de Investigaciones Legislativas
del Senado de la República (2002: 27), “el término modernización
se volvió central en el discurso y en las políticas” de las autoridades
mexicanas a partir de 1988. Se distinguen dos ejes ideológicos centrales: por una parte, la necesidad de un distanciamiento respecto a las
posturas posrevolucionarias anteriores (de tendencias centralizadoras)
y, por otro, el deseo de incorporar a México al grupo de países desarrollados. Ambas ideas coinciden en limitar el peso del Estado en la
economía, incrementando el papel del mercado.
La reducción de las funciones estatales y el progreso económico
fueron los pilares preponderantes de las políticas implementadas a
partir los años ochenta. Ya no se trataba de mejorar la competitividad
a través de las reducciones de precios por el uso de materias primas
o mano de obra no calificada, sino que el mundo exigía mejoras tecnológicas constantes y esto incluía, como componente fundamental,
la renovación del sistema educativo.
III. Reforma del sistema educativo en los años 90
Las etapas de reconfiguración de la estructura estatal impulsadas,
tanto en Argentina como en México, propiciaron el marco lógico
para las profundas reformas acontecidas en los sectores educativos
de ambos países durante los años 90. Dichas reformas tuvieron como
elemento clave la delegación de responsabilidades desde el nivel
central de gobierno a los niveles federales. Esta política supuso una
ruptura con las ideas que guiaron la política educativa anterior, ya
que tanto en Argentina como en México, se había observado una
tendencia unificadora en el surgimiento y la conformación de los
sistemas educativos.
Para el caso de Argentina, ya en 1978, el gobierno de facto nacional
había transferido a los niveles medios de gobierno (las provincias y a
la ciudad de Buenos Aires) la administración, gestión y financiamiento
de, prácticamente, la totalidad de los establecimientos de educación
primaria. Esta primera fase se produjo en un contexto de crisis económica y de ideología neoliberal preponderante.
Hacia 1991, y con el antecedente del Congreso Pedagógico Nacional2, se sancionó la Ley de Transferencia de Servicios Educativos
2
Dicho Congreso fue convocado por el poder legislativo en el año 1984 y estuvo vigente
durante cuatro años con el objetivo de debatir sobre el futuro de la educación argentina.
Participaron todos los actores relacionados con el sector educativo: los docentes, las
familias, los partidos políticos, las congregaciones religiosas, las corporaciones empresarias y sindicales y las entidades intermedias. Delgado (2000: 3) plantea que, si bien
“el Congreso fue hegemonizado por una mayoría circunstancial que representaba a los
sectores más conservadores de la sociedad” y que “Las propuestas de los sectores más
115 n
maría marta formichella
natalia krüger
mara rojas
de la Nación a las Provincias, la cual autorizaba al Poder Ejecutivo a
transferir a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires los servicios educativos correspondientes a los niveles medio y
superior no universitario. El Estado Nacional encontró, en un principio,
resistencia por parte de los gobiernos federales. Estos argumentaban
que no se les podía imponer coercitivamente la responsabilidad sobre
las escuelas medias, ya que la Constitución Nacional sólo hace referencia a la educación básica. La preocupación fundamental recaía
sobre la cuestión del financiamiento, frente a los evidentes intereses
del gobierno nacional. En este sentido, el debate más importante se
generó a partir del planteo de dos posturas contrapuestas: aquellos
que consideran la descentralización educativa como un medio para
garantizar la oferta en función del contexto y las necesidades locales;
y aquellos que suponen la descentralización como medida de ajuste
del gasto público nacional, independientemente de cualquier mejora
pedagógica (Delgado, 2000).
Así, del artículo 14 de la ley citada, se desprende una cuestión
sumamente clara: las provincias recibirían el compromiso de brindar
los servicios educativos transferidos, pero no verían incrementados sus
ingresos para hacerlo. La Nación, simplemente, retendría una parte de
los recursos coparticipables de la distribución impositiva secundaria
(ingresos que ya recibían las provincias anteriormente, pero sin una
asignación específica) para destinarla al financiamiento educativo3.
El proceso de descentralización fue sólo un eslabón del proceso de
reforma educativa. Además, se formularon La Ley Federal de Educación, el Pacto Federal Educativo y el Plan Social Educativo (PSE).
Mediante la Ley Federal de Educación (sancionada y promulgada
en 1993) se estableció el marco normativo general para el sistema
educativo en su conjunto. Por ello, puede decirse que la verdadera
transformación educativa fue principalmente marcada por este instrumento. Repetto y otros (2001) enumeran los siguientes aspectos
como las disposiciones más importantes de esta ley: i) Definición
progresistas y de los representantes de la educación pública, quedaron en una peligrosa
minoría”, “una de las propuestas de esos sectores progresistas que perduró en el documento final del Congreso es, precisamente, la de descentralizar al sistema educativo y
adecuar el curriculum a las necesidades regionales y locales. Hoy vemos claramente que
esta propuesta pudo ser sostenida porque también era funcional al proyecto educativo
de los sectores más reaccionarios que participaron en él.”
3
La ley dice, expresamente: “A partir del 1 de enero de 1992 y hasta tanto se modifique
la ley Nº 23.548 la Secretaría de Hacienda de la Nación retendrá de la participación
correspondiente a las provincias en el Régimen de la citada ley, previamente a la
distribución secundaria, un importe equivalente al monto total, que se incluye en la
planilla anexa 1 A, con detalle para cada jurisdicción, con destino al financiamiento de
los servicios educativos que se transfieren por la presente ley y los correspondientes
al costo de servicios de Hospitales e Institutos Nacionales, Políticas Sociales Comunitarias y Programa Social Nutricional a transferir a las provincias según se convenga
oportunamente.” (Ley 24.049, Transferencia de los servicios educativos de la Nación
a las provincias y Municipalidad de Buenos Aires, Capítulo IV, Art. 14)
n 116
los procesos de descentralización educativa
y sus resultados: un análisis para argentina
de una estructura nueva para el sistema educativo (cabe destacar la
extensión de la obligatoriedad de la educación a 10 años: un año de
nivel inicial y 9 años de educación general básica); ii) Renovación de
los diseños curriculares; iii) Establecimiento de las responsabilidades
de cada nivel de gobierno; iv) Establecimiento de las incumbencias del
Consejo Federal de Cultura y Educación4; v) Establecimiento de los
mecanismos federales para la toma de decisiones; vi) Puesta en marcha
de un Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa a partir
de 1993; vii) Establecimiento de los mecanismos de financiación,
determinación de la prioridad del Estado en materia educativa y de su
atención con recursos nacionales, provinciales o de la municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda, y fijación de pautas
sobre el monto de la inversión pública en educación cuya meta se
prefijó en un valor igual al 6% del producto bruto interno (PBI).
El Pacto Federal Educativo Argentino (1994) estableció las
fuentes de financiamiento para el cumplimiento de la Ley Federal de
Educación, la delimitación de responsabilidades acerca del mismo
entre los distintos niveles de gobierno y la necesidad de mantener el
equilibrio presupuestario (Repetto y otros, 2001). Este último punto
puede tener una interpretación algo peligrosa, dado que el gasto en
educación sería una variable de ajuste ante posibles desequilibrios
fiscales continuos.
El PSE fue implementado en el año 1993. Su objetivo era mejorar
la infraestructura y la calidad educativa. Resulta extraña una política
centralizada como la que se vislumbra en el PSE en medio de un
contexto descentralizador. El PSE se presentó como una política
focalizada, en contraste con la cobertura social generalizada que
planteaba el modelo de Estado de Bienestar. Implicaba la asistencia
a los sectores más desfavorecidos y se aleja de la utopía integradora
del sistema educativo moderno (Duschatzky y Redondo, 2000). El
Programa Nacional de Becas, por su parte, buscaba la equidad mínima
necesaria para que las prácticas educativas sean exitosas. Chitarroni
(2002: 2) alude al gasto social destinado a “incentivar la demanda -y
no solamente a fortalecer la oferta-” y establece que el programa de
becas de $600 anuales fue la causa del incremento en la asistencia
escolar media. Esta noción puede ser cuestionada, ya que la realidad
muestra que la asistencia se incrementó en todos los deciles, y no sólo
en aquellos deciles receptores de las becas. Sólo que en los deciles de
ingresos más altos, existe un “efecto techo” que evita un incremento
aún mayor en la asistencia y sobreestima la importancia del incremento
en los estratos más bajos.
El anteriormente mencionado informe del Instituto de Investi“El Consejo Federal de Cultura y Educación es el ámbito de coordinación y concertación del Sistema Nacional de Educación y está presidido por el ministro nacional del
área e integrado por el responsable de la conducción educativa de cada jurisdicción
y un representante del Consejo Interuniversitario.” (Ley Federal de Educación de la
Nación Argentina, Capítulo II, Art. 54).
4
117 n
maría marta formichella
natalia krüger
mara rojas
gaciones Legislativas del Senado de la República (2002), hace una
descripción del proceso de reforma mexicano, el cuál también había
comenzado durante las crisis de 1970. En 1973 una nueva Ley Federal
de Educación proclamaba la necesidad de una mayor actualización
de contenidos, apertura y flexibilidad. Entre 1976 y 1982 se diseñó el
Plan Nacional de Educación. Durante su vigencia, se inició la regionalización de la Secretaría de Educación Pública (SEP)5 y la creación de
las 31 delegaciones federales. Luego, el Plan Nacional de Desarrollo
(1982-1988), incluyó un Programa Nacional de Educación, Cultura,
Recreación y Deporte. La prédica de una modificación estructural
acusando deficiencias en el sistema educativo ya se dejaba entrever.
El Programa para la Modernización Educativa (1989-1994) planteó
de manera prioritaria el logro de un sistema educativo de mayor
calidad, en donde este último término se asocia a las modificaciones
productivas y de mercado acaecidas recientemente. Establece como
el primer reto a batir a la descentralización del sistema con el fin
de ganar eficiencia. Así, en 1992, el Gobierno Federal de México,
los 31 gobernadores de los estados de la República y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suscribieron el
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y
Normal (ANMEB)6, a partir del cual el gobierno central transferiría a
los estados federales el manejo y control de sus respectivos sistemas
educativos. Del mismo modo que en Argentina, la transferencia de los
servicios se implementaría mediante acuerdos parciales entre el gobierno central y los respectivos gobiernos estatales. La gran diferencia
es que, en el caso mexicano, se detallarían en cada caso los recursos a
ser transferidos (montos de dinero, así como recursos físicos). Según
Rogel y Aguado (2006), se trató de una descentralización administrativa, simplificando la aplicación de los recursos financieros que
comenzaron a entregarse globalmente a los gobiernos estatales, los
cuales, por ley, asumían el compromiso de aplicarlos exclusivamente
a la educación. Lo cierto es que, recién a partir de 1998, las transferencias pasaron a ser automáticas. Hasta ese momento, se continuó
con una centralización de hecho. El gobierno central se reservó para
sí las atribuciones normativas y de evaluación, y conservó la dirección
y operación de los planteles de educación básica y de formación de
maestros en el Distrito Federal.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) fue creada en 1921 con el objetivo de digitalizar la centralización de la enseñanza y, en 1934, ciertas reformas constitucionales
dieron al Congreso Federal la facultad de distribuir, coordinar y unificar la educación
pública en todo el país, posicionándolo en materia educativa, por encima de los congresos
estatales. Esto da una muestra fehaciente de las tendencias unificadoras al inicio.
6
El ANMEB 1989-1994 contaba con nueve capítulos relativos a la educación básica,
la formación de docentes, la educación de adultos, la capacitación para el trabajo, la
educación media superior; la educación superior, el postgrado y la investigación, los
sistemas abiertos, la evaluación, y los inmuebles educativos.
5
n 118
los procesos de descentralización educativa
y sus resultados: un análisis para argentina
Finalmente, el mismo año en que se establecía la Ley Federal
de Educación en Argentina, México promulgaba su Ley General de
Educación. En clara respuesta a las exigencias internacionales de
evaluación de la calidad educativa, mientras Argentina implementaba
su Sistema Nacional de Evaluación, tiene origen en México el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior. En el 2002 se
crearía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
(Carvallo, 2005).
IV. Resultados internos
Los procesos visualizados desde una óptica macro, reflejados en
los diversos indicadores que permiten evaluar la evolución del sistema
educativo, son el resultado de la conjunción de múltiples decisiones
individuales tomadas por los distintos actores del sistema. Desde el
punto de vista de los estudiantes, las transformaciones registradas sin
duda han impactado en los determinantes de sus estrategias, así como
en sus logros en la escuela. Entre los determinantes se destacan tanto
los relacionados con las expectativas y aspiraciones de los jóvenes,
como los involucrados en la factibilidad del acceso y la permanencia
educativa.
Voigt (1982) señala que una persona que toma una decisión se
apoya en un sinnúmero de experiencias del pasado y del presente, en
permanente elaboración. A partir de ellas realiza previsiones para el
futuro. Frente a la opción de educarse, los individuos tendrán aspiraciones y realizarán previsiones tanto con respecto a los resultados en
el ámbito educativo, como con respecto a los resultados en el mercado
laboral. La historia familiar, la trayectoria educativa personal, la
experiencia y actitudes de los pares y los estímulos recibidos en el
hogar son cruciales para mantener viva la motivación del estudiante.
Resultan también de importancia los factores institucionales o características del ambiente escolar. Las prácticas escolares pueden estimular
o desincentivar a los alumnos, en función de su adecuación o no a
las necesidades y rasgos culturales de aquellos. Máxime, cuando la
escuela está llamada a compensar las diferencias de origen sociofamiliar. En este sentido, prácticas escolares no estimulantes podrían
ser doblemente perjudiciales.
Posiblemente, el factor más reconocido como limitante sea la
existencia de costos en la decisión de educarse, tanto directos como
de oportunidad. La incidencia de los mismos en cada individuo estará
determinada por su nivel socioeconómico, y por la ayuda que pueda
recibir por parte del Estado. Este puede contribuir a atenuar los costos
con políticas de oferta y de demanda de educación.
Así, además de las características del contexto familiar (nivel
socioeconómico, clima educativo del hogar, estructura o composición
familiar), las características del contexto sociocultural (nivel socioeco119 n
maría marta formichella
natalia krüger
mara rojas
nómico y educativo promedio de la región, incidencia de la violencia y
delincuencia juvenil, valores del grupo de pares, etc.) y de los atributos
propios del alumno (capacidad cognitiva, género, inserción laboral); la
literatura establece como condicionantes del acceso y la permanencia
en el sistema educativo a las características del contexto institucional
educativo y el accionar del Estado. Todos estos factores se han visto
afectados por los procesos de cambio registrados en las economías
argentina y mexicana durante los años 90.
Las repercusiones de los procesos de reforma educativa sobre los
resultados internos de los sistemas, en el marco de un contexto socioeconómico en transformación son, efectivamente, muy complejas.
En principio, puede afirmarse que, pese a las restricciones socioeconómicas, las oportunidades de acceso al nivel educativo medio han
mejorado para el conjunto de ambas poblaciones. En el plano nacional
argentino, la tasa de escolarización de los adolescentes de 13 a 17 años
ha registrado un aumento sostenido desde los años 90. Según datos
proporcionados por el CEDLAS, mientras que al principio de la década
cerca de un 80% de los jóvenes asistía al colegio, para el año 2006 esta
proporción había ascendido al 90%. Esta tendencia positiva se verificó
dentro de cada quintil de ingresos, reduciéndose las brechas entre los
distintos segmentos. Dicha situación constituye, ciertamente, un logro
y un aspecto positivo a subrayar. En el caso mexicano, las cifras de
cobertura y eficiencia terminal aumentaron para la educación básica
general7, como resultado de la prioridad asignada a dicho nivel por
sobre la educación media superior y superior, y de la disminución de
la presión demográfica del grupo de 6 a 14 años de edad. Se llevó a
cabo una importante reforma curricular de la primaria, una renovación
del material bibliográfico y de las técnicas de enseñanza, así como de
evaluación de la educación.
Sin embargo, sigue habiendo deficiencias importantes. El mismo
gobierno mexicano reconoce que uno de los objetivos inconclusos ha
sido la universalización de la educación primaria. El censo de 2000
mostró que alrededor de un millón de niños seguía fuera de la escuela
(Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República,
2002). En Argentina, la masificación educativa se ha dado en forma
selectiva. Si bien la brecha entre los sectores más ricos y más pobres
se ha reducido, aún continúa presente: el CEDLAS informa que en el
año 2006 un 15% de los jóvenes pertenecientes al 20% más pobre de
la población no se encontraba escolarizado, frente a un mínimo 2.2%
para el sector de mayores ingresos.
Al explorar la cuestión del acceso al nivel secundario, se descubre
un panorama aún menos favorable. Además de evidenciarse una selectividad en el proceso de masificación de la cobertura, la existencia
de dificultades cualitativas en el logro de los aprendizajes relativiza
Incluye los primeros 9 años que, en Argentina, se denominaron de Educación General
Básica.
7
n 120
los procesos de descentralización educativa
y sus resultados: un análisis para argentina
la expansión cuantitativa expresada en más años de escolaridad.
México y Argentina han extendido la obligatoriedad a 12 y 13 años,
respectivamente, tomando en consideración el sistema de educación
media superior. Pero la atención que se prestó en este nivel fue menor.
Habiendo antecedido la ley de financiamiento a la ley de reforma
educativa argentina, la extensión en la matriculación que produjo la
segunda no fue tenida en cuenta como gasto educativo creciente que
tendrían que afrontar las provincias. México, por su parte, careció de
una reforma curricular en el nivel secundario y una redefinición de la
educación media superior.
Entre los problemas importantes que presentan las escuelas secundarias argentinas y mexicanas, se encuentran la dificultad de lograr
que los estudiantes permanezcan en el nivel correspondiente a su
edad, el ausentismo, y la deserción. En relación a estos aspectos, no
se han logrado avances significativos durante el período de interés.
Indicadores como la tasa de extraedad, la repitencia, el abandono
interanual y la tasa de egreso se han mantenido en los mismos niveles
o incluso se han visto deteriorados. Se observa que los jóvenes menos
favorecidos en el plano socioeconómico son los que enfrentan mayores
dificultades en el colegio. Diversos estudios8 sostienen que no se han
registrado variaciones significativas en los resultados de las pruebas de
evaluación de la calidad. Una vez más, se deja en evidencia la fuerte
incidencia del clima educativo y el nivel socioeconómico del hogar
en el rendimiento de los alumnos.
Aún reconociendo la dificultad de definir y medir en forma precisa
a la calidad educativa, se señala que existe consenso en que el aumento
de la matrícula en Argentina ha contribuido a deteriorar la calidad de la
educación que reciben los estudiantes secundarios (Filmus, 2001). Los
grupos de menor nivel socioeconómico parecen ser quienes enfrentan
mayores obstáculos, lo cual revela la existencia de una segmentación
en el seno del sistema educativo9. Esta noción indica que el sector se
encuentra fragmentado en circuitos de calidad diferenciada en los que
se ubican los estudiantes en función de su nivel socioeconómico de pertenencia, determinando distintas trayectorias educativas y post-egreso.
La existencia de disparidades en los resultados educativos se presenta
también entre las distintas regiones del país, cuestión que ya se evidenciaba anteriormente a la reforma y que la misma no logró superar10.
Para México, el trabajo realizado por Sandoval (2007: 38) plantea
que: “el hecho de que la inequidad en la distribución de las oportunidades de obtener rendimientos académicos satisfactorios, además
Pueden consultarse los Informes de Resultados ONE 2000 y 2003, publicados por el
Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Para México, se recomienda la lectura
de Carvallo (2006) y Sandoval (2007)
9
Al respecto, ver los trabajos de Filmus (2001), Fiszbein (1999), Llach y Schumacher
(2004), Sendón (2005)
10
Puede consultarse Feijoo et al. (2002) sobre datos del Sistema Federal de Indicadores
Educativos del Ministerio de Educación de la Nación
8
121 n
maría marta formichella
natalia krüger
mara rojas
de seguir existiendo, tienda a aumentar (…) aporta evidencia que
soporta la hipótesis establecida (…) sobre la falta de pertinencia del
modelo educativo que esta siendo implementado en las escuelas con
contextos desfavorables, que aún con el refuerzo de algunos programas
compensatorios no ha contribuido a la reducción de esta dimensión
de la inequidad de oportunidades educativas”. El autor sostiene que,
si bien estos programas han ayudado a reducir las inequidades en las
oportunidades de acceso y permanencia, no han surtido los mismos
resultados en lo concerniente a la inequidad de las oportunidades de
obtener rendimientos académicos satisfactorios, lo cual se relaciona
con una brecha en la calidad de la enseñanza impartida.
En síntesis, pese al sostenido deterioro del contexto socioeconómico, se ha verificado un proceso de masificación el cual, si bien resultó
selectivo, permitió incorporar a números crecientes de adolescentes
al nivel medio. Lamentablemente, la masificación en términos cuantitativos ha sido diferenciada en términos cualitativos. Se evidencia
la persistencia de problemas de permanencia y terminalidad, y de
fuertes disparidades en los resultados entre las distintas regiones
del país. Preocupan a su vez el deterioro general en la calidad de los
aprendizajes y la segmentación del sistema educativo. Las barreras
estructurales aún no han sido superadas y el acceso igual y universal
sigue sin lograrse.
V. Nueva etapa de reforma y posibles dificultades
Recientemente, ha comenzado a gestarse un nuevo proceso de
reforma, en Argentina a partir de la promulgación de dos nuevas leyes
en el año 2006, en México desde el año 2001 con el establecimiento
del nuevo Programa Nacional de Educación (PNE) 2001 – 2006. A
la luz del análisis realizado en torno a las políticas educativas de los
años 90, es posible esbozar algunas implicancias o debilidades de la
nueva etapa iniciada.
Nuevamente en Argentina, antes que una ley que modificara la
estructura educativa, se formuló una ley presupuestaria. La Ley de
Financiamiento, promulgada en el 2006, establece que el Gobierno
Nacional junto con los gobiernos provinciales deberán incrementar año
a año la inversión en educación (en ese momento 4% del PBI) hasta
llegar, en el año 2010, al 6% del PBI. El esfuerzo adicional recae, una
vez más, en mayor medida sobre las jurisdicciones provinciales (60%
del incremento solicitado). En el 2001, el porcentaje destinado a educación había sido del 5%11. Del mismo modo, Llach (2006) resalta que
la nueva Ley de Educación Nacional fija una meta inferior a la fijada
por la Ley Federal, ya que si bien ambas estipulan una inversión del
6% del PBI, la nueva ley incluye la inversión en ciencia y tecnología.
Para datos del financiamiento de la educación argentina, consultar Morduchowicz
(2002).
11
n 122
los procesos de descentralización educativa
y sus resultados: un análisis para argentina
En aquellos ejercicios fiscales donde no haya incremento del PBI o
sea muy pequeño, la meta anual deberá adecuarse proporcionalmente
al incremento de la recaudación.
El PNE mexicano, en materia de financiamiento, establece una
meta del 8% del PBI y propone criterios de distribución con el objetivo
de disminuir las desigualdades regionales. Cuando tuvo comienzos
el proceso de reforma en el año 1993, se aprovecharon los recursos
provenientes de la mejora económica de principios de los noventa.
Pero los incrementos presupuestarios se vieron bruscamente detenidos
en 1995 a causa de una nueva crisis económica. Los niveles iniciales
de gasto educativo sólo lograron recuperarse hacia el año 2000, y fue
a partir del año siguiente cuando algunos gobernadores comenzaron a
solicitar la reversión del proceso de federalización argumentando falta
de apoyo técnico y financiero por parte del estado central.
Como puede verse, en ambos casos los incrementos propuestos
se destinarán a ganar posiciones perdidas. Cabe aclarar que hablar
de porcentaje sobre PBI como un indicador de inversión quizás sea
demasiado precipitado, dada la alta volatilidad del producto en las
economías en desarrollo.
Con posterioridad a la promulgación de la Ley de Financiamiento,
se promulga en Argentina la nueva Ley de Educación Nacional, fijando
los fines y objetivos de la política educativa. Reiteradamente, se hace
mención al logro de los equilibrios regionales y la equidad social, y se
extiende la obligatoriedad a todo el nivel secundario (con una totalidad
de 13 años de educación básica). Si bien esto último constituye un objetivo loable, hay que tener en cuenta que establecer la obligatoriedad
por ley no implica su cumplimiento automático. El costo de oportunidad
de educarse en lugar de ingresar al mercado laboral es muy alto para
los adolescentes de los deciles de menores ingresos.
De acuerdo a la nueva Ley de Educación, es de preverse que la
matrícula se incrementará, como sucedió en el período 1997– 001.
Esta extensión debería ser monitoreada cuidadosamente. Un rápido
crecimiento en la matrícula acarrea problemas de infraestructura, recursos humanos, financieros y físicos, afecta negativamente la calidad
de la educación y genera desigualdades en la posibilidad de acceso
al sistema. Lo que no se tiene en cuenta en esta ley, es de qué manera
se financiará esa matrícula superior. Porque si el incremento anual
establecido hasta el año 2010 es solamente para cubrir la matrícula
creciente, no es ningún logro adicional. Para mejorar las condiciones
del sistema educativo no debería hablarse de incrementos en el gasto
educativo, sino de una profundización12 del mismo.
Algunos de los límites que tuvo el proceso de descentralización
en México fueron reconocidos por el PNE. El mismo, consta de diEsto significa que la tasa de incremento en el gasto educativo debería ser mayor
que la tasa de aumento en la matrícula para poder hablar de mejoras verdaderas en el
sistema educativo.
12
123 n
maría marta formichella
natalia krüger
mara rojas
ferentes subprogramas para los distintos tipos educativos y, lejos de
rever los pedidos de los diferentes jefes de gobiernos federales, promueve la culminación de la descentralización de la educación media
y superior con diferentes estados de corresponsabilidad (Instituto de
Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 2002). Los
acuerdos entre los estados federales y el estado central permanecen
aún en discusión.
VI. Consideraciones finales
Los procesos de reforma educativa, llevados a cabo en medio de
crisis económicas, de financiamiento y sociales, llevaron a que los
resultados no fueran los esperados. En el caso de Argentina, se produjo
de manera veloz con el afán de solucionar rápidamente el problema
fiscal, transfiriendo el Estado Nacional responsabilidades pero no
recursos a las provincias, ni prestando la ayuda técnica requerida.
En México, según Rogel y Aguado (2006), se observarían ciertas
paradojas a lo largo del proceso. Las delegaciones estatales creadas
conservarían una dependencia funcional de los órganos centrales
de la SEP, originando una mayor burocratización del sistema, con
estructuras superpuestas e inconexas. Por supuesto, al igual que en
Argentina, el peso del gobierno central siguió siendo excesivo; dado
el federalismo fiscal y la potestad del establecimiento de planes y
programas de estudio en todo el país.
Si bien se registró una tendencia creciente en el gasto educativo, se trata de un gasto pro-cíclico que es reducido ante eventuales
crisis económicas. Asimismo, la dispersión de los niveles de gasto entre
las diferentes jurisdicciones permite imaginar su traducción a resultados regionales dispares en el desempeño. En Argentina, al basarse
el financiamiento en el sistema de coparticipación, las desigualdades
intrínsecas de tal sistema se han transferido al sistema educativo. En
forma similar, la distribución de los recursos en México no se establece
en los hechos por criterios objetivos sino por factores históricos o de
negociación gubernamental. En este sentido, a pesar de que se realice
una transferencia de ingresos a los estados federales independiente
para el sector educativo, puede establecerse un paralelismo con los
problemas que aquejan a la transferencia de recursos coparticipables
en Argentina, dado que los mismos también vienen determinados por
factores históricos y de poder de negociación.
Una vez más, las políticas aplicadas parecen no haber resuelto
los problemas de calidad y equidad, defectos endémicos en ambos
sistemas. En México al igual que en Argentina, se aprovecharon en
un principio los beneficios de la recuperación económica. Pero a
partir de la crisis acontecida en 1994, los incrementos en el financiamiento educativo se vieron bruscamente frenados y las disyuntivas
entre gobierno central y gobiernos federales reaparecieron con mayor
n 124
los procesos de descentralización educativa
y sus resultados: un análisis para argentina
fuerza. Las tensiones sindicales también han sido moneda corriente
en ambas naciones13.
Frente a la meta de garantizar el acceso universal a una educación
básica de calidad, los logros han sido parciales. El éxito principal lo
constituye el haber avanzado en la dirección de incrementar la cobertura del nivel medio. No obstante, las deficiencias en el plano de
la retención de los alumnos y de la calidad de la enseñanza ofrecida
relativizan los resultados en términos cuantitativos.
La realidad es que las descentralizaciones no han incluido recursos
específicos y que el poder de decisión para ciertas cuestiones claves
ha permanecido en el gobierno nacional, dificultando el hecho de
que las peculiaridades de cada región sean tenidas en cuenta. Hay
quienes consideran que las limitaciones que enfrentaron los procesos
de descentralización han sido tan graves que debería volverse atrás
para que los gobiernos centrales enfrentasen los problemas actuales.
Parece, una vez más, ser una tendencia latinoamericana “remendar
sobre lo hecho”.
Referencias bibliográficas
Carvallo Pontón, M. (2005). “Análisis de los resultados obtenidos en
estudios de eficacia escolar en México, comparados con los de otros
países.” Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y
Cambio en Educación (REICE). Vol. 3, Nº 2, pp 80-108.
Carvallo Pontón, M. (2006). “Factores que afectan el desempeño de los
alumnos mexicanos en edad de educación secundaria: Un estudio dentro de
la corriente de eficacia escolar.” Revista Electrónica Iberoamericana sobre
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (REICE). Vol. 4, Nº 3, pp 30-53.
Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS). Estadísticas. www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas
Chitarroni, H. (2002) Equidad del gasto educativo: una mirada desde la
oferta y la demanda en el nivel medio, Consejo de la Nación de Políticas
Sociales, Buenos Aires, Argentina.
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC). (2002). Programa de Monitoreo de la Ley de
Financiamiento Educativo.
Delgado M. (2000). Informe para el Honorable Senado de la Pcia. de
Bs. As. Reporte en su función de asesora a la Presidencia de la Comisión
de Educación.
DiNIECE. Informe de Resultados ONE 2000 Y 2003. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Disponible en www.megov.ar/diniece
Duschatzky, S. y Redondo, P. (2005) El Plan Social educativo y las
crisis de la educación publica; en Duschatzky, Silvia, eds.; Tutelados y
Asistidos. Programas sociales, políticas públicas y subjetividad. Buenos
Aires: Paidós.
Los datos presentados por el CIPPEC (2007) demuestran que el salario docente ha
sufrido una importante caída en las últimas décadas. Los impactos negativos de los
conflictos con el sector docente son variados, siendo el más visible la discontinuidad
del funcionamiento escolar
13
125 n
maría marta formichella
natalia krüger
mara rojas
Feijoo M. del C., Castañeda Bernal E. y Navarro L. (2002) Equidad social
y educación en los años ´90, IIPE-UNESCO, Buenos Aires, Argentina.
Filmus, D. (2001). Cada vez más necesaria, cada vez más insuficiente.
Escuela media y mercado de trabajo en épocas de globalización. Ed.
Santillana. Bs. As.
Fiszbein, A. (1999). Institutions, Service Delivery and Social Exclusion:A
Case Study of the Education Sector in Buenos Aires. The World Bank
Latin America and the Caribbean Regional Office. LCSHD Paper Series
No. 47.
Gasparini, L. (2003). Argentina’s Distributional Failure: The role of Integration and Public Policies. CEDLAS – UNLP. La Plata, Argentina.
Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación (1992). Ley
Nº 24.049. Transferencia de los servicios educativos de la Nación a las
provincias y Municipalidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación (1993). Ley
Nº 24195. Ley Federal de Educación. Buenos Aires, Argentina.
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República de
México (2002), Aspectos Generales del Proceso de la Descentralización
Educativa (estudios de caso), México.
Llach, J.J. y Schumacher, F. (2004). Escuelas ricas para los pobres. La
discriminación social en la educación primaria argentina, sus efectos
sobre el aprendizaje y propuestas para superarla. Anales de la Asociación
Argentina de Economía Política.
Llach, Juan José (2006) El desafío de la equidad educativa. Ed. Granica.
Buenos Aires, Argentina.
Morduchowicz, A. (2002). El financiamiento educativo en Argentina:
Problemas estructurales, soluciones coyunturales. IIPE-UNESCO,
Buenos Aires, Argentina.
Repetto F. y otros (2001): Transferencia educativa hacia las provincias
en los años ´90: un estudio comparado, Buenos Aires, Documento Nº
57, elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional Fundación Gobierno y Sociedad y Fundación Grupo Sophia.
Rogel Salazar,R. y Aguado López, E. (2006). Desplazamiento conceptual
de los discursos de descentralización educativa: Un análisis comparado
entre México, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia. IX Seminario de la
RII. 17 al 19 de mayo. Bahía Blanca, Argentia.
Sandoval Hernández, A. (2007). “La equidad en la distribución de oportunidades educatias en México. Un estudio con base en los datos EXANI-I”.
Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio
en Educación (REICE). Vol. 5, Nº 1, pp 22-42.
Sendon, M.A. (2005). Las trayectorias de los egresados de la escuela
media en una sociedad mutada. Revista Mexicana de Investigación
Educativa. Enero-marzo. Año/vol 10. Nro. 024. México, D.F.
Voigt, F. (1982). Campo y horizonte de expectativas como determinantes
de la política económica. Revista Estudios Económicos. Vol I. Nro. 1/ 2.
n 126
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
La crisis hipotecaria
de Estados Unidos
y sus repercusiones en México
* Profesora de la
Facultad de Economía
de la UMSNH
María de Lourdes Cárcamo Solís*
María del Pilar Ester Arroyo López**
[email protected]
[email protected]
** Profesora del
Departamento de
Ciencias Administrativas
y Mercadotecnia.
Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores
de Monterrey
Resumen
[email protected]
Fecha de recepción:
4 de septiembre
Fecha de aprobación:
10 de noviembre
El objetivo del artículo es el análisis económico de la crisis hipotecaria
ocurrida en los Estados Unidos y sus repercusiones en México desde
una perspectiva teórica. El origen inmediato de la crisis se enfoca en el
mercado hipotecario estadounidense, en el que la expansión del sector
inmobiliario generó una masiva oferta de hipotecas, de las cuales la quinta
parte fue concedida a familias con los ingresos justos para liquidarlas
solo si los intereses eran bajos. Al elevarse la tasa de interés y darse los
impagos, los bancos que habían concedido las hipotecas procedieron a
vender los títulos hipotecarios a los mercados financieros dando lugar a la
crisis que se extendió a todo el sistema financiero, generó falta de liquidez
y una reducción importante en la oferta de créditos a los consumidores
y empresas. Esta situación resultó en una menor inversión y reducción
de la actividad productiva no sólo en Estados Unidos sino también en
otros países, entre ellos México donde el impacto sobre la producción y
el empleo han sido adversos.
Palabras clave: Estados Unidos, crisis hipotecaria subprime, Reserva
Federal, economía mexicana. Clasificación JEL: G100, G120.
127 n
maría de lourdes cárcamo solís
maría del pilar ester arroyo lópez
Introducción
Según J. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, la crisis hipotecaria acontecida en los Estados Unidos ha sido la peor desde la Gran
Depresión de los años treinta. Históricamente, la globalización y la
liberalización han resultado de las grandes crisis del capitalismo. En
este sentido, los procesos de globalización, flexibilización de los mercados de trabajo, liberalización comercial, desregulación financiera,
así como la fundación de un régimen de acumulación cuyo principal
pilar lo ha constituido el capital financiero han sido la respuesta de
los sectores productivos y del gobierno para restablecer las vías de
reproducción del capital y de modificación de las relaciones capitaltrabajo en aras de una mayor tasa de ganancia.
El modelo de acumulación basado en el desarrollo del sector financiero en detrimento del productivo, se ha convertido en el background
de la crisis inmobiliaria actual. Ello evidentemente significó un cambio
en la lógica de reproducción del capital, donde la esfera financiera
establece sus necesidades de alta rentabilidad a corto plazo más que
la perspectiva productiva de largo plazo, por tanto la economía real
queda supeditada a la búsqueda de esos objetivos. El nuevo régimen
de acumulación trae aparejado una profunda transformación en el
funcionamiento del sistema financiero. Éste ha tendido a ser controlado por la denominada bursatilización del sistema financiero, que no
es otra cosa más que el predominio de los mercados de obligaciones,
donde los bancos de inversión relacionados con los grandes bancos
comerciales, junto con los intermediarios no bancarios (aseguradoras,
arrendadoras, casas de cambio, de factoraje, almacenes, entre otras)
han desempeñado un papel creciente en la escena financiera. Por
tanto, el régimen de acumulación financiera subordina la lógica de
la reproducción del capital a las necesidades de la valorización del
capital financiero (Guillén, 2009).
En la actualidad, en la mayoría de las economías existe un mayor
predominio de estructuras financieras complejas, donde las empresas
transnacionales, los grandes bancos, los bancos de inversión, las
aseguradoras, los operadores de fondos de inversión y de pensiones
ejercen diferentes funciones como las actividades tradicionales de
captación de depósitos bancarios y colocación de créditos, la intermediación financiera y el financiamiento mediante la emisión de
obligaciones. Cada mercado muestra distintos niveles de liquidez y
de riesgo, y ahora con el proceso de diversificación e innovación financiera (futuros, opciones, forwards y swaps) que permite disminuir
riesgos específicos en mercados financieros subyacentes. Propiamente
la especulación del capital financiero se encuentra en los siguientes
mercados: el mercado de cambios, las bolsas de valores y los mercados
de productos derivados.
Una evidencia palpable de lo anterior, lo constata la revista The
n 128
la crisis hipotecaria de estados unidos
y sus repercusiones en méxico
Economist (2008), que argumenta que las ganancias como parte de las
ganancias corporativas crecieron del 10% en 1980 a 40% en 2007. Así
mismo “la participación de las acciones de las sociedades financieras
en el valor total del mercado accionario pasó en el mismo período de
6% a 19%” (Guillén, 2009).
La crisis hipotecaria queda inscrita en una crisis de deuda-deflación
del tipo Fisher-Minsky, donde los problemas medulares los representan la falta de liquidez en los mercados financieros y la insolvencia
económica; mientras no haya una importante reactivación de la economía y del empleo en Estados Unidos todavía no se verá el fondo
de la crisis financiera en ese país. Los precios de las casas siguen
cayendo, en ciudades como Miami, Los Angeles, San Diego y Las
Vegas, se habla de un ajuste cercano al 30% en el precio de las mismas
para reactivar el sector inmobiliario. A nivel internacional esta caída
de precios también se manifestó en España, Gran Bretaña, Irlanda y
otros. Esta misma tendencia también la han sufrido la mayoría de las
bolsas bursátiles en todo el mundo.
De acuerdo con Stliglitz y Greenwald (2003), la importancia
medular de la política monetaria se demuestra en su capacidad de
afectar la actividad económica mediante el impacto en el crédito
que se irriga mediante el sistema bancario. Ante la crisis financiera y
económica actual, más peligrosa incluso que la acontecida en 1929 en
los Estados Unidos, se busca tenazmente precisar los factores que la
desataron. Entre ellos se cita al capitalismo por ser un sistema incapaz
de contribuir a un desarrollo económico sostenido; otro más es el
rol ineficiente que desempeñan las instituciones en la prevención y
reacción de los agentes económicos, y el último se atribuye a la existencia de una política económica y monetaria de bajo impacto sobre
variables económicas críticas (Alejo, 2008). El análisis histórico de
estas variables muestra que el exceso de “libertad” que tanto pregona
el mercado no ha sido suficiente para asegurar un crecimiento sostenido de la producción ni para frenar las tasas de inflación y asegurar
el pleno empleo.
La era de la globalización de los mercados impone por necesidad el
cambio rápido, continuo y complejo del ambiente de negocios lo que
genera mayor incertidumbre y menores posibilidades de predicción
para los agentes económicos (Villarreal, 2002). De donde la política
monetaria ha de ir acompañada de una amplia intervención de la autoridad monetaria para garantizar mercados financieros ordenados y
transparentes más el desarrollo de la capacidad de anticipación a las
posibles crisis financieras.
Antecedentes
La economía estadounidense representó el 25% de la producción
mundial y durante el período de 1985 al 2008 su posición financiera
129 n
maría de lourdes cárcamo solís
maría del pilar ester arroyo lópez
neta respecto al resto del mundo fue deficitaria en un porcentaje
cercano al 20% (International Economic accounts1), lo cual explica
la naturaleza global de la actual crisis financiera. La inestabilidad
financiera es característica del capitalismo moderno y su frecuencia
y magnitud tienden a incrementarse cuando los mercados financieros
actúan sin regulación del banco central y cuando el sector financiero
crece en mayor proporción que la economía real y el empleo.
Un acontecimiento de los más irracional en los últimos tiempos lo
constituye las hipotecas subprime, que surgieron como una de las innovaciones más importantes del sector financiero durante la década de los
noventa. Con el objetivo de incrementar las ganancias de corto plazo y
a partir de una liberación de los programas gubernamentales de apoyo
a la vivienda, diversas instituciones financieras otorgaron créditos a
millones de ciudadanos que anteriormente no hubieran calificado para
ningún crédito. Para muchos estadounidenses la concesión de créditos
hipotecarios significó una valiosa oportunidad de hacerse de su casa,
pero que también se tradujo en el aumento de los delitos de cuello
blanco, el abuso de las condiciones crediticias y la bancarrota. Los
préstamos subprime se definieron como de alto riesgo, en virtud del
pobre perfil financiero de quienes los contrataron (estas familias apenas
si contaban con las rentas mensuales a bajos intereses). El historial
crediticio del solicitante era evaluado por FICO (Fair Issac Company)
mediante puntajes; aquellos sujetos de crédito que obtuvieran menos
de 620 puntos eran calificados como altamente riesgosos, razón por
la cual se le descartaba como cliente de un préstamo prime. Según los
expertos en crédito hipotecario, un pobre historial crediticio ocurría
cuando familia obtenía un bien inmueble con apenas una calificación
de 350 puntos al nivel de tasas de interés vigente. En comparación a
los préstamos prime, los préstamos subprime mantenían una relación
mayor entre el crédito y el valor de la casa, o sea que la participación
del crédito era mayor al valor del inmueble lo cual ponía al deudor
como altamente riesgoso en caso de insolvencia económica (Reyes
Guzmán, 2009). Estas hipotecas subprime llegaron a representar el
15% del total de hipotecas en los Estados Unidos (Perrotini, 2008).
El desastre financiero se desarrolló en torno a los activos subprime
y el aumento desmesurado del precio de las casas existentes, mientras
durante el período 1975-1995 los precios reales de las casas se incrementaron en promedio por año un 10%, en la década de 1995-2004
este indicador fue del 36%. Tan solo entre 1997 y 2006, los precios
de las casas se incrementaron vertiginosamente un 93%, en tanto que
en los cien años precedentes los precios inmobiliarios fluctuaron entre
el 10 y el 20% (Guillén, 2009). El aumento real en los precios de las
casas estimuló significativamente el auge del crédito y el consumo, el
cual terminó en junio de 2007 cuando los índices de morosidad de las
Catalog of major revisions to the U.S. International Accounts, 1976-2008. http://www.
bea.gou/international/index.htm#bop.
1
n 130
la crisis hipotecaria de estados unidos
y sus repercusiones en méxico
hipotecas promovieron la crisis financiera internacional2
Durante la década de los noventa del siglo pasado, la economía estadounidense experimentó una de las expansiones más largas en toda su
historia moderna, incluso más larga que la acontecida en la década de
los sesenta, cuando se desarrolló la guerra de Vietnam. El crecimiento
vertiginoso de la “Nueva Economía” -resultado del desarrollo de la
informática, el Internet y las telecomunicaciones (Guillén, 2009)- se
relacionó con el proceso globalizador y la burbuja de los mercados
financieros (la burbuja del mercado hipotecario formó parte de esta)
llevando a algunos a afirmar que era el fin del ciclo económico y de
las crisis económicas recurrentes.
La década de los noventa terminó en la crisis financiera del 2000
definida por el crack de las bolsas de valores de la mayoría de los países
y la franca recesión de la economía estadounidense durante 2001 y
2002. Esta situación fue agravada por los actos terroristas del 11 de
septiembre de 2001, fecha en que fue cimbrado el sistema financiero y
económico de los Estados Unidos. A pesar de la severidad de la caída
bursátil -sobre todo en el valor de las acciones tecnológicas- la recesión
económica no fue tan profunda. Los riesgos de deflación basados en los
altos niveles de endeudamiento generados con el boom de la “Nueva
Economía”, fueron pasajeros y el comportamiento de la producción
de bienes y servicios se recuperó bastante bien para el 2002.
El desempeño económico de los Estados Unidos durante 2001 y
2002 fue posible gracias al boom de las inversiones inmobiliarias y
a la existencia de menores tasas de interés. La atracción de capitales
extranjeros sostuvo el crecimiento del consumo privado, las importaciones y el mantenimiento de las tasas de inversión. El auge de las
inversiones hipotecarias permitió soportar a la economía después de
que los estadounidenses, hartos del mercado de acciones, mostraron
una enorme euforia por los bienes raíces.
La recesión transitoria fue explicada también por los efectos de las
fuerzas económicas globales que bajaron las tasas de interés en el largo
plazo e incrementaron de manera sostenida los precios de las casas
en casi todo el mundo. En el caso particular de los Estados Unidos,
los bienes raíces incrementaron su valor significativamente al grado
de que las familias aumentaron sus inversiones inmobiliarias. En este
sentido, el valor de la propiedad en bienes inmobiliarios en manos de
los estadounidenses se incrementó cerca de 10 billones (trillions) de
dólares en 2000, cifra que se incrementó a 20 billones en 2005, evidenciando la presencia de una importante burbuja inflacionaria en la
historia moderna de los Estados Unidos. Durante el bienio 2000-2002,
los precios de las casas se incrementaron en promedio anual un 7.5%,
La crisis financiera internacional está vinculada con la interacción de tres variables:
la transferencia global de recursos líquidos provenientes de países superavitarios
financieramente, la política monetaria de la Reserva Federal y la macrodinámica de la
economía estadounidense definida por el estancamiento y la financiarización del capital
y de la actividad económica.
2
131 n
maría de lourdes cárcamo solís
maría del pilar ester arroyo lópez
es decir más del doble de la cifra registrada en años precedentes. En
2006 cerca del 70% de las familias en Estados Unidos eran propietarias
de sus bienes raíces, contra el 64% en 1994 y 44% en 1940 (Guillén,
2009). Al término del boom inmobiliario, al saturarse el mercado, es
cuando se canalizan los préstamos subprime los cuales en su mayoría
fueron concedidos sin garantías y con elevados riesgos. La burbuja
inflacionaria fue impulsada por una política monetaria expansiva
aplicada por la reserva federal (Fed) para evitar que la economía se
hundiera en una deflación generalizada. Esto aceleró el aumento del
endeudamiento y fomentó la innovación en nuevos instrumentos
financieros, de bonos, obligaciones e instrumentos derivados.
El financiamiento de la economía estadounidense fue soportado
por la desregulación impulsada desde el Estado a partir de la década
de los ochenta. Esta desregulación comenzó con la eliminación del
Acta de la Glass-Steagall, la cual consistía en el establecimiento de
límites regionales y sectoriales de los grandes bancos en los mercados
financieros. Además en 1999, se expidió el Acta de Modernización
de Servicios Financieros (Gramm-Leach-Bliley Act) que legalizó
la creación de holdings bancarios con plena libertad para realizar
cualquier negociación financiera. La existencia de mínimos capitalizables exigidos por el Banco de Pagos de Basilea obligó a los bancos
a trasladar sus negocios hacia los intermediarios no bancarios y a
operaciones “fuera de balance” (Kregel, 2008).
La crisis hipotecaria
El boom por invertir en casas se terminó en el 2005, cuando los
precios de los bienes raíces comenzaron a descender rápidamente
(Bullard, Neely and Wheelock, 2009). De hecho, en agosto del mismo
año, en una entrevista realizada a Robert Shiller, se comentó la predicción acerca de una caída cercana al 40% en los precios de los bienes
raíces en Estados Unidos. Sin embargo, fue a inicios del 2007 cuando
se evidenció la disminución de las ventas de casas con respecto a las
vendidas en 2006. Los primeros indicios de crisis se observaron con
las hipotecas subprime, debido a que se registraron crecientes carteras
vencidas con este tipo de créditos otorgados sin análisis de garantías
y con elevados riesgos.
La crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos se desarrolló
hasta poner en riesgo real de quiebra a todo el sistema financiero y
además provocó la mayor recesión a nivel mundial poniendo en riesgo
no sólo al sistema financiero sino también al sistema productivo de
cada país.
Sin embargo las crisis subprime y bancaria fueron realmente las
consecuencias del deterioro de las variables económicas y no al revés.
Después de la crisis de 2001, las bajísimas tasas de interés estimularon el endeudamiento a corto plazo (apalancamiento) que permitió
n 132
la crisis hipotecaria de estados unidos
y sus repercusiones en méxico
financiar la demanda de hipotecas a su vez impulsada por las mismas
tasas de interés.
Más aún, el mismo presidente de la Fed, Ben Bernanke le “echó
más leña al fuego” diciendo que el boom hipotecario era maravilloso
y que las innovaciones financieras darían lugar a la diversificación del
riesgo. Esta predicción resultó ser una falacia, pues las innovaciones
para financiar el boom (la bursatilización de los activos) no respondieron a las expectativas de diversificación de riesgo y sí contribuyeron
a la propagación del colapso. La falta de regulación financiera eficaz
impulsó que instituciones financieras grandes se apalancarán en múltiplos enormes de su capital, preparando el terreno para una crisis de
mayores dimensiones.
Por otro lado, la recuperación de la economía estadounidense fue
relativa en cuanto al empleo el que nunca repuntó de manera convincente. El ahorro privado era negativo (0.1 por ciento del producto
interno bruto) y no habían reservas familiares para enfrentar el endeudamiento excesivo. Así cuando éste rebasa sus límites permisibles,
aun en un ambiente de burbuja especulativa, se tornó insostenible y
en consecuencia se reflejó en un menor crédito, empleo y liquidez,
provocando en primera instancia una crisis de pagos, luego una crisis
financiera y finalmente una caída de la actividad económica reflejada
en un menor PIB. Según el pronóstico oficial, la economía estadounidense tenía que generar el 7% de ahorro interno como porcentaje del
PIB con parte de este para ser utilizado para cubrir las deudas. Para
una economía del tamaño de los Estados Unidos, esto representó casi
un billón (1012) de dólares que no se invirtieron en consumo.
A finales de 2007 la Fed, de acuerdo con la evaluación de su
Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés)
consideró que los riesgos derivados de las hipotecas subprime eran
más equilibrados con respecto al mes anterior. Pero a tres semanas
de diferencia la situación parecía ser otra. Ben Bernanke anunció al
Congreso de Estados Unidos que el mercado inmobiliario comenzaría
a sufrir una desaceleración por un mayor tiempo del pronosticado.
Posteriormente, Henry Paulson, secretario del Tesoro de Estados
Unidos también realizó la advertencia de que el mercado hipotecario de mala calidad tendría un serio debacle. Bernanke y Paulson,
junto con el legislador demócrata Chistofer Dodd, se reunieron
para aproximar sus puntos de vista sobre la problemática de las
hipotecas, la cual dejaría a un importante número de personas sin
hogar, seguido por una disminución de las ventas de casas y por una
caída de los índices de confianza del consumidor a niveles de 2006
(Contreras, 2008).
Instituciones hipotecarias como New Century Financial, Nova Star,
Country Wide Financial, Washington Mutual, entre otras, comenzaron a mostrar dificultades en sus posiciones financieras, lo que vino
a agregarse a la ya menor tasa de ganancia reportada en la industria
133 n
maría de lourdes cárcamo solís
maría del pilar ester arroyo lópez
automotriz apremiada por la agresiva competencia de las empresas
japonesas y europeas.
En un esfuerzo para incentivar el gasto privado, la Fed disminuyó las tasas de interés interbancarias a corto plazo de 5.5% hasta un
margen de entre 0-0.25%, a partir de septiembre de 2007. Esto hubiera
generado un importante impacto en la economía anglosajona si ésta
no hubiera estado sumergida en una crisis financiera.
Los mercados financieros de Estados Unidos se mostraron bastante
inestables en septiembre de 2008 ante la quiebra de sus mayores bancos
de inversión -Lehman Brothers y Merril Lynch- más la posible quiebra
de la mayor aseguradora de este país, AIG. Ante este panorama de
altos riesgos financieros, Ben Bernanke como presidente de la Fed,
implementó a partir del 2008 una política monetaria anti-crisis en la
que se comprometía a ser un proveedor del crédito de última instancia
para restablecer la falta de liquidez y/o de capital mediante la apertura
de la ventana de descuento para el otorgamiento del crédito a los bancos
y aseguradoras con enormes carteras vencidas.
Sin embargo la crisis financiera se ha agudizado precisamente por
el exceso de liquidez manifestada desde principios de la década actual,
lo cual ha dado lugar al incremento de inversiones hipotecarias al grado
de sobrevaluar los precios en el mercado inmobiliario causando una
burbuja especulativa.
De acuerdo con Vanoli (2008) las sociedades financieras otorgaban créditos hipotecarios poco transparentes a diversos sectores de la
población norteamericana los cuales, dado el déficit corriente y fiscal
de la economía estadounidense, eran pactados a tasas de interés bajas
pero variables. Cuando estas sociedades decidieron vender la cartera
de créditos hipotecarios a la banca, transfirieron el riesgo inherente
mientras obtenían su respectiva comisión como generadores de los
créditos.
Por su parte la banca, para eliminar estos activos altamente riesgosos de su balance contable, diseñó mediante la innovación financiera
una serie de productos en el mercado de capitales (cuyo activo era la
combinación de créditos hipotecarios con otros activos relacionados
al consumo). Estos productos eran denominados CDS (Credit Default
Swaps) emitidos con cierta calificación de riesgo concedida por agencias calificadoras. Diversas instituciones inversoras adquirían estos
instrumentos con diferente calificación y rendimiento en función de
su tolerancia al riesgo. Estos bancos emisores de CDS conformaban
sociedades de inversión en paraísos fiscales (Vanoli, 2008).
Según la descripción anterior, la Fed es responsable en buena
medida de haber impulsado la crisis económica al bajar demasiado las
tasas de interés propiciando un exagerado aumento de la disponibilidad del crédito para la banca comercial. Ante el aumento de la cartera
vencida, la Fed tuvo que implementar un programa de rescate financiero por 700,000 millones de dólares, de los cuales 350,000 millones
n 134
la crisis hipotecaria de estados unidos
y sus repercusiones en méxico
se aplicaron durante el período presidencial de George Busch.
Los resultados de esta política monetaria se hicieron notables a
partir del 2007. El índice Dow Jones comenzó su caída a partir del
tercer trimestre de 2007, tendencia que continuó a lo largo del 2008
y se acentuó aún más a comienzos de 2009. En cuanto al PIB de los
Estados Unidos, este indicador cerró en 2007 con un crecimiento
negativo del orden de 0.2% mientras que para el cuarto trimestre de
2008 cerró con una caída del 6.2%. En cuanto a la tasa de desempleo,
este fue del 7% en el 2008 respecto al 2007. El número de empleos
que se perdieron de noviembre de 2008 a enero de 2009 fue de 1.8
millones (indicadores internacionales, INEGI, 2009).
Repercusiones para México
La crisis hipotecaria de los Estados Unidos se extendió al grado de
poner en riesgo real de quiebra a todo el sistema financiero y además
provocó la mayor recesión mundial, con consecuencias que se hicieron
sentir de manera inmediata en los países más vulnerables y que ahora
están viviendo la peor de las crisis económicas que hayan enfrentado
en los últimos tiempos.
En el caso particular de México, el país ha seguido por más de
27 años el modelo neoliberal y a nivel macroeconómico aplicado
siempre una política monetaria restrictiva de carácter pro-cíclica, esto
es consistente en el aumento de la tasa de interés durante las etapas
recesivas del ciclo económico. Con el firme objetivo de evitar la fuga
de capitales (en un mundo donde las finanzas están globalizadas)
que se realiza desde los países periféricos hacia los países centro, en
México se decrecen las tasas de interés nominales en las etapas de
auge económico, si bien las tasas de interés reales se mantienen en
niveles lo suficientemente altos, mayores aún a los predominantes en
los países centro, lo cual se traduce en la apreciación del tipo de cambio
(es decir, se entregan menos pesos por dólar). Esta política está basada
en el supuesto de que los diferenciales a corto plazo entre las tasas
de interés que predominan en los Estados Unidos y México, son un
factor determinante de los movimientos de capital y en la expectativa
de que la tasas de interés reales mayores a las que predominan en el
país del norte atraerán capitales extranjeros.
Al subir las tasas de interés y disminuir el valor de la riqueza, tiende
a reducirse el gasto productivo. Esto quiere decir, que el aumento de
los intereses, vinculados a un decremento del crédito y de la riqueza,
tiende a disminuir el gasto de inversión y de consumo. Esto se traduce
en la reducción de los planes de inversión de las empresas a diferentes
niveles (nacional, regional y local).
Sin embargo, esta tendencia mostrada en las tasas de interés lesiona
gravemente la inversión productiva nacional, debido al elevado precio
que representa la atracción de capitales productivos para que se invier135 n
maría de lourdes cárcamo solís
maría del pilar ester arroyo lópez
tan en México. En teoría económica, necesariamente privilegiar un
sector de capital proveniente del resto del mundo, conlleva por fuerza,
el deterioro del capital productivo nacional aunado a la disminución
del empleo interno, los niveles de consumo doméstico y el deterioro
en el ritmo de crecimiento productivo.
En una economía como la mexicana que cada día es más abierta
al comercio internacional (en la actualidad, nuestro país ha firmado
cerca de 15 acuerdos de libre comercio con más de 40 países) el
aumento de las tasas de interés puede elevar el tipo de cambio del peso
y reducir las exportaciones netas (esto es exportaciones a las que se
restan las importaciones). Las presiones derivadas de la contracción
monetaria y el menor gasto de empresas y consumidores terminan por
reducir la inversión productiva, la producción, el ingreso, el empleo
y la inflación.
La entrada de capitales provenientes del resto del mundo genera la
constante apreciación del tipo de cambio (aumento de valor del peso
frente al dólar) a pesar de que la política cambiaria se mantiene en
flotación libre. El mantener tasas de interés altas y un tipo de cambio
apreciado si bien crea las condiciones necesarias para la entrada de
capitales extranjeros, se traduce también en un débil crecimiento
económico y menores empleos para los mexicanos.
Ahora en 2009, México está viviendo la peor crisis económica
en toda su historia, a esto hay que aunarle la disminución del precio
internacional del petróleo y el agotamiento de las reservas petroleras
destinadas a la exportación, que provocaron la menor entrada de
dólares a la economía y por supuesto, menores ingresos para el gobierno. Así mismo, todas las exportaciones mexicanas, y en especial
las de manufactura, se vinieron abajo. Además, la inesperada epidemia
de la “Influenza” provocó efectos adversos en la economía y las finanzas gubernamentales. En cuanto a la producción interna, el producto
interno bruto (PIB) cayó cerca del 10.3% en el segundo trimestre del
2009 en tanto el desempleo se ubicó en 6.28% (INEGI, 2009).
Conclusiones
Las razones fundamentales de la crisis financiera estadounidense
pueden ubicarse en la expansión del crédito irresponsable y la innovación financiera en instrumentos de elevado riesgo que impulsaron el
incremento del endeudamiento en hipotecas, tarjetas de crédito, bonos,
obligaciones y demás instrumentos derivados. La burbuja inmobiliaria fue promovida por una política monetaria expansiva seguida por
la Fed para evitar el pánico derivado de los ataques terroristas y del
temor a que la economía estadounidense mostrara una fuerte deflación
generalizada (Guillén, 2009). Sin embargo, esta política monetaria expansiva contribuyó a la problemática de las hipotecas (cartera vencida
en créditos otorgados sin garantías y de elevado riesgo) la cual se hizo
n 136
la crisis hipotecaria de estados unidos
y sus repercusiones en méxico
evidente en 2007 cuando el mercado de bonos y derivados relacionados
a los préstamos hipotecarios cayó estrepitosamente.
Esta crisis abarcó bancos, sociedades de inversión, sociedades
hipotecarias y compañías aseguradoras que constituyen un rubro importante del sector financiero estadounidense. Aunado a esto se registró
la disminución del nivel de ganancias corporativas de la industria
automotriz estadounidense frente a la aguerrida competencia de firmas
japonesas y europeas (Guillén, 2009), la situación macroeconómica
definida por el déficit público, el déficit en la cuenta corriente y una
baja tasa de ahorro. Todos estos elementos provocaron una fuerte
recesión económica en los Estados Unidos que abría de extenderse
a todo el mundo.
Regida por sus objetivos antiinflacionarios, la política monetaria
restrictiva aplicada en México es resultado de la imposición del Consenso de Washington (conjunto de políticas neoliberales impuestas
por los Estados Unidos) para crear las condiciones de atracción de
inversión extranjera directa. En las condiciones actuales de apertura
comercial y financiera, esta política monetaria viene siendo un instrumento que favorece básicamente los intereses del capital financiero
internacional y la concentración de capitales e ingresos de unos cuantos
rentistas nacionales y extranjeros.
Las experiencias de América Latina demuestran que las políticas
económicas restrictivas y pro-cíclicas son insostenibles, ya que las
constantes sobre-evaluaciones combinadas con un alto endeudamiento
externo, conllevan irremediablemente a una fuerte crisis del sector
externo, el cual desemboca en el deterioro constante de la economía real. Por tanto es imperioso para México el seguir una política
monetaria contra-cíclica, orientada primordialmente al crecimiento
económico y al empleo.
Una forma alternativa de análisis de la crisis económica en Estados
Unidos puede hacerse utilizando un enfoque econométrico en el cual
se estudie la influencia de las variables que influyen en el deterioro de
los indicadores económicos de productividad y empleo. Sin embargo
el objetivo de este artículo fue realizar un análisis teórico de la crisis
desde la perspectiva del sistema económico estadounidense lo que
facilita la comprensión de las relaciones entre las diversas variables
y políticas económicas que antecedieron a este ciclo de recesión
económica mundial.
Bibliografía
Alejo González, Enrique (2008). Regulación, Política Monetaria y Crisis
Financiera en los Estados Unidos. Boletín económico de ICE No. 2954,
diciembre de 2008.
Astor, Michael (2009). La solución de la crisis no depende solo del G8:
ONU. En periódico, El Sol de Morelia, sábado 27 de junio de 2009,
sección Negocios, p. 3.
137 n
maría de lourdes cárcamo solís
maría del pilar ester arroyo lópez
Barth, J.R. Caprio, G., Kevine, R. (2006) “Rethinking Bank Regulations”.
Cambridge University Press.
Bullard, J., Neely Christopher J., Wheelock David C. (2009). Systemic
Risk and The Financial Crisis: A Primer. Federal Reserve Bank Of St.
Louis Review. September/October, Part 1.
Contreras Sosa, Hugo (2008). Los primeros pasos de la Reserva Federal
ante la crisis hipotecaria. México, D.F.: FE-UNAM.
Giddens, Anthony (1999). Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, Madrid: editorial Taurus.
Guillén, Arturo (enero-abril de 2009). Crisis global: de las Hipotecas a la
recesión generalizada. Artículo de análisis, no. 2.
INEGI (2009). Cuaderno de Información Oportuna (sección indicadores
internacionales) http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx...
Kregel, J. (2008). “Minsky´s Cushions of Safety. Systemic Risk and the
Crisis in the USA Subprime Mortgage Market”. Public Policy Brief. Vol,
Num. 93 New York, The Levy Economics of Bard College.
Perrotini Hernández, Ignacio (2008). La crisis de Financiarización y su
Impacto en México. División de Estudios de Posgrado, UNAM. México,
D.F.
Reyes Guzmán, Gerardo (2009). Las causas de la recesión en los Estados
Unidos de America (2007-2009). Puebla: departamento de Economía y
Negocios de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.
Stiglitz J.E. and Greenwald, B. (2003). Towards a New Paradigm in
Monetary Economics”. Cambridge University Press.
The Economist (2008). The Great American Slowdown” Londres, 22
de marzo.
Vanoli, Alejandro (2008). Análisis de la situación actual del mercado de
capitales. http://www.cnv.gov.ar/CursosCNV/Analisis%20de%20la%20
Situacion%20Actual%20del%20Mercado%20de%20Capitales_Vanoli.
pdf
Villarreal René y Rocío (2002). México competitivo 2020, un modelo de
competitividad sistémica para el desarrollo. México: Ed. Océano.
Wallerstein, Immanuel. (2002). Un mundo incierto, Buenos Aires: editorial libros El Zorzal.
n 138
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
Economía
y Sociedad
La revista Economía y Sociedad es una publicación de alta
calidad académica, indexada y arbitrada, publicada por la Facultad
de Economía “Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, con periodicidad semestral, está realizando las actividades pertinentes para publicar en edición especial,
destinada al estudio de la Crisis Económica y Financiera Actual, el
número 24 (julio-diciembre de 2009), por ello tiene el agrado de
presentar la siguiente:
CONVOCATORIA
Para la publicación de artículos por parte de profesores, investigadores y especialistas cuyos trabajos impulsen el estudio de la
realidad económica contemporánea desde distintos enfoques y que
desarrollen trabajos tendentes a estimular la interdisciplinariedad
en la ciencia económica y social.
Los artículos presentados serán objeto de revisión y dictamen
por parte de un Comité Editorial integrado por miembros internos
y externos apoyado por lectores especialistas ad hoc a los trabajos
que se reciban. En el caso particular de los materiales enviados
por profesores e investigadores de la Facultad de Economía, de
la UMSNH, serán revisados por los miembros externos de dicho
Comité y los lectores correspondientes.
En esta edición especial de la revista Economía y Sociedad se
propone la publicación de artículos y/o ensayos que den lugar a un
ejemplar temático enfocado a la siguiente problemática:
Crisis Económica y Financiera Internacional: Repercusiones
para México y América Latina
Con esta edición se pretende enriquecer y propiciar, desde
una perspectiva amplia, colaboraciones de calidad y excelencia
académica. Asimismo se recibirán reseñas sobre publicaciones
recientes que se refieran al tema antes mencionado.
n 140
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
Puntos a considerar:
La fecha límite para hacer llegar sus artículos y/o ensayos será
el 30 de septiembre 2009 y se dirigirán al Comité Editorial de la
revista con atención al M.C. René Colín Martínez, [email protected], Jefe de Edición; o bien se recibirán en las oficinas
administrativas de la Facultad de Economía, ubicadas en Ciudad
Universitaria, edificio “T” planta baja, en la ciudad de Morelia,
Michoacán; o pueden comunicarse a los teléfonos y/o faxes (443)
16-71-52 y 26-16-17.
Las características sobre la estructura, formato y extensión de
los artículos y/o ensayos son las que se indican en el instructivo
anexo.
El dictamen final de los trabajos estará a cargo de los miembros
del Comité Editorial y serán devueltos a los autores, en caso de que
así sea requerido, para su revisión y corrección. Los nombres de los
lectores que emitan un dictamen se mantendrán en el anonimato.
Si un artículo es devuelto el autor dispondrá de diez días ordinarios, contados a partir de la fecha en que se le regrese su trabajo,
para hacer llegar una nueva versión que recupere las sugerencias
y observaciones y deberá hacerla llegar en CD o, dado el caso,
enviarla al correo arriba mencionados.
ATENTAMENTE
René Colín Martínez Jefe de Edición de la Revista
Morelia, Mich., a 1 de julio de 2009.
141 n
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
Instructivo para las y los colaboradores
de la revista Economía y Sociedad
1. Todo trabajo presentado deberá ser inédito y de preferencia en español. Además
supone la obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la consideración de
otras publicaciones en español. Asimismo los autores conceden el permiso automático
para que su material se difunda en antologías, medios magnéticos, fotográficos y
electrónicos.
2. Los trabajos se sujetarán al dictamen del Comité Editorial y árbitros especializados. La revista se reserva el derecho de rechazar, aceptar o sugerir modificaciones
a los artículos presentados.
3. El artículo deberá entregarse por duplicado, acompañado de un resumen no
mayor de 12 renglones (seguido de cinco palabras clave). El título debe ser breve,
sin menoscabo de la claridad. El autor tendrá la opción de firmar su trabajo con un
seudónimo, para su revisión. Además, todas las colaboraciones se acompañarán de una
breve referencia curricular, en donde se señale el nombre completo, grado académico,
institución de pertenencia, área de investigación y datos personales (teléfono, fax,
correo electrónico, etcétera).
4. Los trabajos deben ajustarse a las siguientes normas:
a) Las colaboraciones se entregarán en forma impresa en hojas blancas tamaño
carta (en formato Word 6.0 y anexando el respectivo CD). La extensión sugerida
es de 20 cuartillas como máximo (incluidas las notas, información gráfica y bibliografía) de 65 caracteres por 27 renglones, a doble espacio. Las gráficas deberán
estar enumeradas e integradas al texto correspondiente.
b) Las referencias bibliográficas dentro del texto seguirán el estilo Harvard
(North, 2003: 130). Al final del trabajo se presentará la bibliografía de las obras
citadas, siguiendo el mismo sistema: nombre del autor, año de publicación, título
del libro o del artículo, (título de la revista), número de la revista y número de
páginas que contienen el artículo, editorial y lugar de publicación. Las notas a pie
de página deberán utilizarse para ampliar o aclarar algún aspecto y se acompañarán
de su respectiva referencia bibliográfica.
c) Los cuadros y las gráficas deben indicar las unidades de medida, año base
y si se trata de variaciones porcentuales o términos absolutos y el rubro. Para su
enumeración se utilizará el sistema arábigo (cuadro 1, 2, 3, etc.) y se indicará la
fuente directa. Además, deberán ser presentadas en blanco y negro.
d) Al menos la primera vez, debe señalarse la equivalencia completa de las siglas
empleadas en el texto, en la bibliografía, en los cuadros y las gráficas.
5. No se devuelven originales y todos los trabajos que no se ajusten a lo establecido
en este instructivo automáticamente quedan rechazados.
n 142
Eco n o mí a y so ci e d a d
JULIO- D ICIE M BR E 24
Economía
y Sociedad
Revista semestral de la Facultad de Economía
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edificio T, planta baja, Ciudad Universitaria
Código Postal 58030, Apartado Postal 2-55
Morelia, Mich., México
Suscripción a partir del número
México
$80.00
Estados Unidos$22.00 U.S. Dlls.
Otros países
$28.00 U.S. Dlls.
Adjunto cheque o giro postal a nombre de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo por la cantidad de __________________________________________________
______________________________________________________________________
Nombre / Name _____________________________________________________ ____________
Teléfono / Phone _______________________
Correo electrónico ___________________________________________________
Institución o compañía ______________________________________________
R.F.C. _________________________________
Dirección / Address ________________________________________________________________
Ciudad / City ______________________________
Estado/State ______________________________
País/ Country ___________ __________________ C.P./Zip Code ___________
Enviar a:
Domicilio anterior
Otro domicilio
La recoge personalmente
Para suscripción en Morelia, comunicarse con el M.C. Óscar Olivera Reyes
Tel. y fax (01 443) 16 71 52 y 326 16 17
[email protected]
143 n
Economía y Sociedad 24
se terminó de imprimir en diciembre
de 2009 en Impresora Gospa S.A. de C.V.
Jesús Romero Flores 1063
Col. Oviedo Mota
Tels. 299-35-11, 299-35-56, 299-36-31
Morelia, Mich.,
con un tiraje de 500 ejemplares.